NOTITIA CRIMINIS

Socios del constructor Aurelio González Villarejo implicados en las últimas operaciones anticorrupción de Alicante y Murcia

Posted in Aurelio González Villarejo by Die Rote Kapelle on 8 julio 2010

El pasado 29 de junio el alcalde de San Javier (Murcia) José Hernández fue detenido por agentes de la UCO, junto a los constructores Santiago Martínez Esparza (URDEMASA) Jaime Navarro Aparicio (GRIMANGA) y Antonio Javier Sánchez Reyes (LADERA DOS MARES).

Según ha informado El País, estas detenciones traen cuenta de las investigaciones iniciadas en 2008 en relación con el presunto trato de favor dispensado por el alcalde Hernández a dos empresarios: Santiago Martínez Esparza, uno de los ahora detenidos, y Juan Gracia Jiménez.

Ocho días después, este martes día 6 de julio, la policía ha detenido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll y al constructor Enrique Ortiz Selfa, y ha realizado registros en el ayuntamiento de Orihuela y en la sede de la empresa ORTIZ E HIJOS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, propiedad del citado Ortiz.

La Fiscalía investiga el Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero del año 2008. La aprobación –según el diario Público– “se produjo por unanimidad por los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por Ripoll y que recayó en la UTE CESPA-ORTIZ”.

La empresa CESPA, asociada con Ortiz en este caso, es muy conocida. Se dedica al negocio de la basura, pertenece en un 99,99 % a FERROVIAL SERVICIOS y tiene participación, entre otras muchas sociedades, en GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE TOLEDO. También, según el “plan de saneamiento financiero” propuesto por el Ayuntamiento de Aranjuez el 22 de julio de 2009, esta entidad es una de las principales acreedoras de esa Corporación (la deuda, en esa fecha, ascendía a 5.237.520,96 €) y, además, aparece mencionada en los Tomos VI, VII y XI del sumario del caso Astapa, relativo a la operación contra la corrupción en Estepona.

Para resumir la mucha y detallada información que obra en el sumario Astapa sobre la mercantil CESPA, puede citarse lo dicho en el informe de la UDEF CENTRAL incluido en el Tomo VII de las diligencias, folio 3.126:

Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2007, se producen comunicaciones telefónicas entre algunos funcionarios con gran poder decisorio dentro del Ayuntamiento de Estepona, como es el caso de José FLORES SIMÓN, Jefe de Gabinete de Alcaldía, y responsables de la mercantil CESPA, representada en las conversaciones por Antonio LÓPEZ SOTO (Delegado de Andalucía Oriental) y Manuel MEDINA MURILLO, con el objeto de obtener, por parte de estos últimos, la adjudicación del servicio de limpieza del municipio. Las conversaciones telefónicas pusieron de manifiesto que CESPA habría pagado alguna deuda municipal y que personas como Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ, Concejal de Hacienda y Personal, habría podido exigir algún tipo de contraprestación económica a los responsables de la mercantil concursante, a cambio de favorecer la concesión del servicio.

El día siete de abril de dos mil ocho, la empresa CESPA, filial del GRUPO FERROVIAL, resultó concesionaria de la gestión de los servicios de recogida y transporte de los residuos urbanos, suministro, colocación, mantenimiento y lavado de los contenedores para dichos residuos y limpieza viaria de Estepona… La aprobación de la concesión del servicio de limpieza se habría producido en una Junta de Gobierno extraordinaria, precedida por una Comisión Informativa, presidida por Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ, concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Estepona y en la que habrían figurado como vocales y otros, personas como Rafael Antonio DUARTE MARTÍNEZ, Manuel REINA CONTRERAS, Ricardo GALEOTE QUECEDO o María Luisa RODRÍGUEZ PINO SÁNCHEZ.

Estas últimas detenciones practicadas en San Javier (Murcia) y en Alicante –en este caso, en relación con la llamada “mafia de las basuras”– podrían acabar teniendo ramificaciones en Castilla-La Mancha y, concretamente, salpicando a Aurelio González Villarejo, asociado con algunos de los detenidos e investigados.

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Aurelio González Villarejo y Juan Gracia Jiménez

Tomo VII del sumario Astapa

Ya se dijo en Notitia Criminis hace tiempo. Aurelio González Villarejo es socio, tanto de Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-07, como de Enrique Ortiz Selfa.

El primero, Juan Gracia Jiménez aparecía vinculado –en el ámbito del Plan Parcial Torre del Rame de los Alcázares (Murcia)– con un grupo de empresarios, todos también del gremio de la construcción, investigados o imputados en el curso de la Operación Ninette; así como al arquitecto municipal de esa localidad, Mariano Ayuso, detenido durante la citada operación; y a Enrique Ventero Terleira, uno de los principales imputados en la Operación Malaya.

El mismo Juan Gracia Jiménez es uno de los constructores que acompañaron, junto al propio Aurelio González Villarejo, a Luis Portillo –también socio del imputado en Malaya, Enrique Ventero– en la OPA que permitió a éste hacerse con el control de COLONIAL, luego llevada a la quiebra en uno de los primeros episodios del fiasco inmobiliario español

Por otro lado, este empresario levantino ya se ha visto implicado en varios casos de presunta corrupción. Como ya dije aquí, la Fiscalía del TSJ de Murcia abrió diligencias contra el alcalde de San Javier, José Hernández por posibles tratos de favor a los constructores Santiago Martinez Esparza y Juan Gracia Jiménez, de los cuales, además, es socio en la mercantil NUEVA VALENCIA AL MAR S.L.

En la misma localidad, la Fiscalía también abrió investigaciones sobre PEINSA-97 a causa de la urbanización denominada “Señorío de Roda” que, según denuncia presentada por el Grupo Independiente de San Javier, se inició sin ningún tipo de permiso y si que estuviera aprobado el plan parcial necesario para iniciar los trabajos.

Lo mismo ocurre en el caso del Plan Parcial “Roda Golf” que supone la recalificación de un millón de metros cuadrados de suelo rústico de interés agrícola, a favor de URDEMASA, la empresa de Martínez Esparza, socio del alcalde de San Javier y de Juan Gracia Jiménez.

PEINSA-97, también está relacionada con el caso del puerto deportivo de San Pedro del Pinatar. Se da la circunstancia de que aquí, PEINSA-97 participa junto a la empresa de Félix Marín García, INVERSIONES HIPOTECARIAS DEL MEDITERRÁNEO S.L.

En la localidad de Mula, el Fiscal Jefe, abrió diligencias contra el concejal de urbanismo Leandro Pérez Cobos, por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, relacionados con la compra, por parte del tal Leandro junto con otros socios, de casi dos millones de metros cuadrados al precio de 55.000 € que después vendió, siendo concejal, en 2004 por 1.162 millones de Euros a las empresas ARTECONS MAR MENOR S.L., URBICOSTA S.L. y GALBA INVERSIONES S.L., todas propiedad de Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-97.

En La Unión, PEINSA-97 ha estado implicada en el caso de “La Casa del Piñón”, edificio que fue objeto de un convenio denunciado en su día por presunto tráfico de influencias y prevaricación.

El caso de Pilar de la Horadada tiene, si cabe, mayor importancia. En esta localidad el alcalde Ignacio Ramos fue depuesto mediante moción de censura y con la ayuda de una concejal trásfuga, debido a su oposición al Plan de Actuación Integrada (PAI) de Pinar de lo Romero en el que está prevista la construcción de 5.200 viviendas y el imprescindible campo de golf. El proyecto urbanístico había sido presentado por las mercantiles METROPOL DESARROLLOS URBANÍSTICOS S.L y PEINSA-97 S.L.

Precisamente, la mercantil METROPOL es una de las que Juan Gracia Jiménez comparte con Aurelio González Villarejo. Su capital está repartido entre PEINSA 97, CONSTRUCCIONES VILLAREJO y PROMOCIONES GONZÁLEZ, las dos últimas del citado Aurelio González Villarejo.

Otra de las sociedades que González Villarejo comparte con Juan Gracia es NUEVOS ENTORNOS URBANOS, en cuyo consejo de administración, aparecen el citado Juan Gracia, Alberto González Tostado, hijo de Aurelio González y Román Conde Alonso, este último también presente en URBAPLANING, la empresa del grupo de González Villarejo que actúa en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas (Toledo) y en los PAUs de las Montanillas en Carranque (Toledo).

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Aurelio González Villarejo y Enrique Ortiz Selfa

Enrique Ortiz

González Villarejo, promotor en Bargas de uno de los chalets adquiridos últimamente por las empresas de la familia Bono, también es socio de Enrique Ortiz Selfa en la mercantil VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO. Esa asociación provocó que Aurelio González tuviera que declarar como testigo en las diligencias seguidas en Alicante contra el citado Enrique Ortiz por el “Caso de los Aparcamientos”, un enrevesado asunto en el que también estuvieron implicados el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi y la actual alcaldesa, Sonia Castedo. Los detalles del caso se pueden consultar aquí, pero de cualquier forma, tanto Ortiz como González Villarejo salieron bien librados de este asunto, archivado, finalmente, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.

Otro de los asuntos importantes en el que se vio implicado Enrique Ortiz, y que aún colea, fue el del Plan Rabasa (15.000 viviendas sobre un suelo de 4,2 millones de m2) El País del día 30 de marzo de 2008 titulaba: “Un dictamen concluye que Alperi ―el alcalde de Alicante en esas fechas― benefició al promotor Ortiz al modificar el plan Rabasa”. En ese dictamen se decía que “la mercantil seleccionada ―VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO SL― ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia… El propio ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor”. Por supuesto, como acabamos de decir, en esa empresa también participa Aurelio González Villarejo.

Sin embargo, hasta ahora, el caso de corrupción de mayor alcance que salpica a Enrique Ortiz es en la Operación Gürtel.

Como ya dije, el pasado día 25 de septiembre de 2009, El Mundo titulaba: «El PP de Valencia montó su “Filesa”», por su parte, el 22 de septiembre El País habría su primera página con este otro titular: «Seis constructoras financiaron al PP valenciano a través de la red “Gürtel”». La información procedía de un dossier elaborado por la Brigada de Blanqueo de la policía judicial. En él se analizaban conversaciones grabadas a los imputados y una extensa documentación intervenida en los distintos registros.

