Castilla la Mancha, el reino del obsceno saqueo

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Hoy El Mundo publica una noticia, acompañada de la correspondiente factura, que no por esperada, deja de arrojar luz sobre el obsceno saqueo que ha sido practicado sistemáticamente a la sombra de los gobiernos de Bono y Barreda en Castilla la Mancha.

Caja Castilla la Mancha, regida por el ahora imputado Juan Pedro Hernández Moltó, amigo de Bono desde los tiempos del colegio de jesuitas, organizaba viajes de lujo, gratia et amore, para sus consejeros, directivos y políticos de cobertura, como el propio José María Barreda. Ahora, una de las facturas de esos viajes ha salido a la luz.

En 2001 unos 144 directivos y consejeros de la Caja fueron agasajados con un viaje a Egipto. Dicho viaje, de cinco días de duración, costó 54 Millones de Pts. y en “extras”, sobre todo anotados a la cuenta de restaurantes de lujo, la quebrada CCM pagó más de tres millones y medio de Pts., de las cuales un millón setecientas mil pesetas fueron en bebidas.

Dado que de los invitados al viaje, “sólo los consejeros y un reducido grupo de gestores tenía permiso para ‘pasar’ a la caja la factura de los gastos extras realizados durante el viaje”, la insultante procacidad adquiere proporciones de acto propio de canallas.

El hecho o el conjunto de hechos similares no son nada comparados con los cientos de millones de Euros “perdidos” en el aeropuerto de Ciudad Real; o en la financiación al “malayo” Luis Portillo, a Aurelio González Villarejo, a Domingo Díaz de Mera, etc. en su asalto a Inmobiliaria Colonial; o a los doscientos millones prestados a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo o a Enrique Ventero Terleira, todos ellos estrellas que brillan con luz propia en el caso Malaya, pero da idea de la calaña de quienes, con vientre diez veces insaciable, gustan de lo mucho con tanta voracidad como de lo poco.

No obstante, insulta a la razón, la atropella, el silencio que se guarda, precisamente, sobre los cientos de millones con los que CCM ha financiado a la “organización criminal” –cito textualmente el auto de imputación del Juzgado nº 5 de Marbella– de Juan Antonio Roca Nicolás y sus secuaces.

Uno de los episodios, no el menos lacerante, es el de la finca Alcalvín de Bargas (Toledo). Adquirida en extrañas circunstancias a un argentino –Juan Francisco Lata Ríos, primero señorito de compañía de una adinerada y anciana viuda, propietaria de la finca, y luego su marido– por Pedro Román, Juan María López Alvarez y por una sociedad del prestigioso bufete Cuatrecasas.

Como ya se ha dicho aquí, CCM concedió a PUERTA ORO TOLEDO, sociedad participada por todos esos, un crédito de 200 Millones de Euros garantizados con una finca cuyo proyecto de urbanización ya había sido calificado por Medio Ambiente como “inviable”. Ese crédito se renovó, sin que se hubiera liquidado un céntimo de él, en dos ocasiones, la última días antes de la intervención de la Caja.

La operación es en sí misma tan aberrante que una vez que el Juzgado nº 5 de Marbella tuvo conocimiento de ella, dio orden a la UDYCO de investigar los tentáculos del caso Malaya en Toledo. Dicha investigación, no obstante, se ha ahogado debido a la falta de jurisdicción del citado Juzgado en Castilla la Mancha. Sin embargo, ahora que Hernández Moltó está siendo investigado por la Audiencia Nacional cabría esperar que estos hechos volvieran, con carácter prioritario, a la mesa del Juez Instructor.

No parece que sea así. Según las noticias que se conocen, la investigación del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional se está centrando en el caso del aeropuerto de ciudad real, de El Reino de Don Quijote o de las operaciones financiadas a gente como Luis Portillo o los Sanahuja.

Bien, es posible que ninguna de las acusaciones haya reparado o tenga interés en remover este tentáculo del caso CCM y es posible que la documentación relativa a estos hechos no obre en las diligencias que se siguen contra Moltó. Habrá que poner remedio a eso. Digo más, se pondrá remedio a eso.

El País remacha los clavos del cadalso preparado para Hernández Moltó y calla sobre la conexión “malaya”

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Hoy el diario El País publica un largo y documentado artículo sobre CCM y el papel de Juan Pedro Hernández Moltó en el fiasco de la Caja Manchega o quizás habría que decir mejor, en el saqueo de CCM.

La dureza de los términos de ese artículo no es lo sorprendente, es la que corresponde y es consustancial a los hechos ocurridos y a su insultante gravedad, lo sorprendente es que sea El País quien de esta manera y a escasos días de que Moltó comparezca ante la Audiencia Nacional para declarar como imputado por delitos de estafa, falsedad documental, falsedad contable, etc., adorne con alfombra roja la escalinata del patíbulo que ya está preparado para el amigo de Bono, el consigliere de su Gobierno regional, el autócrata de CCM, el antaño inquisidor de corruptos enquistados en el Banco de España, el arrogante –aunque puede que ya no tanto– Juan Pedro Hernández Moltó.

Es muy probable que a lo largo de esta mañana de domingo, a Moltó le empieze a resultar molesta la presión que ejerce el nudo de la corbata y sienta la necesidad de ahuecarse el cuello de la camisa con el dedo índice de su mano derecha o de su mano izquierda, pues el artículo de El País suena a sentencia inapelable, a condena a infamia y muerte civil, a abandono del hasta ahora protegido Moltó –recordemos que cuando ya se sabía de su imputación, hace escasas semanas, Bono aún se dejaba fotografiar saludándole efusivamente– ante las consecuencias de sus actos.

Moltó no cantará, no lo hará como no lo ha hecho ninguno de los hasta ahora cogidos en flagrante delito. Siempre hay más que perder que ganar si se delata a los poderosos por mucho que ante el recuerdo de las favores hechos y las órdenes cumplidas estos, con el cinismo que corresponde a su condición, salgan con eso de que Roma non solvet proditoribus.

Sin embargo, no es la suerte que aguarde a Moltó, ni los motivos por los que El País publica su artículo de hoy, ni la duda sobre si Moltó hablará o no hablará ante el Juez y el Fiscal de lo que sabe y de lo que ha hecho y de por orden de quién lo ha hecho, lo que llama la atención.

Lo que asombra del artículo de hoy es algo que ya viene siendo habitual desde que estalló el caso CCM. El silencio unánime de políticos y periodistas sobre el papel jugado por CCM y por Moltó en la trama de la Operación Malaya.

Nuevamente, en la relación de hechos a los que se refiere hoy El País, no hay la menor referencia a financiación con no menos de 200 Millones de Euros prestada por CCM a sujetos como Juan Antonio Roca Nicolás, Pedro Román Zurdo o Enrique Ventero Terleira.

Es cierto que en el citado artículo sí aparece una referencia al procesado en la Operación Malaya Enrique Ventero. De él se dice que ha habido “avales cruzados con la Caja de Ahorros de la Inmaculada a favor del grupo Ventero Muñoz –Ventero Muñoz, son los hijos de Ventero Terleira– que ha supuesto un fallido de 13 millones”.

Sin embargo, nadie encontrará ni una palabra sobre el procesamiento por graves delitos de corrupción presuntamente cometidos por el tal Ventero Terleira en Marbella; nadie encontrará ni una palabra de los negocios de este Ventero en Los Alcázares (Murcia) en la vecindad más estrecha de otros negocios que el “malayo” Roca también tenía en esa localidad; nadie encontrará una palabra sobre las sospechas que la UDYCO tenía de que en esos asuntos de Los Alcázares, Ventero pudiera estar actuando como testaferro de Roca; nadie encontrará una palabra sobre el hecho de que en LAS LOMAS DEL POZUELO, sociedad de Ventero con la que éste actuaba en el citado pueblo murciano, también participaba como socio CCM, representada por José Luis Rodríguez Holgado y por Juan Tomás Vidal, antiguo alto cargo de los gobiernos de Bono; nadie encontrará una palabra sobre el Palacio de Saldaña, adquirido por Roca con dinero de CCM; o sobre los préstamos a MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, empresas de Roca; nadie podrá enterarse de nada de lo relativo a la finca Alcalvín de Bargas y al préstamo inexplicable en términos lícitos, de 30 Millones de Euros concedido ahí por CCM al “malayo” Pedro Román; etc. etc.

El PSOE toledano guarda silencio sobre todos estos hechos, es lógico, pero también permanece mudo el PP. ¿También es lógico su silencio?. Las dimensiones de lo “malayo” no están ni mínimamente establecidas aún, pero esta omertà que se extiende sobre sus ramificaciones toledanas da cierta idea de cuáles son.

Por cierto, no sólo se guarda silencio sobre la implicación de CCM en las tramas “malayas”. Hay otra cosa que no se menciona –puede que porque no esté muy alejada de tales tramas– la financiación de CCM a El Pocero de Seseña.

Por supuesto, tampoco encontrará nadie ahí información sobre otro crédito fallido de no menos de 10 Millones de Euros en el campo de golf de Carranque (Toledo) donde también participaba CCM, representada por los citados José Luis Rodríguez Holgado y Juan Tomás Vidal, junto al grupo local PEYBER.

Carranque no es un lugar señalado y, además, un Juzgado de Illescas ya cerró las actuaciones seguidas por ese asunto contra el alcalde Alejandro Pompa y otros porque ninguno de ellos había tenido “conciencia y voluntad” de cometer las ilicitudes que el Juzgado no negó que existieran.

La imputación de Hernández Moltó, las zonas oscuras de CCM y las nuevas formas de corrupción

Barreda, la consejera Araujo y el imputado Moltó

Finalmente, Hernández Moltó, el “inquisidor” de Mariano Rubio, el recto hombre político que podía sostener la mirada a cualquiera, el amigo íntimo de José Bono, el ex diputado, el ex consejero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el destituido presidente de CCM; está imputado a causa de los presuntos delitos cometidos durante lo que bien se puede llamar el saco de la caja de ahorros manchega.

Esta imputación trae cuenta del informe elaborado por los inspectores del Banco de España y remitido hace algunos meses a la Fiscalía Anticorrupción. Parte de ese informe –que se puede descargar desde este enlace– se ha filtrado a la prensa y en él tienen protagonismo muy señalado los habituales nombres que llevan años merodeando por los pasillos del palacio de Fuensalida: Domingo Díaz de Mera, los hermanos Barco Fernández, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo e incluso la laureada Petra Mateos Aparicio.

Simplificando las cosas, lo que en el citado documento se destapa es la servidumbre sistemática del aparato financiero dominado por la Junta de Bono y Barreda –es decir, de CCM– hacia las operaciones de esos personajes, todos los cuales mantienen una pública, manifiesta y reconocida cercanía personal a los citados Bono y Barreda.

Coincidiendo con eso, la atención de la política regional, ante el fiasco de la Caja, se ha centrado en asuntos tan turbios como el demencial aeropuerto de Ciudad Real o el misterioso agujero de la Fundación Virtus. En menor medida y sólo debido al impulso dado a la causa por IU y especialmente por Cayo Lara, también en el caso del Pocero de Seseña, donde por no faltar, no falta ni la mafia calabresa, la ‘Ndrhangheta.

Sin embargo son más las cosas destapadas en Castilla-La Mancha y más concretamente en Toledo, que provocan una acuciante preocupación. Recordemos algunos de las más señaladas.

Allá por las postrimerías de 2006 Notitia Criminis reveló que el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, José Manuel Tofiño Pérez había impulsado un proyecto de privatización del mantenimiento de las carreteras de la provincia, del cual había resultado la concesión a una de las empresas del grupo PEYBER de una contrata de 27 millones de €. Al mismo tiempo, los propietarios del mencionado grupo crearon otra empresa –SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS– en la que participaba como socio el hijo del señor Tofiño, un joven con los estudios de arquitectura recién terminados. Denunciado el caso por IU, la Fiscalía de Toledo consideró que no había nada que investigar en este asunto. Por su parte, Tofiño y Gregorio Fernández Vaquero, otro alto cargo del PSOE toledano, se apresuraron a contratar los servicios del bufete Garrigues para intentar –inútilmente, a la vista está– silenciar a este modesto blog.

También se ha revelado aquí otro hecho que induce, inevitablemente, una viva sospecha. Se trata de la presencia en el pueblo toledano de Layos de la llamada “Trama Vasca” o “Trama Vasco-Malaya”, un enrevesado y complejísimo entramado empresarial en el cual relumbran nombres como el de Javier Arteche Tarascón –presunto testaferro de Juan Antonio Roca e imputado en piezas separadas del caso Malaya– Luis Maya Galarraga, Maria Eugenia Yeregui Kinkel, Ignacio Lasa Georgas, etc. En este caso, no sólo la Fiscalía ha considerado irrelevante el asunto, sino que toda, repito, toda la prensa, ha guardado un reverencial silencio, pudiera ser porque asociado con esos personajes aparece ahí –concretamente en la mercantil LAYOS CASA CAMPO– el apellido Oriol e Ibarra.

La generosa financiación dada por la Caja capitaneada por Hernández Moltó a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo y a Enrique Ventero Terleira, es otro de los hechos escalofriantes acaecidos en el entorno político-económico de la Junta manchega. Ya dije aquí que CCM, según documentación que consta en el sumario del caso Malaya, había financiado a Roca la compra del palacio de Saldaña en Madrid, pero también, como en su día revelaron Alejandra Ramón y Javier Romera en El Economista, CCM ha prestado a algunos de los cabecillas de la trama Malaya –entre ellos al propio Roca– no menos de 200 Millones de €. Esta circunstancia no ha merecido la atención de la Fiscalía y, parece ser, tampoco de la inspección del Banco de España o, lo que es más sorprendente, de la oposición regional.

Así mismo, y relacionado con lo anterior, ha sido mínimo el revuelo levantado por el descubrimiento de que CCM participaba en varias sociedades con el imputado en Malaya, Enrique Ventero Terleira y con el también imputado en pieza separada del caso, Luis Portillo, el artífice de la quiebra de Inmobiliaria Colonial.

No obstante, si hay un caso flagrante en relación con esta vinculación de CCM con las tramas de corrupción marbellíes, es el de la finca Alcalvín de Bargas, tres millones de metros cuadrados adquiridos en sospechosas circunstancias por la mercantil PUERTA ORO TOLEDO y recalificada parcialmente bajo la autoridad del alcalde de la localidad, Gustavo Figueroa Cid, vicepresidente de la Diputación toledana y mano derecha e izquierda de su presidente, José Manuel Tofiño.

Sobre la mitad de esta finca, cuyo proyecto de urbanización está calificado como “medioambientalmente inviable” se constituyó una primera hipoteca a favor de CCM por valor de unos 30 millones de €. El plazo era de dos años. Transcurrido dicho plazo sin que PUERTA ORO TOLEDO hubiera pagado a CCM ni un céntimo del capital o los intereses del crédito, la Caja de Hernández Moltó lo renovó el 15 de mayo de 2007 en las mismas condiciones y por otros dos años. Esos dos años volvieron a transcurrir sin que los propietarios de la finca pagaran absolutamente nada del crédito recibido y así, el 13 de mayo de 2009, dos días antes del nuevo vencimiento y con CCM manifiestamente en quiebra, la Caja presidida por Moltó volvió a renovar el crédito de 30 millones en idénticas condiciones y sin ninguna penalización o ampliación de garantías.

Pero si esta operación en sí misma es turbia, el hecho adquiere un significado preciso cuando sabemos que los propietarios de PUERTA ORO TOLEDO son, ni más ni menos, que el “malayo” Pedro Román Zurdo, el socio de Roca y del citado Román, Juan María López Alvarez, la constructora SACYR y uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Europa, el bufete Cuatrecasas.

El caso mereció un amplio artículo en El Mundo firmado por Cristina Caballero, pero ni la Fiscalía, ni la oposición ni –por lo que se sabe hasta ahora– la Inspección del Banco de España, han considerado la cosa digna de investigación.

Esta no es una relación exhaustiva. Existen otros hechos que ensombrecen toda la política urbanística de Castilla-La Mancha y, especialmente, de la comarca toledana de La Sagra, fronteriza con la provincia de Madrid; hechos que atañen a Illescas, a Carranque, a Borox, a Chozas de Canales, a Casarrubios del Monte, por supuesto a Seseña, etc. etc., ninguno de los cuales parece tener la suficiente relevancia penal ni reclamar una investigación judicial o policial.

Pedro Román esposado a Roca

No obstante, para quienes consideran –y yo lo considero así– que la situación española ha alcanzado un estado de “corrupción endémica” tal y como la ha definido el Parlamento Europeo en el Informe Auken y que, por lo tanto, es obligación cívica sospechar, investigar y denunciar; lo conocido hasta ahora en Castilla-La Mancha –aunque no sólo ahí– dibuja una evolución preocupante en las estructuras de corrupción política. Si habitualmente se identifica corrupción con cohecho, es decir, con soborno, los datos disponibles pergeñan un esquema sustancialmente distinto y mucho más perfeccionado.

Ya no se trata de que un constructor tenga que pagar un soborno a un alcalde o a un responsable político dentro de su ámbito de poder, sino de la creación de zonas geográficas de monopolio a favor de determinadas empresas o grupos empresariales vinculados más o menos abiertamente a los poderes políticos de esos territorios. Tales grupos no solamente se benefician de su privilegio monopolístico, sino de la disponibilidad incondicional e ilimitada del crédito por parte de los gobernantes regionales a través de las cajas de ahorro y, si llega el caso y así es necesario, de la potestad de estos para modificar la legislación aplicable y convertir en jurídicamente viable lo ilícito, si es que no lo decididamente delictivo.

La crisis y el fiasco ladrillesco, además de haber puesto al país al borde de la intervención y de la liquidación del Estado Social, también han enervado estos nuevos esquemas de corrupción que amenazan con barrer el Estado de Derecho porque parten, precisamente, del mismo poder legislativo que los debería combatir; pero no los han hecho desaparecer. Permanecen donde estaban, a la espera de que vuelvan los buenos viejos tiempos, y sólo una más que improbable reacción civil podrá estorbar el desmoronamiento definitivo de la más elemental decencia pública.

Entre tanto, el actual alcalde de Toledo, eterno delfín de Bono, Emiliano García Paje, ha asegurado a la prensa que Hernández Moltó “no está imputado por corrupción”. ¿No?.

La Audiencia Nacional cita a Hernández Moltó como imputado por los presuntos delitos cometidos al frente de CCM

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS)

El Juzgado Central de Instrucción número 5 la Audiencia Nacional ha citado a declarar al ex presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y ex diputado socialista, Juan Pedro Hernández Moltó, el próximo 1 de febrero como imputado por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la caja, según confirmaron fuentes jurídicas.

El juez Pablo Ruz también ha pedido la comparecencia, el mismo día, del ex director general de CCM, Ildefonso Ortega. Ambas citaciones se producen a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la entidad.

El pasado 3 de diciembre, Ruz aceptó su competencia para investigar a los antiguos directivos de CCM, ante la inhibición presentada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cuenca donde había recaído la denuncia presentada por seis consejeros de la caja pertenecientes al Partido Popular.

En su auto de admisión de competencias, Ruz concluyó que la cuantía de 7.100 millones de euros que la entidad necesitó para ser rescatada evidencia “de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”.

Además, el juez considera que existen suficientes indicios para investigar un presunto delito defraudatorio contra una «generalidad de personas» afectadas por el «perjuicio patrimonial», como son «los depositantes y los acreedores» de la caja de ahorros.

Los antiguos directivos de la caja manchega están acusados de presuntos delitos de administración desleal, negativa o impedimento a los socios del ejercicio de sus derechos, falsedad contable y falsedad en documento mercantil.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción remitió a la Audiencia Nacional las conclusiones sobre la investigación abierta contra Moltó y los antiguos gestores de la entidad manchega, a petición del Banco de España.

Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España tras la intervención de la entidad que tuvo lugar el 29 de marzo de 2009 y al advertir las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.

El auto del juez recuerda cómo el domingo 29 de marzo de 2009 el Consejo de Ministros se reunió de urgencia para ordenar la intervención de CCM y que, dadas las circunstancias «extraordinarias», avaló su rescate con 9.000 millones de euros de dinero público.

Además, añade, que el Banco de España tuvo que aportar 1.300 millones de euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos y otros 1.150 millones de euros con garantía de un aval del Estado.

El pasado mes de julio, el Ministerio de Economía y Hacienda ratificó la sanción impuesta por el Banco de España a Moltó de 155.000 euros y cinco años de inhabilitación. El organismo también multó e inhabilitó al ex director general de CCM, Ildefonso Ortega.

Los denunciantes, todos ellos antiguos representantes del PP en el consejo de administración de CCM, son Constatino Berruga, José Miguel Imedio, Juan José Alcalá, José Aceituno, Jaime Ramos y Fernando Torres.

La Audiencia Nacional investigará los presuntos delitos cometidos por Juan Pedro Hernández Moltó

José Bono muestra su apoyo a Moltó el pasado 16 de octubre

El cerco judicial se estrecha sobre Juan Pedro Hernández Moltó, el que fuera presidente de la quebrada CCM, ahora destituído e investigado por Anticorrupción y por la Audiencia Nacional.

Ha llovido mucho desde que, a finales del 2006, Notitia Criminis empezó a revelar sospechosas vinculaciones entre CCM y determinadas operaciones inmobiliarias –como la del campo de golf de Carranque o la de la finca Alcalvín de Bargas, ambas localidades toledanas– algunas de ellas realizadas en Madrid, Toledo y Murcia por los procesados en la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, Pedro Román o Enrique Ventero.

Los hechos, sin embargo, han comenzado a precipitarse a partir del 8 de septiembre del corriente año cuando el diario “El Mundo” publicó que el Banco de España había remitido un voluminoso informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre los hechos detectados durante la intervención de la Caja.

En dicho informe, al que ha tenido acceso Notitia Criminis –cuya parte filtrada a la prensa se puede descargar desde aquí– aparecen nombres habituales en esta página: Petra Mateos Aparicio-Morales, Domingo Díaz de Mera, Luis Portillo, los hermanos Barco Fernández, Juan María López Alvarez, etc. y además se describe concienzudamente lo que bien podría llamarse “el saco” de CCM consumado durante los meses previos a su intervención por parte del Banco de España.

Posteriormente, el 22 de septiembre apareció la noticia de la apertura de diligencias contra Moltó y otros miembros del Consejo de la difunta Caja por parte de la Fiscalía Anticorrupción; y el día 17 de octubre de este mismo año el diario digital “Noticias de Castilla-La Mancha” informó sobre una reunión de importantes dirigentes del PSOE toledano, encabezados por José Bono, con Hernández Moltó en lo que fue una manifiesta muestra pública de apoyo dada a un hombre al que seguramente se le deba mucho y que, sin duda, también sabe mucho.

En la mencionada reunión Bono fue sorprendido, como se puede apreciar en la fotografía que acompaña a este artículo, saludando efusivamente a Moltó, pero el próspero Presidente del Congreso de los Diputados y atinado empresario hípico, no fue el único asistente. Otros personajes cuyos nombres no sorprenderán a quien haya seguido las informaciones publicadas aquí, acompañaron ese día Moltó. Tal es el caso de José Manuel Tofiño, presidente de la Diputación Provincial de Toledo y alcalde de Illescas, Emiliano García Paje, actual alcalde de Toledo y eterno delfín de Bono, o Antonio Guijarro, diputado regional y secretario general del PSOE de Toledo.

No obstante, este despliegue de públicas amistades no ha impedido que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 asuma la competencia para investigar los posibles delitos cometidos por Moltó y otros consejeros y directivos de la quebrada Caja Castilla-La Mancha.

Según el Auto dictado por el Juez Pablo Ruz, los 7.100 Millones de € que ha necesitado CCM para paliar los efectos de su quiebra “evidencia de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”, razón por la cual se deducen suficientes indicios como para investigar presuntos delitos defraudatorios cometidos contra una “generalidad de personas” afectadas por el perjuicio patrimonial y que serían “los depositantes y acreedores” de la Caja.

Sigue, pues, de esta manera, desvelándose lenta pero inevitablemente, la verdad de lo ocurrido en Castilla-La Mancha, primero bajo el cetro de José Bono y ahora bajo el de José María Barreda.

El Banco de España denuncia a Hernández Moltó ante la Fiscalía

Molstó y Barreda

La institución que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez aprecia indicios de delito en la actuación de Juan Pedro Hernánde Moltó al frente de CCM y trasladará a la Fiscalía el tanto de culpa. La noticia la hace pública hoy El Mundo.

Lo que, en atención al contenido del Pliego de Cargos redactado por el Banco de España, parecía inevitable o, al menos, legalmente exigible, se ha producido, pero 16 meses después de aquella intervención. Esto no es cosa vana puesto que en ese casi año y medio los presuntos responsables de los delitos detectados han contado con un tiempo inestimable para alterar pruebas, para difuminarlas o para dificultar en extremo la investigación judicial. A pesar de ello, el material recopilado por los Inspectores y el aportado por investigaciones periodísticas no deja de ser abrumador.

Al hilo de esto, hay que recordar que el 24 de octubre de 2008, bastante antes de la intervención, El Confidencial publicó un artículo titulado “Los Agujeros de Caja Castilla la Mancha”. Ahí se decía lo siguiente:

“Entre sus actuaciones –las de CCM– se incluyen el aeropuerto de Ciudad Real, necesitado de socios financieros a una semana de su inauguración, a proyectos inmobiliarios con conocidos imputados en operaciones contra la corrupción como Malaya”.

A esas afirmaciones, “un portavoz de la entidad”, contestó diciendo: “Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocidaNadie de esta casa está imputadoSomos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”.

Ese “portavoz” también recordará –permítaseme la pedantería– un comentario hecho ese día a la periodista que le había telefoneado: eso son calumnias esparcidas por un blog, pero “ya le hemos denunciado”.

Pues bien, señor “Portavoz” de la ahora desaparecida CCM, hasta aquí hemos llegado y ya veremos hasta dónde llegamos en el futuro.

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El PP presenta denuncia contra Hernández Moltó por estafa, falsedad mercantil y delito societario

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Según informa hoy El Mundo, el que fuera fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, en nombre y representación de 6 de los representantes del PP en Caja Castilla-La Mancha, presentó ayer en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cuenca una denuncia por estafa, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito societario, contra Juan Pedro Hernández Moltó y contra otras personas que puedan aparecer como responsables en el curso de la investigación, lo que podría acabar enredando en el caso a José Bono y a José María Barreda, al menos, por el incumplimiento de las obligaciones de control, inspección y sanción que competen al Gobierno manchego.

Aunque a esta hora, desconozco si en esa denuncia se hace mención de la participación de CCM en en las mercantiles LAS LOMAS DEL POZUELO y PROMOCIONES MIRALSUR, donde la Caja presidida por Moltó se asoció con el detenido y procesado en el caso Malaya, Enrique Ventero Terleira; o si se hace referencia a los créditos –40 Millones de €, según informaciones aparecidas hasta ahora– concedidos por esa misma Caja a empresas de la cabeza más visible del caso Malaya, Juan Antonio Roca; o si entre los presuntos delitos imputados a Moltó por el PP se incluyen datos sobre el asombroso crédito de 30.000.000 € –novado por dos veces, la última en vísperas de la intervención– concedido a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO –propiedad del procesado en el caso Malaya, Pedro Román Zurdo y del investigado en esas mismas actuaciones Juan María López Alvarez– para una promoción, declarada “inviable”, en la finca Alcalvín de Bargas… Aunque desconozco esto, decía, puede que la denuncia presentada ayer por el PP tenga la virtud de dar acceso a sótano en el que Barreda custodia ferozmente la realidad de lo sucedido en CCM.

La presión del PP, no sin motivo, se ha centrado en el caso del aeropuerto de Ciudad Real y los multimillonarios créditos dados a CR AEROPUERTOS, propiedad de Domingo Díaz de Mera, de Aurelio González Villarejo y de Antonio Miguel Méndez Pozo, entre algunos otros; pero las zonas oscuras de CCM no terminan ahí, como acabo de decir, y no deja de ser muy preocupante que el PP ignore, si así es el caso, que la Caja presidida por Moltó se convirtió en una generosa fuente de financiación para la trama –presuntamente, que no se me olvide– delictiva de Roca.

De todas maneras, la investigación está ahora en manos del Juzgado nº 2 de Cuenca y, por supuesto, de la Fiscalía. En consecuencia, ya veremos si lo sucedido alcanza relevancia penal o si, por el contrario, no se ve en ello otra cosa que no sean infracciones administrativas más o menos graves.

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El ex director general de CCM, Ildefonso Ortega, acusa a Hernández Moltó

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Entre el oficio periodístico circula habitualmente un dicho: “perro no come perro”. Falso de toda falsedad. Desde los griegos y en realidad desde mucho antes, el perro es símbolo de la incapacidad para discriminar, entre otras cosas, el alimento. Por eso Antístenes o Diógenes de Sinope se tenían por “cínicos”, es decir, por enemigos de las distinciones de la Polis y partidarios de la confusión, que más allá de los muros de la Ciudad, imperaba en la selva.

Yo no he sido, ha sido ese

Si a día de hoy algo ilustra con nitidez esta verdad: que “perro sí come perro”, es la estrategia defensiva que están utilizando Juan Pedro Hernández Moltó y los que fueran sus hombres de confianza en CCM y en CCM CORPORACIÓN.

Según informa hoy El Mundo, Ildefonso Ortega, ex director general de la Caja, ha declarado en el Juzgado de lo Social nº 1 de Cuenca que “Moltó estaba allí presente, conocía la operación y salió que sí”. Por su lado, otro testigo, el actual secretario general de la Caja corroboró esta declaración.

Ambos se referían a la concesión de un aval “irregular” de más de 10 Millones de € a la quebrada DHO, cuando la constructora ya estaba en situación preconcursal. El mencionado aval se enmascaró con la denominación de confort letter o “carta de patrocinio”, pero sus efectos, devenida finalmente la quiebra de DHO son los mismos. El crédito que esta constructora formalizó con Banco Espírito Santo gracias al aval de CCM, tendrá ahora que ser pagado por la Caja.

Frente a esto, dando una clara idea, que no hace falta calificar, del tipo de personajes de los que se han rodeando José Bono primero y Barreda después, lo que Hernández Moltó ha venido afirmando es que “su cargo no era ejecutivo” y que fue víctima de “engaños” de sus directivos que son los que cometieron las “irregularidades”. Curiosamente, esta misma argumentación fue la esgrimida por el propio Barreda y por su Consejera de economía tras la intervención de la Caja, sólo que ellos cargaban el engaño sobre el propio Hernández Moltó, cuya actuación al frente de CCM, decían, permaneció desconocida por el Gobierno manchego.

El revelador silencio sobre la financiación a las tramas delictivas de Marbella

Tal y como afirma El Mundo, y así consta en el pliego de cargos del Banco de España contra los consejeros de CCM, una de las operaciones “más turbias” de las ejecutadas por Moltó y su equipo directivo fue la concesión del mencionado aval a DHO. Sin embargo, las hay más turbias, más sospechosas y más inquietantes.

Voy a citar sólo algunas de las ya mencionadas aquí: 1.- Crédito a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del malayo Pedro Román Zurdo, de 30 Millones de € (no de 10, como en el caso DHO) renovado por Moltó días antes de la intervención. 2.- Crédito a la trama empresarial del malayo Juan Antonio Roca para la adquisición del palacio de Villa Gonzalo, en Madrid. 3.- Participación y financiación a una de las empresas del malayo Enrique Ventero, en Los Alcázares, Murcia. 4.- Financiación con, al menos, 40 millones de € a las empresas de Roca, ONE PROPERTIES y MASDEVALLIA

Sobre estas operaciones de Hernández Moltó y sus consejeros no consta ni una sola palabra en el pliego de cargos del Banco de España; no consta, tampoco, que exista la menor actividad judicial o fiscal, a parte de la iniciada, tras recibir cierta información, por el Juzgado nº 5 de Marbella el cual, por otro lado, carece de jurisdicción en Castilla-La Mancha; y no consta, tampoco, que exista el menor propósito de investigar esta financiación, que según El Economista, alcanza una cuantía no inferior a 200 Millones de €, financiación concedida a una trama calificada por el Juez instructor del caso Malaya, como “organización criminal”.

¿Por qué no se investiga esto? ¿Tampoco hay aquí suficientes indicios de relevancia penal? ¿Quizás, por el contrario, es que hay indicios de demasiada relevancia penal?

¿Qué hacía Hernández Moltó comiendo con el periodista Raúl Heras?

Raúl Heras

El pasado día 21 del presente mes y año Juan Pedro Hernández Moltó tuvo una larga comida —duró hasta cerca de las cinco menos veinte de la tarde— con un afamado periodista: Raúl Heras. Dicha comida se celebró en el “Café Hispano” un local que pretende, declaradamente, ser remedo del Rick’s Cafe de Casablanca y situado en el 78 del Pº de la Castellana de Madrid, al lado del monumento a la Constitución y a tiro de piedra del Hotel Intercontinental, al que se ve que Moltó tiene cierta querencia.

La reunión entre Moltó y el periodista Raúl Heras no deja de tener relevancia. Parece harto dudoso que el artífice de la quiebra de CCM estuviera dando entrevista alguna y menos cuando se conoce que la Fiscalía Anticorrupción está investigando las operaciones sospechosas de CCM, entre las que seguro que está el crédito de 30 Millones de € concedido, sobre un terreno de Bargas (Toledo) al “malayo” Pedro Román Zurdo y renovado por dos veces, la última días antes de la intervención de la Caja.

Por otro lado, esa comida tiene lugar en los días en que hemos conocido datos que acreditan el meteórico enriquecimiento de José Bono y su familia, y también en los días en los que el presidente del Congreso y su entorno, han movilizado cuantos poderes, influencias y conocimientos les asisten para silenciar tal información.

Prueba de ello son los cualificados defensores que han acudido en ayuda de Bono: Luis María Ansón; Juan Costa, el hermano de Ricardo Costa que tanto ha tenido que ver con la trama valenciana del caso Gürtel; José Manuel Molina ex alcalde del PP de Toledo que dio la concesión de la gestión del agua de esa ciudad a una UTE formada por FACSA, también enredada en trama Gürtel, y GRAVESA, sociedad de Fernando Jeréz Alonso, presidente de la Cámara de Comercio de Toledo y hombre situado en la órbita de Barreda; o el propio Alberto Ruiz Gallardón sobre quien, muy a su pesar, sigue pendiendo la sombra de su relación con Montserrat Corulla, la testaferro de Roca.

Finalmente, y teniendo en cuenta este contexto, hay que recordar que el periodista Raúl Heras Planel fue llamado a declarar como testigo en relación con el caso Gürtel ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y no sin motivo, puesto que diversos documentos y declaraciones que obran en el sumario del citado caso, revelan que la trama de Francisco Correa anotó en su contabilidad la entrega de, al menos, un “sobre” al citado Raúl Heras con 15.000 € en su interior.

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La Fiscalía Anticorrupción investiga las operaciones sospechosas de Caja Castilla-La Mancha

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Según publica hoy El Mundo la Fiscalía Anticorrupción lleva un tiempo indeterminado investigando operaciones turbias realizadas entre CCM y varios de sus “clientes”.

La Fiscalía —dice El Mundo— “ha citado a declarar en varias ocasiones a los administradores del Banco de España en CCM para pedirles información sobre operaciones sospechosas de clientes… El objetivo de Anticorrupción es aprovechar la presencia de funcionarios públicos al frente de una entidad financiera relevante para poder atar cabos sobre operaciones y prácticas bancarias que está investigando”.

Los administradores citados por Anticorrupción son José Pérez Cerdá, Carlos Miguel Hervás y Raúl Hernández —todos empleados del Banco de España— los cuales, según el periódico, “están ofreciendo información sin limitaciones y con amplitud, yendo más allá de lo que es habitual en directivos del sector financiero.

