NOTITIA CRIMINIS

Carranque: cambalache en la oscuridad para controlar la concejalía de Urbanismo

Posted in Alejandro Pompa, Carranque, Operación Púnica, PEYBER by Die Rote Kapelle on 11 junio 2015
Alejandro Pompa Mingo, ex alcalde de Carranque y jefe del PSOE local

Alejandro Pompa Mingo, ex alcalde de Carranque y jefe del PSOE local

Como fenicios diestros en el regateo, los concejales de Ciudadanos juran y abjuran de una hora para otra. Las últimas noticias que llegan aseguran que PSOE (es decir, Alejandro Pompa) y Ciudadanos han roto el acuerdo que tenían ultimado ayer.

Ciudadanos quería la alcaldía e insinuaba que ésta habría de estar dotada con jornal no inferior a 2.500 €, imagino que netos y en 14 pagas anuales. PSOE, lo mismo da escribir Pompa, a través de su apadrinada, María José Martínez (también conocida en el pueblo como “La Polvorista”), exigía para sí la concejalía de Urbanismo y con plenos poderes, de modo que toda decisión en la materia fuera ejecutiva con la sola firma de la tal María José. Lógico. Hay más distancia entre un titiritero y su títere que entre estos dos.

Además, Pompa añadía a sus condiciones que a mitad de legislatura fuera su apadrinada quien ocupara la alcaldía, sin dejar, claro está, Urbanismo, pues son muchos y millonarios los intereses que PEYBER, Aurelio González Villarejo, Román Conde Alonso o el propio funcionario del ayuntamiento, Ernesto Rodríguez Cubas, tienen en ese área de gobierno; mucha, por tanto, la responsabilidad del PSOE de Carranque y de su cabeza, Pompa, en el ramo.

Entre tanto, el concejal de Podemos se queda sin la alcaldía y el momio que la magistratura lleva anejo y que unos y otros contendientes le habían prometido, siempre y cuando Urbanismo fuera para Pompa, digo, para el PSOE.

Sólo Izquierda Unida se ha mantenido y se sigue manteniendo al margen de tales timbas, almonedas y subastas. ¿Cómo decía el tango?

Pero que el siglo veinte
es un despliegue
de maldad insolente
ya no hay quien lo niegue.
Vivimos revolcaos
en un merengue
y en un mismo lodo
todos manoseaos.

OPERACIÓN PÚNICA. LA CONSTRUCTORA PEYBER, EL DETENIDO DAVID MARJALIZA Y UNO DEL CASO GESCARTERA.

Posted in Carranque, Corrupción, PEYBER by Die Rote Kapelle on 29 octubre 2014
Ricardo Díaz Bermejo, el hombre fuerte del quebrado grupo Peyber

Ricardo Díaz Bermejo, el hombre fuerte del quebrado grupo Peyber

Dada la urgencia que las últimas redadas imponen a las cosas, valgan estas notas como adelanto informativo.

La operación Púnica ha golpeado en dos pequeños pueblos de la frontera entre Toledo y Madrid: Casarrubuelos y Serranillos del Valle. A tiro de piedra de ambos sitios está Carranque y en Carranque un grupo constructor del que se ha hablado mucho en este sitio tuvo una gran fortuna en lo que a adjudicación de obras y planes de urbanización se refiere cuando la alcaldía estaba ocupada por Alejandro Pompa Mingo.

Esto no es difícil de entender. Como ya se ha dicho aquí, PEYBER es un acrónimo de los apellidos Peinado y Bermejo y Jesús María Gallego Peinado, además de ser uno de los socios de Peyber, era el aparejador municipal de Carranque.

Este grupo constructor está ahora quebrado y bajo administración judicial, pero en cierto momento de su fulgurante ascenso, constituyó dentro de su Grupo las mecantiles TITÁN DESARROLOS INMOBILIARIOS, 1, 2, 3, 4 y 5.

El 13 de septiembre de 2007, consta en el correspondiente Registro Mercantil el alta como consejero en TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1, de un individuo llamado José Villarig Lou, implicado en la trama delictiva del caso GESCARTERA. Con la misma fecha, también consta su alta en el consejo de administración de la mercantil del grupo PEYBER, TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2, SL.

El 26 de septiembre de 2006, igualmente, fue nombrado consejero de la sociedad VILLALEGRE SERRANILLOS SA. Recordemos que en Serranillos del Valle se han producido detenciones en el transcurso de la operación Púnica.

Por otro lado, en la empresa TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, SL (por supuesto, del grupo PEYBER) figura como titular del 5% de su capital la sociedad VANCOUVER GESTION SL con Cif: B83603746.

Y aquí viene lo interesante. VANCOUVER GESTIÓN tiene entre sus accionistas a PROMODICO SL, del quebrado Grupo DICO. Hay que recordar que David Merino, que fuera Director General de esa constructora, declaró a la revista Interviú (aquí se puede descargar copia del reportaje) que él había dado dinero directamente al ahora detenido en la operación Púnica, Francisco Granados:

Francisco Granados -dijo- es el tío más sucio del mundo. A ése le he dado yo el dinero directamente“.

Pero no acaban aquí las coincidencias, porque otro accionista de VANCOUVER GESTIÓN es la empresa  ARAUNA CORPORACION Y CONSULTING S.L, con domicilio social en Valdemoro, uno de los escenarios de la operación Púnica y, además, resulta que el propietario del 100% del capital de ARAUNA es, ni más ni menos, que el detenido en la operación Púnica, DAVID MARJALIZA VILLASEÑOR.

El mundo es un pañuelo ¿verdad?

 

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La oposición de Alcobendas denuncia posible prevaricación en un intento de adjudicación de obra a la constructora Peyber

Posted in PEYBER by Die Rote Kapelle on 27 julio 2010

Se trata de la adjudicación del contrato de obra del centro de salud Valdelasfuentes, en Alcobendas. La noticia fue dada por la Cadena Ser, el 13 de abril de este año y, finalmente, la denuncia pública hecha tanto por la concejal de IU de la localidad, como por los ediles del PSOE, frustró el intento de seleccionar a la constructora PEYBER HISPÁNICA, la cual había obtenido el segundo puesto en la licitación.

Previamente, PEYBER ya se había alzado con la construcción de otro centro de salud, el de Arroyo de la Vega, por un importe cercano a los tres millones de Euros. En esa ocasión El País, aseguró que la obra fue financiada con los fondos del Plan E, a pesar de que la materia era competencia de la Comunidad de Madrid.

A continuación, declaraciones del concejal Angel Sánchez Sanguino y la noticia tal y como aparece en la página de la Cadena Ser:

http://sites.google.com/site/losarchivosdenotitiacriminis3/home/Peyber-Alcobendas.mp3?attredirects=0&d=1

Los socialistas de Alcobendas afirman que los tenientes de alcalde del ayuntamiento, Mónica Sánchez y Agustín Martín y la concejala de Obras, Paloma Cano, podrían haber incurrido en una ilegalidad al proponer y votar a favor de la adjudicación de las obras del centro de salud de Valdelasfuentes a la constructora que consiguió la segunda puntuación del concurso.

Esta empresa, Peyber Hispánica, consiguió una puntación de 65,14 frente a BM3 Obras y Servicios que obtuvo 68,70 puntos. Según el concejal socialista presente en la mesa de adjudicación, Ángel Sánchez Sanguino, los ediles populares argumentaron su desconocimiento de la empresa con mayor puntuación y su miedo a encargar la obra a esta constructora.

Según el PSOE, Sánchez Sanguino, la concejal de IU, María Benito Durango, la interventora municipal y el director general de la asesoría jurídica municipal votaron en contra de la propuesta de los ediles.

Sánchez Sanguino afirma que la arbitrariedad de los concejales populares frente a una resolución clara del informe técnico podría ser constitutiva de delito.

Desde el equipo de gobierno afirman que los tres ediles presentes en la mesa de adjudicación consideraron más favorable, para los intereses del ayuntamiento y el cumplimiento de las obras, la segunda empresa mejor valorada por los técnicos. Ante esta situación, que según el gobierno municipal se produce habitualmente en la administración local, se encargó un informe jurídico cuya resolución terminó adjudicando la obra a BM3 Obras y Servicios, la empresa con mayor puntuación en el concurso.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo de gobierno insiste en que cualquier mala interpretación de este tema no es más que un afán de la oposición de encontrar algo turbio en un ayuntamiento que ha recibido el Primer Premio en Transparencia en materia de contratación.

Así mismo, se anima al grupo socialista, a que si consideran que se ha producido alguna irregularidad “acudan a la Fiscalía en lugar de tratar de empañar en los medios de comunicación la imagen de la ciudad”.

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Protegido: La constructora Peyber en Alcobendas. Los casos Gürtel, Fórum, Ballena Blanca y Malaya

Posted in Conexión Malaya, PEYBER by Die Rote Kapelle on 16 marzo 2010

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El hijo del presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño, y la constructora PEYBER emigran a Bucarest,

Posted in PEYBER, Tofiño by Die Rote Kapelle on 18 enero 2010

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Se diría que la oleada migratoria se ha invertido y que ahora son los toledanos, o algunos toledanos, los que se van a Rumanía. Así ha ocurrido con el grupo constructor PEYBER, del que es socio Jesús María G. Peinado, ex aparejador municipal de Carranque e imputado por presuntos delitos de corrupción a causa de la tramitación del PAU del campo de golf de esa localidad.

Mediante un complejo entramado empresarial que descansa sobre las mercantiles PEYBER DIVISIÓN INTERNACIONAL y TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1, 2, 3, 4, y 5, además de AVANTIA, esta última no registrada en España; los hermanos Peinado-Bermejo se han introducido en el negocio inmobiliario de Rumanía, al acecho, como ellos mismos declaran, de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea y de un mercado que parecía en expansión aunque tal apariencia esté ahora claramente frustrada.

La inversión de PEYBER en Bucarest presenta notables circunstancias de las que habrá que ocuparse en detalle, especialmente en lo que se refiere a algunos nombres como son el de Angel Orgaz Serrano, hermano de Sara Orgaz Serrano; el de José Villarig Lou; o el de los hermanos Agustín y Victor Manuel Clemente Alonso; pero de momento lo significativo es que los Díaz-Bermejo no son los únicos toledanos que han emprendido su particular marcha hacia el Este en estos últimos tiempos. José Manuel Tofiño Arrogante, hijo del presidente de la Diputación Provincial de Toledo ha hecho lo propio y se encuentra trabajando, junto a su reciente esposa, en Bucarest.

La noticia la hacía pública, como motivo de su boda celebrada el pasado mes de septiembre, el propio José Manuel Tofiño Arrogante. Tal y como informó El Digital de Castilla-La Mancha, en una página Web abierta en el portal novios.org el hijo de Tofiño daba cuenta de los acontecimiento relacionados con su boda y, de paso, nos anunciaba a todos que se encontraba trabajando en Rumanía. La página de “Esther y José Manuel” (http://www.novios.org/josemanuel_esther/) ha sido suprimida hoy mismo tras permanecer meses “en línea”, tiempo suficiente, sin duda, como para acreditar, incluso notarialmente, su existencia y contenido.

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Claro está, la coincidencia no significa que Tofiño Arrogante esté trabajando para PEYBER en Rumanía. En ese país existen muchas empresas, incluso muchas empresas españolas, además de la constructora PEYBER, pero el hecho no deja de ser significativo y digno de atención e investigación, porque PEYBER y Tofiño Arrogante ya han estado estrechamente relacionados.

El 2 de diciembre del 2004 se constituyo la mercantil SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS SL en cuyo consejo de administración aparecían José Juan Díaz Bermejo, Miguel Angel Gallego Peinado ―hermano del citado Jesús María G. Peinado, socio fundador de PEYBER y “amigo íntimo” del alcalde Pompa, según el entonces Secretario-Interventor del municipio― y José Manuel Tofiño Arrogante.

Esta asociación no habría tenido mayor relevancia si, en fechas paralelas, otra empresa del grupo PEYBER no hubiera resultado agraciada con la adjudicación del mantenimiento y reparación de la Zona 2 de las carreteras de Toledo; un contrato otorgado por la Diputación Provincial que supuso para la entidad CONCESIONARIA BERVIA, formada al 50% por PEYBER y COPCISA, la notable cantidad de más de 27 Millones de €.

La sorprendente coincidencia, que en su día se desveló en Notitia Criminis, ocupó varios titulares de prensa y llevó a IU a denunciar ―el escrito de denuncia se puede descargar desde aquí― los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo que, todo hay que decirlo, archivó aceleradamente el caso porque en opinión del Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, no se alcanzaba a vislumbrar ninguna relación entre PEYBER y José Manuel Tofiño Pérez, presidente de la Diputación.

No obstante, por aquellas fechas, principios del 2007, y con motivo de la citada denuncia, Ricardo Díaz Bermejo, el mayor de los hermanos Bermejo, que se titula consejero delegado del grupo Peyber, hizo unas interesantes declaraciones a la Tribuna de Toledose pueden descargar desde aquí― en las que afirmaba conocer al alcalde de Illescas ―es decir, a José Manuel Tofiño Pérez― y que «fue de ese trato personal, que nació la idea de crear la sociedad Sistemas Arquitectónicos y Urbanísticos, con el hijo de Tofiño, destinada a temas de ingeniería, cuando terminó los estudios de aparejador».

Independientemente de que es falso que SISTEMAS etc. estuviera dedicada a “temas de ingeniería” ―porque el objeto social que declara en el Registro Mercantil es «la compra, promoción, venta y por cualquier otro título, la adquisición o enajenación de toda clase de fincas rústicas o urbanas» además de «la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia», «el comercio al por mayor de animales vivos» y «otras sociedades de inversión en activos financieros»― lo cierto es que no se puede pedir mayor sinceridad a las declaraciones del consejero delegado del grupo PEYBER.

En cualquier caso, tras la denuncia de IU y el revuelo provocado, del que se hicieron ecos periódicos como El País, El Mundo o ABC, la empresa SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS etc. de la que, por cierto, no hubo depósitos contables hasta el final, fue declarada en extinción el 1 de diciembre de 2007.

Desde entonces, no se ha vuelto a tener constancia de ninguna otra relación mercantil entre el hijo de Tofiño y los socios de PEYBER, aunque esta empresa sí ha seguido actuando en Illescas.

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Muerte de un trabajador en una obra de PEYBER. Los sindicatos denuncian el secretismo de la empresa

Posted in PEYBER by Die Rote Kapelle on 15 enero 2010

Noticia en el diario El País

Los sindicatos denuncian el oscurantismo que envuelve la muerte de un trabajador de 33 años, casado y padre de una niña de un año, que se produjo ayer, 14 de enero, en una obra de la mercantil PEYBER HISPANIA en Torrejón de Ardoz.

Mientras los trabajadores de la obra ―según informa hoy El País― se negaban a hablar con los periodistas, no es difícil imaginar por qué; los miembros de los sindicatos CC.OO y UGT, que acudieron al lugar para comprobar los hechos, denunciaron “la falta de transparencia” de las empresas implicadas UNIT (subcontratista) y PEYBER HISPANIA (la constructora) así como de la Inspección de Trabajo, la cual negó a los representantes sindicales el paso al lugar de los hechos.

La empresa no ha colaborado nada y la Inspección nos ha cerrado las puertas”, declaró Domingo Martínez, técnico de prevención de riesgos laborales de UGT.

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Muere un trabajador de 33 años en una obra de Peyber en Torrejón de Ardoz

Posted in PEYBER by Die Rote Kapelle on 14 enero 2010

Ricardo Díaz Bermejo, la "BER" de PEY-BER

Agencia EFE.

«El accidente ha tenido lugar cuando unos operarios trasladaban unas planchas de hormigón para levantar un prefabricado de ese material y una de las sujeciones de la pieza se ha soltado.

El fallecido es un hombre de 33 años de nacionalidad española cuya identidad no se ha dado a conocer.

La víctima trabajaba para la empresa Unit, subcontratada por Peyber Hispania, y se trata de la primera muerte en accidente laboral registrada en la región de Madrid en lo que va de año.

A través de una nota CC.OO ha denunciado la falta de medidas de seguridad en esa obra y ha criticado la “evidente falta de coordinación entre la empresa principal y la subcontratada”.

“El obrero nunca debería haberse situado en medio de los prefabricados, que deberían haber estado en un área acotada para poder ser enganchados y elevados sin peligro desde una zona lateral”, según CC.OO.

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid, Rosa Robledano, ha dicho a Efe que la muerte se ha producido en un sector – el de la construcción – donde hay un importante aumento del paro y ha señalado que faltan medidas de prevención y, en muchos casos, de formación.

Fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid han indicado que recibieron una llamada de socorro hacia las 9,45.

Al lugar acudieron una UVI móvil del Ayuntamiento de Torrejón y los Bomberos de la Comunidad, ya que los primeros datos apuntaban a que el trabajador podía haber quedado atrapado bajo la plancha de hormigón.

Cuando los bomberos llegaron al lugar ya estaba allí la UVI municipal, cuyos sanitarios intentaron reanimar a la víctima.

El edificio de viviendas en construcción está en la Avenida de la Constitución 160 de Torrejón».

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El Ayuntamiento de Ugena (Toledo) rechaza por “abusivo” y “confiscatorio” un PAU de PEYBER. Pretendían apropiarse el 75% del suelo edificable

Posted in PEYBER by Die Rote Kapelle on 17 octubre 2009
De izquierda a derecha, Jesús Mª G. Peinado "vicepresidente" de Peyber, el entonces ministro Jordi Sevilla y Ricardo D. Bermejo "consejero delegado" de Peyber

De izquierda a derecha, Jesús Mª G. Peinado "vicepresidente" de Peyber, el entonces ministro Jordi Sevilla y Ricardo D. Bermejo "consejero delegado" de Peyber

Aunque resulte insólito e incalificable, así queda acreditado en el oportuno expediente administrativo. En su propio pueblo natal, Ugena, los hermanos Díaz Bermejo ―más conocidos en ese lugar como “los Abubillos”― y su socio el aparejador municipal de Carranque ―pueblo vecino― imputado por el caso del campo de golf de esta última localidad; pretendían apoderarse, a través de la mercantil PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL, del 75% del aprovechamiento privativo del PAU que presentaron sobre el llamado “Paraje de Diana”, dejando un 25% a los propietarios afectados.

Esta pretensión inicial se vio relativamente morigerada ante la resistencia del Ayuntamiento, de los agricultores afectados y ante los informes de los servicios jurídicos de la Corporación, cuando el día 14 de septiembre de 2009 mediante fax y fuera de los horarios de oficina, PEYBER hizo una nueva propuesta reduciendo la “retribución al urbanizador” del 75% al 60% del aprovechamiento patrimonializable del PAU, es decir, del suelo que les queda a los afectados una vez deducido el correspondiente al Ayuntamiento por participación en plusvalías, el suelo dotacional, viales, zonas verdes, etc. No obstante, también modificaban al alza los gastos globales de urbanización.

Tras este fax, el Ayuntamiento de Ugena, según dictamen de la asesoría urbanística, consideró que la constructora había hecho caso omiso de los reiterados requerimientos que se le hicieron para que subsanara la documentación presentada, razón por la cual el equipo de gobierno municipal propuso al Pleno celebrado el 17 de septiembre del mismo año, la aprobación del acuerdo cuyo texto se puede descargar íntegro desde aquí y que en su parte más significativa dice los siguiente:

Ayuntamiento de Ugena. Acuerdo de reprobación del PAU de Peyber

Ayuntamiento de Ugena. Acuerdo de reprobación del PAU de Peyber

«De acuerdo con las facultades previstas en el art. 122,4 del TRLOTAU, Rechazar el PAU rústico del Paraje de Diana presentado por la comercial PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL por no haberse atendido, en tiempo, a la subsanación de la documentación según lo requerido por la J.G.L de fecha 21 -07-09 y muy especialmente la falta de aquilatación de la oferta jurídico económica, en el modo de retribución al agente urbanizador, por entender abusiva la misma y que atenta contra el derecho de propiedad de los interesados, por entender que son confiscatorios al asignar un porcentaje de cesión de aprovechamiento urbanístico a favor del agente urbanizador del 75% (ahora 60) por el susceptible de apropiación, resultando para los propietarios el 25% (ahora 40) restante. Por no haber tenido en cuenta los posibles coeficientes de homogeneización para los diferentes usos y tipologías edificatorias, como dispone el TRLOTAU a la hora de calcular el aprovechamiento tipo. Por no haber tenido en cuenta en la proposición jurídico económica la totalidad de los gastos de urbanización (una estimación de los gastos de conexión a las redes y la suplementación de las mismas, como la EDAR) como disponen los artículos 110 y 115 del TRLOTAU, lo que supone una falta de seguridad jurídica para los propietarios del suelo»

Esta propuesta de la Alcaldía fue aprobada con 10 votos a favor, 6 del grupo Popular y 4 del grupo Socialista, y una abstención; unanimidad que da idea de hasta qué punto la pretensión de “Los Abubillos” y de su socio carranqueño superaba ―a juicio de los miembros de la Corporación y de sus servicios jurídicos― lo tolerable y se adentraba en los terrenos de la usurpación o, si se quiere, de la confiscación contraria a Derecho.

