El alcalde de Carranque, Alejandro Pompa, perdona cerca de tres millones a la constructora Peyber

Bajo palio, Pompa, Fernández Retana y la Martínez Aboín

El aberrante estado de corrupción endémica del Estado español progresa, a la vista ciencia y paciencia de quienes pongan una poca atención en ello, especialmente en los ayuntamientos. El fenómeno no es casual. El tratamiento constitucional y legislativo de las corporaciones municipales convierte a éstas en dominios de quienes las gobiernen y lo único que separa a un alcalde de un tiranuelo de horca y espada es su propia voluntad, una voluntad que ante tanta y tan atractiva tentación, hace exclamar a demasiados de ellos, a los alcaldes me refiero, que si bien la carne es grávida, la andorga clama por sus rellenos, y embutir en ella solomillos nunca vistos, centollos inimaginados, cochinillos crujientes, lustrosos capones, inocentes lechales, soberbios jamones, jugosos cabritos y otras cosas todas ellas muy gratas y caras al mondongo, más que mojadas, ahogadas en zumos de uva ingeniosamente fermentados de los que vienen a costar uno o dos Potosíes; bien merece bailarle el agua a algún constructor de bolsa afín y sobre el filo de la navaja, quiero decir, sobre el filo del delito, hacerse práctico en el fraude de ley, el abuso de derecho, la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias o el blanqueo de capitales.

Tan es así la cosa, tan elevados a la condición de señores de vidas y haciendas están los alcaldes de hoy en día, que en un pueblecito de Toledo, Carranque, asediado por dos constructoras de cercano trato con su primer munícipe –PEYBER y una de las sociedades de Aurelio González Villarejo – éste, Alejandro Pompa Mingo, que ya se coronó a sí mismo como “ingeniero naval privado no homologado”, título que en realidad corresponde a un curso caritativo de delineación organizado en sus tiempos mozos por los salesianos de Atocha; éste decía, desfila bajo palio, ornato y distinción que si en Franco ya era risible, en este personaje sirve para dar idea cierta de a qué se ha llegado en las dolientes tierras del norte de Toledo, tierras en las que los viejos y no tan viejos llaman al alcalde y a los concejales que le secundan “la Justicia”, de modo que uno está a favor de “la Justicia” o en contra de “la Justicia” así soporte paciente o impacientemente las cadenas municipales.

Sin embargo, tras esta grotesca pompa y circunstancia que hace salir en Carranque, bajo palio y con sacras maneras a “la Justicia”, es decir, a Pompa, a Fernández y a la Martínez, hay aspectos más prácticos y modernos. Uno de ellos forma parte de los varios delitos que se imputan al tal Pompa a instancias de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y del que se sigue procedimiento en uno de los Juzgados de Instrucción de Illescas.

Según el escrito del Fiscal del Tribunal de Cuentas, D. Olayo E. González Soler, fechado el 21 de septiembre de 2010, Fundamento de Derecho A) El Ayuntamiento de Carranque “dejó de ingresar indebidamente en las arcas municipales el importe de los derechos reconocidos en las liquidaciones tributarias revocadas, revocación que entraña la vulneración de las disposiciones reguladoras de la revisión de los actos en vía administrativa contenidas en el Titulo VII de la LRJ-PAC, que es de aplicación en virtud de lo dispuesto en el art. 146 Primero del RD 2568/1986, de 28 de noviembre. Y como de tal revocación, promovida por el Sr. Alcalde de Carranque e ilegalmente aprobada con los votos de los seis concejales que se citan, resultan perjuicios para los intereses del Ayuntamiento porque, se reitera, dejó de ingresar en su caja el importe de las liquidaciones revocadas, se cumplen, en principio, los requisitos exigidos por el art. 38.1 LOTCu para el nacimiento de la responsabilidad contable, por lo que resulta procedente promover su depuración”.

