NOTITIA CRIMINIS

El alcalde de Carranque, Alejandro Pompa, perdona cerca de tres millones a la constructora Peyber

Posted in Alejandro Pompa by Die Rote Kapelle on 22 abril 2011

Bajo palio, Pompa, Fernández Retana y la Martínez Aboín

El aberrante estado de corrupción endémica del Estado español progresa, a la vista ciencia y paciencia de quienes pongan una poca atención en ello, especialmente en los ayuntamientos. El fenómeno no es casual. El tratamiento constitucional y legislativo de las corporaciones municipales convierte a éstas en dominios de quienes las gobiernen y lo único que separa a un alcalde de un tiranuelo de horca y espada es su propia voluntad, una voluntad que ante tanta y tan atractiva tentación, hace exclamar a demasiados de ellos, a los alcaldes me refiero, que si bien la carne es grávida, la andorga clama por sus rellenos, y embutir en ella solomillos nunca vistos, centollos inimaginados, cochinillos crujientes, lustrosos capones, inocentes lechales, soberbios jamones, jugosos cabritos y otras cosas todas ellas muy gratas y caras al mondongo, más que mojadas, ahogadas en zumos de uva ingeniosamente fermentados de los que vienen a costar uno o dos Potosíes; bien merece bailarle el agua a algún constructor de bolsa afín y sobre el filo de la navaja, quiero decir, sobre el filo del delito, hacerse práctico en el fraude de ley, el abuso de derecho, la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias o el blanqueo de capitales.

Tan es así la cosa, tan elevados a la condición de señores de vidas y haciendas están los alcaldes de hoy en día, que en un pueblecito de Toledo, Carranque, asediado por dos constructoras de cercano trato con su primer munícipe –PEYBER y una de las sociedades de Aurelio González Villarejo – éste, Alejandro Pompa Mingo, que ya se coronó a sí mismo como “ingeniero naval privado no homologado”, título que en realidad corresponde a un curso caritativo de delineación organizado en sus tiempos mozos por los salesianos de Atocha; éste decía, desfila bajo palio, ornato y distinción que si en Franco ya era risible, en este personaje sirve para dar idea cierta de a qué se ha llegado en las dolientes tierras del norte de Toledo, tierras en las que los viejos y no tan viejos llaman al alcalde y a los concejales que le secundan “la Justicia”, de modo que uno está a favor de “la Justicia” o en contra de “la Justicia” así soporte paciente o impacientemente las cadenas municipales.

Sin embargo, tras esta grotesca pompa y circunstancia que hace salir en Carranque, bajo palio y con sacras maneras a “la Justicia”, es decir, a Pompa, a Fernández y a la Martínez, hay aspectos más prácticos y modernos. Uno de ellos forma parte de los varios delitos que se imputan al tal Pompa a instancias de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y del que se sigue procedimiento en uno de los Juzgados de Instrucción de Illescas.

Según el escrito del Fiscal del Tribunal de Cuentas, D. Olayo E. González Soler, fechado el 21 de septiembre de 2010, Fundamento de Derecho A) El Ayuntamiento de Carranque “dejó de ingresar indebidamente en las arcas municipales el importe de los derechos reconocidos en las liquidaciones tributarias revocadas, revocación que entraña la vulneración de las disposiciones reguladoras de la revisión de los actos en vía administrativa contenidas en el Titulo VII de la LRJ-PAC, que es de aplicación en virtud de lo dispuesto en el art. 146 Primero del RD 2568/1986, de 28 de noviembre. Y como de tal revocación, promovida por el Sr. Alcalde de Carranque e ilegalmente aprobada con los votos de los seis concejales que se citan, resultan perjuicios para los intereses del Ayuntamiento porque, se reitera, dejó de ingresar en su caja el importe de las liquidaciones revocadas, se cumplen, en principio, los requisitos exigidos por el art. 38.1 LOTCu para el nacimiento de la responsabilidad contable, por lo que resulta procedente promover su depuración”.

Las tasas a las que se refiere la Fiscalía del Tribunal de Cuentas son las correspondientes a la aprobación definitiva del PAU del campo de golf de Carranque. Dichas tasas, cuyo importe asciende a 2.780.099,25 €, giradas a la mercantil VILLA ROMANA GOLF, es decir, a la constructora PEYBER, y puestas en vía ejecutiva ante el impago de ésta, fueron anuladas, con gran prodigalidad y desprendimiento de lo ajeno, a iniciativa e impulso de Pompa, cosa que se entiende mal en un Ayuntamiento con una de las mayores deudas por habitante de la provincia de Toledo, si no se considera la “cercanía de trato” –así denominaba a esa afinidad el Secretario municipal– entre el tal Pompa y los principales socios de la constructora: los hermanos Díaz Bermejo y el que hasta hace poco era el aparejador municipal, Jesús María Gallego Peinado.

Al respecto, el Secretario-Interventor del Ayuntamiento, en un informe fechado el 27 de noviembre de 2008 calificaba la mencionada revocación en los siguientes términos:

“Supone una absoluta contradicción con los acuerdos plenarios adoptados desestimando los recursos de reposición que interpuso la misma entidad mercantil y ratificando cada una de las liquidaciones que ahora se propone REVOCAR por entender están viciadas de nulidad… La propuesta planteada deja al Ayuntamiento EN PRECARIO, es decir, le desapodera de sus derechos legales al dejar pendientes las liquidaciones futuras que han de sustituir a las que ahora se propone revocar (ANULAR) a como pronto, el primer trimestre del año 2010… La citada propuesta vulnera la normativa urbanística, porque supone incumplimiento del convenio urbanístico de gestión aprobado y suscrito por el Ayuntamiento y la promotora, vulnera la normativa de derecho administrativo y la tributaria”.

Según la mercantil VILLA ROMANA GOLF –esto es, PEYBER– y el alcalde Pompa, su decisión de privar al Ayuntamiento de cerca de tres millones de Euros se debía a que todos ellos consideraban que esas liquidaciones eran impertinentes porque el PAU, si bien aprobado definitivamente, aún no estaba publicado, cosa esta muy interesante porque dado que, como acredita el Secretario municipal, “la tramitación del PAU fue asumida por la entidad promotora” y, por tanto, a ésta corresponde su publicación oficial; mientras la deudora no tenga a bien cumplir con ese trámite, quedaría a salvo de saldar sus deudas. En otras palabras, que para Pompa y para los socios de PEYBER, el cumplimiento de la obligación queda sujeto a una condición suspensiva cuyo cumplimiento depende, íntegramente, de la voluntad del deudor, por cierto, un tipo de condición que el Código Civil considera nula de pleno derecho.

Se diría, no obstante, que Alejandro Pompa también es “jurista privado no homologado” porque pese a las rotundas advertencias del Secretario-Interventor, en el pleno municipal del 27 de noviembre de 2008 él y sus concejales, todos adscritos al Bonismo-Barredismo toledano, acordaron revocar y dejar sin efecto las liquidaciones tributarias adeudadas por VILLA ROMANA GOLF, esto es, por el agente urbanizador del PAU del campo de golf, a cambio de lo cual ésta aceptaba realizar un pago a cuenta de 300.000 €, pago que, por cierto, también ha incumplido.

Ahora que este, entre otros asuntos, le han vuelto a valer, a él y a sus secuaces –que para que no se sientan zaheridos les advertiré que secuaz es aquel que sigue el partido, doctrina u opinión de otro– nuevas imputaciones a cuenta de la denuncia de la Fiscalía de Toledo; Pompa dirá que no tenía conciencia ni voluntad de violar la ley, bien que de tan forzada como está, de ella quepa decir lo mismo que Don Luis Mejía le dijera a Don Juan Tenorio: “Con lo que en ella habéis osado, imposible la hais dejado para vos y para mi”.

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La oposición de Alcobendas denuncia posible prevaricación en un intento de adjudicación de obra a la constructora Peyber

Posted in PEYBER by Die Rote Kapelle on 27 julio 2010

Se trata de la adjudicación del contrato de obra del centro de salud Valdelasfuentes, en Alcobendas. La noticia fue dada por la Cadena Ser, el 13 de abril de este año y, finalmente, la denuncia pública hecha tanto por la concejal de IU de la localidad, como por los ediles del PSOE, frustró el intento de seleccionar a la constructora PEYBER HISPÁNICA, la cual había obtenido el segundo puesto en la licitación.

Previamente, PEYBER ya se había alzado con la construcción de otro centro de salud, el de Arroyo de la Vega, por un importe cercano a los tres millones de Euros. En esa ocasión El País, aseguró que la obra fue financiada con los fondos del Plan E, a pesar de que la materia era competencia de la Comunidad de Madrid.