La aprobación del acuerdo debió producir cierta perplejidad en los Díaz Bermejo, acostumbrados como están a que las cosas en Toledo discurran por raíles muy bien engrasados y, sobre todo, porque había sido el propio Ayuntamiento de Ugena el que se había dirigido a PEYBER para pedirles la presentación del PAU.

Pero a la vista está que Ugena no es Carranque y que en Ugena, pueblo situado a escaso kilómetro y medio de Carranque, el Estado de Derecho, tambaleándose o no, resiste mejor a la marejada ladrillesca, cosa que también digo en favor de los concejales del PSOE de la localidad, los cuales sospecho que habrán sido víctimas de no pocas ni débiles “sugerencias”.

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La trama valenciana del caso Gürtel salpica a Peyber y a Aurelio González Villarejo

Posted in Aurelio González Villarejo, PEYBER, Trama Gürtel by Die Rote Kapelle on 5 octubre 2009
Jesús Mª G. Peinado, socio de PEYBER y aparejador del Ayuntamiento de Carranque

Jesús Mª G. Peinado, socio de PEYBER y aparejador del Ayuntamiento de Carranque

Las últimas noticias que se han hecho públicas en relación con empresas implicadas en las presuntas tramas de corrupción y sobornos de Francisco Correa y Alvaro PérezEl Bigotes” en Valencia, destapan la cercanía de PEYBER y González Villarejo con los protagonistas de estos hechos. Tanto PEYBER, la empresa del aparejador municipal (en excedencia) de Carranque (Toledo) como el constructor Aurelio González Villarejo, amigo personal de Bono y Barreda, uno de los principales deudores de CAJA CASTILLA-LA MANCHA y parte en el fiasco del aeropuerto de Ciudad Real, así como protagonista destacado en el desastre de INMOBILIARIA COLONIAL, llevada a la quiebra por Luis Portillo; mantienen una estrecha asociación con SEDESA y con ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS.

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Peyber y la trama de Alvaro Pérez “El Bigotes” en Valencia.

El pasado día 25 de septiembre, El Mundo titulaba: «El PP de Valencia montó su “Filesa”», por su parte, el 22 de septiembre El País habría su primera página con este otro titular: «Seis constructoras financiaron al PP valenciano a través de la red “Gürtel”». La información procedía de un dossier elaborado por la Brigada de Blanqueo de la policía judicial. En el se analizaban conversaciones grabadas a los imputados y una extensa documentación intervenida en los distintos registros.

El funcionamiento de la trama, según el citado informe, era el rutinario en estos casos. Dicho de forma esquemática: órganos del PP valenciano contrataban diversos servicios con ORANGE MARKET, la empresa del ahora preso Francisco Correa y gestionada por su hombre en la región, Alvaro PérezEl Bigotes”. Los gastos ocasionados por tales servicios eran, luego, compensados con adjudicaciones dadas por el Gobierno regional o por órganos dependientes de ese Gobierno. En otros casos, la empresa de “El Bigotes”, y esto es lo que ahora más interesa, giraba las facturas de los contratos hechos con el PP regional a varias empresas constructoras que, a su vez, veían compensada su generosidad mediante adjudicaciones públicas. Es decir, que el dinero, en realidad y última instancia, de donde salía no era de las constructoras, sino de las arcas públicas, lo cual es relevante a efectos penales, pero en cualquier caso veamos qué constructoras eran esas: SEDESA, presidida por Vicente Cotino Escrivá; LUBASA, propiedad de Luis Batalla Romero; ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, perteneciente a Enrique Ortiz Selfa; FACSA, de Enrique Gimeno Escrivá; y PIAF, de Antonio Pons Dols.

La constructora SEDESA, como acabo de decir, es propiedad de Vicente Cotino, el sobrino de Juan Cotino que fue vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, pero eso no quiere decir que sólo haga jugosos negocios en Valencia. También los hace en Castilla-La Mancha y, más en concreto, en Guadalajara, donde en unión temporal de empresas ha resultado agraciada con la adjudicación de una contrata de 27.134.466,59 € licitada por la Diputación Provincial, para el mantenimiento y reparación de las carreteras de la Zona 2 de la provincia. Dicha UTE está formada por PYEBER HISPANIA SL; por SEDESA, por TECNIVIAL; por ASFALTOS VICÁLVARO; y por CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES Y ACABADOS SA.

Se da la circunstancia de que este proyecto o esta privatización del mantenimiento de las carreteras provinciales, prácticamente idéntico incluso en su precio, al impulsado por José Manuel Tofiño en Toledo ―donde también resultó adjudicataria una UTE formada por COPCISA y PEYBER, luego denominada CONCESIONARIA BERVIA, cuyos dueños a su vez habían creado una sociedad con el hijo de Tofiño― se inició bajo la competencia del Diputado Delegado de Vías y Carreteras de Guadalajara, y alcalde de Almoguera, un tal Luis Padrino, al que ya conocemos aquí.

Este sujeto fue suspendido de militancia por el PSOE de Castilla-La Mancha, después de que se le grabara con una cámara oculta haciendo de “agente inmobiliario” del “malayo” Emilio Rodríguez Bugallo.

El tal Luis Padrino pretendió venderle a la periodista que publicó el reportaje una finca del citado Rodríguez Bugallo situada en su pueblo, Almoguera, con las correspondientes promesas de recalificaciones, suministros de aguas y la gestión de compra de terrenos adyacentes mediante engaños a sus propietarios.

Al margen de que en esa finca se ocultaba al menos un caballo de la yeguada de Juan Antonio Roca, se da la notable coincidencia ―más notable si cabe después de las ultimas informaciones― de que Emilio Rodríguez Bugallo, ya fallecido, era el padre de Carmen Rodríguez Quijano, la señora esposa de Francisco Correa, esto es, del que dicen ser el cabecilla de la trama Gürtel.

Por otro lado, PEYBER la constructora del “amigo íntimo” del alcalde de Carranque, Alejandro Pompa ―a decir del propio secretario de ese ayuntamiento― tampoco anda muy lejos de la empresa de Luis Batalla. LUBASA, además de en Valencia, ha hecho negocios en Madrid junto a la ahora quebrada SEOP DE OBRAS Y SERVICIOS propiedad del cántabro Javier Montalvo, es decir, la empresa de Luis Batalla formó una UTE con SEOP DE OBRAS Y SERVICIOS constituida el 15 de diciembre de 2004 y domiciliada en la C/ Bausa, 13 ―Edificio Silver Eagle, 15―, por cierto, al lado de las oficinas de VEMUSA, la mercantil del “malayo” Enrique Ventero.

Por su parte PEYBER también tiene una UTE con SEOP, que concierne al negocio de los desperdicios en el que PEYBER entró con la escombrera de Pantoja (Toledo) y con la fracasada escombrera de Villaverde. Mediante esta UTE, las constructoras SEOP y PEYBER HISPÁNICA explotan una planta de tratamiento de basuras bautizada pomposamente como Centro de Clasificación y Transferencia de RCD de Moralzarzal, en la localidad madrileña del mismo nombre, claro está.

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La estrecha vinculación de SEDESA a la trama corrupta de El Bigotes.

Las informaciones que se suceden, casi torrencialmente, en los últimos días están poniendo de manifiesto el hecho de que, entre ORANGE MARKET ―la empresa de Correa regentada por Pérez El Bigotes” en Valencia― y SEDESA, existía una relación estructural más allá de puntuales pagos.

Según publicaba El Mundo el pasado día 29, el Grupo SEDESA ―que como ya se ha dicho, tiene como socio al sobrino del Vicepresidente del Gobierno valenciano― intentó comprar EASY CONCEPT, corazón de la trama Gürtel. Para ello, Vicente Cotino en representación de SEDESA, entró en conversaciones con El Bigotes. Sin embargo, los implicados llegaron a la conclusión de que “lo mejor sería indicar a Cotino que creara una empresa totalmente nueva” ya que tenían la sospecha de que EASY CONCEPT estaba siendo seguida de cerca por la Agencia Tributaria.

El Mundo añade que, “entre los años 2007 y 2009, las distintas empresas ligadas a la familia Cotino, fueron beneficiarias de numerosos contratos públicos en la Comunidad Valenciana. En total el Grupo SEDESA consiguió adjudicaciones por más de 500 Millones de €”.

Naturalmente, que en el caso Gürtel exista documentación, conversaciones grabadas y, en definitiva, un profuso material probatorio que induce a la muy viva sospecha de que en el funcionamiento de SEDESA, el soborno, el tráfico de influencias, la financiación ilegal del partido político en el Gobierno y la adjudicación directa o mediante licitaciones amañadas de contratos públicos, eran prácticas conocidas; no quiere decir que en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Castilla-La Mancha, el funcionamiento de las empresas de Vicente Cotino sea igual de sospechoso, pero tampoco, el mero cambio de contexto geográfico, prueba lo contrario.

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Enrique Ortiz Selfa y Aurelio González Villarejo

Otra de las empresas que según la policía habría participado de pleno en la trama de corrupción valenciana es ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, propiedad de Enrique Ortiz Selfa. Así, por ejemplo, según el diario Público, “varios correos electrónicos intervenidos por la Policía a Orange Market… constatan que la trama Gürtel falsificó facturas en beneficio de la formación conservadora… en uno de esos correos un empleado de Orange Market se dirige a un subordinado de José Ramón Blanco Balín, blanqueador de la red corrupta, y le da instrucciones sobre dos facturas. Tras especificar el número de cada una de ellas y el importe superior a 30.000 euros en un caso y a 80.000 en el otro, le comunica que ambas deben ponerse a nombre de la empresa Ortiz e Hijos”.

Pues teniendo esto en cuenta, resulta que de algunos de los negocios que este importante constructor valenciano mantenía con el no menos importante constructor conquense Aurelio González Villarejo, dueño del GRUPO G.V., ya hablamos aquí hace tiempo y bastante antes de que el caso Gürtel saliera a la luz. De tales negocios, los que más notoriedad pública han alcanzado son los relacionados con el Plan Rabasa y con el caso de los aparcamientos de Alicante.

En cuanto al Plan Rabasa (15.000 viviendas sobre un suelo de 4,2 millones de m2) El País del día 30 de marzo de 2008 titulaba: “Un dictamen concluye que Alperi ―el alcalde de Alicante en esas fechas― benefició al promotor Ortiz al modificar el plan Rabasa”. En ese dictamen se decía que “la mercantil seleccionada ―VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO SL― ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia… El propio ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor”.

Es decir, con la modificación introducida por Alperi, que según algunos departamentos administrativos del propio ayuntamiento producían cambios económicos sustanciales, la empresa de Ortiz Selfa podía obtener, con un porcentaje de permuta del 53%, suelo destinado a renta libre al precio de suelo para vivienda protegida, por lo tanto, mucho más barato.

Lo que ocurre es que Enrique Ortiz Selfa no era el único que se beneficiaba de estos favorables cambios introducidos por el alcalde Alperi. Si bien es cierto que el administrador único de VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO es el propio Enrique Ortiz, en esa sociedad hay más accionistas. Además están Aurelio González Villarejo, la CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO ―la misma que financió al Pocero en Seseña― y SACYR-VALLEHERMOSO ―como se ha visto aquí, estrechamente asociada con los “malayos” Roca y Pedro Román― además de algún otro socio minoritario.

El otro de los asuntos de Ortiz Selfa que salpicó a Aurelio González Villarejo ―el propietario de URBAPLANING a través de la cual el constructor está presente en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas y en los PAUs de “Las Montanillas” en Carranque (Toledo)― fue el del “Caso de los Aparcamientos” a causa del cual fue llamado a declarar ante los Juzgados de Alicante.

La Fiscalía Anticorrupción denunció al entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, a la concejal Sonia Castedo, que ahora ocupa la alcaldía, y a Enrique Ortiz Selfa, entre otros. Los hechos se remontaban al pleno del Ayuntamiento de Alicante del día 17 de enero de 2003. En esa fecha se adjudicó a ORTIZ E HIJOS SA, único licitador, un contrato de construcción y explotación de tres aparcamientos en la ciudad. Inmediatamente después de conseguida la adjudicación, la empresa de Ortiz Selfa presentó una solicitud de modificación, por circunstancias imprevistas, que suponía un incremento del precio de licitación de 3.341.291 €.

Los técnicos competentes del Ayuntamiento, así como el jefe del Servicio de economía y Hacienda y el de Contratación y Patrimonio rechazaron estos cambios. Ante esta situación ―o coincidiendo con ella en el tiempo― Díaz Alperi firmó un decreto de alcaldía, de fecha 14 de enero de 2004 por el que sustituía en la dirección del contrato a los ingenieros de Urbanismo, nombrando en su lugar al Jefe del Departamento Técnico de Tráfico, el también denunciado Antonio Escobedo.

Según consta en la denuncia elevada por la Fiscalía, Antonio Escobedo “en cumplimiento de instrucciones verbales” de su concejal, Luis Concepción, autorizó el 28 de febrero de 2005 el sobrecoste de más de tres millones de Euros, citado antes.

Simultáneamente a estos hechos, se descubrió que los tres hijos de Alperi estaban ocupando sendas viviendas en la urbanización de Playa de San Juan, que eran propiedad de la constructora VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO.

El constructor Ortiz, en el marco de las actuaciones judiciales por el caso de los aparcamientos, declaró que tales viviendas las había cedido a su socio Aurelio González Villarejo y que éste habría hecho con ellas lo que le conviniera.

Los detalles de estas circunstancias, publicada en el diario Información por Mercedes Gallego, ya fueron incluidos aquí y están puntualmente precisadas en el recurso que la Fiscalía ―que se puede descargar íntegro desde aquí― presentó contra el Auto de archivo evacuado por el TSJ de Valencia; pero conviene recordar alguna cosa. El traspaso de esas viviendas sólo se produjo tras la imputación de Ortiz Selfa en el “Caso Aparcamientos” y se inscribió en el Registro de la Propiedad a nombre de una sociedad de González Villarejo (JACOBRIZ SL) un día antes de que Ortiz declarara ante el Juez. La venta se había acordado sólo 25 días después de que le fuera notificada su condición de imputado al citado Ortiz.

Con la instrucción del caso iniciada por el Juzgado competente de Alicante, Aperi, es de suponer que buscando el amparo que proporciona la condición de aforado, fue incluido en las listas electorales de su partido al Parlamento Autonómico, siendo elegido como diputado regional.

En esa situación, el Juzgado de primera instancia remitió las actuaciones al TSJ valenciano pero con la advertencia de que “en el estado procesal en que se encuentra la causa no pueden desestimarse de forma razonada e inequívoca las hipótesis acusatorias sostenidas pro el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares personadas, único supuesto en el que procedería el archivo de estimarse que los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna”.

Sin embargo, esto fue, precisamente, lo que hizo el alto Tribunal valenciano. En expresión de la Fiscalía, el Magistrado Instructor, al sobreseer la causa, realizó sin contradicción alguna una valoración de las pruebas de cargo y de descargo, llegando a la conclusión de que Alperi, Sonia Castedo y los demás imputados, habían actuado sin dolo, con lo que invadía las competencias del órgano encargado del enjuiciamiento y fallo.

El Tribunal Superior de Justicia rechazó también el recurso de la Fiscalía y Alperi se apresuró a declarar que todo había sido “un montaje”. Después, el mismo Tribunal Superior, negó el recurso de casación de la Fiscalía, por entender que su Auto era irrecurrible y, finalmente, el Tribunal Supremo, volvió a rechazar el recurso de queja que contra esta última decisión también presentó el Fiscal.

Con ese último trámite, el “caso de los aparcamientos” quedó definitivamente cerrado, pero ahora no solamente ORTIZ E HIJOS vuelve a cobrar relevancia pública a causa de la trama Gürtel. La actual Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, concejal de urbanismo de ese mismo Ayuntamiento hasta la dimisión, sorpresiva, de Alperi el 11 de septiembre de 2008 e imputada en el caso de los aparcamientos; también aparece en la documentación incautada al Bigotes.

Según publicó El Mundo el pasado 26 de septiembre “en el periodo de tiempo comprendido entre enero y noviembre de 2007 la Caja B de la empresa que comandaba Alvaro Pérez El Bigotes ingresó 2.856.000 € del PP mientras que en 2008 la suma ascendió a 3.446.985 €… La contabilidad de 2007 procede de un archivo informático incautado por la Policía donde se reflejan distintas sumas… Con la fecha, el concepto y el nombre de la persona o la organización que realiza la entrega… Algunas son especialmente significativas… Aparece un ingreso de Alicante Sonia de 24.000 €”. El Mundo puntualiza que Sonia Castedo es la Alcaldesa de esa ciudad.

El pliego de cargos del Banco de España contra Hernández Moltó podría suponer el inicio de las acciones penales en el caso CCM

Posted in CCM, PEYBER, Pompa by Die Rote Kapelle on 4 agosto 2009
El pliego de cargos de CCM

El Mundo, 27 de julio de 2009

Hoy El Mundo publica (el artículo se puede descargar pulsando sobre la imagen) algunos de los datos revelados por el pliego de cargos elaborado por el Banco de España en relación con la quiebra de CCM.

Ese informe pone claramente de manifiesto el control absoluto de Hernández Moltó sobre la operativa de la Caja, yendo para ello mucho más allá de las competencias que le asignaban sus estatutos: «El presidente de CCM se integra de facto en el Comité de Dirección… Realiza funciones de gestión de forma directa con los ejecutivos de la entidad, reuniéndose frecuente y directamente con los directivos de las unidades operativas de CCM y su grupo, incluyendo responsables territoriales y de zona y asistiendo a comités comerciales… Se ha extralimitado en sus funciones».

Con ese control inmediato como premisa, el pliego de cargos, continúa añadiendo, entre otras cosas, que en CCM «se han tomado decisiones de inversión sin el conocimiento de la Comisión de Inversiones, ni del Consejo de Administración de CCM, ni siquiera del Consejo de Administración de CCM Corporación». Algunas de esas operaciones tomadas al amparo de la noche y la niebla son las relativas a las tres ampliaciones de capital de CR Aeropuertos, de tal forma que, también según el citado pliego de cargos, el riesgo asumido en esta entidad dominada por personas que se declaran públicamente «amigos» del silente Barreda, supone 336,9 millones de Euros, es decir, el 100% de la financiación obtenida por el fracasado proyecto, ahora en medio de un turbio concurso de acreedores solicitado por una compañía dominada por Díaz de Mera, también uno de los principales accionistas del aeropuerto.

Igualmente, «alguien» tomó la decisión de acudir a una OPA parcial sobre METROVACESA, una operación Román Sanahuja ―socio de Díaz de Mera y junto a él acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla en relación con el caso El Monte― contra Joaquín Rivero, entonces primer accionista de la empresa. La operación terminó eludiendo, por muy poco, el concurso necesario de acreedores mediante la cesión del 54% de la empresa al Santander, al BBVA, a Banesto, a la Caixa, a Caja Madrid y al Banco Popular.