Según esa investigación, la Brigada de Blanqueo considera una de las empresas que habría participado de pleno en la trama de corrupción valenciana es ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, propiedad de Enrique Ortiz Selfa. Así, por ejemplo, según el diario Público, “varios correos electrónicos intervenidos por la Policía a Orange Market… constatan que la trama Gürtel falsificó facturas en beneficio de la formación conservadora… en uno de esos correos un empleado de Orange Market se dirige a un subordinado de José Ramón Blanco Balín, blanqueador de la red corrupta, y le da instrucciones sobre dos facturas. Tras especificar el número de cada una de ellas y el importe superior a 30.000 euros en un caso y a 80.000 en el otro, le comunica que ambas deben ponerse a nombre de la empresa Ortiz e Hijos”.

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Quiebra el aeropuerto de Ciudad Real

Posted in Barreda, Díaz de Mera by Die Rote Kapelle on 1 junio 2010

Barreda, el principal protector del negocio aeroportuario de Díaz de Mera, Méndez Pozo y Aurelio González Villarejo

Ciudad Real, 1 jun (EFE).-

Un juzgado de Ciudad Real ordenó hoy la suspensión de CR Aeropuertos S.L. en sus “facultades de administración y disposición sobre su patrimonio” y decretó el inicio de un concurso necesario de acreedores (antigua suspensión de pagos) por el impago de sus deudas.

Los actuales administradores del primer aeropuerto privado de España quedan sustituidos en su ejercicio por tres administradores concursales: un abogado, un auditor-economista y un acreedor que, en este último caso, es la Caja de Ahorros de Córdoba, CajaSur.

La decisión judicial ha sido adoptada por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, Amalio de Juan Casero.

La decisión judicial se ha conocido oficialmente en el mismo momento en que PSOE y PP celebraban una reunión a puerta cerrada en las Cortes regionales, en Toledo, para decidir sobre el futuro del aeropuerto, que atraviesa una grave crisis financiera.

El auto judicial decreta la “suspensión del deudor (CR Aeropuertos) en sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sustituido en su ejercicio por los administradores concursales”.

El concurso necesario de acreedores fue solicitado inicialmente por Montreal Montajes y Realizaciones S.A., a la que se sumó luego CajaSur, que declararon el “estado de insolvencia” de la sociedad propietaria del aeropuerto, CR Aeropuertos S.L., “al no poder cumplir regularmente sus obligaciones”.

Montreal Montajes reclama una deuda de 16,9 millones de euros que CR Aeropuertos se comprometió a abonar en dos pagarés “con vencimientos sucesivos y que a la postre no se entregaron”, dice el auto.

CajaSur se sumó a la demanda en marzo pasado, al reclamar una póliza de crédito vencida en cuenta corriente con fecha 1 de septiembre de 2009 por un saldo de 18,8 millones de euros, que fue reclamado “extrajudicialmente y no satisfecho”, según el auto del juez de lo Mercantil.

Los demandantes aportaron como prueba “deudas exigibles e impagadas” de otros acreedores “suficientemente significativas” para respaldar la petición de concurso necesario de acreedores.

En este sentido, el auto cita la deuda que CR Aeropuertos mantiene con Caja Castilla-La Mancha por un importe de 50,6 millones de euros y 33,9 millones de euros como consecuencia de la ejecución de avales por parte de Isolux Wat, S.A.-Sacyr S.A. U.T.E. y Credit Suisse Internacional, respectivamente.

Igualmente, la deuda que mantiene con Isolux Wat, S.A.-Sacyr S.A. U.T.E., que asciende a 20,7 millones de euros; el débito que presenta con Caixa Catalunya por importe de 2 millones de euros y los debitos reclamados por los acreedores Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid y Airon Consultores S.L.P. personados en el mismo procedimiento concursal que ascienden a 48.720 euros y 24.669 euros, respectivamente, dice el auto del juez.

Serios peligros acechan en Carranque a José Moreno, el “Pocero Bueno”

Posted in Carranque, Pompa by Die Rote Kapelle on 12 enero 2010

El "Tuareg" de Román Conde Alonso aparcado a la puerta del chalet piloto de URBAPLANING

La crisis inmobiliaria, el fiasco del tejido especulativo que se ha creado en España enredando tipos de interés bajos, complicidad política y figuras jurídicas si no ignominiosas, sí confiscatorias y condenadas por el Parlamento Europeo, como es la del “agente urbanizador”; está provocando extrañas escenas.

Durante este último fin de semana quien pasara por la carretera que va de Carranque a El Viso de San Juan habrá podido ver, a la altura de la entrada a la autopista Madrid-Toledo, a Román Conde Alonso atendiendo al público ―esperando al público, habría que decir para ser exactos― en el chalet piloto de la urbanización ―también potencial, que no real― que DESARROLLOS URBAPLANING, la empresa de Aurelio González Villarejo y el citado Román Conde, tienen en el PAU de las Montanillas, en Carranque (Toledo).

El hecho es insólito en sí mismo. Contemplar al señor Consejero Delegado de URBAPLANING, con su Tuareg de más de 16 millones de pesetas aparcado a la puerta, haciendo de “vendedor” era inconcebible hace pocos meses, pero a quien conozca la alta opinión que de sí tiene este antiguo director de sucursal de Banesto, la escena le debe parecer, sencillamente, un desvarío y sin embargo ha ocurrido.

Decía en cierta ocasión un diputado uruguayo: “… Tenemos la espada de Demóstenes sobre nuestras cabezas”. Otro diputado le replicó: “¿querrá decir su señoría la espada de Damocles?”. El primero contestó: “Digo yo que en aquella época todos los griegos llevarían espada”. Pues bien, la espada de Damócles, la de Demóstenes y las de todos los demás griegos que en el Mundo han sido y son, penden juntas sobre la cabeza del grupo empresarial de Aurelio González Villarejo y penden con tanto peso y gravitan con tanta emergencia que, al parecer, ya no hay ni para pagar a una señorita que atienda a los potenciales compradores de los potenciales chalets “bioclimáticos” que potencialmente se construirán en el PAU de las Montanillas de Carranque.

Aurelio González Villarejo, Bono y Barreda

Aurelio González Villarejo, Barreda y Bono

Aurelio González Villarejo, confiado en la buena fortuna que debía acompañar a la gente que tan estrecha relación como él mantiene con José Bono y con José María Barreda, a la gente muy distinguida y selecta que disfrutaban ad libitum de los créditos de CCM en los buenos viejos tiempos en que la Caja, ya inexistente, era conducida con brazo recio por Hernández Moltó hasta su acabose irreversible, ha sido uno de los pocos que desde unos orígenes similares a los de Paco Hernando el Pocero, se lanzó a “pensar a lo grande” y por eso ahora está atenazado por el fiasco de INMOBILIARIA COLONIAL y su filial RIOFISA, por el hundimiento de CCM, por el concurso de acreedores, cada vez más inevitable, del aeropuerto de Ciudad Real, por la paralización del PAU de las 20.000 viviendas en Illescas, etc. etc.

En Carranque, no bostante, González Villarejo recibió una inesperada bocanada de aire, ni más ni menos que de José Moreno “El Pocero Bueno”.

Cuando este hombre apareció por el pueblo interesado en comprar suelo se rumoreó que andaba en negociaciones con González Villarejo, sobre todo porque las parcelas en cuestión estaban en el PAU de las Montanillas. No fue así. Según fuentes solventes de la localidad, el suelo que José Moreno está apalabrando en Carranque pertenece a Maximino Pérez Montero o mejor habría que decir a su empresa MAXISUELO porque esa empresa no es completamente suya, sino que la comparte con el auxiliar administrativo del Ayuntamiento, Ernesto Rodríguez Cubasvéase aquí una relación de los inmuebles acumulados e inscritos a nombre de las sociedades de este Ernesto Rodríguez durante el período 2003-07― quien parece querer permanecer discretamente ajeno a la operación, no en vano es uno de los imputados que acompañan al alcalde Pompa en los procesos que tiene abiertos.

No obstante el mayor beneficio de la virtual operación de venta de suelo a José Moreno no lo ha conseguido Rodríguez, sino González Villarejo, porque eso ha permitido a Alejandro Pompa ―siempre dócil a depende que necesitados― modificar las normas urbanísticas que, en la nueva situación, pesaban sobre el PAU de la mercantil URBAPLANING como la losa de un sepulcro.

José Moreno, el Pocero de Fuenlabrada

A propuesta de la sociedad de González Villarejo y de Román Conde, el Ayuntamiento de Carranque, en sesión plenaria urgente celebrada el 26 de marzo de 2009, aprobaba con los únicos votos de Pompa y su grupo, “un aumento del parámetro de densidad residencial en la zona afectada por la modificación, debido a que la superficie de la parcela mínima pasaba de 400 m2 a 200 m2”, tal y como acredita el Acta de la sesión que se puede descargar íntegramente desde aquí. Esto permitía a González Villarejo construir dos viviendas donde se preveía una ―pasaban de 557 a 1.063― naturalmente de menor tamaño pero también de menor precio.

La modificación fue aprobada inicialmente por Pompa y su grupo aún a sabiendas de la ausencia de requisitos esenciales para ello, según advirtió el Secretario-Interventor, tales como el informe de impacto ambiental, pero la cosa debió subsanarse rápidamente, porque la “modificación puntual” se tramitó en Toledo con la celeridad que le viene resultando propia a los intereses de la gente cercana a Barreda: pongamos por caso el PAU del Pocero en Seseña o la modificación de la LOTAU que ha permitido fragmentar los terrenos del aeropuerto de Ciudad Real donde como ya he dicho, también participa Gónzález Villarejo.

Es en este punto donde las cosas se empiezan a poner peligrosas para José Morenoel Pocero Bueno”, porque con la modificación del PAU de las Montanillas las casas de González Villarejo ―si es que alguna vez se llegan a construir― entrarán en competencia directa con las de Moreno, tanto más cuanto que una parte nada despreciable del suelo de las Montanillas lo adquirió URBAPLANING mediante contratos en aportación, lo que le permite reducir casi cuanto quiera la repercusión del suelo en las casitas “bioclimáticas” que ahora pretende construir.

