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El grupo PEYBER y la operación Púnica: de Carranque, Toledo, a Alcobendas, Madrid.

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Ricardo Díaz Bermejo (izquierda) propietario del grupo PEYBER, junto a García Vinuesa

Ricardo Díaz Bermejo (izquierda) propietario del grupo PEYBER, junto a García Vinuesa, alcalde de Alcobendas

Ya es un hecho que en Carranque, Toledo, el que fuera alcalde del lugar, Alejandro Pompa de Mingo, el mismo que como se recogió en esta página, declaraba, aún munícipe, que “aquí de lo que se trata es de vivir de lo que ganamos“, controlará de facto dicho ayuntamiento con el apoyo de dos concejales de Ciudadanos y del concejal de Podemos. No hay que extrañarse. Carranque es más que un pueblo de Toledo. Es, sobre todo, un punto estratégico en la línea que recorre el sur de Madrid desde Aranjuez hasta Navalcarnero. Pero, además de eso, también es la cuna del grupo de empresas PEYBER, propiedad de los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado, estrechísimamente relacionados con Alejandro Pompa.

Sin embargo, PEYBER no sólo anida en Carranque. También lo hace en Alcobendas, donde ayer, los agentes de la UCO registraban el ayuntamiento y donde una posible detención amenaza a su actual alcalde, Ignacio García de Vinuesa.

El Grupo Peyber no es ajeno a alguno de los más importantes implicados en la operación Púnica. Como ya hemos informado aquí, los Díaz Bermejo–Gallego Peinado están asociados a David Marjaliza Villaseñor (en la actualidad preso), igual que están mercantilmente relacionados con Antonio Miguel Méndez Pozo, otro de los investigados en la operación Púnica. He aquí los datos:

“En el grupo PEYBER, actualmente en concurso de acreedores, aparecían las sociedades TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1 a 5.

En TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2, SL, asociado a los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado (Peyber) estaba un sujeto llamado José Villarig Lou, implicado en la trama delictiva del caso GESCARTERA. Por otra parte, en TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, SL, consta como socio la mercantil VANCOUVER GESTIÓN, que a su vez es propiedad del grupo DICO, implicado en la operación Púnica y de ARAUNA CORPORACION Y CONSULTING S.L, propiedad del detenido en la misma operación, David Marjaliza Villaseñor.

Pues bien, no acaban aquí los vínculos entre PEYBER y personas o entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional en relación con la que el propio Juzgado de Instrucción ha calificado como organización criminal dirigida por Granados y Marjaliza.

Además de lo anterior, en la sociedad TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, S.L., es consejero un tal Victor Manuel Clemente Alonso, nombrado el 27 de septiembre de 2007 y que cesa en el 15 de octubre de 2012.

Victor Manuel Clemente Alonso también está en los consejos de administración de más de una docena de sociedades, todas muy interesantes, incluido el club de fútbol Getafe, pero lo que ahora importa es que hasta el 12 de febrero de 2009 tenía los cargos de consejero del mancomunado y consejero en la sociedad IZEN INNOVACIÓN S.L., investigada, como digo, por su relación con la trama Púnica.

El historial del consejo de administración de esta sociedad es de gran interés. El 24 de feberero de 2009 fue nombrado administrador único de la sociedad, Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo, pero el mismo día, cesaban como consejeros los siguientes individuos:

  1. David Marjaliza (ahora en prisión)

  2. Agustín Clemente Alonso (con toda seguridad hermano de Víctor Manuel)

  3. José Miguel Físico Cabañas, director de inversiones de CCM Corporación cuando la Caja de Castilla la Mancha estaba presidida por Hernández Moltó y, por ejemplo, se prestaron más de 200 millones de € a implicados en la operación Malaya.

  4. José Antonio Alonso Conesa, tambíen detenido e imputado en la operación Púnica.

  5. José Luis Rodríguez Romo, que fuera Director General Adjunto con el imputado Hernández Moltó y que, cosa interesante, también estaba en los consejos de las mercantiles CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22 SL, donde compartía mesa con un tal Juan María López Alvarez, socio de MOLA 15, donde aparecen implicados, de una forma u otra, los “malayos”, Bruno Baumann, Juan Germán Hoffmann, Pedro Román Zurdo, Juan Antonio Roca, etc.

Ahora, la operación Púnica llega a Alcobendas y, repetimos, allí también opera el grupo PEYBER. Al respecto, en fecha tan temprana y previa a la operación Púnica, ya se informo de esto en Notitia Criminis:

“No obstante lo dicho, sería un error de bulto concluir que PEYBER tiene limitado su alcance al oligopolio inmobiliario que con Aurelio González Villarejo y, en mucha menor medida, con los hermanos López Iglesias, ha conseguido asentar en Carranque; igual que sería una cándida teoría considerar que el entramado actual de PEYBER es obra de sus socios o, incluso, del propio Alejandro Pompa a quien, con su cursillo de delineación en los salesianos de Atocha, no le asiste ni la capacidad, ni los conocimientos imprescindibles para ello.

A día de hoy PEYBER está activa en muchos sitios y uno de ellos es el municipio madrileño de Alcobendas. Allí tiene oficinas en la calle –no es chanza– Calabozos, número 12; allí construye o ha construido 122 viviendas de protección oficial en el distrito de Fuente Lucha; los edificios Veganova y Las Mercedes, para el grupo inmobiliario DELTA; o los edificios Hispania I y II para RUAN y, además, coincidiendo con la concesión por parte del Ayuntamiento de una contrata para edificar el “Centro de Salud Arroyo de La Vega”, también ha comenzado a patrocinar las artes.

Ensombreciendo a los arzobispos Schrattenbach y Colloredo juntos, la mercantil PEYBER ha pagado parte del concierto de la orquesta sinfónica checa organizado por el Ayuntamiento y por la fundación Ciudad de Alcobendas.

Al hilo de este mecenazgo, como se puede comprobar en el vídeo, Ricardo Díaz Bermejo, consejero delegado de la constructora, decía con respecto a Alcobendas: “Nos ha acogido desde los inicios de nuestra empresa de una manera siempre estupenda en esta Ciudad (sic). Esperamos de esta manera, firmando este convenio, poder devolver algo a la ciudad que hasta ahora (sic) nos ha sido dado”.

Después de esto, no tardaron en salir noticias relacionadas con PEYBER y Alcobendas, o mejor dicho, relacionadas con PEYBER y un posible delito de prevaricación. Así se recogió la información en Notitia Criminis:

“Se trata de la adjudicación del contrato de obra del centro de salud Valdelasfuentes, en Alcobendas. La noticia fue dada por la Cadena Ser, el 13 de abril de este año y, finalmente, la denuncia pública hecha tanto por la concejal de IU de la localidad, como por los ediles del PSOE, frustró el intento de seleccionar a la constructora PEYBER HISPÁNICA, la cual había obtenido el segundo puesto en la licitación.

Previamente, PEYBER ya se había alzado con la construcción de otro centro de salud, el de Arroyo de la Vega, por un importe cercano a los tres millones de Euros. En esa ocasión El País, aseguró que la obra fue financiada con los fondos del Plan E, a pesar de que la materia era competencia de la Comunidad de Madrid”.