Los activos de 35 de las 45 sociedades de CCM Corporación, han sufrido un deterioro, es decir, una minusvalía, de 417,2 Millones de €. El crédito concedido a las empresas participadas por la Caja era del 150% de todos sus recursos propios. Igualmente la caja entró de lleno en el fiasco de Inmobiliaria Colonial, una operación protagonizada por Luis Portillo, un personaje con documentadas relaciones con el caso Malaya, por Aurelio González Villarejo, Juan Gracia Jiménez ―propietario de Peinsa-97 y también protagonista de alguno de los hechos relacionados con la Operación Ninette― Por el ubicuo Domingo Díaz de Mera o por la no menos ubicua Esther Koplowitz, algunos de cuyos ejecutivos acabaron presos durante las distintas fases de la Operación Malaya.

La disponibilidad ad libitum de los fondos de CCM para aquellos personajes habituales del palacio de Fuensalida parece innegablemente acreditada por el pliego de cargos. Según este documento, la Caja también participaba en Global Cartera de Valores, una sociedad instrumental en la que aparecen Domingo Díaz de Mera y Luis Delso, presidente de Isolux, sociedad estrechamente ligada a la Caja por ejemplo en sus dudosas operaciones en Aranjuez, y que actualmente ha adquirido notoriedad pública después de que Luis Bárcenas, el imputado en la operación Gürtel haya afirmado ante el juez que Delso era el «Luis el Cabrón» que aparece en la contabilidad B de las sociedades de Francisco Correa. Además, Díaz de Mera, sus socios habituales los hermanos Barco Fernández y Miguel Antonio Méndez Pozo, todos ellos personajes cercanos a José María Barreda, habrían recibido en préstamos un total de 459 Millones de Euros.

Hay, para ir terminando ya, 125 titulares de créditos superiores a 16 Millones de € y de ellos, según el Banco de España, el 82,4 % están relacionados con la construcción. No obstante, lo que el pliego de cargos calla, oportunamente, es que en esas cantidades están los 40 Millones de € concedidos a Juan Antonio Roca el «malayo» o los 30 Millones de € prestados a Puerta Oro Toledo, compañía propiedad del «malayo» Pedro Román, de su socio y de Roca, Juan María López Alvarez, de Sacyr y, cosa no tan asombrosa como podría parecer, al distinguidísimo despacho de abogados Cuatrecasas. Ahí también están las cantidades invertidas en las sociedades del «malayo» Enrique Ventero y, en definitiva, los más de 200 Millones de € con que la Caja ha financiado a detenidos e imputados en el uno de los más paradigmáticos y tentaculares casos de corrupción destapados hasta la fehca.

Operaciones de menor calado, como la del campo de golf de Carranque, no parece que sean mencionadas en el pliego de cargos aunque no por ello son menos significativas. Ahí, Hernández Moltó puso a dos hombres de su máxima confianza: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, a juzgar por los consejos de administración en los que están presentes, ambos especializados en hacer negocios con los «malayos»; y ahí también puso un crédito de 10 Millones de € que Villa Romana Golf ―la mercantil de PEYBER-CCM― ya ha consumido íntegramente hace tiempo.

Ahora, esa entidad no paga. No ha pagado las cantidades adeudadas al Ayuntamiento de Carranque, cuyo cobro ejecutivo fue anulado generosamente por Alejandro Pompa, el alcalde; y no está pagando los plazos vencidos de los terrenos que compró en el PAU del campo de golf.

La situación despide un intenso aroma a concurso voluntario de acreedores. Con CCM imposibilitada, por ahora y por mucho tiempo, para añadir más capital al tinglado golfista y con la amenaza pendiente de una andanada masiva de acciones de rescisión de contrato protagonizada por los vendedores de terrenos en el PAU, que ante el incumplimiento de Villa Romana Golf muy bien podrían recuperar sus fincas y quedarse con los dineros cobrados a cuenta, cabe conjeturar sólidamente que los hermanos Díaz Bermejo y el aparejador Peinado, estén contemplando el concurso de acreedores como una buena forma de blindarse contra esas acciones y de retrasar indefinidamente las obligaciones de pago contraídas, dejando con dos palmos de narices a sus acreedores, al menos por una larga temporada.

Pero, volviendo a CCM y para terminar: ¿Qué piensa de todo esto la Fiscalía Anticorrupción?

¿Es o ha sido CCM instrumento de financiación de la corrupción inmobiliaria?

Posted in CCM, Díaz de Mera, González Villarejo, Juan Antonio Roca, Méndez Pozo, PEYBER by Die Rote Kapelle on 17 marzo 2009
Diario El Mundo, 16 de marzo de 2009

Diario El Mundo, 16 de marzo de 2009

La respuesta a la pregunta de si CCM ha servido o aún sirve como instrumento financiero de una red de corrupción o de negocios corruptos, la tendrán que dar los tribunales cuando los hechos, como parece más probable cada día que pasa, que han llevado a CAJA CASTILLA-LA MANCHA a su actual quiebra, sean sometidos al escrutinio de los Tribunales.

Lo que hasta ahora conocemos es una acumulación notable de coincidencias que levantan vivas sospechas y hacen que crezca, día a día, la presunción de que en el estado actual de CCM concurre algo más que una imperdonable negligencia.

En este sentido, la información que hoy publica El Mundo es especialmente significativa. Según este periódico, que cita un informe de la Inspección del Banco de España, estos serían los créditos concedidos por CCM a constructores cercanos o que mantienen pública y notoria amistad con Barreda:

Aurelio González Villarejo disfruta de 220 Millones de Euros (36.604.920.000 de Pts.) Este dinero fue utilizado, en su mayor parte, para acompañar a Luis Portillo en su apresamiento de INMOBILIARIA COLONIAL, entre otros, junto a Domingo Díaz de Mera y Juan Gracia Jiménez (relacionado en Murcia con el malayo Ventero Terleira y, presuntamente, con Juan Antonio Roca en el Plan Parcial Torre del Rame.

González Villarejo también es uno de los constructores relacionados con el PAU de las 24.000 viviendas y el soterramiento de la vía férrea en Illescas (Toledo) y con los PAUs de las Montanillas en Carranque, igualmente de la provincia de Toledo.

Enrique Ventero Tereleira, es decir, VEMUSA y asociadas, debe a CCM la discreta cantidad de 101 Millones de Euros (16.804.986.000 Pts.). Ventero, además de deudor de la Caja, es socio de ésta. Recordemos a Juan Tomás Vidal y a José Luis Rodríguez Holgado, hombres de confianza de Hernández Moltó, en el consejo de administración de LAS LOMAS DEL POZUELO, en Los Alcázares, escenario de la Operación Ninette, donde son vecinos de Juan Antonio Roca. Recordemos también que Enrique Ventero Terleira fue detenido durante la Operación Malaya y está en libertad bajo una de las fianzas más altas del caso. Recordemos, igualmente, que Ventero participa entre otros muchos negocios, en el asunto de los terrenos del Vicente Calderón y de la fábrica de cervezas Mahou, junto al prófugo indultado Marc Rich y junto a los herederos de Jesús Gil.

Domingo Díaz de Mera, constructor y magnate de la prensa regional

Domingo Díaz de Mera, constructor y magnate de la prensa regional

Domingo Díaz de Mera debe a CCM, por un lado, 110 Millones de Euros (18.302.460.000 de Pts.) Por otro, a través de la instrumental GLOBAL CONSULTING PARTNERS en donde participa con los hermanos Barco Fernández y con Román Sanahuja, debe 163 Millones de Euros (27.120.918.000 de Pts.). Este constructor ciudadrealeño, además de ser amigo declarado de Barreda, está imputado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, por el caso El Monte y, en concreto, por la venta a precio artificiosamente disminuido, según la Fiscalía, de las acciones que esta caja tenía en HC.

Ignacio Barco Fernández, además de ser un socio habitual de Domingo Díaz de Mera, debe por su cuenta a CCM unos 343 Millones de Euros (57.070.398.000 Pts.). De momento Ignacio Barco no está imputado en ninguna causa abierta, sin embargo aparece relacionado, aunque indirectamente, con la Finca de Bargas propiedad de PUERTA ORO TOLEDO, sociedad en la que participan el malayo Pedro Román Zurdo, su socio y también socio de Roca, Juan María López Alvarez, SACYR VALLEHERMOSO y la mercantil SEROBE XXI.

Concretamente la constructora UFISA INVERSIONES está administrada por Ricardo López Rivera y por Santiago Mateo Sahuquillo quien también es un socio habitual de Domingo Díaz de Mera y de Ignacio Barco Fernández.

Esta mercantil, UFISA, hizo público el 29 de agosto de 2005 el PAU sobre la finca Alcalvín Bajo, en Bargas, adquirida, meses antes, por PUERTA ORO TOLEDO, es decir, por Pedro Román, por Juan María López Alvarez, etc. Posteriormente, UFISA intentó desistir de su condición de agente urbanizador de Alcalvín por lo que se tuvo que enfrentar a un pleito interpuesto por el Ayuntamiento de Bargas, regido por Gustavo Figueroa Cid que además es vicepresidente de la Diputación de Toledo y mano derecha de José Manuel Tofiño Pérez, el presidente de dicha diputación y alcalde de Illescas. Finalmente, la propia PUERTA ORO TOLEDO se hizo cargo de ese PAU el día 20 de abril de 2006.

Román Sanahuja, el mismo que acaba de perder METROVACESA, tiene créditos concedidos por CCM que ascienden a 121 Millones de Euros (20.132.706.000 Pts.). Además, se encuentra imputado, junto a Domingo Díaz de Mera, José María Bueno Lidón y José Selfa de la Gándara, por el caso El Monte o Cajasol, al que ya he hecho referencia antes.

Antonio Miguel Méndez Pozo a su salido de la prisión de Burgos

Antonio Miguel Méndez Pozo a su salido de la prisión de Burgos

Antonio Miguel Méndez Pozo, otro de los que públicamente muestran su amistad y cercanía con José María Barreda, también ha sido agraciado con créditos de la CCM por valor de 115 Millones de Euros (19.134.390.000 Pts.). Méndez Pozo es hoy un reconocido empresario de la construcción y de la prensa regional que casi ha hecho olvidar su condición de condenado a prisión por el “Caso de la Construcción de Burgos”.

Actualmente, no sólo participa en negocios ruinosos como el del Aeropuerto de Ciudad Real, sino también en otros menos conocidos como el del PAU que comparte en Cuenca, en las proximidades del apeadero del AVE, con el consejero del PP en CCM, Germán Chamón, el mismo que, rompió la disciplina de su partido y permaneció junto a Hernández Moltó en el Consejo de la Caja.

Así se podría seguir, según El Mundo, hasta un máximo de 20 constructores que acaparan en créditos 3.136 millones de Euros, medio billón largo de pesetas. Los citados aquí son, sin duda, los más significativos y los de mayor relevancia en lo que se refiere a la cuantía de la deuda y a la cercanía al poder político de Toledo, pero hay otros que a pesar de no acaparar cifras tan fabulosas, merecen ser tenidos en cuenta.

Jesús Mª G. Peinado, socio de Peyber y Villa Romana Golf

Jesús Mª G. Peinado, socio de Peyber y Villa Romana Golf

En Carranque, Toledo, la mercantil VILLA ROMANA GOLF, de la que es socio el amigo íntimo del alcalde Pompa, a la par que aparejador municipal (en excedencia últimamente) Jesús María G. Peinado está participada en un 25% por CCM.

Esta sociedad, que se alzó con la concesión del PAU del campo de golf de ese pueblo en un tiempo récord y en medio de las fiestas de navidad, tiene dos líneas de crédito concedidas por CCM que juntas ascienden a 9.500.000 € (1.580.667.000 Pts.) de los que ya ha dispuesto de 9.450.172,54 €.

En los terrenos del campo de golf de Carranque aún no se ha movido una piedra de su sitio. Es más, con la plena comprensión del alcalde Pompa (que, por cierto, tiene causa penal abierta por la concesión de ese mismo PAU) La mercantil VILLA ROMANA GOLF ha conseguido que el Ayuntamiento le aplace, sin garantías y sin intereses, cerca de tres millones de euros en distintas tasas e impuestos, a más de tener por no aprobado definitivamente el PAU, lo que permite a la empresa de CCM y del aparejador municipal, retrasar el pago a los propietarios de suelo que comprometieron sus terrenos mediante contratos de arras.

Mil seiscientos millones de pesetas no son veinte mil, ni once mil, ni diecinueve mil millones, pero no hay que restar valor a esa cantidad.

Tampoco deben caer en el olvido los 40 millones prestados a Roca en Murcia, los millones que hayan sido, no pocos sin duda, los prestados a este mismo Roca para que comprara el Palacio de Saldaña o los 30 millones prestados a Pedro Román Zurdo, Juan María López Alvares y sus otros socios para hacerse con la finca de Bargas llamada Alcalvín.

Tengo la impresión de que algún que otro dignatario toledano y no toledano empieza a pensar que, quizás, no habría estado tan mal que el alcalde Pompa perdiera las elecciones de 2007.

Un informe del Secretario del Ayuntamiento declara ilegal el PAU del campo de golf de Carranque, Toledo

Posted in Carranque, PEYBER, Pompa by Die Rote Kapelle on 28 noviembre 2008

Alejandro Pompa, alcalde de Carranque

Alejandro Pompa, alcalde de Carranque

TOLEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS)

Un informe del secretario del Ayuntamiento de Carranque (Toledo), Juan Francisco Bravo, declara ilegal y “nulo de pleno derecho” el acuerdo plenario que dio apoyo al Plan de Actuación Urbanística (PAU del campo de golf) que incluía la construcción de 1.680 viviendas en la localidad toledana de Carranque, por el que el alcalde de este municipio, Alejandro Pompa Mingo, se encuentra imputado por un presunto delito de prevaricación.

Se trata de uno de los tres informes que la Secretaría del Ayuntamiento ha remitido en contestación al requerimiento del Juzgado de Instrucción Número 4 de Illescas (Toledo) que instruye este caso y están firmados por el Secretario del Ayuntamiento, precisamente también imputado en el caso, por el que declaró el pasado 11 de noviembre junto con un funcionario del Consistorio.

En este documento, que tiene fecha de entrada en el Ayuntamiento de 9 de diciembre de 2004, y al que ha tenido acceso Europa Press, el secretario reconoce que analizada la documentación aportada por la entidad promotora del PAU, resulta que “no se adecua a la legislación aplicable“.

Entre los primeros motivos que aparecen en el informe, argumenta que la propuesta de desarrollo urbanística referida que se extiende sobre suelo rústico de reserva a reclasificar como urbanizable para construir 1.680 viviendas, no comprende “una ordenación que permita la integración futura en la trama urbana existente en la que propone el Ayuntamiento con motivo de la próxima redacción del Plan de Ordenación Municipal (POM), ya que la ubicación prevista de dichas viviendas las dispersa por toda la superficie de actuación“.

Jesús Mª G. Peinado, socio de PEYBER

Jesús Mª G. Peinado, socio de PEYBER

Asimismo, establece que dicha actuación no responde a “criterios de racionalidad acordes con la estructura urbana aledaña“, y recuerda que las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico no permiten los usos residenciales en suelo rústico de reserva no urbanizable, por entenderlos “incompatibles”.

A este respecto, el secretario del Ayuntamiento dice que es necesario tener en cuenta que la entidad promotora de la actuación “no aporta justificación de solvencia económica ninguna“, y que el apoyo a este proyecto y la respuesta a la consulta previa que se formuló al pleno municipal “es más de lo que la legislación vigente considera como tal“. “En consecuencia resulta más relevante la falta de los informes técnicos y jurídicos preceptivos en el expediente, así como la precipitación con la que se pretende contestar“, añade.

Por todo ello, el informe concluye afirmando que el proyecto de acuerdo plenario formulado por el Grupo de Gobierno en los términos descritos es “ilegal y nulo de pleno de derecho, pudiendo generar perjuicios tanto para los intereses generales como para los propietarios de suelo afectados“.

El alcalde de Carranque declaró el pasado día 14 de octubre en el Juzgado de Illescas por la denuncia de prevaricación interpuesta por el sindicato de funcionarios ‘Manos Limpias’, que incluye también al aparejador del Ayuntamiento, Jesús María Gallego; al secretario-interventor del mismo, Juan Francisco Bravo, y a la tercera teniente de alcalde, María José Martínez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversación de caudales públicos y prevaricación.

Ese día, el primer edil dijo confiar en que la querella se archive, aseguró estar tranquilo y añadió que el proceso corresponde a la legalidad, ya que no es al Ayuntamiento a quien le corresponde aprobar el PAU, sino a la comisión Provincial de Urbanismo. Por su parte, Bravo y el funcionario del Consistorio Ernesto Rodríguez Cubas comparecieron el pasado 11 de noviembre como imputados.

Juan Francisco Bravo, secretario del Ayuntamiento de Carranque y el funcionario Ernesto Rodríguez, se niegan a declarar

Posted in Carranque, PEYBER, Pompa by Die Rote Kapelle on 12 noviembre 2008

Pompa y Barreda

Pompa y Barreda

Siguiendo idéntica línea de defensa que Alejandro Pompa y los demás imputados que ya habían comparecido ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas, el Secretario Juan Francisco Bravo Collantes y el funcionario ahora en excedencia voluntaria, Ernesto Rodríguez Cubas; se negaron ayer a responder a las preguntas de la acusación y se remitieron a unos “informes” que aportaron a los autos.

Antecedentes del caso: Descarga de un dossier de prensa sobre Alejandro Pompa.

Se reproduce la noticia aparecida en DIARIOCRITICO.COM

“Manos Limpias: “Uno de los mayores escándalos en un Ayuntamiento”

Alguno de los imputados podría haber ganado unos 12 millones de euros

11-11-2008 – Diariocrítico/Agencias

Comparecen en el juzgado de instrucción número 4 de Illescas el secretario interventor del Ayuntamiento de Carranque (Toledo) y un ex funcionario y secretario accidental del municipio, imputados en la adjudicación de un PAU para construir 1.600 viviendas y un campo de golf. El colectivo de funcionarios “Manos Limpias” que presentó una querella en 2007, califica el caso como uno de los mayores escándalos producidos en un Ayuntamiento.

El secretario interventor del Ayuntamiento de Carranque (Toledo) y un ex funcionario y secretario accidental del municipio, imputados en la adjudicación de un PAU para construir 1.600 viviendas y un campo de golf, han comparecido hoy en el juzgado de instruccion número 4 de Illescas.

El secretario interventor Juan Francisco Bravo Collantes, y el ex funcionario y secretario accidental del municipio, Ernesto Javier Rodríguez Cubas, no han querido hacer declaraciones a los medios ni a la entrada ni a la salida de los juzgados tras su comparecencia.

La cita judicial se ha producido tras la querella presentada en 2007 por el colectivo de funcionario “Manos Limpias” por varios delitos, entre ellos prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, y contra la ordenación del territorio y la Hacienca Pública.

Por estos presuntos delitos declararon en el mismo juzgado el pasado 14 de octubre el alcalde de Carranque, Alejandro Pompa de Mingo (PSOE); el concejal de Urbanismo, Antonio Fernández Retana, y la segunda teniente de alcalde, María José Martinez Aboín.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha dicho hoy en los juzgados de Illescas que la acusación popular de este colectivo ha pedido más de cuatro años de condena para los imputados en este caso.

Bernad ha considerado que este caso es “uno de los mayores escándalos producidos en un Ayuntamiento al estar imputados no sólo el alcalde, sino además el primer teniente de alcalde, la concejala de Hacienda, el secretario general y el accidental”, enumeró.

Asimismo, ha reiterado, que la situación se agrava más al tratarse de varias personas de una misma corporación las acusadas, lo que a su juicio quiere decir que “todo tipo de corrupción está dentro de un entramado“.

El secretario de Manos Limpias está seguro de que tanto el secretario general como el funcionario “han emitido informes falsos lo que lleva a un agravamiento de las penas a los funcionarios de la Administración local”.

De cara a la opinión pública, ha señalado que “es algo tremendo porque tienen que ser los máximos garantes del Estado de Derecho y de la legalidad vigente y son los primeros que lo están vulnerando“. En este sentido, ha denunciado que no debe utilizarse el Ayuntamiento como una “especie de cortijo para enriquecerse ellos y sus familiares”.

Bernad ha presentado en el juzgado 41 notas registrales de operaciones inmobiliarias en las que habría participado Rodríguez Cubas y que le habían reportado unos beneficios de unos doce millones de euros (unos 2.000 millones de las antiguas pesetas) “prevaliéndose de su situación en el ayuntamiento y por el apoyo del alcalde”, dijo.