La Fiscalía Anticorrupción no ha ofrecido datos sobre los clientes y operaciones investigadas pero no parece muy difícil imaginar por dónde van los tiros. CCM no sólo ha dado créditos multimillonarios e inexplicables a Antonio Miguel Méndez Pozo, a Domingo Díaz de Mera y los Barco Fernández, a Germán Chamón, a Aurelio González Villarejo, el propio Pocero o los dueños de PEYBER, y a pocos más. Sabemos, desde hace tiempo, que Juan Antonio Roca y sus testaferros también han sido receptores privilegiados de créditos concedidos por Hernández Moltó o sabemos, también desde hace tiempo, que otro de los principales imputados en la operación Malaya, Enrique Ventero Terleira, junto a Luis Portillo, no sólo ha recibido también créditos millonarios de la Caja, sino que está asociado a ésta en una operación en los Alcázares (Murcia) sobre la que desde un principio recaen vehementes sospechas y en la que también podría estar implicado el propio Roca.

No es sorprendente, por tanto, que la Fiscalía Anticorrupción investigue a CCM. Sus implicaciones en la operación Malaya ya están siendo investigadas, desde antes incluso de la intervención, por parte del Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella; lo extraño es la falta de colaboración del propio Fernández Ordóñez.

Tal y como continúa diciendo el artículo de El Mundo, “En contraste con esta colaboración de los administradores, el Banco de España sigue sin remitir de oficio a la Fiscalía Anticorrupción su demoledor informe sobre la gestión de CCM. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha explicado en privado en sus contactos con presidentes de otras entidades financieras que no quiere «armar ruido» instando a la Fiscalía a actuar. El sector financiero español se encuentra convulso y una sacudida judicial acentuaría los problemas, según esta versión”.

Lo que leído a sensu contrario viene a decir, que en el caso CCM hay materia sobrada para una “sacudida judicial”, la cual se da por inevitable si la Fiscalía entra en ese pantano.

El diario ABC confirma la maniobra para instalar una base militar americana en el aeropuerto de Ciudad Real. La operación pendiente de las dudas de Defensa

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Pese al “rotundo”, como no podía ser de otra forma, desmentido lanzado ayer por CR AEROPUERTOS, la edición de hoy de ABC da por hecho la existencia de la operación mediante la cual se pretende vender el aeropuerto de Ciudad Real para la instalación de una base ligada a las operaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio: “El Ministerio de Defensa ―dice ABC― que encabeza Carme Chacón estudia con recelo dar luz verde a la venta del aeropuerto de Ciudad Real a un fondo de pensiones ligado al Ejército norteamericano… Defensa teme que la venta pueda transformar al aeropuerto de Ciudad Real en una base logística del Ejército norteamericano en la que pueda llegar a repetirse un escándalo similar al de los vuelos de la CIA”.

La noticia publicada el pasado día 31 fue acogida con sorpresa y escepticismo. La enormidad que supondría la cesión, de facto, del territorio español para la instalación de una base militar al margen del Parlamento y del tratado bilateral que ampara la existencia de las instalaciones militares americanas de Torrejón, Rota y Morón; restaba credibilidad a la información.

A más de esto, los rumores de una inminente venta del aeropuerto ya había sido propalados en anteriores ocasiones por los propios implicados en el negocio, probablemente como intento de presionar a algún potencial comprador y hacerle temer que se le escapara de las manos un “chollo” de semejante envergadura, lo cual hacía sospechar que en esta ocasión estuviéramos ante una maniobra similar.

Sin embargo, ayer un responsable de SPANISH AMERICAN STRATEGIC ALLIANCE (SASA) en declaraciones hechas a algún medio de comunicación, reconocía la celebración de la reunión el el Hotel Intercontinental, la presencia de periodistas a los que se les negó la entrada porque se trataba de “una reunión privada” y que Hernández Moltó ―que, por cierto, el pasado domingo estaba de cacería con los hermanos Cutillas en una finca propiedad de estos― había sido “invitado”a participar en el proyecto.

Por otra parte, también ayer, la compañía del aeropuerto, en la que están implicados Domingo Díaz de Mera, los hermanos Barco Fernández, Aurelio González Villarejo, CCM y algún otro constructor áulico de Castilla-La Mancha, aseguraba que las informaciones sobre la operación del aeropuerto eran falsas pero añadía, no sé si dándose cuenta o no de la contradicción en que estaba incurriendo, que CR AEROPUERTOSsiempre ha tenido entre sus objetivos el incorporar nuevos socios del ámbito internacional”.

Hoy ABC confirma la existencia de la operación, a la que sólo le faltaría la determinación final del precio, sin que nada se oponga a ella salvo las reticencias del Ministerio de Defensa y lo cierto es que una maniobra de esta naturaleza tiene la suficiente consistencia como para que se la tome muy en serio.

El papel de las bases españolas en las guerras emprendidas por Estados Unidos en Oriente Medio ha sido vital en todas las ocasiones, por no hablar del uso del territorio español como lugar de escala para los vuelos que transportaban prisioneros hacia el campo de concentración de Guantánamo.

La política americana, sobre todo durante la invasión de Irak, ha venido entregando a empresas privadas aspectos relativos a la logística y el suministro de las tropas, pero también concernientes a las propias operaciones armadas, como es el caso de lo sucedido con la compañía BLACKWATER, un auténtico ejército privado del que se ha publicado que dispone, al menos, de 20 aviones de guerra y unos 20.000 mercenarios en nómina y cuya presencia en Irak sólo salió a la luz después de que cuatro de sus hombres fueran linchados en una emboscada en Faluya en marzo del 2004.

Tampoco ofrece muchas dudas, que en esta línea de “privatización” de la guerra, el Pentágono tenga interés en la libertad de movimientos que le ofrecería actuar a través de la tapadera de una compañía privada, propietaria de un aeropuerto situado en un punto estratégico y sometido al derecho civil, ajeno por tanto, a las restricciones y controles a que están sujetas sus bases militares en España.

Finalmente ¿para qué, si no es para una maniobra de esta naturaleza, podría tener utilidad un aeropuerto situado en medio de un páramo desierto, en el que ni los grajos muestran interés por tomar tierra y que se ha demostrado un fiasco desde sus inicios?

El hecho es sumamente preocupante y extraordinariamente grave y si llega a materializarse, independientemente de que Hernández Moltó haya desplegado sus habilidades de muñidor o no en el asunto e independientemente de que haya cobrado o no una comisión de 70 u 80 Millones de Euros por ello, el fraude de ley, la burla al Derecho español y a la soberanía del Estado, alcanzaría tal magnitud que superaría con mucho lo tolerable a este Gobierno o a cualquier otro.

El aeropuerto de Ciudad Real podría ser una nueva base del ejército americano. Hernández Moltó estaría actuando como muñidor de la operación

La Gaceta de 31 de enero de 2010

La soberanía del Estado español está de almoneda. Si se confirma la información publicada hoy 31 de enero de 2010, España habría vuelto a ceder su territorio para la instalación de una nueva base del ejército norteamericano en el actual aeropuerto de Ciudad Real.

Según La Gaceta, el muñidor de esta operación sería Juan Pedro Hernández Moltó, que habría actuado a través de una sociedad denominada SPANISH AMERICAN STRATEGIC ALLIANCE (SASA) ―perteneciente al holding WOLTAN CONSULTING― en la que el artífice de la quiebra de CAJA CASTILLA-LA MANCHA ostenta el cargo de General Partner.

Fuentes de CR AEROPUERTOS citadas por La Gaceta consideran «que es más que probable que este holding sea el encargado de gestionar la venta del aeropuerto a una compañía americana. Algunos de los actuales propietarios creen que esta venta ya se ha consumado por un importe de 625 millones de euros… Al acuerdo únicamente le faltaría la firma de algunos documentos para quedar definitivamente formalizado».

La intervención de Hernández Moltó habría reportado a SASA una cantidad cercana a los 80 millones de euros y el destino que la «compañía americana» daría al aeropuerto sería el de la instalación de «una nueva base del ejército americano que le sirva de apoyo a sus actividades bélicas en Irak y Afganistán y otros puntos calientes».

Dada la cesión de soberanía que esto supone, la operación se habría fraguado, en secreto, con el visto bueno del Gobierno y supondría también «la construcción de una gran zona de actividades logísticas» en la que ya estaría fijada la atención del Hernández Moltó y del holding WOLTAN.

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La presentación en sociedad de Spanish American Strategic Alliance

El destituido y expedientado Hernández Moltó

La presentación, al parecer semi secreta o que se habría deseado secreta, de la compañía SASA, según continúa informando La Gaceta, tuvo lugar el pasado jueves 28 «en un céntrico hotel de Madrid», es decir, en el Hotel Intercontinental, concretamente, cuyo penúltimo director, el Sr. Jordá, que siempre ha alardeado de su amistad con Petra Mateos Aparicio, lo había sido antes del Riz. A ella asistieron José Luis Muñoz Ibáñez, administrador único de estas sociedades en las que Moltó es general partner, el propio Hernández Moltó, Noemí Hinojosa en representación de ESTRADA HINOJOSA INVESTMENT BANKERS y también socia de SASA, el embajador de Méjico Jorge Zermeño y el ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

Durantae esa reunión, siempre según La Gaceta, Hernánde Moltó hizo el siguiente comentario: «fijaos lo que dice la prensa de mi ¡una inmobiliaria!». Probablemente, el destituido presidente de la primera y hasta ahora única caja de ahorros llevada a la quiebra se refería al artículo aparecido en El Economista titulado «Vuelve el ex presidente de CCM: Hernández Moltó crea una inmobiliaria»

Entre los socios de SASA se encuentran «el Estado de Texas, Austin Bank, Frost Bank, Estrada Hinojosa, Energy and Resource Consulting Group y Oppenheimer Blend, una potente firma de abogados de Texas».

La conexión de Brian Sean Padgett, el vecino de la fundación de Alfredo Arija, ex consejero de Bono, con Marc Rich, el Mosad y el tráfico de armas

"Dame" Shirley Porter, condenada por corrupción

Ya se habló aquí de una sorprendente coincidencia. En una retirada playita de Calviá, lejos del núcleo urbano y de miradas discretas o indiscretas, convivían en estrecha vecindad dos entidades notables: la inmobiliaria CAMALLER 2010 y la Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad.

La fundación IFQA, lo recordamos, estaba ligada a CCM, a José Luis Rodríguez Holgado ―uno de los hombres designados por el destituido y expedientado Hernández Moltó para sentarse en los consejos del “malayo” Enrique Ventero y de PEYBER, la concesionaria del PAU del campo de golf de Carranque― a Alfredo Arija Hernández, un ex consejero de los Gobiernos de Bono en Castilla-La Mancha; y a Fernando Monar Rubia, también estrechamente vinculado al gobierno municipal de Calviá cuando al frente de éste se encontraba Margarita Nájera.

Por su parte, CAMALLER 2010 era propiedad de un tal Brian Sean Padgett, un sujeto residente en Ginebra e integrado en un grupo dedicado a prestar servicios de fiducia internacional ―para entendernos, servicios de testaferría― con base en los paraísos fiscales de las Islas Caimán, la isla de Jersey, la isla de Man y Suiza.

De las inquietantes actividades envueltas en sucesos igualmente inquietantes que atañen a los dos vecinos de la playita de Calviá, la IFQA y CAMALLER 2010, ya hablé en detalle en el artículo titulado «La Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad, su vecino dedicado a los servicios fiduciarios en paraísos fiscales y CCM». Ahora hay que volver al punto en que aquello se dejó porque nuevos datos acrecientan considerablemente el interés que despierta esa llamativa vecindad.

Brian Sean Padgett presta sus servicios como fideicomisario en una fundación controlada por una tal Shirley Porter (nacida Cohen) condenada por defraudar unos 31 millones de Libras cuando presidía el Concejo de Westminster y ésta, a su vez, comparte la mesa de la Junta de Gobierno de la Universidad de Tel Aviv con Marc Rich, implicado en España en la operación inmobiliaria del estadio Vicente Calderón ―junto al “malayo” Enrique Ventero y a los hijos de Jesús Gil― en el caso del Prestige, en el caso Banesto y relacionado con Al-Kassar, Kasoughi, y con los presuntos miembros de la mafia afincados en Marbella, Felice Cultrera, Giovanni Gianino y Giovani Piero Montaldo o el mafioso y narcotraficante ―sin “presunto”― Gianni Menino, fugado de España y muerto luego en extrañas circunstancias.

Por último, el hijo de la citada Shirley Porter, John Porter, está profundamente enraizado en la industria bélica de Estados Unidos e Israel y en el tráfico internacional de armamento, y fue pieza clave para ocultar a los Tribunales británicos la fortuna de su madre, considerada durante los años 90 como la mujer más rica de Europa; todo ello sin contar con que está asociado a sujetos a los que en su día el FBI investigó por realizar actividades de espionaje a favor del Mosad, por cierto, al igual que Marc Rich.

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El fiduciario Brian Sean Padgett y Shirley Porter, la ex alcaldesa de Westminster

Marc Rich en la universidad de Tel Aviv

Desde el año 2005 el miembro de PRINCIPLE CAPITAL y del Grupo SILEX, a la vez que dueño de la inmobiliaria CAMALLER 2010, Brian Sean Padgett es uno de los fideicomisarios de la fundación británica The Linda Marcus Charitable Trust, ahora llamada The Daniel Howard Trust. Esta fundación está dominada desde sus inicios por quien fuera alcaldesa de Westminster, la vieja Sra. Shirley Porter, nacida Cohen; y dice dedicarse a promocionar proyectos en los campos de la educación y el medio ambiente en el Reino Unido y, sobre todo, en Israel, invirtiendo sus fondos en compañías como Vodafon, el Royal Bank of Scotland, Cisco Sistems y especialmente y en una proporción totalmente abrumadora, en la compañía de supermercados TELCO, fundada por el señor padre de Shirley Porter, Jack Cohen; la cual se ha convertido en la base de operaciones de la familia.

La Señora Shirley Porter es una de las mayores donantes de la Universidad de Tel Aviv y ha sido habitual en la prensa inglesa y estadounidense, especialmente durante los 90. Precisamente en esas fechas y mientras presidía el Westminster City Council ―para entendernos, el Ayuntamiento de Westminster― fue objeto de la atención de los periódicos y de los Tribunales británicos, pero no por sus habituales orgías consumistas en Niza o París, sino por algo considerablemente más turbio.

En 1996 John Magill, auditor del distrito de Westminster acusó a Shiley Porter de haber defraudado unos 31 millones de Libras Esterlinas a la Corporación en lo que se llamó el escándalo de las «casas por votos».

El fraude consistió en vender casas propiedad del Ayuntamiento, situadas en barriadas marginales, a votantes conservadores ―expulsando de paso a los inquilinos― para aumentar las perspectivas electorales del partido Tory al que pertenecía la Porter. Concretamente, según informó The Telegraph, se vendieron unas quinientas viviendas al año bajo una política llamada “de construcción de comunidades estables”.

John Magill, el Auditor de Distrito, acusó a Shirley Porter y a su colega David Weeks de “conducta dolosa” y de «vergonzoso fraude electoral”.

Finalmente, en 2002 el caso llegó en apelación hasta la Cámara de los Lores, que confirmó la condena contra Shirley Porter quien, no obstante, consiguió llegar a un acuerdo con la Corporación de Westminster para pagar, únicamente, doce millones de Libras, del total de los 27 que establecía la sentencia.

La señora Shirley mantuvo ante los tribunales que su fortuna apenas alcanzaba las 300.000 Libras, a pesar de haber sido considerada en la prensa de la época como la mujer más rica de Europa.

El intento de eludir los embargos, no obstante, sufrió un fuerte golpe cuando la BBC desveló que a raíz de un enfrentamiento entre el hijo de Shirley, John Porter y uno de sus socios, Cliff Stanford, habían llegado a su poder una serie de correos electrónicos y documentos confidenciales que demostraban que la madre había hecho fuertes préstamos al hijo y que en conjunto reunían fundadas evidencias de que la Señora Porter manejaba grandísimas cantidades de dinero.

A partir de esa información, el Concejo de Westminster y los tribunales iniciaron una ardua y costosa investigación a lo largo y ancho del Mundo tratando de desvelar la fortuna de Shirley y de hallar a los testaferros tras los cuales se escondía. En esa investigación se libraron mandamientos judiciales contra Peter Green, asesor financiero de la familia desde antiguo y que fue el predecesor de Brian Sean Padgett en el cargo de fideicomisario de The Daniel Howard Trust, sustitución que parece lógica porque un testaferro en el que los jueces han fijado su atención, pierde casi todas sus virtudes.

Tras estos hechos, la viuda Porter, nacida Cohen, ha fijado su residencia en Tel Aviv, desde donde continúa manejando los destinos de la Daniel Howard Trust, en la cual, como hemos visto, presta sus servicios el fideicomisario y experto en servicios de fiducia en paraísos fiscales, Brian Sean Padgett, junto a su socio y también miembro de PRINCIPLE CAPITAL, Andrew James Peggie.

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John Porter, el hijo de Shirley, la industria de guerra y el espionaje israelí

John Porter, el hijo de Shirley Porter

Para inclinar a la Corporación de Westminster a llegar a tan doloroso acuerdo con la condenada Shirley Porter, las maniobras de ésta y de su hijo, John Porter, debieron tener un peso decisivo, pues fue el tal Johnsegún informó la prensa británica― quien consiguió que la mayor parte de la fortuna de su madre se esfumara antes de que los Tribunales británicos pudieran echarle mano.

No obstante, John Porter en esos momentos ya era propietario de una fortuna muy superior a la de su madre. Partiendo de un regalo de 4 millones de libras de su abuelo Jack Cohen, Porter comenzó a fraguar su riqueza construyendo, a través de la mercantil CHELVERTON, centros comerciales por todo el Reino Unido, para lo cual, sin duda, el conocimiento de la política municipal de su madre debió ser una buena ayuda.

Ahora bien, la verdadera acumulación de riqueza de Porter llegó a partir de su entrada en TELOS, una empresa domiciliada en Virginia y vinculada al núcleo de la industria de guerra estadounidense; de la que John Porter posee ―aunque este dato ya es antiguo― el 80% del capital. TELOS llegó a proveer durante las administraciones Reegan-Bush, ni más ni menos que el sistema de comunicaciones del ejército de Estados Unidos.

Esto en sí mismo resulta insólito porque John Porter no es ciudadano estadounidense, sino británico y existen infranqueables trabas que impiden a los extranjeros controlar sociedades con contratos vitales relacionados con el Departamento de Defensa.

TELOS solucionó este problema, formalmente, dando a Porter la consideración de un mero asesor en la empresa. Las otras personas que formaban el Consejo de Administración de la mercantil, hicieron el resto.

En ese consejo aparecen sujetos como Norman Byers, coronel de las fuerzas aéreas de EE.UU, que trabajó en la Junta de Jefes de Estado Mayor y como asistente militar del Secretario de Defensa de la Administración Reegan-Bush.

También está Fred Ikie, el secretario de política de defensa de Reegan. Se trata de un ex director de la Agencia de Control de Armas de EE.UU, estuvo o está en la Junta Directiva de la Comisión Nacional de EE.UU sobre terrorismo y tiene documentadas conexiones con el Gobierno Israelí.

Finalmente uno de los más señalados socios de TELOS es Stephen Bryen, designado como diputado de Reegan en la Secretaría para la Política comercial de Seguridad y autor de la puesta en marcha la oficina de tecnología para la seguridad dentro del Departamento de Defensa, cuya tarea era la supervisión de la venta de armas.

A finales de los 70 este individuo, que trabajaba en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, fue investigado por el FBI ante las sospechas de que estuviera pasando secretos militares del Pentágono a Israel.

Si bien nunca fue acusado, Stephen Bryen abandonó la Comisión del Senado para establecerse como lobbysta. Fundó junto a su esposa el Instituto Judío para Asuntos de Seguridad Nacional, “un grupo de presión de línea dura ―según informó la revista británica Punch― que presuntamente tiene vínculos con la industria armamentística israelí”.

Sin duda, la íntima amistad entre los Porter y los Thatcher, así como los contratos suscritos con el Departamento de Defensa de EE.UU por parte de Mark Thatcher, también fueron un buen fundamento para la entrada de John Porter en el restringido establishment armamentístico de Estados Unidos, pero Porter no sólo hace negocios con la industria de guerra americana. También tiene relaciones comerciales con el ejército de Israel.

Según informó el diario británico News Confidential, una de las empresas de John Porter es la mercantil SAPIENS, domiciliada en Israel y que ha establecido contratos con la fuerza aérea de ese país. A mediados de los 90 varios accionistas de SAPIENS acusaron ante los tribunales a Porter de haber tramado transacciones financieras fraudulentas entre TELOS y SAPIENS y de haber falseado la contabilidad de esta última correspondiente a los años 92, 93 y a los dos primeros trimestres del 94.

El asunto fue resuelto mediante varios acuerdos extrajudiciales y con el establecimiento de un fondo de 5,3 Millones de $ por parte de SAPIENS para compensar a los accionistas que habían perdido su dinero tras la alteración fraudulenta del valor de las acciones de la Compañía.

Sin embargo, ni este feo asunto de los negocios del hijo en Israel, ni la condena por corrupción política de la madre en Londres, han enturbiado el futuro de Porter. Su nombre aparece en la lista de directivos del estadounidense Bionomics Institute ―uno de esos “depósitos de pensamiento” que se dedica a enseñar que las entidades económicas son “organizaciones inteligentes”― junto a apellidos tan notables como son los de Ford o Rothschild.

También tiene intereses a la industria bélica de Indonesia, donde está asociado al grupo GEMALA que reúne las sociedades vinculadas al mando estratégico del ejército de ese país. En Inglaterra Porter es socio de un ex parlamentario conservador llamado Davis Shaw cuyo principal mérito público consiste en a haber sido él quien tramitó el pase de la Cámara de los Comunes para la prostituta de lujo Pamella Bordes. En el campo de las instituciones “sin ánimo de lucro” controla la fundación llamada John Robert Porter Charitable Trust, la cual atrajo la atención de la Charities Commission en el 92 cuando se constató que del total de sus inversiones, más de tres millones y medio de Libras, tres millones trescientas mil habían sido invertidas en acciones del negocio de la familia, la cadena de supermercados TESCO.

Pero volviendo a Israel, que es lo que ahora interesa, John Porter participa ―además de en SAPIENS― en una sociedad llamada MLI LASERS y es el representante en Londres de la Universidad de Tel Aviv, en cuyo consejo rector está junto a su madre, Shirley Porter. Aquí, precisamente, es donde encontramos una nueva e inquietante coincidencia que nos devuelve a España y a algunos de los casos de corrupción más conocidos.

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La conexión entre la condenada por corrupción Shirley Porter y el prófugo indultado Marc Rich.

Shimon Peres y Marc Rich

Shirley Porter, su hijo John Porter y Marc Rich se conocen. Es más, trabajan codo con codo en la Junta de Gobierno de la Universidad de Tel Aviv, en cuyo organigrama, por cierto, está integrado el Instituto para los Estudios sobre la Seguridad Nacional.

Marc Rich ya ha sido objeto de la atención de NOTITIA CRIMINIS y no por el hecho de presentarse en alguna que otra soiree acompañado de Dolores Sergueyeva, la nieta de Pasionaria. No es necesario repetir aquí todo lo dicho sobre él, pero sí recordar algunas cosas que cobran nuevo sentido a la luz de las informaciones aparecidas en los últimos meses.

Marc Rich ha estado sostenidamente vinculado, en las noticias que se han ido conociendo sobre él, al tráfico de armas y a actividades de espionaje a más de lo que se consideró como el mayor fraude fiscal de Estados Unidos.

Ya señalé en su momento que según el fiscal que instruía el caso de sus socios en Estados Unidos, Marc Rich había trabajado para el Mossad y le definió como «uno de los mayores traficantes de información secreta del mundo«. Es más, un ex jefe del Mossad, Avner Azulay, ocupa el cargo de Director General de la Fundación Rich.

En España ya hemos visto a Rich asociado a individuos de sospechosa trayectoria, como son los hijos de Gil o el procesado en el caso Malaya, Enrique Ventero Terleira, pero además hay que recordar que según el nº 23 “The Geopolitical Drug Dispatch”, una publicación de “L’Observatoire Géopolitique des Drogues”, incluída ahora en “L’Observatoire Géopolitique de la Criminalité Internationale”, el nombre de Marc Rich, junto a los de Monzer Al-Kassar y Adnan Kashogui fue encontrado en la agenda intervenida por la policía a Felice Cultrera, presunto miembro del clan mafioso de los Santapaola

El caso CultreraMeninno o mejor dicho, el de la, en su día, juez decana de los Juzgados de Marbella, Pilar Ramírez Balboteo, fue uno de los asuntos que primero se comenzaron a investigar en esa ciudad. El padre y el hermano de la citada juez, Juan Ramírez Rodríguez y Juan Carlos Ramírez Balboteo, respectivamente, asesoraban a los dos presuntos miembros de la mafia Felice Cultrera y Gianni Meninno, este último huido de la justicia española.

Pero es más, los Ramírez Balboteo también están directamente relacionados con otro personaje del mismo círculo ―Cultrera, Menino, Al-Kassar, etc― el investigado por su pertenencia a la mafia calabresa ―la ‘Nrangheta que, por cierto, tuvo su remoto origen en Toledo, durante el siglo XVI― el imputado en los casos Malaya y Astapa, Giovanni Piero Montaldo de quien recientemente se ha sabido que pagó más de 700.000 € al imputado José Luis Martín, ex alcalde del PSOE toledano que aprobó el PAU del Pocero en Seseña.

De hecho, según consta en el sumario “Malaya”, folio 18.156, durante la declaración prestada como detenido por el tal Montaldo, el abogado que éste designo fue Juan Carlos Rodríguez Balboteo.

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Cerrando el círculo

Felice Cultrera, el presunto miembro de la Mafia

Así que aquí tenemos, por un lado, a Marc Rich, relacionado con un sospechoso círculo de personas, unas presuntamente mafiosas y otras, acreditados miembros de la mafia, como es el difunto Gianni Menino; con el traficante de armas internacional Mosen Al-Kassar; con los hijos de Jesús Gil y con Ventero Terleira; sin olvidarnos de la que fuera directora general de su empresa, RON INVESTMENTS, la cada vez más conocida Petra Mateos Aparicio-Morales, presidenta de HISPASAT, de TELECOM CASTILLA LA MANCHA, consejera de CCM, o consejera de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, donde comparte mesa con el socio de Roca, Juan María López Alvarez, o con el muy relacionado con protagonistas de la trama malaya, Alfonso Vegara Gómez.

Por otro lado, sabemos que uno de esos presuntos mafiosos, el dicho Giovanni Piero Montaldo, anda, de la manera que sea, implicado en el caso Seseña, un caso de corrupción que, como pocos, ha salpicado a la cúpula gobernante de Castilla-La Mancha.

Además, existen constancia documental de que CCM, la misma que en su día financió al Pocero, no solamente ha financiado los negocios de los archimalayos Roca y Pedro Román, sino que ha llegado a constituir sociedades con Ventero Terleira y el ahora caído Luis Portillo, proveyendo de créditos a todos estos personajes en cuantía no menor a los 200 Millones de €.

Junto a todo esto, hemos descubierto que la FUNDACIÓN PARA LOS COMPROMISOS DE CALIDAD, una entidad surgida a la sombra de CCM y en la que encontramos al directivo de esta Caja, José Luis Rodríguez Holgado y al ex consejero de los gobiernos de Bono, Alfredo Arija Hernández, ha ido a poner su domicilio en la misma dirección en la que aparece una inmobiliaria propiedad del mencionado Brian Sean Padgett, un idividuo que junto a sus socios, se publicita como proveedor de servicios internacionales de fiducia ―testaferría, en lenguaje llano― en los más notorios paraísos fiscales.

Y para cerrar el círculo de coincidencias, acabamos de descubrir que este Brian Sean Padgett y su socio en el negocio de los paraísos fiscales, Andrew James Peggie, presta sus habilidades y recursos a una multimillonaria, Shirley Porter, condenada en Londres por corrupción, que comparte mesa con Marc Rich en la Universidad de Tel Aviv y cuyo hijo, John Porter, es una pieza fundamental del establishment armamentístico además de estar vinculado por sí o por sus socios, al espionaje israelí, por cierto, igual que Marc Rich.

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Domicilio de la IFQA y de Camaller 2010 SL
Domicilio de la IFQA y de Camaller 2010 SL

NOTA: Esta entrada se publicó el 9 de junio de 2009. Se ha modificado la fecha para colocarla a continuación de un nuevo artículo que añadirá información relevante sobre lo dicho aquí.

En el término municipal de Calviá, a unos ocho kilómetros del núcleo urbano, en una discreta y diminuta playa de la isla de Mallorca, está domiciliada la IFQA, la Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad. Concretamente, la dirección de esta entidad «sin ánimo de lucro» es Pº Illetes, número 60, local 1.

Se trata de un modesto edificio de apartamentos a pie de playa y construido en 1960, pero a pesar de lo discreto del lugar y de lo inapropiado de éste atendiendo a criterios comerciales, en la misma dirección, Pº Illetes, 60, apartamento 102 A (escalera 1, planta 02, puerta 1) está domiciliada una inmobiliaria llamada CAMALLER 2010 S.L. (CIF: B63038244) propiedad, en el 100% de sus participaciones, de un individuo llamado Brian Sean Padgett, perteneciente a un grupo dedicado a la prestación de servicios de fiducia e inversión activa desde lugares tan interesantes como la isla de Man, Luxemburgo, Suiza o las islas Caimán.

Las dos entidades por sí solas presentan notables características pero juntas, coincidiendo en tan apartado lugar, se convierten en un punto que atrae, poderosamente, la atención.

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La IFQA y sus fundadores.

Fernando Monar Rubia
Fernando Monar Rubia

La Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad fue constituida en Palma de Mallorca el 19 de diciembre de 2002. Su domicilio inicial estuvo en la C/ Soldat Arrom Quart 1, 2 de Palma de Mallorca, fue dotada con la magra cantidad de 30.000 € y, no obstante, declara perseguir unos ambiciosos fines: «añadir valor al ámbito de la Gestión de Calidad mediante la evaluación externa e independiente y el reconocimiento a las mejores prácticas de los Compromisos de Servicio… La continua promoción y extensión de la cultura y principios de la calidad y sus sistemas de gestión… Fomentar dicha cultura de calidad en la sociedad… Etc. etc. etc.». Sus fundadores y patronos iniciales son:

  • Presidente: Alfredo Arija Hernández.
  • Vicepresidente: José Luis Rodríguez Holgado.
  • Secretario: Fernando Monar Rubia.

A José Luis Rodríguez Holgado ya le conocemos bastante bien. Es directivo de CCM ―a día de hoy, que se sepa, no apartado de su cargo tras la intervención de la Caja― Se sienta en el consejo de administración de LAS LOMAS DEL POZUELO, sociedad que CCM comparte en Los Alcázares (Murcia) ―en la inmediata vecindad de las propiedades que Juan Antonio Roca tiene allí― con el imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira. También aparece en el consejo de GESTIONES HERVEMU, empresa del mismo Ventero Terleira. Es consejero de la mercantil TRANVÍA DE PARLA. Es administrador de DESARROLLOS URBANÍSTICOS VENECIOLA, sociedad participada por Domingo Díaz de Mera. Fue consejero de TINSA, la sociedad de tasaciones de CCM que tan alegremente ha estado valorando los activos de la Caja quebrada. Finalmente, entre un considerable número de otras mercantiles, es consejero de VILLA ROMANA GOLF, la concesionaria del PAU del campo de golf de Carranque, a causa del cual el alcalde Alejandro Pompa y el aparejador municipal de ese mismo ayuntamiento y socio del grupo PEYBER han acabado ante los tribunales en un caso que continúa abierto.

Por su parte, Alfredo Arija Hernández tampoco es una persona irrelevante. A principios de los ochenta fue Director del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, director del Gabinete de José Bono. Fue durante varias legislaturas senador por Toledo. En el 84, mientras Juan Pedro Hernández Moltó era consejero de Economía y Hacienda, Arija Hernández lo era de Transportes y Comunicaciones y también, durante el 83 fue portavoz del gobierno manchego.

Junto al político, el señor Arija Hernández no ha descuidado el mundo empresarial. Aparece como ex administrador de PRECAMA CONSULTORÍA S.L. domiciliada en Toledo y administrada actualmente por su hijo, Diego Arija Blázquez quien además es el titular del 100% de las participaciones de la empresa. También fue consejero de MBO COMUNICACIÓN S.A. y consejero de SERVICES QUALITY AGREEMENTS S.L., hoy extinguida o, mejor dicho, sustituida, como ahora se verá, por la fundación «sin ánimo de lucro» IFQA.

Margarita Nájera, ex alcaldesa de Calviá
Margarita Nájera, ex alcaldesa de Calviá

El último de estos fundadores, Fernado Monar Rubia también es una persona de gran interés, estrechamente ligado al municipio de Calviá, al menos mientras Margarita Nájera fue su alcaldesa. Fue uno de los 18 asesores que la entonces alcaldesa tenía contratados por un conste anual de 620.000 €, algo más de 100 millones de Pts. Monar también es presidente del Observatorio para la Calidad de los Servicios Públicos, Director General de Calidad de los Servicios del actual Gobierno Balear, órgano directamente dependiente de la Presidencia de dicho Gobierno, y consejero de la empresa pública GESTIÓ D’EMERGENCIES DE LES ILLES BALEARS S.A.

Su hijo, Fernando Monar Lora que fuera, si es que aún no lo es, miembro de la Unió d’Estudiants Progressistes y que en el año 2001 aún tenía esa condición, la de estudiante; en el 2002 ya fue nombrado consejero de la mercantil SERVICES QUALITY AGREEMENTS S.L. junto a José Luis Rodríguez Holgado, Alfredo Arija Hernández, Joaquín García Martínez y Luis Moya Antón.

Igualmente fue el administrador único de la sociedad GRUPO SEIS Y SEIS dedicada a la fabricación y comercialización de juegos de mesa y al alquiler, reparación y venta de yates de recreo, sociedad que, en este momento, tiene como administradora única a su hermana María Monar Lora.

Por otro lado, el señor Fernando Monar Rubia, como decía, tiene documentadas estrechas relaciones con la ex alcaldesa de Calviá, Margarita Nájera, que tras su salida del ayuntamiento fue consejera de trabajo del Gobierno Balear y actualmente ocupa el puesto de gerente del Consorcio de la Playa de Palma, y por hija interpuesta, es probable que también sea «consultora» en materia de «calidad» y gestión.

De hecho, una vez fuera de la alcaldía, Nájera constituyó dos sociedades dedicadas al «asesoramiento y gestión»: INNOVA XXI S.L. ―por cierto que lo del siglo XXI ya empieza a ser muy reiterativo en todas estas tramas empresariales donde siempre se acaba encontrando alguna sociedad llamada «lo-que-sea» XXI o Siglo XXI― e INNOVA GESTIÓN DE PROYECTOS, actualmente extinguida.

La ex alcaldesa de Calviá fue sustituida como administradora única de INNOVA XXI por su hija Ainnhoa Barajas Nájera el 7 de noviembre de 2007. Hasta entonces la empresa experimentó un vertiginoso ascenso en su facturación. En 2004 declaró 100.258,58 € y ya en 2006 duplicaba la cifra de negocio al alcanzar los 214.637,82 €.

Albert Calderó Cabré
Albert Calderó Cabré

No obstante, lo que ahora importa es la coincidencia entre INNOVA XXI, Fernando Monar Rubia y una empresa, ESTRATEGIA LOCAL S.A., que alcanzó renombre al aparecer ligada a uno de los 11 procedimientos penales a los que se enfrentó Margarita Nájera, el del llamado «Informe Maquiavelo».

El caso «Estrategia Local» o «Informe Maquiavelo» concernía a la aparición de un documento en el ordenador personal Antonio Manchado, a fecha de los hechos teniente de alcalde de Calviá, presuntamente elaborado para el equipo de gobierno de la corporación por la empresa ESTRATEGIA LOCAL S.A. En dicho documento se decían cosas tan brillantes como que era necesario distinguir entre mallorquines conservadores e inmigrantes progresistas, que los candidatos del PSOE de Calviá tenían que «aprender a no decir la verdad a la gente, sino lo que convenga en cada momento» o que era necesario mantener «un control permanente del censo… hay que frenar la tendencia demográfica actual; frenar la llegada de nuevos residentes MC y potenciar 3.000 viviendas sociales».

