Este italiano, tenido por la UDYCO como miembro de la ‘Ndrangheta y que ha protagonizado numerosas entradas de Notitia Criminis en relación con los 700.000 € que pagó, con causa inconfesada e inconfesable, al ex alcalde de Seseña José Luis Martín y, también, en relación con el turbio proyecto de Parquijote en esa misma localidad, ha sido detenido en el curso de una operación internacional dirigida por la Fiscalía de Asti (Italia) y realizada por la Polizia Economico Finanziaria de la capital, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción española y el Juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional.
En relación con las actividades de Giovanni Montaldo, en el año 2010 el señor Fernando Agulló Díaz Varela, a la sazón director de los servicios jurídicos de Sacyr-Vallehermoso, consideró injuriosa y/o calumniosa la información dada en este medio que relacionaba a las mercantiles Prosacyr Ocio, por un lado, y Tiasta Promociones, entonces controlada por Montaldo o por gente estrechamente vinculada a él, por otro.
Era comprensible la desazón del señor Agulló teniendo en cuenta lo que ya en aquel momento se sabía de Giovanni Piero Montaldo. No obstante, el esfuerzo y los gastos fueron vanos, el fiasco de la querella rotundo y el tiempo y los hechos han demostrado y siguen demostrando que las personas decentes, físicas o jurídicas, hacen bien en mantenerse a distancia de quienes han alcanzado relevancia en Notitia Criminis porque lo que aquí se publica está sólidamente documentado, con una solidez aquilatada, blindada, a prueba, incluso, de abogados de los de a cincuenta mil euros la provisión de fondos y agendas sobrecogedoras.
Blanqueo de capitales por millones de euros entre Italia y España, arrestado el jefe originario de Alba Entre los 14 sospechosos que terminaron esposados, se encuentra Giovanni Piero Montaldo, de 77 años, sujeto que se refugió en la Península Ibérica en la década de 1980 donde continuó con sus actividades ilegales.
Un lujoso complejo inmobiliario formado por una villa y 52 terrenos en Albaretto della Torre (Cuneo) por un valor total estimado de 5 millones de euros. La incautación, en ejecución de una Medida de Prevención Patrimonial dictada por el Tribunal de Turín, que llevó a cabo la Fiamme Gialle della «Granda», a finales de diciembre de 2020, es sólo «la punta del iceberg» de una investigación compleja, de alcance internacional , dirigido por el Ministerio Público de Asti y realizado por la Unidad de Policía Económica y Financiera de la capital, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y el juez de instrucción n. 6 de la Audiencia Nacional española.
Las investigaciones, llevadas a cabo hace unos dos años, por el Departamento de Cuneo, tuvieron como objetivo inmediato investigar información sobre una unidad familiar originaria de la provincia de Cuneo que, a lo largo de los años, habría blanqueado en Italia el producto millonario de actividades ilícitas realizadas en Territorio español.
De los primeros desarrollos de las actividades de investigación, realizadas bajo la dirección de la Oficina Judicial de Asti, se desprende que Giovanni Piero Montaldo, sujeto con múltiples imputaciones, originario de Alba (Cuneo), ahora de 77 años, tras haber sufrido condenas definitivas en Italia por recibir bienes robados, emitir cheques sin fondos y emisión de facturas por operaciones inexistentes, a finales de los años 80 se refugió en España donde hay motivos para creer que prosiguió sus actividades ilícitas.
En concreto, él, en el marco de la Operación Malaya -una suerte de Manos Limpias que golpeó la Costa del Sol- fue condenado definitivamente por corrupción, consistente en el pago a un administrador público de Marbella de 330 mil euros para obtener favores en el sector. urbanismo. Además, el Ministerio Público ya ha pedido su condena en su contra, en la sentencia ante los Jueces de Marbella por fraude contra la administración pública.
En España, Montaldo hizo uso de una auténtica galaxia de empresas del sector inmobiliario – más de 40 – constituidas con la ayuda de numerosos fideicomisarios y testaferros, estos últimos en su mayoría viejos conocidos italianos puestos a disposición para prestar su nombre y firma sin de ninguna manera interferir con la gestión empresarial.
En las posteriores diligencias indagatorias, las Entidades Financieras constataron que, en el período comprendido entre 2006 y 2016, se habían transferido a Italia unos 12 millones de euros de cuentas corrientes españolas a nombre de la citada persona y 4 empresas vinculadas a él, que eran, a su vez, en parte a nombre de la hija (más de 6 millones de euros) y, en parte, trasladados al exterior (en Suiza y de nuevo en España) en beneficio de empresas o en cuentas corrientes siempre imputables al mismo gestor.
Dado el desarrollo de las investigaciones, más allá de las fronteras nacionales, en 2019 se constituyó un Equipo Conjunto de Investigación (en adelante SIC) entre las autoridades judiciales de Italia y España, bajo la égida y con el apoyo de Eurojust (Agencia de la Unión Europea para cooperación judicial en materia penal), órgano que vela por la coordinación y cooperación judicial entre las administraciones nacionales en las actividades de lucha contra el terrorismo y las formas graves de delincuencia organizada que afectan a más de un país de la UE. Esta colaboración interinstitucional otorgó a las investigaciones una eficacia y rapidez decisivas en el desarrollo de las investigaciones correspondientes por parte de la Policía Judicial. El apoyo de Eurojust también consistió en la creación de su propio Centro de Coordinación de las operaciones que se llevaban a cabo en territorio español en febrero de 2020, como se explicará mejor a continuación.
En particular, a partir de la intensa colaboración lograda dentro de la S.I.C. (en inglés Joint Investigation Team – JIT) y gracias también a las investigaciones llevadas a cabo por la Fiamme Gialle de Cuneo, las autoridades españolas pudieron identificar una asociación criminal internacional que opera en la zona de la Costa del Sol (Andalucía), dedicada a la comisión de diversos delitos. previsto por la legislación ibérica (corrupción de funcionarios públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal) y blanqueo de capitales, autolubricación y transferencia fraudulenta de valores en Italia, integrado por sujetos residentes en los dos países.
Las primeras medidas de la policía Los resultados de estas actividades permitieron la Policía Judicial española, a disposición de la citada Fiscalía Anticorrupción, para llevar a cabo numerosas medidas en ese país, entre ellas 13 detenciones, 1 orden de captura internacional, 19 allanamientos domiciliarios, bloqueo de 106 relaciones bancarias, incautación de 47 inmuebles ubicados en el territorio de Provincia de Málaga, incautación de 18 vehículos, así como efectivo por unos 70.000 euros, joyas, alta relojería, obras de arte, pinturas, esculturas y mobiliario por un valor estimado de más de un millón y medio de euros.
En Italia, sobre la base de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiamme Gialle también en el contexto de la SIC, el Fiscal de Asti presentó al Tribunal Ordinario de Turín – Sección de Medidas de Prevención – una propuesta sustancial de incautación – dirigida a la incautación – fundada sobre la peligrosidad social del delincuente y sobre la desproporción en el valor – frente a los ingresos declarados – del compendio inmobiliario de la zona de Cuneo que se le atribuye aunque formalmente a nombre de sus hijos. El Tribunal aceptó la propuesta de embargo que el Fiamme Gialle llevó a cabo el 21 de diciembre de 2020. Al mismo tiempo, los jueces de Turín ya fijaron, el 9 de febrero de 2021, la audiencia para la discusión, en contradicción con las defensas, sobre la solicitud para confiscación.
Durante todas las fases de las investigaciones fue fundamental la sinergia con la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional española, así como la coordinación constante de Eurojust; esto, tanto para la obtención de pruebas de la peligrosidad “social” y “económica” de las personas impedidas como para el desarrollo de investigaciones penales encaminadas a esclarecer los casos de blanqueo de capitales, resumidos en un procedimiento paralelo. De particular importancia reviste la propia medida preventiva en cuestión, no solo por el alto aporte técnico-profesional que ha hecho necesario para su formulación, sino también por sus peculiaridades poco comunes. De hecho, la sentencia sobre el peligro «social» del beneficiario afectado de la propuesta se basó en las actividades delictivas cometidas tanto en Italia -en los años 80- como en España- en el período posterior hasta la fecha. La operación llevada a cabo maximiza las competencias de la Policía Económica y Financiera del Cuerpo y hace pleno uso de los penetrantes poderes antimafia que el Estado italiano ha creado para combatir el Crimen Organizado, con especial referencia a la agresión de activos ilícitos, acumulados por ella.
Mientras Francisco Herando «el Pocero» atraía todas las miradas sobre él, en Seseña un italiano, Giovanni Piero Montaldo, que la UDYCO considera miembro de la ‘Ndrangheta, la mafia de Calabria, tenía sus propios intereses. De hecho, durante la instrucción del procedimiento que se siguió contra José Luis Martín Jiménez, entonces alcalde, se descubrió que el tal Montaldo le había pagado una cantidad cercana a los 700.000 € por unas supuestas intermediaciones en la compra de terrenos en Marbella y Estepona, y eso a pesar de que Martín confesó ante el Juzgado “tener dificultades para leer y escribir” y a pesar de que esas supuestas intermediaciones se hacían entre sociedades que o bien eran propiedad de Montaldo o bien habían tenido continua y probada relación comercial con éste, lo que suponía que el italiano entregaba casi un millón de euros a un taxista de Seseña semianalfabeto para que mediara entre Montaldo y Montaldo. Tan poca comunicación consigo mismo, incluso en el caso de un miembro de la Onorata Società, es llevar demasiado lejos el respeto por la omertà.
Sin embargo, lo absurdo de esta situación y lo extravagante de este pago se aclara cuando se desvela el papel que sociedades mercantiles ligadas a Giovanni Montaldo tenían y tienen en el proyecto PARQUIJOTE de Seseña, una operación inmobiliaria que inicialmente incluía un parque de atracciones y que ahora ha sido reconvertida para contener zonas residenciales y terrenos logísticos. Veamos qué hay bajo el velo societario de Parquijote.
Montaldo, ‘Ndrangheta, Salvago y el narco gallego Marcial Dorado.
Giovanni Piero Montaldo
Las vinculaciones entre los propietarios del grupo Salvago (Francisco Manuel Moreno Torres y José Ignacio Moreno Rodríguez) Y Montaldo están sobradamente probadas. La UDYCO mantiene que el italiano “controla” y utiliza al menos dos de las mercantiles del grupo Salvago. El propio Montaldo en la vista del caso del Pocero definió a los Moreno, como “de total confianza” y la presencia de italiano en las sociedades del grupo Salvago está acreditada registralmente, bien directamente o bien a través de testaferros habituales.
Hay, además, otra rama en esta red especialmente importante.
Isabel Font Feliú está casada con Manuel Moreno Torres.
Isabel Font Feliú y Antonio Font Feliú son hermanos. Padre: Antonio, madre: Rosario
La esposa de Antonio Font Feliú es Cristina García Salcedo (DNI XXXX1861)
Antonio Font Feliú aparecía en el consejo de administración de OLIVARERA PENINSULAR junto a la detenida Sara Sánchez Rodríguez, testaferro del narcotraficante gallego Marcial Dorado Baúle. Esta Sara Sánchez y su esposo José Manuel Sánchez Zabala, miembro de la Guardia Civil, cuya prisión se decretó en el mismo Auto, administraban la mercantil PROGAMALLO SA, en la que el “narco” Marcial Dorado ejercía como apoderado y que está considerada por el Juez Grande-Marlaska como “el buque insignia de todo el entramado societario” en que consiste lo que el propio Juez denomina “una organización criminal liderada por Marcial Dorado Baúlde”. Los vínculos entre Marcial Dorado y Feijoo, hipotético sustituto de Rajoy, ya son sobradamente públicos. A su vez, a partir de las investigaciones de la operación Pokemon se encontraron conexiones con José Bono. La operación Cóndor, que directamente implica a la compañía de trasporte de pasajeros Mombus y a la agencia de viajes Interrías, surgió de otra investigación judicial sobre la corrupción en Galicia, la operación Pokemon y en sus inicios ya ha ido a dar con documentos que implican a José Bono. Por un lado se trata de sistemáticas concesiones, a las empresas de la trama, de los viajes para ancianos organizados por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha cuando Bono era el merino todopoderoso del lugar; por otro, de una anotación contable que demuestra que Bono y un séquito de acompañantes, indeterminado por el momento, fueron alojados, gratia et amore, en un hotel de Xanxenxo, propiedad de estas compañías. Los gastos de la estancia de Bono y su corte ascendieron a unos 6.000 € incluyendo sesiones de masajes y “servicios extra” que, dada la contigüidad de la anotación, también parecen relacionados con los “masajes”, es decir, que cabe sospechar que se trataría de “masajes extra”.
Propiedad actual de Parquijote. Conexiones.
Inicialmente, la propiedad de los terrenos de Parquijote estaba distribuída de la siguiente forma:
TAU PROMOCIONES
10%
SALVAGO TRES
10%
NUEVO MADRID
65%
PROMOTORA LAS LOMAS-BARAJAS
15%
Hay una primera modificación en esta distribución, después de la cual, el reparto queda de la siguiente manera:
NUEVO MADRID
25% desde el 20/6/03
20% adquirido el 24/7/03
20% adquirido el 20/6/03
TIASTA
4,42% adquirido el 9/5/07
17,50% adquirido el 17/7/07
APEX 2000 (Iberdrola Inmobiliaria)
13% adquirido el 11/7/07
Tanto TIASTA como APEX (Iberdrola) están directamente vinculadas a Montaldo. De la segunda, la UDYCO afirma que era utilizada por Montaldo en su estrategia de transmitir, rápidamente, derechos y propiedades entre distintas sociedades controladas por él, así como fondos llegados desde el extranjero.
En cuanto a TIASTA, es una sociedad compartida entre la red de Montaldo y SACYR-VALLEHERMOSO. PONTE TRESA es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES SL y ésta última, a su vez, es resultado de la fusión entre SALVAGO 3 y TAU PROMOCIONES.
En cuanto a PROMOTORA LAS LOMAS BARAJAS y NUEVO MADRID, en ese momento, 2007-8, los datos de los que disponíamos eran los siguientes: Los accionistas de PROMOTORA LOMASBARAJAS son las mercantiles INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL LOURO, S.A y COREN AGROINDUSTRIAL S.A., ambas domiciliadas en Galicia y respecto a las cuales ni Montaldo, ni Francisco Manuel Moreno Torres, ni José Ignacio Moreno Rodríguez, parecen tener relación.
Sin embargo, esta sociedad posee el 30% de la mercantil GLOBAL LOAN XXI, S.L. (Cif: B92626134) la cual, a su vez, es propiedad en un 70% de TIASTA PROMOCIONES, S.L. (Cif: B81894610) que, a su vez, pertenece en un 50% respectivamente a TAU PROMOCIONES y a PONTETRESA, S.L., la sociedad en cuyo consejo de administración, como se acaba de ver, constan la esposa, el cuñado y el hermano de Giovanni Piero Montaldo y esto hasta febrero de 2010.
En estos momentos, ha aparecido una nueva conexión entre LAS LOMAS BARAJAS – NUEVO MADRID y el italiano Montaldo, como se verá, a través de la sociedad controlada por el mafioso Motaldo, FULICA ATRAS.
En tal sentido, las últimas modificaciones en la distribución de la propiedad de Parquijote, dan la impresión de que Montaldo y sus «fideicomisarios», Manuel Moreno Torres e Ignacio Moreno Rodríguez, han salido del negocio vendiendo su cuota parte a URCONSA 3000 y a GRUPO LOGÍSTICO CARRERAS.
Así pues, actualmente, los propietarios de PARQUIJOTE son los siguientes: URCONSA, CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO e IBERDROLA INMOBILIARIA.
Ricardo Carreras Lario
En CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO, como consejero delegado está Ricardo Carreras Lario a quien se ha denunciado como parte o partícipe en una red de organizaciones y asociaciones vinculadas a actividades de intervención en el extranjero dirigidas por la CIA y otras agencias norteamericanas. Así, por ejemplo:
“Graduado en master en gestión política en la Universidad George Washington. Fue en esta época que tuvo sus primeros contactos con representantes de agencias federales norteamericanas y trabó amistad nada menos que con el conocido agente CIA Frank Calzón, quien se encontraba al frente del Programa Cuba en la organización Freedom House y luego creó el llamado Center for a Free Cuba para sacarle millones de dólares a la USAID para la subversión en Cuba.
Posteriormente el señor Carreras Lario obtuvo un importante puesto como estratega en The Rendon Group, en Washington, DC. Una empresa especializada en operaciones psicológicas, con estrechas relaciones con el Departamento de Estado, el Pentágono, el Comando Estratégico y varias agencias de inteligencia estadounidense, incluida la CIA. Esta entidad ostenta un tenebroso historial en apoyo comunicacional a las intervenciones militares norteamericanas en: Panamá, Irak, Kosovo, Afganistán, entre otras”.
Respecto a IBERDROLA INMOBILIARIA, nada hace pensar que el papel de Montaldo haya disminuido en ella, aunque éste nunca apareció en la lista de sus directivos y el control que ejercía sobre la sociedad sólo se conozca a partir de las investigaciones de la UDYCO incluidas en el sumario del caso MALAYA.
Sin embargo, Iberdrola Inmobiliaria presenta como novedad más señalada la incorporación a su consejo de administración de Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal y cuya implicación en estructuras de corrupción se está desvelando ampliamente en los últimos años. López del Hierro entra en el consejo de Iberdrola Inmobiliaria el 30 de octubre de 2013. Menos de un años después, el 30 de diciembre de 2014 Parquijote sale del letargo en el que había caído.
Mayor interés, aún, tiene URCONSA 2003 como medio para desvelar quiénes están, realmente, detrás de la operación de Parquijote.
URCONSA es una marca (en realidad un acrónimo) de URBANIZADORA CONSTRUCTORA NUEVO MADRID, lo que supone que el cambio en la propiedad de Parquijote es una mera pantalla puesto que URCONSA y NUEVO MADRID son lo mismo y PROMOTORA LAS LOMAS-BARJAS tiene participaciones, entre otras, en GLOBAL LOAN XXI SL, que está dentro del grupo SALVAGO. Es decir, la desaparición de LAS LOMAS BARAJAS y de NUEVO MADRID de la lista de propietarios de Parquijote, aparenta ser una simple operación de emboscadura mediante la que se pretende ocultar a los verdaderos interesados en la operación.
Además de esto, NUEVO MADRID estaba conectada con el italiano Montaldo a través de la mercantil FULICA ATRAS y de uno de sus consejeros: Pedro Fernández Estévez. Es singnificativo que en el consejo de FULICA aparezca uno de los hermanos de Federico Trillo: Jesús Trillo Figueroa-Conde, sin que se pueda asegurar en este momento si está ahí por cuenta propia o en representación de SACYR-VALLEHERMOSO.
Otra de las sociedades participadas por LAS LOMAS BARAJAS es CASABLANCA REAL I SL, en cuyo consejo, hasta 2010, figuraba Bernardino Jimenez Sanchez consejero de NUEVO MADRID y de JIGARSA, entre otras, ambas de la red societaria de URCONSA – NUEVO MADRID.
URCONSA es “administrador solidario” de una mercantil titulada SUN AND SEA REAL STATE SL que presenta una gran significación puesto que en sus órganos directivos, además de los habituales de NUEVO MADRID – URCONSA, consta un sujeto llamado Alberto Portuondo Coll, un mejicano que fue detenido en agosto de 2015 por su implicación en el caso Rato. Se le acusa de actuar de comisionista y testaferro del ahora presidiario Rodrigo Rato.
En esta misma entidad, como administrador solidario, está una sociedad británica: ROQUE MANAGEMENT Ltd. administrada por un tal Cesar Carrico CARDOSO, con aparente domicilio en 2 The Drive, Harrow, Middlesex, HA2 7EW y cuyo papel en este entramado está por determinar.
El citado Alberto Portuondo Coll comparte consejo de administración con Pedro Fernández Estévez (socio o “fiedeicomisario” de Giovanni Montaldo) en otra sociedad denominada ALCAIDESA REAL SL.
Domingo Díaz de Mera recibiendo algo de manos de Elena Borbón
Existe otra decisiva rama de conexiones que parte de URCONSA y llega a GLOBAL CARTERA DE VALORES, es decir, a Domingo Díaz de Mera y los hermanos Barco Fernández, principales “promotores” del aeropuerto de Ciudad Real, un negocio de 1.000 millones de €, entre subvenciones públicas y créditos irrecuperables de CCM, derivados a distintas sociedades de los promotores del aeropuerto. Dicho vínculo se establece a través de Ignacio Alvarez Rello.
Alvarez Rello es uno de los consejeros de URCONSA, pero también aparece en los consejos de GLOBAL CARTERA DE VALORES, en el de DESARROLLOS URBANÍSTICOS VENECIOLA (Díaz de Mera, Barco Fernández y la CCM de Moltó) y hasta noviembre de 2016 en el de NUEVO MADRID. Recordemos que acabamos de encontrar en este tejido de sociedades a Pablo Usandizaga Usandizaga, quien también compartía con Josep Piqué consejo en MIXTA AFRICA y que este Piqué era el vínculo personal entre dicha sociedad y AIRCITY MADRID SUR, la persona jurídica a través de la que se está poniendo en marcha un nuevo aeropuerto en la zona de Casarrubios del Monte.
En VENECIOLA, como representantes de CCM en su día, estaban Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, también representantes de la Caja de Moltó en varias sociedades de condenados por el caso Malaya.
En definitiva, a través de PROMOTORA URBANIZADORA NUEVO MADRID – URCONSA se descubre una red de sociedades que conectan al mafioso Giovanni Montaldo con las demás entidades que participan en la operación de Parquijote y, a partir de estas otras sociedades, se desvela la presencia de sujetos vinculados a altos niveles de la política estatal: Ignacio López del Hierro, Rodrigo Rato, la familia Trillo Figueroa y en el ámbito regional de Castilla La Mancha, al ex presidente José María Barreda y a José Bono.
En este contexto hay que tener en cuenta lo dicho por Roberto Saviano sobre la ‘Ndrangheta (eldiario.es, 5/3/18): Sigue “un sistema que se rige siempre por el mismo principio: la ‘Ndrangheta pone el capital, el empresario lo invierte, el político facilita las cosas y todos sacan enormes beneficios”.
La suerte de todas estas sociedades ha sido diversa durante la década de crisis. No pocas han entrado en concurso de acreedores, otras habrán sido liquidadas o habrán cambiado de manos y otras continuan activas, algunos consejeros habrán cesado y otros habrán sido nombrados en su lugar, pero de lo que aquí se trata es de probar que siguiendo los hilos que conectan y conectaban a estas personas jurídicas, surge también un entramado de conocidos, de socios, de «profesionales», de amigos y, en algunos casos como el de Montaldo, de delincuentes convictos, que define el círculo de intereses determinante de esta operación.
Parquijote y los redactores del POM de Seseña.
En 2010 se licitó por parte del Ayuntamiento de Seseña el contrato para la redacción del POM del municipio. El adjudicatario resultó ser una UTE creada por Miguel Angel López Toledano y por Carlos Sánchez Casas.
El 22 de junio de ese mismo año se recibe en el Ayuntamiento un correo de un tal Cristóbal Corretje Aznar en el que confirma la asistencia a una reunión concertada con la alcaldía para tratar asuntos del POM. A dicha reunión, según este correo, asistirán Miguel Angel López Toledano, Carlos Sánchez Casas y Antonio Méndez Chicharro.
Por otro lado, en la documentación del expediente de Parquijote que obra en el Ayuntamiento de Seseña existe un texto titulado “PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE LAS MERCANTILES URCONSA, CARRERAS E IBERDROLA INMOBILIARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, RELATIVO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DEL AMBITO PARQUIJOTE”, de fecha 18 de septiembre de 2017. Este convenio, que finalmente ha sido firmado por el actual alcalde (PP) incluye un plano del sector de Parquijote realizado, como demuestra el logotipo incluido en dicho plano, por la compañía ARNÁIZ ARQUITECTOS. Esta entidad pertenece a Leopoldo Arnáiz Eguren y de ello se sigue necesariamente que ARNÁIZ ARQUITECTOS trabaja o ha trabajado para los propietarios de Parquijote, es decir, IBERDROLA INMOBILIARIA, URCONSA 2003 y CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO.
Leopoldo Arnáiz Eguren, en primer plano
Existe, además, la mercantil ARNÁIZ CONSULTORES SL (B81959868) cuyos administradores son Ignacio M.ª Arnáiz Eguren, Juan Carlos Para Rodriguez-Santana, Prodemsa Administracion Concursal Slp, Juan Maria Arnaiz Eguren y Luis Arnaiz Rebollo.
ARNÁIZ CONSULTORES, a su vez, forma una UTE con EQUIPO REDACTOR MALT, propiedad de Miguel Angel López Toledano: ARNÁIZ CONSULTORES SL – EQUIPO REDACTOR MALT SL, Un (Cif: U86172236). Por su parte, en MALT, como representante, figura Cristóbal Corretjé Aznar, detenido en 2016 cuando era jefe de los servicios técnicos del ayuntamiento de Jetafe (caso Teatro).
Así mismo, es decisivo señalar que en la página Web de ARNÁIZ ARQUITECTOS puede descargarse un documento titulado “EXPERIENCIA. ARNÁIZ & PARTNERS”. En la página 20 (arriba en la imagen) de ese documento (http://www.arnaizpartners.com/descargar/A&P_Experiencia.pdf) se incluye una relación de municipios en los que ARNÁIZ realiza trabajos de “planeamiento general” y entre esos municipios está Seseña.
En cuanto a Carlos Sánchez Casas Padilla, consta como consejero y consejero del solidario en IBÉRICA DE SONDEOS SL hasta marzo de 2014. En el mismo consejo de administración están: Alfonso Figar Velasco, Cesar Figar Velasco, Pedro Figar Velasco, José Figar Velasco y Arturo Figar Velasco, este último, padre de Lucía Figar, exconsejera de la CAM, casada con Carlos Aragonés Mendiguchía (actualmente con escaño de senador) Cuyo hermano ejerce como “apoderado” de la mercantil ELECNOR, implicada en la trama Púnica. Lucía Figar fue también imputada en las diligencias que se siguen por la trama Púnica.
En definitiva, bien Leopoldo Arnáiz o bien su hijo, Luis, bien personalmente o bien a través de sociedades controladas por ellos, están trabajando, simultáneamente, para el Ayuntamiento de Seseña en la redacción del POM y para los propietarios de Parquijote, es decir, que a la vez que realizan funciones públicas para el municipio, se lucran privadamente prestando servicios urbanísticos a unas compañías que tienen intereses multimillonarios afectados por ese POM en Seseña.
Ahora bien, Leopoldo Arnáiz, Miguel Angel López Toledano y Cristóbal Corretjé Aznar son nombres que han salido a relucir durante la investigación de graves casos de corrupción. Baste como ejemplo alguna de las noticias que se pueden leer en los siguientes enlaces:
“Esta mañana han desalojado el Patio Maravillas. La casa okupada pertenece a Leopoldo Arnáiz, un arquitecto y consultor urbanístico imputado en varios casos de corrupción. Está procesado por tráfico de influencias y negociación prohibida por su relación con los ayuntamientos de Alcorcón y Boadilla cuando gobernaba en ellos el PP. Testificó en la investigación del Tamayazo. Ha sido el redactor de los planes parciales de Boadilla, que ahora están bajo lupa dentro de la investigación de la Gürtel. Es también sobrino de Rafael Arnáiz, santificado por el Vaticano el año pasado”.
Sobre Miguel Angel López Toledano, información general.
Miguel Angel López Toledano, ex director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid, podría estar implicado en el caso Astapa. Ya ha aparecido relacionado con la fundación Metrópoli en Aranjuez (Alfonso Vegara Gómez e Iñaki Urdangarín) y, siempre las mismas “coincidencias”, fue el redactor del proyecto del aeropuerto de Ciudad Real y del Plan General de Illescas.
Apenas diez años después de que el saqueo generalizado del país dejara en suspenso la pandemia de los campos de golf y desvelara tramas como la del aeropuerto de Ciudad Real (1.000 Millones de € que acabaron, gastos reales a parte, en los bolsillos de sus promotores, se diría que elegantemente si no fuera porque hay poca elegancia en disfrutar de la protección apasionada del Gobernante) Un nuevo aeropuerto privado se pone en marcha en tierras de Toledo aunque equivocamente se le nombre “Madrid Sur”.
Hay antecedentes de esta operación. En abril de 2009 se recogían aquí unas declaraciones de Emiliano Gacía Page, ese famulus incondicional de Bono: “No sólo apoyo un aeropuerto–decía el criado a los pechos del salobreño– para la provincia de Toledo, sino que lo voy a intentar alentar. Pero con mucho sigilo, porque ahora los aviones ya no hacen ruido, ni al despegar ni alaterrizar. Desde luego sobra ruido en esto, porque no ayuda. Vamos a intentar que el procedimiento sea como un vuelo sinmotor, silencioso, sigiloso…”. No es difícil imaginar, después de tal confesión, a Bono atizando un pescozón recio –si lo recio cupiera en las maneras de Bono– en el cogotede su pupilo, por bocazas, indiscreto y simple, pues el sigilo consiste en hacer creer que el sigilo no existe.