Manos Limpias dice en su querella que el Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) denominado Golf-Carranque Villa Romana se aprobó y adjudicó “para favorecer descaradamente a quienes ya tenían pactada dicha operación“, es decir, a la empresa Agrícola Sagra-Manchega, ahora denominada Villa Roman Golf, del grupo Peyber Hispania, del que es socio y administrador el aparejador municipal y tambien denunciado, Jesús María Gallego Peinado“.

La noticia en otros medios:

ABC

El Digital de Castilla-La Mancha

Reportero Digital

Mañana comparecen como imputados el secretario y un funcionario del Ayuntamiento de Carranque (Toledo)

Posted in Carranque, PEYBER, Pompa by Die Rote Kapelle on 10 noviembre 2008
Ayuntamiento de Carranque

Ayuntamiento de Carranque

TOLEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) –

El secretario del Ayuntamiento de Carranque (Toledo), Juan Francisco Bravo, y el funcionario del Consistorio Ernesto Rodríguez Cubas comparecerán mañana como imputados en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Illescas dentro del proceso de la querella de prevaricación interpuesta por el sindicato de funcionarios ‘Manos Limpias‘.

El sindicato informa en un comunicado de que acreditará en esa comparecencia que Rodríguez hizo un patrimonio aproximado de 2.000 millones de las antiguas pesetas, prevaliéndose de su situación en el Ayuntamiento y de apoyo por parte del alcalde.

Estas declaraciones se producen después de que el alcalde de la localidad toledana, Alejandro Pompa Mingo, declarara el pasado 14 de octubre por esta querella, interpuesta por supuesto tráfico de influencias, fraude, cohecho y estafa contra la ordenación del territorio en la concesión de un campo de golf y un total de 1.860 viviendas.

Ese día, el primer edil dijo confiar en que la querella se archive, aseguró estar tranquilo y añadió que el proceso corresponde a la legalidad, ya que no es al Ayuntamiento a quien le corresponde aprobar el Plan de Actuación Urbanística (PAU), sino a la Comisión Provincial de Urbanismo.

Pompa se niega a responder a las preguntas de la acusación y los demás imputados se acogen a su derecho a no declarar.

Posted in Carranque, PEYBER, Pompa by Die Rote Kapelle on 15 octubre 2008

Pompa junto a Barreda inaugurando algo

Ayer, 14 de octubre de 2008, se ha tomado declaración (mejor dicho, se ha intentado tomar declaración) en el Juzgado nº 4 de Illescas a Alejandro Pompa, alcalde de Carranque (Toledo) a Jesús María Gallego Peinado, aparejador del mismo Ayuntamiento y socio propietario del complejo inmobiliario PEYBER, a Mª José Martínez Aboín, Primera Teniente de Alcalde y a Antonio Fernández Retana, segundo Teniente de Alcalde y concejal de urbanismo a fecha de los hechos.

Todos ellos han comparecido como imputados por los delitos de prevaricación, estafa, malversación de fondos públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios, conspiración para alterar el precio de las cosas, cohecho, etc. relacionados con la tramitación del PAU del campo de golf de Carranque. No se presentaron a declarar el Secretario del Ayuntamiento Juan Francisco Bravo Collantes, ni el funcionario en excedencia Ernesto Rodríguez Cubas, ambos imputados en la causa junto a los citados antes.

Pompa, que acudió asistido por el letrado Isidro Sánchez Villa, con despacho en la C/ Montera 10-12, y que parece haber prescindido definitivamente de su abogado habitual, a la par que del Ayuntamiento, Javier Toledo; se negó a responder a las preguntas de la acusación y lo hizo, solamente, a las de su propio abogado.

Al contestar a dichas preguntas, se limitó a repetir las mismas declaraciones que ha venido haciendo estos últimos días a la prensa. Según publica Europa Press, a la salida del Juzgado, Pompa manifestó “que esta denuncia es la misma que en su día interpuso IU en la Fiscalía de Toledo, y que el fiscal Jefe de Toledo decidió archivar y echar un rapapolvo a quien la presentó“.

Jesús Mª G. Peinado, aparejador municipal de Carranque y socio de Peyber

Jesús Mª G. Peinado, aparejador municipal de Carranque y socio de Peyber

También, siempre según la nota de Europa Press, afirmó que todos los imputados contestaron a las preguntas realizadas sobre el PAU del campo de golf de Carranque -lo que es incierto- y en términos muy similares, si no idénticos, a los usados por Francisco Hernándo “El Pocero” en relación con el PAU del Quiñón de Seseña, añadió que está “muy tranquilo” y que “el proceso -la tramitación del PAU, se entiende- Corresponde a la legalidad como no podía ser de otra manera, ya que no es al Consistorio de Carranque al que le corresponde aprobar el PAU, sino a la Comisión Provincial de Urbanismo. Después de cuatro años de tramitación se ha aprobado con todas las bendiciones porque no se puede hacer de otra manera“.

Sin entrar a fondo en la cuestión, pues la instrucción del caso no ha hecho más que empezar, de lo dicho por Pompa, llaman poderosamente la atención algunas cosas.

La primera es el hecho de que Pompa se negara a dar respuesta a las preguntas de la acusación. Negarse a declarar es un derecho fundamental que le concede a los imputados o detenidos el artículo 24 de la Constitución, pero Pompa no es un particular, sino un político con mando en plaza obligado, al menos en términos de salud pública, a dar explicaciones de sus actos y, si puede, a despejar las dudas sobre presuntos delitos que haya podido cometer.

El silencio de Pompa, escudado en una declaración mínima y cuidadosamente memorizada, hecha sólo en respuesta a las preguntas de su abogado defensor y consistente en mera afirmación de principio: todo es legal porque yo lo digo, es campo perfecto para aplicar el viejo principio jurídico según el cual qui tacet consentire videtur, o dicho en toledano clásico: “el que calla, otorga”; e idéntica conclusión cabe aplicar al resto de los imputados, que no es que se negaran a responder a las preguntas de la acusación; es que se negaron en redondo a abrir la boca.

Por otro lado ¿cómo es que sabe Pompa que la denuncia de Manos Limpias es igual a la presentada en su día por IU? La pregunta no es baladí. La Fiscalía Anticorrupción no es un Juzgado y, por eso mismo, no da traslado a los investigados de los expedientes que abre sobre ellos. ¿Ha tenido Pompa acceso al expediente de la Fiscalía?

En cuanto a que la aprobación del PAU del campo de golf por la Comisión Provincial de Urbanismo demuestra el estricto respeto de la legalidad en su tramitación, baste recordar que el del Quiñón, en Seseña también fue aprobado por la misma Comisión y, sin embargo, José Luis Martín, ex alcalde de la Localidad y responsable de la tramitación inicial del Quiñón está imputado y, con toda probabilidad, no será el único.

La declaración de Pompa, en este punto, tomada al dictado del director de su equipo de abogados, pretende confundir corrección en el procedimiento administrativo, con la presunta comisión de delitos tales como los de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, etc. que no tienen nada que ver con que un PAU pueda ser o no ser, en sí mismo, ilegal.

Pompa junto a Tofiño y otros

Un soborno (cohecho) sigue siendo soborno aunque se haya consumado para conseguir un beneficio que, de suyo, no sea delictivo. La Comisión Provincial de Urbanismo puede aprobar el PAU del campo de golf o el del Quiñón porque no es ilegal su ejecución sobre el suelo al que afecta, pero no dice nada sobre los presuntos delitos que se hayan podido cometer para, por ejemplo, adjudicar ese PAU, casualmente, al aparejador municipal del Ayuntamiento que lo adjudica.

El otro punto del que Pompa ha hecho bandera es el archivo de la denuncia de IU por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Toledo; pero esta es una defensa vana. Los fiscales no son jueces y sus resoluciones no tienen efecto de cosa juzgada. Que ahora un Juzgado abra diligencias previas (es decir, abra una investigación) y le impute media docena larga de delitos, si algo pone en cuestión, es la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia de IU que, al parecer, no tenía tan “escaso contenido penal” como entonces se dijo.

En lo que respecta a los otros imputados que comparecieron ayer en el Juzgado, tanto Jesús Mª Gallego Peinado, que también ha prescindido de los servicios del abogado Ramón Platero Parada y acudió asistido por el letrado Guillermo Regalado Nores, con despacho en la C/ Alcalá 75 de Madrid; como los concejales Antonio Fernández Retana y María José Martínez Aboín, – también representados, al igual que Pompa, por el abogado Isidro Sánchez Villa– se han negado a declarar acogiéndose a su derecho constitucional a guardar silencio.

Hacen muy bien todos ellos en no declarar pero, digo yo: si todo es tan escrupulosamente legal, si como dice Pompa, “las cosas se han hecho bien”, si tan seguro está de que el Juzgado archivará la querella y de que, en su caso, también lo hará la Audiencia Provincial ¿a qué viene tanto mutismo y tanta cautela?

Lo cierto es que la situación jurídica de Pompa y de los demás imputados se complica día a día. A las diligencias que tiene abiertas en el Juzgado nº 2 de Illescas, y digo que tiene abiertas porque Pompa falta radicalmente a la verdad cuando declara a la prensa que éstas se han archivado; se suman ahora las del Juzgado nº 4, también de Illescas.

Entre tanto, no ya la “tolerancia menos cero“, sino la mera “tolerancia cero” contra la corrupción, no aparece por ninguna parte. Ni está, ni se la espera.

El arquitecto que firmó el proyecto del campo de golf de Carranque es socio de Javier Arteche y de Luis Maya Galarraga

Posted in Conexión Malaya, PEYBER by Die Rote Kapelle on 6 octubre 2008

Barreda y Miguel de Oriol e Ybarra

El arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra y su hijo, Miguel de Oriol e Icaza, este último firmante del proyecto del campo de golf de Carranque (Toledo) Para PEYBER-CCM, es decir, para VILLA ROMANA GOLF; son socios de Javier Arteche Tarascón y Luis María Maya Galarraga, dos de los principales miembros de llamada “trama vasca” de la Operación Malaya.

El prestigioso arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra, autor entre otros muchos proyectos, del edificio Torre Europa, y su hijo Miguel de Oriol e Icaza, no solamente se dedican a grandes obras arquitectónicas. También han hecho trabajos de menos lucimiento para las empresas de los Díaz BermejoGallego Peinado como, por ejemplo, una nave industrial de 6000 m2 en Torrejón de Ardoz, aunque sin duda, el proyecto más importante desarrollado por Oriol para estos mismos clientes es el del campo de golf de Carranque: mil ochocientas viviendas, de momento, todo ello lindando con la otra urbanización de tamaño similar que construye Aurelio González Villarejo en la localidad.

La elección de este arquitecto para la realización de un campo de golf, en principio, parecería lógica puesto que en la finca que Miguel de Oriol e Ybarra tiene en el pueblo toledano de Layos, se ha puesto en marcha el primer campo de golf de la provincia con su correspondiente urbanización y dos hoteles de lujo, uno de los cuales, el llamado ALBA DE LAYOS, fue construido, precisamente, por PEYBER.

Sin embargo, la cosa no es tan simple porque es en esa finca de Layos donde el rancio apellido Oriol se mezcla con Javier Arteche Tarascón, con Luis María Maya Galarraga, con otros miembros de la “trama vasco-malaya” e, incluso, con nombres que aparecieron implicados en el caso de la estafa a la Hacienda Foral de Guipúzcoa (desde aquí se puede descargar un dossier de prensa sobre el caso).

La empresa que en la actualidad gira con la denominación LAYOS CASA CAMPO SA, con un capital suscrito y desembolsado de 2.607.778,80 € – reducido recientemente a la mitad – Y con domicilio en la Crta de Toledo a Piedrabuena, Km 12,500 en el término municipal de Layos, Toledo; es el resultado de la fusión de una primera compañía, también denominada LAYOS CASA CAMPO SA y de LC RES SA, fusión que se formaliza el 6 de octubre del 2004.

Su actual consejo de administración es una prueba de que los tentáculos “malayos” han hecho presa en la provincia de Toledo y eso suponiendo que no haya que cambiar de perspectiva y considerar que la trama marbellí no es el centro de la red, sino otro más de sus nodos, conectado con un un punto de control aún indeterminado pero que se va dibujando cada vez con más nitidez y que se despliega por Murcia, Valencia, Toledo, Madrid, Malaga, Guipúzcoa, Avila, Zaragoza, etc.

El edificio madrileño Torre Europa

El presidente de LAYOS CASA CAMPO es, naturalmente, Miguel de Oriol e Ybarra. Como consejeros están sus hijos Miguel, Carmen y Pedro de Oriol e Icaza pero, además, también es consejero de la empresa Francisco Javier Arteche Tarascón (véase aquí un escueto resumen de sus correrías) Y consejero delegado, Luis María Maya Galarraga, otro de los “cabecillas” de la “trama vasca“. El resto del consejo está formado por las siguientes personas:

SARRIA OSES, JUAN MIGUEL. Consejero

ARALUCE LOPEZ, LUIS EMILIO MARIA, Consejero.

RODRIGUEZ ARAUZO, JULIO. Apoderado

PROTA VILLACAÑAS, ELENA. Apoderado.

ANSOALDE ASTIAZARAN, IMANOL, Secretario.

PROTA VILLACAÑAS, ELENA. Vicesecretario.

En cuanto a LC RES SA. empresa que se fusiona con la inicial LAYOS CASA CAMPO SA, los datos de que se dispone no hacen otra cosa que reforzar la prueba de la ya antigua relación entre Oriol e Ybarra y los miembros de la “trama vasca“. El presidente de LC RES, desde 1999 fue Miguel de Oriol e Ybarra. Sus consejeros fueron Miguel de Oriol e Icaza, Luis María Maya Galarraga, Francisco Javier Arteche Tarascón y, también, Miguel de Oriol e Ybarra. Apoderados lo fueron Julio Rodríguez Arauzo y Luis Maya Galarraga. El Cargo de Consejero Delegado lo ocupó Luis María Maya Galarraga y el de secretario, José Victor Arrizabalaga Goñi.

Ninguno de estos nombres es para pasar de largo sobre él y todos juntos conforman una estructura que se extiende por Toledo y sus alrededores pero, de momento, vamos a seguir una sola de las líneas que confluyen en Layos.

El secretario de LAYOS CASA CAMPO SA, Inmanol Ansoalde Astiazarán pertenece a la consultora ALT ASESORES. Esta consultora también está ligada a la “trama vasca“. Comprobadas las inscripciones registrales, consta que la mercantil LINARES & KINKEL SL desempeñó los cargos de administrador, consejero delegado y presidente de ALT ASESORES hasta el 26 de febrero de 2004. A su vez, LINARES & KINKEL está administrada por Luis Fernando Linares Torres (recientemente detenido en relación con la Operación Astapa) por José Ignacio Sánchez Baranda y por María Eugenia Yeregui Kinkel, quien también es propietaria de la sociedad YEREGUI DESARROLLO SL y, en términos generales, socio habitual de Javier Arteche, de Maya Galarraga y de Aguirre Iguíniz, es decir, miembro señero de la “trama vasca“, como se puede comprobar en esta noticia.

Luis Fernando Linares Torres, detenido durante la Operación Astapa

Sobre ellos, El Diario Vasco publicaba lo siguiente: “El abogado –esto es, Luis Fernándo Linares Torres– es fundador y socio-presidente de Linares & amp abogados, que tiene tres bufetes: en Donostia, Madrid y Zaragoza. El despacho cuenta con otros dos socios: María Eugenia Yeregui y José Ignacio Sánchez, que compartían también responsabilidades en el Grupo Meyluna“, Grupo que está implicado en el Caso Valle Romano.

Pero no terminan aquí los lazos de ALT ASESORES con lo que el Juez Miguel Angel Torres llamó una “organización criminal dedicada a una multiplicidad de conductas delictivas”, es decir, con la trama de Juan Antonio Roca —suponiendo, que es mucho suponer, que la verdadera cabeza de esa trama sea Roca— Puesto que en esta empresa también están presentes Iñigo Arruti Narvaiza, apoderado de la mercantil AGUIRENE, cuyo administrador único es Agustín Aguirre Iguíniz, miembro a su vez muy destacado de la “trama vasca” y que, por ejemplo, a través de AGUIRENE pagaba las facturas de una visa oro utilizada por Montserrat Corulla (véase la noticia aquí) Testaferro de Juan Antonio Roca, según ella misma ha reconocido en las declaraciones que constan el el sumario de la Operación Malaya.

Igualmente, aparecen en la administración de ALT ASESORES, Iñaki Ansoategui Fernández de Arroyabe, técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, así como administrador único de EUSMA GESTIÓN SLhecho que enlaza con el caso de la estafa a la Hacienda Foral de Guipúzcoa– Y Jesús María Jiménez Oruna, que en 1998 fue nombrado Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipuzcoa, y administrador único de la mercantil PROMONAGÜELES S.L.

Manuel González Sánchez-Dalp

La empresa PROMONAGÜELES, por supuesto del gremio de la construcción, está extinguida actualmente, pero los datos que constan en el Registro Mercantil demuestran que que los administradores de esa sociedad fueron el citado Jiménez Oruna y, antes de él, Manuel González Sánchez-Dalp, presunto testaferro de Roca, procesado junto a su hermano Ignacio por el Caso Malaya y para quienes se decretó una fianza de 2.000.000 de €.

En el Tomo IV del Sumario Malaya consta un informe de la UDEF-BLA (Unidad de Delincuencia Económia y Fiscal) “sobre las actividades relacionadas con el blanqueo de dinero de Juan Antonio Roca Nicolás y determinadas personas que actúan para él como sus testaferros“.

En la página 37 de ese informe aparece un organigrama de las entidades dependientes de la mercantil INMOBILIARIA AHUCA SL., cuya propiedad se atribuye a Roca. Una de las entidades dependientes de INMOBILIARIA AHUCA es, precisamente PROMONAGÜELES SL. Sobre esto, en el informe se lee lo siguiente:

“Según información facilitada por la AEAT, Inmobiliaria Ahuca SL, es titular de 250 participaciones de la mercantil PROMONAGÜELES SL (B92017987) Por compra a Manuel González Sánchez-Dalp, amigo de Roca y del que se hablará posteriormente en relación con PERINAL y el CORTIJO LA CARIDAD. En este mismo ejercicio la entidad PROMONAGÜELES SL declara ventas a OBARINSA SA (A20476669) por 522.880,53 €“.

El presidente de OBARINSA, hoy disuelta, era Javier Arteche Tarascón. Es de notar, no obstante, que la empresa con su patrimonio no ha desaparecido, sino que se pretendió escindir en dos nuevas sociedades pendientes de constitución: OBARINSA SL y BURNIBERRI. La primera de ellas volvió a ser disuelta y la segunda parece no haber llegado a constituirse, pero todo indica que su patrimonio sigue en manos del entramado “vasco-malayo”.

ALT ASESORES también está presente en la documentación obrante en el Sumario Malaya. En el Tomo LXVII de las Previas 4796/2005, consta un informe de la Brigada de Delincuencia Especializada de la policía judicial en el que se da cuenta, entre otras muchas cosas, de cierta documentación intervenida a Salvador Gardoqui Arias, presunto testaferro de Roca. Entre esa documentación aparece un informe de ALT ASESORES – folio 19.612 del Sumario- sobre las “obligaciones para las empresas que realicen actividades inmobiliarias derivadas de las medidas de prevención de blanqueo de capitales” .

Ignacio González Sánchez-Dalp

Se da la circunstancia de que, en el mismo informe citado, se hace referencia a la intervención de un contrato que estaba en poder de Gonzalo Astorqui, entre Julio Blasco Bazo Garrido, en representación de MASDEVALLÍA, y CCF21 -ambas, empresas que la investigación considera propiedad de Roca– fechado el 20 de julio de 2005, por el que ambas partes acuerdan retrasar el vencimiento previsto para ese día. Se trata al parecer de la compra de dos terrenos denominados “Los Verdiales Norte” y “Ave María“, por los que se llegó a pagar un precio de 2.520.000 €.