En Carranque entrar en conflicto con Pompa o con las personas cercanas a Pompa, como es el caso de González Villarejo y de Román Conde, no le augura una vida fácil a nadie y salvo que José Moreno haya llegado al pueblo con un salvoconducto que Pompa no pueda ignorar ―la mercantil MAXISUELO tiene su domicilio en Fuenlabrada― no me sorprenderá descubrir que la promoción del “Pocero Bueno” empiece a ahogarse en la burocracia urbanística del municipio una vez que MAXISUELO haya cobrado el precio de la compraventa, al menos hasta que URBAPLANING consiga vender la última de sus casetas “bioclimáticas” y eso puede llegar demasiado tarde para Moreno, que está topándose con demasiadas reticencias a la hora de encontrar financiación, lo que no hace previsible que los bancos o cajas vayan a ser piadosos con él si llegara a retrasarse en los pagos.

Así que ya sabe José Moreno. Si en algún sitio tiene que cuidar sus espaldas, ese es Carranque y quien avisa no es traidor, es avisador.

Viejos vínculos entre Domingo Díaz de Mera, el conocido empresario amigo de Barreda, y los cabecillas de la trama Gürtel

Posted in Díaz de Mera, Operación Gürtel, Uncategorized by Die Rote Kapelle on 28 noviembre 2009

Domingo Díaz de Mera

No, no lo hilo con ninguna cosa, porque es un tema de Huelva, no afecta a nadie de Madrid”. Esto le decía el letrado Manuel Delgado Solís, hombre de confianza de Francisco Correa (si es que la cosa no era al revés) a Pablo Crespo, otro de los miembros del “estado mayor” de “Don Vito”.

La conversación interceptada por la policía se refería, como hemos visto en el texto anterior, a la noticia de la imputación de Domingo Díaz de Mera a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla. Dicha imputación se produjo a causa de unos 19 Millones de € presuntamente distraídos durante la venta de la participación que El Monte tenía en la mercantil HC, una operación que, según la denuncia de la Fiscalía, habría estado urdida por Bueno Lindón, Selfa de la Gándara, Román Sanahuja y el propio Díaz de Mera.

Esa noticia sobresaltó a Manuel Delgado Solís lo suficientemente como para que llamara con urgencia al citado Pablo Crespo. Los pezzo da novanta del tinglado Gürtel se encontraban en ese momento en medio de una febril actividad. El registro policial en las oficinas del fiscalista Ramón Blanco Balín, ordenado en el contexto de la investigación sobre la trama de blanqueo de capitales descubierta en Liechtenstein, había puesto en manos del Juez documentación de las empresas de Correa lo bastante comprometedora como para que éste y sus hombres temieran seriamente acabar con sus huesos en una ergástula, cosa que luego sucedió.

La preocupación era intensa y parece ser que justificada. En la página 293 del Tomo III del sumario Gürtel consta una conversación entre Correa y el magistrado en excedencia Juan Pérez Mora, hombre que, según se desprende de las conversaciones grabadas, se dedicaba a informar a la trama sobre la marcha de la causa contra Blanco Balín en el Juzgado y a alguna otra cosa más que pudiera resultar mucho más comprometedora:

Francisco Correa: ¿Que si estamos en el merde? estamos perfectamente metidos en el merde, estamos dentro del merde. ¿Lo entiendes ya? Estamos dentro.

Juan Pérez Mora: Si, si.

Correa: Estamos dentro antes del registro.

Juan: Perfectamente.

Correa: Ahora cómo podemos salir bien del merde, pues eso, eso es de Antonio Sánchez, de mi primo, del que vive en Senegal.

Juan: Ya, ya, ya. ¿Y eso ya lo tenéis hecho o no?

Correa: Se está montando todo y se está viajando para que él tenga todas las acciones al portador porque las sociedades, eh, off-shore, el que tenga las acciones al portador esa sociedad … eh, son de él, es la ley.

Los nervios, sin duda, estaban crispados. Pablo Crespo, Manuel Delgado y José Antonio López “Pepechu” llevaban tiempo ya “montando todo”, es decir, organizando todo lo necesario para que el primo de Correa, Antoine Sánchez, apareciera como un testaferro verosímil en caso de que se desencadenara la investigación sobre ellos.

Artículo de Interviú sobre el bufete Garrigues y la trama Gürtel

Para “montarlo todo”, según reveló Interviú en su número del pasado 9 de noviembre, no repararon en gastos. Buscaron la ayuda del bufete Garrigues –uno de los cien despachos de mayor facturación mundial y el más importante de Europa– o, al menos, de uno de sus socios, el letrado fiscalista Enrique Fonseca, quien inicialmente aparece en el sumario como “el de Garrigues”, luego pasó a ser “Enrique” y finalmente, en un clima de más confianza y camaradería, ya terminó siendo “Quique”.

En este contexto es en el que el imputado Manuel Delgado se entera de la noticia concerniente a Díaz de Mera y se sobrecoge pensando que el asunto pueda tocar a alguien “de Madrid”. La cuestión, por tanto, está en descubrir qué vinculación tiene Díaz de Mera con estos presuntos delincuentes y quiénes pueden ser esos “de Madrid” que tanto preocupaban a Delgado Solís.

Vinculaciones, al menos hay una y muy estrecha, por cierto, que además enlaza directamente con los hechos que han llevado a Díaz de Mera hasta los Juzgados de lo penal. Se remonta al año 2003 y a la OPA hostil lanzada entonces contra METROVACESA por uno de los hombres de Berlusconi, el constructor de origen siciliano Francesco Gaetano Caltagirone.

En ese momento METROVACESA estaba controlada por Joaquín Rivero quien andaba a la búsqueda de un inversor extranjero. Ese inversor, en concreto el citado Francesco Gaetano Caltagirone, le fue presentado ni más ni menos que por Alejandro Agag, el mismo Agag que invitó a su regia boda en el Escorial a la plana mayor de la trama Gürtel.

La mediación en el desembarco de Caltagirone en METROVACESA, supuso para Agag una comisión de 300.506 € según publicó La Gaceta de los Negocios el 30 de abril del 2003 y en ella participó, directamente, el íntimo de Agag, Jacobo Gordon, ahora imputado en el caso Gürtel.

Caltagirone, Jacobo Gordon y el propio Rivero se reunieron en un hotel de Lisboa para pactar las condiciones de la entrada del siciliano en la constructora. Sin embargo, por muy hombre de respeto que fuera Caltagirone, a Rivero no le convenció el precio ofrecido por el italiano de modo que el propósito de aquella reunión se malogró.

Sin embargo, a un uomo di rispetto no se le desaira así como así. El siciliano lanzó una OPA hostil contra METROVACESA y en el fragor de las aguas revueltas que eso produjo, no tardaron en aparecer varios escualos financieros que ya en 2003 estaban empezando a pensar a lo grande.

Ante el ataque siciliano, los que entonces controlaban METROVACESA trataron de desmantelar la cabeza de puente de Caltagirone, es decir, atraer hacia sí al círculo de poder del que Alejandro Agag y Jacobo Gordon aparentaban ser la cabeza visible. Para ello recurrieron a un hombre excepcionalmente situado en ese círculo, el que fuera portavoz del Gobierno de Aznar: Miguel Angel Rodríguez Bajón y le ofrecieron algo más de 600.000 € por “llevar los temas de comunicación” de la constructora.

Jacobo Gordon, imputado en el caso Gürtel

Miguel Angel Rodríguez, por extraño que pueda parecer, rechazó la oferta. Sin embargo, los hechos que se sucedieron inmediatamente después puede que arrojen cierta luz, aunque sólo sea indiciaria, sobre el extravagante desinterés de Rodríguez.

El 4 de marzo de 2003 el fondo árabe ABU DHABI INVESTMEN vendió el 7% de las acciones que tenía de METROVACESA y los compradores fueron gente entonces menos famosa que ahora: Luis Portillo, salpicado por el caso Malaya y artífice del fiasco de INMOBILIARIA COLONIAL junto a Domingo Díaz de Mera o a Aurelio González Villarejo, adquirió el 2% del paquete árabe a través de EXPO-AN; Domingo Díaz de Mera se hizo con otro 2% mediante HC; y EL MONTE se quedó con el 3%.

Pero, además, como el Mundo rebosa coincidencias, resulta que Miguel Angel Rodríguez Bajón, el mismo al que Joaquín Rivero había tratado de poner en nómina para debilitar al siciliano Caltagirone, tuvo la presidencia de LATERAL INVERSIONES AL ANDALUS, al menos hasta el verano del 2004 y LATERAL INVERSIONES es una sociedad de Domingo Díaz de Mera en cuyo consejo de administración, hoy día, aparecen Ignacio Barco Fernández y Pablo Usandizaga Usandizaga pero cuya propiedad pertenece en un 100% a la mercantil GLOBAL CONSULTING PARTNERS, presidida por Díaz de Mera y con Barco Fernández como consejero delegado.

Es muy posible que ya en ese momento, el siciliano Caltagirone estuviera husmeando un preocupante tufo a traición, pero las escaramuzas que desencadenó su OPA sobre METROVACESA no habían terminado aún. Ahora iban a entrar en escena los Sanahuja, otros socios de referencia de Domingo Díaz de Mera.

Joaquín Rivero había tenido problemas con José Aguinaga, uno de los consejeros más significativos de METROVACESA. Rivero consiguió solventarlos momentáneamente aumentando la participación de Aguinaga en METROVACESA resultado de lo cual fue que el vasco se convirtió en el cuarto accionista de la constructora. Sin embargo, las buenas relaciones duraron poco y Aguinaga entró en conversaciones con FADESA –hoy también llevada a la quiebra– y con Caltagirone para venderles su paquete de acciones.

Esto hubiera supuesto la victoria del siciliano y es en ese momento cuando Román Sanahuja aparece como el hombre providencial para Rivero. Los Sanahuja, a través de SACRESA, habían entrado en METROVACESA comprando el 4% de la compañía y Rivero convenció a Aguinaga para que les vendiera a estos y no a los italianos.

Hago gracia al lector de las subsiguientes estocadas venecianas que acabaron con Joaquín Rivero fuera de METROVACESA y con la constructora en manos de los Sanahuja, pero sí quiero recordar que una de esas maniobras fue, precisamente, la que protagonizaron Román Sanahuja y Domingo Díaz de Mera para hacerse con la cuota parte de las acciones de METROVACESA que correspondía a la participación de EL MONTE en la mercantil HC, y quiero subrayar también que, precisamente, esta maniobra, cuyos movimientos se han explicado con detalle aquí, es la que ha llevado a Román Sanahua y a Domingo Díaz de Mera a estar imputados tras la denuncia que presentó contra ellos la Fiscalía Anticorrupción por haber, presuntamente, distraído 19 Millones de € del patrimonio de CAJASOL.