En cualquier caso, algunos días antes de las declaraciones de Page, en una entrada de este blog, hablando de la fundación Metrópoli y de su fundador, Alfonso Vegara Gómez (busque el paciente lector en Internet ese nombre junto al del presidiario Iñaki Urdangarín y obtendrá resultados interesantes) Se daba informaciónsobre los primeros movimientos registrados de esta operación:
Antecedentes
“El 2 de abril del 2006, durante la legislatura ominosa del urbanismo municipal, ABC publicaba un artículo titulado “un misterioso proyecto urbanístico revoluciona Casarrubios“. Según esa noticia, los promotores de “Ciudad de las Artes” o “Ciudad Arte” o “Ecociudad Arte“, es decir la Fundación Metrópoli, preparaba la construcción de las citadas 50 o 70mil viviendas con la urbanización Calypo-Fado como centro. La nueva ciudad, que dejaba a la altura de en una minúscula pedanía el engendro de El Pocero en Seseña, fagocitaría los territorios del propio Casarrubios, de Valmojado y de Méntrida, y de forma similar a lo que se pretendía con “El Reino de Don Quijote” y el aeropuerto de Ciudad Real, su inmenso organismo se alimentaría del nuevo aeropuerto de Madrid que se estaba proyectando en la zona.
La realidad de este asunto siempre fue turbia. Desde la Fundación Metrópoli nunca se llegó a especificar nada, so pretexto de que setrataba de “información sensible“. La entonces alcaldesade Casarrubios, Teresa de Paz, reconoció tener noticia del proyectopor haber sido informada “de manera extraoficial” por fuentes dela Junta de Comunidades (Gobierno regional, para entendernos) y serefirió a un proyecto de “ecociudad” llamada “Arte” que había presentado una “empresa privada” en la Consejería deVivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha.
Los promotores, entre los que estaba, también como “socio tecnológico”, la Fundación Metrópoli, no sólo habían presentado el proyecto en la Consejería de Vivienda, sino que, como informó la prensa en su momento, estaban intentando que el Gobierno de José María Barreda les concediera la declaración de “Proyecto Singular de Interés Regional».
Esto hubiera supuesto que los terrenos, unos 10 millones de metros cuadrados, se habrían adquirido, como mucho, a una cuarta parte del valor que habrían alcanzado en el caso de una tramitación ordinaria. La argucia del negocio radicaba en que Casarrubios no tenía aprobado Plan de Ordenación Urbana y con esa premisa, las 1.000 hectáreas no se podían declarar como urbanizables, lo que habría obligado a sus propietarios a venderlos a precio de suelo rústico. Por otro lado, los promotores también habrían visto menguada de una manera formidable sus gastos en tasas, participaciones e impuestos municipales, porque la declaración de “singular interés” dejaba al Ayuntamiento fuera del tema.
De todas formas, tal y como apareció, la “Ecociudad del Arte” o como quiera que se llamara, desapareció en la noche y en la niebla y desde el Gobierno presidido por José María Barreda se llegó a negar, incluso, que hubiera ninguna tramitación formal en relación con ella.
Sin embargo el tinglado fue cierto y real y lo demuestra el despacho de Europa Press de 26 de febrero del 2007. Ese día se daba la noticiade que el entonces Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos había hecho entrega de los premios “Reconocimientos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía“. Dichopremio, en la categoría de urbanismo, correspondió a al Plan Parcial “Ensanche Sur” de Alcorcón. Junto a esa localidad madrileña también estaban “nominadas” para el premio Zaragoza y “la Ecociudad Arte de Castilla-La Mancha”.
La alcaldesa María Teresa de Paz perdió las elecciones de 2007. A la alcaldía llegó Noemí López, ahora procesada despuésde una querella de la Fiscalía de la AP de Toledo –entonces acargo del FiscalJosé Javier Polo Rodríguez– relacionada con unos presupuestos falsos relativos a la compra por el Ayuntamiento de cinco mil llaveros publicitarios por importe de 29.817,80 €. Tras su imputación, parte de su equipo de gobierno, en una rocambolesca (aunque a la vista de esta información, quizás no tanto) maniobra, apoyó una moción de censura que ha llevado a la alcaldía, nuevamente, a María Teresa de Paz, de modo que posiblemente en un futuro indeterminado se vuelva a oír hablar de la “Ecociudaddel Arte de Castilla-La Mancha”.
Noemí
López acabó condenada por haber encargado unos cuántos llaveros
publicitarios por una cantidad que ni siquiera estaba obligada a
licitar. Las baratijas hicieron posible volver a poner en la
alcaldía a María Teresa de Paz, más obediente a las instrucciones
del palacio de Fuensalida. El primer paso estaba dado.
La urdimbre aparente
Auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Sagunto sobre el Cártel del Fuego
Ahora,
casi 10 años de “sigilo” después, el negocio aeroportuario de
Toledo vuelve a hacer ruido. La compañía AIR CITY MADRID SUR
S.L. (antes llamada AIR CITY CENTER MADRID TOLEDO S.L.)
anunciaba la construcción de un aeropuerto en torno al aeródromo de
Casarrubios del Monte, con una inversión inicial de 148
Millones de €; inicial, que no final. Dicho aeropuerto, igual que
el de Ciudad Real –con el que hay más estrechas coincidencias como
veremos más adelante – sería “privado”, es decir, quedaría
fuera de los controles y garantías de la Ley de Contratos del
Estado, que si bien es ineficaz para impedir la corrupción, no deja
de suponer un estorbo enojoso del que mejor es librarse, pero sí
buscará la declaración de proyecto de singular interés o de
interés regional, según las nomenclaturas toledanas o madrileñas,
lo que le hará acreedor de sabrosísimas ayudas públicas,
exenciones de impuestos y facilidades para la expropiación del
patrimonio ajeno.
¿Quiénes
son AIR CITY MADRID SUR S.L.? He aquí algunos de los nombres tras el
velo societario:
Luis Miñano San Valero: Este personaje está al frente de numerosas sociedades, pero aquí interesan algunas de ellas: INAER AVIONES ANFIBIOS, S.A. e INAER HELICOPTEROS, S.A., ambas implicadas en el “Cártel del Fuego”, una trama de corrupción dedicada a amañar los contratos de prevención y extinción de incendios en aquellas Comunidades que los tienen privatizados, entre las que no podía faltar Castilla-La Mancha. El Auto del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Sagunto, de 14 de diciembre de 2016, califica a esta trama de “organización criminal”, y en principio, podría haber defraudado, al menos, 250 Millones de dinero público.
Andrés Javier Ruedas Carvajal: Desde 2006 hasta 2011 fue jefe de Gabinete de Page cuando éste tenía la alcaldía de Toledo. De ahí, hasta el 2014 pasó a gerente de la Empresa de la Vivienda de Toledo. A continuación ocupó el puesto de director de comunicación de Caja Rural de Castilla-La Mancha para luego aterrizar en el consejo de AIR CITY MADRID SUR. También trabajó en tres campañas electorales de Bono y en una de Page. Durante 11 años fue el hombre clave de la distribución de la publicidad institucional de la Junta, como se sabe, un poderoso estímulo para la domesticación de medios de comunicación. Pero de todo esto, puede que lo más interesante sea su papel en las campañas de Pedro Sánchez por lo que ejemplifica la manera en que José Bono sabe poner, a la par, velas a Dios y al Diablo, pues mientras en público se presentaba como uno de los principales conspiradores contra Sánchez, en la sombra le prestaba a uno de sus “expertos en comunicación”. De hecho, Ruedas y José Luis Fernández “Chunda”, viejos conocidos y amigos, trabajaron juntos en la campaña a las Primarias del actual Presidente del Gobierno… y donde Chunda aflora, Bono subyace.
Josep Piqué: El que fuera ministro de Aznar, el hombre que se hizo famoso por sus serviles reverencias a Bush, tan dobladas, tan inclinadas, tan de tiralevitas abatido, que no se conoce criado, siervo, doméstico, lacayo o rodrigón que haya puesto su raspa en tanto riesgo de quiebra para regalar zalemas al amo. Además de esta, su otra gran contribución a la economía de la ibérica península fue la quiebra y posterior privatizacion de AENA. Pero aquí hay que subrayar, sobre todo, que Piqué también ha estado vinculado al consejo de otra mercantil de la que enseguida hablaremos: MIXTA AFRICA S.A. donde hasta 2010 tuvo los cargos de Presidente y Consejero. La compañía MIXTA AFRICA es una mina de información. Ahora la escavaremos.
Gregorio Marañón Bertrán de Lis: Marqués de Marañón, estrechamente vinculado al grupo PRISA y al difunto Polanco y más vinculado aún a García Page y a Bono –plebeyo a quien complace mucho arrimarse a hijosdalgo de armas pintar y llevar–, y principal impulsor de la aberrante fusión del Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela, una privatización encubierta impedida por la movilización de los trabajadores.
Estos
personajes son algunos de los que aparecen a la luz del día en el
consejo de administración de AIR CITY MADRID SUR. Por sí
mismos despiden un intenso fumus malus iuris, el
conocido tufo que se eleva de la intensa vis atractiva
que existe entre política, crimen organizado y empresa, pero en la
rebotica de todo esto hay nombres más sospechosos aún.
La urdimbre oculta
Como
hemos visto, Josep Piqué
es el vínculo personal entre AIR
CITY MADRID SUR y MIXTA
AFRICA y en el
accionariado de esta última mercantil lo primero que llama la
atención es la presencia de otra sociedad: AIZON,
la empresa del presidiario Iñaki
Urdangarín y de la
“partícipe a título lucrativo”
Cristina Borbón.
Esta coincidencia no parecerá tan insólita si volvemos a los
antecedentes del aeropuerto en cuestión y recordamos que en su
“sigiloso” proyecto inicial participaba la FUNDACIÓN
METRÓPOLI regida por el
“eco-urbanista” –todo lo que hace es eco-algo– Alfonso
Vegara Gómez.
Dicha
fundación, como
se informó en Notitia Criminis mucho antes del caso NOOS,
alardeaba de un encopetado “International Advisory Conunsil”
(Consejo Asesor Internacional, nombre que en castellano resulta menos
abrumador que en inglés) y que, según la propia publicidad de la
Fundación, “constituye la base de la red internacional
de la Fundación Metrópolis”
y que está constituido por “personalidades, expertos y
profesores del máximo prestigio internacional”
tales como Iñaki
Urdangarín, “que
están aportando ideas, conocimiento, apoyos y contactos estratégicos
para hacer viable el desarrollo de los programas de la Fundación”.
Sin duda, Urdangarín figuraba ahí en la categoría de
“personalidades”.
Es
decir, que la relación entre Urdangarín
y Vegara Gómez
viene de antiguo y no queda limitada a este consejo asesor. A
consecuencia de las investigaciones del caso Noos, salió a la luz un
proyecto conjunto entre estos dos personajes: pretendían
urbanizar la Albufera
valenciana. Como era de suponer, después de que Urdangarín fuera
juzgado, condenado y enchiquerado en la cárcel de mujeres de Brieva,
donde no tiene que preocuparse por proteger su virtud en las duchas,
su
nombre ha desaparecido de la lista de consejeros
internacionales de la fundación METRÓPOLI. Es triste comprobar
cuánta ingratitud hay en el mundo ¿verdad?.
Que
Urdangarín y Piqué coincidan en MIXTA
AFRICA puede ser
casualidad, pero sigamos con otras casualidades. En el consejo de esa
sociedad también aparece Pablo
Usandizaga Usandizaga y
con él las coincidencias devienen orgiásticas. De las 80 ó 90
sociedades en cuyos consejos de administración consta su nombre,
como por ejemplo METROVACESA
implicada en el caso CAJASOL con Domingo
Díaz de Mera –sí, el
del aeropuerto de Ciudad Real–, interesan expresamente las
siguientes:
GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL: Esta sociedad tiene cambios desde 2009 porque está en concurso de acreedores pero anteriormente estaba presidida por Domingo Díaz de Mera Lozano y en ese mismo consejo de administración desempeñaba distintos cargos Ignacio Barco Fernández, es decir, que esta mercantil pertenecía, cuando Usandizaga estaba ahí, a los dos principales actores del caso del aeropuerto de Ciudad Real.
GLOBAL CONSULTING ENERGIAS RENOVABLES SL: Es el mismo caso que la anterior, que actuaba como administrador único hasta el 30 de septiembre de 2013 y en cuyo consejo volvemos a encontrar a Díaz de Mera y a Barco Fernández, es decir, otra vez el aeropuerto de Ciudad Real.
LATERAL INVERSIONES AL’ANDALUS SL: Ahora también en concurso pero que hasta 2009 tuvo como administrador único a la mercantil de Díaz de Mera y los hermanos Antonio e Ignacio Barco Fernández, GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL
GRUPO DE EMPRESAS H C SA: Esta entidad estaba compartida entre Díaz de Mera y a la familia Sanahuja (METROVACESA) además de tener alguna filial como GRUPO EMPRESARIAL H C TECNOLOGIA Y DIFUSION SL donde aparecían estos dos y algún otro conocido de NOTITIA CRIMINIS, como José Selfa de la Gandara, quién compartiera consejo de administración en el grupo industrial EL MONTE, luego CAJASOL, con José María Bueno Lidon. En 2009 la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla se querelló contra estos dos personajes, Bueno Lidón y Selfa de la Gándara por irregularidades en la gestión del grupo en perjuicio de la entidad “a la que –decía la querella– se defraudó y engañó”. En 2009, el Juzgado de Instrucción n.º 14 de Sevilla archivó el caso, Cajasol recurrió dicho archivo y el escándalo, con la noticia, fue desapareciendo de la prensa.
GREEN INVERSIONES INMOBILIARIAS SA: La misma coincidencia entre Díaz de Mera, los Barco Fernández y Usandizaga se produce en esta otra sociedad. Nuevamente los principales cabecillas del aeropuerto de Ciudad Real aparecen junto al consejero de MIXTA AFRICA S.A.
Pero si todas estas coincidencias, casualidades, acasos, parecen pocos, hay que decir que MIXTA AFRICA era una participada del grupo RENTA CORPORACIÓN, un ingenio inmobiliario directamente vinculado con el Partido Popular, tanto que no sólo Piqué, sino también la ex ministra Anna Birulés, han pasado por su consejo, sin que esto haya impedido en absoluto que hasta 2009 también se sentara ahí Carlos Solchaga. Con estos antecedentes no sorprenderá a nadie encontrar a IgnacioLópez del Hierro, el consorte de M.ª DoloresCospedal y partícipe de las llamadas y reuniones secretas con el comisario Villarejo, en el consejo de RENTA CORPORACION REAL ESTATE SA hasta 2013, año enque renunció a su puesto por “motivos personales” aunque puede que uno de esos motivos personales fuera que, entonces, la inmobiliaria estaba en concurso de acreedores.
Resumiendo
lo dicho hasta aquí: desde AIR
CITY MADRID SUR S.L.,
la fachada pública del nuevo aeropuerto, algunos de sus consejeros
nos llevan a los alrededores inmediatos de José
Bono,
otro hasta una presunta organización criminal –así la describe el
Juez– dedicada a amañar las concesiones de los servicios de
extinción de incendios, y otro, Josep Piqué, hasta MIXTA
AFRICA S.A.,
una participada de un tinglado inmobiliario –RENTA
CORPORACIÓN–
directamente vinculado a personajes clave del PP pero también, a
través de uno de sus consejeros, Pablo Usandizaga, a los cabecillas
del gran negocio que fue el aeropuerto
de Ciudad Real:
Domingo Díaz de Mera y los hermanos Barco Fernández, todos ellos
acreedores del favor incondicional de José
María Barreda
y Emiliano García
Page,
de donde se sigue, por correcta sindéresis, que también del de José
Bono.
Desde
las fechas en que se tuvo noticias de los primeros rumores
“sigilosos” sobre un aeropuerto en la zona de Navalcarnero y
Casarrubios del Monte, la suerte de las sociedades que aparecen aquí
ha sido variada, igual que la de sus consejeros, pero lo que ha de
considerarse relevante ahora, no es de dónde sale el dinero que se
va a gastar en el nuevo aeropuerto, ni si estos consejeros continúan
o han dejado sus puestos en este o aquel consejo de administración.
Lo que sí es relevante es el tejido de relaciones sociales que
existe entre este entramado de amigos, conocidos, socios y compadres
por el que circula el poder, las influencias, la información, los
favores y, claro está, el dinero en cantidades exorbitantes.
En
esa trama de vínculos y relaciones, podrá llamar la atención la
mezcla desordenada de afines al PSOE, en este caso al salobreño
Bono, y al PP. Quien se sorprenda por ello no conoce Castilla – la
Mancha, una tierra de calamidad donde Bono, desde un principio, creó
un gremio extractivo e indistinto, sentó a su mesa a secuaces y a
aparentes enemigos y de esa forma logró que nunca
fuera perillán / de peperos tan bien servido, / como lo fuera Bono /
cuando de Salobre vino; / diputados curaban dél / presidentes de sus
rocinos…
En
todo caso, lo que sí sabemos ahora es por qué Emiliano
García Page
tenía tanto interés en impulsar “sin ruido” el nuevo
aeropuerto, procurando que el procedimiento avanzara “como
un vuelo sin motor, silencioso, sigiloso”.
Inutilidad y alegaciones de los afectados
El oscuro contexto de esta operación se vuelve más delator aún si se tiene en cuenta que, en términos de transporte, un nuevo aeropuerto para Madrid es innecesario e inútil:
Según asegura, el aeropuerto en Casarrubios del Monte «afecta específicamente por su ámbito territorial a los derechos e intereses de los vecinos de la urbanización Calypo-Fado por cuanto el límite del proyecto limita con la propia urbanización», y critica que, hasta ahora, el proyecto ha sido tramitado «con total oscurantismo y ocultación y sin que los ciudadanos afectados conozcan su alcance y repercusión». Asimismo, han puesto en conocimiento de la Dirección General de Aviación Civil que los suelos en los que se propone este desarrollo están clasificados en el Plan de Ordenación Municipal aprobado inicialmente con fecha 27 de diciembre de 2012 por el Pleno de la Corporación Municipal como suelo rústico protegido, y que en los mismos hay «numerosas» especies vegetales y animales protegidas. El Grupo Independiente de Calypo Fado añade igualmente que, a priori, este proyecto «no responde a una necesidad real sino a una operación urbanística especulativa de gran calado que tiene gran parecido con el proyecto del aeropuerto de Ciudad Real»
También resulta que RENTA CORPORACIÓN intervino en ciertas operaciones inmobiliarias concernientes a viviendas de la EMV destinadas a alquiler social:
La alcaldesa ha destacado también los «rendimientos muy importantes» de la Oficina de mediación Hipotecaria «paralizando muchos desahucios que se hubiesen llevado a cabo». El presidente de la Asociación, Alberto Romeral, ha explicado que el anterior gobierno de Madrid vendió cinco edificios con sus viviendas a la firma Renta Corporación y que muchos vecinos decidieron «plantar cara» en un proceso en el que ha habido «acoso, malas palabras y malos modos».
Elvira Manzaneque, teniente de alcalde de Tofiño en Illescas y diputada provincial de Toledo
La noticia ha estado recorriendo diversas redacciones durante los dos últimos días. Elvira Manzaneque, primera teniente de alcalde de Illescas y diputada provincial de Toledo, podría estar imputada (ahora se dice, investigada) en la trama de corrupción que se instruye bajo la clave de Operación Enredadera. Notitia Criminis ha hecho sus indagaciones y fuentes solventes aseguran que esto es cierto. Falta constatación documental puesto que las actuaciones están bajo secreto sumarial, no obstante la información parece estar suficientemente avalada.
Por otra parte el propio Ayuntamiento de Illescas y su alcalde, José Manuel Tofiño, no dejan de confirmar esto indirectamente. Tofiño ha negado que esté detenida pero se ha guardado mucho de afirmar que no está «investigada», es decir, imputada y, además, mediante un comunicado del consistorio, ha afirmado que:
Así que, recopilando, tenemos que la policía se presenta en el Ayuntamiento de Illescas (tomando la precaución de bloquear con sus vehículos las salidas de la plaza donde está el edificio) y lo hace provista de un auto de entrada y registro, es decir, con orden de registrar las dependencias municipales, no de «requerir información». En segundo lugar, informaciones fiables aseguran que la teniente de alcalde, Elvira Manzaneque, mano derecha de Tofiño la cual, como toda mano derecha o izquierda, no hace nada que no le ordene su jefe, consta como imputada, digo, investigada en dicho auto, esto según ciertas fuentes, insistimos. En tercer lugar ni Tofiño ni la Coorporación niegan esta imputación. En cuarto lugar, al margen de los 100.000 € en cámaras de vigilancia, sí existe un contrato adjudicado sin concurso ni licitación, es decir, de adjudicación directa, con el centro de la trama corrupta, la mercantil de SACYR, Gespol, para la tramitación de sanciones de tráfico del que aún se desconoce la cuantía. Finalmente sabemos, por el propio Ayuntamiento, que la policía tomaría declaración a «autoridades municipales» y sabemos que ante la policía, la Fiscalía o un Juzgado, sólo se presta declaración en calidad de testigo o imputado, digo, investigado… Blanco y en botella, leche, que dicen los castizos.
Lo que ya se sabe con seguridad es que la investigación incluye escuchas telefónicas e intervención de las comunicaciones de los sospechosos… esto nos lleva al concepto jurídico de «hallazgo casual», es decir, de esos caso en los que practicándose un registro o investigación relativa a determinados hechos, se descubren otros distintos pero igual o más delictivos que los investigados. A pesar de existir cierta divergencia doctrinal sobre si los hallazgos han de dar lugar a pieza separada o si han de ser asumidos por el mismo expediente dentro del que se descubrieron, lo que ya no se discute es que estos «hallazgos casuales» deben dar origen a las correspondientes diligencias judiciales.
Digo esto porque Tofiño insiste en que hay «total tranquilidad» en el Ayuntamiento. Pues que no esté tranquilo, que se intranquilice, porque el asunto va tomando cuerpo por momentos.
La policía llevándose las cajas de documentación incautada en el Ayuntamiento de Illescas
Ayer, una vez iniciado el registro policial en el Ayuntamiento de Illescas, el portavoz de la corporación hacía, con voz manifiestamente alterada y audible fatiga, unas declaraciones de urgencia a Radio Illescas. En ellas el acalorado portavoz definía la intervención policial que se estaba produciendo en las dependencias municipales como un mero «requerimiento de información».
Bien, cuando un Juzgado requiere información a una entidad o autoridad publica lo que hace es evacuar oficio solicitando que se haga lo que manda, en este caso que se le remita la documentación que considere necesaria. Lo que no hace es enviar un furgón policial y, al menos, otros dos vehículos policiales más, con orden de entrar en un ayuntamiento y requisar documentación a más de ordenadores, etc. Esto último es lo que sucedió ayer en Illescas. Es decir, estamos ante un registro, no ante un «requerimiento de información», entre otras cosas porque es la policía la que entra en el lugar y recoge lo que considera oportuno. Cierto que las actuaciones están bajo secreto y que, de momento, sólo se pueden hacer conjeturas en cuanto a los indicios de delito que puedan pesar sobre los munícipes de Illescas y sobre su alcalde, José Manuel Tofiño, pero todo el asunto despide un hediondo fumus malus iuris.
Por otro lado, el referido portavoz, esta vez en declaraciones a lacadena Ser, hacía -ya con más aplomo en la voz- las siguientes puntualizaciones: El contrato con la filial de SACYR, centro de la trama investigada (esto del centro lo digo yo, no él) No se había adjudicado todavía. El contrato tenía por objeto la instalación de cámaras de vigilancia en el «Señorío de Illescas», zona azotada por la delincuencia (aunque en mi opinión es Illescas y no sólo uno de sus barrios, el que lleva años azotado por la delincuencia). Sin estar seguro de la cuantía del contrato, Rodriguez sí señalaba una cifra aproximada: 100.000 €. Finalmente reiteraba que estaba «muy tranquilo» -me columbro que Tofiño también debe estar igual de tranquilo- porque el Juzgado sólo había requerido información y porque aún no había ningún contrato con la filial de SACYR.
Bien, para empezar, es muy posible que sea cierto que el contrato con la empresa investigada por los sobornos no esté adjudicado, pero eso no elimina las posibles responsabilidades penales pues los delitos pueden cometerse en grado de tentativa o, incluso, si los sobornos ya se han pagado, estar consumados aún a falta de ciertos trámites administrativos.
A unos 100.000 € aproximados, dice este hombre, que ascendía la dotación presupuestaria para el contrato de marras. Teniendo en cuenta, como cualquiera puede comprobar en la Red, que el coste de una cámara de vigilancia habitual en empresas y oficinas, es de unos 150 €, instalación incluída, Tofiño pretende o pretendía instalar en el «Señorío de Illescas», unas 666 cámaras -justo el número de la Bestia- Seguramente más cámaras que ventanas tiene el barrio, algo que se antoja una afirmación hecha iocandi causa y no una realidad creible.
Por último, no tengo nada que decir sobre la tranquilidad de estos caballeros. Hacen bien en tranquilizarse, queda mucha instrucción por delante y muchas declaraciones de testigos y de imputados, que es posible que no estén tan tranquilos y sí considerando las ventajas de cantar como jilguerillos en su jaula. Veremos.
Vehículos policiales rodeando el Ayuntamiento de Illescas durante la operación
El ayuntamiento de Illescas, regido por José Manuel Tofiño, de quien Notitia Criminis ha dado cumplida información, está siendo registrado por la policía (la UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL, UDEF). Al parecer se buscan pruebas relacionadas con una trama corrupta que defraudaba dinero público mediante contratos de instalación de cámaras de vigilancia y semáforos. Una de las empresas implicadas es SACYR a través de una de sus marcas. También en Notitia Criminis hemos dado iformación importante sobre los vínculos de SACYR-VALLEHERMOSO con las tramas de Malaya y con cierto individuo ligado a la mafia calabresa, la Ndrangheta, un italiano que atiende al nombre de Giovanni Piero Montaldo, igualmente implicado en el asunto de PARQUIJOTE, en Seseña.
Uno de los detenidos es esta operación Enredadera es José Luis Ulibarri, ya detenido al principio de la operación Gürtel Sobre este sujeto escribimos algo aquí:
Alfonso Vegara, Javier Cremades y el imputado en la Operación Gürtel José Luis UlibarriEn este club de empresas llamado MALAGA VALLEY, y que según sus responsables pretende o pretendía hacer de la ciudad andaluza el Silicon Valley español, la fundación de Alfonso Vegara Gómez tiene intereses comunes con el prestigioso letrado Javier Cremades de Cremades & Calvo Sotelo y, precisamente a través de este abogado, es como se produce una curiosa coincidencia pues resulta que el constructor José Luis Ulibarri, amigo de Francisco Camps y de José Luis Rodríguez Zapatero al tiempo que imputado en el Caso Gürtel; apareció en Málaga de la mano, precisamente, de este mismo Javier Cremades y de Alfonso Vegara Gómez.
Según informó en su día El Observador, Ulibarri y Javier Cremades fueron los impulsores del congreso del club MALAGA VALLEY que tuvo lugar en el crucero Visión Athenaentre los días 8 y 10 de abril del 2007 y por el cual el ayuntamiento de Málaga pagó 150.000 €. Además hay que añadir que Ulibarri, el imputado en la Operación Gürtel, tiene importantes intereses urbanísticos en Malaga donde construye tanto vivienda de protección como privada.
En este caso, el nombre de la operación policial: «Enredadera» se ha elegido con especial tino porque todo esto es realmente una enredadera, una red en la que parta uno de donde se le antoje, siempre acaba encontrándose con los mismos nombres, y así resulta que para ese Javier Cremades también trabaja José bono:
En 2013 salió a relucir la noticia, de forma discreta, es cierto, pero noticia a fin de cuentas: El salobreño había sido contratado por el bufete Cremades & Calvo-Sotelo.
Ese despacho está en el puesto 68 del “THE LAWYER EUROPEAN 100” (un punto por encima del de Miquel Roca, el paladín hasta ahora fracasado de Cristina de Borbón, y lejos todavía del bufete Garrigues, que ocupa el número uno de la lista a pesar de haberse estrellado bochornosamente contra las líneas de Notitia Criminis). Su facturación, según dice, supera los 43 millones de € y su estrategia pasa por poner a sueldo a sujetos de apabullantes agendas, naturalmente no por el tráfico de influencias que potencialmente ello pudiera suponer, sino por su acreditada cualificación, sabiduría y pericia jurídica. Ahí no sólo está Bono, también, entre otros, están el expresidente de Campsa José Luis Díaz Fernández, el expresidente de Iberia Fernando Conte o el expresidente de Hewlett-Packard Juan Soto, gente selecta, en una palabra.
Hace mucho tiempo que Tofiño viene jugando con fuego, pero es condición de estos personajes la insaciabilidad y la jactanciosa arrogancia y también una estúpida credulidad en el principio de que en «España nunca pasa ná»… Hasta que pasa
Me pregunto ahora si Tofiño volverá a contratar los servicios del bufete Garrigues como hizo cuando intentó, junto a Gregorio Fernández Vaquero, poner fin a este blog. No se lo recomiendo.
«Coheche vuesa merced, señor tiniente; coheche y tendrá dineros, y no haga usos nuevos, que morirá de hambre…». Escribía Cervantes en La Gitanilla
Hace poco, el actual alcalde de Seseña, un tal Carlos Velázquez, que también disfruta de la condición de diputado regional en Castilla La Mancha y de la de «persona normal» y «español de bien» (esto último ya lo decía Franco) según titula su jefe desde la Presidencia del Gobierno y él ha demostrado hace poco tratando de encandilar empresas catalanas para que aniden a la sombra del castillo de Puñoenrostro, cosa intentada con poca fortuna pero con más vehemencia que la de un buscón estuprando niñeras; se ufanaba de haber «obligado» al diario digital «El Independiente» a rectificar una información que tituló «Seseña prepara otro ‘pelotazo’ urbanístico de 7.500 pisos con todos los informes en contra«.
Se trataba la cosa de una «nota de rectificación» enviada al diario por un abogado talaverano, miembro del partido y contratado directamente por el Alcalde que, sin acuerdo de la corporación, hablaba por letrado interpuesto, en nombre de ésta.