Sobre este caso, El Confidencial, publicó lo siguiente:

El magistrado ha ordenado tomar declaración como imputados en relación con la operación Ave María, además de a Arteche, a Roca, al ex alcalde Julián Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor y al abogado Francisco Soriano -también procesados por el Caso Malaya-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora. En relación con las actuaciones urbanísticas sobre la parcela Francisco Norte, tendrán que comparecer como imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Marisol Yagüe.

El magistrado señala que en la operación Ave María el Ayuntamiento firmó un convenio en septiembre de 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que el consistorio cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros“.

El hotel Alba de Layos, en el campo de golf de Arteche y Oriol

El hotel Alba de Layos, en el campo de golf de Javier Arteche y Miguel Oriol

Por otro lado, CAJA CASTILLA-LA MANCHA no está muy lejos de todo esto. De la financiación de las promociones inmobiliarias del campo de golf de Layos, se hablará en su momento, pero ahora hay que hacer referencia a una coincidencia significativa.

En el campo de golf de Layos, como ya he dicho, hay construidos dos hoteles. El que ahora interesa es el llamado BARCELÓ ALBA DE LAYOS. Las obras de construcción de este hotel las realizó PEYBER, es decir, la empresa del aparejador municipal de Carranque que, con CCM y con Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado —los socios de Enrique Ventero en Los Alcázares— en el correspondiente consejo de administración; desarrolla el campo de golf de Carranque.

Pues bien, la obra del citado hotel le fue encargada a PEYBER por la empresa GERENS MANAGEMENT GROUP, denominada actualmente GERENS HILL INTERNATIONAL. En esta empresa dedicada a la gerencia de proyectos, aunque tampoco hace ascos a la construcción; participan varias cajas de ahorro de las cuales, las principales son Caja Avila —también asociada a Enrique Ventero en sus proyectos de Los AlcázaresEL MONTE-Caja Sol, cuyas conexiones con implicados en la Operación Malaya han sido ampliamente puestos de manifiesto por los medios de Comunicación y, como al parecer no podía ser de otra manera, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN, entidad dependiente de CCM, la misma Caja asociada a Ventero en Los Alcázares, la misma que prestó 40 millones de € a las empresas MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, ambas propiedad de Roca, y la misma que, también, prestó el dinero a Roca para la compra del Palacio de Saldaña, en Madrid.

Indudablemente, esto sitúa al campo de golf de Layos y a las empresas relacionadas con ese proyecto, en un contexto considerablemente polémico. Ahora habrá que ver cuál es el entorno político y financiero de estas operaciones, pero de momento todo indica que uno de los círculos más selectos de la Trama Malaya ha acampado en Toledo.

Sin duda, tengo que ratificarme, nuevamente, en lo ya dicho: Alejandro Pompa puede no ser luminoso, pero es un extraordinario “conductor de luz”.

Tofiño y la urdimbre de las carreteras de Toledo

Posted in PEYBER, Tofiño by Die Rote Kapelle on 16 agosto 2008

Ya es más que conocida, por la repercusión que tuvo en los medios de comunicación (desde “El País” hasta “El Mundo”, pasando por ABC o la revista “Epoca”) La concesión por parte de la Diputación Provincial de Toledo, presidida por José Manuel Tofiño Pérez, de la reparación y mantenimiento de las carreteras de la “Zona 2” de la provincia de Toledo (27 millones de Euros) a un empresa (CONCESIONARIA BERVIA) Inscrita en el Grupo PEYBER, el mismo dentro del cual, también, su hijo José Manuel Tofiño Arrogante, constituyó en las mismas fechas y recién terminados sus estudios, otra empresa: SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS SL, de la que los hermanos Peinado y Bermejo (Gallego Peinado y Díaz Bermejo) Poseían el 60% y, en consecuencia, el hijo de Tofiño, el 40%.

Por el contrario, el escrutinio de los otros concesionarios del proyecto de Tofiño, es decir: CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA y CONSTRUCCIONES NICOLÁS GÓMEZ E HIJOS, ha tenido mucha menos repercusión, si es que ha tenido alguna, aunque este silencio, posiblemente, cambie en un futuro próximo y eso a causa de ciertos acontecimientos ocurridos lejos de Toledo. Concretamente, en Extremadura.

Construcciones García-Lozoya, Peyber y las empresas de Aurelio González Villarejo.

La relación de la mercantil CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, adjudicataria del contrato de reparación y mantenimiento de las carreteras de la Zona 3 de la provincia de Toledo, con el Ayuntamiento de Toledo, presidido por Emiliano García Paje, famulus de José Bono desde sus comienzos en Castilla-La Mancha, merece un capítulo propio y así se hará, pero en este momento interesa más cierta alianza mercantil que implica a empresas del Grupo de Aurelio González Villarejo y de su socio Román Conde Alonso, a PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. y a la propia CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA.

En Illescas, esto es, en el ámbito más inmediato del poder político de José Manuel Tofiño Pérez, se está realizando desde el año 2003 un importante desarrollo de suelo industrial conocido como “Las Cárcavas” I, II, III, IV y V. La adjudicación de tales PAUs industriales ha correspondido a una Unión Temporal de Empresa (UTE) Formada por PROMOCIONES GONZALEZ SA, es decir, Aurelio González Villarejo, y por PROMOCIONES CONDE SAIFE SL, esto en lo que se refiere a “Las Cárcavas” I, II, y III; y a DESARROLLOS URBAPLANING S.L. (con los hijos de González Villarejo y con Román Conde Alonso en su administración) En lo relativo a “Las Cárcavas” IV y V.

Según la información mercantil disponible, la UTE formada por PROMOCIONES GONZALEZ y PROMOCIONES CONDE SAIFE, otorgó, por un montante de 15 millones de Euros, las obras de urbanización de la promoción industrial “Las Cárcavas” a otra UTE formada por CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA SA, la sociedad a la que Tofiño, es decir la Diputación de Toledo, adjudicó la Zona 3 de las carreteras de la provincia, y por PEYBER HISPÁNICA SL, esto es, la empresa del aparejador municipal de Carranque, Jesús María Gallego Peinado, de su hermano Miguel Ángel y de los hermanos Díaz Bermejo, quienes también, como se sabe, resultaron beneficiarios de la adjudicación de la Zona 2 de las mismas carreteras al tiempo que creaban una sociedad con el hijo de Tofiño.

Esto ya pone de manifiesto las buenas relaciones existentes entre aquellos que se hicieron con los contratos derivados de la iniciativa de “Jose” (como le llaman los cercanos) Tofiño Pérez, pero hay un hecho más que tiene significación importante. El gerente de la UTE CONSTRUCCIONES ANTOLÍN etc. y PEYBER, es Mariano Viejo Cogolludo y no tiene ningún cargo en CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, pero sí es consejero de CONCESIONARIA BERVIA SA. la empresa del grupo PEYBER que, al 50% con COPCISA INDUSTRIAL, fue la adjudicataria nominal de la Zona 2 de las carreteras de Toledo; apoderado de PEYBER HISPÁNICA SL; apoderado de FCC CONSTRUCCIÓN y ex apoderado de DRAGADOS SA.

Dicho de otra manera, Mariano Viejo Cogolludo es el hombre de las hermanas Koplowitz en PEYBER, las mismas hermanas Koplowitz, propietarias de AQUALIA; tan estrechamente asociadas a Luis Portillo, a Aurelio González Villarejo, a los hermanos Antonio y Domingo Díaz de Mera y, como se verá pronto, a Juan Gracia Jiménez, a su vez, estrechamente relacionado con Enrique Ventero Terleira, el detenido e imputado en la Operación Malaya.

Ahora bien, establecida esta integración de PEYBER en el círculo formado por Luis Portillo, las Koplowitz, Aurelio González Villarejo, Antonio y Domingo Díaz de Mera, CCM y Juan Gracia Jiménez, cuyos caminos parecen confluir siempre en negocios, más o menos, inmediatamente relacionados con el Caso Malaya, es necesario volver a la UTE formada por PROMOCIONES GONZÁLEZ y PROMOCIONES CONDE SAIFE.

La mercantil PROMOCIONES CONDE SAIFE SL se constituyó el 3 de marzo de 1997 y, actualmente tiene como administrador único a María Emma Saife Conde y como apoderado a Román Conde Alonso que fue nombrado como tal el 11 de mayo de 2000. Ambos son accionistas de la compañía.

Otra de las empresas de Maria Emma Saife Conde es PROMOCIONES Y OBRAS SATER SL (B45319027) en cuyo consejo de administración descubrimos un apellido al que hay que prestar atención, el de Maria Emma Saife Ron y digo que hay que poner atención en el apellido Ron, porque Román Conde Alonso, que también es administrador de PROMOCIONES Y OBRAS SATER SL., preside la mercantil INMOPROMOCIONES ILLESMAD S.L. (B45421088) En cuyo consejo de administración está el propio Román Conde, Pedro Arsuaga Chabot y Rodolfo Antonio Cabezas Ron.

A su vez, Rodolfo Antonio Cabezas Ron consta como ex administrador y como socio de NUEVA EMPRESA INFORMÁTICA SL (ARRESE) con CIF: B80717192, empresa implicada desde 1998 hasta 2001, fecha en la que el caso salta a la prensa, en lo que entonces se llamó un “posible fraude en la expedición de títulos de formación ‘falsamente’ avalados por la Universidad Politécnia de Madrid” (La Razón, 1 de mayo de 2001) Igualmente, según la información publicada (que se puede descargar desde aquí y desde aquí) También estaba implicado en este caso de presunto fraude, Pedro Asuaga Chabot, el otro socio de Román Conde Alonso en INMOPROMOCIONES ILLESMAD SL, si bien es cierto que Cabezas Ron habí cesado en sus cargos dentro de Arrese en octubre del 96 y Arsuaga hizo lo propio en octubre del 94.

El asunto, afectó a IBM y a la Universidad Politécnica de Madrid, a más de un centenar de academias y centros de formación y, según fuentes de la propia IBM, a 78.000 alumnos, que pagaron entre 50.000 y 275.000 Pts., de las de entonces, por títulos falsamente avalados por la Universidad. La cuantía total de la presunta estafa fue cifrada por la prensa en más de 2000 Millones de Pts (más de 12 Millones de €)

No obstante, pese a que los hechos reunían elementos que hacían pensar en un posible delito de estafa masiva y de falsificación de documentos públicos y mercantiles, el asunto no parece que llegara muy lejos en los tribunales, si se descarta la reclamación civil por incumplimiento de contrato de algunos de los afectados, como es el caso que se pone de manifiesto en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 94/2004, de 17 de febrero, que se puede descargar desde aquí.

En la actualidad, sobre esta empresa cuyos cargos activos son Juan Carlos Serna Sturla (administrador único) y Isidro Redondo Arconada (apoderado) Pesa un embargo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en base a reclamación fechada el 25 de abril de 2008 y publicada en el B.O.E. Nº 111, de fecha 07/05/2008, página 219.

Las familias Ron y Conde, por su parte, parece que se han alejado del negocio de la informática, que da más disgustos que satisfacciones, y se han centrado en el de la construcción, aunque esto último tampoco parece estar libre de calamidades.

De hecho DESARROLLOS URBAPLANING S.L. (sirva esto de aviso a navegantes) Cerró el ejercicio 2006 con pérdidas, con unos ratios de rentabilidad pésimos y con un endeudamiento de 19.506.669,79 € sobre un patrimonio neto de 2.669.834,26 €. Una situación fea teniendo en cuenta que estos números corresponden al ejercicio 2006, muy lejos aún del fiasco ladrillesco que se vive en la actualidad, por lo que es de suponer que tanto a Aurelio González Villarejo, como a Román Conde Alonso y a sus socios de PROMOCIONES CONDE SAIFE S.L., los dedos se les hagan huéspedes a la espera del plan de viviendas público-privadas de Barreda.

Los hombres del ex presidente Ibarra y Construcciones Nicolás Gómez e Hijos.

El pasado 29 de julio del 2008 el diario “El Mundo” se refería a un posible trato de favor a la mercantil ECONISA por parte de la Junta de Extremadura y titulaba la noticia (los textos completos se pueden descargar desde aquí) de la siguiente forma: “Suspende pagos una constructora vinculada a ex altos cargos del PSOE extremeño y deja tres vías sin acabar”. El periódico añadía que “el ex presidente socialista regional, Federico Suárez, presidía la firma ECONISA mientras el grupo recibía una adjudicación pública de 19 millones de €. La concesionaria estatal la dirigía un ex secretario de la Junta”.

La mercantil ECONISA pertenece a CONSTRUCCIONES NICOLÁS GÓMEZ E HIJOS. Ambas empresas, la filial extremeña y la matriz toledana, acaban de entrar en “concurso de acreedores”, figura jurídica que actualmente aglutina las antiguas “quiebra” y “suspensión de pagos”, lo cual ha producido cierta perplejidad puesto que, por ejemplo, la Junta extremeña había adjudicado a ECONISA contratas por valor de 53 millones de € en los últimos 18 meses, sin contar con que Tofiño (léase Diputación Provincial de Toledo) Por su parte, también adjudicó a la matriz toledana la reparación y mantenimiento de la “Zona 1” de las carreteras de Toledo por un valor total de 36.224.918,90 €.

Lo que ya no produce tanta sorpresa es la buena fortuna de esta empresa, CONSTRUCCIONES JUAN NICOLÁS GÓMEZ E HIJOS, en lo que se refiere a ganar concursos públicos y obtener contratas millonarias concedidas por ciertas instituciones públicas, si se tiene en cuenta la confusión producida entre sus cargos directivos y los políticos que gobiernan esas instituciones.

Este es el caso de Federico Suárez, quien compatibilizó el cargo del Presidente del PSOE extremeño con la presidencia de la mercantil ECONISA entre, según informa “El Mundo”, el 8 de febrero y el 4 de abril de 2008.

Este breve plazo fue, no obstante, muy rentable ya que durante esos dos meses el grupo Juan Nicolás resultó adjudicatario de, al menos, dos contratas millonarias: Una consistió en la adjudicación por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo de las obras de reforma de caminos en el río Alagón, por valor de 225.974 €.

La otra es mucho más significativa. Al citado grupo empresarial se le adjudicó una obra de acometida de aguas en Ciudad Real (recordemos, base de operaciones de los hermanos Antonio y Domingo Díaz de Mera y provincia natal del Presidente Barreda) Por valor de 19 millones y medio de €.

La importancia de esta contrata no es sólo económica. También delata la amalgama entre empresas y hombres públicos de Castilla-La Mancha y Extremadura. El contrato de 19,5 Millones de € se concedió a CONSTRUCCIONES JUAN NICOLÁS E HIJOS a través de la empresa pública HIDROGUADIANA, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que tiene su sede central en Mérida y de la que es Director General Luis Arjona Solis que, a su vez, fue Consejero de Hacienda de la Junta de Extremadura hasta junio de 2007, la misma fecha en la que Federico Suárez (presidente de ECONISA) Abandona el cargo de Presidente del Parlamento Regional.

Pero no acaban aquí los lazos entre empresa y Administraciones Públicas. Otros directivos de CONSTRUCCIONES JUAN NICOLÁS igualmente tienen que ver con la política extremeña (y habrá que comprobar, si toledana) Dos ex altos cargos del Gobierno extremeño también ingresaron en la dirección de las empresas del Grupo.

Antonio Félix Rozas Bravo, ex Director General de Infraestructuras de la Junta de Extremadura entre 1999 y 2003, es ahora vicepresidente de la quebrada ECONISA y apoderado de CONSTRUCCIONES JUAN NICOLÁS E HIJOS y, según El Mundo, “también trabajaba para el Grupo, hasta hace unos días, el ex Director General de Medio Ambiente y diputado regional, Antonio Castañares, que ha sido consejero durante varios años de otra filial del Grupo constructor, AHICA SL”.

Todos estos hechos ya inducen una vehemente sospecha, pero no son los únicos. El mismo diario publicaba el día 4 de agosto de este año otra noticia relevante relacionada con lo anterior: “La constructora extremeña vinculada al PSOE tiene como apoderado a un implicado en el ‘Caso Ollero‘”, caso relacionado con las tramas de financiación ilegal del PSOE durante los años 90.

Dicho de otra manera, ECONISA, la empresa inscrita en el Grupo de Juan Nicolás Gómez, tiene como apoderado a Luis Nogueira Miguelsanz, director financiero de OCISA, “una constructora que según sentencia del Tribuanl Supremo, se adjudicó las obras de una carretera en Málaga tras pagar comisiones a Jorge Ollero, director general de Carreteras en 1991, que fue cesado por Manuel Cháves”.

Aquellos hechos terminaron en condena ratificada por el Tribunal Supremo, si bien, las partes implicadas recurrieron la licitud de las grabaciones telefónicas utilizadas como prueba y, en octubre de 2003 el Tribunal Constitucional ordenó la repetición del juicio con exclusión de dichas grabaciones. Con las cosas así, sin poder hacer uso de las escuchas telefónicas, se perdieron las únicas pruebas de cargo disponibles y el Tribunal se vio obligado a absolver a los acusados, pero, en todo caso, el proceso, al margen de los defectos formales en la obtención de pruebas, no contradijo los hechos en los que la anterior sentencia se había fundado.

Así que, con estos datos y todos los demás que día a día van saliendo a la luz ¿no habrá que preguntarse qué tienen José Bono y sus allegados, que tantos y tan singulares personajes “su amistad procuran”?

Riolobos se pregunta por los "intereses ocultos" de Barreda

Según un despacho de Europa Press hecho público hoy, Carmen Riolobos se pregunta por los “intereses ocultos” que hay tras la “ocurrencia” de Barreda (un presidente al que bien se podría tener como fiduciario del consejero vitalicio José Bono, dicho esto, siempre, en términos políticos, faltaría más) De comprar con dinero público, es decir, con el de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, las viviendas que los promotores castellano-manchegos no están consiguiendo vender.

La señora Riolobos se pregunta por los beneficiarios de la “ocurrencia” de Barreda y también si está en las intenciones de este señor, de Barreda quiero decir, comprar al “Pocero” las viviendas que vegetan en el PAU del Quiñón, en Seseña. Es una buena pregunta, sin duda: Cui prodest…, pero insuficiente. Hay que concretar más si es que el PP de Toledo quiere abandonar la preocupante conducta omisiva con la que ha tolerado lo intolerable durante el último lustro. Veamos alguna de esas preguntas “más concretas”:

¿Qué hacen Juan Tomás Vidal, antiguo Director General de Hacienda, bajo la responsabilidad de Hernández Moltó, consejero entonces del mismo ramo, durante los gobiernos de José Bono; compartiendo administración en varias de las empresas del Grupo VEMUSA, el de Enrique Ventero Terleira, detenido e imputado en la Operación Malaya?.

¿Qué hace ese mismo Juan Tomás Vidal, junto con José Luis Rodríguez Holgado, compartiendo consejo de Administración con los hermanos Bermejo-Peinado (PEYBER) En la mercantil VILLA ROMANA GOLF, en Carranque?

¿Por qué José Manuel Tofiño Arrogante, hijo de Tofiño Pérez, alcalde de Illescas y presidente de la Diputación de Toledo, creó una sociedad junto con los hermanos Bermejo-Peinado (PEYBER) De forma simultánea a la tramitación y adjudicación de la contrata de mantenimiento de carreteras de la zona 2 de Toledo por un montante de 27 millones de Euros?

¿Por qué Tofiño Pérez, alcalde de Illescas, ha permitido que el hormigón de su amigo Carlos Durán Sánchez y de PEYBER, destruya un yacimiento arqueológico visigodo en la zona del arroyo de Bohadilla, en Illescas?

¿Cuál es el papel, en Illescas y en Carranque, de Aurelio González Villarejo, empresario de la construcción, amigo personal de José Bono y estrechamente relacionado con Juan Gracia Jiménez, administrador de PEINSA-97, empresa que ha salido a relucir en los principales casos de corrupción denunciados en Murcia, también en los vinculados a la operación Malaya?

¿Por qué Tofiño Pérez y Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque ahora imputado por delitos de corrupción, han dado o están dando la gestión del agua de Illescas y de la Sagra Alta a AQUALIA, empresa del grupo FCC, el de Alicia Koplowitz, la misma que acompañó a Aurelio González Villarejo y a Domingo Díaz de Mera, en el desembarco en COLONIAL, de la mano del ahora “despedido” Luis Portillo?