Así que, resumiendo los hechos desnudos, aquí tenemos a los cabecillas de la trama Gürtel preocupados por la imputación de Díaz de Mera; a otro de los ahora imputados en el caso Gürtel, Jacobo Gordon –actuando junto a su amigo, a la par que amigo de Correa y de “El Bigotes”, Alejandor Agag– para propiciar el abordaje del siciliano Castalgirone a METROVACESA; a Miguel Angel Rodriguez Bajón, socio de Domingo Díaz de Mera y hombre del círculo íntimo de Aznar y, por lo tanto de su yerno Agag y del amigo de éste, Jacobo Gordon, rechazando una fabulosa oferta por hacer de “comunicador” para Joaquín Rivero; a otro socio de Díaz de Mera, el catalán Román Sanahuja, aprovechando el terror despertado por la OPA de Castalgirone en el consejo de METROVACESA para tomar con el control de la constructora; a Luis Portillo, socio del “malayo” Enrique Ventero y estrechamente relacionado con Roca, como informó en su momento El Confidencial, comprando junto a Díaz de Mera parte de las acciones de METROVACESA puestas a la venta por los árabes; y finalmente, al imputado en el caso Gürtel, Manuel Delgado Solís, diciéndole a su presunto cómplice, Pablo Crespo, que la imputación de Díaz de Mera no la hila con nada porque afecta a gente de Huelva y no de Madrid.

Una última cosa. Ya dije hace tiempo que Aurelio González Villarejo, otro de los constructores áulicos de Castilla-La Mancha, no era ajeno a METROVACESA. Lo recuerdo ahora: CCM –presidida por el ahora destituído Hernández Moltó– constituyó una sociedad el 11 de abril de 2003: CAJA CASTILLA-LA MANCHA DESARROLLO INDUSTRIAL S.L. cuyo accionariado se reestructuró el 22 de diciembre de 2003 quedando CCM CORPORACIÓN S.A. con el 40%, METROVACESA S.A. con otro 40%, CORPORACIÓN HMS HERMASAN S.L. con un 10% y PROMOCIONES GONZÁLEZ, propiedad de González Villarejo, con el 10% restante.

Aurelio González Villarejo, hombre de estrecha relación con Barreda y José Bono, fue también parte fundamental de la dotación de presa con la que Luis Portillo se hizo con el control de INMOBILIARIA COLONIAL… Un mundo diminuto este de hoy en día.

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Noticia Relacionada: La policía registra la sede de SACRESA, sociedad de Román Sanahuja, por su vinculación al caso de corrupción de Can Domenge.

La trama valenciana del caso Gürtel salpica a Peyber y a Aurelio González Villarejo

Posted in Aurelio González Villarejo, PEYBER, Trama Gürtel by Die Rote Kapelle on 5 octubre 2009
Jesús Mª G. Peinado, socio de PEYBER y aparejador del Ayuntamiento de Carranque

Jesús Mª G. Peinado, socio de PEYBER y aparejador del Ayuntamiento de Carranque

Las últimas noticias que se han hecho públicas en relación con empresas implicadas en las presuntas tramas de corrupción y sobornos de Francisco Correa y Alvaro PérezEl Bigotes” en Valencia, destapan la cercanía de PEYBER y González Villarejo con los protagonistas de estos hechos. Tanto PEYBER, la empresa del aparejador municipal (en excedencia) de Carranque (Toledo) como el constructor Aurelio González Villarejo, amigo personal de Bono y Barreda, uno de los principales deudores de CAJA CASTILLA-LA MANCHA y parte en el fiasco del aeropuerto de Ciudad Real, así como protagonista destacado en el desastre de INMOBILIARIA COLONIAL, llevada a la quiebra por Luis Portillo; mantienen una estrecha asociación con SEDESA y con ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS.

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Peyber y la trama de Alvaro Pérez “El Bigotes” en Valencia.

El pasado día 25 de septiembre, El Mundo titulaba: «El PP de Valencia montó su “Filesa”», por su parte, el 22 de septiembre El País habría su primera página con este otro titular: «Seis constructoras financiaron al PP valenciano a través de la red “Gürtel”». La información procedía de un dossier elaborado por la Brigada de Blanqueo de la policía judicial. En el se analizaban conversaciones grabadas a los imputados y una extensa documentación intervenida en los distintos registros.

El funcionamiento de la trama, según el citado informe, era el rutinario en estos casos. Dicho de forma esquemática: órganos del PP valenciano contrataban diversos servicios con ORANGE MARKET, la empresa del ahora preso Francisco Correa y gestionada por su hombre en la región, Alvaro PérezEl Bigotes”. Los gastos ocasionados por tales servicios eran, luego, compensados con adjudicaciones dadas por el Gobierno regional o por órganos dependientes de ese Gobierno. En otros casos, la empresa de “El Bigotes”, y esto es lo que ahora más interesa, giraba las facturas de los contratos hechos con el PP regional a varias empresas constructoras que, a su vez, veían compensada su generosidad mediante adjudicaciones públicas. Es decir, que el dinero, en realidad y última instancia, de donde salía no era de las constructoras, sino de las arcas públicas, lo cual es relevante a efectos penales, pero en cualquier caso veamos qué constructoras eran esas: SEDESA, presidida por Vicente Cotino Escrivá; LUBASA, propiedad de Luis Batalla Romero; ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, perteneciente a Enrique Ortiz Selfa; FACSA, de Enrique Gimeno Escrivá; y PIAF, de Antonio Pons Dols.

La constructora SEDESA, como acabo de decir, es propiedad de Vicente Cotino, el sobrino de Juan Cotino que fue vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, pero eso no quiere decir que sólo haga jugosos negocios en Valencia. También los hace en Castilla-La Mancha y, más en concreto, en Guadalajara, donde en unión temporal de empresas ha resultado agraciada con la adjudicación de una contrata de 27.134.466,59 € licitada por la Diputación Provincial, para el mantenimiento y reparación de las carreteras de la Zona 2 de la provincia. Dicha UTE está formada por PYEBER HISPANIA SL; por SEDESA, por TECNIVIAL; por ASFALTOS VICÁLVARO; y por CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES Y ACABADOS SA.

Se da la circunstancia de que este proyecto o esta privatización del mantenimiento de las carreteras provinciales, prácticamente idéntico incluso en su precio, al impulsado por José Manuel Tofiño en Toledo ―donde también resultó adjudicataria una UTE formada por COPCISA y PEYBER, luego denominada CONCESIONARIA BERVIA, cuyos dueños a su vez habían creado una sociedad con el hijo de Tofiño― se inició bajo la competencia del Diputado Delegado de Vías y Carreteras de Guadalajara, y alcalde de Almoguera, un tal Luis Padrino, al que ya conocemos aquí.

Este sujeto fue suspendido de militancia por el PSOE de Castilla-La Mancha, después de que se le grabara con una cámara oculta haciendo de “agente inmobiliario” del “malayo” Emilio Rodríguez Bugallo.

El tal Luis Padrino pretendió venderle a la periodista que publicó el reportaje una finca del citado Rodríguez Bugallo situada en su pueblo, Almoguera, con las correspondientes promesas de recalificaciones, suministros de aguas y la gestión de compra de terrenos adyacentes mediante engaños a sus propietarios.

Al margen de que en esa finca se ocultaba al menos un caballo de la yeguada de Juan Antonio Roca, se da la notable coincidencia ―más notable si cabe después de las ultimas informaciones― de que Emilio Rodríguez Bugallo, ya fallecido, era el padre de Carmen Rodríguez Quijano, la señora esposa de Francisco Correa, esto es, del que dicen ser el cabecilla de la trama Gürtel.

Por otro lado, PEYBER la constructora del “amigo íntimo” del alcalde de Carranque, Alejandro Pompa ―a decir del propio secretario de ese ayuntamiento― tampoco anda muy lejos de la empresa de Luis Batalla. LUBASA, además de en Valencia, ha hecho negocios en Madrid junto a la ahora quebrada SEOP DE OBRAS Y SERVICIOS propiedad del cántabro Javier Montalvo, es decir, la empresa de Luis Batalla formó una UTE con SEOP DE OBRAS Y SERVICIOS constituida el 15 de diciembre de 2004 y domiciliada en la C/ Bausa, 13 ―Edificio Silver Eagle, 15―, por cierto, al lado de las oficinas de VEMUSA, la mercantil del “malayo” Enrique Ventero.

Por su parte PEYBER también tiene una UTE con SEOP, que concierne al negocio de los desperdicios en el que PEYBER entró con la escombrera de Pantoja (Toledo) y con la fracasada escombrera de Villaverde. Mediante esta UTE, las constructoras SEOP y PEYBER HISPÁNICA explotan una planta de tratamiento de basuras bautizada pomposamente como Centro de Clasificación y Transferencia de RCD de Moralzarzal, en la localidad madrileña del mismo nombre, claro está.

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La estrecha vinculación de SEDESA a la trama corrupta de El Bigotes.

Las informaciones que se suceden, casi torrencialmente, en los últimos días están poniendo de manifiesto el hecho de que, entre ORANGE MARKET ―la empresa de Correa regentada por Pérez El Bigotes” en Valencia― y SEDESA, existía una relación estructural más allá de puntuales pagos.

Según publicaba El Mundo el pasado día 29, el Grupo SEDESA ―que como ya se ha dicho, tiene como socio al sobrino del Vicepresidente del Gobierno valenciano― intentó comprar EASY CONCEPT, corazón de la trama Gürtel. Para ello, Vicente Cotino en representación de SEDESA, entró en conversaciones con El Bigotes. Sin embargo, los implicados llegaron a la conclusión de que “lo mejor sería indicar a Cotino que creara una empresa totalmente nueva” ya que tenían la sospecha de que EASY CONCEPT estaba siendo seguida de cerca por la Agencia Tributaria.

El Mundo añade que, “entre los años 2007 y 2009, las distintas empresas ligadas a la familia Cotino, fueron beneficiarias de numerosos contratos públicos en la Comunidad Valenciana. En total el Grupo SEDESA consiguió adjudicaciones por más de 500 Millones de €”.

Naturalmente, que en el caso Gürtel exista documentación, conversaciones grabadas y, en definitiva, un profuso material probatorio que induce a la muy viva sospecha de que en el funcionamiento de SEDESA, el soborno, el tráfico de influencias, la financiación ilegal del partido político en el Gobierno y la adjudicación directa o mediante licitaciones amañadas de contratos públicos, eran prácticas conocidas; no quiere decir que en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Castilla-La Mancha, el funcionamiento de las empresas de Vicente Cotino sea igual de sospechoso, pero tampoco, el mero cambio de contexto geográfico, prueba lo contrario.