Este blog comenzó, hace ya mucho tiempo, a buscar ovillos a partir de un hilo que asomaba por las puertas del Ayuntamiento de Carranque, que colgaba de los atrabiliarios y astrosos bolsillos de Alejandro Pompa. Ese hilo, sin romperse en ningún momento, llevó hasta Tofiño, en Illescas, hasta el chalet que Aurelio González Villarejo le estaba construyendo a Bono en Bargas, Toledo –causa del desvelamiento de su multimillonario patrimonio inmobiliario– llevó hasta Estepona y la operación Astapa, hasta Marbella y la operación Malaya, hasta Seseña, donde además de “El Pocero” apareció un tal Giovanni Piero Montaldo, tenido por la UDYCO como miembro de la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta… nos llevará pronto hasta Rumanía donde han aparecido ciertos certificados falsos emitidos por el Ayuntamiento de Illescas cuando José Manuel Tofiño era su alcalde… y ahora, nos lleva hasta los escenarios y protagonistas de la operación Púnica.

Muchas cosas se podrán decir de Alejandro Pompa, pero nunca que no es pródigo, feraz, ubérrimo, en informaciones de interés, que no es hábil a la hora de hacer famosos a muchos que no lo eran, razón por la cual, “seguiremos informando”.

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Written by Die Rote Kapelle

10 junio 2015 at 18:17

Socios del constructor Aurelio González Villarejo implicados en las últimas operaciones anticorrupción de Alicante y Murcia

El pasado 29 de junio el alcalde de San Javier (Murcia) José Hernández fue detenido por agentes de la UCO, junto a los constructores Santiago Martínez Esparza (URDEMASA) Jaime Navarro Aparicio (GRIMANGA) y Antonio Javier Sánchez Reyes (LADERA DOS MARES).

Según ha informado El País, estas detenciones traen cuenta de las investigaciones iniciadas en 2008 en relación con el presunto trato de favor dispensado por el alcalde Hernández a dos empresarios: Santiago Martínez Esparza, uno de los ahora detenidos, y Juan Gracia Jiménez.

Ocho días después, este martes día 6 de julio, la policía ha detenido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll y al constructor Enrique Ortiz Selfa, y ha realizado registros en el ayuntamiento de Orihuela y en la sede de la empresa ORTIZ E HIJOS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, propiedad del citado Ortiz.

La Fiscalía investiga el Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero del año 2008. La aprobación –según el diario Público– “se produjo por unanimidad por los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por Ripoll y que recayó en la UTE CESPA-ORTIZ”.

La empresa CESPA, asociada con Ortiz en este caso, es muy conocida. Se dedica al negocio de la basura, pertenece en un 99,99 % a FERROVIAL SERVICIOS y tiene participación, entre otras muchas sociedades, en GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE TOLEDO. También, según el “plan de saneamiento financiero” propuesto por el Ayuntamiento de Aranjuez el 22 de julio de 2009, esta entidad es una de las principales acreedoras de esa Corporación (la deuda, en esa fecha, ascendía a 5.237.520,96 €) y, además, aparece mencionada en los Tomos VI, VII y XI del sumario del caso Astapa, relativo a la operación contra la corrupción en Estepona.

Para resumir la mucha y detallada información que obra en el sumario Astapa sobre la mercantil CESPA, puede citarse lo dicho en el informe de la UDEF CENTRAL incluido en el Tomo VII de las diligencias, folio 3.126:

Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2007, se producen comunicaciones telefónicas entre algunos funcionarios con gran poder decisorio dentro del Ayuntamiento de Estepona, como es el caso de José FLORES SIMÓN, Jefe de Gabinete de Alcaldía, y responsables de la mercantil CESPA, representada en las conversaciones por Antonio LÓPEZ SOTO (Delegado de Andalucía Oriental) y Manuel MEDINA MURILLO, con el objeto de obtener, por parte de estos últimos, la adjudicación del servicio de limpieza del municipio. Las conversaciones telefónicas pusieron de manifiesto que CESPA habría pagado alguna deuda municipal y que personas como Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ, Concejal de Hacienda y Personal, habría podido exigir algún tipo de contraprestación económica a los responsables de la mercantil concursante, a cambio de favorecer la concesión del servicio.

El día siete de abril de dos mil ocho, la empresa CESPA, filial del GRUPO FERROVIAL, resultó concesionaria de la gestión de los servicios de recogida y transporte de los residuos urbanos, suministro, colocación, mantenimiento y lavado de los contenedores para dichos residuos y limpieza viaria de Estepona… La aprobación de la concesión del servicio de limpieza se habría producido en una Junta de Gobierno extraordinaria, precedida por una Comisión Informativa, presidida por Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ, concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Estepona y en la que habrían figurado como vocales y otros, personas como Rafael Antonio DUARTE MARTÍNEZ, Manuel REINA CONTRERAS, Ricardo GALEOTE QUECEDO o María Luisa RODRÍGUEZ PINO SÁNCHEZ.

Estas últimas detenciones practicadas en San Javier (Murcia) y en Alicante –en este caso, en relación con la llamada “mafia de las basuras”– podrían acabar teniendo ramificaciones en Castilla-La Mancha y, concretamente, salpicando a Aurelio González Villarejo, asociado con algunos de los detenidos e investigados.

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Aurelio González Villarejo y Juan Gracia Jiménez

Tomo VII del sumario Astapa

Ya se dijo en Notitia Criminis hace tiempo. Aurelio González Villarejo es socio, tanto de Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-07, como de Enrique Ortiz Selfa.

El primero, Juan Gracia Jiménez aparecía vinculado –en el ámbito del Plan Parcial Torre del Rame de los Alcázares (Murcia)– con un grupo de empresarios, todos también del gremio de la construcción, investigados o imputados en el curso de la Operación Ninette; así como al arquitecto municipal de esa localidad, Mariano Ayuso, detenido durante la citada operación; y a Enrique Ventero Terleira, uno de los principales imputados en la Operación Malaya.

El mismo Juan Gracia Jiménez es uno de los constructores que acompañaron, junto al propio Aurelio González Villarejo, a Luis Portillo –también socio del imputado en Malaya, Enrique Ventero– en la OPA que permitió a éste hacerse con el control de COLONIAL, luego llevada a la quiebra en uno de los primeros episodios del fiasco inmobiliario español

Por otro lado, este empresario levantino ya se ha visto implicado en varios casos de presunta corrupción. Como ya dije aquí, la Fiscalía del TSJ de Murcia abrió diligencias contra el alcalde de San Javier, José Hernández por posibles tratos de favor a los constructores Santiago Martinez Esparza y Juan Gracia Jiménez, de los cuales, además, es socio en la mercantil NUEVA VALENCIA AL MAR S.L.

En la misma localidad, la Fiscalía también abrió investigaciones sobre PEINSA-97 a causa de la urbanización denominada “Señorío de Roda” que, según denuncia presentada por el Grupo Independiente de San Javier, se inició sin ningún tipo de permiso y si que estuviera aprobado el plan parcial necesario para iniciar los trabajos.

Lo mismo ocurre en el caso del Plan Parcial “Roda Golf” que supone la recalificación de un millón de metros cuadrados de suelo rústico de interés agrícola, a favor de URDEMASA, la empresa de Martínez Esparza, socio del alcalde de San Javier y de Juan Gracia Jiménez.

PEINSA-97, también está relacionada con el caso del puerto deportivo de San Pedro del Pinatar. Se da la circunstancia de que aquí, PEINSA-97 participa junto a la empresa de Félix Marín García, INVERSIONES HIPOTECARIAS DEL MEDITERRÁNEO S.L.

En la localidad de Mula, el Fiscal Jefe, abrió diligencias contra el concejal de urbanismo Leandro Pérez Cobos, por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, relacionados con la compra, por parte del tal Leandro junto con otros socios, de casi dos millones de metros cuadrados al precio de 55.000 € que después vendió, siendo concejal, en 2004 por 1.162 millones de Euros a las empresas ARTECONS MAR MENOR S.L., URBICOSTA S.L. y GALBA INVERSIONES S.L., todas propiedad de Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-97.