Las tasas a las que se refiere la Fiscalía del Tribunal de Cuentas son las correspondientes a la aprobación definitiva del PAU del campo de golf de Carranque. Dichas tasas, cuyo importe asciende a 2.780.099,25 €, giradas a la mercantil VILLA ROMANA GOLF, es decir, a la constructora PEYBER, y puestas en vía ejecutiva ante el impago de ésta, fueron anuladas, con gran prodigalidad y desprendimiento de lo ajeno, a iniciativa e impulso de Pompa, cosa que se entiende mal en un Ayuntamiento con una de las mayores deudas por habitante de la provincia de Toledo, si no se considera la “cercanía de trato” –así denominaba a esa afinidad el Secretario municipal– entre el tal Pompa y los principales socios de la constructora: los hermanos Díaz Bermejo y el que hasta hace poco era el aparejador municipal, Jesús María Gallego Peinado.

Al respecto, el Secretario-Interventor del Ayuntamiento, en un informe fechado el 27 de noviembre de 2008 calificaba la mencionada revocación en los siguientes términos:

“Supone una absoluta contradicción con los acuerdos plenarios adoptados desestimando los recursos de reposición que interpuso la misma entidad mercantil y ratificando cada una de las liquidaciones que ahora se propone REVOCAR por entender están viciadas de nulidad… La propuesta planteada deja al Ayuntamiento EN PRECARIO, es decir, le desapodera de sus derechos legales al dejar pendientes las liquidaciones futuras que han de sustituir a las que ahora se propone revocar (ANULAR) a como pronto, el primer trimestre del año 2010… La citada propuesta vulnera la normativa urbanística, porque supone incumplimiento del convenio urbanístico de gestión aprobado y suscrito por el Ayuntamiento y la promotora, vulnera la normativa de derecho administrativo y la tributaria”.

Según la mercantil VILLA ROMANA GOLF –esto es, PEYBER– y el alcalde Pompa, su decisión de privar al Ayuntamiento de cerca de tres millones de Euros se debía a que todos ellos consideraban que esas liquidaciones eran impertinentes porque el PAU, si bien aprobado definitivamente, aún no estaba publicado, cosa esta muy interesante porque dado que, como acredita el Secretario municipal, “la tramitación del PAU fue asumida por la entidad promotora” y, por tanto, a ésta corresponde su publicación oficial; mientras la deudora no tenga a bien cumplir con ese trámite, quedaría a salvo de saldar sus deudas. En otras palabras, que para Pompa y para los socios de PEYBER, el cumplimiento de la obligación queda sujeto a una condición suspensiva cuyo cumplimiento depende, íntegramente, de la voluntad del deudor, por cierto, un tipo de condición que el Código Civil considera nula de pleno derecho.

Se diría, no obstante, que Alejandro Pompa también es “jurista privado no homologado” porque pese a las rotundas advertencias del Secretario-Interventor, en el pleno municipal del 27 de noviembre de 2008 él y sus concejales, todos adscritos al Bonismo-Barredismo toledano, acordaron revocar y dejar sin efecto las liquidaciones tributarias adeudadas por VILLA ROMANA GOLF, esto es, por el agente urbanizador del PAU del campo de golf, a cambio de lo cual ésta aceptaba realizar un pago a cuenta de 300.000 €, pago que, por cierto, también ha incumplido.

Ahora que este, entre otros asuntos, le han vuelto a valer, a él y a sus secuaces –que para que no se sientan zaheridos les advertiré que secuaz es aquel que sigue el partido, doctrina u opinión de otro– nuevas imputaciones a cuenta de la denuncia de la Fiscalía de Toledo; Pompa dirá que no tenía conciencia ni voluntad de violar la ley, bien que de tan forzada como está, de ella quepa decir lo mismo que Don Luis Mejía le dijera a Don Juan Tenorio: “Con lo que en ella habéis osado, imposible la hais dejado para vos y para mi”.