Hoy «El Independiente» contesta a la desenfrenada y jactanciosa audacia de Velázquez: «Las Lagunas del alcalde de Seseña sobre el ‘pelotazo’ de Parquijote«. Más le hubiera valido al bravo callar la boca, pero mejor hagamos cierto repaso de qué es esta bicoca y granjería llamada Parquijote, sin dar demasiado detalle todavía, que la encuesta está en marcha.
El asunto comienza más o menos en el año 90 cuando unos individuos ligados a un italiano, Giovanni Piero Montaldo, que aparecía en el consejo de administración en varias empresas de los capos de Cosa Nostra, Giovanni Giannino y de Giovanni Menino (ambos del clan siciliano de los Santapaola) empiezan a comprar terrenos en Seseña. La UDYCO considera a ese italiano miembro de la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta aunque él protesta contra tales acusaciones asegurando que es un uomo d’onore ejemplar y honestísimo, eso sí, condenado en firme por pagar cohechos en Marbella.
La intención de los compradores (Manuel Moreno Torres e Ignacio Moreno Rodríguez) era levantar un parque temático dedicado a Cervantes y de paso unas 6.000 viviendas con todos sus aderezos y ornatos.
En este contexto, el entonces alcalde de Seseña, José Luis Martín, hombre al que El Pocero hizo famoso, recibe de dos empresas del italiano Montaldo unos 700.000 €, supuestamente por las intermediaciones de Martín en ciertas compraventas hechas en Marbella y Estepona. El Mundo tituló así la noticia: «Un mafioso pagó 700.000 € al alcalde que ayudó a ‘El Pocero’«. Sin embargo Martín perdió las elecciones y el momio de Parquijote entró en estado vegetativo… hasta ahora.
Las sociedades que inicialmente movieron la bicoca, TAU PROMOCIONES, TIASTA, SALVAGO TRES, GLOBAL LAND… todas ellas en manos de los citados Moreno Torres y Moreno Rodríguez, han vendido recientemente sus propiedades y los compradores han sido CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO y URCONSA 2003. Ambas mercantiles presentan rasgos interesantísimos que se irán haciendo públicos en su momento, pero de primeras conviene fijar la atención en dos nombres: Ignacio Alvarez Rello por URCONSA y Ricardo Carreras Lario por el grupo CARRERAS. Habrá que volver sobre ellos.
Así pues, al menos en apariencia, pues el Libro de Socios no es información pública, de quienes aparecían inicialmente en el asunto de Parquijote sólo queda IBERDROLA INMOBILIARIA, que no es poco si tenemos en cuenta que en el Informe UDYCO-COSTA DEL SOL, Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales, Grupo II, con número de referencia 3.291/06-JM, que consta en el sumario del caso Malaya, Tomo LIX bis, Folio 17.384, se incluye APEX 2000 entre las empresas controladas por el mencionado Giovanni Montaldo y resulta que APEX 2000 es una de las marcas a través de las que gira IBERDROLA INMOBILIARIA.
Esto no es poco, desde luego, pero aún es más si tenemos en cuenta que en el consejo de IBERDROLA INOMBILIARIA está Ignacio López del Hierro, consorte de Mª Dolores de Cospedal, ministra de defensa y no hace mucho, presidenta de Castilla La Mancha.
López del Hierro entra en el consejo de Iberdrola Inmobiliaria el 30 de octubre de 2013. Menos de un años después, el 30 de diciembre de 2014 Parquijote sale del letargo en el que había caído.
Ese día, el pleno del Ayuntamiento de Seseña aprueba el documento de inicio del POM sólo con los votos del PP. En la memoria justificativa se prevén para Parquijote 7.394 viviendas más 1,5 millones de m2 destinados a industria, aumentando considerablemente los aprovechamientos previstos en las Normas Subsidiarias del 1996. Esta aprobación se hace ignorando los informes desfavorables de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Junta, los cuales constan en el documento de Concertación Interadministrativa.
Pero si la urdimbre empresarial que se ha tejido sobre Parquijote despide un intenso fumus malus iuris, quienes se han concentrado en torno a la redacción del POM (Plan de Ordenación Urbana) inquietan aún más. Por ahora basten estos nombres:
Miguel Angel Lopez Toledano
Leopoldo Arnáiz Eguren (Arnáiz Arquitectos)
Cristóbal Corretjé Aznar
Carlos Sánchez Casas.
Ponga el sufrido lector estos nombres en el buscador de Google y sorpréndase si es que todavía cabe la sorpresa en esta calamidad, en esta zahúrda hispánica.
En febrero de 2010 , hace ocho años ya, se dio en este blog información relevante sobre la actividad del Italiano Giovanni Piero Montaldo en Toledo y en las órbitas del poder de la región:
Hasta ahora sabíamos que el “mafioso” Gianni Montaldo ―es imprescindible leer este artículo publicado en la Opinión de Málaga― tuvo suficiente contacto con el ex alcalde de Seseña que aprobó el PAU del Pocero, José Luis Martín, como para pagarle ―no se sabe aún por qué― casi un millón de Euros. De igual manera estamos enterados de que el tal Montaldo y el citado José Luis Martín comparten contable, el abogado Álvaro Cruces Navarro, del despacho malagueño Cruces & Asociados.
A más de esto, Giovanni Piero Montaldo ―imputado en los casos Malaya y Astapa― no sólo es sospechoso de pertenecer a la ‘Ndrangheta y de blanquear dinero de la Mafia, sino que también tenía una estrechísima relación con el “malayo” Juan Antonio Roca Nicolás y actuaba en Marbella como parte del círculo formado por la familia Ramírez Balboteo, ―tan es así que el abogado que le asistió durante su detención fue el propio Juan Carlos Ramírez Balboteo― por Monzer Al-Kassar y por los miembros de Cosa Nostra, Gianni Meninno y Ugo Giovanni Gianino.
En marzo de 2015, también apuntamos, con cuidado para no perjudicar la investigación, que el tal Montaldo estaba detrás del proyecto PARQUIJOTE en Seseña y que ese mismo Montaldo había pagado al entonces alcalde, José Luis Martín, 700.000 €, supuestamente por unas «intermediaciones» en Marbella y Estepona, inexplicables y nunca explicadas:
La pregunta, por tanto, es si existen intereses de Montaldo en Seseña. Pues parece que sí. Durante la década ominosa del ladrillo, junto a la urbanización del Pocero, se empezó a tramitar otro gigantesco proyecto inmobiliario: PARQUIJOTE, un complejo de viviendas y parque temático en cuya promoción participaban las sociedades NUEVO MADRID, TIASTA y APEX 2000 y antes, TAU PROMOCIONES, SALVAGO 3, NUEVO MADRID y PROMOTORA LOMAS-BARAJAS.
Informes de la UDYCO que constan en el sumario de la operación Malaya, aseguran que tanto sociedades del grupo Salvago, como APEX 2000, una marca de IBERDROLA INMOBILIARIA, estaban controladas, directamente, por el miembro de la mafia calabresa Giovanni Piero Montaldo.
Pues bien, no ha hecho más que comenzar 2018 y el asunto PARQUIJOTE vuelve a la vida y comienza una acelerada tramitación por parte del actual alcalde de Seseña con la ayuda inestimable de tres tránsfugas de Ciudadanos:
«El Ayuntamiento de Seseña (Toledo) y un grupo de promotores privados están impulsando la construcción de un polígono logístico y unas 4.000 viviendas sobre una parcela de cuatro millones de metros cuadrados. El convenio entre el consistorio y las empresas se firmó el pasado septiembre, pero quien ya ha hecho un lucrativo negocio es el grupo malagueño Salvago Tres-Ponte Tresa, que compró los terrenos y que ha impulsado el proyecto. En este conglomerado empresarial aparece Giovanni Montaldo, un italiano condenado en la operación Malaya por sobornar a Juan Antonio Roca y que tiene fuertes vínculos con la Cosa Nostra siciliana y la ‘Ndrangheta calabresa, según informes policiales judicializados.
Las empresas con las que trabajaba Giovanni Montaldo entraron en Seseña en 1990 para promover Parquijote, una zona residencial y de ocio que incluía un parque temático y un campo de golf. Los socios y representantes de Montaldo adquirieron una finca de más de 40 hectáreas. Calificada como rústica y de secano, era el suelo más barato posible. Su valor catastral alcanzaba apenas 243.000 euros, una cantidad que se ha multiplicado por más de 200, hasta superar los 50 millones de euros por los que han vendido los mismos terrenos a tres promotores: Urconsa, Grupo Carreras e Iberdrola Inmobiliaria. Las sociedades del grupo Salvago Tres-Ponte Tresa, al frente de las cuales figuran representantes de Montaldo, han vendido el terreno en dos etapas, 2003 y 2016.
El 19 de junio de 2003, Tau Promociones, una de las sociedades del «holding», presentó el Programa de Actuación Urbanística (PAU) al Ayuntamiento. Solo un día después, tres mercantiles vinculadas a Montaldo -Tau Tres, Salvago Tres y Tau Promociones- vendieron 2,66 millones de metros cuadrados de suelo rústico al Grupo Urconsa por 37,3 millones de euros.
Ignacio Moreno Rodríguez, del grupo Salvago
Así lo revelan las escrituras de compraventa presentadas en el Ayuntamiento de Seseña para la firma del convenio. Precisamente, dos empresas de Giovanni Montaldo -Inverespaña Sema y Sur Inversiones Sema- pagaron entre 2002 y 2003 un total de 702.342 euros a una mercantil del entonces alcalde de Seseña, el socialista José Luis Martín, Servicios y Desarrollos Culturales Norte. El exregidor, conocido por haber facilitado la urbanización de El Quiñón a Francisco Hernando, el Pocero, fue juzgado por estos y otros pagos y terminó absuelto, pese a que no recordaba en qué consistieron esos supuestos trabajos de «intermediación inmobiliaria en Estepona» (Martín era taxista antes que alcalde).
Montaldo, que declaró en el juicio, en marzo de 2016, reconoció que trabajaba con el grupo Salvago, encabezado por José Ignacio Moreno Rodríguez y Francisco Manuel Moreno Torres, a los que citó como «comisionistas». Dijo haber pagado al exalcalde porque ellos se lo pidieron, porque «yo no tengo interés en Seseña».
No obstante, investigaciones de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional en la operación Malaya muestran cómo Moreno Rodríguez y Moreno Torres trabajaban para el entramado de la familia Montaldo, que controlaba la sociedad cabecera, Ponte Tresa. La UDYCO sostiene que «Montaldo y su esposa, Tatiana Aneta Eugenia Triacca, dominan una estructura mercantil de considerables proporciones que se dedican básicamente a los negocios inmobiliarios y hosteleros» mediante la que mueven «grandes sumas de dinero metálico, seguidos de rápidos traspasos entre cuentas del grupo de empresas regido por ellos».
El 13 de diciembre de 2016 el Grupo Logístico Carreras compró 857.173 metros cuadrados del mismo terreno, Parquijote, a otra sociedad del entramado, Globland España XXI. Fuentes conocedoras de la operación confirman a ABC que el precio fue «similar» al de Urconsa, esto es, a 13,24 euros el metro. Así, el importe asciende a 11,35 millones de euros. Poco antes, el 7 de noviembre de 2016, Iberdrola Inmobiliaria adquirió 511.432 metros cuadrados a los mismos vendedores, lo que supone unos 6,78 millones de euros. Así, los cuatro millones de metros que se vendieron (una parte de la finca había sido expropiada para una carretera radial) alcanzaron unos 53 millones de euros.
El recibo del IBI les daba un valor catastral de 242.842,40 euros, apenas un 0,5 por ciento del precio final de venta. Los vendedores no otorgaban solo la parcela, sino el trabajo de recalificación y la «promesa» de que saldría adelante.
El convenio firmado en septiembre por el actual alcalde de Seseña, Carlos Velázquez Romo, diputado autonómico por el PP, confirma que los trabajos del grupo empresarial de Giovanni Montaldo pueden terminar en éxito. El proyecto inicial del parque temático fue frenado por el alcalde que sucedió a Martín, Manuel Fuentes (IU). Ahora Parquijote ha mutado hacia un polígono logístico y miles de viviendas que aún no tienen los informes técnicos necesarios para comenzar su construcción.
ABC ha intentado contactar con el grupo Salvago-Ponte Tresa por teléfono y correo electrónico, pero no ha habido respuesta.
Manuel Moreno Torres, también de Salvago
Giovanni «Gianni» Montaldo es un viejo conocido de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, que lo ha situado varias veces como un presunto blanqueador de grupos mafiosos italianos en la Costa del Sol, principalmente Marbella y Estepona. El empresario, que pagó 700.000 euros al exalcalde de Seseña y que está detrás de la recalificación del polígono Parquijote, aparece en el «informe Meninno», elaborado por la Udyco en el año 2000.
La Policía Judicial seguía los pasos a un dirigente del clan siciliano «Santapaola», Gianni Meninno, ya fallecido, del que decían que mantiene «relaciones tanto personales, económicas y delincuenciales, bien a través de sociedades interpuestas, terceras personas, dirigidas al Crimen Organizado (..) muy estrechamente con Giovanni Piero Montaldo».
Udyco-Costa del Sol los definía como un «grupo organizado italiano, afincado en la Costa del Sol y dedicado a la comisión de estafas de todo tipo, con conexiones con el tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales y prostitución». Fue disuelto gracias a varias operaciones, pero consiguió reestructurarse. Además de con la Camorra, informes policiales de 2006 sitúan a Montaldo «relacionado con la mafia calabresa denominada ‘Ndrangheta».
Condenado en Malaya
Amigo de Juan Antonio Roca, Gianni Montaldo fue condenado por un delito de cohecho en el caso Malaya a ocho meses de prisión y multa de 150.000 euros. Sobornó al cerebro de la trama marbellí con al menos 300.000 euros para conseguir licencias urbanísticas. En el juicio negó pertenecer a grupos mafiosos».
Con una rápida autopsia provinciana, elevada a definitiva por una aún más diligente incineración del cadáver, el asunto Blesa queda en suicidio. Así será. Hay quien cree en cosas mucho más insólitas y, en cualquier caso, el horno crematorio ha eliminado toda otra posibilidad de afinar con mayor tino una segunda encuesta forense.
A pesar de todo, como suelen decir los soldados gringos: “la primera vez es casualidad, la segunda es mala suerte… la tercera es fuego enemigo”. Aquí no van tres, sino diez. El gremio de los pulcros putrefactos sufre, últimamente, una epidemia de muertes repentinas. Como digo, ya van diez: Juan Pérez Mora (suicidado) Isidro Cuberos (periodista cuyo cadáver fue hallado en un barranco cerca de Mijas y la causa de la muerte se dijo que fue un accidente de tráfico) Antonio Pedreira, Francisco Yáñez (muerto antes de declarar, sin causa conocida) María del Mar Rodríguez, esposa de Tomás Burgos Beteta, senador del PP (suicidada), Francisco Sánchez Arranz, Leopoldo Gómez, José Martínez Núñez (muerto por “causas naturales) Rita Barberá (también muerta naturalmente) Y ahora este elemento, Blesa. A estos diez, hay que añadir que Álvaro Lapuerta, tesorero del PP anterior a Bárcenas, quedó en coma después de sufrir “un fuerte golpe en la cabeza” cuando salía de su casa de Madrid.
La Muerte, además de flaca, es caprichosa ¿quién dirá lo contrario? Pero antojadiza o no, como cualquier matemático sabe, ella también obedece mansamente a las leyes de la estadística y se atiene, en su distribución, a la campana de Gauss. Digo con esto, que tal cosecha de fiambres en el estrecho círculo de poder y rapiña de la Segunda Restauración empieza a ser un imposible estadístico pero, además, si los que estiran la pata no sólo están inscritos en ese círculo de poder, sino que pertenecen al otro, mucho más angosto, de los empapelados en un procedimiento judicial y sí, para añadir más casualidad a la chiripa, los difuntos entregan su alma al Creador, antes de deponer en las audiencias o de que se termine el procedimiento, lo del imposible estadístico muda su condición en probable milagro y el Vaticano debería ejercer sus competencias.
Sea como sea, a Blesa lo ha matado un disparo. El aguilillo goloso al que Ildefonso Barcoj, ex director general de Caja Madrid, anunciaba por correo que el proveedor de caviar tenía disponible Sevruga a 170.000 pesetas kilo, aunque aconsejaba mejor el Beluga Royal 000 a 700.000 pesetas kilo, el coyote al que tranquilizaba diciendo que podía aliviar su sed –no saciarla, pues estos no se sacian nunca– por ejemplo, con 30 botellas de Vega Sicialia Único, cosecha del 94, que a día de hoy se encuentra en España a 568 € la unidad, entre otras muchas golosinas almacenadas para su contento, ha muerto o le han “morido” de un balazo en el corazón.
“Presidente –escribía el lacayo Barcoj– tal y como hablamos, hemos hecho una pequeña bodega para acompañar convenientemente las «excelencias» de nuestra cocina. La primera es una carta especial para tu uso, y la segunda para uso de los miembros del Comité de Dirección. A ti te actualizaremos todas las semanas, y a los directores se la entregamos cuando piden la comida. La diferencia es que en la tuya hemos incluido algunas exquisiteces (no todo va a ser ratio de eficiencia), tipo Vega Sicilia, Valbuena, ya habituales y Chateau D’Yquem. También te hemos hecho una selección de buen champán. Un saludo”.
Sin embargo, no nos engañemos, las golosinas que estos lameruzos embutían en sus andorgas son una fruslería, chucherías cotidianas y sin trascendencia que aliviaban los trabajos de estos Midas invertidos, que convertían en excremento el oro que tocaban. El hambre de estas hienas amaba y ama tajadas más gordas, sus ansias apuntaban alto, babeaban y babean por bocados más grandes, medían y miden su grandeza en virtud de despojos más imperiales; no obstante tales saqueos, las urdimbres de amistades y negocios que usan en el despojo de todo lo que alcanzan, se investigan poco y mal o no se investigan en absoluto.
Los cuatrocientos mil y pico euros que Blesa arrebañó con la tarjeta negra son una nonada teniendo en cuenta que de un sólo golpe Blesa concedió a José Romero González, capo de la mercantil PRASA, 400 Millones de Euros, según el Banco de España, “por debajo de los estándares de riesgo requeridos”, lo que traduciendo esta jerigonza de cambistas al castellano recio, significa que Blesa birló –pues los caudales no eran suyos– cuatrocientos millones de euros (400.000.000 €) para dárselos al Romero ese sin que concurriera en el enjuague esperanza alguna de recuperar lo dado.
No era eso negligencia, ni estupidez, ni ignorancia, ni descuido. El tal Romero se llevaba muy bien con Blesa, tan bien que es José Romero, a través de algunas sociedades interpuestas, el dueño –aunque es mejor decir, titular registral teniendo en cuenta que existen los contratos de fiducia o de “testaferría– de la finca donde Blesa ha ido a intimar con un proyectil del calibre 270, diez retributivos gramos de plomo, como pensarán los corzos del lugar si les llega la noticia.
Pero es que José Romero, dueño de PRASA, no es sólo compadre de Blesa, también conoce el húmedo tufo de las ergástulas y puede que lo vuelva a conocer cuando haya sentencia firme… si no sufre antes algún accidente, claro está.
Bono recibiendo regalos del detenido Barrientos
El 19 de junio de 2008 la policía, que antes había puesto cerco al ayuntamiento de Estepona y echado el guante a su alcalde, Antonio Barrientos, se llevaba preso al tal Romero. Era la operación ASTAPA, cuya instrucción acaba de cerrarse recientemente.
El caso ASTAPA, como se ha ido poniendo de manifiesto en Notitia Criminis, no se quedaba en la costa malagueña. Ese sumario facilitó valiosa información que desvelaba brazos de la piovra española en Toledo y no sólo por la manifiesta y cálida amistad que unía al preso Barrientos con José Bono –¿Cómo no iba a aparecer la huella fuliginosa de Bono aquí también?– Sino por cosas más preocupantes y más graves.
La operación Astapa implicaba, de una forma u otra, a personajes que conectaban los casos más importantes de corrupción. A partir de los «negocios» descritos en ese sumario, de las sociedades mercantiles que intervenían, de los directivos de esas sociedades, de los contactos y relaciones económicas entre unos y otros, en definitiva, dibujando la esterilla de los vínculos económicos que se deducían del sumario, uno llegaba, por ejemplo, a personajes como Luis Fernando Linares Torres, hombre de la trama vasco-malaya, a Miguel Ángel Lopez Toledano, relacionado también con Luis Delso, el de ISOLUX-CORSAN (ahora en concurso), con Alfonso Vegara Gómez –que a su vez estaba vinculado con el Borbón putativo Iñaki Urdangarín y los de la trama vasco-malaya– con José Manuel Tofiño Pérez, alcalde de Illescas y también imputado y con las maniobras en Aranjuez de David Marjaliza y Jose Antonio Alonso Conesa, ambos presos durante la operación PÚNICA, etc. Es decir, con contextos que enlazan los caso Malaya, Gürtel, Astapa y Púnica y otros de menor fuste.
Quien necesite más detalles sobre todo esto tiene información cumplida en Notitia Criminis, pero en la Estepona de aquel entonces también sucedió algo interesante. El 2 de mayo de 2010 el diario Público titulaba en primera página: “Los Bono tienen seis millones en patrimonio” y añadía: desde 2000 han adquirido 9 viviendas, un local y 16 hectareasl”. En el cuerpo de la noticia se leía lo siguiente:
“Santamaría le permutó un piso a Bono en condiciones muy favorables. La operación inmobiliaria más inusual realizada por los Bono se cerró en julio de 2006. Ese mes, la promotora Reyal, de Rafael Santamaría, un empresario muy ligado a Castilla-La Mancha y amigo personal de Bono, y la sociedad Ahorros Familiares Saja acordaron una permuta inmobiliaria. De acuerdo con los datos de la escritura, a la que ha tenido acceso Público, Saja recibió dos áticos de lujo de nueva construcción en el municipio costero de Estepona (Málaga), cuya superficie techada suma 267 metros y que Reyal valoró en 925.000 euros. A cambio, la sociedad patrimonial de la familia Bono entregó a Reyal un piso de 136 metros cuadrados localizado en la madrileña colonia de Mirasierra y por el que el matrimonio Bono había pagado 35.000 euros (5.425.627 pesetas) en 1982”.
Es decir, Bono le cambió a su Amigo Rafael Santamaría, propietario de REYAL URBIS (ahora quebrada) y constructor al fiado del palacete que el salobreño tiene en Olías del Rey, Toledo, un pisito del barrio del Pilar de Madrid por dos áticos de lujo en Estepona, contiguos y que fueron unidos para constituir una sola vivienda. El cambalache se cerró en julio de 2006, todavía en plena década ominosa del ladrillo, pero la cosa no queda ahí.
Primera página de la declaración del director general de PRASA en el caso Seseña
En Notitia Criminis hemos dado sustanciosa información sobre la mercantil SALVAGO TRES y sobre sus administradores, Ignacio Moreno Rodríguez y Francisco Manuel Moreno Torres. Estos individuos eran quienes –la casualidad siempre se ceba con Bono– comercializaban los áticos adquiridos por Bono, pero el constructor de dichos áticos era el de suso dicho Rafael Santamaría, y sigue sin acabar aquí el asunto. SALVAGO TRES es una mercantil directamente vinculada con Giovanni Piero Montaldo, un italiano que ha estado asociado en Marbella con miembros del clan siciliano de los Santapaola y al que la UDYCO considera miembro de la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta; y tampoco termina aquí la cosa, porque el mafioso Montaldo también se sentó en un consejo de administración con Rafael Santamaría; y siguen las coincidencias, resulta que Moreno Torres y Moreno Rodríguez aparecen como promotores del proyecto PARQUIJOTE (parque temático, chalets y campo de golf) en Seseña, la del Pocero y resulta que, según acreditó la instrucción del caso Seseña, el entonces alcalde del lugar, José Luis Martín, recibió 700.000 € de Montaldo como pago por unas supuestas intermediaciones en… sí, el avisado lector lo ha vuelto a adivinar, en Estepona y Marbella; él, Martín, un taxista de Seseña que declaró ante el juez tener dificultades para leer y escribir y que mantuvo, durante la tramitación de la urbanización del Pocero, estrechísimas relaciones con Bono, con García Paje, y con Gregorio Fernández Vaquero; y por si esto fuera poco, tenemos que Juan Ramón Alcántara, director general de PRASA, declaró el 5 de mayo de 2010 ante el Juzgado de instrucción n.º 4 de Illescas, precisamente, por la “intermediación” de Martín en Estepona, de la que traían causa los 700.000 € del mafioso italiano y en la que PRASA había intervenido directamente.
En fin, volviendo al principio, que el corrupto Blesa se pega –o le pegan– un tiro en una finca de uno de los principales imputados en el caso de corrupción del ayuntamiento de Estepona, al que le facilitó más de 400 millones de euros, y relacionados con la podredumbre centralizada en ese ayuntamiento, encontramos a los de siempre así como una directa relación de PRASA con el caso Seseña.
España no es un apretado archipiélago de casos de corrupción, es una cloaca podrida, un pantano donde este tifus se ha vuelto endémico. La única esperanza, el tenue consuelo que queda aquí, es que los nombres que aparecen en ese caldo en descomposición, siempre, una y otra vez, son los mismos. Si siguieran el ejemplo de Blesa, no necesitarían, todos ellos, más de una caja de de balas del calibre 270, pero no seguirán ese ejemplo, desde luego que no lo harán.
Bono, García Legaz y el el «chifu» de Guinea Ecuatorial, Obiang
En este 19 de julio, en el que, con un estampido histriónico, con un certero disparo –ya sea hecho de propia mano o de airada mano ajena– Miguel Blesa ha tenido la amabilidad de dejar la zahúrda hispánica y, con ella, el resto del universo mundo, sale también la noticia de que José Bono está desplegando sus artes de trapisonda zalamero con el guineano Obiang Nguema para que un tal Jaime García Legaz, que preside una sociedad estatal dedicada a dar avales a mercaderes españoles en el extranjero, haga negocios con este sátrapa africano, tan putrefacto como irrisorio… irrisorio si no fuera porque la tortura, las detenciones ilegales y el asesinato de Estado, maldita la risa que dan.
Los vínculos de Bono con Obiang empezaron a salir a la luz cuando su amigo El Pocero, el de Seseña, claro está, intentó buscar refugio en las selvas de Guinea Ecuatorial. Allí apareció el salobreño poco después, también acompañado de Zapatero y Moratinos. De hecho, Bono le dijo a Obiang que “No se puede ignorar lo que nos une, que es muchísimo más que lo que nos separa”.
Desde luego es “muchísimo” lo que une a Bono y a Obiang. Es más, según han declarado fuentes de la entidad que dirige García Legaz, a Bono, la CESCE, no le ha pagado “desplazamiento ni estancia en Guinea por una razón simple… Cuando llegamos, Bono ya estaba allí”.
Por otra parte, no olvidemos que ese García Legaz era el secretario de Estado de comercio hasta que la investigación sobre el caso del “Pequeño Nicolás”, un asunto que cada vez delata más cosas sobre las cloacas y las ratas del subsuelo del Estado, desveló su relación con el angelical mancebo y con las redes de corrupción y montajes policiales en las que estaba implicado.
Caen como moscas, en los alrededores de Bono, potentados, “bonzos”, prebostes, magnates, usureros, indianos de buen pelaje y de los que todavía tienen pegada a las greñas la costra de su reciente gañanía y hasta hay, en esa granizada, algún tonsurado glotón, por igual amante de lechones y monaguillos, pero él prevalece.
“Sabe mucho”, dicen los que saben, sin embargo, añado yo, nadie es más discreto con lo que sabe que un difunto. Debe ser por eso que Bono no es parroquiano habitual de monterías, batidas y ojeos. Lo suyo es trotar conventos, no la pólvora, ni el plomo, ni las redondas donde retoza “la canalla muy armada” adicta al monteo y a las migas con torreznos. Hace muy bien, que un tiro se le va al más salado y luego parece un accidente.
Tofiño es un hombre que habla con la mano en el corazón, un honrado maestro de escuela… digo, un maestro de escuela venido a mejor fortuna gracias a esa escalera de Jacob que es la política española, una escalera por la que no bajan ángeles, sino que suben a los cielos distintas alimañas y algunas personas.
Pues bien, Tofiño, actual alcalde de Illescas (otra vez) ha dicho que eso de que la multinacional AMAZON pretenda abrir un imperial centro logístico en su pueblo es un rumor. Literalmente, según la prensa, ha asegurado que “no se puede hacer caso a los rumores”. Tofiño locuto, causa soluta, a pesar de que el asunto, la llegada de Amazon a Illescas, haya sido aplaudida animadamente por Emiliano García Paje, el conocido sacristán de Bono, y por otros responsables políticos de la región.
Lo cierto es que Tofiño, al pretender cubrir el caso AMAZON-ILLESCAS con el velo de la confusión, miente y esta es la información que ha recabado Notitia Criminis de fuentes implicadas en la operación:
La multinacional AMAZON ya está formalizando las primeras compras de terreno en Illescas y las correspondientes escrituras de compraventa, según las fuentes consultadas, se están realizando en las oficinas de Notarios Monte Esquinza 6 C.B, en la calle de ese nombre, al lado de la famosa esquina con Génova donde tiene su sede central el PP.