En La Unión, PEINSA-97 ha estado implicada en el caso de “La Casa del Piñón”, edificio que fue objeto de un convenio denunciado en su día por presunto tráfico de influencias y prevaricación.

El caso de Pilar de la Horadada tiene, si cabe, mayor importancia. En esta localidad el alcalde Ignacio Ramos fue depuesto mediante moción de censura y con la ayuda de una concejal trásfuga, debido a su oposición al Plan de Actuación Integrada (PAI) de Pinar de lo Romero en el que está prevista la construcción de 5.200 viviendas y el imprescindible campo de golf. El proyecto urbanístico había sido presentado por las mercantiles METROPOL DESARROLLOS URBANÍSTICOS S.L y PEINSA-97 S.L.

Precisamente, la mercantil METROPOL es una de las que Juan Gracia Jiménez comparte con Aurelio González Villarejo. Su capital está repartido entre PEINSA 97, CONSTRUCCIONES VILLAREJO y PROMOCIONES GONZÁLEZ, las dos últimas del citado Aurelio González Villarejo.

Otra de las sociedades que González Villarejo comparte con Juan Gracia es NUEVOS ENTORNOS URBANOS, en cuyo consejo de administración, aparecen el citado Juan Gracia, Alberto González Tostado, hijo de Aurelio González y Román Conde Alonso, este último también presente en URBAPLANING, la empresa del grupo de González Villarejo que actúa en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas (Toledo) y en los PAUs de las Montanillas en Carranque (Toledo).

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Aurelio González Villarejo y Enrique Ortiz Selfa

Enrique Ortiz

González Villarejo, promotor en Bargas de uno de los chalets adquiridos últimamente por las empresas de la familia Bono, también es socio de Enrique Ortiz Selfa en la mercantil VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO. Esa asociación provocó que Aurelio González tuviera que declarar como testigo en las diligencias seguidas en Alicante contra el citado Enrique Ortiz por el “Caso de los Aparcamientos”, un enrevesado asunto en el que también estuvieron implicados el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi y la actual alcaldesa, Sonia Castedo. Los detalles del caso se pueden consultar aquí, pero de cualquier forma, tanto Ortiz como González Villarejo salieron bien librados de este asunto, archivado, finalmente, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.

Otro de los asuntos importantes en el que se vio implicado Enrique Ortiz, y que aún colea, fue el del Plan Rabasa (15.000 viviendas sobre un suelo de 4,2 millones de m2) El País del día 30 de marzo de 2008 titulaba: “Un dictamen concluye que Alperi ―el alcalde de Alicante en esas fechas― benefició al promotor Ortiz al modificar el plan Rabasa”. En ese dictamen se decía que “la mercantil seleccionada ―VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO SL― ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia… El propio ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor”. Por supuesto, como acabamos de decir, en esa empresa también participa Aurelio González Villarejo.

Sin embargo, hasta ahora, el caso de corrupción de mayor alcance que salpica a Enrique Ortiz es en la Operación Gürtel.

Como ya dije, el pasado día 25 de septiembre de 2009, El Mundo titulaba: «El PP de Valencia montó su “Filesa”», por su parte, el 22 de septiembre El País habría su primera página con este otro titular: «Seis constructoras financiaron al PP valenciano a través de la red “Gürtel”». La información procedía de un dossier elaborado por la Brigada de Blanqueo de la policía judicial. En él se analizaban conversaciones grabadas a los imputados y una extensa documentación intervenida en los distintos registros.

Según esa investigación, la Brigada de Blanqueo considera una de las empresas que habría participado de pleno en la trama de corrupción valenciana es ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, propiedad de Enrique Ortiz Selfa. Así, por ejemplo, según el diario Público, “varios correos electrónicos intervenidos por la Policía a Orange Market… constatan que la trama Gürtel falsificó facturas en beneficio de la formación conservadora… en uno de esos correos un empleado de Orange Market se dirige a un subordinado de José Ramón Blanco Balín, blanqueador de la red corrupta, y le da instrucciones sobre dos facturas. Tras especificar el número de cada una de ellas y el importe superior a 30.000 euros en un caso y a 80.000 en el otro, le comunica que ambas deben ponerse a nombre de la empresa Ortiz e Hijos”.

Written by Die Rote Kapelle

8 julio 2010 at 10:38

La trama valenciana del caso Gürtel salpica a Peyber y a Aurelio González Villarejo

Jesús Mª G. Peinado, socio de PEYBER y aparejador del Ayuntamiento de Carranque

Jesús Mª G. Peinado, socio de PEYBER y aparejador del Ayuntamiento de Carranque

Las últimas noticias que se han hecho públicas en relación con empresas implicadas en las presuntas tramas de corrupción y sobornos de Francisco Correa y Alvaro PérezEl Bigotes” en Valencia, destapan la cercanía de PEYBER y González Villarejo con los protagonistas de estos hechos. Tanto PEYBER, la empresa del aparejador municipal (en excedencia) de Carranque (Toledo) como el constructor Aurelio González Villarejo, amigo personal de Bono y Barreda, uno de los principales deudores de CAJA CASTILLA-LA MANCHA y parte en el fiasco del aeropuerto de Ciudad Real, así como protagonista destacado en el desastre de INMOBILIARIA COLONIAL, llevada a la quiebra por Luis Portillo; mantienen una estrecha asociación con SEDESA y con ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS.

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Peyber y la trama de Alvaro Pérez “El Bigotes” en Valencia.

El pasado día 25 de septiembre, El Mundo titulaba: «El PP de Valencia montó su “Filesa”», por su parte, el 22 de septiembre El País habría su primera página con este otro titular: «Seis constructoras financiaron al PP valenciano a través de la red “Gürtel”». La información procedía de un dossier elaborado por la Brigada de Blanqueo de la policía judicial. En el se analizaban conversaciones grabadas a los imputados y una extensa documentación intervenida en los distintos registros.

El funcionamiento de la trama, según el citado informe, era el rutinario en estos casos. Dicho de forma esquemática: órganos del PP valenciano contrataban diversos servicios con ORANGE MARKET, la empresa del ahora preso Francisco Correa y gestionada por su hombre en la región, Alvaro PérezEl Bigotes”. Los gastos ocasionados por tales servicios eran, luego, compensados con adjudicaciones dadas por el Gobierno regional o por órganos dependientes de ese Gobierno. En otros casos, la empresa de “El Bigotes”, y esto es lo que ahora más interesa, giraba las facturas de los contratos hechos con el PP regional a varias empresas constructoras que, a su vez, veían compensada su generosidad mediante adjudicaciones públicas. Es decir, que el dinero, en realidad y última instancia, de donde salía no era de las constructoras, sino de las arcas públicas, lo cual es relevante a efectos penales, pero en cualquier caso veamos qué constructoras eran esas: SEDESA, presidida por Vicente Cotino Escrivá; LUBASA, propiedad de Luis Batalla Romero; ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, perteneciente a Enrique Ortiz Selfa; FACSA, de Enrique Gimeno Escrivá; y PIAF, de Antonio Pons Dols.

La constructora SEDESA, como acabo de decir, es propiedad de Vicente Cotino, el sobrino de Juan Cotino que fue vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, pero eso no quiere decir que sólo haga jugosos negocios en Valencia. También los hace en Castilla-La Mancha y, más en concreto, en Guadalajara, donde en unión temporal de empresas ha resultado agraciada con la adjudicación de una contrata de 27.134.466,59 € licitada por la Diputación Provincial, para el mantenimiento y reparación de las carreteras de la Zona 2 de la provincia. Dicha UTE está formada por PYEBER HISPANIA SL; por SEDESA, por TECNIVIAL; por ASFALTOS VICÁLVARO; y por CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES Y ACABADOS SA.

