Quiebra el aeropuerto de Ciudad Real

Barreda, el principal protector del negocio aeroportuario de Díaz de Mera, Méndez Pozo y Aurelio González Villarejo

Ciudad Real, 1 jun (EFE).-

Un juzgado de Ciudad Real ordenó hoy la suspensión de CR Aeropuertos S.L. en sus «facultades de administración y disposición sobre su patrimonio» y decretó el inicio de un concurso necesario de acreedores (antigua suspensión de pagos) por el impago de sus deudas.

Los actuales administradores del primer aeropuerto privado de España quedan sustituidos en su ejercicio por tres administradores concursales: un abogado, un auditor-economista y un acreedor que, en este último caso, es la Caja de Ahorros de Córdoba, CajaSur.

La decisión judicial ha sido adoptada por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, Amalio de Juan Casero.

La decisión judicial se ha conocido oficialmente en el mismo momento en que PSOE y PP celebraban una reunión a puerta cerrada en las Cortes regionales, en Toledo, para decidir sobre el futuro del aeropuerto, que atraviesa una grave crisis financiera.

El auto judicial decreta la «suspensión del deudor (CR Aeropuertos) en sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sustituido en su ejercicio por los administradores concursales».

El concurso necesario de acreedores fue solicitado inicialmente por Montreal Montajes y Realizaciones S.A., a la que se sumó luego CajaSur, que declararon el «estado de insolvencia» de la sociedad propietaria del aeropuerto, CR Aeropuertos S.L., «al no poder cumplir regularmente sus obligaciones».

Montreal Montajes reclama una deuda de 16,9 millones de euros que CR Aeropuertos se comprometió a abonar en dos pagarés «con vencimientos sucesivos y que a la postre no se entregaron», dice el auto.

CajaSur se sumó a la demanda en marzo pasado, al reclamar una póliza de crédito vencida en cuenta corriente con fecha 1 de septiembre de 2009 por un saldo de 18,8 millones de euros, que fue reclamado «extrajudicialmente y no satisfecho», según el auto del juez de lo Mercantil.

Los demandantes aportaron como prueba «deudas exigibles e impagadas» de otros acreedores «suficientemente significativas» para respaldar la petición de concurso necesario de acreedores.

En este sentido, el auto cita la deuda que CR Aeropuertos mantiene con Caja Castilla-La Mancha por un importe de 50,6 millones de euros y 33,9 millones de euros como consecuencia de la ejecución de avales por parte de Isolux Wat, S.A.-Sacyr S.A. U.T.E. y Credit Suisse Internacional, respectivamente.

Igualmente, la deuda que mantiene con Isolux Wat, S.A.-Sacyr S.A. U.T.E., que asciende a 20,7 millones de euros; el débito que presenta con Caixa Catalunya por importe de 2 millones de euros y los debitos reclamados por los acreedores Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid y Airon Consultores S.L.P. personados en el mismo procedimiento concursal que ascienden a 48.720 euros y 24.669 euros, respectivamente, dice el auto del juez.

¿Por qué «La Tribuna de Toledo» publica informaciones sobre la vida privada de la concejal agredida por Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas?

Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas
Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas

Haciéndose eco de la agresión perpetrada por Agustín Jiménez Crespo (en la foto) a una concejal de su grupo en el Ayuntamiento de Noblejas, La Tribuna de Toledo, en un artículo titulado «El PP reclama al PSOE que actúe contra el alcalde si no dimite» daba datos sobre aspectos privados de la vida de dicha concejal y de una de sus amigas, la cual fue inmediatamente despedida por el tal Jiménez tras ocurrir los hechos que le han llevado a ser condenado.

Esos datos, que carecen absolutamente de ninguna relevancia respecto a la información publicada, parecen ocultar, tras una aparente redacción aséptica, un tortuoso intento de desprestigiar públicamente a la víctima de la agresión y una no menos tortuosa pretensión de sostener al agresor, resaltando que si bien ha sido condenado, no lo ha sido por violencia de género, sino por lesiones.

Independientemente de que la concejal agredida muy bien podría emprender acciones legales contra La Tribuna de Toledo y de que el alcalde Agustín Jiménez Crespo no haya sido condenado por un delito de violencia de género porque ahí falta la convivencia familiar o la relación afectiva, lo cierto es que la maniobra de La Tribuna es reveladora.