Sin embargo, no es AMAZON, como entidad, quien figura en esos contratos, sino otra mercantil conocida hace años en Notitia Criminis, que estaría actuando como persona interpuesta o comisionista para Amazon: URBAN CASTILLA LA MANCHA, constructora con sede en Illescas (GARCIA LORCA, 56, 45200, ILLESCAS (TOLEDO) y que era una de las compañías implicadas en el PAU de las 20.000 viviendas y el soterramiento de la vía del tren (véanse aquí, algunos detalles sobre esa operación malograda por la crisis) Junto al buen amigo de Tofiño, Carlos Durán y al excelentísimo amigo de José Bono: Aurelio González Villarejo. En este momento, los cargos directivos de la empresa son Miguel Ángel González Naranjo y Miguel Ángel González Resino, habiendo ocupado también puestos en el consejo de Administración unos tales José Antonio e Iván Sevillano Melero.
URBAN CASTILLA LA MANCHA, que como he dicho, ha iniciado la compra de terrenos por cuenta y a cuenta de AMAZON, está recibiendo el dinero necesario para ello desde las oficinas centrales de Amazon para Europa en Luxemburgo. La intención inicial es que se adquieran entre 350.000 y 400.000 metros cuadrados de suelo en Illescas.
Las compras se están realizando en en el Sector «La Veredilla III» de Illescas (entre este pueblo y Yeles) Es decir, en el sector, SubCO 10 del Plan de Ordenación Municipal de Illescas, que en su día redactó el muy conocido por Notitia Criminis, Miguel Ángel López Toledano y de quien luego recordaremos algunas cosas. En dicho Sector URBAN actúa como agente urbanizador.
Las constructoras SACYR (de la que también se han contado algunas cosas sabrosas en Noticia Criminis, como la relación mercantil que tuvo con el italiano Giovanni Piero Montaldo condenado en la operación Malaya y considerado en informes de la UDYCO como miembro de la ‘Ndrangheta, la mafia de Calabria) ACS y ACCIONA ya están negociando con AMAZON para hacerse con los contratos de construcción de la planta logística, la cual se pretende que esté terminada a mediados del 2018.
Estos no son datos gratuitos ni vanos y, es de temer, que tampoco sean casuales. Entre URBAN CASTILLA LA MANCHA y Tofiño existe una larga relación cuyo punto álgido se alcanzó con el proyecto de Soterramiento de la vía férrea, un asunto que, finalmente, acabó con Tofiño imputado (investigado, se dice ahora) en el Juzgado n.º 2 de los de Illescas como posible autor de un delito de prevaricación.
Al respecto, ya escribí aquí que “ Terminada la década ominosa del ladrillo, el delirante intento –que empequeñecía al mismo Pocero de Seseña– quedó ahogado por la crisis y los “postulantes” a agentes urbanizadores reclamaron las cantidades entregadas como garantías del cumplimiento del convenio. En este contexto aparece una factura de 348.000 € pagada por el Ayuntamiento de Illescas, cuando Tofiño lo presidía. Dicho pago se hace por la redacción de unas “bases de ordenación estructural y detallada” de una serie de terrenos afectados por el soterramiento, en contra del informe de la Intervención municipal, sin proceso de licitación previo y sin informe técnico que justifique el importe y, además, a toda prisa. En cuatro días estuvo hecha la transferencia bancaria a favor del beneficiario.
Pero lo interesante es la identidad y condición de quien recibe los 348.000 €. Se trata de la mercantil MALT, SL. Esta entidad pertenece a Miguel Ángel López Toledano, un individuo del que se ha hablado detalladamente en Notitia Criminis. Fue director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid durante los gobiernos de Leguina. Es el redactor del Plan de Ordenación Municipal de Illescas; aparece en Aranjuez relacionado con las actuaciones urbanísticas que ahora se están investigando en el sumario de la operación Púnica; está vinculado, además, a la Fundación Metrópoli, dirigida por el también “urbanista” Alfonso Vegara Gómez, cuya relación con el imputado por corrupción Iñaki Urdangarín ya se puso de manifiesto en este blog antes de que la prensa publicara que ambos, Alfonso Vegara Gómez a través de la fundación Metrópoli, y Urdangarín, pretendían urbanizar la Albufera de Valencia; y, además su nombre –el de López Toledano– también aparece en el sumario de la operación Astapa durante la que fueron detenidos, entre otros, el entonces alcalde de Estepona y amigo íntimo de José Bono, Antonio Barrientos”.
Por otro lado, tampoco es casual que AMAZON envíe la guita a URBAN CASTILLA LA MANCHA desde Luxemburgo, conocido territorio tax haven o «guarida fiscal», para entendernos sin pedanterías anglófilas.
AMAZON ha sido acusada de desviar sus ventas en España a Luxemburgo para eludir los impuestos españoles. Así, las dos filiales con las que la multinacional actúa en España declararon, por ejemplo, números rojos en el ejercicio 2012 al tiempo que se acogían al régimen de PYMES para tributar aún menos. En este sentido, una de las prácticas desveladas del tinglado de Jeff Bezos consistía en facturar el IVA desde Luxemburgo al 3% en lugar de al 21%, lo que levantó revuelo en los pasillos de Bruselas debido a la competencia desleal que esto supone para el resto de las empresas de la UE.
Pero, además, AMAZON fue una de las 350 compañías multinacionales que protagonizaron el escándalo de “Los Papeles de Luxemburgo”. Se trataba de una serie de acuerdos secretos entre las compañías y el gobierno de ese refugio de bucaneros, para que éstas redujeran a lo ínfimo sus cuotas impositivas. Amazon, como demuestra este documento filtrado por Wikileaks, era una de las implicadas y en el ajo estaban los presidentes de la Comisión Europea y el Eurogrupo, el alemán Juncker y el holandés de apellido impronunciable Dijsselbloem, uno de los más esforzados saqueadores de Grecia y, también, de España.
Por otro lado, AMAZON, ha adquirido fama internacional por las condiciones esclavistas a las que somete a sus obreros, incluida la contratación de empresas tapadera de neonazis para cuidar de quesus empleados se porten bien en los campos de trabajo (Arbeiter Lager) que tiene en Alemania. Cierto que el contrato con esa gente fue rescindido, pero sólo cuando la denuncia de las conexiones neonazis llegó a la prensa alemana.
El armazón, como de costumbre, tiene su cara turbia y algo hedionda, pero dudo mucho que cualquiera de estas cosas sean la causa del pudor con el que Tofiño ventea humo sobre el asunto de la planta de AMAZON en Illescas. Conociendo el paño me columbro que el hecho tiene más que ver con los desvelos y cuidados que Tofiño se toma en que los propietarios del suelo, maliciados por la enjundia de la operación, no conciban la desagradable idea de subir el precio de sus terruños. De lo que sí estoy seguro es de que, esta vez, Tofiño no estrenará un bonito Lexus.
«Nucky» Johnson (Enoch Lewis Johnson) fue un hampón político que reinó sobre Atlantic City durante toda la ley seca y más allá. De hecho se le considera el padrino de la primera conferencia del crimen organizado americano durante la cual se le fotografió del brazo de Alfonso Capone. Se dice que entre las gracietas ingeniosas que tenía en su repertorio estaba la de afirmar que «cuando yo vivía bien, todos vivían bien».
No estaba equivocado el gangster. Todo corrupto que no sea un imbécil sabe que hay que repartir. Esto explica que en el territorio de esta calamidad ibérica, la corrupción, el birle, el crimen organizado para el saqueo público, nunca tenga mayores consecuencias políticas. En España no se odia a los gangsters, puede que ni se les envidie. Por el contrario, se les admira y se les hace diputados y gobernantes con la única condición de que dejen caer alguna limosna sobre un cuerpo electoral compuesto por pordioseros, allanados, serviles, pedigüeños y obedientes. En España el partido que siempre tiene mayoría absoluta, es el de los serviles.
Bono sabe eso, sabe que para perdurar en la plutocracia política hay que repartir. Sólo en España, digo, un fenómeno como el de José Bono puede darse y sostenerse en el tiempo. Veamos un ejemplo. En 2013 salió a relucir la noticia, de forma discreta, es cierto, pero noticia a fin de cuentas: El salobreño había sido contratado por el bufete Cremades & Calvo-Sotelo.
Ese despacho está en el puesto 68 del «THE LAWYER EUROPEAN 100» (un punto por encima del de Miquel Roca, el paladín hasta ahora fracasado de Cristina de Borbón, y lejos todavía del bufete Garrigues, que ocupa el número uno de la lista a pesar de haberse estrellado bochornosamente contra las líneas de Notitia Criminis). Su facturación, según dice, supera los 43 millones de € y su estrategia pasa por poner a sueldo a sujetos de apabullantes agendas, naturalmente no por el tráfico de influencias que potencialmente ello pudiera suponer, sino por su acreditada cualificación, sabiduría y pericia jurídica. Ahí no sólo está Bono, también, entre otros, están el expresidente de Campsa José Luis Díaz Fernández, el expresidente de Iberia Fernando Conte o el expresidente de Hewlett-Packard Juan Soto, gente selecta, en una palabra.
Pues bien, hace tiempo que en Notitia Criminis salió a relucir el nombre del letrado Javier Cremades. Fue en 2009, en una entrada titulada «Petra Mateos, persona de confianza de Bono, acerca el Caso Malaya hasta las puertas del despacho de José María Barreda«. En ese texto, mucho antes de las detenciones de la Operación Púnica, ya estaban los nombres de los presos David Marjaliza, José Antonio Alonso Conesa, Francisco Granados, del condenado Hernández Moltó y de algunos otros que todavía andan poniendo sus barbas y guedejas a remojo, como es el caso del «eco-urbanista» (todo lo que hace tiene nombre de «eco-algo») Alfonso Vegara Gómez, un individuo relacionado con mucha gente, por ejemplo, con Javier Arteche Tarascón y la trama vasca de la Operación Malaya, con el reo Iñaki Urdangarín o, sin ir más lejos, con Miguel Angel López Toledano, otro «urbanista» que aparece por Aranjuez, Estepona o Illescas (Toledo) en estrecha relación con su alcalde: José Manuel Tofiño.
Dando cuenta de la actividad de este Vegara Gómez en Aranjuez se decía, entonces, lo siguiente:
«Alfonso Vegara, Javier Cremades y el imputado en la Operación Gürtel José Luis Ulibarri
En este club de empresas llamado MALAGA VALLEY, y que según sus responsables pretende o pretendía hacer de la ciudad andaluza el Silicon Valley español, la fundación de Alfonso Vegara Gómez tiene intereses comunes con el prestigioso letrado Javier Cremades de Cremades & Calvo Sotelo y, precisamente a través de este abogado, es como se produce una curiosa coincidencia pues resulta que el constructor José Luis Ulibarri, amigo de Francisco Camps y de José Luis Rodríguez Zapatero al tiempo que imputado en el Caso Gürtel; apareció en Málaga de la mano, precisamente, de este mismo Javier Cremades (en la foto) y de Alfonso Vegara Gómez.
Según informó en su día El Observador, Ulibarri y Javier Cremades fueron los impulsores del congreso del club MALAGA VALLEY que tuvo lugar en el crucero Visión Athenaentre los días 8 y 10 de abril del 2007 y por el cual el ayuntamiento de Málaga pagó 150.000 €. Además hay que añadir que Ulibarri, el imputado en la Operación Gürtel, tiene importantes intereses urbanísticos en Malaga donde construye tanto vivienda de protección como privada».
Aunque la coincidencia parezca increíble tratándose de gente tan pulcra, resulta que una de las tareas de Bono en el despacho de Cremades, según informó el confidencial, fue precisamente ocuparse del éxito de esa cosa llamada «Málaga Valley«: «Se ha estado moviendo mucho, se ha implicado en que vayan a Málaga lo mejor del sector de la defensa».
La mercantil ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE nos descubrió a Petra Mateos, Alfonso Vegara Gómez, José Antonio Alonso Conesa… y ahora resulta que ese mismo Vegara Gómez nos traza el hilo que lleva a Cremades, a quien nos encontramos contratando a José Bono… ¿No dirá el sufrido lector que no tiene criadillas la carga de leña?
Bene vixit qui bene latuit (bien vive quien bien se oculta) decía un romano. El intrigante, turbio, espeso… digo más, fuliginoso Bono no ha leído a Ovidio y tampoco a Descartes, ni falta que le hace. Si el consejo lo aplica santamente una sabandija, que tampoco ha leído a esos, a mayor razón lo aplicará, con óptima precaución, José Bono.
Vienen a cuento Ovidio, Cartesio, la sabandija y Bono, porque el pasado 5 de septiembre el periódico digital «ESdiario» salía con una supuesta exclusiva. Decía que habían sorprendido a Bono, Paje, Fernández Vara y a Zapatero -el mismo que pacíficamente encajó, como buen encajador, aquello de «tonto solemne»- comiendo en «Amazónico», un figón madrileño frecuentado por finolis, niños litris, petimetres y relamidos de esos que ha criado en abundancia esta II Restauración. Comiendo -porque estos comen- e intrigando contra el patético Sánchez y a favor de la investidura de Rajoy, ello según el citado diario.
En noticia posterior, el mismo digital, rectificaba algo lo dicho. Por lo visto, Fernández Vara no asistió a la cuchipanda, aunque ha declarado que estaba al tanto, pero sí lo hizo un notorio ladrillero, a más de presidente del Atlético de Madrid, una tal Enrique Cerezo.
Dejémonos de tonterías. Desde hace tiempo, sobre las votaciones del Congreso de los Diputados, planea la «solución tamallazo» y sólo un alma de Dios, un tonto santo, un simple, un bendito, se creería que a esa cuadrilla le ha sorprendido alguien sin que ellos quisieran ser sorprendidos. Todos ellos, en grupo o por parejas, tiene cómo y cuándo verse en intimísimo contubernio (sin ir más lejos, en el picadero que tiene Bono en Toledo) como de sobra saben Paje y Bono. Si se han exhibido lo han hecho con perfecta voluntad, con intención, con dolo directo de primer grado.
Por eso, lo significativo del ayuntamiento, no es lo que Zapatero, Bono, Paje o Fernández Vara puedan urdir, tramar, mallar o, dicho con atroz barbarismo, complotar, que eso ya lo hacen todos los días y es la vida y placer del hijo del tendero falangista de Salobre. Lo que aquí cuenta, en lo que hay que fijarse, es en la presencia de Enrique Cerezo y el pestilente tufo a delito que rodea a las operaciones inmobiliarias del Atlético de Madrid o mejor dicho, a las operaciones inmobiliarias de los herederos de Jesús Gil y Gil.
En 2008, y ya ha llovido y se ha secado desde entonces, aquí se dedicaron cuatro capítulos a la «Operación Mahou-Calderón«. Así comenzaba el primero de esos textos:
«Ruiz Gallardón, el alcalde de Madrid y amigo de José Bono, acaba de firmar el convenio que impulsa, definitivamente, una de las mayores operaciones urbanísticas de Madrid y que afecta a los terrenos del estadio “Vicente Calderón” y de la antigua fábrica de cerveza Mahou. En términos escuetos, dicha operación consiste en la creación de un parque en el suelo del estadio de fútbol y el traslado de su edificabilidad al solar, aledaño, de la cervecera.
El negocio relaciona a una sociedad anónima deportiva marcada por el signo de la corrupción desde que el finado Jesús Gil se hizo con el control del Atlético de Madrid, entidad aún controlada por sus herederos; y a la mercantil RTM DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y SOCIALES (CIF: A84030980) en la que participan personajes como Marc David Rich, famoso en ciertos círculos, sobre todo los del FBI y los de los Juzgados de Corcubión, donde se instruye el caso del Prestige; el “malayo” Enrique Ventero Terleira; el responsable de la quiebra de MARTINSA-FADESA, Fernando Martín; y últimamente la propia Esther Koplowitz, a través de FCC.
Además, las dos entidades, la deportiva y la promotora, no son ajenas entre sí. Mientras la Sociedad Anónima Deportiva, presidida por Enrique Cerezo Torres y controlada mayoritariamente por la familia Gil a través de las sociedades HOLDING DE INVERSIONES ATLÉTICAS y PROMOTORA INMOBILIARIA LA ALHAMBRA; tiene como administrador al “malayo” Enrique Ventero Terleira y como Secretario al letrado Pablo Jiménez de Parga Maseda; en la entidad RTM DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y SOCIALES aparece como secretario el mismo Pablo Jiménez de Parga y, como uno de los accionistas, la empresa VENTERO MUÑOZ S.A., es decir, una de las sociedades del imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira, abajo en la foto. Por otra parte en la sociedad ANDRIA INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A, perteneciente en un 65% al citado Marc Rich Wang a través de la empresa domiciliada en Amsterdam, DORSALIS BV, también consta como Secretario el citado Pablo Jeménez de Parga Maseda.
Sólo debido a la presencia de estos nombres o de algunos de estos nombres, la Fiscalía Anticorrupción debería sacar a relucir sus lupas más potentes pero es que, además, los números que se manejan en la operación inducen a la más vehemente de las sospechas».
Recordemos alguna otra cosa: 1.- Caja Castilla la Mancha, presidida por el ahora condenado -a poco pero condenado- Hernández Moltó prestó a los principales capos de la operación Malaya (Roca, Pedro Román Zurdo, Javier Arteche Tarascón y sus socios y el arriba mencionado Enrique Ventero Terleira) no menos de 200 Millones de € (doscientos millones) naturalmente irrecuperables y nunca recuperados. 2.- La llamada «Trama Vasca» de la Operación Malaya estuvo actuando libremente en Castilla la Mancha mientras Bono o su famulus Barreda la gobernaban. 3.- La misma presencia de esa «Trama Vasca» de la operación Malaya fue descubierta (diré sin modestia alguna que por Notitia Criminis) actuando en Aranjuez. 4.- Aranjuez fue y es el epicentro de la Operación Púnica y allí coincidían con los «malayos», los detenidos David Marjaliza y José Antonio Alonso Conesa, por cierto, formando sociedad con la mano derecha de Bono después que confesa Celestina de Boyer, la famosa Petra Mateos Aparicio…
Podríamos seguir, pero no es necesario. Decía que la presencia en el festín de Cerezo, el socio de los Gil, del delincuente internacional Mar Rich y del condenado en el juicio de la operación Malaya Enrique Ventero, era lo significativo. Que juzgue por qué el lector si tiene juicio.
A continuación los enlaces a las entradas directamente relacionadas con la operación inmobiliaria del estadio Vicente Calderón y con quines en ella estában implicados.
Pompa junto a sus amadas cepas y frente a la casa que se construía en Carranque
Alejandro Pompa Mingo, ex alcalde «bonista» de Carranque (Toledo) y por si eso fuera poco, «ingeniero naval privado no homologado», como se declaró ante un juzgado de Illescas que le investigaba por presunta corrupción, prepara una moción de censura para el próximo septiembre contra el actual alcalde de PODEMOS, Javier Martín Manglano.
Están pasando cosas extrañas en ese pueblo, ya especialmente señalado durante la década ominosa del ladrillo: Uno de los miembros del equipo de gobierno del Alcalde Manglano, tránsfuga de CIUDADANOS, presentó su dimisión y abandonó el Ayuntamiento: otro de los miembros de dicho equipo de gobierno, el concejal de Medio Ambiente, fue cesado, a mano airada, por el Alcalde aunque hasta la fecha, sigue cobrando el dinero que tenía asignado por el puesto que ejercía (lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos si la efectividad de tal cese se sigue retrasando indefinidamente); la nueva concejal de CIUDADANOS, que ocupará el puesto del dimitido, lo hará asumiendo su misma posición en el equipo de gobierno del Ayuntamiento, lo que la definiría, a ella también, como tránsfuga de su partido; ayer mismo el concejal de IU, que ni había suscrito el pacto de gobierno, ni formaba parte del equipo del Alcalde Manglano, presentó su dimisión después de ser convocado a una reunión con Alejandro Pompa en la que éste le ofreció, si apoyaba la moción de censura, el puesto de Concejal de Turismo; el Secretario Interventor del Ayuntamiento, por su parte, también abandona su cargo…
Se diría que la situación delata un pánico generalizado, más si consideramos que la prevista como alcaldesa tras la moción de censura es Victoria Cándida Lozano («la Pizca», como se la conoce en el pueblo, en recuerdo de la que fuera su abuela) y no quien encabezaba la lista avalada por el «privado no homologado» Pompa, Mª José Martínez Aboin, lo que hace pensar en una pantalla de seguridad mediante la cual tanto Pompa como su mujer de confianza en el PSOE de Carranque, Mª José Martínez, se blindarían ante posibles querellas criminales.
Según el propio Pompa, la razón de esta moción de censura es que el Alcalde Manglano se traslada a Zaragoza por asuntos personales. Estúpido pretexto, sin duda, porque si eso fuera cierto, bastaría con la dimisión de Manglano y la subsiguiente elección en Pleno de un nuevo regidor…
Hernández Moltó, el hombre de Bono y Barreda en CCM, ha sido condenado a dos años de prisión, inhabilitación y multa. Teniendo en cuenta lo ocurrido y lo descubierto en CCM esta condena resulta ridícula, pero convierte a Moltó en un convicto, en un condenado. No entrará en prisión, pero no dejará de ser autor de un delito, un delincuente.
Poco a poco, año tras año, los nombres que desde 2006 han ido apareciendo en este blog acaban ocupando su puesto en las cuerdas de presos de las distintas operaciones anticorrupción. Todavía faltan algunos pero aún así no ocultaré mi satisfacción al ver cómo los tribunales ratifican lo denunciado aquí.
Así se va cumpliendo el deseo de Virgilio: Dioses, barred de la Tierra esta odiosa peste.
De izquierda a derecha, Javier Martín, alcalde de Carranque y el secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina
La privatización del alumbrado
Ya en el pleno del ayuntamiento de Carranque (Toledo) de 11 de julio de 2015, el nuevo alcalde, Javier Martín Manglano, hizo referencia a la presencia de sociedades de la trama Púnica en la contratación municipal. Posteriormente, según se publicaba en El Español, Javier Martín identificó a ese cabo de la mafia de Granados y Marjaliza. Se trataba de la mercantil ASPROENER.
“En un principio, el anterior alcalde de Carranque intentó aprobar un contrato con Asproener para realizar una evaluación de eficiencia energética sin hacer público el precio del mismo. El secretario interventor del municipio paró este contrato, por lo que como respuesta, Asproener y el gobierno del PP acordaron un nuevo contrato por un valor de 18.000 euros, cantidad máxima establecida por la ley para que se pueda establecer (sic) un contrato público sin concurso.
El contrato se firmó finalmente el 10 de enero de 2012 y meses después Asproener presenta un estudio de eficiencia energético que resulta ser prácticamente idéntico al realizado por otra entidad en 2010. El alcalde de Carranque, Javier Martín, ha señalado que pagar por este estudio era innecesario –dando por hecho que se ha pagado–, primero porque otras compañías lo realizan gratuitamente y, también, porque entre 2010 y 2012 no se habían producido modificaciones del alumbrado público que pudieran cambiar sus resultados. Martín ha explicado que este caso es muy similar al que ha ocurrido en la localidad de Arroyomolinos y que ha provocado que un juez acuse a los responsables de un delito de menoscabo de las arcas municipales”.
Es rigurosamente cierto que ASPROENER está siendo investigada en el sumario de la operación Púnica como parte del mecanismo por medio del cual COFELY y otras entidades relacionadas, sobornaban alcaldes para alzarse con contratos públicos. En las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional dicha mercantil aparece en los tomos 39, 54, 55 y 59, a salvo de que exista más documentación en la parte del sumario que está aún bajo secreto.
Baste como ejemplo este párrafo del Tomo 39 del sumario, folio 20.221, incluido en uno de los informes de la UCO: “Los correos electrónicos mantenidos entre responsables de la empresa que al parecer efectuó la auditoría —ENERGIUM SL— con responsables de La empresa auditora que cobró finalmente de la empresa COFELY-ASPROENER SL; y las comunicaciones de estos últimos con GAELA HAMON (COFELY), durante el proceso de licitación y en fechas todavía abiertas a la presentación de las ofertas, serian también demostrativos del concierto urdido entre todos los actores descritos con anterioridad”.
Es decir, el alcalde Martín tiene toda la razón al denunciar la presencia en Carranque de parte de la organización criminal de David Marjaliza Villaseñor, José Antonio Alonso Conesa y de Francisco Granados, los tres ya señalados por Notitia Criminis mucho antes de que nadie supiera nada de la operación Púnica (véase este texto sobre Petra Mateos y la presencia de los capos de la Púnica en Aranjuez).
También tiene razón en afirmar que la “auditoría energética” –siempre este esnobismo irritante, que con sustantivos vanos pretende ennoblecer lo que era un mero recuento de farolas– contratada con ASPROENER era inútil e innecesario y, por tanto, injustificado el gasto de 18.000 € que el Ayuntamiento debería pagar a esa entidad por su trabajo; y más injustificada aún, la privatización del servicio.
Bajo palio en Carranque, Pompa, Fernández Retana y la Martínez Aboín
Sin embargo, a partir de aquí comienzan los misterios, misterios que atañen a lo ocurrido en Carranque durante el Gobierno del PP y a lo denunciado por el actual alcalde de Podemos, el partido lila, sostenido en el cargo por el PSOE, es decir, por Alejandro Pompa, muy viejo conocido de Notitia Criminis y de los taberneros de la provincia.
Según Martín, los 18.000 € pagados a ASPROENER no supusieron que el mantenimiento eléctrico de la localidad fuera a parar a una empresa de la Púnica, sino a otra, que aún apareciendo en el sumario, lo hace fuera de la investigación, como competidora de la trama Púnica en varios concursos públicos, a saber: ELECNOR. Así consta en los Tomos del Sumario 27, 28, 29, 42, 54, 55, 58 y 59.
Esto, en sí mismo, es extraño porque uno esperaría que donde aparece una parte de la organización delictiva, también apareciera la que venía sirviendo como instrumento de succión de contratos públicos, es decir, COFELY o cualquiera de sus marcas, convertida en adjudicataria del contrato licitado por el ayuntamiento de Carranque, precisamente porque ese era el grueso del botín.
Pero aún hay algo más extraño y que el nuevo alcalde silencia aunque necesariamente conoce. En el Acta del pleno del Ayuntamiento de 27 de diciembre de 2011, punto 4º “Gestión Energética. Optimización del Consumo Energético” el Secretario expone los términos del “convenio” con ASPROENER en los siguientes términos: “Por mi el secretario, de orden del Sr. Alcalde, se expone que se trata de una medida de ahorro a través de la que se pretende contener el gasto corriente, y de la que en pleno celebrado el pasado día 10 de noviembre del año en curso, se dio cuenta con ocasión del análisis de la oferta recibida de la mercantil ASPROENER, tratándose ahora de prestar la aprobación del Pleno al Convenio de Gestión Energética, a suscribir con la referida mercantil en una redacción definitiva, en la que se establece a diferencia de la anterior un coste de 18.000,00 €. por la Auditoria, para el supuesto de que el Ayuntamiento no efectuase convocatoria de la licitación para la gestión del contrasto de gestión integral del alumbrado exterior que supondría el cambio del alumbrado público exterior”.
Es decir, según consta en el Acta, ASPROENER cobraría 18.000 € por su “auditoría” si y sólo sí el Ayuntamiento no licitaba la gestión del alumbrado exterior del pueblo, es decir, sólo en el caso de que no privatizara tal servicio, de lo que se sigue que habiéndolo privatizado, los 18.000 € no se han pagado.
Sin más, tal y como está redactada el Acta, la cláusula parece grotesca. ¿Qué era ASPROENER? ¿Una fundación benéfica dedicada al fomento de las privatizaciones? ¿Una ONG llamada “Privatizadores sin Fronteras” o “Privatizatoribus Mundi”? ¿Esa entidad mercantil, cuya única razón de ser es obtener lucro por su actividad y que, además, pertenece a una trama en la que lo lucrativo se persigue, si hace falta, mediante el crimen, ofrece su trabajo gratia et amore sólo a condición de que el Ayuntamiento privatice un servicio aunque el beneficiario de esa privatización no sea la propia trama corrupta?.
La realidad es otra y menos absurda. La cláusula quedaba condicionada a la privatización del servicio, exonerando al Ayuntamiento del pago de los 18.000 €, porque según se disponía en el Pliego de Condiciones del concurso de adjudicación, sería el adjudicatario el que debería liquidar esa cantidad a ASPROENER. Es decir, a la tapadera de la trama Púnica le paga ELECNOR y no el Ayuntamiento de Carranque.
Pero no es esto lo que el alcalde Martín dice. Habla de un conste innecesario de 18.000 € por una auditoría energética encargada a una empresa que servía como instrumento de cohechos múltiples entre los alcaldes de la zona sur de Madrid. Da a entender o afirma sin más, que el Ayuntamiento incurrió en ese coste, es decir, que fue el Ayuntamiento quien pagó a esos “cartagineses” o “púnicos” pero como sabe que tal pago no se consumó, se cuida mucho de hacer lo que en tal caso debería haber hecho para no incurrir él mismo en responsabilidad criminal por encubrimiento: presentar inmediatamente denuncia o querella ante el más que evidente delito de malversación de fondos públicos que se habría cometido y no es eso lo que ha sucedido. Se ha limitado, en manifiesta operación propagandística, a aportar documentación a las diligencias que instruye la Audiencia Nacional, sin formalizar denuncia y sin personarse en la causa.
Tiene razón el Alcalde en pretender que se investigue cualquier cosa relacionada con una trama de corrupción y también la tiene en oponerse a la privatización de servicios públicos. En cuanto a privatización, si es cierto, como él dice, que ELECNOR está incumpliendo flagrantemente las condiciones de la adjudicación, lo que tiene que hacer la Corporación presidida por Javier Martín es iniciar inmediatamente los trámites para la rescisión del convenio. Respecto a la presencia de tramas de corrupción en Carranque, debe denunciar pública y judicialmente, cualquier presencia de personas o entidades relacionadas con la trama Púnica en el municipio. Lo primero, hasta la fecha, no lo ha hecho, lo segundo sólo parcialmente y olvidando que, no 18.000 €, sino más de 5.000.000 de € (cinco millones) se pagaron a unos individuos directamente asociados a David Marjaliza Villaseñor, uno de los principales, sino el principal capo de la operación Púnica. Se trata del coste de la adjudicación y construcción de la “Casa de la Cultura” a la mercantil PEYBER, propiedad de los hermanos Gallego Peinado y Díaz Bermejo, los primeros naturales de Carranque y los segundos del pueblo vecino, Ugena, donde son conocidos como “los Abubillos”.