Se da la circunstancia de que este proyecto o esta privatización del mantenimiento de las carreteras provinciales, prácticamente idéntico incluso en su precio, al impulsado por José Manuel Tofiño en Toledo ―donde también resultó adjudicataria una UTE formada por COPCISA y PEYBER, luego denominada CONCESIONARIA BERVIA, cuyos dueños a su vez habían creado una sociedad con el hijo de Tofiño― se inició bajo la competencia del Diputado Delegado de Vías y Carreteras de Guadalajara, y alcalde de Almoguera, un tal Luis Padrino, al que ya conocemos aquí.

Este sujeto fue suspendido de militancia por el PSOE de Castilla-La Mancha, después de que se le grabara con una cámara oculta haciendo de “agente inmobiliario” del “malayo” Emilio Rodríguez Bugallo.

El tal Luis Padrino pretendió venderle a la periodista que publicó el reportaje una finca del citado Rodríguez Bugallo situada en su pueblo, Almoguera, con las correspondientes promesas de recalificaciones, suministros de aguas y la gestión de compra de terrenos adyacentes mediante engaños a sus propietarios.

Al margen de que en esa finca se ocultaba al menos un caballo de la yeguada de Juan Antonio Roca, se da la notable coincidencia ―más notable si cabe después de las ultimas informaciones― de que Emilio Rodríguez Bugallo, ya fallecido, era el padre de Carmen Rodríguez Quijano, la señora esposa de Francisco Correa, esto es, del que dicen ser el cabecilla de la trama Gürtel.

Por otro lado, PEYBER la constructora del “amigo íntimo” del alcalde de Carranque, Alejandro Pompa ―a decir del propio secretario de ese ayuntamiento― tampoco anda muy lejos de la empresa de Luis Batalla. LUBASA, además de en Valencia, ha hecho negocios en Madrid junto a la ahora quebrada SEOP DE OBRAS Y SERVICIOS propiedad del cántabro Javier Montalvo, es decir, la empresa de Luis Batalla formó una UTE con SEOP DE OBRAS Y SERVICIOS constituida el 15 de diciembre de 2004 y domiciliada en la C/ Bausa, 13 ―Edificio Silver Eagle, 15―, por cierto, al lado de las oficinas de VEMUSA, la mercantil del “malayo” Enrique Ventero.

Por su parte PEYBER también tiene una UTE con SEOP, que concierne al negocio de los desperdicios en el que PEYBER entró con la escombrera de Pantoja (Toledo) y con la fracasada escombrera de Villaverde. Mediante esta UTE, las constructoras SEOP y PEYBER HISPÁNICA explotan una planta de tratamiento de basuras bautizada pomposamente como Centro de Clasificación y Transferencia de RCD de Moralzarzal, en la localidad madrileña del mismo nombre, claro está.

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La estrecha vinculación de SEDESA a la trama corrupta de El Bigotes.

Las informaciones que se suceden, casi torrencialmente, en los últimos días están poniendo de manifiesto el hecho de que, entre ORANGE MARKET ―la empresa de Correa regentada por Pérez El Bigotes” en Valencia― y SEDESA, existía una relación estructural más allá de puntuales pagos.

Según publicaba El Mundo el pasado día 29, el Grupo SEDESA ―que como ya se ha dicho, tiene como socio al sobrino del Vicepresidente del Gobierno valenciano― intentó comprar EASY CONCEPT, corazón de la trama Gürtel. Para ello, Vicente Cotino en representación de SEDESA, entró en conversaciones con El Bigotes. Sin embargo, los implicados llegaron a la conclusión de que “lo mejor sería indicar a Cotino que creara una empresa totalmente nueva” ya que tenían la sospecha de que EASY CONCEPT estaba siendo seguida de cerca por la Agencia Tributaria.

El Mundo añade que, “entre los años 2007 y 2009, las distintas empresas ligadas a la familia Cotino, fueron beneficiarias de numerosos contratos públicos en la Comunidad Valenciana. En total el Grupo SEDESA consiguió adjudicaciones por más de 500 Millones de €”.

Naturalmente, que en el caso Gürtel exista documentación, conversaciones grabadas y, en definitiva, un profuso material probatorio que induce a la muy viva sospecha de que en el funcionamiento de SEDESA, el soborno, el tráfico de influencias, la financiación ilegal del partido político en el Gobierno y la adjudicación directa o mediante licitaciones amañadas de contratos públicos, eran prácticas conocidas; no quiere decir que en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Castilla-La Mancha, el funcionamiento de las empresas de Vicente Cotino sea igual de sospechoso, pero tampoco, el mero cambio de contexto geográfico, prueba lo contrario.

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Enrique Ortiz Selfa y Aurelio González Villarejo

Otra de las empresas que según la policía habría participado de pleno en la trama de corrupción valenciana es ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, propiedad de Enrique Ortiz Selfa. Así, por ejemplo, según el diario Público, “varios correos electrónicos intervenidos por la Policía a Orange Market… constatan que la trama Gürtel falsificó facturas en beneficio de la formación conservadora… en uno de esos correos un empleado de Orange Market se dirige a un subordinado de José Ramón Blanco Balín, blanqueador de la red corrupta, y le da instrucciones sobre dos facturas. Tras especificar el número de cada una de ellas y el importe superior a 30.000 euros en un caso y a 80.000 en el otro, le comunica que ambas deben ponerse a nombre de la empresa Ortiz e Hijos”.

Pues teniendo esto en cuenta, resulta que de algunos de los negocios que este importante constructor valenciano mantenía con el no menos importante constructor conquense Aurelio González Villarejo, dueño del GRUPO G.V., ya hablamos aquí hace tiempo y bastante antes de que el caso Gürtel saliera a la luz. De tales negocios, los que más notoriedad pública han alcanzado son los relacionados con el Plan Rabasa y con el caso de los aparcamientos de Alicante.

En cuanto al Plan Rabasa (15.000 viviendas sobre un suelo de 4,2 millones de m2) El País del día 30 de marzo de 2008 titulaba: “Un dictamen concluye que Alperi ―el alcalde de Alicante en esas fechas― benefició al promotor Ortiz al modificar el plan Rabasa”. En ese dictamen se decía que “la mercantil seleccionada ―VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO SL― ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia… El propio ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor”.

Es decir, con la modificación introducida por Alperi, que según algunos departamentos administrativos del propio ayuntamiento producían cambios económicos sustanciales, la empresa de Ortiz Selfa podía obtener, con un porcentaje de permuta del 53%, suelo destinado a renta libre al precio de suelo para vivienda protegida, por lo tanto, mucho más barato.

Lo que ocurre es que Enrique Ortiz Selfa no era el único que se beneficiaba de estos favorables cambios introducidos por el alcalde Alperi. Si bien es cierto que el administrador único de VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO es el propio Enrique Ortiz, en esa sociedad hay más accionistas. Además están Aurelio González Villarejo, la CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO ―la misma que financió al Pocero en Seseña― y SACYR-VALLEHERMOSO ―como se ha visto aquí, estrechamente asociada con los “malayos” Roca y Pedro Román― además de algún otro socio minoritario.

El otro de los asuntos de Ortiz Selfa que salpicó a Aurelio González Villarejo ―el propietario de URBAPLANING a través de la cual el constructor está presente en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas y en los PAUs de “Las Montanillas” en Carranque (Toledo)― fue el del “Caso de los Aparcamientos” a causa del cual fue llamado a declarar ante los Juzgados de Alicante.