El caso fue archivado por la Audiencia Provincial de Palma al considerar que la total falta de medidas de seguridad en la red informática del Ayuntamiento no permitía probar el origen del informe en cuestión y porque, en todo caso, su contenido se consideró intelectualmente paupérrimo.

Independientemente de esto, lo cierto es que la alcaldesa Nájera, que tenía a Fernando Monar Rubia como asesor, sí había contratado los servicios de ESTRATEGIA LOCAL, entonces presidida por Albert Calderó Cabré ―que ahora aparece como director financiero de la entidad― y que entre los años 1994 y 2001 el ayuntamiento de Calviá pagó no menos de 600.000 € (100 Millones de Pts.) a esa misma empresa.

Igualmente es cierto, porque los datos han sido publicados por la propia mercantil ESTRATEGIA LOCAL S.A., que la entidad ha prestado servicios de asesoría, entre otros, a los ayuntamientos de Marbella, Getafe, Pozuelo o Boadilla del Monte, todos ellos relacionados con alguna causa abierta por presuntos delitos de corrupción.

Finalmente, también, los nombres de Margarita Nájera y de Fernando Monar Rubia aparecen conectados, desde el principio de la actividad profesional de aquélla, en relación con un seminario contratado por esta Federación Española de Municipios a INNOVA XXI titulado « La Agenda 21 para los Municipios Turísticos» y en cuyo folleto informativo aparecen como ponentes el citado Fernando Monar y Antonio Manchado, el que fuera teniente de alcalde de la propia Margarita Nájera.

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La sombra de Hernández Moltó tras la IFQA

La sociedad de CCM en las Islas Caimán
La sociedad de CCM en las Islas Caimán

La fundación Internacional para los Compromisos de Calidad tiene un origen más mercantil del que inicialmente se pudiera pensar. Como se ha visto, los fundadores y patronos iniciales de la IFQA, José Luis Rodríguez Holgado y Alfredo Arija Hernández tuvieron el cargo de consejeros, junto a Fernando Monar Lora, hijo del otro fundador, Fernando Monar Rubia, en la sociedad SERVICES QUALITY AGREEMENTS S.L., extinguida desde el 26 de diciembre de 2006 y cuyo objeto social era «promocionar metodología y asesoramiento a las Administraciones Públicas, empresas o entidades clientes sobre el desarrollo e implantación de técnicas y herramientas para la administración de las organizaciones» es decir, algo muy similar, si es que no idéntico, a lo que hacen ESTRATEGIA LOCAL o INNOVA XXI y algo también prácticamente idéntico a los fines que declara la IFQA.

Pero la continuidad entre SERVICES etc. y la IFQA no sólo se queda en la coincidencia de administradores de una y de fundadores de la otra y del objeto social de una y de los fines de la otra. La Fundación no sólo heredó esto, sino incluso, la dirección en la que estaba domiciliada SERVICES QUALITY AGREEMENTS, es decir, la calle Soldado Arrom Cuart, de Palma de Mallorca, que fue el domicilio en el que inicialmente, antes de trasladarse hasta la apartada playa de Calviá, se inscribió la IFQA.

Ahora bien, la presencia de José Luis Rodríguez Holgado ―hombre del equipo de confianza de Juan Pedro Hernández Moltó donde los hubiera… hasta la intervención y el expediente sancionador abierto a éste por el Banco de España― en SERVICES etc. no es casual como se puede uno imaginar, porque esta empresa pertenecía a CCM CORPORACIÓN en un 35%.

Tanto la fundación como la empresa, que de una manera tan clara duplicaban sus funciones, convivieron durante casi tres años. La inscripción de la IFQA se publicó en el BOE de 13 de agosto de 2003 y la disolución de SERVICES etc. se produjo el 3 de febrero de 2006, aunque lo cierto es que la empresa precedió a la fundación. SERVICES se había inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de junio de 2002 y además, según los datos publicados en el Informe Anual de CCM de 2005, también parece cierto que la empresa hacía poca competencia a la fundación. Según dichos datos SERVICES QUALITY AGREEMENTS tuvo un beneficio neto en 2005 de cero Euros y, por consiguiente, el beneficio atribuido ese ejercicio a CCM CORPORACIÓN fue, igualmente, de nada.

Por supuesto, como también cabe esperar, una de las instituciones que contaron con el asesoramiento de la IFQA fue el ayuntamiento de Calviá, el mismo ayuntamiento que tuvo contratado como asesor a Fernando Monar Rubia y el mismo que también contrató los servicios de ESTRATEGIA LOCAL S.A.

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El vecino suizo de la Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad, y sus socios.

Los documentos de The Guardian
Los documentos de The Guardian

Como he dicho al principio, en el número 60 del Pª Illetes de Calviá, es decir, en el mismo edificio de apartamentos en el que está domiciliada la IFQA y una planta por encima, tiene su sede social una empresa llamada CAMALLER 2010 S.L. que se dedica a la construcción, la promoción, la compraventa y el tráfico inmobiliario «en su más amplio sentido».

Lo poco comercial del barrio en el que está situada esta promotora, constructora, etc. no es lo único relevante en ella. Su propietario y administrador único lo es más todavía. Se trata de un tal Brian Sean Padgett, residente en Ginebra, Suiza y miembro de una entidad llamada PRINCIPLE CAPITAL, una empresa dedicada a la gestión de fondos de inversión «activa» y a la prestación de servicios fiduciarios internacionales e inscrita en el paraíso fiscal de Luxemburgo ―L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont. R.C. Luxembourg B 89.730― aunque sus administradores se reparten estratégiamente por distintos lugares de Europa. Estos administradores son:

  • Brian Alan Myerson, con domicilio en 9, Savoy Street, de Londres.
  • Brian Sean Padgett, domiciliado en 6, rue Kléberg, de Ginebra.
  • Leonard Joseph O’Brien, con domicilio en la misma calle Kléberg de Ginebra
  • David John Cooley, que comparte oficina con Myerson en la calle Savoy de Londres.

El «comisario de cuentas» es la entidad SILEX ADMINISTRATION S.A. Cuyas oficinas están sitas en la mencionada calle Kléberg de Ginebra y como directivos de la empresa también constan David John Cooley, George May, James Peggie y Richard Bolton.

Sin menospreciar a ninguna de estas personas, de todas ellas los que más interés despiertan en este momento son el propio Brian Sean Padgett, Leonard Joseph O’Brien y Richard Bolton.

Según la propia información suministrada por PRINCIPLE CAPITAL, Brian Sean Padgett, con base de operaciones, como he dicho, en Ginebra, suministra sus servicios a la sociedad a través de SILEX HOLDINGS Ltd.

Esta mercantil «suiza» está especializada en la administración de fondos de inversión activa y, lo que es más significativo, en la prestación de servicios fiduciarios. El «Activist Investment» consiste, como su propio nombre indica, en usar el capital concentrado en fondos de inversión para alcanzar posiciones decisorias en consejos de administración de distintas compañías y, de esa manera, determinar o forzar actuaciones en ellas, por lo general, meramente especulativas y dirigidas a obtener el máximo beneficio posible a corto plazo para los inversores del fondo.

La otra especialidad de SILEX HOLDINGS Ltd es todavía más reseñable. Se trata de la prestación de servicios fiduciarios internacionales. El contrato de fiducia o de fideicomiso podría muy bien llamarse «contrato de testaferría». No es otra cosa que el traspaso de la propiedad sobre determinados bienes con obligación de reintegro o de entrega a tercero, una vez cumplidas ciertas obligaciones pactadas o simplemente, una vez cumplida la condición establecida para dar por finalizado el plazo en el que el fiduciario aparece ante el mundo como propietario de la cosa.

Las características de este negocio jurídico lo han convertido, junto al «vendí» ―otro instrumento que normalmente acredita la venta de una cosa o de participaciones de una sociedad a una entidad o individuo que no aparece en los Registros― en una herramienta idónea para las tramas de corrupción y blanqueo puesto que permite, como ningún otro, ocultar al auténtico propietario y volver opacos los patrimonios de estas tramas.

En este sentido ―el de la fiducia, no el de las tramas de corrupción― el mencionado Brian Sean Padgett tiene un curriculum muy cualificado. Fue director financiero, concretamente «chief financial officer», del ABSA FINANCIAL SERVICES Ltd. la división offshore del sudafricano ABSA BANK Ltd, domiciliada en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.

Por su parte, Richard Bolton tampoco se queda atrás y, repito, según los datos suministrados por la propia PRINCIPLE CAPITAL, es un especialista en asentar empresas de administración de fondos en la Isla de Man, otro selecto paraíso fiscal.

Richar Bolton trabaja para PRINCIPLE CAPITAL en la citada isla pero antes, en 1993 lo hizo para MEES PIERSON (ahora el quebrado banco FORTIS) organizando y poniendo en marcha la unidad de administración de fondos de FORTIS en este paraíso fiscal. Posteriormente, en 1998, trabajó para el BANK OF BERMUDA en una operación similar, también en la isla de Man.

Finalmente, Leonard Joseph O’Brien es otro miembro del grupo SILEX, que trabaja para PRINCIPLE CAPITAL. Radicado en Ginebra, junto a Brian Sean Padgett, es decir, en el paradigma de la fiscalidad opaca y de las cuentas numeradas, este personaje fue uno de los directivos del grupo CHESTERFIELD, ejerció como «director on the boards» del REGAL TRUSTEES LIMITED en la isla de Jersey y del AEGIS TRUST COMPANY LIMITED en las islas Caimán. También perteneció a la directiva del BARCLAYS BANK de Suiza.

En los últimos tiempos las prácticas de este banco teóricamente británico están adquiriendo cierta notoriedad. Recientemente El País, citando como fuente a la organización internacional Global Witness, se refería a los más de 6 millones de € que «Teodorín» Nguema Obiang, el hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, se había gastado en una flota de Ferrari, Maserati y Rolls Royce, mientras el 80% de los guineanos sobrevive con menos de 200 € mensuales ―aunque esta situación seguramente cambie ahora que El Pocero va a construir pisos allí― y añadía que «al menos hasta noviembre de 2007, el hijo de Teodoro Obiang… despilfarró millones desde una cuenta en París del banco británico BARCLAYS, que obstaculizó las investigaciones de Estados Unidos sobre el origen de las cuentas de la familia presidencial pese a las “claras evidencias de que su familia está profundamente implicada en el saqueo de fondos estatales procedentes del petróleo”».

Pero Teodoro Obiang y su familia no son los únicos sujetos de similar condición que aparecen en la selecta lista de clientes del BARCLAYS BANK. Según la misma fuente, los servicios de esta entidad bancaria los comparten «el hijo del presidente del Congo, Denis Christel Sassou Nguesso; los saqueadores de los recursos naturales de Liberia, entre ellos el señor de la guerra Charles Taylor, reo de crímenes contra la humanidad en La Haya; el fallecido ex presidente Saparmurat Niyazov, violador de los derechos fundamentales en Turkmenistán, o los funcionarios adueñados del petróleo de angola»

Naturalmente BARCLAYS no es la única entidad financiera que hace este tipo de negocios. El mismo artículo de El País se refiere a la negativa del BANCO DE SANTANDER a facilitar datos sobre una cuenta abierta por una empresa guineana asociada a la familia Obiang, y el mismo informe de Global Witness menciona también a CITIBANK, a DEUTSCHE BANK, a HSBC, etc.

Ahora bien, hace escasamente dos meses, el 16 de marzo de este 2009, BARCLAYS BANK ha vuelto a ser protagonista de una oscura noticia relacionada con el blanqueo y la evasión de impuestos. Ese día el periódico británico The Guardian publicaba la noticia de que el Partido Liberal Demócrata había recibido unos documentos internos del propio banco que ponían de manifiesto los mecanismos utilizados por la entidad ―que por cierto, está negociando con el Gobierno un plan de ayudas públicas― para evadir al fisco no menos de 1.100 Millones de € al año, a través de las islas Caimán y de Luxemburgo.

Volviendo a PRINCIPLE CAPITAL y a SILEX HOLDINGS Ltd. hay que advertir, para terminar, que la presencia de uno de los individuos pertenecientes a estas sociedades en una oscura inmobiliaria de Calvía, no debe confundir sobre la importancia y volumen de sus operaciones. Según la información contable disponible de PRINCIPLE CAPITAL HOLDINGS S.A., SILEX HOLDINGS Ltd. provee servicios de administración a activos por valor de más de 1.700 Millones de $ a más de tener intereses, por ejemplo, con la EPICURE QATAR EQUITY OPPORTUNITIES Plc. domiciliada en la Isla de Man y en las Islas Vírgenes Británicas, o en la SPEYMILL DEUTSCHE IMMOBILIEN COMPANY plc.

Demasiado volumen de negocio, sin duda, para interesarse por un «kiosko» inmobiliario en Calviá pero ¿Tiene esto algo que ver con CCM, con la IFQA, con Margarita Nájera, con Fernando Monar, con Alfredo Arija, con José Luis Rodríguez Holgado o con ESTRATEGIA LOCAL? No lo sé. Lo único que sabemos es que la IFQA y la inmobiliaria de Brian Sean Padgett comparten dirección postal en una apartada playita de Calviá; que CCM tiene documentados demasiados negocios con miembros de la trama «malaya» que habían tejido una compleja trama de blanqueo a través del suizo Bruno Baumann y del oriundo alemán Juan Germán Hoffmann; que CCM había constituido una sociedad en las Islas Caimán que fue repatriada inmediatamente después de la intervención de la Caja; que José Luis Rodríguez Holgado y Juan Tomás Vidal fueron los hombres designados por Hernández Moltó para representar a CCM en las sociedades del «malayo» Enrique Ventero; que se han descubierto propiedades del «malayo Pedro Román Zurdo» en la localidad toledana de Bargas; o que el negocio de vender a las instituciones públicas «informes» de pura tramoya es un clásico desde los ya lejanos tiempos del caso FILESA; pero esto no quiere decir nada más que lo que quiere decir, y que la IFQA y el suizo Brian Sean Padgett coincidan en tan extraño lugar puede, perfectamente, ser una simple casualidad.

Barreda “estudia” represalias contra los sindicatos que han denunciado prácticas “inconfesables” en la Administración de Castilla-La Mancha

El imputado Alejandro Pompa junto a Barreda, en Carranque (Toledo)

La gravedad de los hechos denunciados unánimemente por todos los sindicatos presentes en la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración de Castilla-La Mancha ―algunos de lo cuales podrían ser constitutivos de delito como por ejemplo la recepción de regalos, de origen y destino desconocido― ha provocado la inmediata reacción de José María Barreda.

Según una nota de prensa difundida por el Gobierno Regional, como lo dicho por las organizaciones sindicales sólo «intenta confundir a la opinión pública» el Gobierno de Barreda, no para defender su precaria posición, sino, faltaría más, «a los trabajadores y trabajadoras públicos ―aquí debería decir “públicos y públicas, pienso yo― de la Administración Regional» va a ordenar inmediatamente «a los servicios jurídicos de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia que estudien si las falsedades sobre la profesionalidad del personal de la Junta de Comunidades difundidas durante los últimos días pueden ser causa de acciones legales».

Eso lo dice un Gobierno presidido por un hombre que, por ejemplo, tiene como asesor personal a Agustín Jiménez, el alcalde de Noblejas, condenado por golpear a una de sus propias concejalas; lo dice un Gobierno presidido por quien se pasea públicamente con Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque,  condenado por agredir a un anciano de 82 años y sobre el que pesa la imputación de más de una veintena de delitos relacionados con la corrupción; lo dice un Gobierno presidido por quien amparó a Hernández Moltó mientras CCM financiaba con más de 200 millones de € a los principales cabecillas de la trama delictiva de Marbella; lo dice un Gobierno que tiene por presidente a quien se carteaba y recibía con abrazos al Pocero al tiempo que un investigado por su posible pertenencia a la mafia calabresa e imputado en los casos Malaya y Astapa, Giovanni Piero Montaldo, pagaba más de 700.000 € al ex alcalde de Seseña y militante de su partido; lo dice un Gobierno presidido por quien es amigo personal de un personaje como Domingo Díaz de Mera, imputado por graves delitos a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla y cuya situación judicial despertó la alarma entre los cabecillas de la trama Gürtel; etc. etc. etc.

No me parece a mi que Barreda y su Gobierno estén en situación de prodigarse en bravatas.

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Respuesta del CSI-F a la nota del Gobierno de Barreda

Ana Guarinos pide a Barreda que ponga coto a la corrupción

El Juzgado número 5 de Illescas mantiene la imputación a los denunciados en el caso de Chozas de Canales. La Fiscalía había archivado la investigación

Felipe Barbarroja, el constructor imputado en el caso Chozas

El pasado 10 de diciembre prestaron declaración ante el Juzgado nº 5 de Illescas el constructor Felipe Barbarroja, António Antúnez ex alcalde “bonista” de Chozas de Canales y Tomás Martín Bargueño teniente de alcalde y tesorero del Ayuntamiento de esa localidad. El colectivo “Manos Límpias”, personado como acusación popular, ha solicitado prisión preventiva para los imputados ante el inminente riesgo de fuga.

La denuncia presentada contra los implicados en el caso, acompañada de exhaustiva documentación, hace referencia a hechos que comienzan a producirse en 1998 y que se prolongan hasta la salida de Antúnez del ayuntamiento tras ser condenado en firme por prevaricación e inhabilitado para el ejercicio de cargo público.

El catálogo de los hechos, según la denuncia y según los propios informes de la Secretaría del Ayuntamiento que se acompañan a ella, comprende –tal y como se verá luego en detalle– la aprobación ilegal de PAUs sin que consten los informes y autorizaciones preceptivas y vinculantes de los organismos superiores; liquidación de impuestos por parte de las empresas de Barbarroja mediante pagarés –medio de pago no aceptado por el Reglamento General de Recaudación– que unas veces se pasan a descuento en CCM y otras, simplemente, no consta que se hayan hecho efectivos; usurpación, consumada por las empresas de Barbarroja, de suelos de cesión obligatoria al Ayuntamiento; construcción clandestina de viviendas y naves industriales antes de ninguna aprobación o validación de esas actuaciones urbanísticas; emisión de informes por parte de Antúnez, presuntamente falsos y contrarios a los emitidos por la Intervención del Ayuntamiento, sobre la suficiencia de suministros de agua en las urbanizaciones de Barbarroja; aprobación de planes de reparcelación en los que no se incluyen los suelos de cesión al Ayuntamiento; ignorancia sistemática y consciente de los reparos e informes emitidos por el Secretario-Interventor cuando estos eran contrarios a los intereses de las empresas de Barbarroja, etc. etc.

Y todo ello con el añadido de que a fecha de los hechos, el alcalde Antúnez prestaba servicios laborales para el constructor Barbarroja; y el correlato, según denunció Interviú en su número del pasado 26 de octubre, de “calles y cimientos que se hunden, casas en suelo rústico sin teléfono ni internet, suministro de agua sin garantizar, desagües que se desbordan, escombreras en lugar de zonas verdes, cables tirados por el suelo…” Ni que decir tiene que CCM financió los proyectos de Barbarroja.

No consta, por otra parte, que el PSOE de Toledo, en aplicación de su presunta política de tolerancia cero con la corrupción, haya tomado medida alguna contra Antonio Antúnez.

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La postura de la Fiscalía Anticorrupción de Toledo.

Decreto de archivo de la Fiscalía Anticorrupción de Toledo

El caso de presunta corrupción de Chozas de Canales (Toledo) comenzó mediante denuncia interpuesta por el actual Alcalde de la localidad, Julián Agudo Santos, ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo, el día 27 de mayo de 2008.

El 15 de octubre de ese mismo año, el Ilmo Sr D. José Javier Polo Rodríguez, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, evacuaba decreto de archivo de diligencias justificándolo con la siguiente fundamentación jurídica:

No se han concretado Actos, Acuerdos o Resoluciones aprobadas por el Ayuntamiento de Chozas de Canales en los que se observe una voluntad manifiesta de apartarse de la legalidad con desprecio absoluto de las normas y procedimientos.

Antes al contrario, lo que se constata por los informes de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda es que se han producido irregularidades en ejecución de obras, sancionadas por el propio Ayuntamiento. En todo caso, nos encontramos ante ilícitos administrativos que deben tener su respuesta en dicho ámbito y no en el del Derecho Penal.

Por tanto, a la vista de lo denunciado, el Fiscal Jefe considera que no nos encontramos ante un hecho que revista caracteres de delito ni, por tanto, existe fundamento para ejercitar acción alguna por este Ministerio”.

Sin embargo, este criterio de la Fiscalía, como ya sucedió en su día con el caso del campo de golf de Carranque, no ha sido compartido por el Juzgado Nº 5 de Illescas, que en providencia de fecha 20 de octubre de 2009 citaba como imputados a Antúnez, Barbarroja y Martín Bargueño, imputación que ha mantenido tras la declaración de estos.

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La mercantil de Barbarroja FLOS INVERSORA SL y los “Quiñones”.

Informe del Secretario Interventor de Chozas
Informe del Secretario Interventor de Chozas

El 9 de noviembre de 1998 el constructor Barbarroja a través de FLOS INVERSORA, empresa de la que es administrador único, presentó solicitud de licencia para la construcción de 50 adosados. El 11 de noviembre del mismo año, el Secretario de la Corporación emitió un informe en términos inequívocos: la zona para la que se solicitaba licencia no reunía los requisitos del art. 109 de la LOTAU puesto que no estaba aprobada ninguna modificación puntual de normas subsidiarias, ni el planeamiento de desarrollo; no existían los presupuestos de edificación exigidos por el art. 131 de la citada ley y, además, los proyectos presentados ni siquiera tenían el visado del Colegio de Arquitectos competente, al margen de que tampoco existía informe del arquitecto municipal.

En consecuencia, el secretario del Ayuntamiento advierte al alcalde de la imposibilidad de conceder la licencia solicitada, advertencia que Antúnez ignora con voluntad y consciencia, y el 12 de noviembre, mediante un decreto de la alcaldía, se concede a Barbarroja lo que éste había pedido.

Ya en el 2000, el 9 de marzo, la empresa de Barbarroja, la mencionada FLOS INVERSORA, volvió a solicitar licencia para construir otros 21 adosados más en el mismo paraje y, nuevamente, Antúnez mediante decreto de alcaldía en el que queda constancia del informe desfavorable del Secretario-Interventor, es decir, otra vez con conciencia y voluntad, accede a la petición de Barbarroja.

Pero el asunto no termina en la pura ilicitud urbanística que denuncia el secretario del Ayuntamiento. La concesión de las licencias lleva pareja la liquidación del correspondiente impuesto y en este caso Felipe Barbarroja liquidó los aproximadamente tres millones de pesetas mediante un pagaré con vencimiento al 10 de mayo del 2000.

Con ese pagaré, Atúnez abrió una línea de descuento en CCM, cómo no, y cobró anticipadamente la deuda pero con ciertas peculiaridades porque existe una “nota de reparo” del Secretario-Interventor fechada el día 12 de marzo del 2000, según la cual: 1.- El pagaré no es un medio de pago de los previstos en el Reglamento General de Recaudación. 2.- La fecha de vencimiento supone un aplazamiento encubierto del pago de la deuda tributaria. 3.- Que el descuento del pagaré implica que CCM cargaría la cuantía de la deuda sobre el Ayuntamiento si a fecha de vencimiento el librador –Barbarroja– no hace efectivo el pago. 4.- Que al negociar el pagaré con CCM, el Ayuntamiento estaba incurriendo en gastos, comisiones e intereses que “no tenía porqué soportar en forma alguna”.

No termina aquí lo descubierto sobre el periodo de Antúnez al frente del Ayuntamiento de Cozas. El 21 de marzo del 2000, Barbarroja pide una nueva licencia para segregar las 21 parcelas sobre las que ya había obtenido la licencia de edificación. Eso origina otro informe del Secretario según el cual “los terrenos sobre los que se solicita licencia de segregación tienen la clasifiación de suelo rústico, sobre los que se tramita un PAU que no ha sido aprobado ni adjudicado el derecho a urbanizar”. Además, sigue advirtiendo el secretario, “el artículo 90.3 de la LOTAU establece la prohibición de parcelaciones urbanísticas en suelo rústico. Por otra parte, “el alcalde no es competente para otorgar esta licencia, por estar la competencia delegada en la Comisión de Gobierno” y, finalmente, para que no quepan dudas, se añade en ese informe que “la parcelación solicitada es ilegal, y se recomienda a Alcaldía que no otorgue dicha licencia”

Pero es que, a más de todo lo dicho, siempre según el informe del Secretario, Barbarroja ni siquiera había acreditado la propiedad del suelo en cuestión y mucho menos, estar en posesión del derecho a urbanizar, ni había garantizado las cesiones obligatorias, ni había probado la afectación de la finca al cumplimiento de las obligaciones de urbanizar.

En resumen, que la situación, tal y como se desprende de los citados informes, entraba en la más completa, evidente y manifiesta ilegalidad, no obstante, el alcalde Antúnez, que para eso era alcalde, mediante decreto de 3 de abril de 2003 y dejando constancia que se había visto el informe del Secretario, otorga lo pedido a Barbarroja, es decir, a FLOS INVERSORA, por cierto, empresa con la que en esas fechas, “mantenía relación laboral” según los denunciantes.

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La mercantil de Barbarroja JOVAFE 13 SL y el PAU “Sector I Industrial”

Las urbanizaciones de Barbarroja: calles y cimientos que se hunden, desagües que se desbordan, escombreras en zonas verdes...

Una situación similar a la anterior se produce cuando el 25 de mayo de 2005 el Pleno del Ayuntamiento de Chozas, por unanimidad, aprobó un PAU industrial, la correspondiente modificación de las Normas Subsidiarias y su adjudicación a la empresa JOVAFE 13 SL, propiedad también de Felipe Barbarroja.

Esa adjudicación se hizo –siempre según las denuncias presentadas y los informes de Secretaría– careciendo el Ayuntamiento de competencia para la aprobación definitiva del PAU y sin que existieran o sin que constara la existencia, de los informes vinculantes y previos que legalmente son imprescindibles.

Tan es así que el 8 de julio del 2005 la Consejería de Administraciones Públicas requirió al Ayuntamiento para que en el plazo máximo de un mes anulara el anuncio publicado en el correspondiente Diario Oficial y el acuerdo del Pleno citado.

Al mismo tiempo, el Secretario-Interventor advierte a la alcaldía que el PAU carece de la aprobación del informe de impacto ambiental, que la Consejería a requerido la anulación del acuerdo y que el convenio aprobado junto al PAU aceptaba que las cesiones de suelo dotacional se hicieran en los terrenos de un futuro PAU que, ni siquiera estaba presentado.

No se volvió a saber más de esta asunto hasta que el nuevo alcalde de Chozas ordenó a la Policía Local que realice una inspección del lugar “en el que se dice fueron construidas ilegalmente 60 naves industriales”.

En el informe policial consta que se realizó reportaje fotográfico de la zona, que por uno de los caminos del Polígono no se puede circular, por presentar grandes desperfectos, y que “hay montones de plásticos, tuberías, escombros, etc, que han sido esparcidos y tapados en su gran mayoría con tierra”.

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La mercantil de Barbarroja YAQUIN INVERSORA SL y el PAU Z-9.

Informe del Secretario Interventor de Chozas

La empresa YANQUIN también es propiedad de Barbarroja o, al menos, él tiene la condición de administrador único de la entidad. El 20 de julio del 2004 esta empresa, por boca de Barbarroja, solicitó al Ayuntamiento presidido por Antúnez, licencia para construir 334 chalés por un lado, y 7 más por otro.

Al respecto, y según consta en la documentación adjunta a la denuncia, el arquitecto municipal advirtió que antes del inicio de las obras deberá presentarse dirección de obra de arquitecto y aparejador y estudio de seguridad y salud, y acreditación de que el proyecto ha sido visado por el correspondiente colegio profesional.

Por su parte el Secretario también previene que no se han cumplido las condiciones exigidas por la Comisión Provincial de Urbanismo, que no consta la aprobación de la modificación de las Normas Subsidiarias que corresponde a la Consejería de Urbanismo, que el PAU no ha sido inscrito en el Registro oportuno, que no se ha publicado la aprobación definitiva del PAU, que no se ha presentado por la promotora la garantía exigida para simultanear las obras de construcción y urbanización y que dichas obras habían comenzado clandestinamente, antes de la solicitud de la licencia.

Y a pesar de todo esto, una vez más, el Ayuntamiento por decreto de alcaldía firmado por el Teniente de Alcalde Tomás Martín Bargueño, concede las licencias pedidas por Barbarroja quien, por otra parte, vuelve a liquidar los impuestos correspondientes, mediante pagaré y al parecer, según los denunciantes, de forma aparentemente incompleta pues no consta el pago íntegro de la liquidación librada por el Ayuntamiento.

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La mercantil de Barbarroja MORGUEN INVERSORA y el Sector Z-10.

Escombreras en las urbanizaciones de Barbarroja

El 17 de junio de 2003 entró en el Ayuntamiento de Chozas una denuncia firmada por F. Martín, vecino de la localidad en la que se ponía de manifiesto que se estaba edificando en el Sector Z-10. La misma persona solicitó la emisión del certificado oportuno por parte del Ayuntamiento.

A consecuencia de esto, el 18 del mismo mes y año, el Secretario-Interventor acreditó que en ese Sector se tramitaba un PAU a instancias de MORGUEN INVERSORA SL., otra de las empresas de Barbarroja; que ese PAU carecía de aprobación definitiva; que no estaba aprobado el Proyecto de Urbanización y Reparcelación; y que no se había otorgado licencia de edificación en el Sector en cuestión.

Como quiera que además el 16 de junio de 2003 el Ayuntamiento había ordenado la paralización de las obras ilegales, el Secretario emitió un informe advirtiendo al Alcalde de todas estas circunstancias y manifestando la necesidad de hacer efectiva dicha paralización. Sin embargo a día de hoy no consta en la documentación existente en el Ayuntamiento que se haya tomado ninguna medida al respecto o que se iniciara el necesario expediente sancionador.

El 14 de febrero del 2004 el arquitecto municipal informó que en relación con el PAU del Sector Z-10 “no se garantiza el abastecimiento de agua, la presión ni el caudal mínimo”. Contradiciendo esto, Antúnez, dirigiéndose a la Comisión Provincial de Urbanismo, a efectos del informe vinculante que ésta debía emitir en relación con el PAU, aseguró que “según los informes y datos que me constan, existe caudal suficiente de agua para el abastecimiento de las futuras construcciones a desarrollar al amparo del PAU Z-10”.

El día 11 de marzo del 2005, el Ayuntamiento de Chozas aprobó definitivamente el PAU de Barbarroja, sin que estuvieran subsanadas las deficiencias que en su momento señaló la Comisión Provincial de Urbanismo, sin que estuvieran constituidas las garantías previas que fija la ley, sin que existieran los informes técnicos exigidos legalmente para aprobar el proyecto de reparcelación y, por supuesto, con el hecho consumado de las viviendas ya construidas.

En este caso, Barbarroja volvió a liquidar las impuestos correspondientes mediante un pagaré que, a fecha de la denuncia no constaba que se hubiera hecho efectivo.

Ya en diciembre de 2006 hay un nuevo informe del Secretario en el que se vuelve a poner de manifiesto que la empresa de Barbarroja no ha presentado la garantía a la que está obligada; que el Tesorero Municipal admitió como pago por el “aprovechamiento lucrativo” –la parte de suelo que corresponde al Ayuntamiento por participación en las plusvalías– dos pagarés que vencidos, no constaba que hubieran sido presentados al cobro; que el “aprovechamiento lucrativo perteneciente a la Administración se ha usurpado por el Agente Urbanizador”; y que “el Ayuntamiento, no sólo ha consentido esta actuación ilegal, sino que además, no ha iniciado expediente sancionador alguno… una dejación o abandono de las potestades por parte de los órganos municipales, que se han replegado a la conveniencia de los intereses del Agente Urbanizador, en detrimento de los intereses generales”.

A esto, el informe de Intervención de 1 de octubre del 2007 añade que el proyecto de reparcelación del PAU Z-10 incumplía el Convenio correspondiente al haberse inscrito a nombre de MORGEN INVERSORA la finca 1.790 de la cual, al Ayuntamiento, le correspondían 7.560 m2; y que el 10% de la cesión obligatoria se había calculado sobre metros de parcela y no sobre superficie de edificabilidad, ello en beneficio del Agente Urbanizador.

La mercantil de Barbarroja MORGEN INVERSORA y el PAU Z-11

La situación aquí, es similar a lo visto hasta ahora. Según los informes del Secretario-Interventor que constan en el respectivo expediente, no existía informe de la Comisión Provincial de Urbanismo, se habían edificado viviendas en la zona sin que existiera licencia para ello; el proyecto de reparcelación no incluía la asignación al Ayuntamiento de las parcelas de cesión obligatoria; y el Alcalde había sometido el proyecto a información pública antes de que existieran los informes preceptivos.

El 20 de diciembre, ante la inminente aprobación definitiva del PAU, el Secretario vuelve a insistir que que esta aprobación no es posible porque se infringiría el art. 81 ROF, porque no se ha emitido el informe de Secretaría a que obliga el art. 175 ROF; y porque no existe el informe preceptivo y vinculante de la Comisión Provincial de Urbanismo sin la cual el Ayuntamiento no podría aprobar el PAU.

Ajeno a tanto inconveniente burocrático, Antúnez y los concejales presentes en el Pleno del 20 de diciembre de 2006, aprobaron el PAU y lo adjudicaron a la mercantil de Barbarroja. A partir de ahí, el resto de la tramitación, al decir del Secretario-Interventor, continuó con los vicios que ya se vienen haciendo familiares.

El 30 de enero del 2007, una diligencia de la Secretaría del Ayuntamiento, advirtió que se había ordenado por el Alcalde la publicación del PAU, lo que no era posible porque éste no estaba inscrito en el correspondiente Registro y que la mercantil MORGEN INVERSORA no había hecho efectiva la garantía necesaria.

Ignorando toda esta tramitación viciada, el 27 de marzo del 2007, Antúnez concedió licencia a la empresa de Barbarroja para la construcción de 304 y18 adosados en el PAU en cuestión.

En ninguno de estos hechos, acreditados mediante documentos oficiales, la Fiscalía Anticorrupción de Toledo, ha observado “voluntad manifiesta de apartarse de la legalidad con desprecio absoluto de las normas y procedimientos”.

La truculenta agonía del aeropuerto de Ciudad Real se complica. Una nueva demanda de concurso de acreedores y guerra en Grupo Montreal

Pliego de Cargos del Banco de España contra los consejeros de CCM

La prensa ya dio la noticia hace tiempo. El Grupo MONTREAL, del que es accionista mayoritario Domingo Díaz de Mera, había solicitado concurso necesario de acreedores contra el aeropuerto de Ciudad Real, del que también es socio de referencia el citado Domingo Díaz.

La cosa despertaba sospechas dada la particular situación del accionariado de CR AEROPUERTOS. La fenecida CCM –y digo fenecida porque lo que hay ahora ya es otra cosa que poco o nada tiene que ver con la entidad llevada a las más altas cotas del fiasco financiero por Hernández Moltó– es en realidad el único inversor de ese proyecto de “singular interés” y lo es porque los demás socios, entre los que destacan Díaz de Mera y Antonio Miguel Méndez Pozo, financiaron su participación en el aeropuerto con créditos concedidos en un alarde de temeraria o puede que presuntamente delictiva, largueza de CCM y, en la medida en que le corresponde el control de inversiones de esa magnitud, también del Gobierno de Barreda.

Dicho para que se entienda. CCM financió la inversión de los demás socios del aeropuerto y estos garantizaron el pago de esos créditos con sus propias acciones del aeropuerto. Es decir, que recibieron billetes de banco de curso legal y se comprometieron a devolver, si las cosas iban mal, unos papeles en los que estaba impresa la frase “acción al portador” y cuya utilidad quedaba reducida, por ejemplo, a la de servir de envoltorio a un bocadillo de panceta.

Así las cosas, el concurso de acreedores instado por el Grupo MONTREAL, parecía beneficiar, más que a muchos, al propio Domingo Díaz de Mera y por eso sus protestas contra el presidente del mencionado Grupo, parecían lágrimas de cocodrilo.