Los socios de Marjaliza y la casa de la cultura de Carranque
Según lo publicado en la página de Podemos Castilla la Mancha, el nuevo alcalde de Carranque “desde sus primeros días ha estado indagando sobre cuáles son las causas que han llevado a Carranque a ser uno de los ayuntamientos con más deuda per cápita de España (más de 11 millones de deuda con una población que no llega a los 5.000 habitantes)”.
Bien, vamos a despejar gran parte de esas dudas que inquietan a Javier Martín. De los 11 millones de € que asfixian la vida pública de Carranque, 5.083.498,49 €, es decir, prácticamente la mitad de la deuda del municipio, corresponde al precio pagado a PEYBER HISPÁNICA por la construcción de la Casa de la Cultura, cantidad esta a la que se deben sumar los intereses del crédito solicitado por Alejandro Pompa, entonces alcalde, para pagar sin tardanza a la empresa de su amigo Jesús María Gallego Peinado que –como el alcalde Martín sabe y si no lo sabe ya le informo yo– a la sazón, también era el aparejador municipal del Ayuntamiento.
Los hechos que envolvieron la adjudicación de la casa de la cultura y la ampliación del precio de licitación una vez que la concesión estuvo otorgada a PEYBER, fueron denunciados en su día por Izquierda Unida ante el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo.
Dicha denuncia no prosperó. D. José Javier Polo, el citado fiscal, mediante un auténtico hallazgo jurídico, introdujo, a limine litis, una nueva eximente completa que no consta en el artículo 20 del Código Penal ni en ningún otro texto normativo o sentencia de Tribunal competente: la de “escaso contenido penal”.
El señor fiscal, en nota de prensa –lo que igualmente es un comportamiento insólito en el ministerio Fiscal– dijo que archivaba la denuncia de Izquierda Unida porque en los hechos apreciaba “escaso contenido penal”. Sin embargo, las resoluciones de un fiscal no son sentencias ni causan efecto de cosa juzgada, así que el alcalde de Podemos debe saber que lo sucedido con la Casa de la Cultura de Carranque puede volverse a denunciar ante un juez y que la responsabilidad criminal que pudiera derivarse de ello no está prescrita.
Digo esto, debido a que el grupo constructor PEYBER también está vinculado a la trama Púnica, o lo ha estado antes de su quiebra, porque una empresa o marca del Grupo PEYBER aparece en las diligencias del sumario Púnica y porque tal información, sin duda, interesa al alcalde Martín ya que asegura estar dispuesto a barrer de Carranque cualquier cosa que presente indicios de corrupción.
Como ya se ha denunciado en Notitia Criminis, David Marjaliza Villaseñor, capo de la Púnica en prisión actualmente, era socio del grupo constructor PEYBER, adjudicatario de la construcción de la Casa de la Cultura de Carranque –ahora ayuntamiento, pues o bien sobraba casa o faltaba cultura en el lugar– y también agente urbanizador del fracasado “Campo de Golf”, ambas actuaciones multimillonarias, denunciadas ante la fiscalía anticorrupción de Toledo, como ya he dicho, por Izquierda Unida.
También, relacionados con el mismo grupo constructor a través de un tal Victor Manuel Clemente Alonso, que fuera consejero de la mercantil IZEN INNOVACIÓN S.L, aparecen el detenido en la Púnica José Antonio Alonso Conesa y Antonio Miguel Méndez Pozo, un expresidiario igualmente implicado en la Púnica, gran amigo de José Bono y cuyo rastro por Castilla la Mancha pasa por muchos sitios, incluido el escándalo del aeropuerto de Ciudad Real. Estos son los datos:
«En el grupo PEYBER, actualmente en concurso de acreedores, aparecían las sociedades TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1 a 5.
En TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2, SL, asociado a los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado (Peyber) estaba un sujeto llamado José Villarig Lou, implicado en la trama delictiva del caso GESCARTERA. Por otra parte, en TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, SL, consta como socio la mercantil VANCOUVER GESTIÓN, que a su vez era propiedad del Grupo DICO, implicado en la operación Púnica y de ARAUNA CORPORACION Y CONSULTING S.L, propiedad del detenido en la misma operación, David Marjaliza Villaseñor.
Pues bien, no acaban aquí los vínculos entre PEYBER y personas o entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional en relación con la que el propio Juzgado de Instrucción ha calificado como organización criminal dirigida por Granados y Marjaliza.
Además de lo anterior, en la sociedad TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, S.L., es consejero un tal Victor Manuel Clemente Alonso, nombrado el 27 de septiembre de 2007 y que cesa en el 15 de octubre de 2012.
Victor Manuel Clemente Alonso también está en los consejos de administración de más de una docena de sociedades, todas muy interesantes, incluido el club de fútbol Getafe, pero lo que ahora importa es que hasta el 12 de febrero de 2009 tenía los cargos de consejero del mancomunado y consejero en la sociedad IZEN INNOVACIÓN S.L., investigada, como digo, por su relación con la trama Púnica.
El historial del consejo de administración de esta sociedad es de gran interés. El 24 de feberero de 2009 fue nombrado administrador único de la sociedad, Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo, pero el mismo día, cesaban como consejeros los siguientes individuos:
David Marjaliza (ahora en prisión)
Agustín Clemente Alonso (con toda seguridad hermano de Víctor Manuel)
José Miguel Físico Cabañas, director de inversiones de CCM Corporación cuando la Caja de Castilla la Mancha estaba presidida por Hernández Moltó y, por ejemplo, se prestaron más de 200 millones de € a implicados en la operación Malaya.
José Antonio Alonso Conesa, tambíen detenido e imputado en la operación Púnica.
José Luis Rodríguez Romo, que fuera Director General Adjunto con el imputado Hernández Moltó y que, cosa interesante, también estaba en los consejos de las mercantiles CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22 SL, donde compartía mesa con un tal Juan María López Alvarez, socio de MOLA 15, donde aparecen implicados, de una forma u otra, los «malayos», Bruno Baumann, Juan Germán Hoffmann, Pedro Román Zurdo, Juan Antonio Roca, etc.
Si a Javier Martín y a Podemos de Castilla la Mancha, les preocupan 18.000 €, no pagados por el Ayuntamiento a una empresa de la Púnica, con mucha mayor razón deberán preocuparse por los 5 millones largos pagados a PEYBER, tan vinculada a los gerifaltes de la trama Púnica y cuyas actuaciones en Carranque presentaban “escaso contenido penal”, según el fical Polo, lo que leído a contrario es la afirmación, hecha por un fiscal anticorrupción, de que esas actuaciones presentaban carácter penal o criminal, aunque antes de iniciar la investigación, tales indicios de criminalidad pudieran parecer “escasos” al señor fiscal.
Sin embargo, sobre este asunto, tanto Podemos Castilla la Mancha como el alcalde Martín, no sólo guardan un riguroso y cartujo silencio, sino que parecen querer diluir el hecho de que fue Alejandro Pompa (PSOE) quien, cuando era alcalde, impulsó la concesión de una obra de más de 5 millones de € a la mercantil PEYBER HISPÁNICA, una cantidad que es casi la mitad de la deuda del municipio.
Javier Martín lleva años viviendo en Carranque, su tío Segundo, mantiene una publica amistad con el citado Pompa, conoce, por tanto, estas circunstancias y las silencia. Es comprensible, su cargo de alcalde depende de los votos del PSOE local, es decir, de Alejandro Pompa y, además, en el año transcurrido desde la asamblea de Vistalegre ya hemos comprobado cómo el partido lila, en torbellino de oportunismo pocas veces visto, ha pasado de su discurso inicial a distinguir entre la “casta” buena y la “casta” mala, entre la corrupción buena y la corrupción mala, entre los banqueros buenos –como el difunto Botín– y los banqueros malos, entre políticos rapaces como Cospedal y políticos honestos y generosos, como Bono…
También hay otro hecho capaz de incidir sobre la memoria de Javier Martín con respecto a PEYBER. Su alcaldía, hay que repetirlo, depende del apoyo del PSOE y la cabeza de lista de ese partido, Maria José Martínez Aboín, impuesta como tal por Alejandro Pompa en contra resultado de las primarias de la Agrupación local, es prima hermana de María de las Mercedes Aboín Martín, esposa de Miguel Angel Gallego Peinado, uno de los hermanos Gallego Peinado propietarios del grupo PEYBER.
Es pronto para emitir un juicio definitivo sobre Javier Martín. Si quisiera barrer la podredumbre de Carranque tendría mi apoyo, pero no hay trazas de que esto vaya a ser así. Al contrario, demasiadas cosas apuntan a que en Carranque, Podemos, también distingue entre una “castuza” buena y una “castuza” mala, entre una presunta malversación muy relevante de 18.000 € y una presunta malversación, totalmente irrelevante, de 5.000.000 de €, entre la cínica propaganda y la denuncia de la corrupción.
Apéndice. Texto de la denuncia de Izquierda Unida relativo a la concesión de la Casa de la Cultura de Carranque
Se reproduce a continuación el apartado de la denuncia presentada en 2007 por IU ante la Fiscalía Anticorrupción, relativo a la concesión de la construcción de una “Casa de la Cultura” en Carranque, impulsada y aprobada por Alejandro Pompa cuando éste era alcalde:
DECIMOCTAVO.- Que la mercantil PEYBER HISPANICA S.L., se ha visto beneficiada, también, como se ha dicho más arriba, por la concesión de un Contrato para la Construcción de una Casa de la Cultura en Carranque, en cuya tramitación y aprobación concurren diversas irregularidades e indicios de posibles delitos.
En tal sentido, el día 30 de agosto de 2005 se celebró nuevo Pleno en el Ayuntamiento de Carranque. En el punto 4º del Orden del Día de ese Pleno, se sometió a aprobación y se aprobó, la “CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA”.
El acuerdo adoptado, según los puntos 4.1 y siguientes del Acta de esa sesión, fue: “autorizar el gasto de 3.594.900 € con cargo a las partidas 451.622.01 del Estado de Gastos del Presupuesto General vigente, y las que correspondan de los años 2006 y 2007 para atender a la financiación de las obras de Construcción de una Casa de la Cultura”.
También se aprobó el correspondiente Plan de Financiación y, en el punto 4.3, “el Proyecto de construcción de una Casa de Cultura en el solar municipal situado en la Plaza de las Eras nº 5 con vuelta a Calle Espejuelo, redactado por el Arquitecto D. Ángel Menéndez Fuster y con presupuesto de ejecución por contrata de 3.594.900 €”.
DECIMONOVENO.- Con anterioridad a esta aprobación, la Concejal Amelia Guzmán objetó que “según los datos de que disponía, procedentes del Registro de la Propiedad de Illescas, sólo aproximadamente ochocientos metros cuadrados de la finca en cuestión habían sido adquiridos por el Ayuntamiento, mientras que la Casa de Cultura que se proponían construir suponía actuar sobre una superficie de mil cuatrocientos metros cuadrados”.
A esto, contestó el Alcalde Pompa, “que el Ayuntamiento había adquirido legalmente la finca urbana situada en la Plaza de las Eras nº 6 con vuelta a Calle Espejuelo de aproximadamente mil cuatrocientos metros cuadrados de superficie a la entidad mercantil Runio, S.L., sin que nadie hasta la fecha hubiera cuestionado nada al respecto”.
Las dudas se producían porque los propietarios originales de la casa sita en la dirección citada —La familia de D. Félix Renovales— Habían sufrido embargo de una porción del solar correspondiente a los citados ochocientos metros cuadrados y no del resto de la superficie, lo que hace aconsejable investigar el iter registral de esa finca por si se hubiera producido una situación de usurpación al socaire del desastre económico y personal de la familia que fue su propietaria.
VIGÉSIMO.- Según el “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Concurso para la Construcción de una Casa de la Cultura”, cláusula XIII, “los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del concurso por orden decreciente de importancia serán los siguientes:
Mejoras objetivas del proyecto (materiales, actuaciones adicionales, etc.)
Menor plazo de ejecución de las obras.
Menor precio ofertado.
Las ofertas presentadas se valorarán aplicando a los criterios precedentes los porcentajes de hasta el 50%, 30%, y 20%, respectivamente, correspondiendo a estos máximos los mejores criterios de entre todos los ofertados”.
Nótese bien, que las “mejoras” quedan a la voluntad de las empresas licitadoras y de ellas, naturalmente, no se establece ninguna condición técnica en el Pliego de Cláusulas. Es decir, ningún licitador tiene información pública de qué es lo que entiende el Alcalde Pompa por “mejoras” y ningún documento permite juzgar, a posteriori, los criterios con los que se evaluaron esas “mejoras”. Es más, esta preeminencia casi absoluta de las “mejoras” como criterio de adjudicación, provoca una situación idónea para que el tráfico de información privilegiada de sus frutos.
Se adjunta copia del Acta de 30 de agosto de 2005 como documento nº 77
VIGÉSIMOPRIMERO.- Posteriormente, con fecha 25 de octubre de 2005, se celebró nueva sesión plenaria de la Corporación. En el punto 5 —Construcción de una Casa de la Cultura, contratación— del Acta de dicha sesión se lee: “informó el Sr. Alcalde que el acto de apertura de plicas de la licitación convocada para la contratación de referencia, se había producido por la mañana del día en curso y que, habiéndose ofertado mejoras técnicas al proyecto licitado, por varias empresas participantes, resultaba necesario someter las mismas a informe del Arquitecto Municipal para concretar su valoración de acuerdo a los criterios fijados en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas aprobado por la Corporación y, en consecuencia, dejaba sobre la mesa este punto del Orden del Día hasta disponer del informe técnico referido”.
Se adjunta copia del Acta de 25 de octubre de 2005 como documento nº 78
VIGÉSIMOSEGUNDO.- Con fecha 1 de Diciembre de 2005 se celebra nueva sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Carranque en el que en su punto 4 del Orden del Día se somete a su aprobación la ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA.
En la citada Acta constan como licitadores las siguientes sociedades mercantiles: FONORTE EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.; PRASI, S.A.; PEYBER HISPANICA S.L.; NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.; ESTRUCTURAS TUBULARES S.A. y ELSAN-PACSA S.A.
VIGÉSIMOTERCERO.- Se lee en el Acta, punto 4, que la “Mesa de contratación formuló por unanimidad, propuestas de adjudicación a favor de la empresa que suscribiera la proposición más ventajosa conforme a los criterios fijados por el Ayuntamiento en el pliego de condiciones económico-administrativas que regía la licitación, valorados técnicamente por el Arquitecto Municipal”.
Así pues, “tomó la palabra el Sr. Alcalde para señalar que a la vista del informe emitido por el referido técnico municipal la proposición más ventajosa resultaba ser la suscrita por la empresa PEYBER HISPÁNICA S.L. y, en consecuencia, la propuesta de adjudicación definitiva recaía en la misma”.
No obstante lo anterior, la concejal Amelia Guzmán Rodríguez volvió a insistir sobre los posibles problemas que se podrían derivar de las dudas existentes sobre la propiedad de la totalidad del solar objeto de la actuación.
La respuesta que el Alcalde Pompa dio a esto fue que, en la correspondiente sesión de la Comisión Informativa de Hacienda y Urbanismo, el representante del Grupo Popular votó a favor de la propuesta, en contra de lo expresado ahora, por Amelia Guzmán, portavoz de dicho grupo, “por lo que se plantearía la supresión de las Comisiones Informativas”. Sin más explicaciones, la propuesta fue votada y aprobada.
VIGÉSIMOCUARTO.- De esta forma, PEYBER HISPÁNICA S.L. se ganó la adjudicación de la obra, no por haber presentado el mejor precio y tampoco por haber comprometido el menor plazo de entrega —tal y como se puede comprobar en el Acta de la sesión— Sino porque PEYBER HISPÁNICA S.L. obtiene la mayor puntuación gracias a la valoración que el Arquitecto Municipal hace de las “mejoras” propuestas por esta empresa.
Así, el concurso de adjudicación de las obras de la Casa de la Cultura de Carranque se inclina a favor de una empresa de la que el aparejador en excedencia del Ayuntamiento de Carranque, Jesús María Gallego Peinado, es Consejero Delegado, al igual que su hermano, Miguel Ángel Gallego Peinado, en virtud de un elemento del Pliego de Condiciones, las “mejoras”, del que nadie —o nadie que no maneje información privilegiada— Tiene conocimiento alguno, del que no hay bases de licitación, del que no hay ninguna definición previa y cuya evaluación queda, sin posibilidad de cotejo, al buen hacer y entender del señor Arquitecto Municipal.
En otras palabras, que cargando inicialmente el 50% de la valoración sobre un elemento de los proyectos del que no existen criterios previos y del que los licitadores no tienen la menor pista, porque ni se define, ni se concreta previamente su contenido; el procedimiento termina decidiéndose a causa de una valoración no pública de un funcionario “sensible” del Ayuntamiento y recayendo en un licitador con públicas, innegables y evidentes relaciones con el Alcalde Pompa y la Corporación que preside.
Se adjunta Acta de 1 de diciembre de 2005, como documento nº 79
Ampliación del presupuesto de la Casa de la Cultura.
VIGESIMOQUINTO.- Como se acaba de decir, PEYBER HISPANICA S.L. resultó adjudicataria del contrato de construcción de una Casa de la Cultura en Carranque y la cuantía de tal adjudicación ascendió a 3.506.369,00€.
Se adjunta copia del Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 51 de 3 de marzo de 2006, como documento nº 80.
No obstante, el día 22 de febrero de 2007 en el Pleno del Ayuntamiento de Carranque, se sometió a votación y se aprobó una modificación de ese contrato que supuso un incremento del presupuesto contratado con PEYBER HISPÁNICA S.L. de 1.577.129,49€, repartidos en dos conceptos: a) “Nuevo equipamiento escénico”, por un total de 1.053.129,49€. Y b) “Modificación de Proyecto originario, eliminando unidades y añadiendo otras nuevas”, por un total de 524.000€.
No se adjunta Acta de la sesión, por no estar aún disponible en el Ayuntamiento. Se interesa que se oficie petición de certificado, conforme a Derecho, de los datos descritos en el punto anterior.
VIGESIMOSEXTO.- Esta modificación fue informada como ilícita por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento y, también denunciada como tal por los concejales de la oposición, en tanto suponía una violación clara del artículo 101 del RDL 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; en relación con la Disposición Adicional 9ª del mismo Texto y con el artículo 88.3 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Así, según el art. 101.1 del RDL 2/2000, de 16 de junio: “una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente”.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 1984, y valga ésta por todas las demás, dice que las Administraciones Públicas, aún teniendo potestad para un cierto ius variandi, sólo podrá ejercitar esa potestad cuando surjan causas para la modificación “que resultaban imprevisibles en el proyecto inicial”.
El Tribunal Supremo, en esa misma sentencia, también advierte que no es posible “una genérica invocación de nuevas necesidades”. Esas nuevas necesidades, en cualquier caso, deben “ser concretadas de forma suficiente”, tan suficientemente, como para seguir garantizando que no se quebrantan los principios de la contratación pública: Publicidad, concurrencia y objetividad.
Estos criterios no se cumplían en el caso de la ampliación del presupuesto de la Casa de la Cultura de Carranque porque, en el Proyecto Original de Obra Civil que redactó el Arquitecto D. Ángel Menéndez Fuster, ya estaba escrito, con condición de documento público, que en lo referente al equipamiento escénico de la casa de la cultura “el mismo se estudiaría y contrataría con presupuesto independiente, debido a la particularidad del citado”.
En consecuencia, ni nuevas necesidades, pues esta utilería ya se consideró necesario en su día; ni causa imprevisible de modificación, porque prevista estaba y con advertencia de ser sometida a nueva contratación y, por lo tanto, no se puede “modificar” el contrato de construcción de una Casa de la Cultura adjudicado a PEYBER HISPÁNICA S.L.
Tampoco es posible aprobar la ampliación citada al amparo del “procedimiento negociado” o de adjudicación directa porque la Disposición Adicional 9ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, fija en el 10% el límite establecido en el artículo 88.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, para utilizar el “procedimiento negociado” —según el artículo 73.4 del TRLCAP, aquel que se adjudica, justificadamente, al empresario elegido por la Administración— En los contratos de obras, suministro, consultoría y asistencia y servicios a las Entidades Locales.
El artículo 88.3 de la LBRL, establece el límite citado en el 10% de los “recursos ordinarios” del presupuesto municipal y, en el caso del Ayuntamiento de Carranque, para 2007, esa cantidad ha sido de 10.571.669€. Por tanto, si bien el límite de contratación directa en el caso de Carranque es, en una primera apreciación, de 1.057.166,9€, ocurre que la citada Disposición Adicional 9ª del TRLCAP, además de ese 10% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal, establece unos límites absolutos y no porcentuales. En ningún caso, aplicando esa regla del 10%, la cuantía resultante podrá superar lo fijado para el “procedimiento negociado sin publicidad” en los artículos 141 g); 182 i) y k); y 210 h) Es decir: 60.101,21€; 48.080,97€; y 30.050,61€, respectivamente, cantidades un poco inferiores a 1.053.129€.
En consecuencia, la adjudicación directa a PEYBER HISPÁNICA S.L., por un lado, de 1.053.129,49€ para “equipamiento escénico” y, por otro, de 524.000€ por quitar unas unidades y poner otras, zafándose de las limitaciones de la Ley de Contratos del Estado, del concurso de adjudicación que esta Ley impone y en oposición al dictamen del Secretario de la Corporación; podría resultar un claro delito de prevaricación e indicio racional de cohecho.
Decidido a acabar con la tropelía, con el blog y con quien lo escribía buscó, como antes habían hecho el presidente de la Diputación de Toledo y el presidente del parlamento regional de Castilla la Mancha, a la sazón José Manuel Tofiño y Gregorio Fernández Vaquero, lo mejor de lo mejor, uno de esos despachos que, sin menguar el valor de su ciencia jurídica, tienen guardados en sus cajones unos espeluznantes listines telefónicos.
Así pues, el señor Agulló no contrató los servicios del bufete Garrigues, como habían hecho los citados Tofiño y Fernández para cosechar un fracaso estrepitoso, sino los del renombradísimo letrado D. Nicolás González Cuellar Serrano, el mismo que aparece fotografiado arriba, imponente en su despacho de Madrid.
El Señor González Cuellar ha tenido clientes señalados, el ministro Soria, por ejemplo o la propia Ana Botella que lo contrató para eximir de responsabilidad al Ayuntamiento del que era alcaldesa en el caso Madrid-Arena, a más de, por ejemplo, el que fuera presidente de la CEOE y que ahora es presidiario de derecho común, Gerardo Díaz Ferrán, el propio juez José Antonio Martín, acusado de asesorar al abogado del narcotraficante Rafael Bornia, y a los propietarios de la constructora AIFOS, punto neurálgico de la trama del caso Malaya; pero sobre todo, es también parte de una importante saga jurídica a la que ya pertenecía su padre, el fiscal D. Antonio González-Cuellar García, de reputadísima carrera y que ocupó el puesto de Vocal del segundo Consejo General del Poder Judicial bajo la Presidencia de Antonio Hernández Gil.
En fin, que cuando se dispara contra Notitia Criminis, se dispara con calibre grueso. Sin embargo, a pesar de tal derroche de fuerza ofensiva, de tanto ímpetu belicoso, recientemente, el Juzgado de Instrucción nº 46 de los de Plaza de Castilla ha archivado la querella que, en nombre de Agulló Díaz Varela, había interpuesto el ilustre letrado Nicolás González-Cuellar. Otra vez, ni con obuses de los de 203 m/m se rinde esta plaza.
Podría aconsejar a tan descomunales y desaforados querellantes, pasados o futuros, que mejor contrataran mis servicios, sin embargo es notorio que carecen de recursos para pagar mi minuta y mi vergüenza.
El nuevo alcalde de Carranque (Podemos), que teme ser un «pelele» en manos de otros
Al margen de que en los próximos días se determine el reparto de concejalías, la situación en este pueblo fronterizo con Madrid, queda condicionada por el «pacto» conocido esta semana.
El PSOE, dominado por Alejandro Pompa -de hecho anuló la lista de candidatos salida de las primarias en la agrupación local del PSOE, para sustituirla por otra hecha a su arbitrio e interés- ha votado como Alcalde al concejal de Podemos y lo mismo han hecho, aceptando su expulsión del partido, los otros dos concejales de Ciudadanos.
Ese pacto preveía para el pompismo local la concejalía de Urbanismo y ésta, además, con plenos poderes, es decir, que las resoluciones en la materia fueran ejecutivas con la sola firma del concejal, en este caso, la concejal puesto que si se cumple el pacto, tal será el destino de Maria José Martínez, la apadrinada de Pompa. ¿Quién quiere una alcaldía en habiendo una concejalía de Urbanismo?
Nada define mejor la situación del nuevo alcalde podemita que sus propias palabras, recogidas en el acta de la reunión que se celebró el pasado 9 de junio entre pompistas, Ciudadanos y Podemos:
«Indica -Javier Martín Manglano, el candidato de Podemos, hoy ya alcalde- que después de todos los problemas de estos días atrás y discusiones es muy difícil ser alcalde y no duraríamos nada de tiempo. Sería un pelele en manos del resto de las formaciones«.
Estoy de acuerdo con el nuevo alcalde de Carranque; será, sin duda, no tendrá otra opción que ser un «pelele«, pero no en «manos del resto de las formaciones», sino en manos de Pompa y PEYBER, y veremos si su condición de «pelele» no le lleva, queriéndolo o sin quererlo, a actuaciones de esas que acaban con un Auto de apertura de diligencias previas en un Juzgado de Instrucción.
Por su parte, el Concejal de Izquierda Unida, se mantiene ajeno al cambalache y queda, pues, como el último reducto de la decencia en ese pueblo.
Voy a ejercer de profeta. Las primeras medidas que la concejal de Urbanismo tomará serán estas: la retirada de la reclamación judicial de tres millones de € a la mercantil VILLA ROMANA GOLF, marca de la constructora PEYBER; y la vuelta del funcionario Ernesto Rodríguez Cubas a la administración de dicha concejalía de urbanismo.
No caben muchas dudas de qué es lo que ha pasado aquí. No es necesario ser demasiado suspicaz para comprender qué hay detrás de este pacto. En Carranque, PEYBER tiene enterrados no menos de 10 millones de € en un campo de golf ahora imposible. Otro tanto cabe decir del constructor amigo personal de Bono, Aurelio González Villarejo. ¿Hay que molestarse en buscar más razones?.
Una sola nota más. De las once personas que forman la lista electoral de Podemos-Carranque (Vecinos por Carranque, se llama) tres se titulan «empresarios» y el resto tiene oficios más o menos vinculados con las administraciones locales como, por ejemplo, «agente de desarrollo turístico y gestión medioambiental» o «ingeniero técnico de obras públicas», como es el caso del propio Alcalde.
Al margen de que esto matiza mucho la «radicalidad» de Podemos, he de reconocer que aquí si hay una mejora con respecto a Alejandro Pompa, el cual, declarando como imputado ante un Juzgado de Illescas, se tituló a sí mismo «ingeniero naval privado no homologado«, sin explicar, luego, que el contenido de tal «ingeniería» era un cursillo gratuito de delineación impartido por el colegio de los Salesianos de Atocha. Mucho mejor un ingeniero, aunque sea técnico, de los de verdad, sin duda.
Folios del sumario Púnica relativos a la constructora PEYBER
Cuando en Notitia Criminis se dice algo, nunca se dice en vano y aquí ya hemos dicho que los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado, propietarios del grupo constructor PEYBER, estaban asociados al capo de la trama Púnica, David Marjaliza, actualmente en prisión y también al tejido empresarial de Antonio Miguel Méndez Pozo, propietario de IZEN, otra de las empresas implicadas en la trama Púnica.
Pues bien, TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS, marca de PEYBER, está ya investigándose -como consta en los documentos de la imagen- en las diligencias que la Audiencia Nacional sigue contra la organización delictiva de Marjaliza, Alonso Conesa y Francisco Granados. Hay más, pero el propósito de Notitia Criminis no es dificultar la investigación de las redes organizadas por estos delincuentes, presuntos unos y convictos otros; sino favorecerla.
Hay que recordar que el Grupo PEYBER surge de la nada en Carranque, Toledo, que uno de sus socios fundadores, Jesús María Gallego Peinado, fue durante años, aparejador municipal de ese Ayuntamiento mientras Alejandro Pompa -con quien mantiene estrecha y pública amistad- era alcalde; que IU, en su día, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a estos individuos por la comisión de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos y ello en relación con la adjudicación del PAU del campo de golf de Carranque (hecha por Pompa); con la adjudicación de la construcción de una casa de la cultura (también hecha por Alejandro Pompa) en el mismo pueblo, presupuestada, primero en 4 millones de €, presupuesto que luego, sin concurso público, se amplió en 2 millones más; y con la adjudicación que José Manuel Tofiño hizo a otra empresa del grupo, desde la Diputación de Toledo, del mantenimiento de las carreteras provinciales por un monto total de 20 millones de €, cuando su -de Tofiño- hijo era socio del grupo PEYBER.
Alejandro Pompa Mingo, ex alcalde de Carranque y jefe del PSOE local
Como fenicios diestros en el regateo, los concejales de Ciudadanos juran y abjuran de una hora para otra. Las últimas noticias que llegan aseguran que PSOE (es decir, Alejandro Pompa) y Ciudadanos han roto el acuerdo que tenían ultimado ayer.