La Fiscalía Anticorrupción denunció al entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, a la concejal Sonia Castedo, que ahora ocupa la alcaldía, y a Enrique Ortiz Selfa, entre otros. Los hechos se remontaban al pleno del Ayuntamiento de Alicante del día 17 de enero de 2003. En esa fecha se adjudicó a ORTIZ E HIJOS SA, único licitador, un contrato de construcción y explotación de tres aparcamientos en la ciudad. Inmediatamente después de conseguida la adjudicación, la empresa de Ortiz Selfa presentó una solicitud de modificación, por circunstancias imprevistas, que suponía un incremento del precio de licitación de 3.341.291 €.

Los técnicos competentes del Ayuntamiento, así como el jefe del Servicio de economía y Hacienda y el de Contratación y Patrimonio rechazaron estos cambios. Ante esta situación ―o coincidiendo con ella en el tiempo― Díaz Alperi firmó un decreto de alcaldía, de fecha 14 de enero de 2004 por el que sustituía en la dirección del contrato a los ingenieros de Urbanismo, nombrando en su lugar al Jefe del Departamento Técnico de Tráfico, el también denunciado Antonio Escobedo.

Según consta en la denuncia elevada por la Fiscalía, Antonio Escobedo “en cumplimiento de instrucciones verbales” de su concejal, Luis Concepción, autorizó el 28 de febrero de 2005 el sobrecoste de más de tres millones de Euros, citado antes.

Simultáneamente a estos hechos, se descubrió que los tres hijos de Alperi estaban ocupando sendas viviendas en la urbanización de Playa de San Juan, que eran propiedad de la constructora VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO.

El constructor Ortiz, en el marco de las actuaciones judiciales por el caso de los aparcamientos, declaró que tales viviendas las había cedido a su socio Aurelio González Villarejo y que éste habría hecho con ellas lo que le conviniera.

Los detalles de estas circunstancias, publicada en el diario Información por Mercedes Gallego, ya fueron incluidos aquí y están puntualmente precisadas en el recurso que la Fiscalía ―que se puede descargar íntegro desde aquí― presentó contra el Auto de archivo evacuado por el TSJ de Valencia; pero conviene recordar alguna cosa. El traspaso de esas viviendas sólo se produjo tras la imputación de Ortiz Selfa en el “Caso Aparcamientos” y se inscribió en el Registro de la Propiedad a nombre de una sociedad de González Villarejo (JACOBRIZ SL) un día antes de que Ortiz declarara ante el Juez. La venta se había acordado sólo 25 días después de que le fuera notificada su condición de imputado al citado Ortiz.

Con la instrucción del caso iniciada por el Juzgado competente de Alicante, Aperi, es de suponer que buscando el amparo que proporciona la condición de aforado, fue incluido en las listas electorales de su partido al Parlamento Autonómico, siendo elegido como diputado regional.

En esa situación, el Juzgado de primera instancia remitió las actuaciones al TSJ valenciano pero con la advertencia de que “en el estado procesal en que se encuentra la causa no pueden desestimarse de forma razonada e inequívoca las hipótesis acusatorias sostenidas pro el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares personadas, único supuesto en el que procedería el archivo de estimarse que los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna”.

Sin embargo, esto fue, precisamente, lo que hizo el alto Tribunal valenciano. En expresión de la Fiscalía, el Magistrado Instructor, al sobreseer la causa, realizó sin contradicción alguna una valoración de las pruebas de cargo y de descargo, llegando a la conclusión de que Alperi, Sonia Castedo y los demás imputados, habían actuado sin dolo, con lo que invadía las competencias del órgano encargado del enjuiciamiento y fallo.

El Tribunal Superior de Justicia rechazó también el recurso de la Fiscalía y Alperi se apresuró a declarar que todo había sido “un montaje”. Después, el mismo Tribunal Superior, negó el recurso de casación de la Fiscalía, por entender que su Auto era irrecurrible y, finalmente, el Tribunal Supremo, volvió a rechazar el recurso de queja que contra esta última decisión también presentó el Fiscal.

Con ese último trámite, el “caso de los aparcamientos” quedó definitivamente cerrado, pero ahora no solamente ORTIZ E HIJOS vuelve a cobrar relevancia pública a causa de la trama Gürtel. La actual Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, concejal de urbanismo de ese mismo Ayuntamiento hasta la dimisión, sorpresiva, de Alperi el 11 de septiembre de 2008 e imputada en el caso de los aparcamientos; también aparece en la documentación incautada al Bigotes.

Según publicó El Mundo el pasado 26 de septiembre “en el periodo de tiempo comprendido entre enero y noviembre de 2007 la Caja B de la empresa que comandaba Alvaro Pérez El Bigotes ingresó 2.856.000 € del PP mientras que en 2008 la suma ascendió a 3.446.985 €… La contabilidad de 2007 procede de un archivo informático incautado por la Policía donde se reflejan distintas sumas… Con la fecha, el concepto y el nombre de la persona o la organización que realiza la entrega… Algunas son especialmente significativas… Aparece un ingreso de Alicante Sonia de 24.000 €”. El Mundo puntualiza que Sonia Castedo es la Alcaldesa de esa ciudad.

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5 octubre 2009 at 8:41

¿Tiene arte o parte Caja Castilla-La Mancha en el nombramiento de un hombre del “malayo” Ventero como Consejero Delegado de Inmobiliaria Colonial?

José María Barreda y Juan Pedro Hernández Moltó

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24 febrero 2009 at 10:12

Aurelio González Villarejo implicado en el caso Alicante

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Sin duda, la vida de varias personas resultaría mucho más muelle si nunca hubieran llegado a conocer a Alejandro Pompa. Puede que Aurelio González Villarejo sea una de esas personas y esto no es una mera apreciación personal, porque el dueño de PROMOCIONES GONZÁLEZ y de DESARROLLOS URBAPLANING S.L., la empresa adjudicataria de los PAUs de Las Montanillas en Carranque, es un hombre al que parecen acumulársele los problemas. Eso es lo que ocurre desde el fiasco de COLONIAL donde, con símil náutico, formó parte de la dotación de presa capitaneada por Luis Portillo, hasta su implicación en un aireado caso de corrupción en Alicante que afecta, entre otros, a su socio Enrique Ortiz, para más señas, Enrique Tomás Francisco Ortiz Selfa, y al alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi.

González Villarejo es socio de Ortiz Selfa en la mercantil VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRANEO S.L., con CIF: B53715967. A propósito de los “proyectos” de VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRANEO en Alicante, el diario “El País” de 27 de agosto de 2006 irfomaba sobre un dictámen según el cual los cambios introducieos por el Ayuntamiento de Alicante, presidido por Luis Díaz Alperi, “provocaron un importante aumento de las espectativas de negocio de la adjudicataria, la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo SK, del promotor Erique Ortiz, al incrementar en un 28,60% el coste de la urbanización… La mercantil seleccionada (continúa el dictamen)ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia, lo cual además le permite optar a un negocio añadido de adquisición de suelo, de dudosa legalidad, en la que el propio Ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor”.

Por otro lado, el mismo periódico, el 22 de agosto de 2006, había informado del inicio de diligencas por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra el Alcalde Luis Díaz Alperi y los concejales de su equipo, Sonia Castedo y Luis Concepción, contra un técnico municipal y contra la promotora ORTIZ E HIJOS, por, entre otros, un supuesto delito de tráfico de influencias en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos. Según la Fiscalía, la modificación de las condiciones iniciales del contrato había causado al Ayuntamiento un quebranto económico de, al menos, 2,268.060 €.

Pues bien, en relación con estos asuntos surge, con un protagonismo mayor que el que ya corresponde a un socio del investigado Enrique Ortiz Selfa, el nombre de Aurelio González Villarejo, sin que su conocida amistad con José Bono y Barreda, sea obstáculo para hacer negocios en el ámbito de autoridad del Alcalde Alperi, en este caso del PP.