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Enrique Ortiz Selfa y Aurelio González Villarejo

Otra de las empresas que según la policía habría participado de pleno en la trama de corrupción valenciana es ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, propiedad de Enrique Ortiz Selfa. Así, por ejemplo, según el diario Público, “varios correos electrónicos intervenidos por la Policía a Orange Market… constatan que la trama Gürtel falsificó facturas en beneficio de la formación conservadora… en uno de esos correos un empleado de Orange Market se dirige a un subordinado de José Ramón Blanco Balín, blanqueador de la red corrupta, y le da instrucciones sobre dos facturas. Tras especificar el número de cada una de ellas y el importe superior a 30.000 euros en un caso y a 80.000 en el otro, le comunica que ambas deben ponerse a nombre de la empresa Ortiz e Hijos”.

Pues teniendo esto en cuenta, resulta que de algunos de los negocios que este importante constructor valenciano mantenía con el no menos importante constructor conquense Aurelio González Villarejo, dueño del GRUPO G.V., ya hablamos aquí hace tiempo y bastante antes de que el caso Gürtel saliera a la luz. De tales negocios, los que más notoriedad pública han alcanzado son los relacionados con el Plan Rabasa y con el caso de los aparcamientos de Alicante.

En cuanto al Plan Rabasa (15.000 viviendas sobre un suelo de 4,2 millones de m2) El País del día 30 de marzo de 2008 titulaba: “Un dictamen concluye que Alperi ―el alcalde de Alicante en esas fechas― benefició al promotor Ortiz al modificar el plan Rabasa”. En ese dictamen se decía que “la mercantil seleccionada ―VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO SL― ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia… El propio ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor”.

Es decir, con la modificación introducida por Alperi, que según algunos departamentos administrativos del propio ayuntamiento producían cambios económicos sustanciales, la empresa de Ortiz Selfa podía obtener, con un porcentaje de permuta del 53%, suelo destinado a renta libre al precio de suelo para vivienda protegida, por lo tanto, mucho más barato.

Lo que ocurre es que Enrique Ortiz Selfa no era el único que se beneficiaba de estos favorables cambios introducidos por el alcalde Alperi. Si bien es cierto que el administrador único de VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO es el propio Enrique Ortiz, en esa sociedad hay más accionistas. Además están Aurelio González Villarejo, la CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO ―la misma que financió al Pocero en Seseña― y SACYR-VALLEHERMOSO ―como se ha visto aquí, estrechamente asociada con los “malayos” Roca y Pedro Román― además de algún otro socio minoritario.

El otro de los asuntos de Ortiz Selfa que salpicó a Aurelio González Villarejo ―el propietario de URBAPLANING a través de la cual el constructor está presente en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas y en los PAUs de “Las Montanillas” en Carranque (Toledo)― fue el del “Caso de los Aparcamientos” a causa del cual fue llamado a declarar ante los Juzgados de Alicante.

La Fiscalía Anticorrupción denunció al entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, a la concejal Sonia Castedo, que ahora ocupa la alcaldía, y a Enrique Ortiz Selfa, entre otros. Los hechos se remontaban al pleno del Ayuntamiento de Alicante del día 17 de enero de 2003. En esa fecha se adjudicó a ORTIZ E HIJOS SA, único licitador, un contrato de construcción y explotación de tres aparcamientos en la ciudad. Inmediatamente después de conseguida la adjudicación, la empresa de Ortiz Selfa presentó una solicitud de modificación, por circunstancias imprevistas, que suponía un incremento del precio de licitación de 3.341.291 €.

Los técnicos competentes del Ayuntamiento, así como el jefe del Servicio de economía y Hacienda y el de Contratación y Patrimonio rechazaron estos cambios. Ante esta situación ―o coincidiendo con ella en el tiempo― Díaz Alperi firmó un decreto de alcaldía, de fecha 14 de enero de 2004 por el que sustituía en la dirección del contrato a los ingenieros de Urbanismo, nombrando en su lugar al Jefe del Departamento Técnico de Tráfico, el también denunciado Antonio Escobedo.

Según consta en la denuncia elevada por la Fiscalía, Antonio Escobedo “en cumplimiento de instrucciones verbales” de su concejal, Luis Concepción, autorizó el 28 de febrero de 2005 el sobrecoste de más de tres millones de Euros, citado antes.

Simultáneamente a estos hechos, se descubrió que los tres hijos de Alperi estaban ocupando sendas viviendas en la urbanización de Playa de San Juan, que eran propiedad de la constructora VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO.

El constructor Ortiz, en el marco de las actuaciones judiciales por el caso de los aparcamientos, declaró que tales viviendas las había cedido a su socio Aurelio González Villarejo y que éste habría hecho con ellas lo que le conviniera.

Los detalles de estas circunstancias, publicada en el diario Información por Mercedes Gallego, ya fueron incluidos aquí y están puntualmente precisadas en el recurso que la Fiscalía ―que se puede descargar íntegro desde aquí― presentó contra el Auto de archivo evacuado por el TSJ de Valencia; pero conviene recordar alguna cosa. El traspaso de esas viviendas sólo se produjo tras la imputación de Ortiz Selfa en el “Caso Aparcamientos” y se inscribió en el Registro de la Propiedad a nombre de una sociedad de González Villarejo (JACOBRIZ SL) un día antes de que Ortiz declarara ante el Juez. La venta se había acordado sólo 25 días después de que le fuera notificada su condición de imputado al citado Ortiz.

Con la instrucción del caso iniciada por el Juzgado competente de Alicante, Aperi, es de suponer que buscando el amparo que proporciona la condición de aforado, fue incluido en las listas electorales de su partido al Parlamento Autonómico, siendo elegido como diputado regional.

En esa situación, el Juzgado de primera instancia remitió las actuaciones al TSJ valenciano pero con la advertencia de que “en el estado procesal en que se encuentra la causa no pueden desestimarse de forma razonada e inequívoca las hipótesis acusatorias sostenidas pro el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares personadas, único supuesto en el que procedería el archivo de estimarse que los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna”.

Sin embargo, esto fue, precisamente, lo que hizo el alto Tribunal valenciano. En expresión de la Fiscalía, el Magistrado Instructor, al sobreseer la causa, realizó sin contradicción alguna una valoración de las pruebas de cargo y de descargo, llegando a la conclusión de que Alperi, Sonia Castedo y los demás imputados, habían actuado sin dolo, con lo que invadía las competencias del órgano encargado del enjuiciamiento y fallo.

El Tribunal Superior de Justicia rechazó también el recurso de la Fiscalía y Alperi se apresuró a declarar que todo había sido “un montaje”. Después, el mismo Tribunal Superior, negó el recurso de casación de la Fiscalía, por entender que su Auto era irrecurrible y, finalmente, el Tribunal Supremo, volvió a rechazar el recurso de queja que contra esta última decisión también presentó el Fiscal.

Con ese último trámite, el “caso de los aparcamientos” quedó definitivamente cerrado, pero ahora no solamente ORTIZ E HIJOS vuelve a cobrar relevancia pública a causa de la trama Gürtel. La actual Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, concejal de urbanismo de ese mismo Ayuntamiento hasta la dimisión, sorpresiva, de Alperi el 11 de septiembre de 2008 e imputada en el caso de los aparcamientos; también aparece en la documentación incautada al Bigotes.

Según publicó El Mundo el pasado 26 de septiembre “en el periodo de tiempo comprendido entre enero y noviembre de 2007 la Caja B de la empresa que comandaba Alvaro Pérez El Bigotes ingresó 2.856.000 € del PP mientras que en 2008 la suma ascendió a 3.446.985 €… La contabilidad de 2007 procede de un archivo informático incautado por la Policía donde se reflejan distintas sumas… Con la fecha, el concepto y el nombre de la persona o la organización que realiza la entrega… Algunas son especialmente significativas… Aparece un ingreso de Alicante Sonia de 24.000 €”. El Mundo puntualiza que Sonia Castedo es la Alcaldesa de esa ciudad.

El entorno de Bono continúa desmoronándose. Las empresas de Aurelio González Villarejo podrían estar al borde de la quiebra

Posted in Carranque by Die Rote Kapelle on 23 junio 2009
Diario Negocio

Diario Negocio

Hoy el diario NEGOCIO dedica un amplio artículo a lo que, a todas luces, parecen ser las vísperas de la quiebra ―actualmente se llama concurso de acreedores― del GRUPO G.V., es decir, de la trama, tejido o urdimbre empresarial creada por Aurelio González Villarejo, hombre de orígenes similares a los del Pocero, pero que al contrario de éste, está generosamente adornado por la virtud de la discreción.

Al constructor, fiel amigo de José Bono, las cosas se le están poniendo realmente difíciles y no sólo por el fiasco de su participación, junto a Luis Portillo, en el asalto y posterior demolición de INMOBILIARIA COLONIAL, sino porque también está siendo arrastrado por el fracaso de su aventura ciudadrealeña en el aeropuerto de esa capital y en el complejo residencial aledaño: El Reino de Don Quijote.

Estos, no obstante, no son los únicos negocios del empresario conquense que amenazan ruina. Otros de menor volumen, como el PAU de Las Montanillas en Carranque (Toledo) ya están en situación de semiabandono o de abandono completo, lo cual no es raro teniendo presente el endeudamiento insostenible que reflejan las cuentas de DESARROLLOS URBAPLANING, la sociedad de González Villarejo con la que éste actúa en el citado PAU y también, con la que pretendía trabajar en el de las 24.000 viviendas de Illescas, también en Toledo.

Los propietarios de terrenos afectados por los PAUs de González Villarejo en Carranque deberían ir preocupándose seriamente de su situación si es que aún no han cobrado íntegramente el precio de los suelos que le vendieron. Las fauces de los bancos acreedores ya están abiertas y si, según informa NEGOCIO, el propio González Villarejo no contempla la inmediata presentación del concurso de acreedores, muy bien pudiera pasar que un tercero sí lo presentara.