Ciudadanos quería la alcaldía e insinuaba que ésta habría de estar dotada con jornal no inferior a 2.500 €, imagino que netos y en 14 pagas anuales. PSOE, lo mismo da escribir Pompa, a través de su apadrinada, María José Martínez (también conocida en el pueblo como «La Polvorista»), exigía para sí la concejalía de Urbanismo y con plenos poderes, de modo que toda decisión en la materia fuera ejecutiva con la sola firma de la tal María José. Lógico. Hay más distancia entre un titiritero y su títere que entre estos dos.
Además, Pompa añadía a sus condiciones que a mitad de legislatura fuera su apadrinada quien ocupara la alcaldía, sin dejar, claro está, Urbanismo, pues son muchos y millonarios los intereses que PEYBER, Aurelio González Villarejo, Román Conde Alonso o el propio funcionario del ayuntamiento, Ernesto Rodríguez Cubas, tienen en ese área de gobierno; mucha, por tanto, la responsabilidad del PSOE de Carranque y de su cabeza, Pompa, en el ramo.
Entre tanto, el concejal de Podemos se queda sin la alcaldía y el momio que la magistratura lleva anejo y que unos y otros contendientes le habían prometido, siempre y cuando Urbanismo fuera para Pompa, digo, para el PSOE.
Sólo Izquierda Unida se ha mantenido y se sigue manteniendo al margen de tales timbas, almonedas y subastas. ¿Cómo decía el tango?
Pero que el siglo veinte
es un despliegue
de maldad insolente
ya no hay quien lo niegue.
Vivimos revolcaos
en un merengue
y en un mismo lodo
todos manoseaos.
Ricardo Díaz Bermejo (izquierda) propietario del grupo PEYBER, junto a García Vinuesa, alcalde de Alcobendas
Ya es un hecho que en Carranque, Toledo, el que fuera alcalde del lugar, Alejandro Pompa de Mingo, el mismo que como se recogió en esta página, declaraba, aún munícipe, que «aquí de lo que se trata es de vivir de lo que ganamos«, controlará de facto dicho ayuntamiento con el apoyo de dos concejales de Ciudadanos y del concejal de Podemos. No hay que extrañarse. Carranque es más que un pueblo de Toledo. Es, sobre todo, un punto estratégico en la línea que recorre el sur de Madrid desde Aranjuez hasta Navalcarnero. Pero, además de eso, también es la cuna del grupo de empresas PEYBER, propiedad de los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado, estrechísimamente relacionados con Alejandro Pompa.
El Grupo Peyber no es ajeno a alguno de los más importantes implicados en la operación Púnica. Como ya hemos informado aquí, los Díaz Bermejo–Gallego Peinado están asociados a David Marjaliza Villaseñor (en la actualidad preso), igual que están mercantilmente relacionados con Antonio Miguel Méndez Pozo, otro de los investigados en la operación Púnica. He aquí los datos:
«En el grupo PEYBER, actualmente en concurso de acreedores, aparecían las sociedades TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1 a 5.
En TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2, SL, asociado a los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado (Peyber) estaba un sujeto llamado José Villarig Lou, implicado en la trama delictiva del caso GESCARTERA. Por otra parte, en TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, SL, consta como socio la mercantil VANCOUVER GESTIÓN, que a su vez es propiedad del grupo DICO, implicado en la operación Púnica y de ARAUNA CORPORACION Y CONSULTING S.L, propiedad del detenido en la misma operación, David Marjaliza Villaseñor.
Pues bien, no acaban aquí los vínculos entre PEYBER y personas o entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional en relación con la que el propio Juzgado de Instrucción ha calificado como organización criminal dirigida por Granados y Marjaliza.
Además de lo anterior, en la sociedad TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, S.L., es consejero un tal Victor Manuel Clemente Alonso, nombrado el 27 de septiembre de 2007 y que cesa en el 15 de octubre de 2012.
Victor Manuel Clemente Alonso también está en los consejos de administración de más de una docena de sociedades, todas muy interesantes, incluido el club de fútbol Getafe, pero lo que ahora importa es que hasta el 12 de febrero de 2009 tenía los cargos de consejero del mancomunado y consejero en la sociedad IZEN INNOVACIÓN S.L., investigada, como digo, por su relación con la trama Púnica.
El historial del consejo de administración de esta sociedad es de gran interés. El 24 de feberero de 2009 fue nombrado administrador único de la sociedad, Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo, pero el mismo día, cesaban como consejeros los siguientes individuos:
David Marjaliza (ahora en prisión)
Agustín Clemente Alonso (con toda seguridad hermano de Víctor Manuel)
José Miguel Físico Cabañas, director de inversiones de CCM Corporación cuando la Caja de Castilla la Mancha estaba presidida por Hernández Moltó y, por ejemplo, se prestaron más de 200 millones de € a implicados en la operación Malaya.
José Antonio Alonso Conesa, tambíen detenido e imputado en la operación Púnica.
José Luis Rodríguez Romo, que fuera Director General Adjunto con el imputado Hernández Moltó y que, cosa interesante, también estaba en los consejos de las mercantiles CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22 SL, donde compartía mesa con un tal Juan María López Alvarez, socio de MOLA 15, donde aparecen implicados, de una forma u otra, los «malayos», Bruno Baumann, Juan Germán Hoffmann, Pedro Román Zurdo, Juan Antonio Roca, etc.
Ahora, la operación Púnica llega a Alcobendas y, repetimos, allí también opera el grupo PEYBER. Al respecto, en fecha tan temprana y previa a la operación Púnica, ya se informo de esto en Notitia Criminis:
“No obstante lo dicho, sería un error de bulto concluir que PEYBER tiene limitado su alcance al oligopolio inmobiliario que con Aurelio González Villarejo y, en mucha menor medida, con los hermanos López Iglesias, ha conseguido asentar en Carranque; igual que sería una cándida teoría considerar que el entramado actual de PEYBER es obra de sus socios o, incluso, del propio Alejandro Pompa a quien, con su cursillo de delineación en los salesianos de Atocha, no le asiste ni la capacidad, ni los conocimientos imprescindibles para ello.
A día de hoy PEYBER está activa en muchos sitios y uno de ellos es el municipio madrileño de Alcobendas. Allí tiene oficinas en la calle –no es chanza– Calabozos, número 12; allí construye o ha construido 122 viviendas de protección oficial en el distrito de Fuente Lucha; los edificios Veganova y Las Mercedes, para el grupo inmobiliario DELTA; o los edificios Hispania I y II para RUAN y, además, coincidiendo con la concesión por parte del Ayuntamiento de una contrata para edificar el “Centro de Salud Arroyo de La Vega”, también ha comenzado a patrocinar las artes.
Ensombreciendo a los arzobispos Schrattenbach y Colloredo juntos, la mercantil PEYBER ha pagado parte del concierto de la orquesta sinfónica checa organizado por el Ayuntamiento y por la fundación Ciudad de Alcobendas.
Al hilo de este mecenazgo, como se puede comprobar en el vídeo, Ricardo Díaz Bermejo, consejero delegado de la constructora, decía con respecto a Alcobendas: “Nos ha acogido desde los inicios de nuestra empresa de una manera siempre estupenda en esta Ciudad (sic). Esperamos de esta manera, firmando este convenio, poder devolver algo a la ciudad que hasta ahora (sic) nos ha sido dado”.
Después de esto, no tardaron en salir noticias relacionadas con PEYBER y Alcobendas, o mejor dicho, relacionadas con PEYBER y un posible delito de prevaricación. Así se recogió la información en Notitia Criminis:
“Se trata de la adjudicación del contrato de obra del centro de salud Valdelasfuentes, en Alcobendas. La noticia fue dada por la Cadena Ser, el 13 de abril de este año y, finalmente, la denuncia pública hecha tanto por la concejal de IU de la localidad, como por los ediles del PSOE, frustró el intento de seleccionar a la constructora PEYBER HISPÁNICA, la cual había obtenido el segundo puesto en la licitación.
Previamente, PEYBER ya se había alzado con la construcción de otro centro de salud, el de Arroyo de la Vega, por un importe cercano a los tres millones de Euros. En esa ocasión El País, aseguró que la obra fue financiada con los fondos del Plan E, a pesar de que la materia era competencia de la Comunidad de Madrid”.
Este blog comenzó, hace ya mucho tiempo, a buscar ovillos a partir de un hilo que asomaba por las puertas del Ayuntamiento de Carranque, que colgaba de los atrabiliarios y astrosos bolsillos de Alejandro Pompa. Ese hilo, sin romperse en ningún momento, llevó hasta Tofiño, en Illescas, hasta el chalet que Aurelio González Villarejo le estaba construyendo a Bono en Bargas, Toledo –causa del desvelamiento de su multimillonario patrimonio inmobiliario– llevó hasta Estepona y la operación Astapa, hasta Marbella y la operación Malaya, hasta Seseña, donde además de “El Pocero” apareció un tal Giovanni Piero Montaldo, tenido por la UDYCO como miembro de la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta… nos llevará pronto hasta Rumanía donde han aparecido ciertos certificados falsos emitidos por el Ayuntamiento de Illescas cuando José Manuel Tofiño era su alcalde… y ahora, nos lleva hasta los escenarios y protagonistas de la operación Púnica.
Muchas cosas se podrán decir de Alejandro Pompa, pero nunca que no es pródigo, feraz, ubérrimo, en informaciones de interés, que no es hábil a la hora de hacer famosos a muchos que no lo eran, razón por la cual, “seguiremos informando”.
José Manuel Tofiño, «postulante» a alcalde de Illescas
Poco queda del discurso inicial de Podemos y pocas veces se ha visto a una organización retranquear posiciones con tanto donaire, ligereza y desvergüenza como lo ha hecho este “nuevo partido” que, en pocos meses, ha pasado de la “horizontalidad” a la verticalidad más staliniaca, del anticapitalismo a la reivindicación del buen capitalismo, del enfrentamiento radical contra la plutocracia –casta o castuza, la llamaban– de la segunda Restauración a la mecánica adhesión al PSOE, ya no sobrepasado, sustituido y cancelado, como pretendían, sino vuelto en portero ante el dintel de la escalera de Jacob, la que lleva hasta los cielos de la condición de diputado, ministro, secretario, subsecretario, alcalde, concejal o cómitre de cualquier especie o ralea.
De quedar algo a PODEMOS, es el discurso “anticorrupción” y si tal cosa aún subsiste, diríase que lo hace porque no ha tenido que ser probado todavía en la afilada y socarrona dureza de la realidad; pero en Illescas, Toledo, esa prueba está a punto de desvelar la desnuda sustancia de ese discurso anticorrupción.
El pasado 12 de febrero de este 2015 el periódico digital “El Diario” daba la noticia de la imputación de José Manuel Tofiño Pérez –de quien se ha informado mucho y bien en Notitia Criminis– como autor presunto de un delito de prevaricación, es decir, por dictar resolución injusta a sabiendas, con conocimiento y voluntad de su injusticia, de su ilegalidad, en definitiva.
La resolución en cuestión consistió en el pago de 348.000 € a la entidad EQUIPO REDACTOR MALT por un supuesto “informe” que dicha mercantil confeccionó en el contexto del plan de soterramiento de la vía férrea de Illescas.
Se trababa de uno de los proyectos típicos de la década ominosa del urbanismo. Tofiño, como alcalde, daba el nihil obstat a la construcción de 20.000 viviendas, los “postulantes a agentes urbanizadores” –figura inexistente en Derecho– se comprometían a soterrar las vías del tren, cosa imprescindible para que las 20.000 nuevas viviendas no quedaran aisladas del núcleo urbano, pero con la siguiente salvedad: El inmenso coste del túnel que atravesaría Illescas se consideraba “gastos de urbanización”, es decir, no salía de los bolsillos de los “postulantes a agentes urbanizadores”, sino que se cargaba sobre las espaldas de los propietarios de suelo afectados –víctimas habría que decir– de ese “Plan de Ordenación Urbana”. Así, los “postulantes” se hacían con una colosal obra pública eludiendo las garantías y controles que la Ley de Contratos del Estado y demás normativa aplicable –precisamente eso es lo que ahora, los abogados de Tofiño, alegan en su descargo–, establecen en materia de concursos públicos, licitación y fiscalización, pues todo el proyecto se beneficiaba, por un lado, del carácter confiscatorio de la legislación pública sobre planes de actuación urbanística y, al mismo tiempo, por otro, de la libérrima capacidad contractual que es propia del Derecho privado.
No quedaban aquí las cosas. Más luz arrojaba sobre este asunto, la identidad de esos “postulantes”. Uno de ellos era la mercatil DESARROLLOS URBAPLANING SL, empresa perteneciente, en la mayor parte de su accionariado, a Aurelio González Villarejo, un constructor que mantenía pública y estrecha amistad con José Bono, que era el que edificó el chalet de Bono en Bargas, Toledo, cuyo nombre también aparece ligado al aeropuerto de Ciudad Real, que también consta vinculado a sujetos investigados en las tramas de corrupción de Alicante y del que, quien quiera más detalles, puede hallarlos, y muchos, aquí, en Notitia Criminis.
El otro “postulante” era la mercantil CARVIER propiedad de Carlos Durán Sánchez, constructor de Illescas y, también, hombre que no ocultaba su estrecha amistad con Tofiño.
Pues bien, en este contexto, EQUIPO REDACTOR MALT, se dice, elabora un “informe” relacionado con el soterramiento por el cual el entonces alcalde Tofiño, paga a la entidad la estrafalaria contidad de 348.000 € y lo hace contra el criterio de los interventores municipales y del equipo jurídico del Ayuntamiento, y con una diligencia y premura sólo explicable a causa de su inminente salida de la alcaldía de Illescas.
Otro de los asuntos turbios en los que López Toledano participó fue el del Aeropuerto de Ciudad Real. Como ya escribí aquí: “En cuanto al aeropuerto de Ciudad Real, donde confluyen nombres tan señalados como Domingo Díaz de Mera o Antonio Miguel Méndez Pozo (actualmente también investigado en la operación Púnica) que ya sabemos que estuvo en prisión condenado por el caso de la construcción de Burgos; y que se ha convertido en una de las principales causas de la quiebra de CAJA CASTILLA-LA MANCHA, no es necesario repetir ahora todo lo dicho, pero a estas alturas ya no sorprenderá al lector descubrir que la redacción del proyecto fue encargada a EQUIPO REDACTOR MALT, esto es, a Miguel Angel López Toledano”.
Pero además de todo lo anterior, Miguel Angel López Toledano también está estrechamente relacionado con Illescas y con el ex alcalde Tofiño, en estos días, “postulante”, otra vez, a alcalde con el apoyo de PODEMOS.
Participación de López Toledano en el POM de Illescas
El día 23 de octubre del 2008 escribía en este blog lo siguiente: La noticia de las extrañas circunstancias que rodean a GESCOAR ASESORES (CIF: B83783472) Sociedad que ha cobrado 360.000 € por la redacción del POM de Illescas, ha saltado a la luz a partir de la denuncia expuesta por la PLATAFORMA CIVICA DE LA SAGRA. Según esta asociación y según los datos que constan en el Registro Mercantil, la empresa se constituyó sólo 17 días antes de la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Illescas -Presidido por Tofiño– del pliego de condiciones relativo a la licitación del POM. Su capital fue el mínimo legal exigible y no consta ningún otro patrimonio a su nombre ni, tampoco, que tenga contratado personal alguno. Así mismo, esta sociedad, según las cuentas registradas, carecía de ingresos, y su saldo en el ejercicio 2004, año en que tuvo que depositar la garantía correspondiente a la adjudicación del concurso público, ascendía a 2.715 €.
Las vivas sospechas se acentúan aún más si se tiene en cuenta que la sociedad en cuestión trasladó su domicilio desde la C/ La Diligencia, número 4 de la barriada de Entrevías de Madrid hasta la Cañada Real de Merinas, un asentamiento chabolista de Illescas; que carece de cualquier experiencia en el sector; y que su plica era la más cara de las presentadas al concurso.
Además de todo esto, resultó que la extraña entidad GESCOAR ASESORES estaba relacionada con CCF-21 empresa de los testaferros de Roca, Carlos Sánchez ―hombre al que se atribuye la frase: “todos los días se levanta un tonto dispuesto a que le roben su solar. Busquemos a ese tonto”― y Andrés Lietor.
Por aquel entonces, fuentes bien informadas de Illescas manifestaron a Notitia Criminis sus sospechas de que tras la mercantil GESCOAR, en realidad estuviera la empresa EQUIPO REDACTOR MALT, es decir, el ingeniero Miguel Angel López Toledano, sin embargo, demostrar eso mientras en Illescas no haya un Juez dispuesto a ordenar media docena de registros es algo que raya con lo imposible.
A pesar de ello, resulta que el propio señor López Toledanotiene manifestada su participación en los planes urbanísticos de Illescas. López Toledano es uno de los “expertos” que trabajan para la mercantil LR FORENSIC y en el currículum que esta empresa presenta de su experto en urbanismo afirma que entre los trabajos que ha desarrollado está la redacción del Plan General de Illescas.
Veremos, pues, en qué queda el radical discurso anticorrupción de PODEMOS.
La operación Cóndor, que directamente implica a la compañía de trasporte de pasajeros Mombus y a la agencia de viajes Interrías, surgió de otra investigación judicial sobre la corrupción en Galicia, la operación Pokemon y en sus inicios ya ha ido a dar con documentos que implican a José Bono. Por un lado se trata de sistemáticas concesiones, a las empresas de la trama, de los viajes para ancianos organizados por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha cuando Bono era el merino todopoderoso del lugar; por otro, de una anotación contable que demuestra que Bono y un séquito de acompañantes, indeterminado por el momento, fueron alojados, gratia et amore, en un hotel de Xanxenxo, propiedad de estas compañías. Los gastos de la estancia de Bono y su corte ascendieron a unos 6.000 € incluyendo sesiones de masajes y “servicios extra” que, dada la contigüidad de la anotación, también parecen relacionados con los “masajes”, es decir, que cabe sospechar que se trataría de “masajes extra”.
El grupo Monbus, capitaneado por el detenido, Raul José López López, está constituido por una importante red de sociedades mercantiles, no todas dedicadas al transporte de viajeros y cuyas actividades tampoco se limitan sólo a Galicia. Sus tentáculos alcanzan, por ejemplo, a Cuenca donde opera la sociedad TRANSPORTES URBANOS DE CUENCA, S.L. o la entidad ALSINA RODRÍGUEZ, S.A.; o a Madrid, donde actúa la sociedad MOVELIA TECNOLOGÍAS, S.L.
Pero lo que ahora interesa es el hecho de que, a esta trama de evasión de impuestos, sobornos y blanqueo de capitales, la investigación judicial ha llegado a partir de la operación Pokemon y que en esta última resultó central la actuación del narco gallego Marcial Dorado Baule.
Notitia Criminis dio con el nombre de este sujeto hace tiempo, antes incluso de la operación Pokemon. Apareció relacionado con un grupo constructor de Málaga, el grupo Salvago, propiedad de Francisco Manuel Moreno Torres y de José Ignacio Moreno Rodríguez. En varios informes de la UDYCO que obran en poder de Notitia Criminis, se relaciona a estos dos malagueños con la actividad de un italiano llamado Giovanni Piero Montaldo, al que la policía atribuye pertenencia a la ‘Ndrangheta, la mafia de Calabria y que en Málaga ha estado directamente relacionado de conocidos capos de Cosa Nostra, a saber: Gianni Meninno, o Giovanni Gianinno o el propio Felice Cultrera.
Tal y como se informó aquí, “Los accionistas de SALVAGO 3 son OLMOS 16 y ARPA 21, ambas sociedades son propietarias de PONTE TRESA, controlada por Montaldo, ―o controlada por éste hasta hace muy poco tiempo, porque tras las últimas informaciones se están produciendo apresurados movimientos en las notarías de Málaga dirigidos a ensombrecer o a eliminar de ahí la presencia de Montaldo― y en ella ya hemos visto que ejerce como auditor Alvaro Cruces Navarro, que también es contable de la sociedad del ex taxista y ex alcalde de Seseña, José Luis Martín, mediante la cual éste recibió los 700.000 € pagados por Montaldo.
PONTE TRESA es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES SL y ésta última, a su vez, es resultado de la fusión entre SALVAGO 3 y TAU PROMOCIONES.
No acaban aquí las coincidencias. En Málaga existe la calle Salvago y en el número 3 de esa calle hay un considerable hacinamiento de gente significativa. Está la sede del PP en esa ciudad pero, también, están o estaban domiciliadas varias sociedades de un individuo que atiende al nombre de Antonio Font Feliu: FGV CONSULTORES Y AUDITORES o HIJOS DE EMILIANO RAMOS MEDINA EXPORTADORES, por ejemplo.
Igualmente domiciliada en la C/ Salvago, 3 de Málaga estuvo la sociedad OLIVARERA PENINSULAR en la que constan como ex consejero delegado el citado Antonio Font Feliú y como ex administradora, Sara Sánchez Rodríguez, que es un personaje que está teniendo mucha relevancia últimamente debido al Auto del Juez Grande-Marlaska que la envió a prisión el pasado mes de abril del 2009 por su implicación en la organización del narcotraficante gallego Marcial Dorado Baúle.
Esta Sara Sánchez y su esposo José Manuel Sánchez Zabala, miembro de la Guardia Civil, cuya prisión se decretó en el mismo Auto, administraban la mercantil PROGAMALLO SA, en la que el “narco” Marcial Dorado ejercía como apoderado y que está considerada por el Juez Grande-Marlaska como “el buque insignia de todo el entramado societario” en que consiste lo que el propio Juez denomina “una organización criminal liderada por Marcial Dorado Baúlde”.
De momento, no se conoce aún ningún dato, aparte de esta coincidencia entre la denominación de la mercantil SALVAGO 3 y la presencia en el número 3 de la C/ Salvago de Málaga de sociedades vinculadas a la estructura de Marcial Dorado, que permita relacionar al, todavía presunto, narcotraficante con la trama empresarial de Gianni Montaldo ―PONTE TRESA, ARPA 21, OLMOS 16, TIASTA, etc. ― salvo otro detalle que aún está por investigar: si en OLIVARERA PENINSULAR, junto a la encarcelada Sara Sánchez Rodríguez aparece Antonio Font Feliú, en la mercantil ARPA 21, que tiene participaciones en PONTE TRESA y en SALVAGO 3, aparecen el ya conocido Francisco Manuel Moreno Torres y María Isabel Font Feliú.
La identidad de apellidos entre Antonio y María Isabel no quiere decir que exista una relación familiar ―y menos mercantil, que no consta― entre estos, lo cual, por otro lado, tampoco va a ser difícil comprobar, pero las coincidencias no terminan aquí”.
Ahora bien, sabemos, porque existen las facturas y, además, la información fue publicada, que Giovanni Piero Montaldo pagó no menos de 700.000 € al que fuera alcalde de Seseña, José Luis Martín, por unas supuestas “intermediaciones” de éste en Marbella y Estepona y también sabemos que el mismo que actuaba como auditor de cuentas en empresas del italiano Montaldo, el abogado Álvaro Cruces Navarro, del despacho malagueño Cruces & Asociados, administraba una de las sociedades de José Luis Martín que, por cierto, residía y reside en Seseña (Toledo) no en Málaga donde el contable Álvaro Cruces tiene sus oficinas.
La pregunta, por tanto, es si existen intereses de Montaldo en Seseña. Pues parece que sí. Durante la década ominosa del ladrillo, junto a la urbanización del Pocero, se empezó a tramitar otro gigantesco proyecto inmobiliario: PARQUIJOTE, un complejo de viviendas y parque temático en cuya promoción participaban las sociedades NUEVO MADRID, TIASTA y APEX 2000 y antes, TAU PROMOCIONES, SALVAGO 3, NUEVO MADRID y PROMOTORA LOMAS-BARAJAS.
Informes de la UDYCO que constan en el sumario de la operación Malaya, aseguran que tanto sociedades del grupo Salvago, como APEX 2000, una marca de IBERDROLA INMOBILIARIA, estaban controladas, directamente, por el miembro de la mafia calabresa Giovanni Piero Montaldo.
Empresas de la trama le pagaron sesiones de masaje y «servicios extra»
Según informa El País, documentos hallados en los registros policiales realizados en el contexto de la Operación Cóndor implicarían a José Bono:
«Los investigadores de la Operación Cóndor tratan de saber cuál era la relación que unía al exministro socialista y expresidente de Castilla-La Mancha José Bono con los responsables de la empresa turística InterRías, una de las implicadas en la supuesta trama de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias. El político asistió a la inauguración de uno de los hoteles de la cadena, el Carlos I de Sanxenxo, y, según han podido comprobar los agentes de Aduanas, en los establecimientos de esta firma recalaba gran cantidad de viajeros dentro de un programa de excursiones para mayores de la comunidad castellano-manchega.
Según fuentes del caso, InterRías llegó a pagar la estancia de Bono y tres personas más en el Gran Talaso Hotel Sanxenxo, otro de los negocios del grupo empresarial. Según las mismas fuentes, abonó también sesiones de masajes, servicios extra y los gastos de desplazamiento por más de 3.000 euros».
Recordemos que, como puntualmente se contó en Notitia Críminis, a lo largo del año 2010 distintas informaciones hicieron aflorar un patrimonio en poder de Bono, no inferior a 6 millones de euros.
Quedamos a la espera de las noticias de Guinea y de «Parquijote».
El ahora ex alcalde de Illescas y, también, ex presidente de la Diputación Provincial de Toledo, ha sido imputado por el Juzgado nº 2 de Illescas como presunto autor de un delito de prevaricación, uno de los habituales a los que las acciones penales tienen que recurrir cuando se investigan casos de corrupción.
Los hechos están relacionados con el plan de soterramiento de la vía férrea, que incluía la construcción de 20.000 viviendas en Illescas. En el proyecto, como “postulante” a agente urbanizador, estaba el constructor Aurelio González Villarejo, amigo personal de José Bono y promotor de una de las viviendas que éste adquirió en Bargas como elemento más de un patrimonio inmobiliario que, según el diario Público, ascendía a unos 6.000.000 de €.
Terminada la década ominosa del ladrillo, el delirante intento –que empequeñecía al mismo Pocero de Seseña– quedó ahogado por la crisis y los “postulantes” a agentes urbanizadores reclamaron las cantidades entregadas como garantías del cumplimiento del convenio. En este contexto aparece una factura de 348.000 € pagada por el Ayuntamiento de Illescas, cuando Tofiño lo presidía. Dicho pago se hace por la redacción de unas “bases de ordenación estructural y detallada” de una serie de terrenos afectados por el soterramiento, en contra del informe de la Intervención municipal, sin proceso de licitación previo y sin informe técnico que justifique el importe y, además, a toda prisa. En cuatro días estuvo hecha la transferencia bancaria a favor del beneficiario.
Pero lo interesante es la identidad y condición de quien recibe los 348.000 €. Se trata de la mercantil MALT, SL. Esta entidad pertenece a Miguel Ángel López Toledano, un individuo del que se ha hablado detalladamente en Notitia Criminis. Fue director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid durante los gobiernos de Leguina. Es el redactor del Plan de Ordenación Municipal de Illescas; aparece en Aranjuez relacionado con las actuaciones urbanísticas que ahora se están investigando en el sumario de la operación Púnica; está vinculado, además, a la Fundación Metrópoli, dirigida por el también “urbanista” Alfonso Vegara Gómez, cuya relación con el imputado por corrupción Iñaki Urdangarín ya se puso de manifiesto en este blog antes de que la prensa publicara que ambos, Alfonso Vegara Gómez a través de la fundación Metrópoli, y Urdangarín, pretendían urbanizar la Albufera de Valencia; y, además su nombre –el de López Toledano– también aparece en el sumario de la operación Astapa durante la que fueron detenidos, entre otros, el entonces alcalde de Estepona y amigo íntimo de José Bono, Antonio Barrientos.
Esta es la información publicada por Notitia Criminis vinculada a Miguel Ángel López Toledano
Por otro lado, en una de las primeras investigaciones –año 2007– publicadas en esta página –“El Informe Abubilla”– ya se hablaba del “soterramiento de la vía férrea de Illescas:
“Una obra colosal está a punto de comenzar en Illescas, localidad de la que es alcalde José Manuel Tofiño Pérez, el hombre que, además, también es Presidente de la Diputación Provincial de Toledo y padre de José Manuel Tofiño Arrogante, administrador mancomunado, junto con Miguel Ángel Gallego Peinado y José Juan Día Bermejo, de la sociedad SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS S.L.
Se trata del soterramiento de la vía férrea que pasa por Illescas y que amenaza con obstaculizar un fabuloso negocio, un Plan de Actuación Urbanística que se va a desplegar sobre más de cuatro millones y medio de metros cuadrados.
Sin embargo, no debe cundir el pánico. El Alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez es un hombre que vela por los intereses de sus vecinos y ha conseguido que esa colosal obra de infraestructuras públicas las costeen, de “su porpio bolsillo” las sociedades que aspiran a conseguir la condición de agentes urbanizadores de esos 4,5 millones de metros cuadrados.
Claro que a este sofisma le falta un detalle: la determinación de quiénes son los vecinos o prójimos del Alcalde Tofiño, porque resulta que los propietarios de terrenos afectados por el PAU, tendrán que soportar cómo el coste de las obras de soterramiento se cargan en la cuenta de “gastos de urbanización” de los promotores, lo que significa que estos gastos se repercutirán en los propietarios de los terrenos afectados, que serán los afectados por el PAU los que tendrán que pagar los gastos del soterramiento, que serán unas personas que llevan torturadas desde hace generaciones por unos magros solares de secano, que poco más que pan y agua les han proporcionado, los que paguen unas obras delirantes que los promotores necesitan para hacer rentables sus urbanizaciones.