¿Hay más relaciones entre González Villarejo y la CCM, es decir, Hernández Moltó, y cualquiera de los implicados en la Operación Malaya?

¿Tiene Tofiño Pérez o cualquiera de los miembros de su familia, alguna relación con la mercantil URBAN CASTILLA-LA MANCHA, una de las firmantes del convenio de soterramiento de la vía férrea de Illescas?

¿Tiene la CCM alguna vinculación con CAJA SOL o con alguna de sus empresas relacionadas, Caja de Ahorros esta, que ha sido vinculada por la prensa con la trama vasca de la Operación Malaya o con directos implicados en dicha Operación?

¿Tiene la mercantil URBAN CASTILLA-LA MANCHA algún nexo con las empresas incluidas en la llamada “trama vasca” del caso Malaya?

¿Piensa Barreda comprar algunas de las 24.000 viviendas que Tofiño impulsa en Illescas y cuyos promotores principales son CARVIER (Carlos Durán Sánchez) DESARROLOS URBAPLANING-Grupo G.V. (Aurelio González Villarejo) y URBAN CASTILLA-LA MANCHA (Miguel Angel González Resino, en la primera foto de esta página)?

Para responder a todas estas preguntas y a otras muchas que son pertinentes, ya he dado algunos datos en esta página, y daré más, sin la menor duda. Entre tanto copio aquí, la nota publicada por Europa Press:

“Riolobos criticó la demagogia del vicepresidente primero, Fernando Lamata, al decir que los beneficiados serán los demandantes, ‘cuando sólo él y el señor Barreda saben realmente quien se va a beneficiar. No quieren que se conozca la verdad’. Asimismo, se preguntó ‘qué esconde y qué oculta’ el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, detrás de ese documento, informó el PP en nota de prensa. ‘Firmar un plan sin que lo conozcan los legítimos representantes de la voluntad ciudadana –los diputados del Parlamento regional– no solamente es dudoso y malévolo, sino una práctica que repugna a la democracia y al derecho de los ciudadanos a conocer la verdad’, señaló Riolobos. La portavoz del PP se preguntó si en las viviendas que la Junta comprará a los promotores se incluyen también las viviendas de ‘El Pocero’ en Seseña (Toledo) que se han quedado sin vender y donde sobran ‘muchos miles‘, ya que, si el Ejecutivo autónomo se convierte en la mayor inmobiliaria de la región ‘hay muchas dudas en el aire y mucho interés oculto’ y los ciudadanos, también el medio millón de ellos que vota al PP, tienen derecho a conocer la verdad. ‘José María Barreda está gobernando de espaldas a las instituciones y a los ciudadanos, pasa de consentir el urbanismo salvaje de su amigo ‘El Pocero’ a actuar como promotor inmobiliario que venderá viviendas más caras que las VPO. ¿Por qué no hace viviendas protegidas, más baratas?. Actúa como cuando se subió el sueldo de forma escandalosa o cambió la Ley Electoral de manera unilateral para poder perpetuarse en el poder’, declaró“.

Se presenta nueva denuncia contra PEYBER ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid

Posted in Escombreras, PEYBER, Villaverde by Die Rote Kapelle on 28 febrero 2008

Ayer, día 26 de febrero de 2008, MANOS LIMPIAS interpuso denuncia ante la FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE DE MADRID contra Ricardo Díaz Bermejo, consejero delegado del conglomerado inmobiliario PEYBER; contra la Concejal de Urbanismo de Madrid, Pilar Martínez; y contra el Director General de Calidad Medioambiental de la Comunidad de Madrid.

La denuncia trae causa de la concesión de licencias para la construcción de una planta de reciclado de escombros en el distrito madrileño de Villaverde, a escasos cien metros de zonas habitadas.

Aquí ya he dado noticia del hecho y de la, al menos aparente, capitulación sin condiciones de la mercantil CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L., empresa incluida en el grupo PEYBER.

Después de meses de protestas y movilizaciones por parte de los vecinos de Butarque y Villaverde contra la escombrera, después de que PEYBER-CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES denunciara e interpusiera varias querellas contra los presidentes de las AA.VV de la zona afectada y después de que, desde la CAM y desde el propio Ayuntamiento de Madrid, se asegurara que la instalación de la trituradora de escombros era irremediable; tanto el Ayuntamiento como la CAM anunciaron, inopinadamente, que se abandonaba el proyecto. Poco después surgió la noticia de la retirada de las acciones judiciales emprendidas por los Peinado-Bermejo y sus socios.

Todo ello, posiblemente sin otra relación que la mera casualidad, vino a coincidir, más o menos, con el inicio de la OPERACIÓN GUATEQUE, que llevó a prisión a varios funcionarios del área de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, por su presunta implicación en una red de corrupción relacionada con la tramitación de licencias municipales.

Sin embargo, la insólita retirada de PEYBER no puede borrar el hecho de que la escombrera contaba con las oportunas licencias a pesar de lo que, a todas luces, parecía ser una manifiesta vulneración de la legalidad comunitaria, estatal y europea, y eso es suficiente para que el caso sea investigado en profundidad.

Es de resaltar también, que Pilar Martínez, actual concejal de urbanismo de Madrid, fue en su día alcaldesa de Villaviciosa de Odón. Lo fue, precisamente, en la misma época en la que el ahora imputado por la OPERACIÓN MALAYA, Enrique Ventero Terleira, obtuvo la cesión de terrenos privilegiados para la construcción del CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO ONCOLÓGICO.

La cesión de dichos terrenos se hizo acordando en el convenio una cláusula de reversión para el caso de que el centro oncológico no llegara a ponerse en funcionamiento. Eso, exactamente, es lo que ha ocurrido pero el actual Ayuntamiento de Villaviciosa se ha encontrado con los terrenos del CITO vendidos a cierta mercantil y con la imposibilidad de hacer efectiva la citada cláusula de reversión.

De todas formas, el caso de Ventero Terleira y de sus negocios en Villaviciosa merece más atención y, en breve, la recibirá.

La conexión malaya I. Peyber, Vemusa y la CCM

Posted in Carranque, Conexión Malaya, Operación Malaya, PEYBER, Pompa, VEMUSA by Die Rote Kapelle on 14 febrero 2008

En España hay registrados más de cuatro millones de profesionales y de sociedades mercantiles. Con estos números la probabilidad de que en Carranque, una localidad que difícilmente llega a los tres mil habitantes censados, tengan intereses o conexiones orgánicas personas o entidades directamente relacionadas con los procedimientos judiciales por corrupción que se están instruyendo en el territorio nacional es ínfima, casi milagrosa, rayana con lo imposible si tales conexiones obedecieran al imperio de la pura casualidad.

Así pues ¿encontraremos en Carranque y en Illescas relaciones societarias e intereses mercantiles, comunes con personajes o empresas implicadas en los casos de corrupción, por ejemplo, de Marbella o de Murcia? Desde luego, parece mucho más fácil enriquecerse jugando a la ruleta y, sin embargo, esas conexiones existen.

Villa Romana Golf, la sociedad mediante la que PEYBER, la empresa del aparejador municipal de Carranque, se ha hecho con un PAU de un millón de metros cuadrados en esta localidad, comparte socios y administradores con otra de las constructoras de uno de los principales imputados en el Caso Malaya y, además, también comparte con el grupo inmobiliario de ese mismo imputado, los servicios de las hermanas Abascal, supernumerarias del Opus Dei y especialistas en “comunicación de crisis”, que con tanta tenacidad intentaron, en su día, convencer a los medios de comunicación de la inocencia de PEYBER y Pompa.

El grupo Vemusa.

Enrique Ventero Terleira es el presidente del grupo inmobiliario VEMUSA. La principal de las sociedades del grupo es la mercantil VENTERO MUÑOZ S.A. en cuyo consejo de administración constan: Enrique Ventero Terleira, Félix Enrique Ventero Muñoz, Álvaro Ventero Muñoz, Guillermo García-Mauriño Ruiz-Berdejo, Joaquín Ventero Muñoz, Javier Ventero Muñoz y Elsa Ramírez Hidalgo.

1. El grupo incluye, además de a la citada, las siguientes sociedades:

2. Centro de Investigación y Tratamiento Oncológico S.A. (ahora en liquidación, ya veremos por qué y en qué circunstancias)

3. Viviendas Empresariales Madrid Urbano S.L.

4. Ventero Muñoz Internacional S.A.

5. Golf Torre del Rame S.L.

6. Promociones Miralfoz S.L.; Miralgredos S.L.

7. Construcciones Nuevo Ambles S.L.

8. Mirador del Calderón S.L.; Velada Hoteles S.L.

9. Inversiones Berkano S.A.

10. Telecomunicaciones Ventero S.L.

11. Las Dehesillas de Cebreros S.A.

12. Las Lomas de Pozuelo S.A.

13. Inmovemu S.L.

14. Cebravila S.L.

15. Puerta de Gredos S.L.

16. Cárnicas Sierra de Gredos S.L.

17. Venterosur S.L.

18. Astragest Integral S.L.

19. Gestiones Hervemu S.L.

VEMUSA, a través de estas sociedades, tiene intereses, entre otras zonas, en Madrid, Villaviciosa de Odón, Marbella, Los Alcázares (Murcia) etc. etc. Precisamente, esos intereses en Marbella fueron los que han convertido a Enrique Ventero Terleira en un personaje famoso.

Enrique Ventero y Juan Antonio Roca.

Enrique Ventero, empresario hecho a sí mismo y cuyos comienzos se sitúan en Cebreros, Ávila, fue llevado preso el día 27 de junio de 2006 por orden del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella en el contexto de la segunda fase de la Operación Malaya. Después sería puesto en libertad bajo fianza de 300.000, una de las cantidades más altas impuestas a los imputados por el caso de corrupción marbellí, pero antes se le tomó declaración, la primera vez el 30 de junio de 2006, dos días después de su detención; y la segunda, el 27 de febrero de 2007.

En su declaración de 30 de junio de 2006, Ventero reconoce, claro está, ser administrador de VEMUSA y añade que “…en Marbella únicamente han desarrollado el suelo en el Pinar II” y, después de dar distintos datos sobre esta “promoción”, añadía que “en numerosas ocasiones ha hablado con el Sr. Roca que a partir de septiembre le ha llamado continuamente diciéndole que ya estaba todo aprobado y pidiéndole el dinero del convenio para el Ayuntamiento.

El Sr. Roca nunca le ha pedido que le pague a él ninguna cantidad, ni tampoco el declarante le ha pagado nunca nada.

No se explica por qué el Sr. Roca ha podido hacer constar en su contabilidad que hubiera podido recibir dinero de él”.

Después de este interrogatorio, se produce como he dicho, una “ampliación de declaración del imputado Enrique Ventero Terleira” el día 27 de febrero de 2007, en la que manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente:

Que no es cierto que haya tenido negocios con el Sr. Roca al que nunca ha comprado ni vendido nada. Tampoco nunca ha pagado ninguna comisión al Sr. Roca.

Es cierto que el declarante tiene inversiones inmobiliarias en Murcia pero no tiene nada que ver con Roca. Dichas inversiones las ha desarrollado con una sociedad llamada LOMAS DEL POZUELO y en ese proyecto participan CAJA CASTILLA LA MANCHA y CAJA DE AVILA. Las parcelas en las que desarrolla esas inversiones se las compró a cuatro sociedades cuyos datos no recuerda pero puede aportar la documentación…

Le suena la sociedad MASDEVALLIA que está desarrollando unas promociones en el municipio de Los Alcázares en unas parcelas limítrofes a las de las promociones de su sociedad, y en concreto MASDEVALLÍA publicita sus viviendas como si tuvieran campo de golf cuando en realidad no lo tienen.

En cuanto a Javier Arteche (otro de los imputados en la trama vasca de la operación Malaya) Según tiene entendido fue quien vendió la parcela en Los Alcázares a MASDEVALLIA. A este señor tampoco le ha comprado ni vendido nada, ni le ha pagado comisiones, la única relación que han tenido es que Javier Arteche le propuso un negocio en una parcela cerca del Vicente Calderón en Madrid…

La sociedad CONDEOR (una de las administradas por Montserrat Corulla, según el auto de imputación del juez Torres, principal presunta fiduciaria o testaferro de Roca) Le suena casualmente porque en el mes de julio del año pasado estuvo interesado en comprar un palacete a INMOLEVANTE, y cree que esta sociedad había comprado el palacete a CONDEOR.

En Marbella tampoco ha comprado ni vendido nada al Sr. Roca, ni a sus sociedades, ni ha pagado comisión alguna por operaciones inmobiliarias en Marbella.

No conoce a Montserrat Corulla, ni a Manuel Sánchez Zubizarreta (el otro de los principales presuntos testaferros o fiduciarios de Roca) Ni a su hijo, ni a Francisco Soriano Zurita ni a sus hijos, ni tampoco a Oscar Benavente

No se explica por qué el Sr. Roca ha podido decir en su declaración que ha tenido negocios con él y que ha podido percibir alguna comisión, y cree que el Sr. Roca no sabía de lo que estaba hablando y ni siquiera conocía quienes eran los propietarios de la parcela que compró en Marbella y que iba a desarrollar con Vemusa, y en dicha compra no intervino ningún sueco ni por supuesto el Sr. Roca”.

Por su parte, el Juez Torres, en su auto de 18 de julio de 2007 (sumario 7/07) Escribe lo siguiente sobre estas declaraciones:

Igualmente resultan curiosas las contradicciones entre Roca y Ventero en sus respectivas declaraciones. En la de 6 de febrero de 2.006 (folio 13.922 del tomo XLVI) Roca alegremente afirma que “a Enrique Ventero le vendió una parcela que era de un sueco y que está en Altos Reales, igualmente cobró en efectivo”. Por su parte, en la de 27 de febrero de 2.007 (folio 23.132 del tomo LXXX), Ventero niega tajantemente haberle pagado ninguna comisión a Roca por ningún concepto ni que este hubiera actuado como intermediario en la compra de parcelas en Murcia. Roca responde de nuevo en la de 19 de marzo de 2.007 (folio 24.212 del tomo LXXXV) y se muestra confuso y dubitativo al afirmar que cree recordar que sí que cobró una comisión actuando como intermediario en la compra por Ventero de parcela limítrofe a una que pertenece a Masdevallia en Los Alcázares, desconociendo la razón por la que el Sr. Ventero niega haberle pagado ninguna comisión pero cree recordar que sí que le pagó pero no sabe con qué sociedad le pagó”.

Al margen de esto, que tiene el valor que tiene en tanto que no dejan de ser declaraciones de imputados y, por consiguiente, exculpatorias en la medida de lo posible (y olvidadizas incluso en la medida de lo imposible) La investigación del caso Malaya ha permitido afirmar al juez Miguel Ángel Torres Segura, que Roca “Habría recibido un total de 600.000 euros de Enrique Ventero por la aprobación del Plan Parcial El Pinar II con el proyecto de urbanización correspondiente y la concesión posterior de las correspondientes licencias, dinero que Roca comparte igualmente con los concejales” (Pag 208 del auto). Así, “en definitiva, Enrique Ventero accede a pagar a Roca y a los concejales para conseguir la aprobación del Plan Parcial y del Proyecto de Urbanización o parcelación con la mayor celeridad, siendo una decisión municipal, que le permita obtener las licencias y poder construir en el más corto espacio de tiempo”.

Operación Ninette. Enrique Ventero y Roca en los Alcázares, Murcia.

Al margen de olvidos y contradicciones, el interrogatorio al que fue sometido Enrique Ventero Terleira pone de manifiesto la conexión entre Marbella y Murcia y, concretamente, entre Roca, Ventero y la localidad de Los Alcázares.

Es cierto que Ventero en sus declaraciones niega o banaliza su relación con distintas sociedades de la trama de Roca que actuaban en esa misma localidad, CONDEOR y MASDEVALIA entre otras, pero admite que desarrolla una promoción allí a través de la sociedad LOMAS DEL POZUELO en la que participa CAJA CASTILLA LA MANCHA a la que Roca, por decirlo de alguna manera, “parasita” publicitariamente su campo de golf, sin que Ventero hayan hecho nada, que se sepa, para evitar esa competencia desleal.

Sin embargo, los negocios de Ventero en Los Alcázares, que fueron vistos de soslayo en el sumario Malaya, han vuelto a ser puestos sobre la mesa de los jueces a raíz de la OPERACIÓN NINETTE.

El día 16 de enero de este año 2008, miembros de la policía nacional se presentaban en el Ayuntamiento de Los Alcázares y comenzaban un registro minucioso de las dependencias municipales. Simultáneamente y en relación con este registro, se habían practicado seis detenciones: la del ex alcalde, Juan Escudero; la del antiguo secretario del Ayuntamiento, Diego Sánchez; la del arquitecto municipal, Mariano Ayuso; la de su hermano, Ignacio Ayuso; y la de los constructores Valero Garcerán y su hijo, Francisco Javier Garcerán.

La operación Ninette, secuela de la inicial Operación Malaya, se centra, de momento, en la investigación de estos detenidos y de sus presuntas maniobras delictivas para, a través de sociedades instrumentales dirigidas por “personas de confianza”, hacerse con solares públicos y con terrenos que los empresarios locales habrían entregado como pago a cambio de adjudicaciones de obras.

Pero, al margen de que inicialmente las investigaciones se hayan centrado en algunas de las actividades de los detenidos, Los Alcázares ha sido un importante centro de operaciones de los presuntos fiduciarios o testaferros de Juan Antonio Roca.

Así, la sucursal de la Caixa en el municipio, dirigida en su momento por un cuñado de Roca, fue la entidad financiera en la que la esposa e hija de éste ingresaban los más de 80 premios de loterías y juegos de azar con los que la fortuna les sonrió durante los buenos viejos tiempos de Marbella.

También, en los Alcázares, tienen intereses económicos sociedades como CONDEOR, ONE PROPERTIES o MASDEVALLIA, todas ellas, según los datos que constan en el sumario de la operación Malaya, dominadas por Roca a través de personajes como Montserrat Corrulla, Arteche, etc.

Precisamente, a través de Masdevallia es como los detenidos de la operación Ninette y personajes del caso Malaya confluyen en la principal promoción inmobiliaria de la localidad: El Plan Parcial Torre del Rame.

Todo parte de la sociedad DORMA GOLF S.L. que se constituyó el 21 de mayo de 2003 y en la que actualmente aparecen, como socio único Félix Marín García, uno de los principales propietarios en el complejo Torre del Rame; y como administrador, el hermano del arquitecto municipal de Los Alcázares, Juan Ignacio Ayuso Fernández, uno de los detenidos el día 15 de enero.

Un mes después de su constitución, Félix Marín cede Dorma Golf y sus terrenos a la cuñada del arquitecto municipal de Los Alcázares, una tal Inmaculada Camacho. Con esta situación, tras la reclasificación y reparcelación del Plan Parcial Torre del Rame, según informó el diario “La Verdad de Murcia”, a Dorma Golf se le asignó un solar urbano de 7.473 metros. Por otro lado, el 16 de agosto de 2006, Inmaculada Camacho cesa como administradora única de la sociedad y el mismo día es nombrado para el puesto Juan Ignacio Ayuso, que sigue como tal a fecha de hoy.

Además, como sabemos, Juan Antonio Roca, a través de Masdevallia, también tiene terrenos en Torre del Rame, pero no es el único. Enrique Ventero Terleira no está inactivo en esta zona.

Ventero es quien administra y explota, actualmente, el campo municipal de golf de Los Alcázares, que está incluido en el Plan Parcial Torre del Rame. La adjudicación a la sociedad de Ventero GOLF TORRE DEL RAME S.L. se produjo con los votos del grupo municipal socialista que entonces dirigía el hoy ex alcalde detenido.

Esta sociedad se constituyó en Madrid en agosto del 2001 y estaba presidida por Félix Marín García, el mismo que, como acabamos de ver, comparte Dorma Golf con el hermano del arquitecto municipal, también detenido en la operación Ninette. Félix Marín vendió GOLF TORRE DEL RAME a VEMUSA, por lo que la mercantil Golf Torre del Rame está, ahora, presidida por Ventero Terleira.