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La oposición de Alcobendas denuncia posible prevaricación en un intento de adjudicación de obra a la constructora Peyber

Se trata de la adjudicación del contrato de obra del centro de salud Valdelasfuentes, en Alcobendas. La noticia fue dada por la Cadena Ser, el 13 de abril de este año y, finalmente, la denuncia pública hecha tanto por la concejal de IU de la localidad, como por los ediles del PSOE, frustró el intento de seleccionar a la constructora PEYBER HISPÁNICA, la cual había obtenido el segundo puesto en la licitación.

Previamente, PEYBER ya se había alzado con la construcción de otro centro de salud, el de Arroyo de la Vega, por un importe cercano a los tres millones de Euros. En esa ocasión El País, aseguró que la obra fue financiada con los fondos del Plan E, a pesar de que la materia era competencia de la Comunidad de Madrid.

A continuación, declaraciones del concejal Angel Sánchez Sanguino y la noticia tal y como aparece en la página de la Cadena Ser:

http://sites.google.com/site/losarchivosdenotitiacriminis3/home/Peyber-Alcobendas.mp3?attredirects=0&d=1

Los socialistas de Alcobendas afirman que los tenientes de alcalde del ayuntamiento, Mónica Sánchez y Agustín Martín y la concejala de Obras, Paloma Cano, podrían haber incurrido en una ilegalidad al proponer y votar a favor de la adjudicación de las obras del centro de salud de Valdelasfuentes a la constructora que consiguió la segunda puntuación del concurso.

Esta empresa, Peyber Hispánica, consiguió una puntación de 65,14 frente a BM3 Obras y Servicios que obtuvo 68,70 puntos. Según el concejal socialista presente en la mesa de adjudicación, Ángel Sánchez Sanguino, los ediles populares argumentaron su desconocimiento de la empresa con mayor puntuación y su miedo a encargar la obra a esta constructora.

Según el PSOE, Sánchez Sanguino, la concejal de IU, María Benito Durango, la interventora municipal y el director general de la asesoría jurídica municipal votaron en contra de la propuesta de los ediles.

Sánchez Sanguino afirma que la arbitrariedad de los concejales populares frente a una resolución clara del informe técnico podría ser constitutiva de delito.

Desde el equipo de gobierno afirman que los tres ediles presentes en la mesa de adjudicación consideraron más favorable, para los intereses del ayuntamiento y el cumplimiento de las obras, la segunda empresa mejor valorada por los técnicos. Ante esta situación, que según el gobierno municipal se produce habitualmente en la administración local, se encargó un informe jurídico cuya resolución terminó adjudicando la obra a BM3 Obras y Servicios, la empresa con mayor puntuación en el concurso.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo de gobierno insiste en que cualquier mala interpretación de este tema no es más que un afán de la oposición de encontrar algo turbio en un ayuntamiento que ha recibido el Primer Premio en Transparencia en materia de contratación.

Así mismo, se anima al grupo socialista, a que si consideran que se ha producido alguna irregularidad “acudan a la Fiscalía en lugar de tratar de empañar en los medios de comunicación la imagen de la ciudad”.

El hijo del presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño, y la constructora PEYBER emigran a Bucarest,

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Se diría que la oleada migratoria se ha invertido y que ahora son los toledanos, o algunos toledanos, los que se van a Rumanía. Así ha ocurrido con el grupo constructor PEYBER, del que es socio Jesús María G. Peinado, ex aparejador municipal de Carranque e imputado por presuntos delitos de corrupción a causa de la tramitación del PAU del campo de golf de esa localidad.

Mediante un complejo entramado empresarial que descansa sobre las mercantiles PEYBER DIVISIÓN INTERNACIONAL y TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1, 2, 3, 4, y 5, además de AVANTIA, esta última no registrada en España; los hermanos Peinado-Bermejo se han introducido en el negocio inmobiliario de Rumanía, al acecho, como ellos mismos declaran, de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea y de un mercado que parecía en expansión aunque tal apariencia esté ahora claramente frustrada.