A continuación, declaraciones del concejal Angel Sánchez Sanguino y la noticia tal y como aparece en la página de la Cadena Ser:

http://sites.google.com/site/losarchivosdenotitiacriminis3/home/Peyber-Alcobendas.mp3?attredirects=0&d=1

Los socialistas de Alcobendas afirman que los tenientes de alcalde del ayuntamiento, Mónica Sánchez y Agustín Martín y la concejala de Obras, Paloma Cano, podrían haber incurrido en una ilegalidad al proponer y votar a favor de la adjudicación de las obras del centro de salud de Valdelasfuentes a la constructora que consiguió la segunda puntuación del concurso.

Esta empresa, Peyber Hispánica, consiguió una puntación de 65,14 frente a BM3 Obras y Servicios que obtuvo 68,70 puntos. Según el concejal socialista presente en la mesa de adjudicación, Ángel Sánchez Sanguino, los ediles populares argumentaron su desconocimiento de la empresa con mayor puntuación y su miedo a encargar la obra a esta constructora.

Según el PSOE, Sánchez Sanguino, la concejal de IU, María Benito Durango, la interventora municipal y el director general de la asesoría jurídica municipal votaron en contra de la propuesta de los ediles.

Sánchez Sanguino afirma que la arbitrariedad de los concejales populares frente a una resolución clara del informe técnico podría ser constitutiva de delito.

Desde el equipo de gobierno afirman que los tres ediles presentes en la mesa de adjudicación consideraron más favorable, para los intereses del ayuntamiento y el cumplimiento de las obras, la segunda empresa mejor valorada por los técnicos. Ante esta situación, que según el gobierno municipal se produce habitualmente en la administración local, se encargó un informe jurídico cuya resolución terminó adjudicando la obra a BM3 Obras y Servicios, la empresa con mayor puntuación en el concurso.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo de gobierno insiste en que cualquier mala interpretación de este tema no es más que un afán de la oposición de encontrar algo turbio en un ayuntamiento que ha recibido el Primer Premio en Transparencia en materia de contratación.

Así mismo, se anima al grupo socialista, a que si consideran que se ha producido alguna irregularidad “acudan a la Fiscalía en lugar de tratar de empañar en los medios de comunicación la imagen de la ciudad”.

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Protegido: La constructora Peyber en Alcobendas. Los casos Gürtel, Fórum, Ballena Blanca y Malaya

Posted in Conexión Malaya, PEYBER by Die Rote Kapelle on 16 marzo 2010

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El hijo del presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño, y la constructora PEYBER emigran a Bucarest,

Posted in PEYBER, Tofiño by Die Rote Kapelle on 18 enero 2010

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Se diría que la oleada migratoria se ha invertido y que ahora son los toledanos, o algunos toledanos, los que se van a Rumanía. Así ha ocurrido con el grupo constructor PEYBER, del que es socio Jesús María G. Peinado, ex aparejador municipal de Carranque e imputado por presuntos delitos de corrupción a causa de la tramitación del PAU del campo de golf de esa localidad.

Mediante un complejo entramado empresarial que descansa sobre las mercantiles PEYBER DIVISIÓN INTERNACIONAL y TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1, 2, 3, 4, y 5, además de AVANTIA, esta última no registrada en España; los hermanos Peinado-Bermejo se han introducido en el negocio inmobiliario de Rumanía, al acecho, como ellos mismos declaran, de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea y de un mercado que parecía en expansión aunque tal apariencia esté ahora claramente frustrada.

La inversión de PEYBER en Bucarest presenta notables circunstancias de las que habrá que ocuparse en detalle, especialmente en lo que se refiere a algunos nombres como son el de Angel Orgaz Serrano, hermano de Sara Orgaz Serrano; el de José Villarig Lou; o el de los hermanos Agustín y Victor Manuel Clemente Alonso; pero de momento lo significativo es que los Díaz-Bermejo no son los únicos toledanos que han emprendido su particular marcha hacia el Este en estos últimos tiempos. José Manuel Tofiño Arrogante, hijo del presidente de la Diputación Provincial de Toledo ha hecho lo propio y se encuentra trabajando, junto a su reciente esposa, en Bucarest.

La noticia la hacía pública, como motivo de su boda celebrada el pasado mes de septiembre, el propio José Manuel Tofiño Arrogante. Tal y como informó El Digital de Castilla-La Mancha, en una página Web abierta en el portal novios.org el hijo de Tofiño daba cuenta de los acontecimiento relacionados con su boda y, de paso, nos anunciaba a todos que se encontraba trabajando en Rumanía. La página de “Esther y José Manuel” (http://www.novios.org/josemanuel_esther/) ha sido suprimida hoy mismo tras permanecer meses “en línea”, tiempo suficiente, sin duda, como para acreditar, incluso notarialmente, su existencia y contenido.

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Claro está, la coincidencia no significa que Tofiño Arrogante esté trabajando para PEYBER en Rumanía. En ese país existen muchas empresas, incluso muchas empresas españolas, además de la constructora PEYBER, pero el hecho no deja de ser significativo y digno de atención e investigación, porque PEYBER y Tofiño Arrogante ya han estado estrechamente relacionados.

El 2 de diciembre del 2004 se constituyo la mercantil SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS SL en cuyo consejo de administración aparecían José Juan Díaz Bermejo, Miguel Angel Gallego Peinado ―hermano del citado Jesús María G. Peinado, socio fundador de PEYBER y “amigo íntimo” del alcalde Pompa, según el entonces Secretario-Interventor del municipio― y José Manuel Tofiño Arrogante.

Esta asociación no habría tenido mayor relevancia si, en fechas paralelas, otra empresa del grupo PEYBER no hubiera resultado agraciada con la adjudicación del mantenimiento y reparación de la Zona 2 de las carreteras de Toledo; un contrato otorgado por la Diputación Provincial que supuso para la entidad CONCESIONARIA BERVIA, formada al 50% por PEYBER y COPCISA, la notable cantidad de más de 27 Millones de €.

La sorprendente coincidencia, que en su día se desveló en Notitia Criminis, ocupó varios titulares de prensa y llevó a IU a denunciar ―el escrito de denuncia se puede descargar desde aquí― los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo que, todo hay que decirlo, archivó aceleradamente el caso porque en opinión del Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, no se alcanzaba a vislumbrar ninguna relación entre PEYBER y José Manuel Tofiño Pérez, presidente de la Diputación.

No obstante, por aquellas fechas, principios del 2007, y con motivo de la citada denuncia, Ricardo Díaz Bermejo, el mayor de los hermanos Bermejo, que se titula consejero delegado del grupo Peyber, hizo unas interesantes declaraciones a la Tribuna de Toledose pueden descargar desde aquí― en las que afirmaba conocer al alcalde de Illescas ―es decir, a José Manuel Tofiño Pérez― y que «fue de ese trato personal, que nació la idea de crear la sociedad Sistemas Arquitectónicos y Urbanísticos, con el hijo de Tofiño, destinada a temas de ingeniería, cuando terminó los estudios de aparejador».

Independientemente de que es falso que SISTEMAS etc. estuviera dedicada a “temas de ingeniería” ―porque el objeto social que declara en el Registro Mercantil es «la compra, promoción, venta y por cualquier otro título, la adquisición o enajenación de toda clase de fincas rústicas o urbanas» además de «la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia», «el comercio al por mayor de animales vivos» y «otras sociedades de inversión en activos financieros»― lo cierto es que no se puede pedir mayor sinceridad a las declaraciones del consejero delegado del grupo PEYBER.

En cualquier caso, tras la denuncia de IU y el revuelo provocado, del que se hicieron ecos periódicos como El País, El Mundo o ABC, la empresa SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS etc. de la que, por cierto, no hubo depósitos contables hasta el final, fue declarada en extinción el 1 de diciembre de 2007.

Desde entonces, no se ha vuelto a tener constancia de ninguna otra relación mercantil entre el hijo de Tofiño y los socios de PEYBER, aunque esta empresa sí ha seguido actuando en Illescas.

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Muerte de un trabajador en una obra de PEYBER. Los sindicatos denuncian el secretismo de la empresa

Posted in PEYBER by Die Rote Kapelle on 15 enero 2010

Noticia en el diario El País

Los sindicatos denuncian el oscurantismo que envuelve la muerte de un trabajador de 33 años, casado y padre de una niña de un año, que se produjo ayer, 14 de enero, en una obra de la mercantil PEYBER HISPANIA en Torrejón de Ardoz.