De todas formas, como el caso es conocido, copio aquí la noticia que, en su momento, apareció en el diario Información.es:

UN ASUNTO POLÉMICO

Los hijos de Alperi ocupan casas hechas por Ortiz y traspasadas tras ser imputado.

La venta de los tres bungalows por Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L. se inscribió en el Registro de la Propiedad un día antes de que el empresario declarara ante el juez por el caso de los aparcamientos

MERCEDES GALLEGO. Los tres hijos del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, ocupan bungalows que hasta hace tres meses eran propiedad de Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L., sociedad que en un 50% es del constructor Enrique Oritz, el mayor contratista de obra pública de la ciudad y principal accionista del Hércules.

La mercantil se deshizo de los tres inmuebles sólo 25 días después de que el titular del juzgado de Instrucción número 8 de Alicante comunicara la imputación al empresario y al alcalde, además de a otros dos ediles y a un técnico, por la denuncia que presentó, el pasado 21 de agosto, el fiscal Anticorrupción por un presunto trato de favor al empresario por parte del Ayuntamiento en las mejoras concedidas tras la adjudicación de la construcción y explotación de tres aparcamientos subterráneos.

El proceso penal se encuentra aún en fase de instrucción después de que todos los imputados hayan prestado ya declaración ante el juez. En esta comparecencia, y a preguntas del acusador público, el alcalde negó la existencia de cualquier vinculación entre sus hijos y Enrique Ortiz así como la de ventajas que pudieran estar disfrutando él mismo o sus hijos, afirmación que, según consta en la transcripción de su declaración en el juzgado, apostilló con un «que yo sepa».

También el empresario, al ser preguntando por el fiscal Anticorrupción, aseveró ante su señoría que «no ha permitido nunca que el señor Alperi disfrute de ningún bien propiedad de declarante (por Ortiz) ni a ningún allegado suyo».

Las tres viviendas, ubicadas en una zona residencial de la Playa de San Juan próxima al campo de golf del Pau 4, fueron vendidas el pasado 19 de octubre a Jacobriz S. L., una sociedad con domicilio social en Madrid estrechamente vinculada a Aurelio González Villarejo, socio de Ortiz en la construcción y promoción de este conjunto residencial. La operación de compraventa fue inscrita en el Registro de la Propiedad el pasado 27 de noviembre, justo un día antes de que Enrique Ortiz compareciera ante el magistrado y cuando faltaban 19 para que lo hiciera el alcalde.

La urbanización en la que se encuentran las tres viviendas fue construida y promovida por Viviendas del Mediterráneo Orvi, una sociedad limitada constituida precisamente para este proyecto el 19 de enero de 2000 en la que Enrique Ortiz está con un 50% y Promociones González S.A., cuyo presidente es el también conocido constructor Aurelio González Villarejo, con un 44%.

La terminación de obra nueva del conjunto fue inscrita en el Registro de la Propiedad el 23 de octubre de 2003. Desde esa fecha y hasta el pasado 19 de octubre, es Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L. quien consta como propietaria de al menos estos tres bungalows de los más de 80 que conforman el complejo.

En este tiempo, dos de los tres hijos del alcalde han venido ocupando, en diferentes periodos, las viviendas. La tercera tiene la dirección postal en la misma urbanización que sus hermanos sin que se haya hecho constar, a raíz del cambio de titularidad, el que las tres casas se encontraban habitadas, según los datos inscritos en el Registro de la Propiedad donde se especifica expresamente que los inmuebles se venden «libres de arrendamientos».

Una de las hijas de Alperi está empadronada en esta dirección desde el 12 de abril de 2005 aunque el contrato suscrito para el suministro de luz aparece a su nombre desde nueve meses antes. Su hermana, que aún figura en el padrón en la vivienda que ocupaban sus padres en el centro de la ciudad, no formaliza su relación con Iberdrola hasta noviembre del año pasado, dos semanas después de producirse el cambio de propiedad, pero existe al menos una factura de la compañía eléctrica de diciembre de 2005 dirigida a su nombre en esa dirección en la que figura como titular del contrato Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L., aunque por un importe tan bajo que induce a aventurar una ocupación no habitual del bungalow.

En el caso de la vivienda que ocupa el hijo del alcalde, empadronado en esta dirección desde el 14 de mayo de 2005, el contrato suscrito entre Viviendas del Mediterráneo e Iberdrola en noviembre de 2003 continuaba el pasado diciembre a nombre de la compañía eléctrica.

También en el padrón del IBI de este año Viviendas del Mediterráneo aparece en calidad de contribuyente en el caso de los tres bungalows.

La venta de las tres viviendas ocupadas por los hijos de Alperi no ha roto, sin embargo, el vínculo de los inmuebles con Ortiz. Como compradora de las casas aparece Jacobriz S.L., una sociedad constituida el 4 de julio del año pasado en Cuenca, base de operaciones del empresario y socio de Ortiz Aurelio González, y que el 30 de octubre de 2006, once días después de la compraventa, trasladó su sede social a Madrid, precisamente a la misma dirección donde tiene el domicilio Promociones González S.A. y otras cuantas empresas más de González Villarejo.

Como propietario de la misma aparece Marino Saiz Briz y como administrador Julián Zamora Saiz, quien también es consejero delegado de Energías Renovables AG S.A de la que Promociones González S.A es la propietaria y Aurelio González Villarejo el presidente, además de compartir también la misma sede social.

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8 junio 2008 at 11:24

La conexión malaya V. La “trama vasca”, Cajasol, CCM, Díaz de Mera y Aurelio González Villarejo

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Dos grandes promociones en la región de Murcia, Lo Poyo y Novo Carthago, en las que han intervenido individuos procesados en el caso Malaya, como Javier Arteche y Luis Maya Galarraga, integrantes de la llamada “trama vasca” marbellí, ponen de manifiesto nuevas conexiones entre Juan Antonio Roca o personas o sociedades ligadas a él, y nombres que intervienen en el negocio inmobiliario de Carranque e Illescas como son los de Juan Tomás Vidal, José Luis Rodríguez Holgado y Aurelio González Villarejo.

Recapitulación

En los cuatro capítulos dedicados, hasta ahora, a las conexiones societarias y de intereses entre personas que controlan o dominan el negocio inmobiliario en Illescas y Carranque, e imputados o relacionados con las investigaciones de la Operación Malaya o con alguna de sus derivadas, como es el caso de la Operación Ninette (Los Alcázares, Murcia) Se ha dado noticia de los siguientes hechos acreditados:

1.- Entre el detenido e imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira (VEMUSA) Por un lado, la Caja Castilla-La Mancha y dos de sus directivos: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, por otro, existe una sólida comunidad de intereses económicos e inmobiliarios, constituidos en la región de Murcia, intereses que entran en contacto, también, con los de Juan Antonio Roca y otros personajes relacionados con la Operación Ninette, como es el caso de Félix Marín García.

2.- Por su parte, Juan Tomás Vidal ha desempeñado, a lo largo de una década, altos cargos en los Gobiernos de José Bono como, por ejemplo, el de Director General de Hacienda; y esto en la Consejería del mismo ramo, presidida, en esos momentos por Hernández Moltó, actual presidente de la CCM.

3.- También es un hecho acreditado, que uno de los administradores de PROMOCIONES MIRALSUR S.L., antes de que Juan Tomás Vidal y Rodríguez Holgado ocuparan dichos puestos, era Guillermo García-Mauriño Ruiz-Berdejo, actual Director General del grupo VEMUSA que preside el imputado en la Operación Malaya Enrique Ventero Terleira, y cuyo nombre ha salido a relucir en los casos de corrupción denunciados en la localidad sevillana de Espartinas.