Siguiendo con los intereses económicos de Ventero en Los Alcázares, la mercantil LAS LOMAS DEL POZUELO S.L. también presidida por Ventero Terleira, es propietaria, en el complejo Torre del Rame, de las parcelas RA-47, R-29. R-28, R3a, R-3c, R-4, R-5, R-8. R-12 y R-13a que, en total, suman más de 135.000 metros cuadrados. A estas parcelas, sin duda, era a las que Ventero se refería en el sumario Malaya, como contiguas a las de Roca, pero que nada tenían que ver con él.

La verdad es que esto no parece totalmente cierto puesto que aún hay más intereses económicos de VEMUSA en Torre del Rame. Dentro de ese grupo inmobiliario y con Ventero Terleira como Consejero, está la mercantil COMERCIALIZADORA VEMUSA S.L. que es la empresa que está comercializando las viviendas incluidas en el citado Plan Parcial, es de suponer que, por tanto, también las edificadas, o que se hubieran edificado si la sociedad no estuviera judicialmente intervenida, en los terrenos de MASDEVALLIA.

En conclusión: en la localidad murciana de Los Alcázares confluyen, formando una considerable madeja de intereses económicos, un ex alcalde detenido y procesado por corrupción, un arquitecto municipal en igual situación, el hermano del dicho arquitecto, también detenido y procesado, Enrique Ventero, detenido en la segunda fase de la operación Malaya y, ahora, en libertad bajo fianza de 300.000 € y Juan Ignacio Roca, actualmente en prisión y acusado de ser el centro y principal muñidor del saqueo de Marbella. Sin embargo, no son sólo estos los personajes que coinciden en ese lugar de Murcia.

Carranque, Villa Romana Golf y Ventero Terleira.

En su declaración de 27 de febrero de 2007, Enrique Ventero Terleira ya manifestó ante el juez Torres que actuaba en Los Alcázares (Plan Parcial Torre del Rame) a través de la sociedad LOMAS DEL POZUELO S.L.; y también dijo que en esa sociedad participaba, además de Caja de Ávila, Caja Castilla la Mancha (CCM).

Esto ya es significativo puesto que la Caja Castilla la Mancha también participa en la sociedad VILLA ROMANA GOLF, a través de la cual PEYBER se ha hecho con el PAU del campo de golf de Carranque.

Más significativo aún es que José Manuel Tofiño Pérez, alcalde de Illescas, presidente de la Diputación Provincial de Toledo y padre de José Manuel Tofiño Arrogante, que en su momento constituyó una sociedad (SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSITICOS) Dentro del grupo PEYBER, sociedad que ahora está en liquidación; sea miembro de la Asamblea General de CCM.

Sin embargo, no acaban aquí los nexos entre Los Alcázares, el Plan Parcial Torre del Rame, el imputado en el caso Malaya Ventero Terleira, la operación Ninette y la mercantil VILLA ROMANA GOLF.

En la empresa inmobiliaria LAS LOMAS DEL POZUELO S.A. (nif: A83934315) Domiciliada en la calle Bausa número 21 de Madrid, constan los siguientes cargos directivos:

1. Presidente: La mercantil VENTERO MUÑOZ S.A.

2. Administrador: Juan Tomás Vidal.

3. Representante: José Luis Rodríguez Holgado.

4. Administrador: La mercantil PROMOCIONES MIRALSUR S.L.

5. Administrador: La mercantil INVERAVILA S.A.

6. Administrador: Elsa Ramírez Hidalgo.

7. Administrador: Guillermo García-Mauriño Ruiz-Berdejo


De esta lista de nombres, los más señalados en lo que ahora interesa son Juan Tomás Vidal, José Luis Rodríguez Holgado y Guillermo García Mauriño, en la foto anterior.

Juan Tomás Vidal es, entre otras muchas cosas, consejero de CCM INMOBILIARIA DEL SUR 2004 S.L. y apoderado solidario de la CCM. Su papel en la inmobiliaria LAS LOMAS DEL POZUELO S.A. es, por tanto, el de representante de los intereses de Caja Castilla la Mancha en esa sociedad.

Por su parte, José Luis Rodríguez Holgado, también es apoderado de CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN S.A., administrador solidario, consejero y consejero del mancomunado de CCM INMOBILIARIA DEL SUR 2004 S.L., consejero, consejero del mancomunado y consejero del solidario de CAJA CASTILLA LA MANCHA DESARROLLO INDUSTRIAL S.L.; y consejero de CAJA CASTILLA LA MANCHA CORREDURÍA DE SEGUROS S.A.

Por tanto, sus funciones en la estructura de LAS LOMAS DEL POZUELO S.A., la empresa propiedad de VENTERO MUÑOZ S.A. en un 52%, es de suponer que sean similares a las de Juan Tomás Vidal, es decir, velar por los intereses de la CCM en el negocio de Torre del Rame.

Sin embargo, en el organigrama de LAS LOMAS DEL POZUELO no sólo aparecen los representantes de VEMUSA y CCM, también está, como administrador otra sociedad: PROMOCIONES MIRALSUR S.L., independiente del complejo CCM o VEMUSA.

PROMOCIONES MIRALSUR (B84180330) Inscrita en el Registro Mercantil de Toledo, se constituyó el 13 de diciembre de 2004 para la “adquisición, parcelación y enajenación de terrenos y solares”, la “compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia” y la “promoción inmobiliaria por cuenta propia”. Tiene un capital suscrito y desembolsado de 403,100€, está domiciliada en la C/ Ocaña, 1, 2ª de Toledo y, cosa bastante frecuente en este tipo de sociedades, durante el último ejercicio declara resultados negativos.

Pues bien, los administradores solidarios de PROMOCIONES MIRALSUR S.L. son, ni más ni menos, que Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, los dos nombrados como tales el día 27 de junio de 2005. Pero, es más, con anterioridad, los administradores de esta sociedad fueron el ya citado Guillermo García Mauriño, ahora director general del grupo VEMUSA, que cesó el 24 de febrero de 2005; Ignacio López Picón, que cesa en la misma fecha; y José Miguel Físico Cabañas, quien cesa como administrador el 27 de junio de 2006

Como resulta que Guillermo García Mauriño aparece como administrador o apoderado en numerosas sociedades del grupo VEMUSA y como sucede que, también, en fechas recientes ha sido nombrado Director General del Grupo VEMUSA, se puede concluir que la relación entre las sociedades que preside Enrique Ventero Terleira, detenido, imputado y en libertad bajo fianza en relación con el caso MALAYA, por un lado; y Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, por otro; es estrecha y ya antigua.

Tan estrecha y a lo que se ve provechosa que LAS LOMAS DEL POZUELO y PROMOCIONES MIRALSUR no son las únicas sociedades en las que Juan Tomás y Rodríguez Holgado comparten destino con Ventero Terleira y su familia. Ambos, Tomás y Rodríguez, también son consejero delegado y administrador, respectivamente, de la sociedad GESTIONES HERVEMU S.L (B84682988) Constituida el 20 de abril de 2006, domiciliada en la ya conocida C/ Bausa 21 de Madrid y que, puesto que pertenece en un 50% a VENTERO MUÑOZ S.A., también tiene en su consejo de administración a Guillermo García Mauriño, a Elsa Ramírez Hidalgo y a Joaquín Ventero Muñoz.

Pues bien, constatada la íntima trabazón de intereses mercantiles entre la CCM, los señores Juan Tomás Vidal, José Luis Rodríguez Holgado, Guillermo García Mauriño y Enrique Ventero Terleira (VEMUSA) Casi no es necesario advertir lo que ya se sabe desde hace mucho. Que tanto Juan Tomás como José Luis Rodríguez forman parte del consejo de administración de VILLA ROMANA GOLF S.L., la empresa perteneciente al entramado PEYBER que con, llamémoslo así, ciertas irregularidades, se ha hecho con la adjudicación del PAU del campo de golf de Carranque, más o menos, un millón de metros cuadrados de suelo recalificado.

Otra vez las hermanas Abascal Morte.

Además de todo esto, puesto que cuando las coincidencias empiezan, parecen arreciar y no parar nunca, VEMUSA y PEYBER, no sólo comparten socios, sino también gabinete de comunicación. Es evidente que VEMUSA en general y Enrique Ventero Terleira en particular, tienen motivos más que suficientes para cuidar y tratar de limpiar su imagen pública. No todo el mundo ha sido detenido e imputado como presunto autor de cohecho y otros delitos, dentro de la investigación de una de las peores y más aireadas tramas de podredumbre política y económica destapadas en España. Posiblemente esa haya sido la razón que ha llevado a la familia Ventero a contratar los servicios de ABASCAL COMUNICACIÓN, empresa regentada por las hermanas Abascal Morte, miembros ambas del OPUS DEI y, según dicen en su publicidad corporativa, especialistas en “comunicación de crisis”.

Por otra parte, cuando los medios de comunicación comenzaron a hacer público el caso Carranque y los presuntos delitos de corrupción en los que podían estar implicados los propietarios de PEYBER y el alcalde de Carranque Alejandro Pompa; Ricardo Díaz Bermejo y Jesús María G. Peinado acudieron a la sede del PP en la calle Génova para exigir que el partido cerrara NOTITIA CRIMINIS.

Como la respuesta no fue satisfactoria y la cara de estupefacción del funcionario de nivel medio que habló con ellos, les resultó desconcertante; decidieron contratar un gabinete de comunicación que se encargara de restaurar su prestigio y de controlar las noticias que la prensa estaba publicando sobre ellos. Esa decisión les llevó, igual que a los propietarios del grupo VEMUSA, hasta el despacho de Teresa y Carmen Abascal, como ya he dicho, especialistas en “comunicación de crisis”.

Y, a propósito del OPUS DEI, no sería impertinente dedicar algún capítulo a la conexión de estos casos con organizaciones e instituciones ligadas, de una manera u otra, a la Obra. Se podría muy bien empezar haciendo referencia a la actuación de Enrique Ventero Terleira en el caso de la mercantil CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO ONCOLÓGICO en Villaviciosa de Odón y al papel jugado en este asunto por el Banco Popular y por Pilar Martínez, ex alcaldesa de Villaviciosa y delegada de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, concejalía que se ha convertido en el centro de las investigaciones judiciales relacionadas con la “operación Guateque” así como responsable, en lo que a sus competencias respecta, de las licencias otorgadas a CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L. (grupo PEYBER) Para la instalación de una planta de tratamiento de escombros en el distrito de Villaverde de Madrid, negocio al que Peyber y sus socios han renunciado tras la movilización de los vecinos afectados.

Luego, se podría continuar con el despacho que los hermanos Monje Fuentes tienen en la calle Castelló 20 de Madrid, en el mismo domicilio social que el correspondiente a la mayoría de las sociedades inmobiliarias del funcionario en excedencia del Ayuntamiento de Carranque, Ernesto Rodríguez Cubas. Sin embargo, esto aún tendrá que esperar un cierto tiempo.

Tofiño niega que él o su hijo hayan tenido nada que ver con ninguna empresa.

Posted in PEYBER, Tofiño by Die Rote Kapelle on 13 febrero 2008

En el pleno del Ayuntamiento de Illescas de 28 de marzo de 2007, Tofiño aseguró con mucho convencimiento que ni él ni su hijo habán tenido nada que ver y seguían sin tenerlo, con ninguna empresa de ningún tipo, tampoco del gremio de la construcción. Estas son las imágenes de aquella declaración:

Sin embargo, los datos que constan en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-369861, Tomo 20868, Folio 1; dicen justamente lo contrario, a saber, que el hijo de Tofiño, José Manuel Tofiño Arrogante es administrador mancomunado de la Mercantil, actualmente en liquidación, SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS S.L., sociedad integrada en el conglomerado societario PEYBER; y, además, que dicha sociedad, Sistemas etc., tiene por objeto social “la compra, promoción, venta y por cualquier otro título, la adquisición o enajenación de toda clase de fincas rústicas, ganaderas, forestales o urbanas…”

Como no cabe dudar de la palabra de un político como Tofiño, es de esperar que, en breve, sus abgados del bufete Garrigues recibirán la orden de interponer cuatas acciones penales, civiles y administrativas en Derecho corresponda contra el notario y el registador, responsables de que una información tan falsa conste en los Registros Públicos

Peyber retira las denuncias y querellas que tenía presentadas contra los vecinos de Perales del Rio

Posted in Escombreras, PEYBER by Die Rote Kapelle on 5 febrero 2008

El caso de la escombrera que PEYBER pretendía instalar en el distrito madrileño de Villaverde, delante de las ventanas de los vecinos de Perales del Rio, está dando sus últimas bocanadas.

Los vecinos de Getafe y de Villaverde tenían razón, la han sabido pedir y han hecho que se la den. Ahora, a pesar de los millones del entramado societario PEYBER; de las declaraciones de la concejal del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella; a pesar de la aprobación del pleno de ese mismo Ayuntamiento; de las manifestaciones inequívocas de la CAM sobre lo irremediable de la instalación de la trituradora de escombros; y a pesar de los abogados de PEYBER, ya se trate del bufete Garrigues o del más modesto despacho del letrado Platero Parada; Ricardo Díaz Bermejo, Jesús María Gallego Peinado y sus Socios en este negocio de los desperdicios de la construcción, se envainan su espada, vuelven grupas y se alejan de la plaza a buen trote.

Ya se había anunciado, hace algunas semanas, que la CAM y CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L. abandonaban el proyecto de la escombrera. Sin embargo aún quedaban pendientes las denuncias y querellas interpuestas por esta sociedad del grupo PEYBER contra dirigentes vecinales de la zona e, incluso, contra el alcalde de Getafe Pedro Castro.

Sin embargo, el pasado 31 de enero, el grupo de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Madrid comunicaba a los afectados que la procuradora de la mercantil CTI había presentado escrito en los correspondientes juzgados según el cual: “solicita el pleno desistimiento de todas las causas penales que han venido instando ante estos tribunales de Madrid y ante las instituciones Policiales”.

Pocos días antes, Carlos González, uno de los administradores de CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L. junto con los Bermejo-Peinado, hacía las siguientes declaraciones, según publicaba el diario “La Razón”:

“…En Perales del Río «se construirá otra empresa que no sea perjudicial para los vecinos y no genere rechazo» y aseveró que «las tres denuncias al alcalde de Getafe, Pedro Castro, y otros vándalos por invadir una propiedad privada seguirán su curso». Estas querellas fueron interpuestas por la empresa a varios vecinos de Perales del Río y Getafe el pasado verano después de que paralizaran en varias ocasiones las obras de la planta, obligando a los conductores de las máquinas a abandonar el puesto de trabajo e invadiendo el terreno. «Por su culpa hemos perdido más de un millón de euros. Así que ahora, el que la hace, la paga».

Y donde dijo “digo”, dice “Diego”… En fin, mi enhorabuena a todas esas personas que han sabido resistir sin acobardarse ante las montañas de dinero. Soplaron y la fortaleza se desmenuzó pues resulta que la materia con la que estaba construida era más deleznable de lo que parecía. Que de esto aprenda quien tenga que aprender.

Mas de 8 millones de Euros para PEYBER y Aurelio González Villarejo (Urbaplaninig)

Posted in Carranque, González Villarejo, PEYBER, Pompa, Urbaplaning by Die Rote Kapelle on 4 febrero 2008

Ecologistas en Acción de la Sagra, ha presentado alegaciones contra el convenio firmado entre Alejandro Pompa y las mercantiles PEYBER (Villa Romana Golf) Y DESARROLLOS URBAPLANING, empresa del Grupo G.V., que está presidido por Aurelio González Villarejo (en la foto, recibiendo algo) Hombre al que une una gran amistad con José Bono, también en la foto, solo que oculto tras la cabeza del señor González.

Hace ya algún tiempo que aquí se adelantó información sobre esta depuradora. Ha llegado el momento de recordar lo que entonces se dijo:

Mas de ocho millones de Euros para PEYBER y URBAPLANING.

El pasado 30 de abril un señor llamado Pedro Bernal ganaba el concurso “yo periodista” patrocinado por “El País”. El reportaje que le dio el premio trataba sobre el olor fétido que las aguas residuales vertidas al Guadarrama dejaban en las proximidades de la villa romana de Carranque.

Como es verdad, por tanto, que algo huele a podrido en Carranque, Pompa ha decidido que el proyecto estrella de la próxima legislatura sea una colosal depuradora de aguas residuales. Lo que ocurre es que dicha depuradora no va a solucionar la contaminación del Guadarrama. Parece ser que Pompa considera más urgente conseguir algo con lo que regar el césped del campo de golf que está urbanizando Villa Romana Golf, mercantil en la que PEYBER participa mayoritariamente.

Por eso ha tenido la ocurrencia de dar, tanto a PEYBER como a URBAPLANING, 8 millones de €, no en dinero, sino en suelo, a cambio de que estas dos “promotoras” construyan tal depuradora pero, eso sí, “cuando lo estimen conveniente”.

Dentro de la buena fortuna que acompaña a las empresas del Grupo PEYBER cuando se trata de hacer negocios con el Ayuntamiento de Carranque o con la Mancomunidad de la Sagra Alta, es decir, cuando Alejandro Pompa anda por medio; en el Pleno en que se aumentó, sin licitación pública, el presupuesto de la casa de la cultura en más de 200 millones de pesetas; VILLA ROMANA GOLF y DESARROLLOS URBAPLANING S.L., la de los PAUs de las Montanillas, recibieron una estupenda noticia.

Sin tener que afrontar las incertidumbres, desasosiegos y peligros de las licitaciones y concursos públicos, esas dos empresas, Villa Romana Golf y Desarrollos Urbaplaning, han resultado “adjudicatarias” de la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Valorada en unos 8 millones de Euros, bastante más de mil trescientos millones de Pts.

Además, estas compañías no van a cobrar por la construcción de esa depuradora en moneda de curso legal, que ya se sabe que es una cosa que con el tiempo se devalúa y a la que cuesta sacarle jugo. La remuneración de sus trabajos se hará concediéndoles un aumento de densidad en la edificación dentro de sus respectivos PAUs., es decir, se les pagará en bienes inmuebles, en viviendas que, al contrario que el dinero, no se devalúan, sino que se revalúan y mucho.

Los términos de la propuesta de convenio a la que se dio vía libre en el Pleno citado son los siguientes: Como hemos dicho, el coste del proyecto se valora, aproximadamente, en unos 8 millones de Euros —eso para empezar, porque después de lo visto con la casa de la cultura, es de sospechar que, finalmente, el presupuesto se acabe elevando debido a alguna chapuza de última hora— De esos 8 millones, el 56,50% le corresponderá a Villa Romana Golf —Peyber, CCM e Iniciativas Carranque, de los hermanos López Iglesias— Y el 43,50% a Desarrollos Urbaplaning, es decir, al Grupo González Villarejo.

En relación con esos costes, se calcula, inicialmente, una repercusión de 15.000 € por vivienda, de forma que el PAU de “El Murillo” verá aumentada su densidad en 230 viviendas más de las proyectadas y el PAU del campo de golf en otras 306.

Estos términos pueden llevar a confusión. Se diría que quienes pagan la construcción de esa depuradora de aguas fecales son las mercantiles que actúan como agentes urbanizadores y que, en todo caso, el aumento de densidad también podría favorecer a aquellos propietarios afectados que no hayan vendido sus terrenos.

Falsa conclusión. Según los términos del proyecto de convenio, es decir, según la CLÁUSULA 3ª, último párrafo “los propietarios afectados habrán de soportar la parte proporcional que les corresponda, habida cuenta la edificabilidad que les sea atribuida y a tal efecto los urbanizadores habrán de ofrecerles la posibilidad de conveniar (sic) Estar excluidos de tal abono cediendo ese incremento de viviendas a favor del agente urbanizador

Dicho de otra manera. Que quienes pagan la depuradora no son quienes hacen el fabuloso negocio inmobiliario, sino los propietarios de suelo. Sin embargo, esto no parece muy injusto puesto que lo que se les obliga a hacer es ceder un aumento de densidad, esto es, un exceso de viviendas sobre el total que les corresponde. Si no hubiera depuradora, tales viviendas no existirían y, así, estos propietarios ni pierden ni ganan.