El agudo lector habrá adivinado ya que aquí nos vamos a encontrar gente conocida. Pues si lo ha hecho lo ha hecho bien y si tenía la esperanza de que no fuera así, que no la tenga, que desespere.
Una de las mercantiles que pretenden actuar como agentes urbanizadores en este gigantesco PAU de Illescas y firmantes del Convenio de Soterramiento de la vía Férrea suscrito con el Alcalde Tofiño es DESARROLLOS URBAPLANING SL. La misma Urbaplaning de Román Conde Alonso al que vimos en Carranque haciéndose con los PAUs “Las Montanillas I” y “Las Montanillas II”, la misma Urbaplaning que pertenecía en un 70% a Promociones González S.A., la cual, a su vez, andaba en participación con CAJA CASTILLA-LA MANCHA DESARROLLO INDUSTRIAL SL.
¿Alguien más que nos resulte conocido? Pues claro. Otro agente urbanizador y firmante de ese convenio es la sociedad CARVIER S.A. que tiene por administrador único a Carlos Durán Sánchez, como ya se ha dicho, constructor de rancio abolengo en Illescas, parece ser que buen amigo de José Manuel Tofiño y hombre que, últimamente, ha entrado en nuevos negocios.
¿En cuáles? Se diría que en este asunto de Illescas se echa de menos a alguien, a PEYBER, el grupo constructor de los hermanos Díaz Bermejo y del aparejador municipal de Carranque, sin embargo, ninguna de sus muchas sociedades aparece firmando el Convenio de Soterramiento de la Vía Férrea. ¿Ninguna de sus sociedades? Pues sí señor, ninguna. Lo malo es que no podemos decir lo mismo de sus socios.
Con fecha 25 de mayo de 2005 se constituye la sociedad PRADIDUR S.L. cuyo objeto social es la realización de “estudios e informes urbanísticos, fiscales, económicos, financieros. Asesoramiento y gestión en promociones inmobiliarias. Construcción, promoción, conservación de inmuebles. Cimentación y pavimentación. Demolición y derribo. Intermediación en compra, venta, arrendamiento excepto financiero de inmuebles”
La sociedad se constituye con 300.000€ de capital social, no poco, pero tampoco mucho a la vista de sus ambiciosos objetivos; y como Administrador Mancomunado, en ella consta el señor Carlos Durán Sánchez, el del barco y casa en Ibiza, el aficionado a los coches de carreras antiguos y el firmante del convenio de soterramiento de la vía férrea de Illescas.
Si es administrador mancomunado, habrá que deducir que en esa función no está sólo. Pues bien, esa deducción es la buena, porque, también como administradores mancomunados están algunos viejos conocidos: Ricardo Díaz Bermejo, José Juan Díaz Bermejo —Los de Peyber claro— y Miguel Ángel Gallego Peinado, el hermano menor de Jesús María, el que fuera aparejador del Ayuntamiento de Carranque”.
El Juez Pablo Ruz abre juicio oral, es decir, cierra la instrucción, acusa, y manda iniciar juicio criminal, contra Juan Pedro Hernández Moltó, el trujamán de Bono y Barreda, el sátrapa de CCM, el hombre que prestó a fondo descuidado, no menos de doscientos millones de € a delincuentes convictos como Juan Antonio Roca o Pedro Román Zurdo, los protagonistas del caso Malaya.
A este sujeto se le acusa, junto a su lugarteniente, Ildefonso Ortega, de delitos de administración desleal y falseamiento de cuentas, a la vez que se le dan diez días para que deposite una fianza, solidaria con el otro, de algo más de 138 millones de €.
¿Dónde están las glorias de ayer? ¿Donde la arrogante impostura? ¿Dónde los agachados aduladores y los pretorianos serviciales? ¿Dónde la soberbia del gañán encumbrado? ¿Dónde la crueldad de déspota, la afanosa saña del perro de presa agradando al amo? ¿Dónde están tus amenazas? ¿Me ibas a destruir? ¿Me habías denunciado por calumniarte? ¿Ibas a reducirme a polvo?. No, eres tú quien del polvo viene y al polvo regresa.
Antonio Miguel Méndez Pozo, con la carpeta roja, Rajoy, Bono, Barreda… Extraordinaria fotografía
En estos días en que el Gamonal de Burgos vuelve a incendiarse a causa de una contrata concedida al expresidiario Antonio Miguel Méndez Pozo, se ha publicado la noticia de que en las diligencias de la operación Púnica, la Audiencia Nacional investiga a una de las muchas sociedades mercantiles de éste conocido personaje: IZEN INNOVACIÓN S.L. (B84676246).
IZEN ya llamó la atención de Notitia Criminis hace tiempo en relación con la extraña trama de sociedades, personas y negocios inmobiliarios que se tejía en torno a la mercantil ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE. Ahora vuelve a aparecer implicada en la operación Púnica y, también, asociada a una de las empresas del grupo constructor PEYBER.
Tal y como se ha publicado aquí, en dicho grupo empresarial, actualmente en concurso de acreedores, aparecían las sociedades TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1 a 5.
En TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2, SL, asociado a los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado (Peyber) estaba un sujeto llamado José Villarig Lou, implicado en la trama delictiva del caso GESCARTERA. Por otra parte, en TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, SL, consta como socio la mercantil VANCOUVER GESTIÓN, que a su vez es propiedad del grupo DICO, implicado en la operación Púnica y de ARAUNA CORPORACION Y CONSULTING S.L, propiedad del detenido en la misma operación, David Marjaliza Villaseñor.
Pues bien, no acaban aquí los vínculos entre PEYBER y personas o entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional en relación con la que el propio Juzgado de Instrucción ha calificado como organización criminal dirigida por Granados y Marjaliza.
Además de lo anterior, en la sociedad TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, S.L., es consejero un tal Victor Manuel Clemente Alonso, nombrado el 27 de septiembre de 2007 y que cesa en el 15 de octubre de 2012. Victor Manuel Clemente Alonso también está en los consejos de administración de más de una docena de sociedades, todas muy interesantes, incluido el club de fútbol Getafe, pero lo que ahora importa es que hasta el 12 de febrero de 2009 tenía los cargos de consejero del mancomunado y consejero en la sociedad IZEN INNOVACIÓN S.L., investigada, como digo, por su relación con la trama Púnica.
El historial del consejo de administración de esta sociedad es de gran interés. El 24 de feberero de 2009 fue nombrado administrador único de la sociedad, Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo, pero el mismo día, cesaban como consejeros los siguientes individuos:
David Marjaliza (ahora en prisión)
Agustín Clemente Alonso (con toda seguridad hermano de Víctor Manuel)
José Miguel Físico Cabañas, director de inversiones de CCM Corporación cuando la Caja de Castilla la Mancha estaba presidida por Hernández Moltó y, por ejemplo, se prestaron más de 200 millones de € a implicados en la operación Malaya.
José Antonio Alonso Conesa, tambíen detenido e imputado en la operación Púnica.
José Luis Rodríguez Romo, que fuera Director General Adjunto con el imputado Hernández Moltó y que, cosa interesante, también estaba en los consejos de las mercantiles CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22 SL, donde compartía mesa con un tal Juan María López Alvarez, socio de MOLA 15, donde aparecen implicados, de una forma u otra, los «malayos», Bruno Baumann, Juan Germán Hoffmann, Pedro Román Zurdo, Juan Antonio Roca, etc.
Por otro lado, en las fechas en que los citados antes formaban parte del consejo de IZEN INNOVACIÓN, también eran consejeros el citado hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo y la mercantil RÍO DE LOS AUSINES, S.L., propiedad de éste y el propio Victor Manuel Clemente Alonso, al que hemos visto en el consejo de administración de la empresa del grupo PEYBER, TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, S.L.
Conviene recordar que ya hace tiempo, Notitia Criminis destapó la estrecha relación entre el hijo del que entonces era alcalde de Illescas y presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño y el grupo PEYBER, en una de cuyas empresas, el joven Tofiño, llegó a ser socio. Véase este enlace al respecto:
Ricardo Díaz Bermejo, el hombre fuerte del quebrado grupo Peyber
Dada la urgencia que las últimas redadas imponen a las cosas, valgan estas notas como adelanto informativo.
La operación Púnica ha golpeado en dos pequeños pueblos de la frontera entre Toledo y Madrid: Casarrubuelos y Serranillos del Valle. A tiro de piedra de ambos sitios está Carranque y en Carranque un grupo constructor del que se ha hablado mucho en este sitio tuvo una gran fortuna en lo que a adjudicación de obras y planes de urbanización se refiere cuando la alcaldía estaba ocupada por Alejandro Pompa Mingo.
Esto no es difícil de entender. Como ya se ha dicho aquí, PEYBER es un acrónimo de los apellidos Peinado y Bermejo y Jesús María Gallego Peinado, además de ser uno de los socios de Peyber, era el aparejador municipal de Carranque.
Este grupo constructor está ahora quebrado y bajo administración judicial, pero en cierto momento de su fulgurante ascenso, constituyó dentro de su Grupo las mecantiles TITÁN DESARROLOS INMOBILIARIOS, 1, 2, 3, 4 y 5.
El 13 de septiembre de 2007, consta en el correspondiente Registro Mercantil el alta como consejero en TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1, de un individuo llamado José Villarig Lou, implicado en la trama delictiva del caso GESCARTERA. Con la misma fecha, también consta su alta en el consejo de administración de la mercantil del grupo PEYBER, TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2, SL.
El 26 de septiembre de 2006, igualmente, fue nombrado consejero de la sociedad VILLALEGRE SERRANILLOS SA. Recordemos que en Serranillos del Valle se han producido detenciones en el transcurso de la operación Púnica.
Por otro lado, en la empresa TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, SL (por supuesto, del grupo PEYBER) figura como titular del 5% de su capital la sociedad VANCOUVER GESTION SL con Cif: B83603746.
Y aquí viene lo interesante. VANCOUVER GESTIÓN tiene entre sus accionistas a PROMODICO SL, del quebrado Grupo DICO. Hay que recordar que David Merino, que fuera Director General de esa constructora, declaró a la revista Interviú (aquí se puede descargar copia del reportaje) que él había dado dinero directamente al ahora detenido en la operación Púnica, Francisco Granados:
«Francisco Granados -dijo- es el tío más sucio del mundo. A ése le he dado yo el dinero directamente«.
Pero no acaban aquí las coincidencias, porque otro accionista de VANCOUVER GESTIÓN es la empresa ARAUNA CORPORACION Y CONSULTING S.L, con domicilio social en Valdemoro, uno de los escenarios de la operación Púnica y, además, resulta que el propietario del 100% del capital de ARAUNA es, ni más ni menos, que el detenido en la operación Púnica, DAVID MARJALIZA VILLASEÑOR.
El ex alcalde de Cartagena, uno de los detenidos esta mañana
Hoy ha amanecido un día radiante en Madrid. No despuntaba el Sol y una cuerda de presos, taciturnos y perplejos, era conducida por los guardias camino de los calabozos. Entre ellos tres viejos conocidos de Notitia Criminis, a saber: Francisco Granados, David Marjaliza y Jose Antonio Alonso Conesa. Los tres nombres surgieron durante la investigación de las derivaciones que las tramas de corrupción de Castilla la Mancha y de Marbella tenían en Aranjuez. Me sorprende que las redadas de hoy no hayan afectado a esa ciudad, ese sepulcro blanqueado, esa monumental fosa séptica que es la bonita ciudad de Aranjuez, pero todo se andará.
Mientras, conviene repetir lo que escribí en este artículo hace ya tiempo, a propósito de lo que se dibujaba como el centro neurálgico de los negocios de Aranjuez, la sociedad mercantil ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE.
José Antonio Alonso Conesa, el ex alcalde de Cartagena.
Aquí volvemos a encontrar un hecho significativo. Salvo este José Antonio Alonso Conesa, todos los demás pertenecen a los respectivos consejos de las sociedades que, a su vez, forman el consejo de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE. Por el contrario, José Antonio Alonso no consta como órgano administrador de ninguna de esas empresas y aquellas en las que sí está (Tresalón, Ibero-Americana Interactive Networks, Residencial Puerta Nueva Cartagena, Izen Innovación (fuertemente participada por CCM) etc. etc. no tienen una relación, visible al menos, con ARANJUEZ ECOCIUDAD.
El que sí forma parte del consejo de ATALIA, la empresa de David Marjaliza, y por tanto está relacionado con ARANJUEZ ECOCIUDAD, es su hermano Agustín y esto no puede ser irrelevante porque los hermanos Alonso Conesa no son nada irrelevantes. José Antonio Alonso Conesa está ligado estrechamente a Murcia, tanto que fue alcalde de Cartagena (1991 – 95) al tiempo que su hermano, Eduardo Alonso Conesa, dirigía la televisión murciana. Tras abandonar esa alcaldía, ahora, José Antonio aparece como administrador o consejero de un buen número de sociedades, la mayor parte dedicada a la construcción.
Su hermano Eduardo también dejó hace tiempo la televisión murciana y desempeñó los cargos de subdirector de informativos en TVE, director de informativos en TELEMADRID y presidente de VIA DIGITAL, entre otros muchos en distintos medios de comunicación.
En la actualidad es Director General Adjunto de Análisis y Planificación de Marketing de TELEFÓNICA, es decir, miembro destacado del equipo de César Alierta, como también es miembro destacado de ese equipo (concretamente es el responsable de seguridad de TELEFÓNICA) el detenido e imputado en la Operación Malaya, Florencio San Agapito, un comisario de policía ya jubilado que estuvo mezclado en los casos GAL, Fondos Reservados y ahora en Malaya.
Hay, además, otra empresa realmente curiosa ligada a los hermanos Alonso Conesa: LOLA 2002, en la que Eduardo Alonso Conesa hace negocios junto a José Ramón Carabante (que recientemente ha comprado a Trinitario Casanova, entre otras cosas, la finca La Zerrichera, en Murcia) y junto a José Luis Sanz Arribas, abogado de “El Pocero”, de Al-Kassar o del mafioso corleonés Giovanello Greco entre otros señalados personajes, y cuyo nombre, probablemente, aparece en la agenda de Roca del año 1995.
No termina aquí el asunto, de entre la gente hecha presa, también destaca Jose María Fraile, el actual alcalde de Parla (Madrid), pueblo regentado durante años por Tomás Gómez. Al respecto es necesario poner atención en algunos datos que pueden cobrar mucha relevancia a raíz de lo sucedido hoy:
El tramvía de Parla, cuyos orígenes, por vía de administradores societarios, se vinculan con tres detenidos durante la operación Malaya.
La funcionaria del ayuntamiento de Parla, Rosa María Navarro Vieco.
La mercantil ACTIBAN ASESORES SL, CIF: B82524331
La mercantil ECOGESTION INVERSIONES INMOBILIARIAS SL, CIF: B81821860
La mercantil NEOLAR CORPORACION FINANCIERA INMOBILIARIA SL, CIF: B83337766.
Entre tanto, la operación Púnica sigue desarrollándose y en la cabeza de estos poderosos canallas suena la antigua letanía: Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris.
Bono animando a Hernández Moltó después de la quiebra de CCM
Parece ser que lo investigado en este blog no seguía pistas falsas y también, parece ser que lo publicado en él no era, en modo alguno «calumnioso».
La Fiscalía Anticorrupción, según despacho de la Agencia EFE, pide dos años y medio de cárcel para Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega:
«La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado dos años y medio de prisión para el expresidente de Caja Castilla La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general Ildefonso Ortega por emprender una «maniobra contable» en la entidad con la que reflejaron beneficios en lugar de las pérdidas reales.
En un escrito remitido al juez de la Audiencia Pablo Ruz, que el pasado 3 de octubre dio el primer paso para sentarles en el banquillo, el Ministerio Público acusa a ambos de un delito societario, por el que solicita su inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero durante el tiempo que dure la condena».
En otro orden de cosas, me informan que, este tiempo atrás, José Manuel Tofiño Pérez, ex presidente de la Diputación Provincial de Toledo y ex alcalde de Illescas, andaba por las fiestas de ese pueblo haciendo preguntas sobre mi. Don Tofiño, no pierda el tiempo preguntando a terceros. Pregúnteme a mi.
El letrado José María Anguiano, socio de Garrigues, que llevó la acusación contra Notitia Criminis
En la causa ya está imputado el que fuera su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó al que se acusa de los delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.
No obstante, las operaciones que ahora se investigan no son las más escandalosas. Sólo a los principales cabecillas de la operación Malaya, la caja controlada por Bono-Barreda-Moltó, les prestó más de 200 millones de € y existen créditos, como el concedido a una sociedad del condenado en la operación Malaya Pedro Román Zurdo, en Bargas, Toledo, que a simple vista revisten todos los indicios de una manifiesta actividad criminal; pero la investigación judicial ha comenzado y a Hernández Moltó se le habrá helado la sonrisa con la que no hace mucho tiempo iba alardeando por los salones de Madrid sobre el inminente carpetazo que la Audiencia Nacional daría al asunto.
En octubre de 2008 El Confidencial publicaba un artículo sobre los agujeros de CCM. En él, la redactora, Fátima Martín, citaba las declaraciones de un portavoz de la entidad en respuesta a sus preguntas sobre la intervención de la Caja en operaciones millonarias de los principales condenados en el caso Malaya:
“Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocida”, ha reconocido a El Confidencial un portavoz de la entidad. Ahora bien, ha dejado claro que “nadie de esta casa está imputado”. “Somos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”.
A eso añadió, fuera de registro, que las informaciones que relacionaban a la Caja con las actividades delictivas de los principales capos del caso Malaya, eran «calumnias esparcidas por un blog, pero ya le hemos denunciado”.
El blog que «esparcía» las «calumnias» era este y también era cierto que habían presentado una denuncia, si bien por políticos interpuestos. Es decir, la querella no fue presentada por CCM ni por ninguno de sus directivos, sino por el que entonces fuera presidente de la Diputación de Toledo y alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez y por Gregorio Fernández Vaquero, a la sazón presidente del parlamento regional de Castilla la Mancha.
Para querellarse contra mi, para acabar con el blog y para eliminar toda la información que hay en él, no repararon en gastos. El despacho de abogados que contrataron fue el bufete Garrigues, uno de los incluidos entre los diez mejores de Europa.
El bufete Garrigues asignó el caso a uno de sus socios (el grado más alto en la jerarquía de los abogados de la Firma) concretamente al letrado José María Anguiano Jiménez.
No sirvió de nada. Dinero tirado, y mucho. En septiembre de 2012 el Juzgado de Instrucción nº 29 de los de Plaza de Castilla emitió Auto por el que se archivaba la querella presentada por Tofiño y Vaquero. El socio del bufete Garrigues sufría una derrota bochornosa que hubiera humillado al más asustadizo de los pasantes y, entre tanto, el tiempo y los hechos van acreditando lo que en Notitia Criminis se ha ido denunciando.
Desde 2006, cuando comencé la publicación de este blog, he ido comprobando que no pocos sujetos, con mejores o peores intenciones, eran incapaces de comprender la existencia de Notitia Criminis a no ser que recurrieran a teorías delirantes: Este trabajo necesita una organización poderosa que lo sostenga. El coste extraordinario de estas investigaciones lo tiene que estar financiando alguien. Si alguien está poniendo ese dinero será con alguna intención oculta… Incluso, recientemente, una letrada de un prestigioso bufete jurídico, de los de a treinta mil euros la provisión de fondos, me ha preguntado si no era cierto que el blog tenía publicidad e, incluso, concretando más, que si no era cierto que el blog tenía publicidad de la revista Interviú.
Bien, pues independientemente de que no voy a dar ningún curso de cómo investigar casos de presunta corrupción, sin medios, sin poder y sin dinero, sí que creo que ha llegado el momento de explicar por qué existe Notitia Criminis.
A estas alturas, dejada muy atrás la mitad del camino de mi vida, ya no sé si otro mundo mejor es posible o no, ni me importa, porque de lo que sí tengo certeza, lo que sí enseña la historia implacablemente, lo que los años vividos me han mostrado día tras día, es que si no se resiste al mal y a la indiferencia ante el mal, otro mundo, infinitamente peor, será inevitable.
«El constructor Francisco Hernando, más conocido como ‘El Pocero’, habría decidido emprender acciones legales contra el Gobierno de guinea Ecuatorial. El constructor pretende de esta forma que se le compense por la paralización del megaproyecto que planeaba llevar a cabo en el país africano
Según informa hoy el diario El País, Hernando presentó una demanda el pasado 23 de marzo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra el Gobierno de Guinea Ecuatorial. los abogados del despacho De Castro Morenilla, defensores de El Pocero, se niegan a facilitar más detalles por «una estricta regla de confidencialidad, habitual en los procedimientos arbitrales administrados por el CIADI», organismo dependiente del Banco Mundial.
La polémica ha rodeado este proyecto desde el inicio y, según declaraban fuentes gubernamentales de Guinea Ecuatorial a finales de 2008, nunca llegó a cerrarse ningún acuerdo con el empresario español. Según explicaba Melchor Esono, viceministro de Hacienda del Gobierno de Guinea, a elEconomista, El Pocero tenía interés en edificar en ese país, pero lo único que logró fue un compromiso del viceministro segundo, Aniceto Ebiaka, de crear una empresa mixta con el Gobierno. «El Pocero miente. Es completamente falso que vaya a construir en Guinea Ecuatorial. No tiene ningún tipo de licencia ni para la edificación de viviendas ni para nada», aseguraba Esono».
«Iñaki Urdangarin ha dado esta noche un golpe de efecto, el primero en su larguísima declaración judicial (algo más de 21 horas entre el sábado y el domingo tras finalizar su intervención cerca de las 1:40 de la madrugada), en su intento por demostrar quejamás participó en la estructura internacional opaca creada por la trama Nóos y cuyo eslabón último se sitúa en el paraíso fiscal de Belice.
La empresa Global que aparece en un manuscrito incautado y de la que cobró 300.000 euros en 2007 no está ligada al extranjero sino que pertenece al empresario de la construcción Domingo Díaz de Mera.
En ellas, el duque de Palma ha defendido que la infanta Cristina «nada tenía que ver» con la trama corrupta. «Ha quedado absolutamente claro una vez más que el tema de la infanta doña Cristina nada tenía que ver con el tema, que el señor Urdangarin siguió y atendió las instrucciones de la Casa Real», ha dicho el letrado.
El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha declarado a los periodistas que el domingo no era el día para dictar medidas cautelares contra el duque de Palma, como en principio se tenía previsto».
Bono, percibirá, anualmente, 154.080,48 euros brutos, unos 11.000 euros mensuales y tendrá, además, derecho a otros privilegios como un asistente y escolta de seguridad a cargo del presupuesto de la propia Cámara durante cuatro años. A esto hay que sumar las otras sinecuras de las que disfruta como ex presidente de Castilla-La Mancha.
Conviene recordar, además, que su patrimonio familiar, aflorado hasta la fecha, alcanza como ya determinó el diario Público, una cantidad no menor de séis millones de Euros.
Este próspero empresario, responsable último, por ejemplo, del presunto saqueo de Caja Castilla la Mancha, es uno de los que piden sacrificios en esta hora calamitosa, en estos tiempos en que, diariamente, se ejecutan más de doscientos desahucios, en los que doscientas familias se quedan todos los días sin techo. ¿He de decir qué es lo que la Justicia urge a hacer con él?
Hace no mucho salió a la luz una noticia sin gran repercusión. El Extraconfidencial afirmaba (y aquí, además, aportábamos la documentación) que Bono había defraudado al Ayuntamiento de Toledo 25.000 € en licencias de obras para su Hípica Almenara.
La cantidad no era gran cosa, acostumbrados como ya estamos a saqueos multimillonarios, pero ante el hecho, lo que hay que preguntarse es que si eso hace por 25.000 € ¿qué será lo que es capaz de hacer por 25 millones?.
En cualquier otro lugar civilizado una cosa así habría acabado definitivamente con el futuro político y público del culpable. En España a estos no se les procesa, no se les castiga… ¡Se les recompensa!.
Recuérdese esto cuando el nuevo Gobierno anuncie que otra vez diezmará las nóminas de funcionarios y empleados de empresas públicas, cuando la legislación laboral se diluya, cuando el despido se abarate, cuando se hagan posibles salarios de 400 €, cuando la protección de los convenios colectivos desaparezca, cuando cualquier empleado por cuenta ajena tenga que «negociar» sus condiciones laborales en términos de «esto es lo que hay y si no, que pase el siguiente»… Cuando todo eso ocurra y se anuncie el próximo lunes 19 de diciembre, recuérdese que el empobrecimiento creciente, que la miseria desatada, que las penurias de esta calamidad que no ha hecho más que empezar se está causando, se está imponiendo para rellenar los pozos sin fondo de la corrupción endémica de España, de una corrupción, conocida, consentida y, demasiadas veces, aplaudida.
A principios de septiembre de este año que se termina llegó la noticia de que Islandia había procesado a su ex primer ministro por su responsabilidad dolosa en la crisis económica del país. Ahora se sabe que el que fuera consejero delegado del banco Glitnir también ha sido detenido por su responsabilidad en la quiebra de la entidad.
No es la revolución social, no es un gobierno de bolcheviques o desatados anarquistas el que está haciendo esto en Islandia. Es, por el contrario, la más elemental democracia, la aplicación del simple principio de igualdad ante la Ley, pero la mengua de los tiempos en que vivimos, su consustancial corrupción, la podredumbre que apolilla todas las estructuras institucionales que gobiernan el Mundo, al menos el occidental, convierten a esta rutinaria y evidente aplicación del Derecho en un suceso asombroso y si asombrosa es la cosa en general, en España más parecen éstas, historias de un universo paralelo.
No es que no nos quepa ni soñar con ver a un presidente de gobierno sentado en el banquillo aunque sólo sea por su insufrible negligencia, por su canallesca ignorancia, por ser un pasmado recalcitrante en tiempos de urgencia; es que aún los casos de corrupción que han llegado a las audiencias no hacen otra cosa que vegetar a la espera de la prescripción o de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Así, en España, los responsables de la miseria de cinco millones de personas, los mismos individuos que han atesorado fortunas considerando, alegremente, no ya que el patrimonio público sea una res nulius, sino una res derelicta de la que se podía apropiar el primero que la tuviera al alcance, se siguen paseando por los palacios y alardeando de un poder que consiste, simplemente, en su privilegiada posición en el circuito de las influencias, las zalemas, los favores y los secretos inconfesables.
Y en este contexto de cosas, ahí tenemos a José Bono intrigando, primero para presidir un “gobierno de concentración nacional”, luego para colocar a un famulus o colocarse él al frente de un PSOE despreciado en las urnas por su insolente impostura y ahora para que le nombren embajador en el Vaticano, donde la maquinación aduladora, el poder omnímodo y el mal, contrastan de forma hiriente con la escena del Juicio Final de la Sixtina.
Nada hay que decir del caso Seseña y del demoledor informe del Tribunal de Cuentas o de los evidentes indicios de la presencia de la ‘Ndrangheta calabresa en ese pueblo. Nada importa la ultrajante y multimillonaria estafa del aeropuerto de Ciudad Real, con narcotraficantes incluidos rondando sus lindes. Carece de relevancia los préstamos de CCM a los cabecillas de la trama “malaya”, los favores del Pocero, los cambalaches con Rafael Santamaría, la milagrosa fortuna aflorada a la vista pública, el fiasco causado en una región que tiene la primera universidad pública quebrada… El personaje continúa moviendo sus hilos, mostrándose en público –manifiesto aviso a navegantes– con su amigo el director del CNI, dando por hecho que continuará viviendo de los dineros públicos y exigiendo una canonjía millonaria para su uso y disfrute.
“Vuelven los Borgia”, dice Al Pacino en una escena de “El Padrino III”. No sé si son los Borgia quienes vuelven a Roma, pero el que sí quiere instalarse en el palacio Monaldeschi es Bono, otra cosa es que le dejen.
Ahora que gasta tupida pelambre, el Salobreño anda desbocado. Con la guedeja al viento, sin vergüenza ni prudencia, ha dicho que el jefe del PSOE… tiene que ser “un español sin complejos”.
Siendo España un huerto tan ubérrimo en majaderos y malvados, busco en los libros, repaso índices, hago memoria de la historia castiza de nuestra infamia y escrutinio de la genealogía de cuanto tonto en vísperas ha dejado crónica de sus hechos, y no encuentro símil ni semejanza que convenga a la desmedrada jauría que se ha afincado en las magistraturas y audiencias de esta triste España.
Había en mi pueblo un tipo al que, por fin, un paisano le advirtió que su consorte no estaba dejando mozo en pie ni pajar que no tuviera algo que contar. El hombre contestó al avisador: “Si, si, es un poco puta, pero toas tien algo”.
Un poco demasiado de eso nos ha salido España y, lo que es peor, con mal tino y más barato trato. Por eso, con cierta ingenua esperanza de que la rapaza se corrija, se me viene a la cabeza “La Regenta” de Clarín: “Ana volvió a la vida rasgando las nieblas de un delirio que le causaba náuseas. Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo”.
Tras el tratado de 1536 entre el rey de Francia y el imperio turco, el emperador Carlos acudió a Roma y ante el Papa, sus cardenales y embajadores acusó a Francisco I de haber roto la paz de Europa, de ser infiel a su palabra y de estar conjurado con el Turco, al que azuzó contra Hungría y al que ayudaba en el Mediterráneo. Ese día, Carlos, desafió al fementido rey de Francia a duelo público para que sus vidas en liza dieran cuenta de la querella y se eludiera la guerra entre pueblos cansados e inocentes, pero el Habsburgo era un antiguo y el francés un moderno. No hubo duelo, pero sí guerra, pues es propio de los modernos considerar que los hombres son mercancía fungible y abundante y que en la guerra, en la política desplegada con otros medios, vale más una mula que un hombre.