Como es sobradamente conocido, La Tribuna es una cabecera perteneciente a Antonio Miguel Méndez Pozo. También es sobradamente conocida la pública amistad que une a este constructor, encarcelado en su día por el caso de “la construción de Burgos”, con el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.

Por otro lado, Méndez Pozo es uno de los mayores deudores de la intervenida CAJA CASTILLA-LA MANCHA y uno de los principales “inversores” ―con dinero de CCM― en los ruinosos proyectos del Aeropuerto de Ciudad Real y del Reino de Don Quijote, por no citar ahora otros negocios inmobiliarios que este importante empresario tiene en la región.

Pues bien, Méndez Pozo también tiene señalados intereses en la localidad toledana de Noblejas, escenario de la agresión del alcalde Agustín Jiménez, intereses que penden de un hilo el cual, a su vez, pende de la “voluntad” del alcalde Jiménez.

En Noblejas, el ahora condenado en firme Agustín Jiménez Crespo, impulsó un proyecto que pretendía alcanzar la condición de polígono dedicado a la alta tecnología. Su denominación: Parque Tecnológico Lineal. Para ello el Ayuntamiento de Noblejas presidido por Jiménez compró unos tres millones de metros cuadrados al precio de 250 Pts/m2.. Esos terrenos fueron vendidos, posteriormente, a un consorcio formado por CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN, CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, DESARROLLOS INDUSTRIALES GRAN EUROPA XXI y MGB CASTILLA-LA MANCHA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. El precio de venta fue de 10 €/m2.

Sentencia por la que se condena a Agustín Jiménez
Sentencia por la que se condena a Agustín Jiménez

En esta compraventa el Ayuntamiento incluyó una cláusula de reversión. Si pasado determinado plazo las obras de urbanización no se habían terminado, los terrenos debería revertir al Ayuntamiento. La corporación, de darse este caso, pagaría dichos terrenos al 75% del precio inicial, es decir, a 7,50 €/m2.

En la actualidad, el fabuloso parque de alta tecnología es otro de los muchos fiascos en los que CCM fue embarcada por Juan Pedro Hernández Moltó y su equipo de dirección. La previsión inicial de que BMW se instalara en Noblejas fracasó y los trabajos de urbanización han sido abandonados, lo que pone en vigor la cláusula de reversión de esos terrenos al Ayuntamiento, cosa que el alcalde Jiménez se ha guardado de exigir hasta el momento.

Las razones de esa pasividad muy bien podrían obedecer a la presencia de CCM CORPORACIÓN, pero no sólo a eso porque resulta que la mercantil MGB CASTILLA-LA MANCHA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, es una empresa de Antonio Miguel Méndez Pozo, que tiene por administrador único a su hijo Miguel Méndez Ordóñez y cuyas participaciones pertenecen un el 100% a la sociedad GRUPO RIO VENA GESTIÓN DE CARTERA que, a su vez, pertenece a RIO DE LOS AUSINES, por supuesto, también propiedad de Méndez Pozo.

No acaban aquí las cosas interesantes que están sucediendo en Noblejas (Toledo) ni la presencia de interesantes empresas y no menos interesantes apellidos en el asunto del puntero, a la par que fracasado, parque de alta tecnología, pero de momento baste con señalar esto para dar una plausible explicación al equilibradamente maligno artículo que La Tribuna de Toledo ha dedicado a la agresión que sufrió la concejal Belén Gutierrez a manos del alcalde Jiménez.

Entre tanto, según informan vecinos de Noblejas, Agustín Jiménez se ha dedicado estos días ha hacer varias visitas al Congreso de los Diputados, lo cual es lógico porque durante las “jornadas de puertas abiertas” el lugar está muy masificado y no se puede apreciar bien la belleza de sus dependencias.

El hijo de Méndez Pozo: “volveremos a invitar a aquellos políticos y técnicos municipales que nos han demostrado colaboración leal”

Miguel Antonio Méndez Pozo
Miguel Antonio Méndez Pozo

Ayer, Periodista Digital, publicaba que el Grupo Promecal, es decir, el buen amigo de Bono y Barreda, «Michel» Méndez Pozo, cerraba sus cabeceras de La Tribuna de Cuenca y Guadalajara y ponía en la calle, de momento, a 90 trabajadores.