De paso, también deberían hacer lo propio aquellos otros labradores que vendieron suelo en el campo de golf de PEYBER y que acordaron el aplazamiento de pagos, porque ese PAU hace tiempo que fue aprobado definitivamente y, por lo tanto, está cumplida la condición que dejaba en suspenso los últimos plazos de las compraventas acordadas con VILLA ROMANA GOF la cual, si aún no ha liquidado esas deudas, podría estar violando sus obligaciones contractuales.

En cualquier caso, lo que esta noticia pone de manifiesto es el rápido resquebrajamiento de la maquinaria de poder económico y político construida por, o en torno a, José Bono. La dentellada de los acreedores no sólo amenaza a González Villarejo. Méndez Pozo, Díaz de Mera, los Nozaleda… Están sufriendo la misma maldición causada por las aventuras megalómanas, dicen que de Luis Portillo, aunque no tengo para mí que sea Luis Portillo el cerebro de tales aventuras, sino tal vez, su instrumento.

En el terreno político la situación no es mejor y hoy mismo El País publica el acta de defunción ―en sentido figurado, se entiende― del director del CNI. Como sabemos, Alberto Saiz es un leal hombre de Bono, puesto al frente de los servicios de espionaje españoles por el propio Bono y que, además, tiene lazos familiares con él.

Desolación en el PAU de González Villarejo en Carranque (Toledo)

Desolación en el PAU de González Villarejo en Carranque (Toledo)

Si algo proporciona poder en este mundo, eso es la información y más aún, la información confidencial o secreta. Bono, que será lo que sea, pero en modo alguno una persona corta de entendederas, sino todo lo contrario, más listo, muy de largo, que el hambre; según llegó a Madrid y ocupó el Ministerio de Defensa, se apresuró a tomar posiciones en cotas estratégicas. HISPASAT, ahora presidida por Petra Mateos, fue una, pero sobre todo, ante todas las cosas, se enseñoreó del CNI poniendo allá, no sólo a un familiar, sino a quien le debía todo, a quien había pasado desde la gris existencia de un perito agrónomo hasta una de las consejerías del gobierno de Castilla-La Mancha y eso gracias a la decisión de su primo político.

Como ya he dicho, cuando Bono se cayó del Ministerio de Defensa, empujado por el ímpetu arrollador del Pocero, consiguió salvar los bártulos en su práctica totalidad. Su primo político continuó al frente del CNI; el satélite de comunicaciones español, en las diestras manos de Petra Mateos; y las fastuosas tajadas urbanísticas de Castilla-La Mancha, firmemente aferradas por el estrecho círculo de sus amigos constructores: Díaz de Mera, Méndez Pozo, Barco Fernández y Aurelio González Villarejo, todos ellos subvencionados o financiados, con generosidad autodestructiva, a costa de los dineros de CAJA CASTILLA LA MANCHA, ésta también en manos de otro leal de Bono: Juan Pedro Hernández Moltó.

Pero he aquí que de repente Hernández Moltó ha sido puesto de patitas en la calle por el Banco de España; los constructores aúlicos de Castilla-La Mancha parecen deambular cual almas enajenadas sin acabar de comprender lo que les está pasando; al Director del CNI, al primo político, le hacen pasar por la plancha y ahora, en el agua, chapotea un poco antes de hundirse. Para colmo, se ha sabido de las extrañas asociaciones mercantiles de Petra Mateos Aparicio-Morales con un socio de Juan Antonio Roca Nicolás, el paradigma de la delincuencia económica española y aunque es cierto que nadie parece reparar en la presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, tampoco nadie debería apostar a que en ese cielo, no truene en cualquier momento.

Todos estos y algunos otros, seguro que en su día pensaron, muy satisfechos de sí mismos, que quien tiene padrino se bautiza. La cosa, ahora, está en saber qué piensa hacer ese padrino. Aún no se le ha oído «ni mu» en relación con el asunto de Alberto Saiz, pero del Pocero sí tiene declarado que no le conoce.

Quiebra Global Cartera de Valores. Un nuevo golpe para Domingo Díaz de Mera y Caja Castilla-La Mancha

Posted in CCM, Díaz de Mera by Die Rote Kapelle on 17 marzo 2009

Domingo Díaz de Mera celebrando algo junto a José María Barreda

Domingo Díaz de Mera celebrando algo junto a José María Barreda

El Juzgado de lo mercantil nº 1 de Madrid ha declarado en concurso voluntario de acreedores a GLOBAL CARTERA DE VALORES, la empresa que reúne en su consejo a Domingo Díaz de Mera, los hermanos Antonio e Ignacio Barco Fernández, a Luis Delso, presidente de ISOLUX y a CCM.

Según informa la Agencia EFE, la sociedad será liquidada debido a la situación irrecuperable en la que se encuentra al acumular deudas próximas a los 290 Millones de Euros (48.251.940.000 de Pts.)

Esta quiebra es una consecuencia más del desembarco de Luis Portillo en INMOBILIARIA COLONIAL. En esa operación, junto al sevillano de Dos Hermanas venido a peor fortuna, participaron constructores estrechamente ligados a José María Barreda como Aurelio González Villarejo y el propio Domingo Díaz de Mera, pero también otros personajes como Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-97 que se ha visto relacionado con el Caso Malaya a través de su intervención en el Plan Parcial Torre del Rame, donde participó en la venta de suelo a Enrique Ventero Terleira, imputado y detenido en la citada operación el cual, a su vez, está asociado en ese mismo negocio con CAJA CASTILLA-LA MANCHA.

Sin duda, en el desmoronamiento de la sociedad de Domingo Díaz de Mera también tiene notable influencia la ruinosa situación del Aeropuerto de Ciudad Real y del complejo urbanístico “El Reino de Don Quijote” al que ni la presencia de ese aeropuerto, ni la aprobación por parte del Gobierno de Barreda de una estación del AVE, han podido sacar de la situación crítica en la que se encuentra.

Por otro lado, la quiebra de GLOBAL CARTERA DE VALORES viene a ser un nuevo golpe, ya veremos si definitivo, a la agónica situación de CCM, que al ritmo al que se están produciendo los acontecimientos, bien pudiera verse abocada a la intervención antes de que se consume la fusión con UNICAJA.

Lo acuciante de la situación de la Caja (hace dos días, sin ir más lejos, venció la hipoteca de 30 Millones de Euros que CCM le tenía concedida a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del malayo Pedro Román Zurdo y de su socio Juan María López Alvarez) Estaría en el trasfondo de la comunicación hecha hoy por UNICAJA según la cual, se espera que la auditoría de CCM esté terminada a finales de esta misma semana.

¿Es o ha sido CCM instrumento de financiación de la corrupción inmobiliaria?

Posted in CCM, Díaz de Mera, González Villarejo, Juan Antonio Roca, Méndez Pozo, PEYBER by Die Rote Kapelle on 17 marzo 2009
Diario El Mundo, 16 de marzo de 2009

Diario El Mundo, 16 de marzo de 2009

La respuesta a la pregunta de si CCM ha servido o aún sirve como instrumento financiero de una red de corrupción o de negocios corruptos, la tendrán que dar los tribunales cuando los hechos, como parece más probable cada día que pasa, que han llevado a CAJA CASTILLA-LA MANCHA a su actual quiebra, sean sometidos al escrutinio de los Tribunales.

Lo que hasta ahora conocemos es una acumulación notable de coincidencias que levantan vivas sospechas y hacen que crezca, día a día, la presunción de que en el estado actual de CCM concurre algo más que una imperdonable negligencia.

En este sentido, la información que hoy publica El Mundo es especialmente significativa. Según este periódico, que cita un informe de la Inspección del Banco de España, estos serían los créditos concedidos por CCM a constructores cercanos o que mantienen pública y notoria amistad con Barreda:

Aurelio González Villarejo disfruta de 220 Millones de Euros (36.604.920.000 de Pts.) Este dinero fue utilizado, en su mayor parte, para acompañar a Luis Portillo en su apresamiento de INMOBILIARIA COLONIAL, entre otros, junto a Domingo Díaz de Mera y Juan Gracia Jiménez (relacionado en Murcia con el malayo Ventero Terleira y, presuntamente, con Juan Antonio Roca en el Plan Parcial Torre del Rame.

González Villarejo también es uno de los constructores relacionados con el PAU de las 24.000 viviendas y el soterramiento de la vía férrea en Illescas (Toledo) y con los PAUs de las Montanillas en Carranque, igualmente de la provincia de Toledo.

Enrique Ventero Tereleira, es decir, VEMUSA y asociadas, debe a CCM la discreta cantidad de 101 Millones de Euros (16.804.986.000 Pts.). Ventero, además de deudor de la Caja, es socio de ésta. Recordemos a Juan Tomás Vidal y a José Luis Rodríguez Holgado, hombres de confianza de Hernández Moltó, en el consejo de administración de LAS LOMAS DEL POZUELO, en Los Alcázares, escenario de la Operación Ninette, donde son vecinos de Juan Antonio Roca. Recordemos también que Enrique Ventero Terleira fue detenido durante la Operación Malaya y está en libertad bajo una de las fianzas más altas del caso. Recordemos, igualmente, que Ventero participa entre otros muchos negocios, en el asunto de los terrenos del Vicente Calderón y de la fábrica de cervezas Mahou, junto al prófugo indultado Marc Rich y junto a los herederos de Jesús Gil.

Domingo Díaz de Mera, constructor y magnate de la prensa regional

Domingo Díaz de Mera, constructor y magnate de la prensa regional

Domingo Díaz de Mera debe a CCM, por un lado, 110 Millones de Euros (18.302.460.000 de Pts.) Por otro, a través de la instrumental GLOBAL CONSULTING PARTNERS en donde participa con los hermanos Barco Fernández y con Román Sanahuja, debe 163 Millones de Euros (27.120.918.000 de Pts.). Este constructor ciudadrealeño, además de ser amigo declarado de Barreda, está imputado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, por el caso El Monte y, en concreto, por la venta a precio artificiosamente disminuido, según la Fiscalía, de las acciones que esta caja tenía en HC.

Ignacio Barco Fernández, además de ser un socio habitual de Domingo Díaz de Mera, debe por su cuenta a CCM unos 343 Millones de Euros (57.070.398.000 Pts.). De momento Ignacio Barco no está imputado en ninguna causa abierta, sin embargo aparece relacionado, aunque indirectamente, con la Finca de Bargas propiedad de PUERTA ORO TOLEDO, sociedad en la que participan el malayo Pedro Román Zurdo, su socio y también socio de Roca, Juan María López Alvarez, SACYR VALLEHERMOSO y la mercantil SEROBE XXI.