Sin embargo, ahora lo que entonces pudo ser una maniobra para forzar a los nuevos ejecutivos de CCM a hacerse cargo de las deudas y a inyectar capital sin tardanza antes de que la quiebra del aeropuerto fuera un hecho manifiesto, se está empezando a complicar más de lo esperado pues CAJASUR, otro de los acreedores del aeropuerto, ha presentado por su cuenta una nueva solicitud de concurso necesario de acreedores.

Días después de que esta noticia se hiciera pública se ha conocido que el consejo de administración del Grupo Montreal, reunido por imperativo del Juez competente, ha destituido al presidente José Angel González, a quien Díaz de Mera responsabiliza de la presentación del concurso de acreedores.

Barreda y Díaz de Mera, celebrando algo

Díaz de Mera posé el 51% del capital social, de modo que la decisión de destituir al señor González, acompañada de la autorización para emprender acciones judiciales contra él; debe atribuírsele.

Mientras todo esto sucede, Barreda permanece silente como tumba antigua y Hernández Moltó, no sólo silente, sino también desaparecido puesto que aunque ABC llegó a publicar que había encontrado refugio en el gremio de la charcutería, concretamente en la mercantil CARNICAS TELLO, la cosa fue luego rotundamente desmentida por esa entidad, que debió entender que cualquier relación con Moltó la ponía en comprometedor entredicho. O quam cito transit gloria mundi.

En fin, que no me resisto a incluir aquí, íntegramente, el artículo que publica hoy el diario CAPITAL MADRID y que contiene algunas informaciones del mayor interés:

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Guerra en Caja Castilla La Mancha por el aeropuerto de Ciudad Real. La junta de accionistas del Grupo Montreal cesa a su presidente

J. Hervás.– Lo que mal empieza, mal acaba. Cuando a la falta de transparencia se añade el oscurantismo obligado por recibir créditos arriesgados gracias a los apoyos políticos, se acaba como se ha visto ayer, con amenazas. La junta de accionistas de Grupo Montreal (Montajes y Realizaciones) decidió por mayoría simple cesar de sus funciones al presidente, José Ángel González, quien había instado el concurso necesario de acreedores contra el Aeropuerto de Ciudad Real. El 51% del accionariado de Montreal pertenece a Domingo Díaz de Mera, uno de los empresarios preferidos del presidente de la Junta de Castilla La Mancha, José María Barreda, y que más favores ha recibido de la Caja de Castilla La Mancha hasta su intervención.

Se llegó a preparar un avión particular para que tan destacado representante de los medios de comunicación regional no faltara y acudiera hasta Oriente Próximo a uno de los viajes de recreo organizado por el ex presidente de la Caja, Juan Pedro Hernández Moltó, como premio a los consejeros por el «magnífico trabajo realizado».

Menos mal que el trabajo era magnífico. Si llega a ser malo, en lugar del Banco de España y CajAstur, habría tenido que acudir en su ayuda la Reserva Federal en sus buenos tiempos. Mientras, las encuestas ofrecen cada mes peores expectativas electorales para el presidente de la Junta de Comunidades. Sus posibles sucesores presionan, directa o indirectamente, para que haya un cambio de cara a las autonómicas de 2011.

Domingo Díaz de Mera decidió ejercer la acción social de responsabilidad contra González, que detenta el otro 49% de la sociedad, por supuestas irregularidades en la gestión.

Fuentes próximas a González interpretan que los acuerdos adoptados por la junta de accionistas son nulos al vulnerar los estatutos de la sociedad, que exigen una mayoría del 60 por ciento para validar este tipo de decisiones. Fuentes consultadas por Capital Madrid recuerdan que las juntas de accionistas son soberanas para cambiar los estatutos, pero mientras no se cambien los vigentes dan la razón a González.

La actuación podría ser constitutiva de delito. Lo que pretende es la retirada de la presentación del concurso necesario contra CR Aeropuertos, la sociedad gestora del aeropuerto de Ciudad Real, donde a su vez participa Díaz de Mera, para facilitar la venta al fondo de inversiones que ha comprometido inicialmente la compra.

Montreal presentó ante un juzgado de Ciudad Real el pasado mes de junio la solicitud de concurso necesario de acreedores contra el Aeropuerto Central de Ciudad Real, al reclamar una deuda de 17 millones de euros. Montreal ha venido ejecutando obras además de en el propio aeropuerto de Ciudad Real, en la urbanización del polígono industrial adyacente donde esperaban obtener importante plusvalías los socios, como comentó a Capital Madrid, Luis Arroyo, ex rector de la Universidad de Castilla La Mancha y ex consejero de la corporación industrial de la CCM.

«Malaya» y Toledo, un buen ejemplo de omertà

Hernández Moltó el día de su destitución
Hernández Moltó el día de su destitución

Bargas, Layos, Arges, Aranjuez, Carranque… Esta es una lista, en absoluto cerrada, de las localidades Toledanas o próximas a Toledo, como es el caso de Aranjuez, en las que han aparecido negocios relacionados, de una manera u otra, con la delincuencia organizada que en 2006 se destapó oficialmente en Marbella bajo la etiqueta de “Operación Malaya”.

La presencia en Toledo de los saqueadores de Marbella, de Estepona, de Rincón de la Victoria, de Espartinas, etc, contrariamente a lo que se pudiera suponer, no es reciente. Algunos de los casos detectados se remontan a finales de los noventa y la mayoría se centra entorno al año 2003, comienzo de la Ominosa Legislatura durante la cual la criminalidad político-urbanística se convirtió en un hecho cotidiano, tan cotidiano que el Parlamento Europeo se ha visto obligado a calificar la situación española como de “corrupción endémica”.

En consecuencia, la tesis de que los hombres de la trama “malaya” se hayan desplazado hasta el centro de la Península huyendo de la presión judicial y policial en la costa, no se sostiene. Tampoco es sostenible esta hipótesis si recordamos el papel central que Caja Castilla-La Mancha ha tenido ―y aún tiene, pese al discreto silencio de la prensa― en la financiación y protección de los negocios que sociedades y personajes “malayos” emprendieron en las provincias de Madrid y Toledo, sin olvidarnos, claro está, de Murcia. En este sentido, el caso de la finca Alcalvín, en Bargas es, con toda seguridad, el más manifiesto e hiriente de los conocidos… Hasta ahora.

Decididamente, Toledo fue desde el principio un territorio hospitalario en el que los “malayos” pudieron llevar a cabo o planear algunos de sus más grandes “golpes” inmobiliarios, y en ese benévolo recibimiento, por necesidad lógica y por sentido común, cierto papel habrá tenido y tiene que jugar la estructura política de la región.

Estos hechos y otros nuevos a los que apunta la investigación, hacen que el artículo publicado en El Mundo que reproduzco a continuación, cobre no sólo actualidad, sino que se convierta en una herramienta de análisis utilísima, especialmente atendiendo a lo que en él se dice sobre el indulto que benefició al difunto Jesús Gil, favorecido y promocionado en su día por Juan Alberto Belloch y por María Teresa Fernández de la Vega; y por supuesto también en lo relativo al papel de “agente del CNI” que Jorge Dezcallar asignó, durante los gobiernos de José María Aznar, al ahora preso Juan Antonio Roca Nicolás.

Ya es innegable que Gil y Roca fueron unos “protegidos” del poder político desde los tiempos del “felipismo” lo que es consistente con la actual presencia de nombres que adquirieron fama entonces junto a otros que la han adquirido ahora por su relevancia y significación en el caso “Malaya”; pero la cuestión de actualidad está en si Roca, Ventero, Arteche, Pedro Román y algún otro cuyo nombre por ahora me reservo, también han sido o son “protegidos” de José Bono y del silente José María Barreda.

Cabe preguntarse, además, si las estructuras de criminalidad urbanística que apuntan en los barbechos toledanos podrán llegar a dibujarse con mayor nitidez de la que hasta ahora se ha logrado y si las trazas de esta afectio societatis que une a hampones, desclasados y bohemios rapaces, con las grandes corporaciones y con los despachos políticos, acabará desvelándose con la suficiente consistencia inculpatoria.

Los datos van a aparecer, de eso que no le quepa duda a nadie, pero el alcance que esa información tenga para la salud de la res publica, sí es una incógnita. La “corrupción endémica” de la que acusaba a España el Parlamento Europeo germina sobre una gruesa capa de estiércol pragmático y cínico. Al corrupto que reparta pan no le faltarán votos y con esos votos no habrá Estado o judicatura que pueda o pretenda poner freno al fraude de ley, al abuso de derecho o al puro y simple saqueo.

Eso es la “mafia”, una muy amplia y ecléctica societas delicti con dos extremos: uno en el gobierno y el otro en el hampa de los barrios chinos, y entre esos dos extremos, una estructura social paralela y decisiva que suplanta y hace del Estado de Derecho una vana apariencia, una formidable impostura.

La rapidez con que la corrupción se ha expandido por toda la Península durante la execrable legislatura 2003-07, ha hecho que las cosas en España tomen un color muy parecido al que tuvieron en Italia desde la posguerra hasta los tiempos en que los corleoneses del palurdo en armas Salvatore Riina, hicieron saltar por los aires el pacto secular que el hampa había establecido con los padrinos Giulio Andreotti y Bettino Craxi.

De hecho, Cosa Nostra, recompuesta con los despojos de los secuaces de Riina ―los Santapaola, los Cultrera, los Menino o los Greco― vueltos nuevamente hacia la mafia imprenditoriale (mafia empresarial) hacia el padrinazgo político del deplorable Berlusconi y hacia provechosas alianzas con la ‘Ndrangheta y los narcos sudamericanos; enseñó muy pronto las orejas entre los más destacados “malayos”, así que no me sorprendería descubrir a alguno de estos ciudadanos italianos paseando por la plaza de Zocodover o merodeando alrededor del palacio de Fuensalida. No señor, no me sorprendería nada.

Doce años de cohecho, malversación y blanqueo

DESDE HACE MAS DE UNA DÉCADA, LA CIUDAD HA VISTO UNIDO SU NOMBRE A LA LACRA DE LA CORRUPCION. ESTE AÑO, UN JUEZ ENVIO A LA CARCEL A SUS EDILES Y EXPUSO A LA MIRADA PUBLICA LO QUE TODOS SOSPECHABAN

El Mundo.

POR ANTONIO RUBIO

La corrupción de Marbella es una crónica anunciada donde han ido participando o consintiendo todos los poderes, tanto autonómicos como estatales. Hace 12 años, el alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, fue indultado por Felipe González porque amenazó con tirar de la manta sobre unas comisiones pagadas a políticos socialistas de la Junta de Andalucía.

Tiempo después, el hombre de confianza de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, se puso a trabajar para los servicios secretos españoles (Centro Nacional de Inteligencia), creyendo que así tenía un seguro para seguir metiendo mano en la caja municipal. Corría el año 1999 y José María Aznar era presidente del Gobierno.

Al final, un juez, con la ayuda de un grupo de honestos policías, ha puesto las cosas en su sitio y ha demostrado que la corrupción de Marbella era algo que todos sabían y que todos asumían.

El magistrado Miguel Angel Torres, con la operación Malaya, ha puesto en marcha el trabajo que hace años comenzaron los jueces Blanca Esther Díez y Santiago Torres y ha detenido, procesado o imputado a casi un centenar de personas entre concejales, empresarios, constructores, testaferros y otros.

Ésta es la crónica de esa corrupción anunciada que arranca, de forma oficial, hace 12 años: en marzo de 1994.

17 de marzo de 1994. Jueves. Consejo de Ministros presidido por Felipe González. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, presenta un informe elaborado por la subsecretaria de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, en el que se solicita un indulto para Jesús Gil, alcalde de Marbella. El ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, que es amigo de Gil, también apoya y defiende la medida de gracia para el polémico primer edil marbellí.

Jesús Gil había sido condenado a dos meses de arresto mayor e inhabilitación de cargo público por estafar a un portero de un inmueble al que le había vendido una parcela en Los Angeles de San Rafael (Segovia) que previamente estaba embargada judicialmente.

Isabel García Marcos, representante del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, pide explicaciones porque esa decisión del Consejo de Ministros va en contra de los intereses del grupo socialista en la Costa del Sol. La respuesta del jefe de gabinete de Presidencia es una misiva protocolaria y en ella no se concreta ni explica el motivo real por el que Gil, sorprendentemente, ha conseguido la medida de gracia. Al final, todo se queda en una «larga cambiada» del jefe de gabinete.

Poco después, los socialistas malagueños aprovechan la visita de la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, a la provincia para pedir, de nuevo, explicaciones sobre lo acontecido en el Consejo de Ministros. Alberdi aclara que el indulto de Gil fue defendido con vehemencia por la subsecretaria de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, siguiendo las instrucciones directas del ministro Belloch.

5 de mayo de 1994. Juan Alberto Belloch Julbe es nombrado biministro.Su segunda cartera es la del Ministerio del Interior. Interpol Italia requiere a Interpol España, a través de Interior, información sobre las actividades «extrapolíticas» del alcalde de Marbella.

Interpol España, siguiendo instrucciones superiores, aplica el «silencio administrativo» a la petición de sus colegas italianos.Se da la circunstancia de que en esas mismas fechas la juez de Marbella, Blanca Esther Díez, ya ha relacionado a Gil con miembros de la mafia italiana que residen en la Costa del Sol.

Entre los años 1993 y 1996, el PSOE está acosado por múltiples escándalos de corrupción: Filesa, Roldán, Fondos Reservados, AVE, etc. En 1994, Jesús Gil y Gil se plantea ser un problema más para el PSOE y amenaza con «tirar de la manta» contando que en 1986 tuvo que abonar al PSOE de Andalucía una comisión de 220 millones de las antiguas pesetas. El alcalde marbellí, finalmente, no denuncia el pago de la comisión, y el 17 de marzo de 1994 consigue del Consejo de Ministro su apreciado indulto.

Gil sigue de alcalde de Marbella gracias al ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, de la subsecretaria de ese Departamento, Teresa Fernández de la Vega, y de su amigo y ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro. Todo esos afectos sirven para que el primer edil marbellí siga recalificando terrenos a su antojo y que su mano derecha, Juan Antonio Roca, continúe ejerciendo de «recaudador de impuestos» ante los constructores e inmobiliarios de la zona y de cajero de La banda de Jesús Gil.

Marzo de 1996. Tan sólo han pasado dos años desde que Jesús Gil consiguió el indulto socialista. Los problemas del alcalde de Marbella con la Justicia, continúan. Ahora, Gil da un paso adelante y se convierte en «arrepentido». Sabe que la Fiscalía Anticorrupción va tras sus pasos y se aprovecha del nuevo Código Penal, promovido por el ministro Juan Alberto Belloch, para autoinculparse de un delito, convertirse en «arrepentido» y con esa argucia legal evitar las acciones de la Justicia contra su persona.

Gil declara y revela que en 1986 pagó comisiones a varios miembros de la Junta de Andalucía para que le concedieran la licencia de obras definitiva de la urbanización marbellí Los Cipreses del Mar. Cuando Gil es citado por un juzgado de Sevilla para que ratifique su denuncia y presente los correspondientes documentos que acreditan los pagos a los dirigentes socialistas de la Junta, da un paso atrás y todo queda en un escándalo político, sin consecuencias judiciales.

Octubre de 1999. EL MUNDO revela que Jesús Gil y Juan Antonio Roca han llevado a cabo un continúo saqueo de las arcas del Ayuntamiento de Marbella desde que en 1991 fuera nombrado alcalde el presidente del Atlético de Madrid. El montante del primer saqueo de Marbella asciende a 4.442 millones de pesetas. El segundo saqueo de Marbella sale a la luz pública en octubre de 2003 -también lo descubre EL MUNDO- y el montante es de 6.900 millones de pesetas.

El caso saqueo de Marbella se encuentra en la actualidad en la Audiencia Nacional, lo instruye el juez Juan Del Olmo y Roca está en libertad mediante el pago de una fianza de 459.000 euros.

Ese mismo año Juan Antonio Roca llega a un acuerdo con los servicios secretos españoles, el Centro Nacional de Inteligencia que dirige Jorge Dezcallar por designación de José María Aznar. El acuerdo entre Roca y el CNI consiste en que el primero tiene que informar de todos los movimientos del Grupo Independiente Liberal (GIL), que dirige el propio Jesús Gil para saber cuáles son las intenciones y movimientos de ese grupo político en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Jesús Gil, agobiado por múltiples procesos judiciales, reconoce entre sus íntimos que Juan Antonio Roca se ha convertido en el auténtico jefe de Marbella.

Abril de 2002. Inhabilitación de Gil. Jesús Gil, finalmente, es condenado en firme por el caso Camisetas y es apartado de la alcaldía de Marbella por inhabilitación judicial. Recoge el bastón de mando su fiel Julián Muñoz. El ex camarero, con la ayuda de José María del Nido, abogado y asesor del Ayuntamiento de Marbella, intenta llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía y dejar fuera de juego a Juan Antonio Roca.

El jefe de Marbella, como ya conocen a Roca en la Costa del Sol, con la ayuda del empresario británico Judah Binstock, contrarresta la jugada de Muñoz y consigue comprar la voluntad de la mayoría de los concejales marbellíes con importantes cantidades económicas.

En agosto de 2003 Roca coloca, mediante una moción de censura contra Muñoz, a Marisol Yagüe como alcaldesa y a Isabel García Marcos, hasta entonces miembro del PSOE, como primer teniente de alcalde.

Diciembre de 2004. Juan Antonio Roca y algunos concejales de Marbella dirigidos hábilmente por Marisol Yagüe recaudan importantes cantidades económicas que van directamente a sus bolsillos. Roca se mueve mejor que nunca y el juez Del Olmo no avanza en el caso saqueo de Marbella.

Pero en diciembre de 2004 se produce una partida de póquer en la finca El Río de Badajoz. En esa partida se ponen sobre el tapete de juego hasta tres millones de euros. Y en ella participan los más íntimos de Roca. Uno de ellos, que pierde una importante cantidad, se considera estafado y como venganza se acerca a la Policía.

Las confidencias entre el jugador estafado y la Policía permiten que los agentes descubran todo el entramado financiero de Roca y sus testaferros. La operación Malaya, que va a dirigir el juez Miguel Angel Torres, se pone en marcha.

Marzo-Junio 2006. El juez Miguel Angel Torres, siguiendo los pasos de sus predecesores en el cargo, los magistrados Blanca Esther Díez y Santiago Torres, logra acabar el trabajo que estaba pendiente desde hacía más de una década: levantar la cloaca de la corrupción urbanística en Marbella.

Juan Antonio Roca, el auténtico alcalde de Marbella; Marisol Yagüe, la alcaldesa títere de El jefe; Isabel García Marcos, primer teniente de alcalde, y hasta un total de 28 personas son detenidas en marzo de 2006 por cohecho, blanqueo y malversación de caudales públicos.

7 de abril de 2006. Viernes. Nueva fecha. Nuevos tiempos. Nuevo Gobierno. El mismo problema: corrupción urbanística. Han pasado doce años desde que Jesús Gil consiguiera su indulto. El alcalde falleció en 2004, pero el que fuera su segundo, Juan Antonio Roca, sigue controlando el Ayuntamiento de Marbella de la misma forma que ya lo hacía en 1994.

Los socialistas han vuelto a recuperar el poder a nivel estatal -marzo de 2004- y se celebra un nuevo Consejo de Ministros presidido por Rodríguez Zapatero. En ese Consejo ya no está Juan Alberto Belloch, que ahora es el alcalde de Zaragoza, tampoco el amigo de Gil, Javier Gómez Navarro, que es presidente de las Cámaras de Comercio, pero sí está Teresa Fernández de la Vega.

La que fuera subsecretaria de Justicia y defendiera con vehemencia el indulto de Jesús Gil se ha convertido, en el plazo de 12 años, en vicepresidenta del Gobierno y ahora tiene que sancionar la decisión de disolver el Ayuntamiento de Marbella por «gestión gravemente dañosa para los intereses generales». El Consejo de Ministros, finalmente, opta por disolver el Ayuntamiento de Marbella y crear una comisión gestora.

Hoy, tras judicializarse los casos saqueo I y II de Marbella y las operaciones Ballena Blanca -por blanqueo de dinero- y Malaya, son casi 100 las personas -entre concejales, constructores, empresarios, abogados y testaferros- que han pasado por la cárcel, están imputadas o acusadas de blanqueo, cohecho y malversación de caudales públicos.

Y todas ellas coinciden en una misma cuestión: «Con Gil llegó la corrupción total y Roca era el verdadero alcalde de Marbella desde hace muchos años». El patrimonio actual de Roca asciende a 120 millones de euros, incluida una cuadra de caballos finos.

El balance final de estos últimos 12 años en Marbella se podría resumir en dos partes: el juez Torres y los agentes de la UDYCO (Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado) han formalizado la lucha contra la corrupción en la Costa del Sol, pero todavía quedan algunos políticos aforados y grandes empresas por investigar.

Y el juez Torres deja el juzgado de Marbella de forma definitiva en enero de 2007 y los agentes de la UDYCO comienzan a tener auténticos problemas para llegar hasta el final de las cloacas marbellíes.

El pliego de cargos del Banco de España contra Hernández Moltó podría suponer el inicio de las acciones penales en el caso CCM

El pliego de cargos de CCM
El Mundo, 27 de julio de 2009

Hoy El Mundo publica (el artículo se puede descargar pulsando sobre la imagen) algunos de los datos revelados por el pliego de cargos elaborado por el Banco de España en relación con la quiebra de CCM.

Ese informe pone claramente de manifiesto el control absoluto de Hernández Moltó sobre la operativa de la Caja, yendo para ello mucho más allá de las competencias que le asignaban sus estatutos: «El presidente de CCM se integra de facto en el Comité de Dirección… Realiza funciones de gestión de forma directa con los ejecutivos de la entidad, reuniéndose frecuente y directamente con los directivos de las unidades operativas de CCM y su grupo, incluyendo responsables territoriales y de zona y asistiendo a comités comerciales… Se ha extralimitado en sus funciones».

Con ese control inmediato como premisa, el pliego de cargos, continúa añadiendo, entre otras cosas, que en CCM «se han tomado decisiones de inversión sin el conocimiento de la Comisión de Inversiones, ni del Consejo de Administración de CCM, ni siquiera del Consejo de Administración de CCM Corporación». Algunas de esas operaciones tomadas al amparo de la noche y la niebla son las relativas a las tres ampliaciones de capital de CR Aeropuertos, de tal forma que, también según el citado pliego de cargos, el riesgo asumido en esta entidad dominada por personas que se declaran públicamente «amigos» del silente Barreda, supone 336,9 millones de Euros, es decir, el 100% de la financiación obtenida por el fracasado proyecto, ahora en medio de un turbio concurso de acreedores solicitado por una compañía dominada por Díaz de Mera, también uno de los principales accionistas del aeropuerto.

Igualmente, «alguien» tomó la decisión de acudir a una OPA parcial sobre METROVACESA, una operación Román Sanahuja ―socio de Díaz de Mera y junto a él acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla en relación con el caso El Monte― contra Joaquín Rivero, entonces primer accionista de la empresa. La operación terminó eludiendo, por muy poco, el concurso necesario de acreedores mediante la cesión del 54% de la empresa al Santander, al BBVA, a Banesto, a la Caixa, a Caja Madrid y al Banco Popular.

Los activos de 35 de las 45 sociedades de CCM Corporación, han sufrido un deterioro, es decir, una minusvalía, de 417,2 Millones de €. El crédito concedido a las empresas participadas por la Caja era del 150% de todos sus recursos propios. Igualmente la caja entró de lleno en el fiasco de Inmobiliaria Colonial, una operación protagonizada por Luis Portillo, un personaje con documentadas relaciones con el caso Malaya, por Aurelio González Villarejo, Juan Gracia Jiménez ―propietario de Peinsa-97 y también protagonista de alguno de los hechos relacionados con la Operación Ninette― Por el ubicuo Domingo Díaz de Mera o por la no menos ubicua Esther Koplowitz, algunos de cuyos ejecutivos acabaron presos durante las distintas fases de la Operación Malaya.

La disponibilidad ad libitum de los fondos de CCM para aquellos personajes habituales del palacio de Fuensalida parece innegablemente acreditada por el pliego de cargos. Según este documento, la Caja también participaba en Global Cartera de Valores, una sociedad instrumental en la que aparecen Domingo Díaz de Mera y Luis Delso, presidente de Isolux, sociedad estrechamente ligada a la Caja por ejemplo en sus dudosas operaciones en Aranjuez, y que actualmente ha adquirido notoriedad pública después de que Luis Bárcenas, el imputado en la operación Gürtel haya afirmado ante el juez que Delso era el «Luis el Cabrón» que aparece en la contabilidad B de las sociedades de Francisco Correa. Además, Díaz de Mera, sus socios habituales los hermanos Barco Fernández y Miguel Antonio Méndez Pozo, todos ellos personajes cercanos a José María Barreda, habrían recibido en préstamos un total de 459 Millones de Euros.

Hay, para ir terminando ya, 125 titulares de créditos superiores a 16 Millones de € y de ellos, según el Banco de España, el 82,4 % están relacionados con la construcción. No obstante, lo que el pliego de cargos calla, oportunamente, es que en esas cantidades están los 40 Millones de € concedidos a Juan Antonio Roca el «malayo» o los 30 Millones de € prestados a Puerta Oro Toledo, compañía propiedad del «malayo» Pedro Román, de su socio y de Roca, Juan María López Alvarez, de Sacyr y, cosa no tan asombrosa como podría parecer, al distinguidísimo despacho de abogados Cuatrecasas. Ahí también están las cantidades invertidas en las sociedades del «malayo» Enrique Ventero y, en definitiva, los más de 200 Millones de € con que la Caja ha financiado a detenidos e imputados en el uno de los más paradigmáticos y tentaculares casos de corrupción destapados hasta la fehca.

Operaciones de menor calado, como la del campo de golf de Carranque, no parece que sean mencionadas en el pliego de cargos aunque no por ello son menos significativas. Ahí, Hernández Moltó puso a dos hombres de su máxima confianza: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, a juzgar por los consejos de administración en los que están presentes, ambos especializados en hacer negocios con los «malayos»; y ahí también puso un crédito de 10 Millones de € que Villa Romana Golf ―la mercantil de PEYBER-CCM― ya ha consumido íntegramente hace tiempo.

Ahora, esa entidad no paga. No ha pagado las cantidades adeudadas al Ayuntamiento de Carranque, cuyo cobro ejecutivo fue anulado generosamente por Alejandro Pompa, el alcalde; y no está pagando los plazos vencidos de los terrenos que compró en el PAU del campo de golf.

La situación despide un intenso aroma a concurso voluntario de acreedores. Con CCM imposibilitada, por ahora y por mucho tiempo, para añadir más capital al tinglado golfista y con la amenaza pendiente de una andanada masiva de acciones de rescisión de contrato protagonizada por los vendedores de terrenos en el PAU, que ante el incumplimiento de Villa Romana Golf muy bien podrían recuperar sus fincas y quedarse con los dineros cobrados a cuenta, cabe conjeturar sólidamente que los hermanos Díaz Bermejo y el aparejador Peinado, estén contemplando el concurso de acreedores como una buena forma de blindarse contra esas acciones y de retrasar indefinidamente las obligaciones de pago contraídas, dejando con dos palmos de narices a sus acreedores, al menos por una larga temporada.

Pero, volviendo a CCM y para terminar: ¿Qué piensa de todo esto la Fiscalía Anticorrupción?

Un portavoz de Caja Castilla-La Mancha considera «normal» que la entidad esté investigada por su implicación en la operación Malaya

Hoy, día en el que se celebra la primera asamblea general de CCM después de la intervención del Banco de España, el diario El Economista publica la siguiente noticia en primera plana. La reproduzco íntegramente:

El Economista. Javier Romera/Alejandra Ramón

«La entidad concedió préstamos por más de 200 millones a los cerebros de la trama marbellí. Dos semanas antes de ser intervenida renovó un préstamo de 30 millones a un testaferro de Roca.

El caso Malaya puede costarle un nuevo disgusto a Juan Pedro Hernández Moltó, destituido el pasado mes de marzo como presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM). El juez Oscar Pérez está investigando los créditos que la entidad concedió bajo su gestión a los principales imputados en la trama de corrupción marbellí y que, según las primeras estimaciones, superarían los 200 millones de euros.

Fuentes judiciales han confirmado a elEconomista que la investigación se ha abierto después de que hace un año el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, recibiera un escrito anónimo y un CD en el que se vinculaba a varios malayos con casos de corrupción en Castilla-La Mancha.

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Petición del fiscal

El fiscal pidió entonces al grupo III de blanqueo de la Udyco que estudiara el caso y es ahí cuando se detectan los créditos que está investigando ahora el juez. Un portavoz de la caja insistió ayer en que la entidad está tranquila. «Es normal que el juez investigue todos los negocios y relaciones de las personas que estén involucradas en la operación, pero nosotros no hemos cometido ninguna irregularidad y los créditos están adecuadamente supervisados y garantizados«, aseguró.

CCM, que tiene varias empresas y negocios conjuntos con los imputados en la Operación Malaya, prestó 40 millones de euros a One Properties y Masdevallía, dos de las sociedades más importantes del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Además, según las fuentes consultadas, la entidad podría haberle facilitado también la financiación para adquirir el Palacio de Saldaña, en Madrid, tal y como declaró una de sus testaferros, Monteserrat Corulla.

Pero la relación de la caja con el caso no se limita sólo al jefe de los malayos. El 13 de marzo de este mismo año, apenas dos semanas antes de que la entidad fuera intervenida por el Banco de España, CCM renovó una hipoteca por valor de 30 millones de euros a la sociedad Puerta Oro Toledo.

Esta firma, en la que también aparece otra de las personas investigadas por la Udyco, Juan María López Álvarez, es propietaria de un solar de 324 hectáreas en la localidad de Bargas (Toledo), pero no puede construir porque Medio Ambiente decidió considerar «ambientalmente inviable el proyecto». El alcalde de Bargas es Gustavo Figueroa Cid, vicepresidente de la diputación provincial de Toledo y mano derecha de José Manuel Tofiño, presidente de la misma.

El juez Pérez está investigando ahora porque, pese a conocer los problemas para edificar en esta localidad, y en lugar de pedir la ejecución de la hipoteca para librarse de una partida del pasivo tan arriesgada, CCM decidió renovar el préstamo, en vísperas además de la intervención.

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El más favorecido

El mayor beneficiado por los préstamos de la caja es, en cualquier caso, el empresario Enrique Ventero Terleira, que recibió más de 100 millones y que está acusado de pagar comisiones a Roca. El cerebro de la trama ha declarado ya en los juzgados que ambos hicieron negocios juntos en Los Alcázares (Murcia), junto al Mar Menor.

En los últimos meses, la Udyco ha estado investigando a la sociedad Las Lomas de Pozuelo, que tiene importantes extensiones de terreno en esta localidad. Ventero Terleira ha declarado ante el juez Torres que Caja Castilla-La Mancha participaba también en el accionariado. Las fuentes judiciales consultadas aseguran que en Los Alcázares, la caja podría haber facilitado también financiación a Montserrat Corulla, ligada también a Roca.

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Asamblea

CCM cerró el año pasado con unas pérdidas de 740 millones de euros debido, entre otras cosas, a su alta exposición al sector inmobiliario. Y ahora, todas las cajas de ahorros van a financiar a fondo perdido el rescate de la entidad. Su hucha para garantizar los depósitos de los clientes ha adquirido la emisión de participaciones preferentes de la firma manchega por importe de 1.300 millones de euros. Este producto tiene una rentabilidad cero durante los cinco primeros años, frente al 6 ó 7 por ciento de operaciones similares que se colocan entre los inversores privados.

Caja Castilla-La Mancha celebrará hoy en Cuenca la primera asamblea general ordinaria tras ser intervenida por el Banco de España, en la que se abordará la ratificación de los nombramientos de los directores generales de la entidad y del Grupo CCM y la aprobación de las cuentas de 2008.

En el orden del día, figura la ratificación de los nombramientos del director general de la entidad financiera, Gorka Barrondo, y del director general del grupo, Xabier Alkorta. Varios ex consejeros de la entidad, que fueron cesados, acudirán a la asamblea para exponer su «verdad» de lo que ocurrió en la gestión de la caja».

Hernández Moltó acusa a los directivos de CCM de «engaño» y «falsedad contable» y amenaza con una querella criminal

Diario El Mundo, 25 de mayo de 2009
Diario El Mundo, 25 de mayo de 2009

Cosas veredes, amigo Sancho, que harán fablar las piedras, pero esta les hace clamar. Según informa hoy El Mundo, Juan Pedro Hernández Moltó, no sólo encabeza el recurso que los consejeros han presentado ante el Ministerio de Economía asegurando que son inocentes de todo y que el equipo directivo de CCM les engañó falseando sostenidamente la contabilidad de la Caja, sino que prepara contra ellos una querella criminal.

El Mundo entrecomilla varios párrafos del recurso presentado por Moltó y los demás consejeros que merecen ser resaltados aquí:

Los directivos «engañaron y falsearon las cuentas de la caja».

«El Banco de España ha procedido con la resolución impugnada a premiar a los directivos expertos en engañar y falsear las cuentas de CCM, a sabiendas del propio Banco de España de la comisión de ese engaño o fraude contable a lo largo de de todo el ejercicio 2008»

«La lógica del Banco de España para la sociedad es clara. Si usted es un directivo de una caja de ahorros y falsea la contabilidad y engaña a su consejo de administración, no se preocupe… pues aunque el Banco de España esté supervisando la caja y las actas de los órganos de gobierno y por tanto sea consciente de esa falsedad documental, el supervisor cesará al consejo engañado y les mantendrá en sus puestos de trabajo y dirección, e incluso les confirmará en ellos».

En esta línea, los consejeros de CCM, con Hernández Moltó a la cabeza, preparan una querella criminal que, dicen, presentarán ante los tribunales próximamente, aunque advierten ―esto no es una amenaza― que antes tratarán que la ministra de Economía «conozca su versión de los hechos».

Finalmente responsabilizan del «engaño» y la «falsedad contable» al equipo directivo capitaneado por el destituido Ildefonso Ortega, señalando especialmente a:

  1. José Luis Rodríguez Romo.
  2. Juan Tomás Vidal.
  3. Francisco Hernánz Manzano.
  4. Alejandro López Hernández.
  5. Francisco Javier Saiz.
  6. Miguel Angel Martínez.
  7. Juan Manuel Díaz Crespo.

Independientemente de que es incomprensible, si no intolerable, que todas esas personas y algunas otras que faltan en la lista, como José Luis Rodríguez Holgado, José Miguel Físico Cabañas o Florencio Fernández Gutiérrez, continúen en sus puestos y no hayan sido fulminantemente cesados, ya que no denunciados inmediatamente ante la Fiscalía; resulta realmente sarcástico que el consejo de administración en pleno y el propio presidente de la entidad, Hernández Moltó ―que ahora dice que era «presidente no ejecutivo»― pretendan haber vivido engañados durante más de una año.

¿No leían estos señores la prensa? ¿No les habían llegado noticias de que el desastre se estaba precipitando? ¿No se habían enterado de que la Caja estaba «haciendo negocios» con gente poco recomendable y muy sospechosa como varios imputados en la Operación Malaya e, incluso, con el propio Juan Antonio Roca?

Bueno, admitamos que en los despachos de CCM no se leen los periódicos, pero ―permítaseme la vanidad― lo que me consta que sí se lee asidua y atentamente, es Notitia Criminis. Demasiada atención han prestado a mi modesta persona estos honorables caballeros, legos en contabilidad financiera, para vivir tan engañados como dicen que vivían.

Y la Fiscalía Anticorrupción ¿qué opina de todo esto?

La oposición exigirá en el Senado que Fernández Ordóñez explique por qué ha prohibido a CCM ejecutar los créditos vencidos de CR Aeropuertos

El Mundo, 18 de mayo de 2009
El Mundo, 18 de mayo de 2009

Pese a la dimisión como consejeros de CR AEROPUERTOS de Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo y los Barco Fernández ―según manifestaciones del propio Díaz de Mera, para que su presencia no perjudique el proyecto― la modificación de la LOTAU aprobada por Barreda y su partido para posibilitar la venta de los suelos del Aeropuerto de Ciudad Real, sigue atrayendo la atención sobre Castilla-La Mancha.