Mientras los trabajadores de la obra ―según informa hoy El País― se negaban a hablar con los periodistas, no es difícil imaginar por qué; los miembros de los sindicatos CC.OO y UGT, que acudieron al lugar para comprobar los hechos, denunciaron “la falta de transparencia” de las empresas implicadas UNIT (subcontratista) y PEYBER HISPANIA (la constructora) así como de la Inspección de Trabajo, la cual negó a los representantes sindicales el paso al lugar de los hechos.

La empresa no ha colaborado nada y la Inspección nos ha cerrado las puertas”, declaró Domingo Martínez, técnico de prevención de riesgos laborales de UGT.

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Muere un trabajador de 33 años en una obra de Peyber en Torrejón de Ardoz

Posted in PEYBER by Die Rote Kapelle on 14 enero 2010

Ricardo Díaz Bermejo, la "BER" de PEY-BER

Agencia EFE.

«El accidente ha tenido lugar cuando unos operarios trasladaban unas planchas de hormigón para levantar un prefabricado de ese material y una de las sujeciones de la pieza se ha soltado.

El fallecido es un hombre de 33 años de nacionalidad española cuya identidad no se ha dado a conocer.

La víctima trabajaba para la empresa Unit, subcontratada por Peyber Hispania, y se trata de la primera muerte en accidente laboral registrada en la región de Madrid en lo que va de año.

A través de una nota CC.OO ha denunciado la falta de medidas de seguridad en esa obra y ha criticado la “evidente falta de coordinación entre la empresa principal y la subcontratada”.

“El obrero nunca debería haberse situado en medio de los prefabricados, que deberían haber estado en un área acotada para poder ser enganchados y elevados sin peligro desde una zona lateral”, según CC.OO.

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid, Rosa Robledano, ha dicho a Efe que la muerte se ha producido en un sector – el de la construcción – donde hay un importante aumento del paro y ha señalado que faltan medidas de prevención y, en muchos casos, de formación.

Fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid han indicado que recibieron una llamada de socorro hacia las 9,45.

Al lugar acudieron una UVI móvil del Ayuntamiento de Torrejón y los Bomberos de la Comunidad, ya que los primeros datos apuntaban a que el trabajador podía haber quedado atrapado bajo la plancha de hormigón.

Cuando los bomberos llegaron al lugar ya estaba allí la UVI municipal, cuyos sanitarios intentaron reanimar a la víctima.

El edificio de viviendas en construcción está en la Avenida de la Constitución 160 de Torrejón».

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El Ayuntamiento de Ugena (Toledo) rechaza por “abusivo” y “confiscatorio” un PAU de PEYBER. Pretendían apropiarse el 75% del suelo edificable

Posted in PEYBER by Die Rote Kapelle on 17 octubre 2009
De izquierda a derecha, Jesús Mª G. Peinado "vicepresidente" de Peyber, el entonces ministro Jordi Sevilla y Ricardo D. Bermejo "consejero delegado" de Peyber

De izquierda a derecha, Jesús Mª G. Peinado "vicepresidente" de Peyber, el entonces ministro Jordi Sevilla y Ricardo D. Bermejo "consejero delegado" de Peyber

Aunque resulte insólito e incalificable, así queda acreditado en el oportuno expediente administrativo. En su propio pueblo natal, Ugena, los hermanos Díaz Bermejo ―más conocidos en ese lugar como “los Abubillos”― y su socio el aparejador municipal de Carranque ―pueblo vecino― imputado por el caso del campo de golf de esta última localidad; pretendían apoderarse, a través de la mercantil PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL, del 75% del aprovechamiento privativo del PAU que presentaron sobre el llamado “Paraje de Diana”, dejando un 25% a los propietarios afectados.

Esta pretensión inicial se vio relativamente morigerada ante la resistencia del Ayuntamiento, de los agricultores afectados y ante los informes de los servicios jurídicos de la Corporación, cuando el día 14 de septiembre de 2009 mediante fax y fuera de los horarios de oficina, PEYBER hizo una nueva propuesta reduciendo la “retribución al urbanizador” del 75% al 60% del aprovechamiento patrimonializable del PAU, es decir, del suelo que les queda a los afectados una vez deducido el correspondiente al Ayuntamiento por participación en plusvalías, el suelo dotacional, viales, zonas verdes, etc. No obstante, también modificaban al alza los gastos globales de urbanización.

Tras este fax, el Ayuntamiento de Ugena, según dictamen de la asesoría urbanística, consideró que la constructora había hecho caso omiso de los reiterados requerimientos que se le hicieron para que subsanara la documentación presentada, razón por la cual el equipo de gobierno municipal propuso al Pleno celebrado el 17 de septiembre del mismo año, la aprobación del acuerdo cuyo texto se puede descargar íntegro desde aquí y que en su parte más significativa dice los siguiente:

Ayuntamiento de Ugena. Acuerdo de reprobación del PAU de Peyber

Ayuntamiento de Ugena. Acuerdo de reprobación del PAU de Peyber

«De acuerdo con las facultades previstas en el art. 122,4 del TRLOTAU, Rechazar el PAU rústico del Paraje de Diana presentado por la comercial PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL por no haberse atendido, en tiempo, a la subsanación de la documentación según lo requerido por la J.G.L de fecha 21 -07-09 y muy especialmente la falta de aquilatación de la oferta jurídico económica, en el modo de retribución al agente urbanizador, por entender abusiva la misma y que atenta contra el derecho de propiedad de los interesados, por entender que son confiscatorios al asignar un porcentaje de cesión de aprovechamiento urbanístico a favor del agente urbanizador del 75% (ahora 60) por el susceptible de apropiación, resultando para los propietarios el 25% (ahora 40) restante. Por no haber tenido en cuenta los posibles coeficientes de homogeneización para los diferentes usos y tipologías edificatorias, como dispone el TRLOTAU a la hora de calcular el aprovechamiento tipo. Por no haber tenido en cuenta en la proposición jurídico económica la totalidad de los gastos de urbanización (una estimación de los gastos de conexión a las redes y la suplementación de las mismas, como la EDAR) como disponen los artículos 110 y 115 del TRLOTAU, lo que supone una falta de seguridad jurídica para los propietarios del suelo»

Esta propuesta de la Alcaldía fue aprobada con 10 votos a favor, 6 del grupo Popular y 4 del grupo Socialista, y una abstención; unanimidad que da idea de hasta qué punto la pretensión de “Los Abubillos” y de su socio carranqueño superaba ―a juicio de los miembros de la Corporación y de sus servicios jurídicos― lo tolerable y se adentraba en los terrenos de la usurpación o, si se quiere, de la confiscación contraria a Derecho.

La aprobación del acuerdo debió producir cierta perplejidad en los Díaz Bermejo, acostumbrados como están a que las cosas en Toledo discurran por raíles muy bien engrasados y, sobre todo, porque había sido el propio Ayuntamiento de Ugena el que se había dirigido a PEYBER para pedirles la presentación del PAU.

Pero a la vista está que Ugena no es Carranque y que en Ugena, pueblo situado a escaso kilómetro y medio de Carranque, el Estado de Derecho, tambaleándose o no, resiste mejor a la marejada ladrillesca, cosa que también digo en favor de los concejales del PSOE de la localidad, los cuales sospecho que habrán sido víctimas de no pocas ni débiles “sugerencias”.

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Ana Guarinos exige que se investiguen con el mismo rigor que Gürtel, los casos de presunta corrupción de Carranque, Seseña y CCM

Posted in Carranque, Corrupción, Illescas, Seseña by Die Rote Kapelle on 13 octubre 2009

El pasado día 8 el informativo regional del canal 1 de Televisión Española se hacía eco de unas declaraciones en las que Ana Guarinos exigía que se investigaran con rigor los casos de presunta corrupción en Carranque, Illescas, Seseña, todas localidades de Toledo, así como los hechos que llevaron a la quiebra de Caja Castilla-La Mancha.

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Previamente, Jesús Gregorio Fernández Vaquero, se había apresurado, tras el levantamiento del secreto del sumario, a afirmar que “ocho folios del sumario Gürtel se han escrito en Castilla-La Mancha”. No es cierto, hay más folios en el sumario Gürtel ―al que ha tenido acceso Notitia Criminis― que afectan a Toledo, aunque como se irá viendo, no en el sentido que más le gustaría al «bonismo» manchego.