Concretamente la constructora UFISA INVERSIONES está administrada por Ricardo López Rivera y por Santiago Mateo Sahuquillo quien también es un socio habitual de Domingo Díaz de Mera y de Ignacio Barco Fernández.

Esta mercantil, UFISA, hizo público el 29 de agosto de 2005 el PAU sobre la finca Alcalvín Bajo, en Bargas, adquirida, meses antes, por PUERTA ORO TOLEDO, es decir, por Pedro Román, por Juan María López Alvarez, etc. Posteriormente, UFISA intentó desistir de su condición de agente urbanizador de Alcalvín por lo que se tuvo que enfrentar a un pleito interpuesto por el Ayuntamiento de Bargas, regido por Gustavo Figueroa Cid que además es vicepresidente de la Diputación de Toledo y mano derecha de José Manuel Tofiño Pérez, el presidente de dicha diputación y alcalde de Illescas. Finalmente, la propia PUERTA ORO TOLEDO se hizo cargo de ese PAU el día 20 de abril de 2006.

Román Sanahuja, el mismo que acaba de perder METROVACESA, tiene créditos concedidos por CCM que ascienden a 121 Millones de Euros (20.132.706.000 Pts.). Además, se encuentra imputado, junto a Domingo Díaz de Mera, José María Bueno Lidón y José Selfa de la Gándara, por el caso El Monte o Cajasol, al que ya he hecho referencia antes.

Antonio Miguel Méndez Pozo a su salido de la prisión de Burgos

Antonio Miguel Méndez Pozo a su salido de la prisión de Burgos

Antonio Miguel Méndez Pozo, otro de los que públicamente muestran su amistad y cercanía con José María Barreda, también ha sido agraciado con créditos de la CCM por valor de 115 Millones de Euros (19.134.390.000 Pts.). Méndez Pozo es hoy un reconocido empresario de la construcción y de la prensa regional que casi ha hecho olvidar su condición de condenado a prisión por el “Caso de la Construcción de Burgos”.

Actualmente, no sólo participa en negocios ruinosos como el del Aeropuerto de Ciudad Real, sino también en otros menos conocidos como el del PAU que comparte en Cuenca, en las proximidades del apeadero del AVE, con el consejero del PP en CCM, Germán Chamón, el mismo que, rompió la disciplina de su partido y permaneció junto a Hernández Moltó en el Consejo de la Caja.

Así se podría seguir, según El Mundo, hasta un máximo de 20 constructores que acaparan en créditos 3.136 millones de Euros, medio billón largo de pesetas. Los citados aquí son, sin duda, los más significativos y los de mayor relevancia en lo que se refiere a la cuantía de la deuda y a la cercanía al poder político de Toledo, pero hay otros que a pesar de no acaparar cifras tan fabulosas, merecen ser tenidos en cuenta.

Jesús Mª G. Peinado, socio de Peyber y Villa Romana Golf

Jesús Mª G. Peinado, socio de Peyber y Villa Romana Golf

En Carranque, Toledo, la mercantil VILLA ROMANA GOLF, de la que es socio el amigo íntimo del alcalde Pompa, a la par que aparejador municipal (en excedencia últimamente) Jesús María G. Peinado está participada en un 25% por CCM.

Esta sociedad, que se alzó con la concesión del PAU del campo de golf de ese pueblo en un tiempo récord y en medio de las fiestas de navidad, tiene dos líneas de crédito concedidas por CCM que juntas ascienden a 9.500.000 € (1.580.667.000 Pts.) de los que ya ha dispuesto de 9.450.172,54 €.

En los terrenos del campo de golf de Carranque aún no se ha movido una piedra de su sitio. Es más, con la plena comprensión del alcalde Pompa (que, por cierto, tiene causa penal abierta por la concesión de ese mismo PAU) La mercantil VILLA ROMANA GOLF ha conseguido que el Ayuntamiento le aplace, sin garantías y sin intereses, cerca de tres millones de euros en distintas tasas e impuestos, a más de tener por no aprobado definitivamente el PAU, lo que permite a la empresa de CCM y del aparejador municipal, retrasar el pago a los propietarios de suelo que comprometieron sus terrenos mediante contratos de arras.

Mil seiscientos millones de pesetas no son veinte mil, ni once mil, ni diecinueve mil millones, pero no hay que restar valor a esa cantidad.

Tampoco deben caer en el olvido los 40 millones prestados a Roca en Murcia, los millones que hayan sido, no pocos sin duda, los prestados a este mismo Roca para que comprara el Palacio de Saldaña o los 30 millones prestados a Pedro Román Zurdo, Juan María López Alvares y sus otros socios para hacerse con la finca de Bargas llamada Alcalvín.

Tengo la impresión de que algún que otro dignatario toledano y no toledano empieza a pensar que, quizás, no habría estado tan mal que el alcalde Pompa perdiera las elecciones de 2007.

El colapso de Caja Castilla-La Mancha y los intereses urbanísticos del consejero “transfuga” Germán Chamón

Posted in CCM, Hernández Moltó by Die Rote Kapelle on 27 febrero 2009

Diario El Mundo

Diario El Mundo

Ayer, en el pleno del Parlamento regional de Castilla-La Mancha el habitual tono lírico del presidente Barreda se endureció un poco. Afirmó que «el PP quiere un escándalo en CCM» y con palabras extraídas casi textualmente de la «carta abierta» que el presidente del Aeropuerto de Ciudad Real, Juan Antonio León Triviño, envió ayer a María Dolores de Cospedal, aseguró que «el Partido Popular no quiere una solución, quiere un escándalo» para erosionar a su Gobierno y a él mismo.

Lo cierto es que, al margen de lo que quiera o no quiera el PP, el escándalo de CCM no hay que buscarlo ni quererlo porque ya está encontrado y producido y sus artífices no son otros que quienes dirigen la Caja y quienes dirigen a los que dirigen la Caja, unos abiertamente, como Barreda y Hernández Moltó y otros por persona interpuesta, como es el caso de Bono, cuya preeminencia en la región coloca a Barreda en una posición vicaria apenas disimulada.

Hoy, El Confidencial, citando fuentes del Banco de España, asegura que el «agujero» en el que la gestión de Hernández Moltó ha sumido a CCM podría llegar a los 4.000 Millones de € –665.000 millones de Pts., es decir, bastante más allá del medio billón de Pts.- «de confirmarse como fallidas determinadas contingencias de riesgo contraídas por la entidad» y añade que, también según las mismas fuentes, eso no es lo más preocupante. El mayor problema de CCM es que, como consta en las cuentas del ejercicio 2008 que están en poder del Banco de España, el «margen de intermediación de la Caja «fue prácticamente nulo» lo cual quiere decir que CCM no gana un céntimo con la actividad normal de cualquier entidad financiera, es decir, captando depósitos y prestando dinero.

Según las fuentes de El Confidencial, CCM debe a otras entidades 9.500 Millones de Euros -un billón y medio, largo, de Pts.- prácticamente la mitad de los créditos que ella misma ha concedido; es decir, que la Caja de Hernández Moltó ha estado dando créditos con dinero ajeno contrayendo una deuda que ahora se come el beneficio normal de su negocio haciéndola totalmente inviable.

Pero como además CCM se ha endeudado de esa forma para financiar a un contado círculo de constructores que bajo la protección pública y, al menos aparentemente, incondicional de Barreda han llegado a constituir un oligopolio de facto en la región -estoy hablando de Méndez Pozo, de los hermános Díaz de Mera, de Aurelio González Villarejo y de los Sanahuja, pero también de los malayos Juan Antonio Roca, Pedro Román Zurdo, Enrique Ventero, etc.- La cuestión que se plantea sobre la mesa es si en el fiasco y la inviabilidad de CCM sólo ha concurrido una gravísima negligencia o una actuación dolosa que exige la presencia de los fiscales y los jueces de la jurisdicción penal.

En este sentido, El Mundo publica hoy que el consejero de Caja Castilla-La Mancha Germán Chamón, representante del PP en la Caja que se ha negado a dimitir de su cargo según la postura de ese partido, disfruta de un crédito de 9 millones de Euros concedido por CCM del que aún faltan por liquidar 5 millones.

José María Barreda y Antonio Miguel Méndez Pozo

José María Barreda y Antonio Miguel Méndez Pozo

Dicho crédito está concedido a la mercantil VERDE DESARROLLO URBANOS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A. en la que Chamón dice tener un 20% y que pertenece mayoritariamente a Antonio Miguel Mendez Pozo, condenado a prisión por el «Caso de la Construcción de Burgos». El consejero delegado de la empresa es Perfecto Alvarez Muñoz, que también ocupa el cargo de director general del área comercial y de marketing de CCM y es tío carnal de Héctor Alvarez, gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Cuenca.

No acaban aquí los nexos del tal Perfecto Alvarez. Resulta que además de ser tío de su sobrino, director general de CCM y socio del consejero transfuga Augusto Germán Chamón Arribas, también es socio de CONSTRUCCIONES VILLAREJO SA y apoderado de PROMOCIONES GONZÁLEZ SA, es decir, también es socio de Aurelio González Villarejo.

El Sr. Chamón ha negado que los 5 millones de Euros a los que se refiere El Mundo condicionen en absoluto su criterio sobre la situación de CCM y que esa sea la causa que le ha llevado a romper la disciplina de su partido, una de las cosas más difíciles de romper en España, como todo el mundo sabe.

Lo que ocurre es que sobre la voluntad y buen criterio del Sr. Chamón, probablemente, no sólo pesan los 5 millones del crédito que le ha concedido Hernández Moltó. También tiene considerable vis atractiva su asociación empresarial con Antonio Miguel Méndez Pozo, con Perfecto Alvarez Muñoz y, aunque sea indirectamente a través de este último, con Aurelio González Villarejo, a más claro está, de los intereses inmobiliarios que le conciernen en la provincia de Cuenca y que dependen de decisiones políticas que pueden ser poderosamente influidas, si es que no están directamente en sus manos, por el Gobierno regional de Barreda.

La sociedad VERDE DESARROLLOS URBANOS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A. en la que Germán Chamón participa junto a Antonio Miguel Méndez Pozo, según informa “El Cronista Independiente de Cuenca“, ha presentado diversos PAUs en localidades que circundan la ciudad de Cuenca. El negocio, naturalmente, radica en la compra de suelo rústico a precios ínfimos y su posterior recalificación; lo que ocurre es que con la recalificación ni Germán Chamón ni “Michel” Méndez Pozo se dan por satisfechos.