Mientras, como se puede comprobar en la siguiente grabación, Domingo Díaz de Mera continúa manteniendo su tesis, coincidente con la de Barreda, de que tras las noticias que están apareciendo sobre el aeropuerto de Ciudad Real sólo hay una campaña orquestada por Dolores de Cospedal, por El Mundo y por una de sus periodistas en particular, Cristina Caballero, a la que sutilmente advierte que sabe que es natural de Albacete.

http://sites.google.com/site/losarchivosdenotitiacriminis2/Home/Mera.mp3?attredirects=0

Sin embargo, a pesar de las explicaciones dadas por el importante empresario manchego, el senador del PP Agustín Conde ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia del gobernador del Banco de España para que explique por qué se ha dado orden a la nueva dirección de CCM de no ejecutar los créditos vencidos que le adeudan los socios del aeropuerto.

Ahora bien, puestos a exigir explicaciones, el grupo popular del Senado también debería exigir a Miguel Angel Fernández Ordóñez que haga pública, de una vez por todas, la lista de créditos de riesgo concedidos por Hernández Moltó y su equipo.

Debería exigirle que explique en qué situación se encuentra el crédito de 30.000.000 € concedido a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del «malayo» Pedro Román Zurdo y del socio de Roca, Juan María López Alvarez, que la Caja renovó dos días antes de su vencimiento y apenas una semana antes de la intervención.

José María Barreda
José María Barreda

Debería pedir explicaciones al gobernador del Banco de España sobre la cantidad exacta de dinero prestado a imputados en la trama de corrupción marbellí y que la prensa ha cifrado en 200 Millones de Euros. Debería pedir explicaciones sobre la situación de las sociedades que CCM comparte con detenidos e imputados en la Operación Malaya o con personajes cercanos y asociados a estos, como es el caso de Enrique Ventero o Juan María López Alvarez, sobre el dinero invertido en esas sociedades y, sobre todo, debería exigir explicaciones de por qué continúan en su puesto directivos como Juan Tomás Vidal o José Luis Rodríguez Holgado, que han compartido y comparten asiento en distintos consejos de administración con estos personajes.

Tampoco estaría de más preguntar qué sabía de la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, el alcalde de Bargas (Toledo) que, además, es vicepresidente de la Diputación Provincial, Gustavo Figueroa Cid; y si en el «campo de golf de Layos (Toledo) donde han aparecido el «malayo» Javier Arteche Tarascón y el letrado detenido e imputado en la Operación Astapa, Luis Fernando Linares Torres, están o han estado comprometidos préstamos o inversiones de CCM.

A dos meses de la intervención de la Caja, la oscuridad sigue reinando sobre todas estas cuestiones y todo apunta a que el Bando de España no tiene ninguna intención de encender la luz.

TOLEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) –

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Hernández Moltó, la noche de la intervención de CCM

El portavoz del Grupo Territorial de Senadores del PP, Agustín Conde, anunció hoy que su grupo va a pedir la comparencia en la Cámara Alta del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, «ante la sorpresa inaudita de que los nuevos gestores de CCM han decidido no ejecutar los préstamos impagados que tienen en relación con el aeropuerto de Ciudad Real, para permitir que sus propietarios puedan venderlo y terminar de hacer negocio».

Así lo adelantó el senador ‘popular’ en la rueda de prensa que ofreció hoy en Toledo, en la que se preguntó si la nueva dirección de Caja Castilla La Mancha «va a tener esta actitud con todo el mundo, o es que hay ciudadanos de primera y de segunda».

Según defendió Conde, «hay empresarios que deben cientos de millones de euros a CCM, y que probablemente han causado el mayor quebranto patrimonial que ha tenido la caja y su falta de solvencia, que no ejecutan los préstamos. Pero la caja sí que embarga a pequeños ahorradores y clientes», criticó.

Aludió en su comparecencia a los cientos de pequeños propietarios a los que se les expropiaron sus tierras «pagándoles medio euro por metro para construir un aeropuerto, cuyos dueños, ahora, lo van a revender haciéndose multimillonarios a costa de las tierras que por cuatro duros obtuvieron de los pequeños agricultores de la comarca», algo que calificó de «intolerable».

Dicho esto, el portavoz del Grupo Territorial de Senadores del PP aseveró que lo natural es que los pequeños propietarios que fueron expropiados empiecen a agruparse como afectados e inicien el procedimiento de reversión de terrenos contra la Junta, apostillando que con este tipo de actitud, «se está creando una inseguridad jurídica tremenda en relación con el aeropuerto, porque ¿quién va a correr el riesgo de comprarlo sabiendo que cientos de propietarios pueden reclamar su parte?».

Asimismo, Agustín Conde defendió que el PP «ha sido un gran defensor del aeropuerto, pues desde su inicio, hemos creído que esta infraestructuras en Ciudad Real contribuiría al desarrollo de la provincia y de la región. Pero nos duele ver que aquello que fue una buena idea y un proyecto ilusionante, se va a convertir en un pelotazo que van a pegar unos cuantos con la inestimable ayuda que la Junta».

Por último, el senador toledano recordó que acompañó al presidente regional, José María Barrera y a los consejeros del ramo, cuando era ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos, para que desbloqueara determinados aspectos de ese aeropuerto, «pero jamás pude imaginar que iba a convertirme en pretexto para que unos cuantos amigos del poder dieran el pelotazo de su vida».

Por ello, apuntó que la administración pública ha de atender los intereses generales, «y no facilitar negocios particulares para que algunos salven de la quema de su ruina algunos de los activos que tienen gracias a la actuación del poder público», finalizó.

Plusvalías multimillonarias para los socios del aeropuerto de Ciudad Real tras la modificación de la LOTAU impulsada por Barreda

Domingo Díaz de Mera
Domingo Díaz de Mera

El pasado 14 de mayo de este singular 2009, el parlamento regional de Castilla-La Mancha votó y aprobó, con los exclusivos votos del partido del presidente Barreda, la modificación de la ley del suelo regional (LOTAU). El día 15 “El Mundo” titulaba la noticia de la siguiente forma: «La Junta manchega remata el “pelotazo” del aeropuerto».

Este titular se refiere a las sospechas de lex in privos lata (ley promulgada a favor de determinado o determinados individuos) que pesan sobre esta modificación legal. Ella fue solicitada por los promotores del Aeropuerto de Ciudad Real ―entre los que brillan con capital propio Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo, los hermanos Barco Fernández y CCM― y apoyada inmediatamente por Barreda, unido a estos empresarios o a algunos de ellos por una conocida y pública amistad.

La situación ha hecho que se levante el tono por parte de la oposición en Castilla-La Mancha. En este sentido el diputado regional Leandro Esteban aseguró el pasado 15 de mayo que «no todo el PSOE de la región piensa como sus dirigentes y no todo el PSOE está de acuerdo con la actitud de golfería y chulería política que ayer protagonizaron sus dirigentes en las Cortes» y acusó a Barreda también de mantener una actitud «favorecedora de un interés y para unas personas muy concretas».

Naturalmente, los protagonistas del negocio del Aeropuerto de Ciudad Real, inevitablemente ligado a la otra gran actuación urbanística en la provincia, tanto por su dependencia funcional, como por los propietarios de los capitales invertidos, el Reino de Don Quijote; niegan rotundamente toda posibilidad de trato de favor e incluso niegan su propio protagonismo y niegan más rotundamente aún que el asunto sea un «pelotazo».

En una reciente entrevista (de la que a continuación inserto varios fragmentos y que se puede escuchar íntegra desde este enlace) concedida por Domingo Díaz de Mera a la Ser de Ciudad Real, este importante empresario de la región reconocía sin ningún empacho ser buen amigo del presidente de Castilla-La Mancha al igual que lo era de varios dirigentes del PP regional, de lo cual estaba orgulloso. Añadía que el aeropuerto de Ciudad Real no es ningún «pelotazo», que él únicamente es propietario «directamente» del 2,99% del capital y que la modificación de la LOTAU sólo implicaba que las empresas que se instalaran en los más de 12 millones de metros cuadrados que ocupa el aeropuerto, podrían a partir de ahora tener «su propia escritura».

http://sites.google.com/site/losarchivosdenotitiacriminis2/Home/EntrevistaaD%C3%ADazdemera%2Cfragmentos.mp3?attredirects=0

Para reforzar estas afirmaciones, el mismo día en que se aprobaba la modificación de la LOTAU, que permitirá a los propietarios del aeropuerto segregar suelo y venderlo como parcelas industriales ―un negocio que según El Mundo reportaría unas plusvalías cercanas a los 3000 Millones de Euros (medio billón de Pts.)― Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo y Antonio Barco Fernández, hicieron pública su dimisión como consejeros de CR AEROPUERTOS.

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El 2.99% de Domingo Díaz de Mera.

Campaña a favor del aeropuerto en un periódico de Díaz de Mera
Campaña a favor del aeropuerto en un periódico de Díaz de Mera

Como hemos visto, en la entrevista concedida a Ser Ciudad Real, Domingo Díaz de Mera asegura ser el propietario «directamente» de sólo el 2,99% del capital del aeropuerto. Por lo tanto, se trataría exclusivamente de un socio minoritario entre tantos otros y en esa situación el «favor» del presidente Barreda, de haber existido, sería irrelevante y lo verdaderamente decisivo estaría en la significación del proyecto para los intereses regionales.

Seguramente Domingo Díaz de Mera no falta a la verdad al decir esto porque advierte que ese es el porcentaje del que es propietario «directamente». La cuestión, por tanto está en determinar de qué porcentaje es propietario «indirectamente» esto es, a través de persona jurídica interpuesta.

La estructuración del capital del aeropuerto de Ciudad Real es compleja y se difumina entre varias sociedades. La principal, no obstante, es CR AEROPUERTOS. Los accionistas de esta empresa son:

INVERSIONES AEROPORTUARIAS DEL CENTRO SA, con un 43,78% del capital.

CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN, con un 25,72%

IBERDROLA, con un 9,22%

AEROPUERTO DE CIUDAD REAL SA, con 7,84%

RIO DE LOS AUSINES, con el 5,14%

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA, con el 5,00%

En consecuencia, los mayores accionistas de CR AEROPUERTOS son, con ventaja CCM e INVERSIONES AEROPORTUARIAS DEL CENTRO. Ahora bien, el capital de esta última sociedad está repartido de la siguiente forma:

DOMINTO DÍAZ DE MERA LOZANO, tiene el 48,93%

GLOBAL CONSULTING PARTNERS es propietaria del 39,92%

PROMOCIONES GONZÁLEZ (Aurelio González Villarejo) tiene el 11,11%

ASAVINE y GRUPO EMPRESARIAL HC, tienen un porcentaje indeterminado.

Tengo para mí que el 48,93% de un 43,78% es más que el 2,99% pero es que, también, GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL es una empresa que Díaz de Mera comparte con los Sanahuja y algunos otros empresarios. Así, a través de COPORACIÓN INDO MA SL, Díaz de Mera tiene el 19,58% de GLOBAL. Por su parte GRUPO EMPRESARIAL HC también pertenece a Díaz de Mera y de ella este «buen amigo» de Barreda posee un 30,00%.

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La repentina dimisión.

Terminal del aeropuerto, un día cualquiera
Terminal del aeropuerto, un día cualquiera

Con lo dicho anteriormente, la noticia de la dimisión de Díaz de Mera, Méndez Pozo y Barco Fernández de sus puestos en el consejo de CR AEROPUERTOS alcanza su auténtica dimensión. En lo que se refiere al control de la empresa es completamente irrelevante porque dicho control no depende de los órganos de administración, sino de la propiedad del capital y, que se sepa, las distintas participaciones de estos empresarios en el negocio no han sido vendidas ni donadas.

Por el contrario, la dimisión parece obedecer a una mera actuación propagandista con la que se intenta dejar sin argumentos a las noticias que la prensa estatal viene publicando desde hace tiempo y que en conjunto hacen que el proyecto del aeropuerto desprenda un intenso fumus malus iuris, cosa que con su dimisión vienen a reconocer estos empresarios, o dicho de otra manera ―véanse aquí las últimas declaraciones de Díaz de Mera― lo que reconocen es que su presencia en él cuestiona el proyecto y la propia actuación de Barreda.

Además, como he dicho más arriba, no sólo la prensa está levantando la voz contra la modificación de la LOTAU solicitada por los accionistas del aeropuerto y prontamente hecha suya por Barreda. Dolores de Cospedal acusó el pasado día 14 a Barreda de «amparar, impulsar y proteger, y defender la tropelía cometida hoy en la región». La viceportavoz del Grupo Popular, Carmen Casero, por su parte, calificó la modificación de la Ley del Suelo regional como «perversión legislativa y golfería política». Hoy el tono, con las declaraciones de Leandro Esteban, sube aún más y, lo que resulta más importante, conecta el asunto de la modificación de la LOTAU, del aeropuerto y de la cercanía personal de sus accionistas a Barreda, con el caso CCM.

Todo esto, en conjunto, debe preocupar a Barreda que hasta el último momento ha intentado conseguir el apoyo del PP para la reforma de la LOTAU. Es lógico que le preocupe. Desde hace mucho el PP de Castilla-La Mancha parecía una sección política de los gobiernos de Bono y de Barreda. El cambio de política introducido por Dolores de Cospedal le debe tener perplejo pues no está acostumbrado a que en Castilla-La Mancha exista oposición.

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La modificación de la LOTAU no es un «pelotazo» de los socios del aeropuerto.

José María Barreda
José María Barreda

Otra de las cosas que niegan, no sólo Díaz de Mera, sino los demás socios del aeropuerto y el propio presidente Barreda, a través de sus portavoces, es que la modificación de la Ley del Suelo sea un «pelotazo» para esos socios.

En este sentido, El Mundo, en su edición del 21 de abril de 2009 titulaba la noticia sobre este asunto de la siguiente forma: «’Pelotazo’ en el Aeropuerto de Ciudad Real. El PSOE manchego cambiará la ley del suelo para propiciar la venta del aeródromo. La modificación legal multiplicará el valor de los terrenos hasta 3.000 millones de Euros».

El día 15 de mayo, uno después de que el parlamento regional aprobara la modificación de la ley, ese mismo periódico decía: «la Junta manchega remata el ‘pelotazo’ del aeropuerto. El Gobierno de Castilla-La Mancha cambia la ley del suelo para propiciar la venta del aeródromo con plusvalías multimillonarias».

El diccionario de la Real Academia no recoge ninguna acepción del término «pelotazo» relacionada con el mundo de los negocios. No sé, por tanto, si este vocablo de germanía moderna es aplicable o no al asunto del aeropuerto pero si con él se quiere significar la obtención de una fabulosa diferencia entre precio de adquisición y precio de venta propiciada mediante maniobras oscuras o actividades meramente especulativas, puede que la palabreja no esté mal elegida.

Las plusvalías a las que se refería el diario El Mundo, el medio billón de Pts. traen causa del tratamiento legal que la LOTAU daba a los «proyectos de singular interés regional». Básicamente, esa figura jurídica propiciaba tres grandes ventajas, en este caso, para los promotores del aeropuerto.

En primer lugar dejaba al margen a los ayuntamientos afectados, de manera que los promotores se ahorraban cantidades millonarias en tasas y cesiones a estos. En segundo lugar, el monopolio sobre el negocio quedaba garantizado para los promotores que por mandato legal. Eran estos los únicos que podían explotar directamente el proyecto. En tercer lugar, la adquisición del terreno podía hacerse de forma inmediata por vía de expropiación forzosa y urgente sin tener que afrontar molestas e interminables negociaciones con los agricultores afectados. Todo ello sin olvidar las cuantiosas ayudas con dinero público que de suyo acompañan a la declaración de «singular interés».

De todas estas ventajas aprovechadas en su día por Díaz de Mera y los demás socios del aeropuerto, la de la expropiación es la más hiriente y nos retrotrae a las «desamortizaciones» del XIX, un pasaje bastante desconocido de nuestra historia que llenó los montes de partidas de bandoleros y los frentes de batalla de carlistas rebeldes.

El Mundo ya publicó en su edición del día 13 de mayo pasado que, como consecuencia de la condición de «singular interés» del proyecto, los terrenos ocupados por éste fueron expropiados forzosamente y que la cantidad pagada por metro cuadrado osciló entre los 54 céntimos de euro para el suelo de secano y el euro con veinte céntimos para las parcelas de regadío. El detalle de esos pagos se puede ver en el blog «Modus Tolens» del periodista Carlos Otto.

Es verdad que no todo el suelo ocupado por el aeropuerto fue expropiado. Su centro gravitacional, la finca de los Barco Fernández, fue comprada por la propia sociedad en la que éstos participan, pero lo que en definitiva tenemos aquí es un suelo adquirido a 54 céntimos el metro, que después de la modificación de la LOTAU solicitada por los socios del aeropuerto y defendida y aprobada por Barreda y su partido, pasa a tener un valor estimado de 600 € el metro.

Ahora bien, esta modificación era absolutamente necesaria para que esas plusvalías pudieran materializarse. Como he dicho, una de las grandes ventajas de los proyectos de «singular interés» era el blindaje monopolístico del negocio, pero para ello la ley impedía la segregación de parcelas en los suelos incluidos en tales proyectos. Nadie, sólo los promotores, podían explotar el negocio directamente a cambio, naturalmente, adquirían la obligación de realizarlo y explotarlo.

Sin embargo, la gran ventaja, tras el fiasco inmobiliario español y el desmoronamiento de los tinglados finacieros mundiales, se había convertido en una losa que asfixiaba a Díaz de Mera, a CCM y a sus demás socios.

Si querían deshacerse del proyecto ―y querían― tenían que hacerlo en su totalidad. Debían encontrar un comprador que se hiciera cargo, por completo, de un negocio ruinoso, de un aeródromo en el que ni los grajos toman tierra. El comprador se ha buscado pero no se ha encontrado, así que la solución parecía sólo estar en la posibilidad de parcelar el suelo y venderlo, recalificado de facto para usos industriales, zonas de ocio y actividades hoteleras. Eso, precisamente, es lo que Barreda, a través de la modificación de la LOTAU, ha hecho en favor de las sociedades del aeropuerto.

Con esto, lo que pretendía ser un negocio dedicado al tráfico aeroportuario, cosa que había servido para justificar el «singular interés» y las expropiaciones de los terrenos, se vuelve, esencialmente, mera actividad especulativa de venta de suelo adquirido ―por no decir arrebatado― a 54 céntimos y vendido a 600 €. El asunto, desde luego, parece rentable.

Los consejeros expedientados acusan a la dirección de “falsedad contable” y el Banco de España pone al frente del Grupo CCM al que fuera director general de la Kutxa cuando ésta hacía negocios con la trama vasco-malaya

El País, 6 de mayo de 2009
El País, 6 de mayo de 2009

Mientras los consejeros destituidos y expedientados presentan recursos acusando a la dirección de CCM de presuntos delitos de falsedad, la parte más oscura de los negocios de CCM, los que la relacionan con algunos de los protagonistas de los casos de corrupción de Marbella, parece estar obteniendo el nihil obstat del Banco de España. En esa línea marcha el nombramiento de Xabier Alkorta, uno de los dos directores generales que tenía la KUTXA en la época en la que estructuró su participación en las sociedades de la «trama vasco-malaya»

Si el día 1 de abril, a poco más de una semana de la intervención de CCM, eran “fuentes cercanas” al Gobierno de Castilla-La Mancha quienes aseguraban que Hernández Moltó ocultó información vital al ejecutivo de Barreda, que de haber sido conocida hubiera impedido la concesión de los créditos de alto riesgo que han llevado a la Caja a donde ahora está; el pasado día 6 de mayo eran los consejeros expedientados de la entidad los que se descolgaban con la misma cantinela.

Según publicó El País, en el recurso de alzada presentado por los consejeros de CCM, destituidos y expedientados por el Banco de España, se acusa al equipo directivo de Hernández Moltó de «falsedad contable y engaño» y consecuentemente, según cita el mismo periódico, dichos consejeros estudian la posibilidad de interponer acciones penales contra los mencionados directivos, empezando por el también destituido Ildefonso Ortega.

No sería para menos, si lo que dicen es cierto. Según el recurso de alzada citado, «resulta acreditado que el Director General y el Comité de Dirección de CCM han venido ―a lo largo de 2008 y hasta el día de la sustitución provisional del Consejo― falseando aquellos datos, cifras y porcentajes con la finalidad de hacer creer al Consejo, que no somos ni tenemos obligación de ser expertos en contabilidad financiera, que la evolución de la caja era positiva y con la finalidad añadida de ocultar que la Caja se hallaba en una situación económica de excepcional gravedad para su propia estabilidad, su liquidez o su solvencia».

Xabier Alkorta, ex director general de la Kutxa
Xabier Alkorta, ex director general de la Kutxa

Los Consejeros recurrentes, también según El País, aseguran que «nunca antes del 27 de noviembre de 2008 fueron informados sobre la presencia del Supervisor en la entidad» Se refieren con esto a la presencia de un equipo de inspectores del Banco de España en las oficinas centrales de la Caja; y al mantener tal cosa los consejeros en cuestión si no mienten, al menos sí que utilizan un concepto demasiado formal del término «información». Aunque puede que sea cierto que Moltó les ocultó que los inspectores del Banco de España le estaban levantando las alfombras, la prensa dio cumplida noticia de esto antes de esa fecha.

De hecho, El Confidencial ya dijo el día 7 de noviembre del 2008 que desde principios de esa primera semana de noviembre, «un equipo de cinco inspectores del organismo supervisor ha desembarcado en el seno de la entidad presidida por Juan Pedro Hernández Moltó. De acuerdo con las fuentes consultadas, se trata de una actuación preventiva que pretende mantener un acceso directo, casi en tiempo real, a la operativa diaria de la Caja»

El Confidencial continuaba añadiendo que «según han reconocido fuentes de la propia entidad ―la presencia de los inspectores― forma parte de la política iniciada por el Banco de España a comienzos de año, tras decidir intensificar las tareas de supervisión y fiscalización de las cuentas de las entidades de ahorro».

No parece muy creíble la ignorancia que los expedientados pretenden alegar para evitar las sanciones y para ―cosa bastante cómica― que se les reponga en sus puestos y funciones. Asunto distinto es el hecho objetivo de que las cuentas de la Caja no reflejaran la imagen fiel de su situación como ha puesto de manifiesto el Banco de España, y las responsabilidades que de ello se derivan, desde luego penales si como dicen los consejeros, tienen documentos que acreditan que Moltó y sus directivos, falsearon la documentación contable.

Son muchos y muy cualificados los que ya han acusado a Moltó y a sus hombres de «engaño y falsedad», empezando por el Gobierno de Barreda, pero es mayor aún la tardanza de la Fiscalía Anticorrupción ―a la que de sobra le ha llegado la «notitia criminis»― en iniciar la investigación de los hechos.

José Luis Rodríguez Romo, en primer plano
José Luis Rodríguez Romo, en primer plano

Esta parsimonia resulta especialmente preocupante porque si bien Hernández Moltó ya no está en la Caja, el equipo directivo que él nombró y con el que ha llevado a la entidad a tan altas cotas de calamidad, sí que está y sí que domina el escenario del presunto delito y sí que puede estar comprometiendo, gravísimamente, las pruebas de éste.

Es cierto que ha habido cambios en el Comité de Dirección de CCM, pero no especialmente tranquilizadores. Para empezar, Xavier Alkorta, el nuevo Director General del Grupo CCM, nombrado tras la destitución de Ildefonso Ortega, desempeñó anteriormente el cargo de Director General de la KUTXA junto a Jesús Maria Iturrioz, y esto no es irrelevante porque fue en el periodo en el que ambos ocupaban estas direcciones generales en la caja vasca, cuando la entidad materializó sus negocios con la denominada «trama vasco-malaya».

Es más, el propio Jesús María Iturrioz ―como he dicho, director general de la KUTXA junto a Alkorta― se reunió al menos en dos ocasiones con el propio Juan Antonio Roca, tal y como informó en su momento El Confidencial. El mediador de esas reuniones, según el citado periódico, no fue otro que Javier Arteche Tarascón, también imputado en una pieza separada del Caso Malaya y que aparece relacionado con Roca en los negocios que éste tenía en murcia, así como con Montserrat Corulla, quien presuntamente era la principal testaferro de Roca tanto en Madrid como en Los Alcázares.

Arteche y otros miembros de la «trama vasca» tampoco son ajenos a la provincia de Toledo y a sus alrededores. Sabemos de su presencia, como socio del arquitecto Miguel de Oriol e Ibarra, en el campo de golf de Layos (Toledo) y también está documentada la actividad de empresas relacionadas con la citada «trama» en las proximidades de Argés (Toledo) y en Aranjuez.

Cuando la relación entre la KUTXA y los implicados en el Caso Malaya saltó a la prensa, la caja donostiarra escindió alguna de las sociedades que mantenía con Arteche, Maya Galarraga, Aguirre Iguiniz, etc. y trató de borrar las huellas de la estrecha relación que le unía a estos individuos, entre otras cosas, abandonando el proyecto de la finca murciana de Lo Poyo.

Xabier Alkorta y Jesús María Iturrioz
Xabier Alkorta y Jesús María Iturrioz

Sin embargo, esa ruptura nunca fue completa como demostró Patricia López en uno de sus artículos publicado en el diario Negocio. Lo que sí coincidió en el tiempo con la aparente separación entre la KUTXA y los hombres de la «trama vasca» fue la salida de los que hasta entonces habían sido sus directores generales, a saber: Xabier Alkorta y Jesús María Iturrioz, quienes probablemente pagaron con su puesto el lavado de imagen de la KUTXA, ahora decidida a renegar de las operaciones realizadas con Roca o, mejor dicho, con elementos cercanos a Roca.

Los antecedentes, pues, inspiran intensas sospechas en lo que se refiere al nombramiento de Alkorta como director general de una Caja ―CCM― que ha resultado estar, también, estrechamente implicada en los intereses de la ―cito textualmente el Auto de imputación del Caso Malaya, de 18 de julio de 2007― «organización criminal de Juan Antonio Roca».

Los datos preocupantes no acaban aquí. Al margen del nombramiento de Gorka Barrondo como director general de la Caja, es decir, del ascenso del hombre que hasta la intervención había sido el responsable del control de riesgos de CCM, lo cual resulta un poco demasiado grotesco teniendo en cuenta a dónde han llevado a la entidad los «riesgos» asumidos; la intervención parece estar consolidando en la dirección de CCM a personas que han aparecido demasiado relacionadas con el Caso Malaya.

Así, Juan Tomás Vidal, que además de ser vicepresidente de VILLA ROMANA GOLF en Carranque (Toledo) y ex alto cargo de los gobiernos de José Bono en la consejería que entonces ocupaba Hernández Moltó, se sienta también en el consejo de administración de LAS LOMAS DEL POZUELO y de GESTIONES HERVEMU, empresas ambas del «malayo» Enrique Ventero; ha sido confirmado en la Dirección de Administración y Control de Gestión de CCM.

Vista de la finca Alcalvín, en Bargas (Toledo) propiedad de Pedro Román y Juan Mª López Alvarez
Vista de la finca Alcalvín, en Bargas (Toledo) propiedad del "malayo" Pedro Román y de Juan Mª López Alvarez

Me consta que en los despachos de CCM, durante los últimos meses, ha existido una viva preocupación ante la posibilidad de que aparecieran noticias que relacionaran a Juan Tomás Vidal con la Operación Malaya, pero su caso no es el único que debería preocupar y mucho a Miguel Angel Fernández Ordóñez.

En sus cargo continúa José Luis Rodríguez Holgado, también miembro de varios consejos de administración de empresas del citado Enrique Ventero y consejero ―ya lo voy adelantando― de otra sociedad estrechamente relacionada con el Caso Malaya: TRANVÍA DE PARLA S.A., pero quizás más preocupante que lo anterior es la permanencia como director de organización y sistemas de José Luis Rodríguez Romo.

Rodríguez Romo preside la sociedad LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ en un contexto en el que coinciden Juan María López Alvarez, el socio de Roca y de Pedro Román, y Javier Arteche y otros miembros de la «trama vasca», y donde ―también lo adelanto― vuelven a aparecer juntos el Caso Gürtel, el Caso Malaya y las inversiones de CCM― pero, sobre todo, comparte consejo de administración con ese mismo Juan María López Alvarez en las mercantiles CLAUDIA ZAHARA 22 y CORTIJO DEL MORO; y esto por no hacer referencia a su relación societaria con David Marjaliza (IZEN INNOVACIÓN y ATALIA INICIATIVAS) y con el imputado tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, Domingo Díaz de Mera.

En definitiva, que la política de Fernández Ordoñez en el caso CCM tiene todos los visos de pretender pararse en el saneamiento económico de la entidad ―con dinero público, claro está― y paralelamente ensombrecer todo lo posible aquellos elementos o indicios que llaman a escena al Código Penal.

Los consejeros de la caja ―a los que no hace ninguna gracia que se les haya señalado como los chivos expiatorios de la situación― lo saben y de ahí que astutamente adviertan al Gobernador del Banco de España y al Ministerio de Economía que la falsedad contable bien puede ser un delito, y que en los artículos 290 y siguientes de ese mismo código hay descritas conductas que deberían preocupar mucho a los directivos de la Caja, y que ellos están estudiando la interposición de acciones penales.

En el caso de Caja Castilla-La Mancha, decididamente, hay un auténtico estruendo. Por todas partes resuenan voces que repiten lo mismo: «si me hundo yo, nos hundimos todos». Entre tanto, los clientes siguen sacando sus «perras» de la Caja. Desde el 1 hasta el 21 de abril se han esfumado depósitos por valor de 519 Millones de Euros (86.354.334.000 Pts.) pero esto no es sorprendente, lo sorprendente es que aún haya alguien que tenga una cuenta en CCM.

¿Pretende el Banco de España volver a poner Caja Castilla-La Mancha en manos de Barreda cuando quede saneada la entidad?

José María Barreda
José María Barreda

El pasado día 30 de abril Cayo Lara, coordinador de IU, reclamó que la Fiscalía Anticorrupción investigue los posibles “indicios delictivos” que están sacando a la luz la prensa y la intervención de CCM por parte del Banco de España.

Lara se refirió, específicamente, a la concesión por parte de CCM de un crédito de 30 millones de € (5.000 Millones de Pts.) sobre unas garantías de 5, a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, propiedad, entre algunos otros, del “malayo” Pedro Román Zurdo y de su socio y también de Roca, el salmantino Juan María López Alvarez.

Ese crédito, correspondiente a una finca ―Alcalvín Bajo― situada en la localidad toledana de Bargas cuyo alcalde, Gustavo Figueroa Cid, es también vicepresidente de la Diputación Provincial de Toledo, fue renovado íntegramente por Hernández Moltó y por su equipo directivo días antes de su vencimiento y apenas dos semanas antes de la intervención de la Caja, en una operación cuyo apresuramiento y protagonistas hacen, cuando menos, sospechosa.

No es este, sin embargo, el único vínculo que une la gestión de Hernández Moltó y su equipo directivo con varios de los más significativos imputados en la Operación Malaya, una trama de corrupción cuyos hilos superan, con mucho, los límites locales y políticos de Málaga.

Sabemos, por las noticias que en su momento publicó El Economista, que el capital prestado por CCM a Juan Antonio Roca, a Pedro Román y a Enrique Ventero Terleira ―a sus sociedades, se entiende― está próximo, si es que no supera, los 200 Millones de € (unos 34 mil millones de Pts.) una cantidad fabulosa que hace muy difícil creer que, en este caso, no estemos ante una “colaboración” sistemática, consciente, planificada y sostenida en el tiempo entre estos individuos y la dirección de CCM.

Ahora, el informe de la Inspección del Banco de España no viene, precisamente, a despejar las sombras de sospecha sobre actuaciones peor que negligentes en la gestión de CCM. Según El País, en su edición de este 1 de mayo de 2009, dicho Informe es “demoledor”. En él se ponen de manifiesto “graves errores y carencias” tales como:

  1. Una estructura organizativa sin “líneas de responsabilidad claras y definidas”.
  2. Carencia de política de seguimiento de las inversiones.
  3. Concentración de riesgos en el sector inmobiliario.
  4. Superación de la inversión crediticia del límite del 35% marcado por el propio Consejo de CCM en el 2005.
  5. Identidad o confusión de intereses los responsables del “análisis de riesgos” y la sociedad solicitante, destacando, dice El País, “operaciones en las que se financia la práctica totalidad de la inversión para adquirir participaciones en sociedades relacionadas con la entidad y operaciones concedidas a personas vinculadas con la entidad en otros proyectos por un importe de riesgo elevado en relación con su capacidad de devolución”.
  6. Seguimiento de la inversión crediticia hecho con retraso y sin profundidad: desatención de la auditoría interna; etc. etc.

Mucho más grave que esto, es el hecho puesto de manifiesto por la Inspección del Banco de España, de que los clientes de CCM con créditos de más de 16 Millones de € eran, solamente, 125 y que de estos créditos, entre los que, como he dicho, están los concedidos a Roca, Pedro Román y Ventero, el 30% se consideran dudosos, el 34% están calificados como “subestándar” y el otro 20% son tan sospechosos que el Banco de España considera que requieren “un seguimiento especial”.

No conocemos aún la lista de esos 125 clientes en su totalidad, pero sí algunos de los nombres más significativos cuyas sociedades están incluidas en ella: Domingo Díaz de Mera, Antonio e Ignacio Barco Fernández, Antonio Miguel Méndez Pozo, Román Sanahuja, Enrique Ventero, Pedro Román Zurdo o Juan Antonio Roca.

Dolores de Cospedal y Barreda
Dolores de Cospedal y Barreda

Con independencia de las relaciones que puedan conectar a Moltó y sus hombres con el entramado “malayo”, sí es conocida y pública la estrecha relación personal que une a Domingo Díaz de Mera y a Antonio Miguel Méndez Pozo con José María Barreda, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y con esto llegamos al meollo de la cuestión, pues el Gobierno de Barreda ahora y el de Bono antes, no sólo estaban obligados por ley a controlar lo que sucedía en la Caja, sino que colocaron en ella a Hernández Moltó como hombre de confianza y le mantuvieron al frente de la entidad aún cuando era vox populi la inminencia del desastre, precisamente como garantía de docilidad y control de CCM.

En definitiva, que si Moltó mandaba en la Caja, Bono primero y Barreda después, mandaban en Moltó y parece inimaginable que Hernández Moltó actuara por cuenta propia, sin las órdenes o al menos el consentimiento de quienes le habían puesto donde estaban y de quienes, de un plumazo, le podían quitar de ahí.

Por eso tiene razón Cayo Lara cuando responsabiliza a Bono y a Barreda de lo ocurrido y no como últimos responsables, sino como responsables inmediatos, tan inmediatos como lo es el propio Moltó, y también tiene razón al extender esa responsabilidad a los dirigentes del PP en la región, que durante décadas han guardado un discreto y cómplice silencio, no sé si bien alimentado por la Caja y por la propia Junta, aunque casos como los del consejero de CCM, Germán Chamón, (a una de cuyas sociedades ―que, por cierto, comparte con Méndez PozoCCM le concedió un crédito de 9 Millones de €) proporcionan ciertas pistas sobre las razones de ese silencio.

Durante lustros, en Castilla-La Mancha no ha habido oposición al Gobierno. Las modificaciones introducidas por Bono en la Ley electoral de la región eliminaron toda posibilidad de que IU tuviera representación parlamentaria y, por otro lado, los hombres del PP en Toledo fueron tratados con mimo maternal, tanto que, por ejemplo, Arturo García Tizón fue puesto al frente del “Comité para el Buen Gobierno y la Responsabilidad Social Corporativa de CCM”.

Las infiltración del bonismo, a lo largo de las últimas décadas, ha fermentado tanto en el PP de Toledo (y en el de la región en general) que si ahora Cospedal quiere recuperar el control de su partido en la región, es más que posible que necesite recurrir a medidas draconianas y ya veremos si está en condiciones de hacerlo. Barreda lo sabe y sus mensajes advirtiendo que si él se hunde, se hunden todos, son constantes.