De todas formas, lo que parece poco discutible es que Fernández Vaquero no era el hombre más adecuado para dar inicio a las hostilidades y eso que quedó claro cuando el PP toledano emitió un comunicado en el que «se mostró sorprendido en concreto de la “desvergüenza” del vicesecretario provincial del PSOE, Jesús Fernández Vaquero, que ―en su opinión― antes de hablar “debería mirarse en el espejo, porque todavía la sociedad se pregunta que ocurrió en el escándalo urbanístico de Seseña, donde su papel fue esencial”»

Pulsar sobre la imagen para descargar el texto de la denuncia

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El otro caso de corrupción o de presunta corrupción al que se refería Ana Guarinos es el de Carranque (Toledo) el cual sigue su curso en los colapsados juzgados de Illescas. Los hechos que han acabado con el alcalde de Carranque, Alejandro Pompa Mingo, con varios concejales de su equipo de gobierno y con el que ahora se titula pomposamente «vicepresidente» del Grupo PEYBER, el aparejador municipal honorario del Ayuntamiento, Jesús María G. Peinado; imputados por diversos delitos de corrupción, comenzó a salir a la luz a principios de 2007 con una denuncia relativa a la permuta de un terreno entre el Ayuntamiento y una empresa del auxiliar administrativo de la Corporación y “amigo íntimo” del alcalde Pompa, Ernesto Rodríguez Cubas.

Sin embargo, la situación alcanzó una dimensión superior cuando a mediados de marzo de 2007 IU de Toledo convocó un rueda de prensa en la que hizo pública su intención de denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción, una trama urbanística que afectaba a la Diputación de Toledo, a los Ayuntamientos de Carranque e Illescas y al grupo inmobiliario PEYBER.

Los hechos más relevantes que se incluían en esa denuncia ―cuyo texto se puede descargar desde aquí ― eran los relativos a la concesión del PAU del campo de golf de Carranque a una empresa formada por PEYBER y por CCM; a la concesión a PEYBER de la construcción de una casa de la cultura en Carranque cuyo presupuesto inicial de 3.594.900 €, se aumentó luego ―según estimación de los denunciantes, en contra de los límites legales y sin licitación pública― en 1.577.129,49€; a la participación en estos hechos de Ernesto Rodríguez Cubas, “funcionario de confianza” y, como afirmó en documento oficial el Secretario del Ayuntamiento, “amigo íntimo” del alcalde Pompa; y a la adjudicación hecha por la Diputación de Toledo de una contrata superior a los 27 Millones de € a CONCESIONARIA BERVIA, una empresa formada por COPCISA y por los propietarios de PEYBER, socios del hijo del presidente de esa Diputación, José Manuel Tofiño Pérez.

La denuncia, presentada la semana siguiente a la celebración de la citada rueda de prensa, fue archivada con una considerable celeridad. El día 10 de mayo de 2007, es decir poco más de un mes después de su presentación, la Fiscalía de Toledo hacía pública una escueta nota ―que se puede descargar desde aquí― dando por cerrado el caso.

Según el mencionado escrito, la denuncia se archivaba porque contenía “imputaciones poco concretas y de escaso contenido penal”, lo cual es una afirmación que no puede dejar de sorprender ya que lo que se pedía a la Fiscalía era la investigación de unos hechos que ella misma reconocía que tenían “contenido penal”, fuera este abundante o escaso, y aunque fuera cierto que ese contenido penal era “escaso” a priori, tras la investigación ―que nunca se hizo― éste bien podría haber llegado a ser abundante o incluso, muy abundante.

Nota de la Fiscalía de Toledo

Nota de la Fiscalía de Toledo

La denuncia no tenía por qué aportar pruebas de cargo suficientes para fundamentar una condena ―porque la Fiscalía no sentencia, sólo investiga y en su caso, acusa― sino indicios de posibles delitos y eso sí que lo hacía como reconoce el propio escrito del Fiscal al asumir que los hechos denunciados tenían “contenido penal”, aunque inicialmente éste pudiera parecer “escaso”.

En el punto 4º del escrito también se hace referencia a las “supuestas incompatibilidades de antiguos funcionarios del Ayuntamiento de Carranque”, las cuales no se investigaron porque éstas “yan han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía y del Juzgado de instrucción nº 2 de Illescas (previas 2094/2006 en las que este Mº Fiscal recurrió el Auto de inadmisión de la querella).

Esto es absolutamente cierto, pero en este punto la Fiscalía olvidaba que la participación presuntamente delictiva de esos funcionarios denunciada por IU se refería a hechos distintos e incluso a sujetos distintos a los incluidos en las diligencias que instruía el Juzgado nº 2 de Illescas.

Ese Juzgado veía y ve la causa relativa a la permuta de unas parcelas entre el Ayuntamiento de Carranque y una de las empresas de su funcionario Ernesto Rodríguez Cubas. Por el contrario, en la denuncia de IU se incluía a Ernesto Rodríguez Cubas por su participación en los presuntos delitos cometidos durante la tramitación y adjudicación del PAU del campo de golf de Carranque y, además, a Jesús María Gallego Peinado, aparejador municipal del Ayuntamiento y socio de PEYBER, adjudicataria junto a CCM del citado PAU, que nada tenía que ver con las diligencias instruidas en el Juzgado nº 2 de Illescas.

En el punto 5 de la nota de la Fiscalía y refiriéndose a la relación entre el presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño Pérez con BERVIA, la empresa a la que esta Diputación adjudicó un contrato de más de 27 Millones de €, se dice que “ni se ofrecen datos concretos de conductas ilícitas, ni de porqué se debe relacionar el hijo del Sr. Tofiño con la empresa concesionaria”.

El País, 17 de marzo de 2007

El País, 17 de marzo de 2007

Sin embargo, en la denuncia de IU quedaba sobradamente documentado y acreditado que la Diputación que preside José Manuel Tofiño Pérez había adjudicado un contrato de más de 27 Millones de € a una empresa ―CONCESIONARIA BERVIA― propiedad de los socios de su hijo, el joven con los estudios recién acabados entonces, José Manuel Tofiño Arrogante.

En este hecho, no cuestionable porque como he dicho está acreditado por los boletines oficiales y por el Registro mercantil, la Fiscalía no consiguió ver ninguna relación entre la concesionaria y el presidente de la institución concedente, pues a su parecer un hijo no es eslabón lo bastante sólido como para relacionar ambos extremos.

Posiblemente, por ese mismo motivo, consideró que no se especificaba ninguna conducta presuntamente delictiva, pero lo cierto es que los dueños del Grupo PEYBER crearon, coincidiendo en el tiempo con la tramitación de la contrata que luego les fue adjudicada a través de una de sus personalidades jurídicas; la mercantil SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS, en la que estos participaban con un 50% y el hijo del Presidente Tofiño, con un 40%.

A juicio de los denunciantes ―y al mio también― estos datos eran intensamente sospechosos y podían constituir un delito de tráfico de influencias, pues qué duda cabe de que un hijo tiene una poderosa influencia sobre un padre y viceversa, pero también debían ser investigados porque podrían ser constitutivos de otro delito de cohecho ya que el hijo del Presidente Tofiño se asocia, nada más acabar sus estudios de arquitectura, a un grupo inmobiliario consolidado ―PEYBER― y eso bien podría ser una dádiva en especie aún en el caso de que la mercantil SISTEMAS etc. no hubiera llegado a tener actividad como aseguraban sus socios y el propio Tofiño, pues en sí mismo representa una enorme ventaja que además constituye un concepto contable al que en los balances se le asigna valor monetario: el llamado “fondo de comercio”.

Por otro lado, en el punto 6º de la Nota de la Fiscalía se lee que “en cuanto a supuestas irregularidades administrativas” se considera que éstas no han superado la frontera que separa la jurisdicción Contencioso-Administrativa de la Penal ya que el delito de prevaricación “exige no una mera infracción, sino una actuación de voluntad consciente de menospreciar la Ley a costa de cualquier propósito”.

Así, por ejemplo, el Fiscal no apreció voluntad consciente de menospreciar la Ley cuando el Alcalde Pompa, consciente de lo que decía y advertido de la ilicitud por el Secretario del Ayuntamiento, respondió a la denuncia de la situación de incompatibilidad del funcionario Ernesto Rodríguez Cubas hecha en el Pleno del Ayuntamiento, diciendo que éste “fuera de las horas de trabajo podía hacer lo que quisiera”.

Tampoco se percibió voluntad consciente de menospreciar la Ley en el acto de apertura de plicas del PAU del campo de golf de Carranque, a pesar de que esa ilicitud había sido advertida formalmente al alcalde por el Secretario del Ayuntamiento y denunciada por la oposición; ni en la falta de notificación a propietarios afectados; ni en el hecho de que la operación se enmascarara mediante una sociedad con nombre equívoco ―AGRICOLA SAGRA-MANCHEGA― y objeto social falso ―el de las actividades agrícolas― cuando consta documentalmente que tanto el alcalde como los concesionarios del PAU tenían ciencia sobrada de cuál era el destino de ese suelo y la finalidad de esa mercantil.