4.- Casualmente, sin duda, tanto el Grupo VEMUSA como el Grupo PEYBER (con participación mayoritaria en VILLA ROMANA GOLF S.L., de la que Juan Tomás Vidal es vicepresidente) Comparten un mismo “gabinete de comunicación de crisis”, el de las hermanas Abascal Morte.

5.- Ventero Terleira no es el único detenido e imputado en la Operación Malaya con el que están relacionados Juan Tomás Vidal y Rodríguez Holgado. José María González de Caldas está presente en el consejo de administración de INMOBILIARIA CHAMARTÍN S.A. Una de las filiales de esta mercantil es CHAMARTIN RENTA Y DESARROLLOS S.L. en la que participa al 50% PLANES E INVERSIONES CLM S.A. en cuyo consejo, también están presentes Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado.

6.- Además, entre los antiguos accionistas de PLANES E INVERSIONES CLM S.A. Esta el empresario conquense Aurelio González Villarejo, próximo desde antiguo a José Bono y cuya empresa, DESARROLLOS URBAPLANING S.L. también tiene una posición dominante en Illescas y Carranque, es decir, en los ámbitos de poder de José Manuel Tofiño y de Alejandro Pompa.

7.- Juan Antonio Roca, a quien se tiene por cabecilla de la trama de corrupción marbellí, actuaba en Los Alcázares (Murcia) A través, entre otras, de la mercantil MASDEVALLIA, la cual estaba administrada por la que, según la documentación del sumario Malaya, era una de las principales testaferros de éste: Montserrat Corulla Castro. Esta compañía tenía, al menos, una cuenta bancaria en la CCM, entidad con la que realizaba diversas operaciones, extremo acreditado por la documentación obrante en el citado sumario Malaya.

8.- Una de las principales tareas de Montserrat Corulla en Madrid, fue la de intervenir en la operación de venta del frontón Beti Jai. Las principales negociaciones se desarrollaron con la cadena hotelera NH Hoteles, a través de uno de sus consejeros: Heráclio López-Sevillano, con quien Montserrat Corulla pensaba repartirse una comisión de tres millones de Euros, negocio que quedó frustrado por la detención de ésta. En la cadena NH Hoteles, también tiene o ha tenido acreditados intereses Aurelio González Villarejo, propietario de NH Cuenca, sociedad que luego fue absorbida por otra de las empresas del Grupo González Villarejo.

9.- Por otro lado, la cadena hotelera NH ha entrado, a través de MORGAN STANLEY en el mismo tejido societario que INMOBILIARIA CHAMARTIN S.A., en relación con la cual, hemos visto a la CCM y a Juan Tomás Vidal y J. L. Rodríguez Holgado.

10.- Por último, hasta ahora, también están acreditadas las estrechas relaciones mercantiles entre Aurelio González Villarejo (GRUPO G.V.) Su hijo Alberto González Tostado y su socio Román Conde Alonso, cabeza visible de DESARROLLOS URBAPLANING S.L. en Carranque; con Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-97, cuyo nombre aparece relacionado en varios casos de corrupción denunciados en Murcia, con los imputados en la Operación Ninette y con Félix Marín García, presente en oscuras transmisiones inmobiliarias entre la sociedad MASDEVALLIA, propiedad de Juan Antonio Roca y otros imputados en la Operación Ninette.

La trama vasca

El día 19 de enero de 2005, en la C/ Virtudes de Madrid, un individuo que caminaban detrás del abogado Severino Martínez Izquierdo le llamó por su nombre y cuando éste se volvió le pegó dos tiros que le hicieron caer al suelo. A continuación volvió a disparar intentando rematarle y se alejó del lugar tranquilamente. Con ello, el sicario demostró tener la sangre muy fría pero, también, pésima destreza con las armas porque Severino Martínez, con una herida en la cabeza, una en la mano y otra en el tórax, sobrevivió a los disparos.

La prensa reflejó el incidente sin darle mayor relevancia puesto que, después de todo, no es raro que los abogados se hagan con enemigos poco recomendables. Sin embargo, el tiempo demostró que el tal Severino andaba, realmente, en muy malas compañías.

Ahora se sabe que Severino Martínez Izquierdo era socio de Montserrat Corulla, es decir, de Juan Antonio Roca, en la mercantil EL ANGEL DE TEPA S.A. Además, como también se sabe, y si no se sabe lo digo yo ahora, figuraba igualmente como administrador en INVERSIONES PADUANA S.L., sociedad que el sumario Malaya atribuye a Pedro Román Zurdo, teniente de alcalde de Gil.

No obstante, estas no eran las únicas relaciones del letrado Severino con gente de la operación Malaya. Como consejero de la Mutua de Seguros Pelayo, también ha tenido conexiones con los integrantes de la “trama vasca” de la operación Malaya.

Según informaciones publicadas en su día, la Mutua de Seguros Pelayo, tuvo que ver con un tal Ignacio Lasa Georgas en la mercantil MULPELSA, ya disuelta. Este Lasa Georgas fue, también, apoderado de PROMOCIONES DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES, igualmente disuelta en la actualidad, cuyos presidente y vicepresidente eran Luis Maya Galarraga y Francisco Javier Arteche Tarascón, de los que constan anotaciones en las agendas de Juan Antonio Roca, ya en el año 1995.

Arteche y Maya son gerentes, entre otras de la mercantil YEREGUI que promovía, con la Caja de Guipuzcoa y San Sebastián, la Kutxa, el proyecto de Lo Poyo en Cartagena, Murcia.

Lo Poyo, proyecto ahora paralizado por las sospechas de corrupción que pesan sobre él, y la finca colindante en la que se desarrolla actualmente un gigantesco proyecto inmobiliario llamado Novo Carthago (investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Murcia) Son, en estos momentos, propiedad de la mercantil HANSA URBANA S.A., sociedad que adquirió Lo Poyo a los “socios” vascos de Roca.

Los negocios de Cajasol

Hasta el día de hoy, desde luego, ninguno de los nombres relacionados con el negocio inmobiliario de Carranque e Illescas aparecen implicados en los proyectos de Lo Poyo y Novo Carthago. Sin embargo la compañía HANSA URBANA S.A. sí cuenta con interesantes socios.

Esta empresa tiene por accionista a la Caja del Mediterráneo, principal soporte financiero de Francisco Hernando “El Pocero de Seseña”, pero también a la Caja de Ahorros andaluza de San Fernando, Jerez y Sevilla que, en la actualidad, gira bajo la denominación de CAJASOL y cuyo anterior presidente (el del grupo empresarial) José María Bueno Lindón afronta, junto a otros, una querella criminal interpuesta por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Sevilla.

Los negocios de CAJASOL (“El Monte”) con la trama malaya han sido ya puestos de manifiesto en diversas ocasiones por la prensa. Así, por ejemplo, se han descubierto relaciones mercantiles con empresas del grupo del detenido Fidel San Román y con el citado antes Luis Maya Galarraga, socio de la KUTXA (la Caja de San Sebastián y Guipuzcoa) Hasta que ésta escindió las sociedades que tenía en común con los “amigos” vascos de Roca cuando el asunto saltó a la prensa.

Sin embargo, como es de suponer, los imputados en el caso Malaya no son los únicos con los que la Caja presidida por Bueno Lindón ha hecho negocios. Dos sociedades del grupo empresarial de CAJASOL, a saber: DESARROLLOS URBANÍSTICOS VENECIOLA S.L. e ISOLUX CORSAN, tienen en su consejo de administración a Domingo Díaz de Mera, a Juan Tomás Vidal y a José Luis Rodriguez Holgado, la primera; y la segunda a Juan José Avila González que además de tener, también, el cargo de “apoderado” de CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN S.A., es Consejero en ENERGÍAS EÓLICAS MANCHEGAS S.A., de la cual Aurelio González Villarejo es Presidente.