Estando así las cosas, la pregunta ahora es simple ¿piensa el Bando de España devolver CCM a las mismas manos que han provocado su quiebra y han utilizado la entidad de una forma que desprende un intenso olor a delito? Vamos todos listos si cuando se llene el agujero provocado en la Caja se devuelve el control de ésta a Barreda. La ratificación en sus puestos de hombres como Juan Tomás Vidal, Físico Cabañas o José Luis Rodríguez Holgado y el nombramiento como director general de un ex directivo de la Kutxa, estrechamente relacionada, también, con el Caso Malaya; no son datos que produzcan mucha tranquilidad

“Tierra Comunera” presenta ante la Fiscalía Anticorrupción otra denuncia contra Hernández Moltó, Barreda y María Luisa Araujo

Hernández Moltó tras ser destituido de su cargo
Hernández Moltó tras ser destituido de su cargo

Anticorrupción estudiará la denuncia contra el ex presidente de CCM por múltiples delitos económicos. Así titula hoy la agencia Europa Press el despacho que puede leerse desde este enlace. La agencia de noticias se hace eco de la aparecida hoy en El Economista bajo el titular «Anticorrupción sigue los pasos de Hernández Moltó, ex presidente de CCM» y que se refiere a la denuncia interpuesta contra el citado Hernández Moltó por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, tal y como adelanté en Notitia Criminis el pasado 20 de abril.

Pero esta no es la única denuncia que tendrá que estudiar la Fiscalía Anticorrupción y que deberá afrontar Hernández Moltó. Hoy mismo el diario digital SOITU, citando a la Agencia EFE, publica que el PCAS (Partido Castellano) Antiguo «Tierras Comuneras«, ha presentado, también, otra denuncia en Anticorrupción contra Hernández Moltó. Por su evidente interés, reproduzco el texto del citado artículo a continuación:

«Toledo.- El Partido Castellano (PCAS), antigua Tierra Comunera, ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia para que investigue si los anteriores gestores de Caja Castilla La Mancha (CCM) o los políticos responsables de controlar las actuaciones de la entidad han cometido algún delito.

Así lo ha explicado a Efe el coordinador del PCAS en Castilla-La Mancha, Pedro Manuel Soriano, quien ha apuntado la posible comisión de ocho delitos por los gestores de la Caja, los miembros de su Consejo de Administración y otros órganos de la entidad, el presidente regional, José María Barreda, y la responsable de Economía del Gobierno, María Luisa Araújo.

El PCAS ha tomado esta medida al considerar que las explicaciones del Banco de España sobre los motivos de la intervención de la entidad no son suficientes y que el Gobierno de Castilla-La Mancha no asume su responsabilidad en lo ocurrido.

En concreto, Soriano ha indicado que los gestores de la entidad podrían ser responsables de delitos de estafa, apropiación indebida, delito societario, insolvencia punible o manipulación contable en las cuentas de 2008.

También ha manifestado que María Luisa Araújo podría haber incumplido la responsabilidad de control e inspección de la caja que le atribuye la legislación autonómica.

«Queremos que la Fiscalía aclare qué ha ocurrido», ha dicho a Efe Soriano, quien ha advertido que esas investigaciones también deben afectar a los miembros del Consejo de Administración durante los últimos cinco años, incluidos los propuestos por el PP que presentaron su dimisión en febrero de este año.

El coordinador del PCAS ha criticado que el Ejecutivo regional aún no haya dado explicaciones sobre lo ocurrido y que aún no haya sido cesado el director general de Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM), Jordi García Candau, por ocultar 24 horas la intervención del Banco de España.

También ha reprochado al PP que no haya tenido el «valor y el coraje» de llevar a la Fiscalía este caso y ha recalcado su apoyo a los trabajadores de la entidad, verdaderos perjudicados por «este embrollo político-financiero».

En cuanto al futuro de la entidad, ha confiado en que no se lleve a cabo su liquidación y subasta y ha propuesto que, en el caso de que no posible su saneamiento y funcionamiento independiente, sea absorbida por Caja Madrid, la entidad que más relación tiene con Castilla-La Mancha».

Los sindicatos de Caja Castilla-La Mancha piden que se cese, se expediente y se sancione a Juan Tomás Vidal, José Luis Rodríguez Holgado y al resto de la directiva

Hernández Moltó, sonriente tras serle notificada su destitución
Hernández Moltó, sonriente tras serle notificada su destitución

Según un despacho de la Agencia EFE, los cuatro sindicatos con representación en Caja Castilla-La Mancha piden que se cese y se expediente a los directivos cuya ratificación en el cargo se ha conocido hoy. Entre tales directivos se cita a Juan Tomás Vidal, José Luis Rodríguez Holgado -quienes comparten consejo de administración con el imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira en Los Alcázares (Murcia) y con los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado en Carranque (Toledo)- y también a José Luis Rodríguez Romo, José Miguel Físico Cabañas y Alejandro López Hernández, entre otros. Se olvidan, sin embargo, de Petra Mateos Aparicio-Morales, miembro del Consejo de Buen Gobierno de CCM y consejera de CCM CORPORACIóN.

Reproduzco a continuación el despacho citado:

«Toledo.- Los cuatro sindicatos representados en Caja Castilla-La Mancha (CCM) piden que «se cese, se expediente y se sancione» al comité de dirección de la entidad, ratificado por los administradores del Banco de España tras su intervención en la Caja y que han conocido a través de la intranet de CCM.

En una comunicación interna dirigida a los tres mil empleados de CCM, y a la que ha tenido acceso EFE, los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF y CSICA enumeran a la decena de directivos que siguen formando parte del comité de dirección de la entidad y a los que consideran también responsables de la situación de «desequilibrio financiero» de CCM.

En dicho escrito, en el que no se critica el nombramiento de Gorka Barrondo como director general de la entidad en sustitución de Ildefonso Ortega, que cesó en pasado día 16, se cita, en cambio, a José Luis Rodríguez Romo (director de Organización y Sistemas), Francisco Javier Sáiz Alonso (Riesgos y Operaciones).

Los sindicatos también piden el cese de Miguel Ángel Martínez Ortega (Relaciones Institucionales), Juan Tomás Vidal (Administración y Control del Gasto), Juan Manuel Díaz Crespo (Contabilidad y Control), Alejandro López Hernández (secretaría general), Francisco Hernanz Manzano (CCM Corporación).

También se incluye en esta relación a Juan Ávila, apoderado de CCM Corporación, además de los directores de Inversiones y Financiero de CCM Corporación, José Miguel Físico Cabañas y José Luis Rodríguez Holgado.

Para todos ellos los sindicatos piden su cese, que se les abra expediente y se les sancione, pues, «nadie entendería lo contrario» y los representantes legales de los trabajadores «no vamos a renunciar a este empeño«.

Además, tampoco van a permitir que CCM sea «liquidada, troceada y subastada al mejor postor», afirman en su escrito a los empleados los sindicatos de CCM, que también critican al gobernador del Banco de España por sus «salidas de caballo y paradas de burro», dicen apelando a un dicho popular de «estas tierras castellanomanchegas».

Barreda, sonriendo afectuosamente a Hernández Moltó
Barreda, sonriendo afectuosamente a Hernández Moltó

Y por si a Fernández Ordoñez «se le ocurre» la idea de proponer «nuestra liquidación», anuncian que han iniciado contactos con el Gobierno de Castilla-La Mancha y con el Gobierno Central, a través de los responsables federales de estos sindicatos, para que CCM no sea liquidada, troceada y subastada al mejor postor».

Los sindicatos también piden «rigor y responsabilidad» a los periodistas a la hora de informar sobre CCM y se refieren en concreto a las informaciones relativas a la posible liquidación de la entidad, que ha dañado el «ánimo» de los trabajadores de la caja castellano manchega.

El Banco de España decidió el pasado 28 de marzo intervenir CCM al considerar que su «deficiente gobernanza socavó de forma muy grave la solvencia y la viabilidad de la entidad».

El Banco de España responsabiliza al equipo directivo de sobrevalorar el ciclo expansivo con un exceso de posicionamiento en el sector inmobiliario tanto a través de financiación directa como de participaciones en empresas del sector».

Barreda modifica la Ley del Suelo a petición de Díaz de Mera y de sus socios. La operación les reportará más de 3.000 Millones en plusvalías

El Mundo, 21 de abril del 2009
El Mundo, 21 de abril del 2009

Hoy El Mundo publica que la modificación solicitada -y concedida o en proceso de concederse- por los socios del aeropuerto de Ciudad Real, entre los que están los amigos de Barreda, Domingo Díaz de Mera y «Michel» Méndez Pozo además de CCM, les reportará a estos plusvalías superiores a los 3.000 Millones de €. La reacción de la oposición regional no se ha hecho esperar y como la verdad es la verdad, la digan Agamenón o su porquero, o el Gobierno o la oposición, reproduzco aquí el siguiente despacho de Europa Press:

TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) –

«El secretario de Acción Parlamentaria del Grupo Popular, Leandro Esteban, pidió hoy al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que explique urgentemente cuánto dinero público se ha invertido en el aeropuerto de Ciudad Real, «y que hoy algunos califican de proyecto de auténtico pelotazo«.

El diputado regional del PP se hizo eco de la información publicada hoy por el diario El Mundo, que indica que el PSOE de Castilla-La Mancha cambiará la ley del suelo para propiciar la venta del aeródromo y que la modificación legal multiplicará el valor de los terrenos hasta 3.000 millones de euros.

En este sentido, Esteban fue contundente y aseguró que el presidente regional «debe explicar lo que sabe, hasta dónde llega esta situación, y debe explicar cuánto dinero público se ha invertido en lo que al parecer, y algunos hoy califican, como un proyecto no de ley sino de proyecto de auténtico pelotazo».

A renglón seguido, el parlamentario tachó de «intolerable» que el Gobierno regional se niegue a dar explicaciones y que presione con la ley del suelo y calificó de «abyecto» que se utilice esta norma «que dice pretender dar vivienda a quienes lo necesitan para proporcionar lo que algunos hoy califican como pelotazo».

José María Barreda y Domingo Díaz de Mera en entusiasta camaradería
José María Barreda y Domingo Díaz de Mera en entusiasta camaradería

«Nos gustaría que el Gobierno regional hubiera tenido la decencia política de dar explicaciones a todos los ciudadanos», indicó el diputado ‘popular’, quien aseveró que si él fuese gobierno en Castilla-La Mancha «ya estaría dando hoy explicaciones claras sobre el particular, si es que las tengo».

El Gobierno regional, destacó, debe dar muchas explicaciones en relación con este asunto, y debe explicar por qué hay que cambiar una ley para que funcione un aeropuerto que ya funciona. Asimismo, le pidió que explique por qué se quiere vender un aeródromo que en su día fue declarado de utilidad pública.

Según afirmó, «parece ser, presuntamente, que detrás de esto hay intereses poco claros, intereses que no son del beneficio de la región y, que sin embargo, pueden estar centrados en el beneficio de unos pocos». Por ello, insistió en que los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen derecho a conocer qué hay detrás de este proyecto.

El diputado dudó de cuáles son los verdaderos intereses del PSOE en este proyecto y destacó que el Gobierno regional «tiene mucha prisa en permitir que por medio de un instrumento legal, la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), se puedan permitir operaciones como las que hoy se denuncian».

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INTERESES TURBIOS

Barreda y Antonio Miguel Méndez Poxo
Barreda y Antonio Miguel Méndez Poxo

«Me parece que el Gobierno de Castilla-La Mancha no quiere contestar y, si no quiere contestar, es porque tiene mucho que callar y, si tiene mucho que callar, los demás tenemos derecho a dudar de su rectitud en este asunto, y de que no haya más que intereses turbios alrededor del aeropuerto de Ciudad Real», subrayó.

El secretario de Acción Parlamentaria del Grupo Popular recalcó que la noticia publicada hoy en «El Mundo» no contribuye a generar confianza en un momento de crisis y «revelan la verdadera cara de un gobierno, que tiene mucha preocupación por algunas cosas, y muy pocas por algunas otras», indicó.

«Hoy más que nunca -dijo- es necesario investigar la trama de Caja Castilla La Mancha, ya que hoy son nuevos interrogantes que plantean muchos millones de euros en relación con este asunto». Además, apuntó que «en un momento de crisis vemos la auténtica cara del Gobierno regional, cuyas recetas contra la crisis consisten en liquidar la caja para beneficiar a unos pocos privilegiados».

Así, retó al presidente de Castilla-La Mancha y al PSOE a calificar lo que hoy aparece publicado en relación al aeropuerto. «¿Lo calificaría como intolerable, como falso, hipócrita, como corrupción en todos los sentidos?, se preguntó el diputado, quien señaló que «hoy algunos están empezando a quedar en su lugar».

«Resulta paradójico como algunos ante estas situaciones con el beneplácito del Gobierno utilizan los puestos de trabajo y las inversiones en nuestra región como auténticos escudos humanos, no para generar bienestar y riqueza, sino para protegerse a sí mismos, utilizando actitudes que con el beneplácito del Gobierno resultan mezquinas«, remachó.»

Me imagino que Barreda y Bono, tras décadas de gobierno sin oposición, deben estar preguntándose qué diablos ha pasado aquí y lamentando tanta ingratitud, pero los portavoces de la recién nacida oposición en Castilla-La Mancha tienen más preguntas que hacer y sobre ellas han pasado de puntillas.

Barreda también debe dar explicaciones de por qué tres de los principales imputados en la Operación Malaya, el caso más paradigmático de corrupción en España -concretamente Juan Antonio Roca, Pedro Román Zurdo y Enrique Ventero Terleirahan recibido más de 200 Millones de Euros en créditos de CCM, créditos autorizados por Hernández Moltó pero también consentidos, si es que no propiciados, por Barreda.

La Audiencia Nacional remite la denuncia contra Juan Pedro Hernández Moltó, ex presidente de CCM, a la Fiscalía Anticorrupción

Escrito del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional
Escrito del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional

Según nota a la que ha tenido acceso Notitia Criminis, como se suele decir en estas ocasiones, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier A. Zaragoza Aguado, ha remitido la denuncia presentada por Manos Limpias contra Hernández Moltó a la Fiscalía Anticorrupción.

El pasado día 2 de abril del 2009 el sindicato de funcionarios presentó denuncia contra el citado Hernández Moltó ante la Audiencia Nacional e igualmente lo hizo ante el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En ella se reclamaba que se investigue la concesión de créditos multimillonarios a proyectos inviables, a empresas que han acabado en concurso de acreedores y a sociedades cuyos dueños están procesados o imputados en diversos caso de corrupción, incluido el Caso Malaya, como ya informaron El Mundo y El Economista.

La denuncia presentada subraya «la absoluta opacidad en la gestión económica de CCM, actuando el denunciado casi con total impunidad y al margen de los miembros del Consejo de Administración… Se ha constatado y acreditado que CCM declaró ganancias pese a que perdía millones, que el Banco de España cuestionó las cuentas de la entidad y que Hernández Moltó ocultó la situación real a sus consejeros… Presuntamente se ha falseado el balance y se ha dado una información social falsa sobre la situación jurídica o económica de la sociedad», por todo lo cual el destituido presidente de Caja Castilla-La Mancha podría haber incurrido en varios delitos societarios como estafa, apropiación indebida, falsedad documental y mercantil y evasión de capitales.

Con la nota, de fecha de salida de 16 de abril del 2009, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional se inhibe de la investigación por ser ésta competencia de la Fiscalía Anticorrupción, le remite la denuncia y la documentación presentada.

Ha sido destituido Ildefonso Ortega, hasta hoy director general de Caja Castilla-La Mancha

Ildefonso Ortega, ya ex director general de CCM
Ildefonso Ortega, ya ex director general de CCM

TOLEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) –

«El director general de Caja Castilla La Mancha (CCM), Ildefonso Ortega (en la foto) cesó hoy de sus funciones, asumiendo su cargo Gorka Barrondo Agudín, quien hasta la fecha ocupaba el puesto de subdirector general de Finanzas y de Gestión de Activos en la caja.

Así lo confirmaron a Europa Press fuentes cercanas a la entidad, que también precisaron que ha sido admitida, al cumplir los requisitos de la normativa, la jubilación parcial de Ildefonso Ortega en la categoría previa a su nombramiento como director general.

Ortega se marcha de la caja sin percibir ninguna indemnización dineraria en especie o derivada de su cese. Los trabajadores de Caja Castilla La Mancha ya han recibido la noticia, precisaron, finalmente, las mismas fuentes».

No es suficiente. Ad cautelam deben ser cesados de todas sus responsabilidades en CCM o en cualquiera de las sociedades participadas, fulminantemente y sin esperar ni un día más, José Luis Rodríguez Romo, Florencio Fernández Gutierrez, Petra Mateos Aparicio Morales, José Miguel Físico Cabañas, Alejandro López Hernández, Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado. No son los únicos, pero sí aquellos a los que más urge apartar de sus puestos.

Por otro lado, que el sustituto de Ildefonso Ortega sea quien hasta ahora ha gestionado los «activos» de CAJA CASTILLA-LA MANCHA, resulta un poco demasiado sarcástico.

Emilio Sanz y Rosa Romero, ex consejeros de CCM, dispuestos a denunciar a Hernández Moltó ante la Fiscalía

Los consejeros de CCM con Hernández Moltó al frente
Los ex consejeros de CCM con Hernández Moltó al frente

El diario El Mundo publica hoy la noticia del envío de una carta al Banco de España por parte de los ex consejeros de CCM, Emilio Sanz y Rosa Romero (en la foto junto a Moltó y los demás) en la que aseguran que Hernández Moltó y los directivos de la Caja les ocultaron información esencial o, en términos más coloquiales, les engañaron.

En concreto, se refieren a la documentación enviada a dichos consejeros por los directivos de CCM con ocasión de la celebración del Consejo de Administración de 28 de enero pasado, según la cual la entidad habría obtenido en el ejercicio 2008 unos beneficios de 92,07 millones de Euros. Al respecto aseguran que esos datos, que se han demostrado falsos tras la intervención, fueron corroborados por el equipo directivo y que, contrariamente a lo habitual, en la documentación remitida faltaban información sobre los recursos propios y, consecuentemente, sobre el ratio de solvencia de la entidad.

Además, tanto Emilio Sanz como Rosa Romero, por cierto, alcaldesa de Ciudad Real, han asegurado que están dispuestos «a enviar al Banco de España toda la documentación que obra en su poder «para que se depuren todo tipo de responsabilidades». Así mismo aseguran que están dispuestos a acudir a la Fiscalía para que investigue los hechos».

El periódico citado añade que «aunque hasta ahora sólo estos dos ex consejeros han hecho denuncias abiertamente, los demás miembros del consejo están igualmente indignados y molestos con el proceder de los directivos» especialmente «después de que el Banco de España decidiera expedientar a los 15 miembros como corresponsables de la gestión irregular que llevó a la intervención de la entidad».

En esta teoría del falseamiento de la información o de la ocultación de datos esenciales sobre la situación de CCM, los consejeros expedientados coinciden con «fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha» que, como publicó El Economista, también aseguraron que Moltó les engañó o les ocultó información esencial.

Diario El Mundo de 15 de abril del 2009
Diario El Mundo de 15 de abril del 2009

En el caso del Gobierno de Barreda la excusa es inútil porque la Ley de Cajas de Castilla-La Mancha obligaba a éste a supervisar la actuación de Moltó, de los consejeros y de los directivos de la entidad. La Consejería de Economía debía exigir cuantos datos considerada relevantes y relevantes parecían muchos datos cuando la agonía de CCM era vox populi desde hacía, al menos, un año.

La posición de los consejeros no parece mucho mejor, incluida la de Jesús Bárcenas, el primero de los miembros del Consejo que dimitió y que se negó a firmar las cuentas de la Caja; y no parece mucho mejor porque si Hernández Moltó les ocultaba información tan evidente como la del ratio de solvencia, estaban obligados a exigirla y si se les negaba, estaban obligados a presentar denuncia o querella porque el artículo 293 del Código Penal dice que «los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán castigados con la pena de multa de seis a doce meses» y ello sin olvidarnos de lo dispuesto en los artículos 290, 291, 295, etc. etc. del mismo Código.

Esto lo sabe Barreda y, por eso, su letanía y la de sus portavoces en las últimas semanas consiste en recordar a los potenciales denunciantes, es decir, a los consejeros de la Caja, que ellos votaron afirmativamente los acuerdos tomados en ese Consejo y que -esto no lo dicen, pero lo dejan entender- con esas premisas «si me hundo yo, nos hundimos todos».

La tesis de Barreda parece plausible, desde luego, pero para tener éxito, para forzar el silencio o la complicidad por omisión de aquellos que saben y que hasta ahora han callado, se encuentra con un grave inconveniente. Resulta que los consejeros de la Caja ya están expedientados y al margen de las posibles multas, se enfrentan a 10 años de inhabilitación y eso suponiendo que los instructores del expediente, como manda la ley, no se vean obligados a trasladar a los tribunales el tanto de culpa que aprecien en los hechos que investigan.

En definitiva, que si alguna salida les queda a Emilio Sanz, a Rosa Romero y al resto de los miembros del Consejo de Administración de Caja Castilla-La Mancha, es precisamente la que están intentando tomar: o cantan cuanto saben o están hundidos.

Petra Mateos, persona de confianza de Bono, acerca el Caso Malaya hasta las puertas del despacho de José María Barreda

Petra Mateos
Petra Mateos

La presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, de HISPASAT, consejera de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN y miembro del Consejo de Buen Gobierno de CCM, Petra Mateos Aparicio, participa en la mercantil ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE junto a Juan María López Alvarez -socio de Juan Antonio Roca y de Pedro Román Zurdo– al que ya hemos visto en Bargas (Toledo) con el citado Pedro Román, recibiendo un dudoso crédito de 30 millones de Euros de manos de Hernández Moltó, renovado in extremis cuando apenas faltaba una semana para la intervención de la Caja.

Pero la presencia de Petra Mateos, persona de la máxima confianza de José Bono (quien, por otro lado, la impuso al frente de HISPASAT desde el Ministerio de Defensa) sólo es un elemento más de los extraños negocios que se están desarrollando en Aranjuez, relacionados con CCM y con algunos sospechosos constructores, como es el caso de Javier Arteche Tarascón, imputado en una de las piezas separadas del Caso Malaya y uno de los miembros más conocido de la llamada Trama Vasca.

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Petra Mateos y la sociedad durmiente de Aranjuez

Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez
Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez

Petra Mateos Aparicio-Morales, natural de La Solana, es una mujer con un alarmante pasado. Tan es así que cuando José Bono, entonces Ministro de Defensa, se empeñó en colocarla como presidenta de HISPASAT, una empresa estratégica y de interés militar, los periódicos se hicieron eco de ciertas reservas en el interior del PSOE, donde destacados personajes se sintieron preocupados por las futuras consecuencias de tal nombramiento.

Ese inquietante pasado tiene que ver con el prófugo indultado Marc Rich, con Jacques Hachuel, con el Caso Banesto y Mario Conde, con el Caso Ibercorp, con el Caso Fondos Reservados, con el Caso Casino Costa Blanca, con el Caso Alfaro y con el Caso Atocha que implicó directamente a Virgilio Cano, figura que ha vuelto a cobrar relevancia con el caso de los espías de la CAM.

De hecho, supone una notable ironía que Petra Mateos, clienta privilegiada de Ibercorp y por tanto beneficiaria, en lo que cabe presumir, de la estrecha relación que unía a Manuel de la Concha con Mariano Rubio, haya encontrado cobijo al amparo de Juan Pedro Hernández Moltó, el mismo que adquirió fama tras el gratuito, feroz e histriónico interrogatorio al que sometió en el Congreso a un consumido Rubio y que despertó la repugnancia de no pocos testigos.

Sin embargo, la actualidad de Petra Mateos no es menos truculenta. Como presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, entre ella y el Gobierno regional de José María Barreda no hay solución de continuidad puesto que esta empresa está participada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir por el Gobierno regional, en un 45%, y por CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN en un 20%.

Ahora bien, tampoco hay solución de continuidad entre la Sra. Mateos y Juan María López Alvarez, un sujeto lábil que aparece repetidamente en el sumario del Caso Malaya e incluso en el Auto de Imputación de 18 de julio de 2007, y que poco a poco va alcanzando la notoriedad que merece.

Este Juan María López formaba parte del consejo de administración de EL ANGEL DE TEPA, está en el de MOLA-15, ambas sociedades propiedad, en la parte alícuota correspondiente, de Roca y de Pedro Román respectivamente. Está también en el de PUERTA ORO TOLEDO, junto a Pedro Román y en NH DOMO DISEÑO, sociedad integrada en la cadena hotelera NH HOTELES, salpicada más de lo conveniente por la corrupción marbellí como ha puesto de manifiesto la prensa.

Así las cosas, el eslabón que constituye Petra Mateos entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la maraña de empresas y socios de Juan Antonio Roca y de Pedro Román se materializa en una sociedad durmiente o «fantasma» denominada ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE S.L. (B84848951) que hasta el ejercicio 2006 -único del que existen cuentas presentadas- no tenía o no parecía tener actividad.

Esta entidad está presidida por ECOPROYECT 22 SL, es decir, por Juan María López Alvarez, y entre sus consejeros, todos ellos muy significativos como luego veremos, está otra sociedad: ALTKOCA SA (A78961869) cuya administradora única es Petra Mateos Aparicio-Morales.

Para ser una empresa sin actividad desde su constitución, el 29 de septiembre del 2006, su capital, 60.000 €, se encuentra muy lejos de los habituales 3.000 € con los que se suelen crear estas sociedades acechantes o de mera apariencia.

También contrasta la falta de funcionamiento con su domicilio, situado en el número 7 de la C/ Alfonso XI, una de las zonas más espléndidas de Madrid, cuya significación se multiplica al descubrir que ese también es el domicilio del ATALIA GRUPO PATRIMONIAL SL., es decir, de la empresa de David Marjaliza Villaseñor.

Pero sobre todo, si algo resulta contradictorio con esa aparente inactividad, es el febril dinamismo de la mayor parte de las sociedades que integran el consejo de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE y precisamente, como no podía ser de otro modo, en Aranjuez.

Según ya he dicho, la presidencia corresponde a ECOPROYECT 22 SL, la empresa de «Juanmari» -como familiarmente le llamaba Motserrat Corulla- López Alvarez. Los consejeros son INOVACIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO SL, entidad ligada a Alfonso Vegara Gómez, patrono de la FUNDACIÓN METRÓPOLI; ALTKOCA, la empresa de Petra Mateos; y ATALIA GRUPO PATRIMONIAL, propiedad de David Marjaliza Villaseñor, que últimamente ha adquirido popularidad por su relación con Francisco Granados -sobre todo a causa de la venta a éste de una vivienda en Marbella- y que también está relacionado con Domingo Díaz de Mera y los hermanos Barco Fernández.

Estas empresas están representadas por Petra Mateos, Juan María López Alvarez, José Benito Soto Losa (uno de los socios de cabecera de López Alvarez) por Alfonso Vegara Gómez y, también con la condición de «representante», en ella aparece José Antonio Alonso Conesa.

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José Antonio Alonso Conesa, el ex alcalde de Cartagena.

José Antonio Alonso Conesa
José Antonio Alonso Conesa

Aquí volvemos a encontrar un hecho significativo. Salvo este José Antonio Alonso Conesa, todos los demás pertenecen a los respectivos consejos de las sociedades que, a su vez, forman el consejo de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE. Por el contrario, José Antonio Alonso no consta como órgano administrador de ninguna de esas empresas y aquellas en las que sí está (Tresalón, Ibero-Americana Interactive Networks, Residencial Puerta Nueva Cartagena, Izen Innovación (fuertemente participada por CCM) etc. etc. no tienen una relación, visible al menos, con ARANJUEZ ECOCIUDAD.

El que sí forma parte del consejo de ATALIA, la empresa de David Marjaliza, y por tanto está relacionado con ARANJUEZ ECOCIUDAD, es su hermano Agustín y esto no puede ser irrelevante porque los hermanos Alonso Conesa no son nada irrelevantes.

José Antonio Alonso Conesa está ligado estrechamente a Murcia, tanto que fue alcalde de Cartagena (1991 – 95) al tiempo que su hermano, Eduardo Alonso Conesa, dirigía la televisión murciana. Tras abandonar esa alcaldía, ahora, José Antonio aparece como administrador o consejero de un buen número de sociedades, la mayor parte dedicada a la construcción.

Su hermano Eduardo también dejó hace tiempo la televisión murciana y desempeñó los cargos de subdirector de informativos en TVE, director de informativos en TELEMADRID y presidente de VIA DIGITAL, entre otros muchos en distintos medios de comunicación.

En la actualidad es Director General Adjunto de Análisis y Planificación de Marketing de TELEFÓNICA, es decir, miembro destacado del equipo de César Alierta, como también es miembro destacado de ese equipo (concretamente es el responsable de seguridad de TELEFÓNICA) el detenido e imputado en la Operación Malaya, Florencio San Agapito, un comisario de policía ya jubilado que estuvo mezclado en los casos GAL, Fondos Reservados y ahora en Malaya.

Hay, además, otra empresa realmente curiosa ligada a los hermanos Alonso Conesa: LOLA 2002, en la que Eduardo Alonso Conesa hace negocios junto a José Ramón Carabante (que recientemente ha comprado a Trinitario Casanova, entre otras cosas, la finca La Zerrichera, en Murcia) y junto a José Luis Sanz Arribas, abogado de «El Pocero«, de Al-Kassar o del mafioso corleonés Giovanello Greco entre otros señalados personajes, y cuyo nombre, probablemente, aparece en la agenda de Roca del año 1995.

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Los terrenos de la fábrica de Agfa

Eduardo Alonso Conesa
Eduardo Alonso Conesa

Volviendo a Aranjuez y establecido que José Antonio Alonso Conesa puede ser tenido como el representante de ATALIA en ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, hay que subrayar que la empresa de David Marjaliza Villaseñor (Atalia) actúa allí prácticamente en régimen de oligopolio junto a CCM.

Los grandes proyectos urbanísticos de Aranjuez durante la legislatura 2003-07 se desplegaron sobre los terrenos de la antigua fábrica de AGFA y en los PAUs Puente Largo y Las Cabezadas.

Las Cabezadas es botín privativo de CCM (o lo era hasta la defenestración de Hernández Moltó) y de ISOLUX CORSAN (Luis Delso, para entendernos) aliados en Aranjuez en la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ SL. La participación de CCM ahí se hace a través de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN en cuyo consejo de administración está Petra Mateos Aparicio, de forma que es pruedente considerar a ésta como el nexo entra el PAU de las Cabezadas y ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE.

Relacionada con los terrenos de la antigua fábrica de AGFA es donde, inicialmente, aparece YEREGUI DESARROLLOS SL y por tanto PROINSA, la empresa del imputado en la Operación Malaya, FranciscoJavier Arteche Tarascón. YEREGUI DESARROLLOS es posteriormente sustituida por AGFA ARANJUEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS, un mero cambio de nomen iuris, menos llamativo y conocido por la prensa, porque ésta sigue perteneciendo en un 100% a PROINSA.

Arteche y los demás miembros de la llamada «Trama Vasca» salen pronto de los terrenos de Agfa mediante una permuta de suelo hecha a la sombra de los acuerdos de recolocación de los ex trabajadores de Agfa y del asentamiento en el municipio de un centro logístico de CORTEFIEL. A partir de ahí lo que se produce es la asignación de las parcelas de esos terrenos a una serie de empresas y cooperativas, tras las cuales, reiteradamente, aparece ATALIA y personajes ligados al PSOE de Aranjuez y al Ayuntamiento gobernado por Jesús Dionisio Ballesteros.

Según lo contrastado hasta ahora, la adjudicación de las parcelas en el suelo de la antigua fábrica de Agfa (por cierto, un suelo contaminado durante 50 años por sustancias extremadamente tóxicas como los iones de plata, cianuros, plomo, cadmio, etc. y, posiblemente también, por material radioactivo puesto que en la planta existía una instalación con tres fuentes de americio 241) correspondió a las entidades:

Inmobiliaria Egido

Novasera Habitat SCL

Metroges

Asturcovi Siglo XXI

Sol Naciente SCL

Vancouver Gestión SL

Proyectos y Soluciones Gestión 10

Ribereña de Vivienda Social

Extrabajadores de Agfa SOC. COOP.

De estas nueve empresas o cooperativas, Sol Naciente, Rivereña de Vivienda Social, Extrabajadores de Agfa y Vancouver Gestión; están directamente relacionadas con ATALIA, es decir, con David Marjaliza Villaseñor y con los hermanos Alonso Conesa.

La entidad RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL tiene actualmente como administradores a José Antonio Merino Victoria, miembro de la Ejecutiva Local del PSOE de Aranjuez y secretario, también local, de relaciones institucionales; a Antonio Pérez Martín, ex concejal del PSOE; y a Moisés García-Bueno Pérez.

Ninguno de estos aparece en los consejos de Administración de ATALIA o de otras empresas directamente relacionadas con ella, pero para descubrir la verdad hay que retroceder un poco en el tiempo.

El día 25 de enero de 2008 se produjeron cambios en el Consejo de Administración de RIVEREÑA etc. Ese día cesaron, como presidente Antonio Cuerpo Carrera; como consejero delegado el ahora administrador José Antonio Merino Victoria; también como consejero delegado, Moisés García Bueno Pérez, actualmente administrador; e igualmente, como consejero delegado ATALIA GRUPO PATRIMONIAL S.L.

El cambio en la composición y estructura del Consejo, por tanto, tiene como efecto mantener equivalente control administrativo pero haciendo desaparecer de la vista pública tanto a Antonio Cuerpo Carrera (que está presente en Aranjuez a través de TAJO SOLAR SL, empresa con el mismo domicilio social que ATALIA y que ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE) como a ATALIA.

La razón de esto, sin ninguna duda o con ínfimas dudas, está en las denuncias de que fue objeto esta adjudicación antes y después de las pasadas elecciones de mayo del 2007 por parte del Grupo Municipal ACIPA, del PP y la CCPA. Tan es así, que la adjudicación prevista para las vísperas de las citadas elecciones quedó suspendida y sólo se ha consumado con posterioridad a ellas, cuando el alcalde Jesús Dionisio confirmó su mayoría absoluta en el Ayuntamiento.

Las Cooperativas Sol Naciente y Extrabajadores de Agfa están igualmente relacionadas con ATALIA porque la gestión corresponde a RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL cosa que no es meramente accidental ya que la «gestión» no se hace gratis et amore, sino por un buen precio y porque la construcción de las viviendas de esas cooperativas la ha asumido, también, RIVEREÑA etc., de modo que, a través de ella, ATALIA participa, como promotora de facto y como constructora, en los beneficios generados por la adjudicación de los terrenos.

En cuanto a VANCOUVER GESTIÓN SL está administrada por ARAUNA CORPORACIÓN Y CONSULTING SL, y por DEVADAI SL. ARAUNA pertenece por completo a David Marjaliza Villaseñor, de forma que tiene presencia en el consejo de administración de ATALIA GRUPO PATRIMONIAL junto a DEVADAI SL.

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El PAU de Puente Largo

El destituido Hernández Moltó
El destituido Hernández Moltó

En el caso de PUENTE LARGO la situación no es muy distinta con la salvedad de que aquí ya se hace presente, de forma abierta, CAJA CASTILLA-LA MANCHA representada por José Miguel Físico Cabañas y por Alejandro López Hernández, ambos hombres de la máxima confianza del destituido y expedientado por el Banco de España, Juan Pedro Hernández Moltó.

El PAU, para el que están previstas (o estaban) unas 2.000 viviendas, tiene como adjudicataria a la mercantil H2 PUENTE LARGO. Desde abril de 2005 su consejo de administración está compuesto por los citados Físico Cabañas y López Hernández más la entidad PROYECTOS INMOBILIARIOS HELIO 2, propiedad Heliodoro Martínez Tirado y familia, un hombre interesante en sí mismo porque, por ejemplo, también participa en GIZA INVERSIONES SL cuyo accionariado se reparte entre VANCOUVER GESTIÓN (La sociedad a través de la cual David Marjaliza hace negocios en los terrenos de Agfa) ARAUNA CORPORACIÓN, que también hemos visto que pertenece íntegramente al tal Marjaliza, y PROMODICO, parte del quebrado Grupo DICO cuyos propietarios están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción en Madrid y Almería.