El "dimitido" director del CNI, Bono y García Paje

El "dimitido" director del CNI, Bono y García Paje

Tampoco se consideraron hechos dignos de ser investigados el enriquecimiento inexplicable del funcionario Rodríguez Cubas que con un sueldo de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Carranque, consiguió acumular en las seis sociedades que constaban a su nombre no menos de 65 propiedades inmuebles ―la lista se puede descargar desde aquí― que juntas sumaban más de 43.000 m2, en su práctica totalidad de suelo ya urbanizado; ni en el no menos sorprendente enriquecimiento del actual “vicepresidente” del Grupo PEYBER, que con la nómina de “aparejador municipal honorario” del citado Ayuntamiento ha llegado a convertirse en el propietario de PEYBER en pie de igualdad con los otros dueños, los Díaz Bermejo.

En ninguna de estas cosas ni de las demás mencionadas en la denuncia, se percibió voluntad consciente de menospreciar la Ley o indicio alguno de delito, pero todas ellas tenían una virtud común: siempre, la “irregularidad” administrativa favorecía manifiestamente a la empresa del aparejador municipal, “íntimo amigo” de Pompa, al funcionario Rodríguez Cubas, también amigo íntimo de Pompa, y a CCM.

Por esto, desde aquí sólo puedo sumarme a la exigencia de Ana Guarinos, aunque ésta llegue tarde, de que la Fiscalía despliegue en Castilla-La Mancha el mismo celo investigador que en el caso Gürtel, más cuanto que hay que recordar que la operación Gürtel comenzó a partir de unos hechos de relevancia no muy distinta a los de Carranque o Illescas.

Pero es que además, desde que IU presentó su denuncia, lo que se ha conocido de la provincia de Toledo es realmente preocupante: tenemos aquí a los principales protagonistas de la operación Malaya (caso de la finca de Bargas); tenemos al malayo Javier Arteche (caso del campo de golf de Layos); sabemos que CCM financió con no menos de 200 Millones de € a la organización criminal de Roca; sabemos que al menos dos altos cargos de los gobiernos de Bono (Juan Tomás Vidal y Julio Rodríguez Arauzo) aparecen relacionados con presuntos delincuentes imputados en el caso Malaya, el primero además, en representación de CCM; sabemos que un imputado en la operación Malaya y presunto miembro de la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más pujantes en el continente europeo, pagó más de 700.000 € al ex alcalde de Seseña que aprobó el PAU del Pocero; sabemos que varios de los socios de CCM, que a su vez son sus mayores deudores y no poco responsables de su quiebra, están imputados a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla; sabemos que la empresa adjudicataria de la redacción del POM de Illescas, domiciliada en una barriada chabolista de esa localidad, está relacionada con CCF-21, la empresa de los “malayos” Carlos Sánchez y Andrés Lietor

Sabemos, en definitiva, demasiadas cosas y todas ellas escalofriantes, pero lo que no sabemos es de ninguna iniciativa de la Fiscalía en Castilla-La Mancha, que impulse la investigación de hechos tan preocupantes como estos. Es más, ha tenido que ser el Juzgado de instrucción nº 5 de Marbella, el que instruye las diligencias del caso Malaya, el que diera orden a la UDYCO para que investigara las conexiones de las tramas castellano-manchegas con la corrupción marbellí.

No obstante, puede que me equivoque, puede que esa investigación sí exista y se esté desarrollando con la discreción que la gravedad del caso requiere. Espero que sea así, porque ya es imprescindible para la salud de la cosa pública descubrir qué hay bajo la sonriente realidad oficial de Castilla-La Mancha.

La trama valenciana del caso Gürtel salpica a Peyber y a Aurelio González Villarejo

Posted in Aurelio González Villarejo, PEYBER, Trama Gürtel by Die Rote Kapelle on 5 octubre 2009
Jesús Mª G. Peinado, socio de PEYBER y aparejador del Ayuntamiento de Carranque

Jesús Mª G. Peinado, socio de PEYBER y aparejador del Ayuntamiento de Carranque

Las últimas noticias que se han hecho públicas en relación con empresas implicadas en las presuntas tramas de corrupción y sobornos de Francisco Correa y Alvaro PérezEl Bigotes” en Valencia, destapan la cercanía de PEYBER y González Villarejo con los protagonistas de estos hechos. Tanto PEYBER, la empresa del aparejador municipal (en excedencia) de Carranque (Toledo) como el constructor Aurelio González Villarejo, amigo personal de Bono y Barreda, uno de los principales deudores de CAJA CASTILLA-LA MANCHA y parte en el fiasco del aeropuerto de Ciudad Real, así como protagonista destacado en el desastre de INMOBILIARIA COLONIAL, llevada a la quiebra por Luis Portillo; mantienen una estrecha asociación con SEDESA y con ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS.

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Peyber y la trama de Alvaro Pérez “El Bigotes” en Valencia.

El pasado día 25 de septiembre, El Mundo titulaba: «El PP de Valencia montó su “Filesa”», por su parte, el 22 de septiembre El País habría su primera página con este otro titular: «Seis constructoras financiaron al PP valenciano a través de la red “Gürtel”». La información procedía de un dossier elaborado por la Brigada de Blanqueo de la policía judicial. En el se analizaban conversaciones grabadas a los imputados y una extensa documentación intervenida en los distintos registros.

El funcionamiento de la trama, según el citado informe, era el rutinario en estos casos. Dicho de forma esquemática: órganos del PP valenciano contrataban diversos servicios con ORANGE MARKET, la empresa del ahora preso Francisco Correa y gestionada por su hombre en la región, Alvaro PérezEl Bigotes”. Los gastos ocasionados por tales servicios eran, luego, compensados con adjudicaciones dadas por el Gobierno regional o por órganos dependientes de ese Gobierno. En otros casos, la empresa de “El Bigotes”, y esto es lo que ahora más interesa, giraba las facturas de los contratos hechos con el PP regional a varias empresas constructoras que, a su vez, veían compensada su generosidad mediante adjudicaciones públicas. Es decir, que el dinero, en realidad y última instancia, de donde salía no era de las constructoras, sino de las arcas públicas, lo cual es relevante a efectos penales, pero en cualquier caso veamos qué constructoras eran esas: SEDESA, presidida por Vicente Cotino Escrivá; LUBASA, propiedad de Luis Batalla Romero; ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, perteneciente a Enrique Ortiz Selfa; FACSA, de Enrique Gimeno Escrivá; y PIAF, de Antonio Pons Dols.

La constructora SEDESA, como acabo de decir, es propiedad de Vicente Cotino, el sobrino de Juan Cotino que fue vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, pero eso no quiere decir que sólo haga jugosos negocios en Valencia. También los hace en Castilla-La Mancha y, más en concreto, en Guadalajara, donde en unión temporal de empresas ha resultado agraciada con la adjudicación de una contrata de 27.134.466,59 € licitada por la Diputación Provincial, para el mantenimiento y reparación de las carreteras de la Zona 2 de la provincia. Dicha UTE está formada por PYEBER HISPANIA SL; por SEDESA, por TECNIVIAL; por ASFALTOS VICÁLVARO; y por CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES Y ACABADOS SA.

Se da la circunstancia de que este proyecto o esta privatización del mantenimiento de las carreteras provinciales, prácticamente idéntico incluso en su precio, al impulsado por José Manuel Tofiño en Toledo ―donde también resultó adjudicataria una UTE formada por COPCISA y PEYBER, luego denominada CONCESIONARIA BERVIA, cuyos dueños a su vez habían creado una sociedad con el hijo de Tofiño― se inició bajo la competencia del Diputado Delegado de Vías y Carreteras de Guadalajara, y alcalde de Almoguera, un tal Luis Padrino, al que ya conocemos aquí.

Este sujeto fue suspendido de militancia por el PSOE de Castilla-La Mancha, después de que se le grabara con una cámara oculta haciendo de “agente inmobiliario” del “malayo” Emilio Rodríguez Bugallo.

El tal Luis Padrino pretendió venderle a la periodista que publicó el reportaje una finca del citado Rodríguez Bugallo situada en su pueblo, Almoguera, con las correspondientes promesas de recalificaciones, suministros de aguas y la gestión de compra de terrenos adyacentes mediante engaños a sus propietarios.

Al margen de que en esa finca se ocultaba al menos un caballo de la yeguada de Juan Antonio Roca, se da la notable coincidencia ―más notable si cabe después de las ultimas informaciones― de que Emilio Rodríguez Bugallo, ya fallecido, era el padre de Carmen Rodríguez Quijano, la señora esposa de Francisco Correa, esto es, del que dicen ser el cabecilla de la trama Gürtel.