Con esta medida, Méndez Pozo dice que «intenta consolidar la actividad y el compromiso adquirido con Castilla-La Mancha ―l’État c’est moi, que dirían Bono o Barreda― manteniendo el mayor número posible de puestos de trabajo en esta Comunidad Autónoma».

Miguel Antonio Méndez Pozo, es un conocido empresario de la construcción en las dos Castillas desde que, condenado en 1992 ―un auténtico pionero, en esto― por el «caso de la construcción» de Burgos, ingresó en prisión.

En los últimos tiempos, tras resurgir espectacularmente de las cenizas del presidio, ha adquirido notoriedad en Castilla-La Mancha, no sólo por su estrecha relación con Barreda y con el propio José Bono, quien llegó a decir, según publicó El Semanal Digital, «que le hubiese gustado conocerle de niño para jugar a las canicas con él», sino por su presencia en los negocios del aeropuerto de Ciudad Real y de «El Reino de Don Quijote» y por dominar, junto a sus socios Domingo Díaz de Mera y Aurelio González Villarejo, buena parte de los medios regionales de información.

José Luis Ulibarri, imputado en la Operación Gürtel
José Luis Ulibarri, imputado en la Operación Gürtel

Sin embargo, desde aquel 1992, sus actuaciones han venido rayando lo discutible, lo muy discutible e, incluso, los sospechoso. Con los pies firmemente apoyados en las dos orillas de la política española, en Burgos, bajo la autoridad regional del PP, ha resultado adjudicatario de la concesión de televisión digital de Castilla y León asociado con José Luis Ulibarri, el imputado en la Operación Gürtel.

En Castilla-La Mancha, con un gobierno de aparente signo contrario, a más de optar también a la concesión de una televisión digital y de mantener, como vengo diciendo, una pública y notoria cercanía a José María Barreda, se acaba de ver favorecido por una modificación ad hoc de la Ley del Suelo regional que le permitirá convertir ―a él y a sus socios― el «Proyecto de Singular Interés» del aeropuerto de Ciudad Real en un saneado negocio de venta de parcelas industriales, previamente expropiadas a los labradores del lugar al atractivo precio de 54 céntimos el metro cuadrado.

Ahora, la recesión y el fiasco inmobiliario están poniendo en peligro la buena fortuna conseguida por Méndez Pozo tras su salida de prisión. Sin embargo no hay que confiar mucho en el efecto profiláctico de la crisis. El favor político puede, muy bien, invertir el proceso de «selección natural» que desde los tiempos de Adam Smith se atribuyen a aquélla, pues no tienen por qué sobrevivir los más aptos, sino lo más protegidos y Méndez Pozo sabe cómo buscar el cobijo necesario o, al menos, eso parece desprenderse de los siguientes hechos.

El 6 de agosto de 2006 El Semanal Digital se hacía eco de unas declaraciones de Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Méndez Pozo. Durante la inauguración de un tramo de la circuvalación de Burgos adjudicado a una UTE en la que participaba una de las empresas de su padre, el hijo tomó la palabra y declaró:

«El próximo año yo calculo que por el mes de marzo o mes de abril nueve amigos de esta ciudad y empresarios nos volveremos a marchar de viaje aprovechando como disculpa una Feria de Construcción, un algo de Urbanismo, alguna cosa, y si Dios quiere volveremos a invitar a aquellos políticos y técnicos municipales que nos han demostrado colaboración leal y honestidad hasta… hasta el infinito, porque además las empresas que participamos en estas UTES no sabemos agradecerles su dedicación de otra forma».

Dos meses antes, eso mismo, «agradecerles su dedicación» es lo que este grupo de empresarios, incluido Miguel Méndez Pozo, había hecho al invitar al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Javier Lacalle, y a los técnicos de su departamento a pasar, gratia et amore, tres días en la Riviera francesa.

Inmediatamente después de este viaje, los generosos empresarios tuvieron la suerte de resultar adjudicatarios de la construcción de un túnel en la calle Islas Baleares, de Burgos. La oferta, aún siendo la más cara, fue informada favorablemente en tanto que incluía una alternativa de tráfico durante la construcción. No obstante, concedida ya la obra, los adjudicatarios presentaron una modificación del proyecto, que les fue aprobada, en la que esta ventaja, decisiva para la adjudicación, fue suprimida.