La inversión de PEYBER en Bucarest presenta notables circunstancias de las que habrá que ocuparse en detalle, especialmente en lo que se refiere a algunos nombres como son el de Angel Orgaz Serrano, hermano de Sara Orgaz Serrano; el de José Villarig Lou; o el de los hermanos Agustín y Victor Manuel Clemente Alonso; pero de momento lo significativo es que los Díaz-Bermejo no son los únicos toledanos que han emprendido su particular marcha hacia el Este en estos últimos tiempos. José Manuel Tofiño Arrogante, hijo del presidente de la Diputación Provincial de Toledo ha hecho lo propio y se encuentra trabajando, junto a su reciente esposa, en Bucarest.

La noticia la hacía pública, como motivo de su boda celebrada el pasado mes de septiembre, el propio José Manuel Tofiño Arrogante. Tal y como informó El Digital de Castilla-La Mancha, en una página Web abierta en el portal novios.org el hijo de Tofiño daba cuenta de los acontecimiento relacionados con su boda y, de paso, nos anunciaba a todos que se encontraba trabajando en Rumanía. La página de “Esther y José Manuel” (http://www.novios.org/josemanuel_esther/) ha sido suprimida hoy mismo tras permanecer meses “en línea”, tiempo suficiente, sin duda, como para acreditar, incluso notarialmente, su existencia y contenido.

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Claro está, la coincidencia no significa que Tofiño Arrogante esté trabajando para PEYBER en Rumanía. En ese país existen muchas empresas, incluso muchas empresas españolas, además de la constructora PEYBER, pero el hecho no deja de ser significativo y digno de atención e investigación, porque PEYBER y Tofiño Arrogante ya han estado estrechamente relacionados.

El 2 de diciembre del 2004 se constituyo la mercantil SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS SL en cuyo consejo de administración aparecían José Juan Díaz Bermejo, Miguel Angel Gallego Peinado ―hermano del citado Jesús María G. Peinado, socio fundador de PEYBER y “amigo íntimo” del alcalde Pompa, según el entonces Secretario-Interventor del municipio― y José Manuel Tofiño Arrogante.

Esta asociación no habría tenido mayor relevancia si, en fechas paralelas, otra empresa del grupo PEYBER no hubiera resultado agraciada con la adjudicación del mantenimiento y reparación de la Zona 2 de las carreteras de Toledo; un contrato otorgado por la Diputación Provincial que supuso para la entidad CONCESIONARIA BERVIA, formada al 50% por PEYBER y COPCISA, la notable cantidad de más de 27 Millones de €.

La sorprendente coincidencia, que en su día se desveló en Notitia Criminis, ocupó varios titulares de prensa y llevó a IU a denunciar ―el escrito de denuncia se puede descargar desde aquí― los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo que, todo hay que decirlo, archivó aceleradamente el caso porque en opinión del Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, no se alcanzaba a vislumbrar ninguna relación entre PEYBER y José Manuel Tofiño Pérez, presidente de la Diputación.

No obstante, por aquellas fechas, principios del 2007, y con motivo de la citada denuncia, Ricardo Díaz Bermejo, el mayor de los hermanos Bermejo, que se titula consejero delegado del grupo Peyber, hizo unas interesantes declaraciones a la Tribuna de Toledose pueden descargar desde aquí― en las que afirmaba conocer al alcalde de Illescas ―es decir, a José Manuel Tofiño Pérez― y que «fue de ese trato personal, que nació la idea de crear la sociedad Sistemas Arquitectónicos y Urbanísticos, con el hijo de Tofiño, destinada a temas de ingeniería, cuando terminó los estudios de aparejador».

Independientemente de que es falso que SISTEMAS etc. estuviera dedicada a “temas de ingeniería” ―porque el objeto social que declara en el Registro Mercantil es «la compra, promoción, venta y por cualquier otro título, la adquisición o enajenación de toda clase de fincas rústicas o urbanas» además de «la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia», «el comercio al por mayor de animales vivos» y «otras sociedades de inversión en activos financieros»― lo cierto es que no se puede pedir mayor sinceridad a las declaraciones del consejero delegado del grupo PEYBER.