Por otro lado, PEYBER la constructora del “amigo íntimo” del alcalde de Carranque, Alejandro Pompa ―a decir del propio secretario de ese ayuntamiento― tampoco anda muy lejos de la empresa de Luis Batalla. LUBASA, además de en Valencia, ha hecho negocios en Madrid junto a la ahora quebrada SEOP DE OBRAS Y SERVICIOS propiedad del cántabro Javier Montalvo, es decir, la empresa de Luis Batalla formó una UTE con SEOP DE OBRAS Y SERVICIOS constituida el 15 de diciembre de 2004 y domiciliada en la C/ Bausa, 13 ―Edificio Silver Eagle, 15―, por cierto, al lado de las oficinas de VEMUSA, la mercantil del “malayo” Enrique Ventero.

Por su parte PEYBER también tiene una UTE con SEOP, que concierne al negocio de los desperdicios en el que PEYBER entró con la escombrera de Pantoja (Toledo) y con la fracasada escombrera de Villaverde. Mediante esta UTE, las constructoras SEOP y PEYBER HISPÁNICA explotan una planta de tratamiento de basuras bautizada pomposamente como Centro de Clasificación y Transferencia de RCD de Moralzarzal, en la localidad madrileña del mismo nombre, claro está.

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La estrecha vinculación de SEDESA a la trama corrupta de El Bigotes.

Las informaciones que se suceden, casi torrencialmente, en los últimos días están poniendo de manifiesto el hecho de que, entre ORANGE MARKET ―la empresa de Correa regentada por Pérez El Bigotes” en Valencia― y SEDESA, existía una relación estructural más allá de puntuales pagos.

Según publicaba El Mundo el pasado día 29, el Grupo SEDESA ―que como ya se ha dicho, tiene como socio al sobrino del Vicepresidente del Gobierno valenciano― intentó comprar EASY CONCEPT, corazón de la trama Gürtel. Para ello, Vicente Cotino en representación de SEDESA, entró en conversaciones con El Bigotes. Sin embargo, los implicados llegaron a la conclusión de que “lo mejor sería indicar a Cotino que creara una empresa totalmente nueva” ya que tenían la sospecha de que EASY CONCEPT estaba siendo seguida de cerca por la Agencia Tributaria.

El Mundo añade que, “entre los años 2007 y 2009, las distintas empresas ligadas a la familia Cotino, fueron beneficiarias de numerosos contratos públicos en la Comunidad Valenciana. En total el Grupo SEDESA consiguió adjudicaciones por más de 500 Millones de €”.

Naturalmente, que en el caso Gürtel exista documentación, conversaciones grabadas y, en definitiva, un profuso material probatorio que induce a la muy viva sospecha de que en el funcionamiento de SEDESA, el soborno, el tráfico de influencias, la financiación ilegal del partido político en el Gobierno y la adjudicación directa o mediante licitaciones amañadas de contratos públicos, eran prácticas conocidas; no quiere decir que en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Castilla-La Mancha, el funcionamiento de las empresas de Vicente Cotino sea igual de sospechoso, pero tampoco, el mero cambio de contexto geográfico, prueba lo contrario.

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Enrique Ortiz Selfa y Aurelio González Villarejo

Otra de las empresas que según la policía habría participado de pleno en la trama de corrupción valenciana es ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, propiedad de Enrique Ortiz Selfa. Así, por ejemplo, según el diario Público, “varios correos electrónicos intervenidos por la Policía a Orange Market… constatan que la trama Gürtel falsificó facturas en beneficio de la formación conservadora… en uno de esos correos un empleado de Orange Market se dirige a un subordinado de José Ramón Blanco Balín, blanqueador de la red corrupta, y le da instrucciones sobre dos facturas. Tras especificar el número de cada una de ellas y el importe superior a 30.000 euros en un caso y a 80.000 en el otro, le comunica que ambas deben ponerse a nombre de la empresa Ortiz e Hijos”.

Pues teniendo esto en cuenta, resulta que de algunos de los negocios que este importante constructor valenciano mantenía con el no menos importante constructor conquense Aurelio González Villarejo, dueño del GRUPO G.V., ya hablamos aquí hace tiempo y bastante antes de que el caso Gürtel saliera a la luz. De tales negocios, los que más notoriedad pública han alcanzado son los relacionados con el Plan Rabasa y con el caso de los aparcamientos de Alicante.

En cuanto al Plan Rabasa (15.000 viviendas sobre un suelo de 4,2 millones de m2) El País del día 30 de marzo de 2008 titulaba: “Un dictamen concluye que Alperi ―el alcalde de Alicante en esas fechas― benefició al promotor Ortiz al modificar el plan Rabasa”. En ese dictamen se decía que “la mercantil seleccionada ―VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO SL― ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia… El propio ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor”.

Es decir, con la modificación introducida por Alperi, que según algunos departamentos administrativos del propio ayuntamiento producían cambios económicos sustanciales, la empresa de Ortiz Selfa podía obtener, con un porcentaje de permuta del 53%, suelo destinado a renta libre al precio de suelo para vivienda protegida, por lo tanto, mucho más barato.

Lo que ocurre es que Enrique Ortiz Selfa no era el único que se beneficiaba de estos favorables cambios introducidos por el alcalde Alperi. Si bien es cierto que el administrador único de VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO es el propio Enrique Ortiz, en esa sociedad hay más accionistas. Además están Aurelio González Villarejo, la CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO ―la misma que financió al Pocero en Seseña― y SACYR-VALLEHERMOSO ―como se ha visto aquí, estrechamente asociada con los “malayos” Roca y Pedro Román― además de algún otro socio minoritario.

El otro de los asuntos de Ortiz Selfa que salpicó a Aurelio González Villarejo ―el propietario de URBAPLANING a través de la cual el constructor está presente en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas y en los PAUs de “Las Montanillas” en Carranque (Toledo)― fue el del “Caso de los Aparcamientos” a causa del cual fue llamado a declarar ante los Juzgados de Alicante.

La Fiscalía Anticorrupción denunció al entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, a la concejal Sonia Castedo, que ahora ocupa la alcaldía, y a Enrique Ortiz Selfa, entre otros. Los hechos se remontaban al pleno del Ayuntamiento de Alicante del día 17 de enero de 2003. En esa fecha se adjudicó a ORTIZ E HIJOS SA, único licitador, un contrato de construcción y explotación de tres aparcamientos en la ciudad. Inmediatamente después de conseguida la adjudicación, la empresa de Ortiz Selfa presentó una solicitud de modificación, por circunstancias imprevistas, que suponía un incremento del precio de licitación de 3.341.291 €.

Los técnicos competentes del Ayuntamiento, así como el jefe del Servicio de economía y Hacienda y el de Contratación y Patrimonio rechazaron estos cambios. Ante esta situación ―o coincidiendo con ella en el tiempo― Díaz Alperi firmó un decreto de alcaldía, de fecha 14 de enero de 2004 por el que sustituía en la dirección del contrato a los ingenieros de Urbanismo, nombrando en su lugar al Jefe del Departamento Técnico de Tráfico, el también denunciado Antonio Escobedo.

Según consta en la denuncia elevada por la Fiscalía, Antonio Escobedo “en cumplimiento de instrucciones verbales” de su concejal, Luis Concepción, autorizó el 28 de febrero de 2005 el sobrecoste de más de tres millones de Euros, citado antes.

Simultáneamente a estos hechos, se descubrió que los tres hijos de Alperi estaban ocupando sendas viviendas en la urbanización de Playa de San Juan, que eran propiedad de la constructora VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO.

El constructor Ortiz, en el marco de las actuaciones judiciales por el caso de los aparcamientos, declaró que tales viviendas las había cedido a su socio Aurelio González Villarejo y que éste habría hecho con ellas lo que le conviniera.

Los detalles de estas circunstancias, publicada en el diario Información por Mercedes Gallego, ya fueron incluidos aquí y están puntualmente precisadas en el recurso que la Fiscalía ―que se puede descargar íntegro desde aquí― presentó contra el Auto de archivo evacuado por el TSJ de Valencia; pero conviene recordar alguna cosa. El traspaso de esas viviendas sólo se produjo tras la imputación de Ortiz Selfa en el “Caso Aparcamientos” y se inscribió en el Registro de la Propiedad a nombre de una sociedad de González Villarejo (JACOBRIZ SL) un día antes de que Ortiz declarara ante el Juez. La venta se había acordado sólo 25 días después de que le fuera notificada su condición de imputado al citado Ortiz.