Por ejemplo, uno de los PAUs de VERDE DESARROLLOS es el presentado en la localidad conquense de Villar de Olalla donde se pretende construir 1.100 viviendas. El PAU, en sí mismo, puede ser un buen o mal negocio pero si junto a él se sitúa la estación del AVE, no cabe duda de que la revalorización del suelo se disparará, incluso, en medio del hundimiento del gremio inmobiliario. Pues bien, eso es lo que La Tribuna de Cuenca, periódico propiedad de Méndez Pozo ha estado defendiendo, con éxito, desde un principio.

Augusto Germán Chamón Arribas

Augusto Germán Chamón Arribas

La estación del AVE tenía dos posibilidades. Llegar hasta la propia ciudad de Cuenca o quedarse a 6 Km de allí, en el paraje de la Estrella, junto a los intereses urbanísticos de Germán Chamón y de Méndez Pozo y de Perfecto Alvarez.

El pasado 20 de junio del 2008, El Economista publicaba que el alcalde de Cuenca, Francisco Pulido, defendiendo la parada del AVE en la ciudad, dijo: «y para eso la estación tendrá que estar en el paraje de la Estrella», afirmación rotunda con la que estuvo de acuerdo el Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Barreda, José Luis Martínez Guijarro.

Las plusvalías generadas al establecer una estación del AVE junto a su PAU y el apoyo a tal pretensión del Gobierno de Castilla la Mancha, es un poderoso y cualificado acicate para inclinar su voluntad hacia las posturas mantenidas por ese mismo Gobierno y por Hernández Moltó en lo que se refiere a la absorción de CCM por UNICAJA, pero Augusto Germán Chamón asegura que quien crea que una cosa así le puede influir a él, es que no le conoce.

A su vez, si a la estación del AVE se suman, como también defiende y procura La Tribuna de Cuenca otras infraestructuras como el nuevo hospital y un futuro polígono industrial, las plusvalías de los PAUs de Méndez Pozo y Germán Chamón, aumentarían aún más y eso parece otro importante motivo para apoyar, aún en contra del propio partido, a Juan Pedro Hernández Moltó y al Gobierno de Castilla la Mancha.

Pero es que, además, en estos asuntos urbanísticos de la llamada «Corona de Cuenca» los intereses de la mercantil VERDE DESARROLLOS etc. se mezclan con los del consorcio DAVECON. Según “El Cronista Independiente de Cuenca“, una de las empresas que lo integran es DALPA y de ella fue socio Gonzalo Igualada -que aún sigue ligado a la empresa- ingeniero jefe del área de Obras y Planificación del ayuntamiento de la ciudad.

Gonzalo Igualada fue quien redactó un informe, esencial para dar por buena la localización de la estación del AVE en el paraje de la Estrella, que modificaba los datos de la cartografía oficial y contradecía otro informe presentado por el también ingeniero de caminos del Ayuntamiento, Vicente Belinchón Carlavilla. Se da la circunstancia, según el grupo Independientes por Cuenca, que el informe del ingeniero Vicente Belinchón fue ocultado por el entonces alcalde Martínez Cenzano durante la negociación del «Pacto por Cuenca», un acuerdo político favorable a la estación del AVE en la Estrella.

El consorcio de empresas DAVECON tuvo también protagonismo en una oscura operación urbanística en Cuenca: la del recinto ferial de la que se hablará aquí en breve. Aquél caso puso ya de relieve las muy estrechas relaciones entre las empresas que integran DAVECON y el Ayuntamiento de Cuenca en el cual Héctor Alvarez, sobrino carnal de Perfecto Alvarez Muñóz, el ejecutivo de CCM y socio de Chamón y Mendez Pozo, ocupa el cargo de Gerente de Urbanismo.

DAVECON está integrada por las siguientes constructoras: CONSTRUCCIONES DALPA SA, CONSTRUCCIONES CONCA SL, CONSTRUCCIONES VERLIZ SA, CONSTRUCCIONES TRIGUERO HERMANOS SL y EDDENCA SL.

El ingeniero de caminos municipal, Gonzalo Igualada Puerta¸ a quien me he referido antes, fue accionista y administrador de construcciones Dalpa. En la actualidad es presidente de la Fundación Dalpa de la que es vicepresidente el administrador único de CONSTRUCCIONES DALPA.

Manuel Ángel Carrascosa García, aparejador municipal en excedencia, tiene vinculaciones familiares con accionistas y responsables de CONSTRUCCIONES CONCA SL. En concreto, tanto él como su mujer figuran como apoderados y sus dos hermanos como administradores.

Pablo Martínez Pando, técnico urbanista municipal, es vicepresidente de la empresa PROMOCIONES VERMA S.A. de la cual es presidente, el presidente de CONSTRUCCIONES VERLIZ SA.

Ni que decir tiene que la primera piedra del Recinto Ferial de Cuenca fue colocada por José María Barreda.

Pompa aprovecha las negociaciones del Pocero de Fuenlabrada con Aurelio González Villarejo para duplicar a éste la densidad de viviendas en sus PAUs

Posted in Uncategorized by Die Rote Kapelle on 9 febrero 2009

Alejandro Pompa, alcalde de Carranque, Toledo

Alejandro Pompa, alcalde de Carranque, Toledo

Según publica hoy El Economista, José Moreno «El Pocero de Fuenlabrada» o «Robin Hood» tiene en avanzado estado de negociación la compra de suelo en el PAU Las Montanillas, propiedad de Aurelio González Villarejo y de su socio local Román Conde Alonso.

Esto, al margen de que el alcalde de Carranque, Alejandro Pompa Mingo tenga el dudoso honor de ser el munícipe al que más delitos relacionados con la corrupción se le imputan en muchas leguas a la redonda -diecinueve, si no me falla la memoria- El asunto es relevante en varios sentidos y suscita algunas preguntas que merecen respuesta.

¿José Moreno Esquivel y Aurelio González Villarejo están negociando la operación de compraventa a su riesgo y ventura? ¿Ha intervenido Pompa a modo de «director comercial» en la operación poniendo en contacto a ambos constructores? ¿Cuál es la situación de DESARROLLOS URBAPLANING para que tenga que deshacerse de suelo, presuntamente, a precios mínimos? ¿Hay alguna contrapartida del Ayuntamiento que dirige Pompa para hacer viable esta operación?

Averiguar si Pompa ha hecho de «agente inmobiliario» del buen amigo de José Bono, el constructor conquense Aurelio González Villarejo, es algo que no se podrá determinar fácilmente, pero lo que sí es un hecho cierto es que hace algunos meses, Alejandro Pompa reunió a los miembros de la cooperativa que preside, a título particular, para poner en su conocimiento que el Ayuntamiento no tenía suelo pero que, por el contrario, había un promotor, es decir, DESARROLLOS URBAPLANING, que estaba dispuesto a promover las viviendas de la cooperativa a un precio “más barato” que el de mercado, pero “algo más caro” que el previsto de haberse construido en suelo municipal.

Llama poderosamente la atención que Pompa afirme que no hay suelo municipal cuando en este momento están en marcha los PAUs del campo de golf, ya aprobado definitivamente y los dos PAUs de González Villarejo, en total unos dos millones de metros cuadrados, aproximadamente y eso sin contar el de Caraplata y algunas otras actuaciones residuales a cargo del funcionario Ernesto Rodríguez Cubas, cuya amistad íntima con Pompa ya está documentada en los Juzgados.

Si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento es acreedor del 10% del aprovechamiento de esas actuaciones urbanizadoras, la única explicación para la penuria de suelo municipal es que el Sr. González Villarejo haya rescatado, al precio correspondiente, ese 10% y lo mismo en el caso de PEYBER-CCM, lo cual resulta contradictorio con la situación de quiebra económica en la que se encuentra el Ayuntamiento. No obstante, seguro que hay una buena explicación para esto, mucho más allá del alcance limitado de los que no somos «ingenieros navales privados no homologados», como es el caso del alcalde de Carranque.

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En cuanto a la situación de URBAPLANING, mucho me temo que puede ser, sencillamente, espeluznante. No se trata sólo de los descalabros que ha sufrido el Sr. González Villarejo en su abordaje a la inmobiliaria COLONIAL, aventura capitaneada por el ahora quebrado Luis Portillo y en la que participaron significativos nombres o, más bien, los significativos nombres de siempre: Nozaleda, Alicia Koplowitz, Rafael Santamaría, José Ramón Carabante, Domingo Díaz de Mera, Juan Gracia Jiménez, Antonio e Ignacio Barco Fernández y alguno que otro más, como Caja Duero, que tampoco se pierde una.

El problema de González Villarejo es el mismo o muy similar al de Caja Castilla-La Mancha, pues el destino de uno y de otra están sólidamente unidos y, además, ya de forma más concreta, su empresa en la zona de La Sagra Alta, DESARROLLOS URBAPLANING, arrastra unos niveles de endeudamiento difícilmente sostenibles. A la espera de datos más recientes, los números de su balance en 2007 indicaban un patrimonio neto de 2.317.706,99 €, un endeudamiento de 36.167.789,04 € y un índice de rentabilidad general de -18,44%. Esto estaba sucediendo al cierre del ejercicio 2007. Desde entonces han pasado muchas cosas y ninguna buena para el gremio de los constructores.

Respecto a la posible contrapartida; llámese como se quiera a la cosa, pero lo cierto es que Pompa, aprovechando que el Tajo pasa por Toledo y el Pisuegra por Valladolid, acaba de duplicar el número de viviendas previstas en los PAUs de las Montanillas.

El 20 de enero de este peculiar 2009, en el que cosas vederen mis ojos que otrora non crederen se celebró en Carranque un pleno extraordinario en el que «en base a la iniciativa planteada por el agente urbanizador del sector y principal propietario del suelo del mismo, DESARROLLOS URBAPLANING SL», según se lee en el acta de referencia, Alejandro Pompa y sus seguidores aprobaron la modificación del Plan Parcial Las Montanillas para que las viviendas construidas en el lugar pudieran pasar de 557 a 1.063.

Puede que 600 de esas 1.063 viviendas acaben en manos de José Moreno y de sus cooperativistas, pero el regalo al señalado constructor Aurelio González Villarejo es notabilísimo, como no podía ser de otra manera, tratándose de Carranque.