En cualquier caso, tras la denuncia de IU y el revuelo provocado, del que se hicieron ecos periódicos como El País, El Mundo o ABC, la empresa SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS etc. de la que, por cierto, no hubo depósitos contables hasta el final, fue declarada en extinción el 1 de diciembre de 2007.

Desde entonces, no se ha vuelto a tener constancia de ninguna otra relación mercantil entre el hijo de Tofiño y los socios de PEYBER, aunque esta empresa sí ha seguido actuando en Illescas.

Muerte de un trabajador en una obra de PEYBER. Los sindicatos denuncian el secretismo de la empresa

Noticia en el diario El País

Los sindicatos denuncian el oscurantismo que envuelve la muerte de un trabajador de 33 años, casado y padre de una niña de un año, que se produjo ayer, 14 de enero, en una obra de la mercantil PEYBER HISPANIA en Torrejón de Ardoz.

Mientras los trabajadores de la obra ―según informa hoy El País― se negaban a hablar con los periodistas, no es difícil imaginar por qué; los miembros de los sindicatos CC.OO y UGT, que acudieron al lugar para comprobar los hechos, denunciaron “la falta de transparencia” de las empresas implicadas UNIT (subcontratista) y PEYBER HISPANIA (la constructora) así como de la Inspección de Trabajo, la cual negó a los representantes sindicales el paso al lugar de los hechos.

La empresa no ha colaborado nada y la Inspección nos ha cerrado las puertas”, declaró Domingo Martínez, técnico de prevención de riesgos laborales de UGT.

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Muere un trabajador de 33 años en una obra de Peyber en Torrejón de Ardoz

Ricardo Díaz Bermejo, la "BER" de PEY-BER

Agencia EFE.

«El accidente ha tenido lugar cuando unos operarios trasladaban unas planchas de hormigón para levantar un prefabricado de ese material y una de las sujeciones de la pieza se ha soltado.

El fallecido es un hombre de 33 años de nacionalidad española cuya identidad no se ha dado a conocer.

La víctima trabajaba para la empresa Unit, subcontratada por Peyber Hispania, y se trata de la primera muerte en accidente laboral registrada en la región de Madrid en lo que va de año.

A través de una nota CC.OO ha denunciado la falta de medidas de seguridad en esa obra y ha criticado la “evidente falta de coordinación entre la empresa principal y la subcontratada”.

“El obrero nunca debería haberse situado en medio de los prefabricados, que deberían haber estado en un área acotada para poder ser enganchados y elevados sin peligro desde una zona lateral”, según CC.OO.

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid, Rosa Robledano, ha dicho a Efe que la muerte se ha producido en un sector – el de la construcción – donde hay un importante aumento del paro y ha señalado que faltan medidas de prevención y, en muchos casos, de formación.

Fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid han indicado que recibieron una llamada de socorro hacia las 9,45.

Al lugar acudieron una UVI móvil del Ayuntamiento de Torrejón y los Bomberos de la Comunidad, ya que los primeros datos apuntaban a que el trabajador podía haber quedado atrapado bajo la plancha de hormigón.

Cuando los bomberos llegaron al lugar ya estaba allí la UVI municipal, cuyos sanitarios intentaron reanimar a la víctima.

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De izquierda a derecha, Jesús Mª G. Peinado "vicepresidente" de Peyber, el entonces ministro Jordi Sevilla y Ricardo D. Bermejo "consejero delegado" de Peyber
De izquierda a derecha, Jesús Mª G. Peinado "vicepresidente" de Peyber, el entonces ministro Jordi Sevilla y Ricardo D. Bermejo "consejero delegado" de Peyber

Aunque resulte insólito e incalificable, así queda acreditado en el oportuno expediente administrativo. En su propio pueblo natal, Ugena, los hermanos Díaz Bermejo ―más conocidos en ese lugar como “los Abubillos”― y su socio el aparejador municipal de Carranque ―pueblo vecino― imputado por el caso del campo de golf de esta última localidad; pretendían apoderarse, a través de la mercantil PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL, del 75% del aprovechamiento privativo del PAU que presentaron sobre el llamado “Paraje de Diana”, dejando un 25% a los propietarios afectados.