Con la instrucción del caso iniciada por el Juzgado competente de Alicante, Aperi, es de suponer que buscando el amparo que proporciona la condición de aforado, fue incluido en las listas electorales de su partido al Parlamento Autonómico, siendo elegido como diputado regional.

En esa situación, el Juzgado de primera instancia remitió las actuaciones al TSJ valenciano pero con la advertencia de que “en el estado procesal en que se encuentra la causa no pueden desestimarse de forma razonada e inequívoca las hipótesis acusatorias sostenidas pro el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares personadas, único supuesto en el que procedería el archivo de estimarse que los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna”.

Sin embargo, esto fue, precisamente, lo que hizo el alto Tribunal valenciano. En expresión de la Fiscalía, el Magistrado Instructor, al sobreseer la causa, realizó sin contradicción alguna una valoración de las pruebas de cargo y de descargo, llegando a la conclusión de que Alperi, Sonia Castedo y los demás imputados, habían actuado sin dolo, con lo que invadía las competencias del órgano encargado del enjuiciamiento y fallo.

El Tribunal Superior de Justicia rechazó también el recurso de la Fiscalía y Alperi se apresuró a declarar que todo había sido “un montaje”. Después, el mismo Tribunal Superior, negó el recurso de casación de la Fiscalía, por entender que su Auto era irrecurrible y, finalmente, el Tribunal Supremo, volvió a rechazar el recurso de queja que contra esta última decisión también presentó el Fiscal.

Con ese último trámite, el “caso de los aparcamientos” quedó definitivamente cerrado, pero ahora no solamente ORTIZ E HIJOS vuelve a cobrar relevancia pública a causa de la trama Gürtel. La actual Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, concejal de urbanismo de ese mismo Ayuntamiento hasta la dimisión, sorpresiva, de Alperi el 11 de septiembre de 2008 e imputada en el caso de los aparcamientos; también aparece en la documentación incautada al Bigotes.

Según publicó El Mundo el pasado 26 de septiembre “en el periodo de tiempo comprendido entre enero y noviembre de 2007 la Caja B de la empresa que comandaba Alvaro Pérez El Bigotes ingresó 2.856.000 € del PP mientras que en 2008 la suma ascendió a 3.446.985 €… La contabilidad de 2007 procede de un archivo informático incautado por la Policía donde se reflejan distintas sumas… Con la fecha, el concepto y el nombre de la persona o la organización que realiza la entrega… Algunas son especialmente significativas… Aparece un ingreso de Alicante Sonia de 24.000 €”. El Mundo puntualiza que Sonia Castedo es la Alcaldesa de esa ciudad.

El pliego de cargos del Banco de España contra Hernández Moltó podría suponer el inicio de las acciones penales en el caso CCM

Posted in CCM, PEYBER, Pompa by Die Rote Kapelle on 4 agosto 2009
El pliego de cargos de CCM

El Mundo, 27 de julio de 2009

Hoy El Mundo publica (el artículo se puede descargar pulsando sobre la imagen) algunos de los datos revelados por el pliego de cargos elaborado por el Banco de España en relación con la quiebra de CCM.

Ese informe pone claramente de manifiesto el control absoluto de Hernández Moltó sobre la operativa de la Caja, yendo para ello mucho más allá de las competencias que le asignaban sus estatutos: «El presidente de CCM se integra de facto en el Comité de Dirección… Realiza funciones de gestión de forma directa con los ejecutivos de la entidad, reuniéndose frecuente y directamente con los directivos de las unidades operativas de CCM y su grupo, incluyendo responsables territoriales y de zona y asistiendo a comités comerciales… Se ha extralimitado en sus funciones».

Con ese control inmediato como premisa, el pliego de cargos, continúa añadiendo, entre otras cosas, que en CCM «se han tomado decisiones de inversión sin el conocimiento de la Comisión de Inversiones, ni del Consejo de Administración de CCM, ni siquiera del Consejo de Administración de CCM Corporación». Algunas de esas operaciones tomadas al amparo de la noche y la niebla son las relativas a las tres ampliaciones de capital de CR Aeropuertos, de tal forma que, también según el citado pliego de cargos, el riesgo asumido en esta entidad dominada por personas que se declaran públicamente «amigos» del silente Barreda, supone 336,9 millones de Euros, es decir, el 100% de la financiación obtenida por el fracasado proyecto, ahora en medio de un turbio concurso de acreedores solicitado por una compañía dominada por Díaz de Mera, también uno de los principales accionistas del aeropuerto.

Igualmente, «alguien» tomó la decisión de acudir a una OPA parcial sobre METROVACESA, una operación Román Sanahuja ―socio de Díaz de Mera y junto a él acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla en relación con el caso El Monte― contra Joaquín Rivero, entonces primer accionista de la empresa. La operación terminó eludiendo, por muy poco, el concurso necesario de acreedores mediante la cesión del 54% de la empresa al Santander, al BBVA, a Banesto, a la Caixa, a Caja Madrid y al Banco Popular.

Los activos de 35 de las 45 sociedades de CCM Corporación, han sufrido un deterioro, es decir, una minusvalía, de 417,2 Millones de €. El crédito concedido a las empresas participadas por la Caja era del 150% de todos sus recursos propios. Igualmente la caja entró de lleno en el fiasco de Inmobiliaria Colonial, una operación protagonizada por Luis Portillo, un personaje con documentadas relaciones con el caso Malaya, por Aurelio González Villarejo, Juan Gracia Jiménez ―propietario de Peinsa-97 y también protagonista de alguno de los hechos relacionados con la Operación Ninette― Por el ubicuo Domingo Díaz de Mera o por la no menos ubicua Esther Koplowitz, algunos de cuyos ejecutivos acabaron presos durante las distintas fases de la Operación Malaya.

La disponibilidad ad libitum de los fondos de CCM para aquellos personajes habituales del palacio de Fuensalida parece innegablemente acreditada por el pliego de cargos. Según este documento, la Caja también participaba en Global Cartera de Valores, una sociedad instrumental en la que aparecen Domingo Díaz de Mera y Luis Delso, presidente de Isolux, sociedad estrechamente ligada a la Caja por ejemplo en sus dudosas operaciones en Aranjuez, y que actualmente ha adquirido notoriedad pública después de que Luis Bárcenas, el imputado en la operación Gürtel haya afirmado ante el juez que Delso era el «Luis el Cabrón» que aparece en la contabilidad B de las sociedades de Francisco Correa. Además, Díaz de Mera, sus socios habituales los hermanos Barco Fernández y Miguel Antonio Méndez Pozo, todos ellos personajes cercanos a José María Barreda, habrían recibido en préstamos un total de 459 Millones de Euros.

Hay, para ir terminando ya, 125 titulares de créditos superiores a 16 Millones de € y de ellos, según el Banco de España, el 82,4 % están relacionados con la construcción. No obstante, lo que el pliego de cargos calla, oportunamente, es que en esas cantidades están los 40 Millones de € concedidos a Juan Antonio Roca el «malayo» o los 30 Millones de € prestados a Puerta Oro Toledo, compañía propiedad del «malayo» Pedro Román, de su socio y de Roca, Juan María López Alvarez, de Sacyr y, cosa no tan asombrosa como podría parecer, al distinguidísimo despacho de abogados Cuatrecasas. Ahí también están las cantidades invertidas en las sociedades del «malayo» Enrique Ventero y, en definitiva, los más de 200 Millones de € con que la Caja ha financiado a detenidos e imputados en el uno de los más paradigmáticos y tentaculares casos de corrupción destapados hasta la fehca.

Operaciones de menor calado, como la del campo de golf de Carranque, no parece que sean mencionadas en el pliego de cargos aunque no por ello son menos significativas. Ahí, Hernández Moltó puso a dos hombres de su máxima confianza: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, a juzgar por los consejos de administración en los que están presentes, ambos especializados en hacer negocios con los «malayos»; y ahí también puso un crédito de 10 Millones de € que Villa Romana Golf ―la mercantil de PEYBER-CCM― ya ha consumido íntegramente hace tiempo.

Ahora, esa entidad no paga. No ha pagado las cantidades adeudadas al Ayuntamiento de Carranque, cuyo cobro ejecutivo fue anulado generosamente por Alejandro Pompa, el alcalde; y no está pagando los plazos vencidos de los terrenos que compró en el PAU del campo de golf.