Aprendió bien España aquello de que los hombres, como los garbanzos, se pueden contar por fanegas y no por sus apellidos, de modo que los dos conceptos que ha dado a la cultura universal son el del pícaro y el del guerrillero, y el guerrillero no deja de ser un pícaro en armas.
No hay porvenir en España para los listos, sino para los pícaros. No cabe lucidez ni decencia en una tierra que un gato podría cruzar, en todas las direcciones de la rosa de los vientos, saltando de tonto en tonto, si no fuera porque la cerrada espesura de los sinvergüenzas le obstruye el paso. España es una fulana que siempre decepciona y a sus gobernadores cabría decirles lo mismo que Mejía le dijo a Tenorio: “Don Juan, yo la amaba, sí; / mas con lo que en ella habéis osado, / imposible la hais dejado / para vos y para mí”.
Digo esto porque hoy me encuentro los periódicos salpicados, otra vez, por la política untuosa del “Salobreño”. Según cuentan, José Bono ha dicho: “Creo que debemos apostar a la grande, es decir por España y no a la chica, que son los territorios que integran España. Ésta es la clave por encima de cualquier otra consideración”
Pues no señor príncipe del reino de Trapisonda, lo que en España urge, “por encima de cualquier otra consideración”, es extirpar a los trileros de la res publica, mas me temo que a estas alturas, imposible hais dejado a la moza.
Desde que en 2006 Notitia Criminis aireó la estrecha relación del hijo de José Manuel Tofiño Pérez con la constructora PEYBER y la simultánea concesión a ésta, hecha por la Diputación que presidía, del mantenimiento de carreteras de la provincia (mas de 27 Millones de Euros) es mucho lo que ha llovido sobre el peso medio del bonismo toledano. Tanto que a día de hoy no sólo ha perdido la presidencia de la Diputación, sino también la alcaldía de Illescas, que tan cara a su corazón le resultaba.
También han sido muchos los titulares de prensa que «Jose» Tofiño ha protagonizado desde entonces. Ahora debe estar descubriendo, atónito, que ese protagonismo no ha terminado y no, precisamente, por optar a un escaño en el Congreso de los Diputados, sino por cosas bastante más feas. Seguro que, mientras un sombrío malestar anida en su espíritu, se estará preguntando: ¿a qué o a quién se debe esto?
Un banco o Caja presta millones al corrupto. El corrupto hace desaparecer el capital eludiendo impuestos y controles financieros y, sobre todo, el pago de las deudas contraídas. El banco se descapitaliza y entra en quiebra. El Estado rellena el agujero financiero con la liquidación del Estado Social y el aumento de las cargas impositivas sobre los salarios. Nadie pierde, salvo todos aquellos que carecen de poder.
En gran parte de los caso conocemos lo sucedido, conocemos los nombres, conocemos las empresas y conocemos las vías por las que, siempre con la complicidad política, se ha robado en cantidades no imaginables hasta le fecha. También conocemos la impunidad o cuasiimpunidad con la que esto ha sucedido… ¡Y lo seguimos tolerando! ¿Somos idiotas?.
Desde esta mañana, publicada por diversos medios de comunicación, estaba circulando la noticia de que IU votaría en el Congreso a favor de la resolución propuesta por el PSOE sobre el Informe del Tribunal de Cuentas relativo al caso
Seseña, resolución con la que se pretende cerrar cualquier investigación parlamentaria relativa al caso de El Pocero. La noticia es falsa y así lo ha desmentido IU en el comunicado de prensa que se reproduce a continuación:
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COMUNICADO DE PRENSA IZQUIERDA UNIDA
Tras darse a conocer en diversos medios de comunicación la existencia de un acuerdo de varias fuerzas políticas, entre ellas IU, representadas en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas y en referencia al informe sobre el Ayuntamiento de Seseña, desde Izquierda Unida:
1º.- Desmentimos rotundamente nuestra participación en acuerdo alguno en el Congreso para dar carpetazo al informe del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Seseña.
2º.- Consideramos que el asunto seguirá y debe seguir vivo mientras no se delimiten las responsabilidades correspondientes en torno a las graves irregularidades urbanísticas cometidas y los enriquecimientos sospechosos relacionados con el mismo.
3º.- Más allá de las posibles recomendaciones que se aprueben en la citada Comisión, el informe de fiscalización de la gestión urbanística del Ayuntamiento de Seseña elaborado por el Tribunal de Cuentas, ya definitivo y aprobado, viene a concluir que de haberse ejercitado por parte de la Junta de Comunidades las funciones de ordenación, control, inspección y sanción podrían haberse impedido parte de las irregularidades y modificaciones del planeamiento no justificadas en el interés general.
4º.- Izquierda Unida continuará exigiendo la depuración de responsabilidades, tanto políticas como penales, por la actuación en torno al Quiñón de Seseña. Igualmente no participará en ningún tipo de acuerdo que pretenda cerrar en falso o dar carpetazo al caso.
Bono, Emiliano García Paje y el ex alcalde del PP de Toledo José Manuel Molina, en la boda de la hija de éste
Si el pasado día 13 Notitia Criminis daba la noticia de movimientos en el PSOE toledano y en las cercanías de Emiliano García Paje, encaminados a sentar a Tofiño (ex presidente de la Diputación de Toledo y ex alcalde de Illescas) en un escaño del Senado; dos días después ABC venía a confirmar esas mismas intrigas, relacionadas con el intento de García Paje de alcanzar un escaño en las Cortes españolas, intento que, finalmente, parece concretarse en su desembarco en el Senado por la vía de la designación autonómica y no de las elecciones.
Según ABC: “Sin embargo, resuelto el problema de los líderes, queda ahora el capítulo de la lista al Congreso y al Senado en la provincia de Toledo. Un nuevo terreno abonado hasta la decisión definitiva a las especulaciones. No obstante, y salvo la opción de un «paracidista» que encabece la lista, todo apunta a la alternativa más probable de personas de la confianza de García-Page. En este apartado se barajan los nombres del diputado regional Jesús Fernández Vaquero, el ex alcalde de Illescas José Manuel Tofiño o el actual diputado nacional Alejandro Alonso.
¿Por qué Tofiño y Fernández Vaquero son hombres de confianza de Emiliano García Paje?. Habrá muchas razones, pero esta, probablemente, será una de ellas: Seseña. Los tres nombres que ahora parecen copar las posiciones de poder en el PSOE toledano han estado vinculados al caso de “El Pocero” desde sus inicios.
Las salpicaduras de los negocios del Pocero en Seseña sobre el entorno de Bono y sus consiglieri se puso de manifiesto muy pronto. La pista más clara fue, sin duda, la grabación de las máquinas de ONDE-2000, la empresa insignia de Francisco Hernando, trabajando en las instalaciones de HÍPICA ALMENARA, el muy próspero negocio de Bono, pero fue, precisamente ese descubrimiento el que hizo entrar en escena a un belicoso Emiliano García Paje.
Una reunión el el hotel Beatriz en la que García Paje hace una oferta que “no se puede rechazar”
En el libro de Alejandra Ramón y Ruth Ugalde “El Pocero de Seseña”, bajo el título “Promesas para tapar un escándalo” se cuenta la reunión habida entre Manuel Fuentes y Cayo Lara, por parte de IU; y José Manuel Tofiño y Emiliano García Paje por parte del PSOE. La reunión tuvo lugar después de que IU hiciera pública la relación entre El Pocero y Bono y sobre ella se dice lo siguiente:
“El encuentro con Barreda marcó un antes y un después en las relaciones de IU con el ejecutivo manchego. Inquietos por el escándalo latente, los máximos responsables de la Comunidad pusieron en marcha un calendario de reuniones, dirigido a conocer las reivindicaciones de IU e intentar satisfacerlas en la medida de lo posible a cambio de enterrar la polémica. Con este objetivo, José Manuel Tofiño, presidente de la Diputación de Toledo y Emiliano García Paje, secretario provincial del PSOE y responsable institucional del gobierno regional, se citaron el el toledano hotel Beatriz con Cayo lara y Manuel Fuentes. Este encuentro tuvo lugar apenas once días después de la entrevista con Barreda y, durante toda la reunión, los militantes de IU volvieron a insistir en la necesidad de regenerar la corporación municipal socialista de Seseña, desvinculándola de Hernando, y propusieron un pacto de izquierdas en defensa del urbanismo sostenible en la región. Un acuerdo que requería, por parte del ejecutivo manchego, terminar con el trato de favor que estaba recibiendo el Pocero”.
Lo que ocurrió después, según los hechos documentados en la denuncia que IU presentó ante la Fiscalía Anticorrupción y que ha dado origen al caso Seseña, se parece mucho a algún capítulo de la novela de Mario Puzo, El Padrino, en la que los Corleone hacían esas “ofertas que no se pueden rechazar”.
Los hombres del PSOE toledano, insistimos que se trataba de García Paje y de Tofiño, contestaron de la siguiente forma, según se recoge en el texto de la denuncia de IU y en el citado libro sobre el Pocero:
“1.- No controla el grupo municipal del PSOE de Seseña. Se ha disuelto la agrupación local.
2.- El gobierno no quiere escándalos. Si sacamos a relucir la relación entre Bono y Francisco Hernando Contreras, se acaba cualquier negociación.
3.- Pide que se negocie con Francisco Hernando Contreras para sacar adelante el PAU de El Quiñón y, a cambio, el ayuntamiento de Seseña tendrá «tratamiento de ayuntamiento socialista» es decir, los privilegios económicos y administrativos que el gobierno regional otorga a las corporaciones dominadas por su partido.
4.- Acaba mostrando su admiración por Francisco Hernando Contreras y dice, literalmente, «Vosotros no sabéis con quién estáis tratando, tiene más de tres millones de metros cuadrados de suelo»”
En este punto, Tofiño abandonó la reunión y dejó solo a García Paje. Su intervención en ella, se diría, había sido la de un subordinado que estaba allí para ver y aprender, sin mucho más que hacer que servir de edecán al delfín de Bono. No obstante sí dejó oír su voz. Mientras García Paje amenazaba con romper negociaciones si IU hacía pública la relación entre Bono y El Pocero, Tofiño, a modo de interrogador bueno, se permitía dar un consejo a Manuel Fuentes y Cayo Lara: Lo que había que hacer con los constructores era “sacarles –sic– polideportivos e infraestructuras para el pueblo”.
Poco más dio de sí la reunión del hotel Beatriz, pero después de ella quedó meridianamente claro el apoyo incondicional del PSOE toledano al PAU del Quiñón, la exigencia de omertà con respecto a las turbias relaciones entre el Pocero y Bono y la exigencia de “sacar también adelante el PAU de Los Albañales (1.500.000 m2 para zona industrial) y el de Casa Postas, ambos promovidos por Francisco Hernando”, y todo ello a cambio de favorecer, con una más que dudosa utilización de las potestades públicas, económica y administrativamente a la corporación que entonces presidía Manuel Fuentes.
Es decir, y siempre según la narración de hechos contenida en la denuncia de IU, lo que García Paje hizo ese día fue ofrecer dinero y ventajas administrativas que favorecieran la reelección de Fuentes a cambio de lubricar en el ayuntamiento los intereses y planes del Pocero y de silenciar la relación de éste con Bono.
La pregunta, ahora, es ¿qué hacía Tofiño en esa reunión? ¿Acompañaba a su jefe para que no se sintiera desamparado en presencia de los dos peligrosos bolcheviques o, por el contrario, tenía asignados cometidos y funciones más importantes en todo el asunto de Seseña y el Pocero? La respuesta a esta pregunta, seguramente, nunca se llegue a publicar –nótese que digo publicar, no saber– salvo que las cuchilladas florentinas que se empiezan a repartir en los subterráneos del PSOE toledano tras el fiasco de las elecciones municipales haga surgir a algún pajarito que más que piar, cante; pero lo cierto es que hay un episodio posterior que induce a sospechar, vehementemente, que Tofiño aquel día no fue un mero convidado de piedra. Me estoy refiriendo al fax remitido al expulsado Felipe Sancho, concejal de hacienda de Seseña, cuando ésta era gobernada por el ahora imputado José Luis Martín.
Un fax que da instrucciones a unos “expulsados” por corrupción.
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El 7 de febrero de 2005, a las 13:35 horas, llegó al ayuntamiento de Seseña un fax que acabó en manos inesperadas, las de Notitia Criminis, entre otras. Se remitía al teléfono 918936265 y a la atención de “D. Felipe Sancho”. El remitente era “D. Jesús Fernández Vaquero” y el teléfono desde el que se hacía el envío, el 925257657. En dicho fax se daban detalladas instrucciones al referido Felipe Sancho, concejal en Seseña y miembro de una supuestamente disuelta agrupación socialista –el PSOE había dado orden, un año antes, de disolverla cuando aparecieron las primeras noticias sobre la corrupción en ese ayuntamiento– sobre la forma en que éste y los demás concejales “expulsados” del PSOE debían oponerse a la aprobación del presupuesto municipal presentado por el equipo de gobierno de IU.
En la cabecera del fax no solamente aparecen el nombre y apellidos de Fernández Vaquero, sino que el número desde el que se envía es el del despacho de Vaquero en el Parlamento regional, es decir, el que éste tenía asignado como Secretario Primero de las Cortes de Castilla la Mancha.
Pero el documento guardaba aún más sorpresas pues Vaquero no era el origen del texto, sino que, a su vez, se lo habían remitido a él, un día antes, desde otro teléfono: el 925216916 que, curiosamente, es el correspondiente a la presidencia de la Diputación de Toledo, presidencia que, en esos momentos, ocupaba José Manuel Tofiño Pérez.
Como los conocimientos jurídico-administrativos de Tofiño son los que son, es evidente que el contenido del Fax no era obra suya y probablemente éste habría sido redactado por los servicios técnicos de la Diputación, pero lo que ahora importa es el hecho acreditado de que, desde el despacho de presidencia de la Diputación sale un fax con instrucciones para unos expulsados por presunta corrupción, que ese fax llega al despacho institucional de Fernández Vaquero en las Cortes regionales y que, desde ahí se envía, con el mencionado Vaquero como remitente, al también mencionado Felipe Sancho; y este hecho acreditado confirma, como ya he dicho, la vehemente sospecha de que José Manuel Tofiño y, desde luego, Fernández Vaquero, tenían atribuciones, cometidos, misiones y encargos estrechamente relacionados con el caso Seseña y que, por tanto, la presencia de Tofiño en la reunión del hotel Beatriz no era irrelevante ni casual.
He aquí, pues, al séquito del que Emiliano García Paje pretende hacerse acompañar hasta la Carrera de San Jerónimo o hasta la Plaza de la Marina, y si el asunto de Seseña es grave, naturalmente no nos podemos olvidar de la estrecha relación de Tofiño con la constructora PEYBER, de la concesión de la redacción del POM de Illescas a una empresa domiciliada en una barriada chabolista de la localidad que, además, tenía vínculos con los “malayos” Carlos Sánchez y Andrés Lietor; del más reciente caso de la contratación, in articulo mortis del hijo de Fernández Vaquero en la Diputación de Toledo; o de la presencia en Illescas, como agente urbanizador del PAU de la vía férrea, de Aurelio González Villarejo, uno de los proveedores de inmuebles de la familia Bono, uno de los principales deudores de CCM, uno de los presentes en el caso del aeropuerto de Ciudad Real; y ahora uno de los implicados en el caso Brugal.
Así pues, estos son los nombres que se consideran para encabezar las listas electorales del PSOE por Toledo, los hombres de confianza de Emiliano García Paje y los hombres que, les guste o no, llevarán consigo a Madrid, si finalmente tuvieran la fortuna de ser elegidos en las próximas Generales, las oscuras sombras de Seseña, del Pocero y de algo más preocupante, más siniestro incluso, que la investigación del caso Seseña está poniendo o va a poner en breve, sobre la mesa de jueces y fiscales.
Según ha podido saber Notitia Criminis de fuentes solventes próximas a José Manuel Tofiño, ex presidente de la Diputación de Toledo y ex alcalde de Illescas, como parte de las maniobras desplegadas en la trastienda del PSOE toledano para hacer diputado a Emiliano García Paje, también se estarían moviendo hilos con el fin de introducir al propio Tofiño en el Senado.
De confirmarse esta bachillería, habría que concluir, al menos, dos cosas. La primera que el PSOE de Castilla la Mancha se ha convertido ya en una organización irrecuperable, incapaz de ninguna renovación política o ética. La segunda que, como era de prever, Bono está desplegando peones en el tablero, con vistas a los tiempos que vendrán tras el fiasco electoral de Rubalcaba.
Por otro lado, esta colocación estratégica de famuli de probada lealtad, seguro que trae cuenta de los cálculos hechos por el próspero empresario hípico sobre las consecuencias que para él podría tener la pérdida del aforamiento en el caso de que, finalmente, se confirme que no concurrirá en las listas electorales del PSOE.
Recientemente el PSOE de Illescas (Toledo) ha repartido un libelo volandero en el que, quien todavía tenga estómago para leer lo que estos escriben, encontrará la siguiente frase: “El acuerdo de Izquierda Unida + Partido Popular unidos en un objetivo común: cómo repartirse el dinero”.
IU de Illescas ha contestado, dando más merecimientos a los autores del bilioso panfleto del que se merecen, que tal pacto no existe pero que lo que sí existió fue el frenético despliegue de ofertas hechas por parte de José Manuel Tofiño Pérez durante la noche previa a la votación de investidura en el ayuntamiento.
Esa noche, el teléfono de Tofiño, un caprichoso Iphone pagado con dinero público, recalentó todos sus circuitos en un patético intento de evitar que sus posaderas fueran despegadas del sillón de la alcaldía.
“Nos llegasteis a ofrecer hasta tres concejalías –se lee en el comunicado hecho público por IU– para pactar con vosotros y evitar que el PP gobernase. La pena es que como buenos supuestos mafiosos la oferta fue sin pruebas ni escritos que se puedan demostrar, por lo cual quedara todo como una suposición. Pero ese era el precio que creíais que el grupo compuesto por IU Illescas valía, sorpresa la que os llevasteis cuando se os dijo que ni por esas”.
En realidad, a medida que la desesperación crecía, Tofiño llegó a ofertar más cosas, naturalmente, sin otra garantía, crédito o aval, que su palabra de hombre de honor. A cambio de que le dejaran seguir siendo alcalde, estaba dispuesto, incluso, a retirar el Plan de Ordenación Urbana del municipio; pero ante su amargada incredulidad, se le dijo que no y se le dijo que no porque, como él mejor que nadie sabe, sobre su cabeza pesan demasiadas sospechas de corrupción, tantas y tan sólidas que IU no podía llegar a ningún acuerdo con su persona o con aquellos que él había incluido en su lista de concejales, sin hacerse cómplice de hechos que la misma organización había denunciado a la Fiscalía.
La última conversación, bien entrada la madrugada, no parece que convenciera al ex alcalde de Illescas y ex presidente de la Diputación de Toledo, de que sus actos y nada más que sus propios actos, le estaban arrojando lejos de las canonjías y sinecuras políticas de las que llevaba años disfrutando. Tras la votación de investidura, desechado sin contemplaciones al montón de residuos del bonismo manchego, Tofiño se abrazaba sentidamente, en la plaza del Ayuntamiento, a parientes y arrimados, y hacía pucheros, atónito, tratando de contener las incontenibles lágrimas que le asomaban a los ojos.
Nómina, como presidente de la Diputación, de 90.000 euros, coche oficial, chófer, fastuoso despacho en el palacio de la plaza de la Merced, entrañable amistad con constructores poseedores de yate y caserón en Ibiza como es el caso de Carlos Durán, trato con presidentes, magistrados y fiscales y poder; todo ello y más cosas se le escaparon de entre los dedos ese día de mayo a Tofiño y por todo ello gimoteaba en la plaza, pensando, seguramente, que de sus labios ya no podrían volver a salir frases como la de “policía, proceda” con la que solía dar la orden de desalojar el pleno del ayuntamiento.
Ahora, este hombre, que de tan alto ha venido otra vez a tan bajo, no halla consuelo ni resignación y él –o sus secuaces, que quiere decir aquellos que le secundan o siguen– con agrio abatimiento acusa a IU de Illescas de pactar con el PP para llevarse el dinero.
Pues no, honesto maestro de escuela. IU de Illescas no ha pactado con el PP, ni para llevarse el dinero ni para ninguna otra cosa. Ha pactado con la decencia para expulsarte a ti de la Res Publica, pero ese es un compromiso para cuyo entendimiento los adeptos al bonismo toledano no parecen estar dotados de órgano adecuado.
Contente, Tofiño, y no trates de emular a tu untuoso consiliario, que para eso te falta verbo y astucia, y mejor da respuesta, de una vez, a estas sencillas preguntas:
¿Qué relaciones, vínculos o afectos le unen a los Díaz Bermejo, propietarios de la constructora PEYBER?.
¿Está o ha estado trabajando su señor hijo en la filial que la constructora PEYBER tiene en Rumanía o para alguno de los socios en el negocio rumano de esa misma constructora?.
¿Cuál ha sido la constructora encargada de levantar la comisaría de policía local de Illesca, cuál el sistema de contratación y cuáles los criterios de licitación de esa contrata?.
¿Cuáles son las causas y criterios que justificaron, por mercantil interpuesta, la adjudicación de la redacción del POM de Illescas a Miguel Angel López Toledano?
¿Qué criterios han justificado la atribución de agente urbanizador en el PAU de la vía férrea a Aurelio González Villarejo –uno de los principales deudores de CCM y proveedor de inmuebles para los Bono– ahora acusado por Anticorrupción de una cumplida lista de presuntos delitos en el caso Brugal?.
Para ir empezando, contesta a esto y déjate de pactos con el PP, que no te conviene alardear de tan consumado cinismo en unos días en que tu padrino –político, claro está– el eximio José Bono acaba de remitir una viscosa carta a Fraga Iribarne, ese vetusto ex ministro de gobernación que hizo suyas las calles, las de Vitoria y las de otros sitios, a base de plomo y gas lacrimógeno; y entérate de una vez que, como ya he dicho hace poco, en este mundo malo, mezquino y lastrado, aún hay hombres sin miedo y sin precio, que valen más que tú y todos juntos harto más que tú.
Hoy está prevista la aprobación de una nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, uno de los últimos estertores del cadavérico gobierno de Zapatero y en ella se consuma una vieja pretensión que el Felipe González de los tiempos del GAL no tuvo valor para perpetrar: La instrucción, es decir, la investigación de las causas criminales pasa a manos de la Fiscalía, pero no sólo esto. En congruencia con lo anterior la Acción Popular, un derecho establecido por la Constitución pero no determinado en ella, desaparece de facto en todos aquellos tipos penales cuyo bien jurídico protegido no corresponda a derechos personalísimos o a personas físicas determinadas. Así ocurrirá, por ejemplo, con el Título de los delitos contra la Administración Pública o con el de los delitos contra la Administración de Justicia o con la mayor parte de aquellos relativos a organizaciones criminales o a delitos contra la Hacienda Pública tal cual es el de blanqueo de capitales.
Según la reforma que se aprobará hoy, los partidos políticos, los sindicatos y las Administraciones Públicas son definitivamente privados, en todos los supuestos, del derecho a personarse en una causa criminal como Acusación Popular. En el resto de los caso, también será arrojado fuera del proceso quien se haya personado como tal Acusación, sea persona física o jurídica, si la víctima del delito –de haberla– y el Fiscal piden el sobreseimiento de la causa.
A esto, se añade un reforzamiento del secreto de las actuaciones cuyo principal efecto es hurtar a la opinión pública el conocimiento sobre las circunstancias y presuntos autores de los delitos investigados. Con el aparente propósito de proteger al “investigado” de la llamada “pena de telediario”, lo cual parece loable a primera vista, la nueva Ley prohíbe que durante la instrucción se hagan públicas la identidad o imágenes de los investigados –antes imputados– cosa que, en la práctica, dificulta, si es que no impide, que otras investigaciones no judiciales, como las periodísticas, desvelen hechos y datos que no se investiguen en la instrucción, es decir, que el Fiscal no quiera o no sepa investigar.
La consecuencia inevitable de todo ello es que el Ejecutivo pasa a controlar y monopolizar discrecionalmente la persecución de la corrupción político-económica. ¿Por qué? Pues porque, en nuestro Ordenamiento Jurídico, la Fiscalía es un apéndice del poder Ejecutivo y no porque una Ley así lo diga, sino porque lo dice la propia Constitución. Según el artículo 124.2 CE “El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”; y según el 124.4 “El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”.
Con otras palabras, el Gobierno tiene el control inmediato y pleno de la actuación de la Fiscalía por el evidente, flagrante y manifiesto hecho de que a él le corresponde, a discreción, el nombramiento y el cese del Fiscal General del Estado y porque el resto de los miembros del Ministerio Fiscal están sujetos a los principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, cosa que no se nubla en absoluto aunque ese Ministerio también deba atenerse a los principios de legalidad e imparcialidad, por cierto, igual que le pasa a todas las demás Administraciones Públicas, las cuales, no por eso, dejan de ser órganos dependientes y sujetos a la voluntad gubernativa.
Y si esto es así, y así es, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se va a aprobar hoy –seguro que con aplastante apoyo parlamentario– significa, ni más ni menos, que a partir de ahora la impunidad o el castigo de los delitos de corrupción queda al libre albedrío, al antojo, del presidente del Gobierno.
Con lo que está sucediendo en este día, nuestra narcotizada segunda Restauración se adentra profundamente en la mutación del Estado en Hampa organizada, y con ello enuncia nuevamente unas viejas palabras y reclama del Ciudadano, del Cives, que las reconsidere otra vez:
Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad.
Ya es un hecho consumado. Según informa hoy el diario Expansión, el Gobierno regional, a 30 de junio, tenía un saldo disponible en cuentas bancarias de 36,8 millones de euros y unos pagos pendientes de 2.606,7 millones. La situación, por tanto, es de quiebra y salvo que el Estado se haga cargo de tales pagos, ni médicos, ni maestros, ni profesores de instituto, ni enfermeras, ni barrenderos ni nadie podrá cobrar sus nóminas de funcionarios en el próximo mes.
Desde hace cinco años, en este blog se están sacando a relucir tramas que revelan una sistemática estructura de saqueo público. Aquí se ha echado luz sobre la presencia en la región de capos del caso Malaya y del caso Astapa, incluso de individuos que constan en las bases policiales como pertenecientes a la mafia calabresa. Dentro de no mucho, ya lo adelanto, veremos a la mafia, no en sentido lato, sino estricto, agazapada tras el fabuloso proyecto de un parque temático y no es necesario insistir en otras cosas como la operación del aeropuerto de ciudad real consistente en cambiar millones de billetes de curso legar por estampitas que llevaban impresa la leyenda “acción al portador”.
De lo investigado aquí, ha ido surgiendo una sistemática constante que, necesariamente, tiene que obedecer a un plan jerarquizado y sometido a una cadena de mando que, obligatoriamente, acaba o comienza en la cúpula del régimen instaurado por José Bono y continuado por Barreda. En toda la región, al menos en todas las partes de la región en las que el “negocio” inmobiliario lo permitía, mediante la generación de plusvalías fraudulentas basadas en la recalificación y control del suelo, en la confiscación de éste a labradores indefensos y en la utilización arbitraria del crédito a través de CCM; se ha instaurado la misma maquinaria de pillaje: un ayuntamiento, un alcalde adicto y protegido por el régimen y un constructor o un número limitado de constructores que, contando con la complicidad política, monopolizaban, al margen de la Ley unas veces y en contra de ella otras, el mercado inmobiliario del lugar.
Así, se ha ido dibujando una línea que comenzando en Aranjuez, continuaba por Borox, Seseña, Illescas, Ugena, Carranque, El Alamo, Valmojado y Casarrubios del Monte, ha establecido, al sur de Madrid, las fronteras de una corrupción que, en demasiadas ocasiones, ha llegado a la más desvergonzada obscenidad.
Hoy la prensa publica también el descubrimiento de un coche blindado encargado por Barreda que llegó a costar en el año 2007, 377.749 euros y cuyo cuentakilómetros marca 53.000. El vehículo fue comprado mediante un contrato negociado y sin publicidad, pero lo que calla la prensa, lo fundamental, es a quién fue comprado ese automóvil. El hecho, comparado, por ejemplo, con los 200 millones de euros prestados por CCM a Roca y a otros dos cabecillas del caso Malaya, no deja de ser anecdótico pero, no obstante, ejemplifica, perfectamente, la operativa puesta en práctica para vaciar los fondos de una de las comunidades autónomas más extensas del Estado español.
Y sobre todo esto, la Fiscalía ha venido callando y los Tribunales inhibiéndose. Sin embargo, a matacaballo y sin entrar en detalles técnicos, se me vienen a la cabeza unos cuantos tipos penales que pueden y deben ser aplicados: Malversación propia e impropia, falsedad en documento público, falsedad contable, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, cohecho, inhibición del deber de perseguir delitos… y todo ello aderezado con los correspondientes fraudes de ley y abusos de derecho.
Es falso que el Código Penal no disponga de instrumentos para hacer frente a tales delitos, tan falso como la impostura de llamar a esto “mala gestión” o “despilfarro”. Aquí no se ha despilfarrado, se ha robado, se ha robado en una escala desconocida hasta ahora y las víctimas son unos ciudadanos que, sin darse cuenta, hace tiempo que devinieron en súbditos, si es que no en siervos y en pecheros, unos ciudadanos a los que hay que preguntar sin van a hacer algo al respecto o si, por el contrario, son idiotas.
NOTITIA CRIMINIS 