Esta pretensión inicial se vio relativamente morigerada ante la resistencia del Ayuntamiento, de los agricultores afectados y ante los informes de los servicios jurídicos de la Corporación, cuando el día 14 de septiembre de 2009 mediante fax y fuera de los horarios de oficina, PEYBER hizo una nueva propuesta reduciendo la “retribución al urbanizador” del 75% al 60% del aprovechamiento patrimonializable del PAU, es decir, del suelo que les queda a los afectados una vez deducido el correspondiente al Ayuntamiento por participación en plusvalías, el suelo dotacional, viales, zonas verdes, etc. No obstante, también modificaban al alza los gastos globales de urbanización.

Tras este fax, el Ayuntamiento de Ugena, según dictamen de la asesoría urbanística, consideró que la constructora había hecho caso omiso de los reiterados requerimientos que se le hicieron para que subsanara la documentación presentada, razón por la cual el equipo de gobierno municipal propuso al Pleno celebrado el 17 de septiembre del mismo año, la aprobación del acuerdo cuyo texto se puede descargar íntegro desde aquí y que en su parte más significativa dice los siguiente:

Ayuntamiento de Ugena. Acuerdo de reprobación del PAU de Peyber
Ayuntamiento de Ugena. Acuerdo de reprobación del PAU de Peyber

«De acuerdo con las facultades previstas en el art. 122,4 del TRLOTAU, Rechazar el PAU rústico del Paraje de Diana presentado por la comercial PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL por no haberse atendido, en tiempo, a la subsanación de la documentación según lo requerido por la J.G.L de fecha 21 -07-09 y muy especialmente la falta de aquilatación de la oferta jurídico económica, en el modo de retribución al agente urbanizador, por entender abusiva la misma y que atenta contra el derecho de propiedad de los interesados, por entender que son confiscatorios al asignar un porcentaje de cesión de aprovechamiento urbanístico a favor del agente urbanizador del 75% (ahora 60) por el susceptible de apropiación, resultando para los propietarios el 25% (ahora 40) restante. Por no haber tenido en cuenta los posibles coeficientes de homogeneización para los diferentes usos y tipologías edificatorias, como dispone el TRLOTAU a la hora de calcular el aprovechamiento tipo. Por no haber tenido en cuenta en la proposición jurídico económica la totalidad de los gastos de urbanización (una estimación de los gastos de conexión a las redes y la suplementación de las mismas, como la EDAR) como disponen los artículos 110 y 115 del TRLOTAU, lo que supone una falta de seguridad jurídica para los propietarios del suelo»

Esta propuesta de la Alcaldía fue aprobada con 10 votos a favor, 6 del grupo Popular y 4 del grupo Socialista, y una abstención; unanimidad que da idea de hasta qué punto la pretensión de “Los Abubillos” y de su socio carranqueño superaba ―a juicio de los miembros de la Corporación y de sus servicios jurídicos― lo tolerable y se adentraba en los terrenos de la usurpación o, si se quiere, de la confiscación contraria a Derecho.

La aprobación del acuerdo debió producir cierta perplejidad en los Díaz Bermejo, acostumbrados como están a que las cosas en Toledo discurran por raíles muy bien engrasados y, sobre todo, porque había sido el propio Ayuntamiento de Ugena el que se había dirigido a PEYBER para pedirles la presentación del PAU.

Pero a la vista está que Ugena no es Carranque y que en Ugena, pueblo situado a escaso kilómetro y medio de Carranque, el Estado de Derecho, tambaleándose o no, resiste mejor a la marejada ladrillesca, cosa que también digo en favor de los concejales del PSOE de la localidad, los cuales sospecho que habrán sido víctimas de no pocas ni débiles “sugerencias”.