La situación despide un intenso aroma a concurso voluntario de acreedores. Con CCM imposibilitada, por ahora y por mucho tiempo, para añadir más capital al tinglado golfista y con la amenaza pendiente de una andanada masiva de acciones de rescisión de contrato protagonizada por los vendedores de terrenos en el PAU, que ante el incumplimiento de Villa Romana Golf muy bien podrían recuperar sus fincas y quedarse con los dineros cobrados a cuenta, cabe conjeturar sólidamente que los hermanos Díaz Bermejo y el aparejador Peinado, estén contemplando el concurso de acreedores como una buena forma de blindarse contra esas acciones y de retrasar indefinidamente las obligaciones de pago contraídas, dejando con dos palmos de narices a sus acreedores, al menos por una larga temporada.

Pero, volviendo a CCM y para terminar: ¿Qué piensa de todo esto la Fiscalía Anticorrupción?

La diputación de Guadalajara concede a Peyber la explotación de la Zona 2 de las carreteras provinciales. El proyecto se inició bajo la competencia de Luis Padrino, suspendido de militancia por presunta corrupción.

Posted in Uncategorized by Die Rote Kapelle on 7 febrero 2009

Luis Padrido, alcalde de Almoguera

Luis Padrido, alcalde de Almoguera

En una operación similar, si no idéntica a la llevada a cabo en la Diputación de Toledo que preside el alcalde de Illescas, Tofiño, la Diputación de Guadalajara ha puesto en marcha un proyecto de privatización del mantenimiento y reparación de las carreteras de la provincia.

Esta forma de “gestión”, ideada e impulsada como he dicho, por José Manuel Tofiño, supuso en su día la adjudicación de la Zona 2 de las carreteras de Toledo a una UTE formada al 50% por COPCISA y PEYBER, la empresa del aparejador municipal de Carranque y “amigo íntimo” del alcalde de ese pueblo, Alejandro Pompa.

Aquello tuvo repercusión en la prensa nacional porque al tiempo que se tramitaba y se ponía en marcha el proyecto de la Diputación toledana o, si se quiere, de su presidente Tofiño; su hijo, José Manuel Tofiño Arrogante, con los estudios recién acabados, constituía junto a los dueños de PEYBER, los hermanos Díaz Bermejo y los Gallego Peinado; una sociedad denominada SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS S.L., disuelta después de que la noticia llegara a los medios de comunicación. Entonces, el propio Ricardo Díaz Bermejo, quien se titula Consejero Delegado del Grupo PEYBER, declaró a la prensa que conocían a Tofiño y que «fue de ese trato personal que nació la idea de crear la sociedad SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS SL con el hijo de Tofiño, destinada a temas de ingeniería, cuando terminó los estudios de aparejador».

Ahora, PEYBER vuelve a verse agraciada con una nueva concesión administrativa en Guadalajara, prácticamente idéntica a la de Toledo. La gestación de este “proyecto” en la capital alcarreña se inició cuando la mercantil FANIR 58 se ofreció a la Diputación para hacerse cargo del mantenimiento de su red de carreteras. Ese ofrecimiento no cuajó pero, a lo largo de 2006 la propia diputación puso en marcha otro proyecto gemelo al toledano.

Inicialmente la idea defendida únicamente por el grupo de gobierno del PSOE fue contestada por los demás partidos de la oposición. Por ejemplo, Juan Antonio de las Heras, portavoz del grupo Popular manifestó su rechazo en el Pleno de la Diputación de 18 de mayo de 2007 -en el que se aprobó la licitación del plan de carreteras- Por considerar que la concesión supondría un sobrecoste para la Corporación de 90.000.000 de €.

En aquel mismo Pleno, un individuo llamado Luis Padrino, a la sazón alcalde de Almoguera y Diputado Delegado de Vías y Carreteras, es decir, el diputado provincial con competencia directa sobre el asunto, contestó que la concesión comporta ventajas como la asunción de reparaciones defectuosas y el mantenimiento. Añadió, además, que «salvar la vida de una persona a la que hay que evacuar cuando hay nieve vale más que el conste de la intervención en la red».

¿Quién era este Luis Padrino? Ya he dicho que el Alcalde de Almoguera y el Diputado Delegado de Vías y Carreteras de Guadalajara, pero también es el protagonista de un reportaje que vio la luz en Intereconomía Televisión y en la revista Epoca, reportaje que originó su suspensión de militancia por presunta corrupción.

El 27 de julio de 2007, la citada cadena televisiva emitía una cinta grabada al citado Luis Padrino mientras ofrecía a la periodista, que se hacía pasar por una hipotética compradora, una finca en Almoguera propiedad de Emilio Rodríguez Bugallo, el propietarios de CONSTRUCCIONES SALAMANCA que fue detenido e imputado durante la Operación Malaya. Además, hay que subrayar que su hija,  Mª del Carmen Rodríguez Quijano acaba de ser detenida durante las actuaciones en Madrid y otras provincias contra la trama de su marido, el también detenido, Francisco Correa Sánchez.

La transcripción de esa cinta se puede descargar desde aquí. A su vez, la grabación completa se puede escuchar pulsando en la flecha del icono que hay a continuación.

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Como se puede comprobar en la grabación, la periodista se desplaza a Almoguera porque tiene noticias de que en la finca que el “malayo” Rodríguez Bugallo tenía allí, podían encontrarse ocultos caballos de la yeguada de Juan Antonio Roca Nicolás. La periodista sólo encontró un caballo marcado con el hierro de Roca pero esa resultó ser una pieza menor.

Sorpresivamente, Luis Padrino, el Alcalde, que es quien enseña la finca de Rodríguez Bugallo a la presunta compradora, a modo de “agente inmobiliario” del “malayo”, no solamente ofrece la finca en venta, sino sus habilidades e influencias para asegurar la recalificación de los terrenos y el suministro de agua necesario, y por si este fuera poco, pergeña un plan para que la compradora pudiera ahorrarse una sustanciosa cantidad en las cesiones obligatorias del 10% del aprovechamiento urbanístico.

Tofiño y la actual Presidenta de la Diputación de Guadalajara

Tofiño y la actual Presidenta de la Diputación de Guadalajara

La treta que este individuo propone a la periodista es comprar, a través de uno que iba a “poner aquí una fábrica de cemento” para que los propietarios se crean que tales compras son para la cementera y vendan al precio que ese sujeto tenía ofrecido, naturalmente, mucho más barato de lo que hubieran vendido de saber que se trataba de una promoción residencial.

Para entendernos, algo muy similar a lo que sucedió en Carranque cuando PEYBER y sus socios, a través de una empresa llamada AGRÍCOLA SAGRA-MANCHEGA, y también con la máxima discreción, incluida la del Alcalde Pompa sabedor del proyecto desde su inicio, comenzó a comprar suelo en lo que ahora es el PAU del campo de golf, asegurando que los terrenos sería para una “granja de pollos”.

La cinta grabada por la periodista acaba con el tal Luis Padrino diciendo «… Nos vamos a Toledo que yo preparo la reunión. Y luego me diréis que hay corrupción, que no hay corrupción, decir (sic) lo que queráis, pero esto hay que hacerlo».

La emisión del reportaje y su publicación tuvo consecuencias porque los hechos parecía irrebatibles. El PSOE de Guadalajara “suspendió de militancia”, que no expulsó, al tal Padrino y poco después él mismo abandonó el partido, no la alcaldía de Almoguera.

Pero hubo otra consecuencia más y si no fue consecuencia de los hechos, al menos sí coincidió en el tiempo. El BOE de 9 de agosto de 2007 publicó el anuncio de de la Diputación Provincial de Guadalajara de “suspensión de los procedimientos de licitación convocados para contratar, como concesión de obra pública, la explotación de las zonas 1 y 2 la red provincial de carreteras de su titularidad“. La excusa o explicación que se dio de esta suspensión fue la “modificación del plan de viabilidad” del proyecto, es decir, la modificación de aquello que había estado bajo la competencia directa del Diputado Delegado de Vías y Carreteras Luis Padrino.

El 17 den noviembre de 2007, con una nueva presidenta en la Diputación, también “barredista”, se publicó la noticia de la aprobación del nuevo Plan de Viabilidad. Curiosamente, ese nuevo Plan resultó 25 millones de Euros más barato que el preparado bajo la competencia de Luis Padrino.

A partir de ese momento, la privatización del mantenimiento de las carreteras de Guadalajara se desbloqueó y, finalmente el contrato con los adjudicatarios se firmó en las vísperas de las navidades del 2008. Uno de esos adjudicatarios, como he dicho, fue la Unión Temporal de Empresas (UTE) DGU, integrada por PYEBER HISPANIA SL; por SEDESA, empresa ligada a FCC, la constructora de Esther Koplowitz; TECNIVIAL; ASFALTOS VICÁLVARO; y CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES Y ACABADOS SA. El precio de la concesión, también casi idéntico al de Toledo: 27.134.466,59 €.