Pero sean cuales sean los que ahora aparecen en el órgano de administración de H2 PUENTE LARGO, aquí nuevamente, para descubrir quiénes están implicados en esa sociedad y en sus negocios, hay que retroceder algo en el tiempo, concretamente hasta el 8 de abril del 2005. En esa fecha se producen cambios en el consejo de administración y de él desaparecen ARAUNA CORPORACIÓN y BELICE 2002. Ya sabemos que ARAUNA es David Marjaliza y BELICE 2002 también, porque esta sociedad es el resultado de la fusión por absorción, aprobada el 15 de octubre del 2007, entre VANCOUVER y ATALIA.

En resumen, que en PUENTE LARGO, están implicados, además de quienes han llevado a CCM a la quiebra, los mismos que nos han aparecido en los terrenos de Agfa, es decir, David Marjaliza y José Antonio Alonso Conesa, socios a su vez de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE.

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David Marjaliza, los Alonso Conesa y el Grupo DICO

Reportaje de Interviú sobre la trama Dico-Harinsa-Hobrum
Reportaje de Interviú sobre la trama Dico-Harinsa-Hobrum

Hay, según la información disponible, más actividad de Marjaliza y de los Alonso Conesa en Aranjuez, relacionada con el quebrado GRUPO DICO, como he dicho, investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Así, por ejemplo, en el «Desarrollo Urbanístico de la Montaña» aparecen como promotores RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL, SOL NACIENTE SCL, la SOCIEDAD LOCAL SUELO Y VIVIENDA (que es la empresa municipal a través de la cual se gestionan las demás adjudicaciones) el GRUPO ALFADEL y LAZORA-LARCOVI. En todas esas promociones actúan como constructoras RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL y OBRUM.

Con respecto a OBRUM hay que hacer alguna precisión. Esta sociedad ha sido la encargada de la construcción de la «Ciudad Deportiva» de Aranjuez, una obra municipal que se inició con un presupuesto de 14.000.000 de €. Esta «Obrum» puede ser la matriz incluida en DICO-HARINSA-OBRUM (DHO) o, seguramente, OBRUM CLM. Si es así, la cosa sigue siendo reiterativa porque en su consejo de administración están presentes ARAUNA y DEVADAI, es decir, por sociedad interpuesta, David Marjaliza y los Alonso Conesa, además de algunos otros.

En cualquier caso, la duda, que se aclarará en breve, no es especialmente relevante porque en Aranjuez se ha producido otra actuación urbanística más grave en la que el Grupo DICO está implicado: la del pretendido recinto ferial del Raso de la Estrella, junto a la fachada del Palacio Real, un suelo declarado Patrimonio de la Humanidad y dotado con la máxima protección.

Dichas obras fueron objeto de una denuncia de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico, contra el Ayuntamiento de Aranjuez por presuntos delitos de desobediencia y contra el patrimonio histórico.

Los trabajos que se estaban desarrollando en el Raso de la Estrella se adjudicaron a la mercantil GRABITUM y esta empresa pertenece en un 100% a OBRUM URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SL, es decir, está incluída en el Grupo DICO, lo mismo que lo está OBRUM CLM, donde participan Marjaliza y los Alonso Conesa.

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Alfonso Vegara, el prestigioso arquitecto preocupado por el medio ambiente

Alfonso Vegara Gómez
Alfonso Vegara Gómez

Otro de los socios de ARANJUEZ ECOCIUDAD, como hemos visto, es Alfonso Vegara Gómez. Las relaciones de este hombre son notables. Es presidente de la Asociación Internacional de Urbanistas, premio Jaime I en su edición de 2007, dice ser doctor arquitecto, economista y sociólogo y es fundador y patrono de la Fundación Metrópoli a la cual, según el propio Alfonso Vegara, aparece adscrito un sonoro International Advisory Conunsil que, según la propia publicidad de la Fundación, «constituye la base de la red internacional de la Fundación Metrópolis» y que está constituido por «personalidades, expertos y profesores del máximo prestigio internacional» tales como Iñaki Urdangarín, «que están aportando ideas, conocimiento, apoyos y contactos estratégicos para hacer viable el desarrollo de los programas de la Fundación«. En este punto, desde luego, más sinceridad no se puede pedir.

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La Fundación Metrópoli y el club Malaga Valley

Uno de los «programas» de esa fundación tiene que ver algo con el llamado club empresarial MALAGA VALLEY, del que el portavoz municipal del PSOE en Málaga afirmó que «detrás del club Málaga Valley y del proyecto de ciudad presentado por la Fundación Metrópoli puede esconderse una gran operación de especulación urbanística».

Según la revista El Observador, esta hipótesis se confirmaría por el apoyo prestado al proyecto por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que vio «con buenos ojos» la posibilidad de convertir la autopista A-7 en un «ecobulevar» -todo en el caso de la Fundación Metrópolis es «eco» algo- lo que haría urbanizables los terrenos que quedan al otro lado de la ronda que forma dicha autopista.

Por otro lado, los proyectos relacionados en Málaga con el club empresarial en cuestión: «Distrito de la creatividad», «puerto digital», «ciudad tecnoindustrial», «fusion hubs», «avenida de la tecnología», «ecosistemas de inovación», etc. fueron calificados por personalidades malagueñas y por distintos medios de comunicación, según la citada revista, de «tomadura de pelo», «campaña publicitaria», «humo», «fantasmada»…

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Alfonso Vegara, Javier Cremades y el imputado en la Operación Gürtel José Luis Ulibarri

Javier Cremades
Javier Cremades

En este club de empresas llamado MALAGA VALLEY, y que según sus responsables pretende o pretendía hacer de la ciudad andaluza el Silicon Valley español, la fundación de Alfonso Vegara Gómez tiene intereses comunes con el prestigioso letrado Javier Cremades de Cremades & Calvo Sotelo y, precisamente a través de este abogado, es como se produce una curiosa coincidencia pues resulta que el constructor José Luis Ulibarri, amigo de Francisco Camps y de José Luis Rodríguez Zapatero al tiempo que imputado en el Caso Gürtel; apareció en Málaga de la mano, precisamente, de este mismo Javier Cremades y de Alfonso Vegara Gómez.

Según informó en su día El Observador, Ulibarri y Javier Cremades fueron los impulsores del congreso del club MALAGA VALLEY que tuvo lugar en el crucero Visión Athena entre los días 8 y 10 de abril del 2007 y por el cual el ayuntamiento de Málaga pagó 150.000 €. Además hay que añadir que Ulibarri, el imputado en la Operación Gürtel, tiene importantes intereses urbanísticos en Malaga donde construye tanto vivienda de protección como privada.

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Alfonso Vegara y la trama vasco-malaya

Otra de las sociedades interesantes en las que participa Alfonso Vegara Gómez es la denominada ECOCIUDADES DE NAVARRA S.A. (A31886955) uno de cuyos administradores, el más llamativo seguramente, es Luis María Maya Galarraga, miembro muy señalado de la «Trama Vasca» de la Operación Malaya, junto a Francisco Javier Arteche Tarascón.

No obstante, los negocios de Alfonso Vegara Gómez con Juan María López Alvarez y con Luis María Maya Galarraga no son sus únicos nexos con la Operación Malaya. Un despacho de la agencia Europa Press del 5 de noviembre de 2007 daba la noticia de que Manuel Chaves, el ahora vicepresidente tercero del Gobierno, «respalda el proyecto de Eco Ciudad del Deporte de Sevilla en Bollullos de la Mitación«. El titular, sin más, dice poco, pero resulta que la citada ecociudad del deporte es un proyecto promovido por José María del Nido, presidente del Sevilla F.C., abogado del malayo de las «bolsas de basura» Julián Muñoz e imputado en el caso tras la querella que Anticorrupción presentó contra él, contra Muñoz y contra Roca el 26 de julio del 2006 por presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos.

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La Fundación Metrópoli y los «malayos» Julián Muñoz y José María del Nido

Los "malayos" Julián Muñoz y José María del Nido
Los "malayos" Julián Muñoz y José María del Nido

Según la Fiscalía, Julián Muñóz y José María del Nido habrían llegado a un acuerdo de voluntades para distraer de los fondos públicos, en concepto de servicios jurídicos, al menos un millón y medio de Euros del Ayuntamiento de Marbella y un millón seiscientos mil Euros de distintas empresas municipales.

Pues bien, este prestigioso letrado sevillano, como ya habrá adivinado el avisado lector, no patrocina en solitario el proyecto de la Ecociudad del Deporte, sino que tiene como «socio tecnológico» (sic) a la Fundación Metrópoli, es decir, a Alfonso Vegara Gómez.

El proyecto, jerigonzas «ecológicas» al margen, supone según explicó el propio José María del Nido, 600.000 metros cuadrados de edificabilidad. De lo que se guardó mucho fue de determinar cuántas viviendas se incluirían en esa superficie. Lo que sí declaró fue que: «nos ha agradado mucho que sea el propio presidente de la Junta quien nos haya dicho que busquemos los mecanismos necesarios para que los técnicos de los socios, el Ayuntamiento de Bollullos y la Junta puedan salvar los obstáculos que puedan encontrarse con la mayor celeridad posible» y en eso debe estar ocupado ahora el «socio tecnológico» de del Nido, en salvar obstáculos.

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La Fundación Metrópoli y las 70.000 viviendas en Casarrubios del Monte

Noemí López, ex alcaldesa de Casarrubios
Noemí López, ex alcaldesa de Casarrubios

La actividad inmobiliaria de la Fundación Metrópoli, no termina aquí, ni mucho menos. Similares negocios están en marcha o ya se han consumado en Teruel, en Elche, en Alicante, en Navarra, en Asturias, etc., pero, con toda seguridad, el más delirante de los proyectos que han tenido su origen en esta «Fundación» es el que pretendía construir entre 50.000 y 70.000 viviendas en la localidad toledana de Casarrubios del Monte.

El 2 de abril del 2006, durante la legislatura ominosa del urbanismo municipal, ABC publicaba un artículo titulado «un misterioso proyecto urbanístico revoluciona Casarrubios«. Según esa noticia, los promotores de «Ciudad de las Artes» o «Ciudad Arte» o «Ecociudad Arte«, es decir la Fundación Metrópoli, preparaba la construcción de las citadas 50 o 70 mil viviendas con la urbanización Calypo-Fado como centro. La nueva ciudad, que dejaba a la altura de en una minúscula pedanía el engendro de El Pocero en Seseña, fagocitaría, los territorios del propio Casarrubios, de Valmojado y de Méntrida, y de forma similar a lo que se pretendía con «El Reino de Don Quijote» y el aeropuerto de Ciudad Real, su inmenso organismo se alimentaría del nuevo aeropuerto de Madrid que se estaba proyectando en la zona.

La realidad de este asunto siempre fue turbia. Desde la Fundación Metrópoli nunca se llegó a especificar nada, so pretexto de que se trataba de «información sensible«. La entonces alcaldesa de Casarrubios, Teresa de Paz, reconoció tener noticia del proyecto por haber sido informada «de manera extraoficial» por fuentes de la Junta de Comunidades (Gobierno regional, para entendernos) y se refirió a un proyecto de «ecociudad» llamada «Arte» que había presentado una «empresa privada» en la Consejería de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha.

Los promotores, entre los que estaba, también como «socio tecnológico», la Fundación Metrópoli, no sólo habían presentado el proyecto en la Consejería de Vivienda, sino que, como informó la prensa en su momento, estaban intentando que el Gobierno de José María Barreda les concediera la declaración de «Proyecto Singular de Interés Regional«.

Esto hubiera supuesto que los terrenos, unos 10 millones de metros cuadrados, se habrían adquirido, como mucho, a una cuarta parte del valor que habrían alcanzado en el caso de una tramitación ordinaria. La argucia del negocio radicaba en que Casarrubios no tenía aprobado Plan de Ordenación Urbana y con esa premisa, las 1.000 hectáreas no se podían declarar como urbanizables, lo que habría obligado a sus propietarios a venderlos a precio de suelo rústico. Por otro lado, los promotores también habrían visto menguada de una manera formidable sus gastos en tasas, participaciones e impuestos municipales, porque la declaración de «singular interés» dejaba al Ayuntamiento fuera del tema.

De todas formas, tal y como apareció, la «Ecociudad del Arte» o como quiera que se llamara, desapareció en la noche y en la niebla y desde el Gobierno presidido por José María Barreda se llegó a negar, incluso, que hubiera ninguna tramitación formal en relación con ella.

Sin embargo el tinglado fue cierto y real y lo demuestra el despacho de Europa Press de 26 de febrero del 2007. Ese día se daba la noticia de que el entonces Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos había hecho entrega de los premios «Reconocimientos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía«. Dicho premio, en la categoría de urbanismo, correspondió a al Plan Parcial «Ensanche Sur» de Alcorcón. Junto a esa localidad madrileña también estaban «nominadas» para el premio Zaragoza y «la Ecociudad Arte de Castilla-La Mancha«.

La alcaldesa María Teresa de Paz perdió las elecciones de 2007. A la alcaldía llegó Noemí López, ahora procesada después de una querella de la Fiscalía Anticorrupción relacionada con unos presupuestos falsos relativos a la compra por el Ayuntamiento de cinco mil llaveros publicitarios. Tras su imputación, parte de su equipo de gobierno, en una rocambolesca (aunque a la vista de esta información, quizás no tanto) maniobra, apoyó una moción de censura que ha llevado a la alcaldía, nuevamente, a María Teresa de Paz, de modo que posiblemente en un futuro indeterminado se vuelva a oír hablar de la «Ecociudad del Arte de Castilla-La Mancha«.

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Los negocios de la Fundación Metrópoli en Aranjuez

Miguel Angel López Toledano
Miguel Angel López Toledano

Como no podía ser de otra manera, la Fundación Metrópoli también está muy activa en Aranjuez. Según su propia publicidad, ha «desarrollado una investigación urbanística global del municipio y ha propuesto diversos proyectos de diseño urbano, arte y territorio, paisaje y estructura urbana, para orientar el urbanismo futuro de la ciudad«.

Según fuentes locales, la realidad de esa investigación y proyectos consiste en su participación en el negocio de Las Cabezadas y en su aparición, durante el año 2006 con una cosa llamada «Proyecto Ciudad» cuyo contenido se limitaba a poner nombres en «germanía» ecológica a actuaciones urbanizadoras de miles de viviendas.

Así, la llamada «Ciudad Olímpica» no era otra cosa que el proyecto de las Cabezadas, con 7.000 viviendas; la «Ecociudad del Paisaje» no es sino Puente Largo, con 6.800 viviendas; el llamado «Bulevar de Madrid» no es más que el acceso a Aranjuez por el Puente de la Reina; el «Bulevar de Toledo» no es otra cosa que la zona desde la bajada del Puente de la Estación hasta las Infantas; el «Bulevar del Ferrocarril» es el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de la Estación, donde también se incluían viviendas; etc. etc.

Un sentido bastante más práctico tiene la participación de la Fundación Metrópoli en el PAU de las Cabezadas, el adjudicado a CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN (la misma en cuyo consejo está Petra Mateos Aparicio) y a ISOLUX.

Consta documentación que acredita la actuación de la Fundación de Alfonso Vegara Gómez en este asunto y de ella es necesario subrayar una adenda al proyecto de las Cabezadas presentada en febrero de este mismo 2009, en la que aparece la Fundación Metrópoli junto a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez, y junto a la mercantil EQUIPO REDACTOR MALT SL, ésta supuestamente contratada por el concesionario del PAU, es decir, por LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ SL.

Página de la adenda a la memoria del PAU de las Cabezadas
Página de la adenda a la memoria del PAU de las Cabezadas

La sociedad EQUIPO REDACTOR MALT SL pertenece a Miguel Angel López Toledano, un ingeniero de caminos que es todo un personaje en Madrid y Toledo. Concretamente este hombre fue Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Leguina y, también, Director General de Urbanismo de la Rioja y, entre otros muchos, ha redactado los planes generales de urbanismo de Brunete o de Albacete donde, por cierto, la Fundación Metrópoli fue la encargada de redactar el «Plan Estratégico de la Diputación Provincial».

Ahora bien, al margen de la mucha demanda que tienen los servicios urbanísticos del Sr. López Toledano en los ayuntamientos de Castilla-La Mancha de Alicante y de Valencia, en relación al negocio de las Cabezadas de Aranjuez hay un extremo que debe ser resaltado.

Hasta el día 26 de junio del 2008 el administrador único de EQUIPO REDACTOR MALT no era López Toledano, sino José Luis Zaldúa Azurmendi. Ese día el Sr. Zaldúa desaparece del órgano de administración de MALT y en su lugar ocupa el puesto de administrador único Miguel Angel López Toledano que hasta esa fecha había sido apoderado de la sociedad.

Paralelamente nos encontramos a José Luis Zaldúa con el cargo de apoderado de LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ. El nombramiento se produce el 23 de julio del 2007 donde con anterioridad, también había desempeñado los de Consejero y Secretario.

No hay que repetir nuevamente que en LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ participa CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN con un 60% del capital y que en el consejo de administración de esta entidad está Petra Mateos, la misma que también está presente en ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, junto al socio de Roca y de Pedro Román, Juan María López Alvarez.

Así pues, como decía, todos los que forman el órgano de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, una empresa sin actividad, tienen por el contrario, una actividad febril y sostenida en Aranjuez. Forman un estrecho círculo de personas que surgen, inevitablemente, cuando se levanta el velo de una tupida red de sociedades mercantiles y de cooperativas con las que, probablemente, no se pretende otra cosa que dar apariencia de diversidad y de rectitud en las adjudicaciones de suelo y en los contratos públicos realizados por el Ayuntamiento que preside Jesús Dionisio Ballesteros. Todos salvo uno: Juan María López Alvarez, el socio de los «malayos» Roca y Pedro Román; el mismo al que CCM, días antes de la intervención, renovó un crédito de 30 Millones de € en Bargas (Toledo) donde comparte sociedad con Pedro Román; el mismo que simultáneamente es socio de la cadena hotelera NH HOTELES y de SACYR-VALLEHRMOSO.

Esta es una anomalía que necesita una explicación y esa explicación se buscará y se encontrará, pero ahora no me resisto a terminar este largo texto sin mencionar la relación existente entre Alfonso Antonio Vegara Gómez y los «rotarios«, una logia que aglutina a cuantos personajes puede, siempre que sean de reconocido prestigio y éxito en sus actividades, con el fin de promover el bienestar y el servicio a la comunidad y entre cuyas filas cabe mencionar a tan destacados filántropos como George W. Bush jr., Margarete Thacher, Cesar Augusto Pinochet o el príncipe Bernardo de Holanda, también conocido por ser uno de los fundadores del Club Bildelberg, otro de esos cenáculos a los que gustan de acudir los personajes realmente poderosos de este universo mundo.

El pasado día 17 de marzo de este 2009, se publicó la noticia de que Alfonso Vegara había sido el «invitado de honor de las habiutales reuniones de los lunes» que organiza los rotarios de Elche, donde explicó las líneas generales del «Plan Estratégico de la Provincia de Alicante» que le ha sido encargado por la Diputación Provincial.

El Banco de España abre expediente por falta muy grave a Hernández Moltó y al resto de los consejeros de CCM

El Mundo de 4 de abril del 2009
El Mundo de 4 de abril del 2009

Todo parece indicar que a Juan Pedro Hernández Moltó le están convirtiendo, con inclemente desparpajo, en el chivo expiatorio del fiasco de CCM, en un trasunto del fallecido Mariano Rubio.

Según informa hoy El Mundo, junto a la carta en la que se les anuncia (por si aún no lo sabían) la destitución a Moltó y al resto de los consejeros de la Caja, también les ha llegado la notificación de la apertura de expediente por falta muy grave. Tal expediente trae causa de diversas infracciones, entre ellas las de falsear las cuentas haciendo aflorar unos beneficios inexistentes y las de ocultar información.

El Consejo de Administración de CCM se enfrenta, de momento, a multas de 150.000 € y a 10 años de inhabilitación, lo que ha hecho declarar a uno de los miembros de ese consejo, según El Mundo, que «al consejo nos llegaban todas las operaciones aprobadas por la correspondiente división de riesgos, nosotros no aprobábamos nada«.

Es evidente, visto que el propio Gobierno de Barreda ya se ha desmarcado de Moltó asegurando que éste les oculto «información vital», y que el Banco de España no parece muy dispuesto a ejercitar la clemencia con Moltó, con Germán Chamón, con Florencio Fernández, con Tomás Martín-Peñato, etc. etc.; que entre estos dignatarios financieros empieza a cundir una seria preocupación por su destino o, lo que es lo mismo, empieza a gravitar el peso de las acciones penales, que cada día parecen más ineludibles. Así las cosas, todos levantan su dedo trémulo y señalan al hasta el domingo pasado muy adulado presidente: ¡Ha sido ése!.

Ciertamente, «ha sido ése», pero también ellos y también José María Barreda y sus consejeros y Bono, que puso a «ése» donde ahora está. Han sido ellos porque que pretendan alegar ignorancia es tan patético como inverosímil.

Que estos personajes no supieran lo que estaba haciendo Moltó y lo que estaba pasando con la Caja es imposible, primero por imperativo legal y, segundo porque hay cosas que no se pueden hacer en secreto y sin la complicidad del poder político.

José Bono
José Bono

Pongamos un ejemplo. Según la revista Tiempo, Moltó y sus consejeros a través de CCM CORPORACIÓN (cuyo consejo presenta una nutrida colección de sonoros nombres como los de Cristian Abelló Gamazo o Carlos Falcó y Fernández de Córdoba; o el de Petra Mateos Aparicio-Morales, algo más plebeyo que los otros pero no por eso menos significativo) se asociaron con la inmobiliaria GEDECO para crear el GRUPO NATURA.

Organizado el aparato empresarial, compraron 19 millones de metros cuadrados de suelo rústico en lugares como Fuentes de Ebro, Antequera, Talamanca, Seseña, Illescas, Borox, Puertollano o Sanlúcar de Barrameda. En ellos, con las recalificaciones aseguradas por la subordinación o la complicidad política, pretendían construir 200.000 nuevas viviendas agrupadas en ciudades de nueva planta more pocerica. En Borox la población habría aumentado hasta los 34.000 vecinos, en Illescas, sólo con los planes de CCM y sin contar a González Villarejo y a los demás del PAU de las 24.000 viviendas; hasta los 22.000; etc. etc.

Estas monstruosidades, de las que El Pocero sólo fue la avanzadilla experimental, hoy un residuo de aquella jactanciosa audacia; no podían ocultarse a los Gobiernos regionales. Barreda estaba al cabo de la calle de esto, lo mismo que lo estaba del tinglado de Francisco Hernando en Seseña.

Su colaboración, igual que la colaboración de los alcaldes de los pueblos elegidos por Moltó y sus hombres, era imprescindible y no sólo porque, tanto Ayuntamientos como Gobierno regional, tienen competencias necesarias en la recalificación de esos suelos, sino porque tales acumulaciones humanas necesitan infraestructuras, por mínimas que sean, y tales infraestructuras entran de lleno en la competencia gubernamental.

La aventura es de tal magnitud que en realidad resulta inconcebible que a ella se lanzara, a su propio riesgo y ventura, el Presidente de una Caja de Ahorros. Digo más, con el control del Gobierno (el regional, se entiende) vuelto implacable tras las modificaciones introducidas por Bono en la Ley de Cajas de Castilla-La Mancha, lo que es inconcebible es que Juan Pedro Hernández Moltó sea otra cosa que el instrumento de otros y esos otros sólo pueden ser Bono y Barreda.

Hernández Moltó tras recibir la noticia de su destitución
Hernández Moltó tras recibir la noticia de su destitución

Claro está que Moltó ahora no puede escudarse en la «obediencia debida«. Eso no les sirvió ni a los nazis en Nüremberg y menos le va a servir a él, pero podemos estar más que razonablemente seguros de que obediencia hubo, porque «eliminado lo imposible, lo que queda es la verdad», así que no ha sido sólo «ese», habéis sido vosotros.

Es más, no han sido sólo los consejeros. Hay ejecutivos de la Caja cuyo papel ha de ser desentrañado porque los lugares que ocupan en la trama de sociedades de CCM producen una viva sospecha. ¿Qué están haciendo Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado en la administración de LAS LOMAS DEL POZUELO junto al «malayo» Ventero Terleira?.

Esa sociedad opera en Los Alcázares y en concreto en el Plan Parcial Torre del Rame, y según confesó Roca en los Juzgados de San Javier al declarar por el Caso Ninette, los terrenos los compró con Arteche Tarascón; y con Ventero Terleira. Lo que pasa es que el abulense no estaba sólo y, por tanto, lo que efectivamente dijo en ese momento Roca es que Torre del Rame lo compró con Arteche, con Ventero y con Hernández Moltó, es decir, con CCM.

¿Fue lo delicado de esta situación lo que llevó a Moltó a colocar ahí a Juan Tomás Vidal, su antiguo Director General de Hacienda? ¿Es ese el motivo de que en los despachos de CCM existiera tanta preocupación o tanta curiosidad (que me consta y tengo documentada) por averiguar si aparecía alguna noticia que relacionara a tal Juan Tomás Vidal con Luis Maya Galarraga, una de las cabezas más señaladas, junto a Arteche, de la Trama Vasco-Malaya?

Los archivos de CCM son un polvorín y si Barreda quiere arrojar el cuerpo de Moltó sobre los explosivos con la esperanza de amortiguar la deflagración, concibe vanas esperanzas.

El Gobernador del Banco de España culpa a Hernández Moltó por la quiebra de Caja Castilla-La Mancha

Juan Pedro Hernández Moltó tras serle notificada su destitución
Juan Pedro Hernández Moltó tras serle notificada su destitución

Ayer Miguel Angel Fernández Ordóñez, a la sazón Gobernador del Banco de España, culpó a los gestores de CAJA CASTILLA-LA MANCHA de la «quiebra» de la entidad. Según Fernández Ordóñez a esta situación se llegó por su la «inadecuada gestión de los riesgos» llevada a cabo por Hernández Moltó y por sus hombres de confianza, y también por las «disputas políticas» que derivaron en el «deterioro de la situación».

Sin pretender saber qué pasaba por la cabeza del Sr. Gobernador del Banco de España en ese momento, creo no equivocarme al considerar que con la expresión «disputas políticas» se refería a la quiebra en el sistema de silencio que había permitido conocer, antes de lo «conveniente» la situación insostenible de la Caja, un conocimiento que puso de manifiesto, públicamente, un estado de cosas insostenible.

Digo esto porque, por ejemplo, el pasado 2 de abril, El Mundo publicaba que Moltó había ocultado a UNICAJA 1.000 Millones de Euros de créditos morosos en un intento desesperado por hacer creer a los andaluces que absorbiendo CCM hacían el negocio de su vida.

La artimaña, más propia de «trileros» que de otra cosa, por supuesto respaldada hasta el último segundo por el Gobierno de Barreda, fracasó y la «inadecuada gestión» de Moltó salió a la luz antes de que Braulio Medel «picara».

Ahora la cuestión está en dilucidar si la actuación de Hernández Moltó fue «inadecuada» o, por el contrario, obedecía a un plan preestablecido, a un envite arriesgado pero consciente, que no puede haberse originado en otro sitio que en las maquinaciones de José Bono y de José María Barreda.

Dos días después de la Intervención de la Caja, una «fuente cercana al Gobierno regional» aseguraba que Hernández Moltó les había ocultado la información vital sobre los créditos de la Caja. En ese momento el otrora arrogante Moltó debió tomar conciencia de que había sido designado como chivo expiatorio del fiasco.

Moltó tiene culpa de lo que ha pasado ¿quién lo puede discutir? Pero también es indiscutible que ese hombre, que decía que ningún comportamiento deshonesto, de ser conocido, iba a quedar impune, no podía actuar por propia iniciativa en ciertas cosas, como por ejemplo en estas a las que se refería El Confidencial el pasado 31 de marzo:

La trama manchega de la Operación Malaya: CCM prestó a Corulla 15 Millones para un pelotazo en Los Alcázares

Fátima Martín.

Juan Antonio Roca, cliente de CCM
Juan Antonio Roca, cliente de CCM

«Nozaleda, Luis Delso, Sergio Martínez, Domingo Díaz de Mera, los Barco, Sanahuja… La exposición al ladrillo de la intervenida Caja Castilla-La Mancha (CCM) es ingente. Pero de todos los riesgos asumidos, ninguno es tan tóxico como el que la vincula directamente al Caso Malaya. Sus implicaciones son variadas y sorprendentes: van desde Enrique Ventero (Vemusa) hasta Pedro Román, pasando por Montserrat Corulla, mascarón de proa de la trama vasca. CCM hipotecó 12 fincas en Los Alcázares (Murcia) a nombre de Masdevallia, una sociedad de la testaferro de Roca, por 11,5 millones de euros, según el sumario del Caso Malaya. Éste no fue el único trato que cerró con ella.

«Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocida», reconoció a El Confidencial un portavoz de Caja Castilla-La Mancha al ser preguntado por su vinculación con imputados en el Caso Malaya. Ahora bien, dejó claro que «nadie de esta casa está imputado. Somos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales», añadió.

La entidad gestionada hasta el domingo por Hernández Moltó aparece en dos ocasiones vinculada a la popular Montserrat Corulla en el sumario malayo. En una de ellas, CCM prestó 5 millones de euros a Condeor para la adquisición de un palacete sito en la Calle Ortega y Gasset, 32 de Madrid.

CCM emerge en el ‘Caso Ninette’

La otra operación tiene más enjundia. La sociedad Masdevallia, gestionada por Corulla, recibió de Caja Castilla-La Mancha un préstamo hipotecario de casi 15 millones de euros por 16 fincas que forman parte de un pelotazo urbanístico denominado Nueva Ribera en la localidad murciana de Los Alcázares.

«El lugar para invertir es Murcia. Tendrías que ver lo que tengo yo allí. Lo que interesa es invertir en Murcia. Murcia es la hostia», comentó Juan Antonio Roca a otro empresario en Madrid. Gracias al Caso Ninette, que investigaba las ramificaciones de la corrupción malaya en Murcia, pudimos conocer frases como ésta.

Y lo que Roca atesoraba en Los Alcázares era algo más que unas inversiones con futuro. Era su jardín secreto. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que desencadenaron la Operación Malaya, los mismos que después continuaron con la Ninette, encontraron en esa vasta propiedad cámaras fotográficas antiguas, un gran número de joyas, así como tres vehículos antiguos de la marca Mercedes, un autobús antiguo de línea regular en perfectas condiciones y 30 cuadros de diferentes autores de renombre, entre los que se encuentran ocho pinturas de Miró, y también una pieza única de gran valor correspondiente a De la Serna. La finca también contaba con un helipuerto, tres naves industriales y un palacete que escondía todas estas joyas.

Los hombres de Bono

Y Bono ¿qué opina de esto?
Y Bono ¿qué opina de esto?

Ninette también sacó a la luz los complejos Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf, comercializados por la firma One Properties, en los que se iban a desarrollar sendas urbanizaciones de lujo. Asimismo, se supo que Roca era el dueño de una considerable extensión de terrenos en el proyecto urbanístico estrella de Los Alcázares: Torre del Rame. En esta urbanización, situada a pocos metros del mar, se estaban construyendo unas 5.000 viviendas junto a un campo de golf.

Roca admitió ante la juez de San Javier que compró el proyecto Torre del Rame junto a amigos vascos y un abulense. Los amigos vascos no son otros que los miembros de la trama vasca de Javier Arteche (Obarinsa) y el abulense, el imputado malayo Enrique Ventero Terleira (Vemusa). Lo que Malaya y Ninette no desvelaban era la implicación directa de Caja Castilla-La Mancha en Las Lomas de Pozuelo, una de las principales propietarias de Torre del Rame.

Y en Las Lomas de Pozuelo comparten accionariado, además de Ventero, CCM inmobiliaria del Sur y Promociones Miralsur. Vinculados a estas sociedades aparecen dos hombres de Caja Castilla-La Mancha: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado. Da la casualidad de que Juan Tomás Vidal ha desempeñado a lo largo de una década altos cargos en los Gobiernos de José Bono, actual presidente del Congreso de los Diputados, como el de Director General de Hacienda cuando el consejero del ramo era Hernández Moltó, presidente de Caja Castilla-La Mancha hasta hace, literalmente, dos días. Como curiosidad, como ex administrador de Las Lomas aparece en 2004 Luis Portillo, el sevillano que quiso comerse el mundo con Colonial y terminó de nuevo en Dos Hermanas».

Por cierto, y Bono ¿qué opina de esto?

CCM prestó más de 200 millones a los principales imputados en el ‘caso Malaya’

El Economista, 2 de abril de 2009
El Economista, 2 de abril de 2009

Reproduzco íntegramente el artículo publicado hoy en El Economista. Poco hay que añadir a él:

Alejandra Ramón / Javier Romera | 6:00 – 2/04/2009

«CCM Concedió 85 millones al cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y a sus dos principales testaferros. Ventero Terleira ha reconocido ante el juez que ha hecho negocios con la caja como socia

Las relaciones peligrosas de CCM, la primera caja intervenida en España, van más allá de empresarios con proyectos inmobiliarios de dudoso final. De hecho, sus relaciones con imputados en la Operación Malaya superan lo que se podría considerar una simple coincidencia, ya que continúan vinculados con ellos e incluso les han renovado créditos recientemente de elevadísimo riesgo. En total, la entidad financiera que presidía hasta ahora Juan Pedro Hernández Moltó ha prestado más de 200 millones de euros a los implicados en la trama marbellí.

CCM concedió un crédito de 40 millones de euros a dos de las empresas más importantes del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que están actualmente en concurso de acreedores, además de facilitarle financiación para adquirir el Palacio de Saldaña, en Madrid.

Aunque en esta ocasión no existía una relación directa entre la entidad y el jefe de los malayos, las relaciones de la caja con algunos de sus testaferros están más que acreditadas.

En el caso de Pedro Román, mano derecha de Roca, CCM decidió renovar hace apenas unos días el crédito de 30 millones de euros que había concedido a la compañía Puerta Oro Toledo. Esta sociedad, en la que también aparece el investigado actualmente por la Udyco (Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado de la Guardia Civil), Juan María López Álvarez, era propietaria de un solar de 324 hectáreas en la localidad de Bargas (Toledo). El problema es que en ese solar no se puede construir, puesto que Medio Ambiente decidió considerar «ambientalmente inviable el proyecto».

Petra Mateos Aparicio Morales
Petra Mateos Aparicio Morales

A pesar de esos datos, CCM, en lugar de pedir la ejecución de la hipoteca para librarse de una partida del pasivo tan arriesgada, decidió la renovación. Juan María López Álvarez, está, además, vinculado a CCM a través de otras empresas de construcción, que operan en nuestro país, como Aranjuez Ecociudad Inteligente, una de cuyas administradoras es Petra Mateos Aparicio (en la foto) miembro del consejo de la Corporación Empresarial de CCM. El mayor beneficiado, en cualquier caso, fue Enrique Ventero Terleira, acusado de pagar comisiones a Roca y cuya fianza para evitar la prisión alcanzó los 300.000 euros. El ya retirado ex presidente del Grupo Vemusa recibió un total de 101 millones de euros para sus empresas.

La Udyco está investigando ahora la sociedad Las Lomas de Pozuelo, creada en 2004 por Luis Portillo y Enrique Ventero para acometer negocios juntos, especialmente en la región de Murcia. La sociedad se adjudicó, de hecho, gran parte del desarrollo urbanístico junto al Mar Menor, en la localidad de Los Alcázares, en la que también tiene intereses el propio Roca. De acuerdo con las declaraciones de Ventero Terleira ante el juez Torres, Las Lomas de Pozuelo estaría participada también por Caja Castilla-La Mancha.

En Los Alcázares, la caja facilitó asimismo la financiación por, al menos 15 millones, a Montserrat Corulla, otra de las personas ligadas a Roca y considerada por el juez como una de sus testaferros. Corulla está acusada además de ser la principal intermediaria de los negocios del cerebro de la trama en Madrid».

CAJA CASTILLA-LA MANCHA en la prensa de hoy.