No obstante, eso sí sería cierto si los propietarios, al menos, tuvieran la opción de pagar en dinero o en suelo, pero esta opción no se les permite. A los agentes Urbanizadores no les gusta el dinero líquido. De lo que realmente son muy amantes es de la tierra.

Por eso, la CLÁUSULA 5ª, titulada “publicidad del convenio” establece que “del acuerdo plenario por el que se apruebe este Convenio Urbanístico, se dará cumplida notificación a todos los propietarios afectados en el ámbito de actuación de cada uno de los PAUs en tramitación, para que en el plazo improrrogable de tres meses opten por adherirse al Convenio o renunciar a cuantos derechos y obligaciones se deriven del mismo”.

Dicho lo mismo en corto. Las nuevas viviendas, 538 en total, serán para los dos Agentes Urbanizadores sí o sí, y sin que exista ninguna otra posibilidad de afrontar un coste que se decide sin licitación pública, sin las garantías establecidas por la Ley de Contratos del Estado y sin posibilidad de discutir el coste real de la obra a realizar; y todo ello para construir una depuradora cuyas aguas serán necesarias para hacer viable el campo de golf, es decir, para regar la hierba de ese campo de golf, situado en un lugar en el que, por definición, no es que escasee el agua, sino que falta y mucho.

No obstante, esto no es lo más asombroso de la propuesta de Convenio. Si bien los Agentes Urbanizadores se quedan con las 538 viviendas les guste o no a los propietarios del suelo y, además se quedan con ellas de forma inmediata, la construcción de la depuradora se hará cuando a ellos les parezca oportuno, por ejemplo, el día del juicio.

Esto es así, porque lo que textualmente se dice en la propuesta de Convenio es que “la ejecución de la EDAR —Estación Depuradora de Aguas Residuales— Se hará cuando los intervinientes —en el Convenio, se entiende— Lo estimen conveniente”.

Es decir, la realización de la obligación que contraen PEYBER y URBAPLANING queda sometida a condición suspensiva. Esas empresas construirán la depuradora, pero lo harán cuando se cumpla la condición y esa condición, que depende por entero de su voluntad, se cumplirá cuando les venga en gana, lo cual no es ningún obstáculo para que se apropien inmediatamente del suelo “liberado” por el Convenio.

Más noticias sobre Peyber

Posted in Escombreras, PEYBER, Pompa by Die Rote Kapelle on 31 enero 2008

Europa Press publica hoy la siguiente noticia:

Manos Limpias presenta una queja ante el Defensor del Pueblo contra la escombrera de Perales del Río

Asegura que un responsable regional es consejero delegado de la empresa PEYBER, que tiene un 37,5% del capital social de la planta

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) –

El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo contra los permisos ofrecidos por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para la instalación de una escombrera en el barrio Perales de Río, en el distrito de Villaverde.

Por ello, la queja apunta la responsabilidad de la responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, Pilar Martínez, y del director general de Calidad Medioambiental de la Comunidad, Ricardo Díaz Bermejo, que además es consejero delegado del Grupo Peyber, propietario del 37,5% del capital social del Centro de Tratamiento de Inertes SL que está desarrollando las obras en la planta.

La organización indica que esta instalación puede afectar a la salud y la calidad de vida de los ciudadanos de la zona, y vulnera el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de la Comunidad de Madrid, según el cual, este tipo de instalaciones sólo podrán emplazarse a una distancia de 2.000 metros del núcleo urbano más próximo.

Se da el caso además que Manos Limpias tiene presentada una querella criminal ante el Juzgado 4 de Illescas contra PEYBER por la adjudicación que considera ilegal de un campo de golf “en connivencia del alcalde y Jesús María Gallego, aparejador de ese consistorio en situación de excedencia y dueño fundador de PEYBER”.

El sindicato apunta que el 28 de mayo de 2008 Centro de TRatamiento de Internes SL comenzó las obras sin informar a los vecinos colindantes de la instalación de una actividad molesta e insalubre.

De ubicarse definitivamente dicha planta, según Manos Limpias, tendrá capacidad para triturar unas 100.000 toneladas de escombros al año, 13.000 toneladas de residuos peligrosos al año, y generará unos niveles de ruido superiores a los 90 decibelios, así como un trasiego de entre 200 y 300 camiones de alto tonelaje por la zona.

La queja señala que la planta de triturado de escombros está situada a 200 metros de las viveindas de Peraes del Río, pedanía del Ayuntamiento de Getafe, en la que viven 7.000 personas, a 150 metros de un colegio y a 20 metros de un poblablo chabolista en el que viven 200 personas“.

La nota de Europa Press contiene un error. No cabe duda de que Ricardo Díaz Bermejo puede ser muchas cosas, pero no “director general de Calidad Medioambiental de la Comunidad” de Madrid. Por lo demás, el contenido de la noticia es rigurosamente cierto y el comienzo de acciones administrativas o judiciales en relación con este asunto, también.

El hecho no es valadí. A pesar de que CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L. (es decir Peyber y sus socios en el negocio de los desperdicios y el reciclado) Parece que abandonan el proyecto de la escombrera de Villaverde, también es cierto que ni la mercantil ni la Comunidad de Madrid han dado, hasta ahora, garantías formales de que tal cosa sea definitiva.

Además, de momento, Ricardo Díaz Bermejo y sus socios en este asunto, mantienen las querellas contra los dirigentes vecinales de Perales del Río y contra el alcalde de Getafe, porque, según dijo y así apareció en declaraciones hechas a la prensa, el Gerente de la Sociedad: “el que la hace, la paga“; principio, por cierto, que aún delatando una técnica jurídica algo primitiva, no puedo dejar de aplaudir e impulsar.

Finalmente hay que recordar que otra planta de iguales características se ha instalado en Pantoja (Toledo) bajo los auspicios de Alejandro Pompa, quien mediante un convenio con CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES CASTILLA-LA MANCHA S.L. (también PEYBER, claro está) Firmado en su condición de Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta, se ha comprometido al cierre de todas las escombreras existentes en la Comarca si incumplen la normativa europea (que sí la incumplen) Y a que los residuos de este tipo, presentes y futuros, generados en las localidades inscritas en dicha Mancomunidad, sean “procesados” en las instalaciones de PEYBER que, de esta manera, se asegura la rentabilidad cierta de su inversión.

Cuestión distinta será comprobar si las instalaciones de PEYBER en Pantoja cumplen o no con la legalidad establecida…

PEYBER abandona la escombrera de Villaverde

Posted in Escombreras, Guateque, PEYBER by Die Rote Kapelle on 20 enero 2008

El pasado día 17, el diario “El País” publicaba, bajo este titular: Adiós a la escombrera de Perales del Rio”, la siguiente noticia: La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid había anunciado el día anterior la paralización definitiva de la construcción de una planta de reciclado de escombros en el distrito madrileño de Villaverde, a unos doscientos metros del barrio de Getafe de Perales del Río.

Según el comunicado de la Consejería de la CAM, esta decisión se había tomado “tras alcanzar un acuerdo con la empresa responsable de las obras (CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L.) lo que supondrá su paralización definitiva. Un acuerdo que, según fuentes de la consejería, ‘no tendrá contrapartidas’ pese a que la planta de escombros contaba ‘con informe de impacto medioambiental y cumplía todos los requisitos legales’

Las mencionadas fuentes de la Consejería aseguraban, también, que “la decisión se ha tomado para dar respuesta a la sensibilidad mostrada por los vecinos, que se han opuesto a la construcción”. Por su parte, El País, añadía: “Este periódico intentó ayer sin éxito recabar la versión de la empresa constructora”.

La noticia también se recogía, entre otros, en el diario “La Razón”. Este periódico tuvo más suerte que El País a la hora de conseguir declaraciones de la empresa constructora. Bajo un epígrafe titulado “cuatro años tirados a la basura”, el que dice ser Gerente de la empresa constructora, Carlos González”, explicaba que “a partir de ahora tendrán que buscar otro emplazamiento ‘comercialmente bueno’ para poder construir la planta”.

El tal Carlos González añadía, siempre según “La Razón”, que “Perales del Río era un lugar estratégico, que tenía todos los permisos y cumplía escrupulosamente la ley, para lo que hemos tenido que trabajar cuatro años

También afirmó que en Perales “se construirá otra empresa que no sea perjudicial para los vecinos (frase curiosa dado que estos venían asegurando que la escombrera no era, en absoluto, perjudicial) Y no genere rechazo”.

Tampoco se olvidó de añadir que “las tres denuncias al Alcalde de Getafe, Pedro Castro, y otros vándalos por invadir una propiedad privada seguirán su curso”. Con esto se refería a las denuncias por coacciones y amenazas que la Empresa interpuso contra el Alcalde de Getafe y varios presidentes de las asociaciones de vecinos de la zona, a raíz de las protestas que, durante el pasado verano, paralizaron las obras de la escombrera.

Bien, pues vistas las noticias y las declaraciones de este señor gerente, Carlos González, tan preocupado por el cumplimiento de la ley que no ha podido evitar llamar “vándalos” al alcalde de Getafe, Pedro Castro, y a los demás denunciados acusándolos de un delito de invasión “de propiedad ajena”, veamos quienes están detrás de la mercantil CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L.

Esta empresa, con CIF: B832730003 y forma de sociedad limitada, se constituyó el día 10 de abril de 2002 y quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Sección 8, Hoja 304473 declarando como objetos sociales: “la gestión de residuos de toda índole, su recogida, tratamiento, reciclaje y eliminación. La restauración y sellado de vertederos. La gestión de residuos industriales. El reciclaje de desechos no metálicos y la construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, túneles…). Por otra parte, su actual capital social asciende a 613.980,00€ y tiene su domicilio en la calle Alcalá, 492 de Madrid, CD 28027, es decir, tiene el mismo domicilio que la mayoría de las empresas del entramado societario PEYBER.

Esto no es ninguna casualidad porque los cargos que constan de la citada CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L. son los siguientes:

Juan Antonio Aguado García: Presidente

Manuel Juan Aguado Burgaz: Consejero

Ricardo Díaz Bermejo: Consejero

Carlos González Juanas: Consejero (que debe ser el mismo que, según “La Razón”, calificó de “vándalos” al Alcalde de Getafe y a los demás denunciados de Perales del Río.

Juan Antonio Aguado García, que además de Presidente, también tiene el cargo de Consejero.

Por otra parte, como “Consejeros del Mancomunado” vuelven a constar, Juan Antonio Aguado García y Carlos González Juanas, además de Ricardo Díaz Bermejo, “consejero delegado del grupo PEYBER”, quien también ejerce el cargo de secretario de la mercantil.

En pocas palabras, que CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L. es la primera incursión del entramado PEYBER en el negocio de los residuos. La segunda de estas incursiones, es la planta de triturado de escombros, supongo que similar a la de Villaverde, que CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES CASTILLA-LA MANCHA S.L. está instalando o ya ha instalado, en Pantoja, en este caso como beneficiaria de un Convenio firmado con el Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta, ni más ni menos que Alejandro Pompa Mingo, también alcalde de Carranque, cuna del Grupo PEYBER; por el cual todos los escombros que se generen en la Comarca a más de los existentes en los vertederos actuales que no cumplan las normativas europeas (es de suponer que todos) deberán ser tratados en la planta trituradora de esta compañía, al menos mientras no haya otra en igualdad de condiciones, que no la hay.

Por tanto, los Peinado-Bermejo se va de Villaverde y todo parece acabar bien para los vecinos de Perales del Río, libres, al menos de momento, de la compañía de PEYBER y de sus socios. Sin embargo, la rapidez con la que, tanto la Comunidad de Madrid como los tratadores de residuos, han abandonado la batalla, no deja de ser sorprendente.

Sin apenas resistencia, perdiendo según dice este Carlos González, cuatro años de trabajo y “más de un millón de Euros”, según cita el diario “La Razón”, los Diaz Bermejo-Gallego Peinado-Aguado, vuelven grupas y abandonan el campo de batalla.

Lo cierto, no obstante, es que esta “huída”, motivada por “la sensibilidad mostrada por los vecinos”, coincide con otros acontecimientos señalados.

Desde hace unos meses, el Juez Santiago Torres dirige, con mano firme, las investigaciones de la “Operación Guateque” que, según lo conocido hasta el momento, se refieren a una red de extorsión y recaudación de sobornos a cambio de licencias municipales y cuyo centro neurálgico parece estar en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, organismo implicado, como es natural, en la tramitación y concesión de la licencia a CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L.

Ahora, el caso “Guateque” toma nuevas dimensiones, desde luego, más amplias. El viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada, acaba de ser declarado “imputado” por el Juez instructor a causa de su presunta relación en la trama de venta de licencias en el Ayuntamiento de Madrid.

Esta Consejería de Transportes, tampoco es ajena a la planta de triturado de escombros de los Peinado-Bermejo-Aguado (CENTRO DE TRATAMIENTO, etc.) Puesto que dicho consejero tenía competencias en la remodelación de la Avenida de los Rosales, vía de comunicación importante para el trasiego de camiones hacia la planta…

En fin, que así las cosas, desde luego, la decisión de salir de Villaverde que acaban de tomar PEYBER y sus socios, parece muy sensata, pero… ¿No es sospechoso?

Paralizan la escombrera de PEYBER

Posted in Escombreras, PEYBER, Villaverde by Die Rote Kapelle on 22 noviembre 2007

Según “El País“:

“Unos doscientos vecinos del barrio de Perales del Río, en la localidad de Getafe, paralizaron ayer las obras de una planta de tratamiento de residuos inertes (escombros) que se está construyendo en el término municipal de Madrid, pero muy cerca de sus viviendas. A la protesta se sumó el alcalde getafense, Pedro Castro (PSOE).

Los vecinos irrumpieron en las obras al mediodía con pancartas con el lema Madrid contamina a Perales del Río y con su presencia impidieron el paso de los camiones. “La construcción de esa planta es una barbaridad. Han iniciado las obras sin avisar al ayuntamiento, sin contar con los vecinos y sin informe de impacto ambiental”, afirmó Pedro Castro.

“No es ni una escombrera ni un vertedero. Es una planta de residuos no contaminantes”, aseguró un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente. La planta es un proyecto de iniciativa privada a cargo de la empresa Centro de Tratamiento de Inertes, S. L.. “La empresa nos solicitó una declaración de impacto ambiental y la dimos positiva. La declaración fue sometida a información pública y ni el Ayuntamiento de Getafe ni la Consejería de Medio Ambiente presentaron alegaciones”, agregó dicho portavoz. Las obras están en pleno movimiento de tierras y la consejería desconoce cuándo empezará a funcionar la planta, que ocupa 75.000 metros cuadrados.

El alcalde de Getafe ha pedido a la consejería que paralice las obras y los vecinos aseguran que piensan volver a la zona “las veces que haga falta”. “Si es preciso, acamparemos”, concluyeron”.

La escombrera de PEYBER en Villaverde

Posted in Escombreras, PEYBER, Villaverde by Die Rote Kapelle on 21 noviembre 2007

Estos son algunos datos, que reproducimos por su evidente interés, publicados por MADRIDIARIO.ES.

En Perales del Río, una pedanía de la llamada “capital del sur”, Getafe, y de la que dista unos seis kilómetros, viven más de 7.000 vecinos. Y todos ellos se quejan de lo mismo: “Toda la mierda de Madrid viene a parar aquí”, afirma rotundo Nicanor Briceño, presidente de la Asociación de Vecinos de Perales del Río. Y continúa diciendo que “aquí están jugando con la salud de los vecinos del barrio, con la salud de los vecinos de Getafe”.

Y es que esta pedanía, que está pegada a Villaverde Bajo, está rodeada de infraestructuras dedicadas al tratamiento de residuos de todo tipo: la incineradora de Valdemingómez, tres depuradoras y una planta de secado de lodos. Además, en breve, tendrán también una escombrera. Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la construcción de una planta de tratamiento de residuos inertes que aunque estará en el término municipal de Madrid, se situará a unos 200 metros de las viviendas de Perales del Río y a 150 metros de un colegio de monjas y una guardería.

Colegio Santa Teresa“Estamos hablando de muchas infraestructuras que hacen que se vaya degradando la zona. Es de hecho, la zona de Europa que concentra más instalaciones de este tipo”, dice Miguel Ángel Romero, concejal del barrio de Perales. El presidente de la asociación de vecinos opina igual y asegura que “todo está alrededor de las casas, y en muchos casos, ni se cumple la distancia mínima que marca la ley”. Según la legislación de la Comunidad de Madrid sobre actividades nocivas, molestas, insalubres y peligrosas, las infraestructuras destinadas al tratamiento de residuos tienen que estar como mínimo a 2000 metros de las viviendas. Sin embargo, en Perales del Río no se cumple.

De hecho, la evaluación de impacto medioambiental que realizó la Comunidad de Madrid en 2005 corroboraba que en algunos casos sólo hay 100 metros de distancia entre la escombrera y la población urbana. Además, en esa misma evaluación medioambiental se reconocía que los animales y la flora podían tener problemas de salud. En cambio, “en ningún párrafo se refiere a la salud de las personas”, señala el presidente de la asociación de vecinos. Sin embargo, la Comunidad de Madrid dio el visto bueno a la nueva planta de inertes.

Aunque no existe un informe concreto sobre cómo podría afectar a la salud de los vecinos, los médicos del centro de salud del barrio advierten de que “el establecimiento de una planta de residuos inertes en la zona básica de Perales del Río, dado la existencia de otros posibles contaminantes no nos parece adecuada, ya que puede añadir otra fuente de contaminación ambiental”. A pesar de que no hay ningún informe que lo corrobore, según los vecinos, Perales del Río está por encima de la media en la detección de cánceres.

César Garcia, vecino de El Ventorro de la Apuñalá Pero los getafenses no son los únicos afectados. Y es que a tan sólo 20 metros de la futura escombrera y en frente de la depuradora de Butarque, se levanta el poblado chabolista El Ventorro de la Puñalá, donde malviven unas 200 familias en condiciones infrahumanas, sin agua corriente y sin electricidad, y con el añadido de los malos olores y la suciedad de la zona. “Aquí se vive muy mal. Con esos olores tan fuertes parece que te vas a ahogar, y por las noches es mucho peor”, dice César García, uno de los vecinos de El Ventorro, quien añade “además, aquí los mosquitos parecen que te van a comer de lo grandes que son”.

Historia de una escombrera
La escombrera Los trámites para la concesión de las licencias y los permisos se iniciaron en el año 2002. Posteriormente, en 2005 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, pero al contrario de lo que suele ser el procedimiento habitual, “el Ayuntamiento de Madrid no informó al Ayuntamiento de Getafe, como administración afectada, por lo que no se pudo alegar”, argumenta el concejal. De lo mismo se queja Nicanor Briceño. “No nos hemos enterado del tema hasta este mismo año, ya que en el BOCAM sólo decía licencia de construcción de una planta de inertes en tal sector, pero nosotros no conocemos el Plan General de Ordenación Urbana, como para saber que se refería a esta zona”.

El día después de las elecciones la empresa constructora empezó las obras. “Ha habido una ocultación permanente de lo que se iba a hacer en esos terrenos. Ni han puesto vallas, ni carteles que anuncien que se iba a hacer ahí”, critica Moreno. Desde el primer momento, los vecinos de Perales han paralizado en varias ocasiones el comienzo de las obras, y han llevado a cabo diversas movilizaciones para impedir su construcción.

La futura planta de tratamiento de residuos inertes acogerá unas 12.000 toneladas de residuos y polvo, y generará unos niveles de ruido de unos 90 decibelios. A eso se le suma, que habrá un trasiego de camiones por la zona de entre 200 y 300 vehículos pesados. Además de la eliminación de escombros, la planta podrá tratar hasta 10 toneladas de residuos peligrosos, “a tan sólo 250 metros del río Manzanares”, según el concejal.

“Lo único que pedimos es que no se construya la escombrera, que el secado en planta de lodos sea térmico y no al aire libre, y que las depuradoras funcionen mejor”, advierte Briceño. Por su parte, el concejal de Perales del Río concluye que “seguiremos luchando para evitar que se construya la planta de inertes u otras infraestructuras similares en la zona. Además, hemos llevado el tema a Europa, y estamos elaborando un informe jurídico y técnico para emprender todas las acciones que fueran pertinentes para que no se construya la escombrera”.