En otras palabras, Cajasol, nuevamente una Caja de Ahorros, conecta empresarialmente, bien que de forma indirecta, a varios imputados en la Operación Malaya con Juan Tomás Vidal vicepresidente de VILLA ROMANA GOLF S.L., la empresa del grupo PEYBER que desarrolla el PAU del campo de golf en Carranque, con José Luis Rodríguez Holgado, consejero de esa misma compañía y con Aurelio González Villarejo, que preside el Grupo G.V., dentro del cual está DESARROLLOS URBAPLANING S.L., la concesionaria en Carranque de los PAUs de las Montanillas I y II y “postulante” a Agente Urbanizador en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas.

Por supuesto, que una Caja de Ahorros invierta en proyectos de gente “poco recomendable” o que tiene relaciones con gente poco recomendable, no significa que todos sus otros socios sean tenidos por sospechosos, pero lo cierto es que las coincidencias no acaban aquí. En la próxima entrega habrá que seguir otro hilo que parte de Cajasol y que nos llevará en una nueva dirección, la de los hermanos Domingo y Antonio Díaz de Mera, para volver a encontrarnos, enseguida, con la ya famosa Montserrat Corulla y con los socios vascos de Juan Antonio Roca.

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31 mayo 2008 at 11:10

Las viviendas público-privadas de Barreda más caras que las de renta libre

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Ahora resulta que la “ocurrencia” social de Barreda para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda oculta una notable subida de los precios de éstas con respecto a las de renta libre y con el añadido de garantizar a unos pocos, y muy conocidos en Notitia Crimins, promotores inmobiliarios el buen fin de su negocio, puesto que es el propio gobierno regional el que se compromete a comparles tales viviendas si éstas no se venden.

La cosa tiene una lógica aplastante. En la región existen, más o menos, unas 84.000 viviendas que están resultando imposibles de vender, más aquellas otras en proyecto o en vías de construcción. Un plan de vivienda que realmente abaratara el precio en relación con las de renta libre o la construcción de las 50.000 viviendas protegidas que Barreda ofreció en su campaña electoral, entrarían en competencia directa y desigual con las urbanizaciones del conquense Aurelio González Villarejo, con las de Carlos Durán Sánchez, con las de PEYBER, con las de Menchero, con las del Pocero o con las de Domingo Díaz de Mera, por citar algunos nombres significativos y aceleraría su defunción económica.

Una cosa así significaría arrojar a demasiada gente conocida a la trituradora del “concurso de acreedores”. Limpiaría con escoba de hierro las excrecencias de especuladores inclinados a jugar en el mercado sólo cuando se les garantiza una ventaja segura y eso, precisamente, es lo que Barreda parece estar dispuesto a evitar a toda costa y a cualquier precio.

No es otro el efecto del invento de Barreda. Mientras las viviendas “público privadas” garantizan la actividad y el beneficio de estas promotoras en los tiempos magros, los “campos de golf” podrán permanecer en conserva a la espera de mejor fortuna. ¿Es esto una malversación fabulosa de fondos públicos? No, sólo es un acto político amparado por la discrecionalidad, también política, del Gobierno de Barreda que, desde luego, no comparte intereses económicos con estos promotores que he citado y con otros cuyos nombres, de momento, reservo, pero si los actos de los hombres delatan sus intenciones, este último acto de Barreda es muy util para revelar la verdadera intención de esta carta (para leerla correctamente, basta pinchar con el ratón sobre cada imagen) Dirigida por Barreda a Francisco Hernando “El Pocero” de Seseña y fechada el 22 de junio de 2006:

En fin, reproduzco aquí la noticia completa publicada por COTIZALIA sobre el tema:

“El Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha firmado el pasado lunes por la Junta que preside José María Barreda, la ministra del ramo, Beatriz Corredor, sindicatos y empresarios de la región es superado por la realidad del mercado. Sucede que las viviendas público-privadas (VIPP) que el pacto propone para que los jóvenes mileuristas accedan a una vivienda digna son más caras que las libres. ¿Supone este plan una socialización encubierta de las pérdidas para ladrilleros y sus financiadores?

El precio del metro cuadrado de cada vivienda VIPP oscila entre los 1.857 y los 2.142 euros. Precio sensiblemente superior a los 1.447,5 euros por metro cuadrado que costaba de media en la región la vivienda libre en el primer trimestre de 2008, según el propio Ministerio de Vivienda que dirige Corredor, firmante del pacto propuesto por Barreda. Los datos oficiales muestran cómo el metro cuadrado de vivienda libre en Guadalajara y Cuenca ya es más barato este año que en el trimestre anterior. El propio texto original, que pueden consultar aquí, sitúa el precio medio de la vivienda libre en Castilla-La Mancha en 1.519 euros por metro cuadrado.

Como quiera que las estadísticas del Ministerio de Vivienda son frecuentemente cuestionadas por los expertos, este diario ha comparado los precios de las viviendas subvencionadas de Barreda con los precios a la venta de viviendas de obra nueva en las localidades más pobladas de Castilla La Mancha en portales inmobiliarios. El resultado es que se pueden encontrar viviendas nuevas en Toledo capital por 1.063 euros por metro cuadrado, incluso en el casco histórico por 2.050 euros, menos aún que la parte alta de la horquilla de precios propuesta por Barreda. Lo mismo ocurre en Guadalajara, donde no es difícil hallar obra nueva a 1.617 euros por metro cuadrado. La media baja considerablemente a medida que las promociones se alejan de los centros de las capitales. Por ejemplo, el precio medio de la zona de La Sagra, área cercana a Madrid donde se levanta el Residencial Francisco Hernando de El Pocero en Seseña, está fijado en 1.769 euros por metro cuadrado.

PP: “No pueden ser los jóvenes los que paguen las pérdidas del ladrillo”

El Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha repite a lo largo de sus 21 folios el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna garantizado en el artículo 47 de la Constitución. Sin embargo, desde que se ha conocido el contenido del texto, las críticas han arreciado.

Especialmente virulenta ha sido la reacción del PP. El secretario general del Grupo Popular de las Cortes autonómicas, Marcial Marín, ha acusado a Barreda de contribuir a una escalada de precios “sin precedente” y de firmar la “pena de muerte” para la vivienda de protección oficial. En su opinión, los jóvenes de Castilla-La Mancha no pueden hipotecar el 87% de su sueldo durante cincuenta años. “No pueden ser ellos los que paguen las pérdidas del ladrillo. Barreda se burla de esta manera de todos ellos y de su escaso poder adquisitivo, máxime cuando se compara con su sueldo VIP, que es más de cien veces superior al de un joven castellano-manchego”, ha afirmado.

Asimismo, ha estimado que si el Gobierno autonómico encargase construir viviendas VIPP para cada demandante registrado, tendría que presupuestar la cifra de 7.176 millones de euros adicionales para garantizar su venta a los promotores, el 81% del presupuesto regional. Marín ha puntualizado además que en la región existen 26.945 empresas que se dedican a la construcción y tienen el derecho de participar en este plan de construcción, “aunque el presidente autonómico se empeñe en que sólo unos 25 serán los promotores”.

Para el PP, Barreda, con este plan, va contra la autonomía y la financiación de los ayuntamientos, puesto que promoverá mediante concurso público, de carácter supramunicipal o de interés regional, transferencias y reclasificación de suelo desde la propia Junta, “quitando la financiación a los propios municipios. Creemos que financiar viviendas de promoción privada en suelo privado no es la labor de un gobierno”, ha señalado. Finalmente, ha destacado que es un plan “inexplicable” que oculta algunos intereses “que no nos quieren confesar””.

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19 mayo 2008 at 9:33