El Mundo: Primera denuncia contra el Presidente de CCM en la Audiencia Nacional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha dice ahora que Hernández Moltó les engañó

José María Barreda y Hernández Moltó
José María Barreda y Hernández Moltó

Sic transit gloria mundi, Roma non solvet proditoribus, etc. etc. A Juan Pedro Hernández Moltó le están borrando de las agendas a toda velocidad y teniendo en cuenta que ya Fernández Ordóñez se ha mostrado partidario de exigir responsabilidades a los gestores de CCM, es muy probable que para mañana nadie que pueda hacerlo reconozca haber cruzado palabra con un tal Juan Pedro, hasta el domingo pasado arrogante y jactancioso presidente de CCM y hombre imprescindible de José María Barreda.

Es más, la noticia que publica hoy El Economista, además de ser una prueba irrefutable del cinismo infinito de las cosas de la política, supone un torpedo en medio de la santabárbara del tinglado toledano.

A José María Barreda le han bastado dos días para abjurar tres y treinta veces del hombre que le ha sido imprescindible para poner en marcha su asalto a la economía regional. Según «fuentes próximas al Ejecutivo autonómico» que cita El Economista «la Caja no facilitó toda la información necesaria y ocultó datos de vital importancia . De haber sabido lo que se conoce ahora, nunca se hubiera permitido la concesión de estos préstamos«.

La gravedad de estas declaraciones es difícil de evaluar en su completa magnitud. O bien el Gobierno de Castilla-La Mancha miente y con ello está admitiendo, a contrario, su responsabilidad directa en lo intolerable; o bien dice la verdad y, por tanto, lo que es intolerable es que los letrados del Gobierno autonómico no estén, en este momento, aporreando la puerta de la Fiscalía Anticorrupción de Toledo para interponer, inmediatamente, la oportuna querella criminal.

El Economista de 1 de abril de 2009
El Economista de 1 de abril de 2009

¿Pero, de verdad, puede pretender José María Barreda que nos creamos que ignoraba lo que estaban haciendo Hernández Moltó, Ildefonso Ortega, José Luis Rodríguez Romo, Juan Tomás Vidal o José Luis Rodríguez Holgado, entre algunos otros?

A priori esto no parece muy posible pero es que, además la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha, hace que sea prácticamente imposible que tal ignorancia pueda alegarse con unos mínimos visos de credibilidad.

Según el artículo 58 de la citada Ley 4/1997, de 10 de julio «1.- La Junta de Comunidades ejercerá sus competencias administrativas en materia de supervisión y control de la actividad económica, financiera y benéfico-social de las Cajas de Ahorros a través de la Consejería competente y en el marco de la legislación básica estatal. 2.- La consejería competente ejercerá en esta materia todas las competencias que no se atribuyan expresamente a otros órganos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha».

No termina aquí la regulación de esta Ley. El artículo 59 establece que «1.- La Consejería competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con carácter general, podrá someter a autorización previa las inversiones de las Cajas de Ahorro en inmuebles, acciones, participaciones u otros activos materiales y a la concesión de grandes créditos o la concentración de riesgos en una persona o grupo, todo ello dentro de las competencias que le correspondan. 2.- El sometimiento a autorización previa se desarrollará reglamentariameante».

Finalmente, el artículo 63 es aún más contundente en cuanto al tema que aquí se trata: «1.- Las Cajas de Ahorro remitirán a la Consejería competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la forma que reglamentariamente se determine, cuantos datos, balances, estados financieros e informaciones sobre su actividad y gestión sean necesarios para el ejercicio de su competencia. 2.- En todo caso, las Cajas de Ahorro facilitarán a la Consejería competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuantos datos e información remitan al Banco de España en cumplimiento de la normativa dictada por éste».

Naturalmente, ahora Barreda y sus Consejeros dirán que no se han desarrollado las normas reglamentarias a las que se refiere la Ley. Triste excusa si es esta la que utilizan, primero porque ya ha llovido y se ha secado desde 1997 y ha sobrado tiempo para aprobar esos reglamentos. Segundo, porque la ausencia de reglamento no exime del cumplimiento de las obligaciones de supervisión y control que esta Ley impone al Gobierno de Barreda.

La intolerable negligencia o el sostenido dolo de Barreda y sus Consejeros ha costado a la ciudadanía, de momento, un billón quinientos mil millones de pesetas (9.000 Millones de €) y ha permitido que la CCM financie con bastante más de 170 Millones de Euros (28.000 Millones de pesetas) a muy señalados imputados en la Operación Malaya, la más paradigmática trama de corrupción del Estado español. No seré yo quien discuta la responsabilidad directa del caído Hernández Moltó en los hechos, pero la pretensión de Barreda de que le tengamos por víctima de los engaños de Moltó entra de lleno en lo grotesco y si hacemos caso a lo escrito por Arthur Conan Doyle, lo grotesco frecuentemente enmascara el crimen.

Alejandro Pompa, alcalde de Carranque, también tiene su «papel» en el caso de Caja Castilla-La Mancha

Alejandro Pompa y José María Barreda
Alejandro Pompa y José María Barreda

En el texto anterior he dicho que el colapso de CCM y la destitución de Hernández Moltó había provocado un aluvión de informaciones y había soltado las lenguas, parece que inevitablemente. El siguiente artículo (parte del cual reproduzco) publicado en El Confidencial, es un ejemplo de hasta qué punto eso es así.

«Ah, pero, ¿este no era el mejor sistema financiero del mundo?

@Federico Quevedo – 31/03/2009
Y no solo eso. El PP tiene la obligación de pedir que se investigue hasta las entrañas de CCM, eje de la corrupción socialista en Castilla-La Mancha y Andalucía. Viendo cómo se las ha gastado el Gobierno en el asunto de la trama de corrupción llamada ‘Operación Gürtel‘, no cabe en la cabeza de nadie que desde Génova no se esté ya apuntando con todas las baterías a Hernández Moltó, a Barreda, a Chaves y a Bono, presidente del Congreso y el hombre que puso a Hernández Moltó donde está y le facilitó la red de contactos con la que, con la Caja como epicentro, se ha montado la tupida telaraña de corrupción y financiación ilegal del Partido Socialista. Aquel portavoz socialista del que estos días todos los medios recordaban su famosa frase dirigida a Mariano Rubio -«míreme a la cara, señor Rubio»-, hoy está en el centro de la polémica por su nefasta gestión que ha llevado a CCM a la quiebra. Aunque solo sea por eso, Moltó debería dar cuenta ante la Justicia como la dio Mario Conde por el ‘caso Banesto’, pero es que, encima, hay más. Mucho más.

El PP ya debería estar pidiendo una comisión de investigación, y no solo en el Parlamento regional castellano-manchego. También en la Carrera de San Jerónimo. Una Comisión en la que se expliquen la relaciones de Moltó y la CCM con los empresarios Díaz de Mera, González VillarejoUrbaplaning-, Ventero Muñoz -preso por la Operación Malaya-, Michel Pozo, Dico… Sobre todo Dico y sus ramificaciones en Andalucía, especialmente en Vera. CCM se ha dedicado a financiar las operaciones fraudulentas de todos estos amigos de Barreda y Bono, ha inflado créditos para operaciones cuando menos sospechosas en Illescas, Carranque, Bargas, Maqueda, Chozas de Canales, Talavera de la Reina… En algunos de estos municipios hay imputados por corrupción como Alejandro Pompa Mingo, alcalde de Carrenque, al que sin embargo Barreda no suspende de militancia en el PSOE porque es uno de los recaudadores de Moltó. Y, como no podía ser de otra manera, en la red aparece un nombre por todos conocido, Petra Mateos, presidenta de Hispasat y consejera de CCM, mujer de confianza de Barreda y Bono, socia en una sociedad fantasma llamada Aranjuez Ecociudad Inteligente de Juan María López Alvarez que, a su vez, fue socio de Juan Antonio Roca y lo es ahora de Pedro Román implicado también en la Operación Malaya y a cuya sociedad -de ambos- la CCM renovó un crédito de 30 millones de euros en el último minuto antes de la intervención.

Hay muchas cosas que explicar en todo esto. Demasiadas. Moltó tiene que mirar a los ojos de mucha gente y aclarar todos los extremos de la situación de la caja que preside. Y quienes le han puesto al frente de ella, con más motivo. ¡Panda de chorizos…!»

Cayo Lara, Coordinador de Izquierda Unida, señala al Gobierno de Castilla-La Mancha como responsable del «agujero» de CCM

José Bono
José Bono

El día de hoy ha roto todos los diques que contenían la información de lo que está sucediendo y ha estado sucediendo en Castilla La Mancha. Los medios de comunicación regionales, propiedad en su práctica totalidad, de Domingo Díaz de Mera, de los hermanos Barco Fernández o de Miguel Méndez Pozo, ya no pueden garantizar a Barreda el silencio sobre aquellos asuntos escabrosos que hasta ahora sólo parecían existir como «rumores».

Y de todas las noticias que han salido a la luz y que van a seguir saliendo a partir de ahora, se desprende una conclusión necesaria que no puede ser eludida: Si Juan Pedro Hernández Moltó ha sido el artífice más visible del fiasco de CCM, Bono y Barreda han sido los artífices del propio Hernández Moltó.

La modificación de la Ley de Cajas de Castilla la Mancha, impuesta por José Bono, todavía Presidente del Congreso de los Diputados, creó un control directo y rígido de CCM por parte del Gobierno regional. Aquello, que entonces fue una concentración de poder formidable en manos de Bono, hoy se ha convertido en una culata humeante por la que acaba de salir el tiro, a cañón tocante, de Hernández Moltó y, precisamente por eso, va a ser muy difícil para Barreda conseguir que las responsabilidades que se deriven del asunto terminen en el vasallo y no alcance al señor.

Por eso tiene razón Cayo Lara al atribuir, según el despacho de agencia difundido hoy, «al Gobierno regional -primero con José Bono, actual presidente del Congreso, y ahora con José María Barreda-, la responsabilidad de la situación… en la que se halla la entidad porque ha fomentado un modelo de desarrollo urbanístico ‘insostenible’ y ha legislado en función de este modelo».

Por supuesto, también tiene razón, porque tiene datos que lo acreditan, «que algunas de las empresas a las que la Caja Castilla-La Mancha ha dado créditos están relacionadas con… Juan Antonio Roca, que fue encarcelado por el ‘caso Malaya‘ y está de nuevo en prisión por el caso ‘Saqueo 1‘ o de las facturas falsas«.

Esas sociedades son MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, pero como bien saben los lectores de Notitia Criminis, no son esas las únicas implicaciones de la Caja que hasta el domingo presidía Hernández Moltó con la Operación Malaya. También participa con el detenido e imputado Enrique Ventero, en Los Alcázares; ha prestado 30 millones (renovados el pasado día 13, en vísperas de la intervención) Al también detenido e imputado en el mismo caso, Pedro Román; Financió la compra del Palacio de Saldaña a Roca; y tiene sociedades en común con Juan María López Alvarez quien a su vez era socio de Roca y lo sigue siendo de Pedro Román.

En resumen, que hasta ahora se sepa, Ventero disfruta de 101 Millones de Euros prestados por Moltó; Roca hizo lo propio con 40 millones en sus sociedades murcianas, más otra cantidad millonaria, que aún no se conoce pero que se conocerá, para la compra del Palacio de Saldaña; y Pedro Román y su socio Juan María López Alvarez, también gracias a la generosidad de Hernández Moltó, disponen de 30 Millones de Euros en la mercantil PUERTA ORO TOLEDO.

En definitiva, el dinero que CCM tiene comprometido en los negocios de conocidos e importantísimos «malayos», hasta el momento suma considerablemente más de 171 Millones de Euros y digo más porque, como he señalado, ahí no se contabiliza el préstamo del Palacio de Saldaña.

Va a ser curioso ver cómo José María Barreda alega ignorancia sobre este asunto, sobre todo ahora que las lenguas ya parecen no estar amordazadas.

Tras el fiasco de Caja Castilla-La Mancha es hora de las responsabilidades incluidas las penales si ese fuera el caso

Prensa sobre el caso CCM
Prensa sobre el caso CCM

Se ha consumado el fiasco de CAJA CASTILLA-LA MANCHA. El «agujero» que según el ministro de economía no existe, necesita un billón quinientos mil millones de pesetas para ser cubierto o garantizado, como se quiera. El estado de la Caja ha resultado inasumible para cualquier otra entidad. Los últimos meses de Hernández Moltó han ido revelando operaciones sospechosas: Una concentración de créditos intolerable en media docena de individuos que, a la vista ciencia y paciencia de la ciudadanía, de la prensa y de cualquiera que lo quisiera ver, tenían como principal virtud la cercanía estrecha a José María Barreda y a José Bono; la financiación de personajes imputados en casos paradigmáticos de corrupción como la Operación Malaya; la asociación directa en entidades mercantiles con esos mismos personajes junto a los cuales se sentaban, hasta ayer al menos, hombres de la «plena confianza» de Moltó como Juan Tomás Vidal, Rodríguez Holgado o Rodríguez Romo, por sólo citar algunos; la renovación en el último segundo de un crédito de 30 millones a una sociedad del «malayo» Pedro Román y de su socio Juan María López Alvarez que, como vengo repitiendo, también lo era de Roca hasta su entrada en prisión; la presencia junto a ese mismo Juan María Lopez Alvarez de la singular Petra Mateos Aparicio Morales en una sociedad «durmiente» o fantasma llamada ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE de la que en cuanto se serene un poco la actualidad hablaré detenidamente, lo que no es poca cosa debido a la condición de mujer de plena confianza, tanto de Bono como de Barreda que tiene esta Petra Mateos, presidenta de la sociedad pública TELECOM CASTILLA LA MANCHA, presidenta de HISPASAT y de HISPASAT CANARIAS, consejera de CCM CORPORACIÓN, miembro del Consejo de Buen Gobierno de CCM, y cuyo nombre salió a relucir en relación con el Caso Banesto, el Caso Ibercorp, el Caso Alfaro, el Caso Fondos Reservados, el Caso Atocha, etc.

Todo esto y cuánto a partir de ahora se vaya conociendo despide un intenso fumus malus iuris, un acuciante mal olor que exige perentoriamente investigación y responsabilidades, en su caso, penales; pero no nos engañemos. Cualquiera que haya sido el papel de Hernández Moltó, él no es el último responsable. Los créditos de especial cuantía y riesgo como los que han llevado al fracaso de CCM, necesitan, por imperativo legal, el visado del Gobierno de Barreda. Así pues, nada de lo que ha estado y está pasando en Castilla-La Mancha es ajeno al control directo que la Ley de Cajas modificada por Bono concedió a la Junta de Comunidades y, por esa misma razón, nada de esto es ajeno a la responsabilidad de Barreda y del propio José Bono.

Ahora es el tiempo de someter a escrutinio todas y cada una de esas operaciones, las grandes y las de aparente menor calado, como la del campo de golf de Carranque, donde 9 Millones de Euros se han consumido por VILLA ROMANA GOLF (en la que CCM tiene un 25%) sin que aún se haya movido una sola piedra de ese PAU. Es el tiempo en el que Hernández Moltó nos ha de mirar de frente y a los ojos, si se atreve, y dar respuesta a todo esto.

El Banco de España toma el control Caja Castilla-La Mancha. Juan Pedro Hernández Moltó ha sido destituido

Juan Pedro Hernández Moltó, ya ex presidente de CCM
Juan Pedro Hernández Moltó, ya ex presidente de CCM

Definitivamente el Banco de España ha tomado el control de CCM, ha destituido a Juan Pedro Hernández Moltó junto al resto de los consejeros de la Caja y reconoce que será necesaria la aportació de 9.000 Millones de Euros y no de 3.000 como se venía barajando. Según publica El Periódico, Pedro Solbes ha confirmado este extremo:

Solbes ha confirmado la intervención de la entidad, cuyo Consejo de Administración ha sido sustituido por tres administradores mancomunados que se encargarán de encontrar una solución a la caja tras el fracaso de la fusión con Unicaja. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha insistido por su parte en enviar un «mensaje de tranquilidad» a toda la sociedad y en particular a los clientes de Caja Castilla-La Mancha. Solbes y Fernández de la Vega han hecho estas afirmaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo extraordinario de Ministros, que ha aprobado un decreto ley por el que se autoriza la concesión de garantías derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco de España a favor de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha.

La noticia en otros medios:

El País: El Banco de España interviene Caja Castilla-La Mancha

El Mundo: El Banco de España Interviene Caja Castilla-La Mancha

ABC: CCM, Cataclismo financiero y político

El Periódico de Cataluña: El Gobierno asegura que los ahorros de los clientes de CCM están garantizados. El Banco de España aportará 9.000 Millones de Euros

El Banco de España interviene CCM: tendrá un ‘super aval’ de hasta 9.000 millones

Los tentáculos toledanos del caso Malaya y su relación con Caja Castilla-La Mancha llegan al Parlamento regional

Pedro Román y Roca esposados y conducidos por la policía
Pedro Román y Roca esposados y conducidos por la policía

La localidad toledana de Bargas empieza a adquirir una celebridad inesperada a causa de la finca Alcalvín y de las relaciones entre CAJA CASTILLA-LA MANCHA y el imputado en el Caso Malaya, Pedro Román Zurdo.

Como ya ha informado El Mundo, en Bargas viene actuando la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del citado Pedro Román y de su habitual socio, Juan María López Alvarez, entre otros.

El pasado 24 de marzo El Economista publicaba que la Caja de Hernández Moltó acababa de renovar por segunda vez y dos días antes de su vencimiento, el crédito de 30 millones de Euros que en 2005 concedió a la sociedad del «malayo» Pedro Román para la compra de la finca Alcalvín, de Bargas, cuyo proyecto de urbanización está paralizado por ser «ambientalmente inviable»

Las reacciones no se hicieron esperar mucho y Ana Guarinos mencionó el asunto en rueda de prensa. Hoy, según un despacho de Europa Press «la portavoz del Grupo Popular criticó que la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, no contestase durante el pleno al hecho de que se haya renovado un crédito de 30 millones de euros a una sociedad relacionada con el caso Malaya «con su consentimiento» y no haya dado ninguna explicación».

Paralelamente, la diputada regional anunció que su partido «presentará hoy una solicitud de comisión de investigación sobre Caja Castilla La Mancha (CCM) en las Cortes regionales, para exigir responsabilidades políticas a los gobernantes socialistas de la Comunidad Autónoma, para que se desvelen datos, propuestas y decisiones, y para conocer «por qué se ha tenido que llegar a una absorción de la entidad»».

Se diría que la sombra de Mariano Rubio, vindicativa y fantasmal, empieza a gravitar sobre la cabeza de Juan Pedro Hernández Moltó, penúltimo (porque el último es Barreda) responsable de este crédito; de los 40 millones dados a las empresas de Roca en Murcia; o de los 101 Millones concedidos a las empresas del también imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero.

Ana Guarinos pide explicaciones a Barreda por la renovación del crédito de 30 millones concedido por CCM al «malayo» Pedro Román Zurdo

Pedro Román, saludando afectuosamente a Julián Muñóz
Pedro Román, saludando afectuosamente a Julián Muñóz

La noticia publicada ayer por El Economista sobre la renovación del crédito hipotecario concedido por CAJA CASTILLA-LA MANCHA a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad, entre otros, de uno de los más importantes imputados en la Operación Malaya: Pedro Román Zurdo, parece haber roto, definitivamente, el silencio que ha reinado en Castilla-La Mancha sobre la presencia y las actividades de importantes imputados en la trama de corrupción marbellí, y sobre los negocios que estos personajes están realizando con CCM.

Según han informado las agencias SERVIMENDIA y EUROPA PRESS, «la portavoz popular se refirió «al empeño del presidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, de conceder un crédito de 100 millones de euros a la inmobiliaria Martinsa Fadesa y la renovación de otro crédito a la sociedad Puerta Oro Toledo, participada por Pedro Román, imputado en la Operación Malaya«»

Guarinos añadió que «casualmente, los 30 millones de euros en los que se cifraban los supuestos beneficios de CCM en 2008 coinciden en la misma cantidad de la renovación del crédito a la sociedad participada por Pedro Román«» y preguntó «si el Gobierno de Castila-La Mancha conocía la operación de la sociedad Puerta de Toledo y si avaló la renovación del crédito de 30 millones de euros.

«Exigimos al Gobierno que nos diga si conocía la operación y si la avalaron; tan grave sería una cosa como la contraria porque esto significaría que se habría permitido que el agujero de 3.000 millones de euros que tiene CCM fuera cada día haciéndose mayor y que se pusiera en peligro a impositores, ahorradores y a los 3.000 puestos de trabajo que dependen de la entidad financiera», argumentó».

Dudo mucho que la Sª Guarinos obtenga ninguna respuesta, ni del Gobierno regional, ni de los responsables de CCM.

Caja Castilla-La Mancha renueva un crédito de 30 Millones al “malayo” Pedro Román dos días antes de su vencimiento

Pedro Román Zurdo, detenido e imputado durante la Operación Malaya
Pedro Román Zurdo, detenido e imputado durante la Operación Malaya

Si ayer El Mundo informaba de la concesión, por parte de CCM, a la quebrada MARTINSA-FADESA de un crédito de 100 Millones de Euros tres meses antes de que esta empresa presentara concurso de acreedores; hoy El Economista publica la noticia de la renovación de un crédito hipotecario de 30 Millones, también de euros, claro está, a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, una sociedad que pertenece al «malayo» Pedro Román Zurdo; a uno de sus socios en MOLA-15 y en EL AGEL DE TEPA, donde también lo fue de Roca, el salmantino Juan María López Alvarez; y a Luis del Rivero, es decir, a SACYR.

El crédito en cuestión, lo concedió la Caja presidida por Hernández Moltó sobre la finca llamada «Alcalvín» situada en la localidad toledana de Bargas, con una cabida de tres millones de metros cuadrados de los cuales sólo la mitad está declarada urbanizable.

El proyecto de recalificación de ese millón y medio de metros cuadrados se encuentra paralizado por ser «ambientalmente inviable» y esto a pesar del firme apoyo que el proyecto ha tenido por parte del alcalde de Bargas, Gustavo Figueroa Cid, que también es vicepresidente de la Diputación Provincial de Toledo y mano derecha de José Manuel Tofiño, a su vez alcalde de Illescas.

Dicho proceso comenzó en 1990 cuando el Ayuntamiento presidido entonces por Eugenio Rodríguez Pérez, inició el procedimiento de modificación de las normas urbanísticas para convertir en urbanizable la finca. En 1993, por Orden de 9 de febrero de ese año, se publica la «Declaración de Impacto Ambiental con carácter desfavorable» y, por esa razón la Comisión Provincial de Urbanismo denegó la modificación de las normas subsidiarias que afectaban a la finca. Para esas fechas el alcalde de la localidad era Luis M. Seguí Pantoja.

Diario El Economista de 24 de marzo del 2009
Diario El Economista de 24 de marzo del 2009

Recurrida esa resolución y recurrida con éxito, la citada Comisión aprobó la polémica modificación puntual el 17 de diciembre de 1996. Desde esa fecha no hay nuevas actuaciones administrativas sobre la finca hasta agosto de 2005, con Gustavo Figueroa Cid ya en la alcaldía; pero lo que sí se produce es la muerte de la propietaria de la finca, pasando ésta, por sucesión hereditaria, a manos de su entonces marido, un individuo nacido en Buenos Aires que atiende al nombre de Juan Francisco Lata Ríos, casado en segundas nupcias con la fallecida, venido al mundo el mismo día en el que la dueña de la finca contraía su primer matrimonio, y sin fortuna conocida hasta ese momento.

La escritura de aceptación de la herencia se otorgó el 14 de marzo de 2005. Ese mismo día se produjo la venta de Alcalvín a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO y al día siguiente el negocio se formalizó en escritura pública constituyéndose, además, una hipoteca a favor de CAJA CASTILLA LA MANCHA por valor de 29.841.692,55 €; es decir, que ese mismo día CCM otorga a los socios de PUERTA ORO TOLEDO un crédito hipotecario de casi 30 Millones de Euros y por plazo de dos años del que respondía una finca, urbanizable, es cierto, pero que ni siquiera tenía presentado y menos aprobado, el imprescindible PAU, necesario para ser urbanizada.

Es aquí, justamente, donde empiezan a ponerse de manifiesto las extrañas circunstancias que rodean a la finca de Bargas. Como ya se sabe, los propietarios de PUERTA ORO TOLEDO no son otros que el «malayo» Pedro Román Zurdo, su socio y también de Roca, Juan María López Alvarez, SACYR DIVISIÓN PROMOCIÓN, esto es, Luis del Rivero y una entidad llamada SEROBE XXI que actualmente tiene como administrador único al hijo de Juan María López Alvarez, Juan María López Martí, pero que en realidad es propiedad del muy prestigioso despacho de abogados Cuatrecasas el cual, por cierto, apareció relacionado en la prensa con el caso FORUM-AFINSA.

El nombre de la sociedad en cuestión es en sí mismo significativo porque el argentino Juan Francisco Lata Rios había tenido la precaución de registrar a su nombre la marca «PUERTA ORO DE TOLEDO» el 1 de marzo de 1998, constituyéndose la sociedad PUERTA ORO TOLEDO SL el día 4 de febrero del 2005 (esto es, poco más de un mes antes de escriturarse la compraventa en cuestión) en la que el citado Lata Rios no aparece por ninguna parte.

Sin embargo, más importante es lo que entonces no sabían, aunque quizás si imaginaban, Pedro Román, Juan María López Alvarez y sus otros socios: que estaban siendo investigados y que pronto la cárcel de Alahurín abriría sus puertas para recibir a varios de ellos.

Juan Pedro Hernández Moltó, aún presidente de CCM
Juan Pedro Hernández Moltó, aún presidente de CCM

En el transcurso de esa investigación, la de la Operación Malaya, el SEPBLAC (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales) remitió al Juzgado nº 5 de Marbella un informe fechado el 6 de noviembre de 2006, que consta en los folios 16.545 y siguientes del Sumario Malaya, en el que se da cuenta de las actividades de Juan Antonio Roca, Pedro Román, Juan Germán Hoffmann, Bruno Baumann, Gabriele Burgio, Roberto Chollet Ibarra (presidente y alto directivo de NH HOTELES respectivamente) SACYR DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU y Fernando Agulló Díaz Varela (un hombre ligado a la Fundación Hogar del Empleado) en la sociedad MOLA-15.

En ese informe se da cuenta de una trasferencia hecha por INVERSIONES PADUANA, la empresa a través de la que actuaba Pedro Román, de 550.000 €. Dicha trasferencia se hace desde la cuenta que INVERSIONES PADUANA tenía en el BANCO POULAR a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO. La fecha de este movimiento es, justamente, la de 15 de marzo de 2005, es decir, la misma en que se escritura la compraventa y el crédito hipotecario de los 30 millones concedido a esa entidad por CAJA CASTILLA-LA MANCHA.

Adquirida la finca por la empresa de Pedro Román, Juan María López Alvarez y sus otros socios, el día 19 de agosto del 2005, es decir, cinco meses después de los hechos relatados hasta aquí, entra en escena la mercantil UFISA INVERSIONES S.L. que presenta en el Ayuntamiento de Bargas un PAU sobre la finca Alcalvín. Se da la curiosísima coincidencia de que UFISA está administrada por Santiago Mateo Sahuquillo y por Ricardo López Rivera. Santiago Mateo es un socio habitual de Domingo Díaz de Mera y de los hermanos Barco Fernández. Así, por ejemplo, comparte consejo de administración con los citados en EL DIA DE CUENCA, EL DIA DE ALBACETE, EL DIA DE TOLEDO, EL DIARIO DE CIUDAD REAL, etc. etc.

El 30 de marzo de 2006, el Pleno del Ayuntamiento de Bargas deniega el PAU a UFISA y el 20 de abril del mismo año, a penas un mes después, quien presenta nuevo PAU ya es PUERTA ORO TOLEDO, en este caso con éxito puesto que es aprobado por el Ayuntamiento que preside el Vicepresidente de la Diputación de Toledo, Gustavo Figueroa Cid.

Tras la aprobación inicial del PAU de Pedro Román y de los otros, el 25 de julio del 2006 tiene entrada en la Dirección General de Evaluación Ambiental una nueva modificación de las Normas Subsidiarias que afectaban a la finca Alcalvín con la que se pretende aumentar la densidad de la edificación prevista allí.

Gustavo Figueroa Cid, alcalde de Bargas y vicepresidente de la Diputación de Toledo
Gustavo Figueroa Cid, alcalde de Bargas y vicepresidente de la Diputación de Toledo

Concretamente, lo que se proponen con esa modificación el Alcalde Gustavo Figueroa Cid, desde la Administración municipal y Pedro Román y sus socios como Agentes Urbanizadores, es pasar de 400 viviendas, que eran las que estaban aprobadas, a 1.590, con edificación en altura, a lo que se añadía un campo de golf de 60 hectáreas.

La resolución de 2 de mayo del 2008 de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, puso fin, al menos de momento, a las pretensiones del «malayo» Pedro Román, de sus socios y del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bargas, que había promovido la modificación.

Dicha resolución es tajante. En ella (DOCM nº 107 de 26 de mayo del 2008) se dice textualmente «que la Modificación Puntual es ambientalmente inviable si se cumplen las conclusiones que se determinan en la misma».

Así termina, hasta la fecha, el negocio de Pedro Román y sus socios en Bargas (Toledo) pero no la implicación de CCM en el asunto. Recordemos que el crédito de 30 Millones concedido inicialmente a PUERTA ORO TOLEDO tenía un plazo de dos años. La Caja de Hernández Moltó, supongo que tras ver que el asunto se complicaba, renovó la hipoteca el 15 de marzo de 2007 por otros dos años más. Entonces, de esos treinta millones no se había pagado ni un céntimo pero, no obstante, Hernández Moltó no exigió nuevas garantías, no penalizó a la empresa de Pedro Román y no tuvo inconveniente alguno en dilatar el plazo de vencimiento hasta el pasado 15 de marzo de 2009.

Con el «negocio» de Alcalvín paralizado y con CCM en situación de quiebra tratando de que UNICAJA se haga cargo de sus despojos, podía pensarse que Hernández Moltó ejecutaría la hipoteca impagada y trataría de resarcir a la Caja, al menos en parte, de la pérdida de los 30 Millones que él, con tanta temeridad, había causado.

Sin embargo, lo que ha sucedido ha sido todo lo contrario. Hernández Moltó y los actuales consejeros de la entidad, en un nuevo alarde de largueza han vuelto, por tercera vez, a renovar la hipoteca que en el 2005 concedieron al «malayo» Pedro Román, a Juan María López Alvarez y a los demás.

El informe de Pricewaterhouse ratifica el «agujero» de 3.000 Millones en Caja Castilla-La Mancha

Barreda junto a Hernández Moltó, que ahora pretende una vicepresidencia tras la absorción de CCM
Barreda junto a Hernández Moltó, que ahora pretende una vicepresidencia tras la absorción de CCM

El Confidencial publica hoy el artículo de Jesús Cacho que reproduzco a continuación. Por su parte, El Mundo, desvela que Hernández Moltó consiguió prestar 100 Millones de Euros a MARTINSA-FADESA en vísperas de la quiebra de ésta.

Cotizalia/Jesús Cacho

El informe preliminar de PwC sobre CCM ratifica un agujero de 3.000 millones

Pricewaterhouse Coopers (PwC) hará hoy entrega del informe preliminar sobre la revisión completa que está efectuando de las cuentas de Caja Castilla La Mancha (CCM) cerradas a 31 de diciembre de 2008, en el marco del acuerdo de fusión por absorción de la caja manchega por Unicaja aprobado por los consejos de ambas entidades. De acuerdo con fuentes conocedoras de la operación, la revisión de las cuentas de CCM se está efectuando «a distancia», desde la sede operativa que Unicaja tiene en la calle Caballero de Gracia de Madrid, puesto que el presidente de CCM, Hernández Moltó ha impuesto que no se realizara en la sede social de Cuenca.

Para abordar esta revisión, PwC se ha servido de la información suministrada por los Servicios de Supervisión del Banco de España, complementada por la suministrada por el Área de Planificación y Control de Gestión de CCM que dirige Juan Manuel Díaz Crespo. Fuentes próximas al Banco de España aseguran que este primer informe de PwC, que será completado en días sucesivos, ratificará la magnitud del «agujero» patrimonial de la caja castellano manchega que ya fijó en enero en no menos de 3.000 millones de euros, en un informe de la misma PwC efectuado a petición de la aragonesa Ibercaja, y del que en su día dio cuenta este diario.

Diario El Mundo de 23 de marzo de 2009
Diario El Mundo de 23 de marzo de 2009

Con semejante agujero, la operación Unicaja-CCM se pone muy cuesta arriba si tenemos en cuenta que el Banco de España, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, sólo ha comprometido 500 millones de euros en ayudas a la Caja resultante, cantidad con la que ésta no alcanzaría ni de lejos el reequilibrio patrimonial. Y es que la diferencia existente entre el déficit patrimonial de CCM (los citados 3.000 millones), y las ayudas ofrecidas por el Banco de España-FGD (500 millones) es, como mínimo, de 2.500 millones de euros, cantidad equivalente a los fondos propios que Unicaja contabilizaba al cierre del ejercicio 2008; es decir, que la entidad resultante de la fusión nacería con un coeficiente de solvencia cero.

Lo cual es tanto como decir que la integración de ambas Cajas se llevaría a cabo a costa de la solvencia de Unicaja, un sacrificio en todo caso inútil puesto que la caja resultante no alcanzaría el mínimo coeficiente de garantía exigido. Consecuentemente, la «brillante» operación de rescate ideada por el PSOE-Banco de España no sólo no arreglaría el desfase patrimonial de CCM, sino que pondría a Unicaja al borde del abismo. ¿Qué beneficio, si alguno, y a favor de quién, reporta esta fusión en semejantes condiciones?

Las reacciones políticas no se han hecho esperar antes incluso de que PwC entregue su primer informe. Seguramente porque ya conoce -bien a través del Banco de España o del propio Braulio Medel, presidente de Unicaja- las líneas maestras de ese informe preliminar, Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, manifestó el pasado martes en Málaga que «no puede producirse una carga sobre Unicaja que no pueda ser soportada y que perjudique a los intereses de los ahorradores y de los depositantes de la entidad».

Conviene aclarar que el verdadero interés del presidente de la Junta andaluza no es salvar CCM de la quiebra, sino hacer realidad su viejo proyecto de fusión Cajasol-Unicaja, como punto de partida de una hipotética Gran Caja única andaluza. En estas circunstancias, ¿será capaz, víctima de las presiones del PSOE a nivel nacional, de sacrificar la solvencia de Unicaja para tapar las responsabilidades de la desastrosa gestión socialista en CCM, renunciando con ello a hacer realidad esa caja única que lleva años auspiciando?

En el mismo sentido se ha pronunciado Javier Arenas (PP), al manifestar en Granada y en la misma fecha que «las conversaciones entre la caja andaluza y la manchega, por una decisión política, no pueden acabar en un perjuicio de la saneada económicamente», lo cual parece adelantar un escollo difícilmente salvable para la operación. Y es que el PSOE no podría alcanzar la mayoría cualificada en las asambleas generales de ambas cajas sin los votos de los representantes del Partido Popular. En cuyo caso, el vodevil solo habría servido para una cosa: para diferir la solución del desequilibrio patrimonial de CCM, haciendo que su saneamiento cueste más dinero al Estado por cualquiera de las vías posibles.

Quiebra Global Cartera de Valores. Un nuevo golpe para Domingo Díaz de Mera y Caja Castilla-La Mancha

Domingo Díaz de Mera celebrando algo junto a José María Barreda
Domingo Díaz de Mera celebrando algo junto a José María Barreda

El Juzgado de lo mercantil nº 1 de Madrid ha declarado en concurso voluntario de acreedores a GLOBAL CARTERA DE VALORES, la empresa que reúne en su consejo a Domingo Díaz de Mera, los hermanos Antonio e Ignacio Barco Fernández, a Luis Delso, presidente de ISOLUX y a CCM.

Según informa la Agencia EFE, la sociedad será liquidada debido a la situación irrecuperable en la que se encuentra al acumular deudas próximas a los 290 Millones de Euros (48.251.940.000 de Pts.)

Esta quiebra es una consecuencia más del desembarco de Luis Portillo en INMOBILIARIA COLONIAL. En esa operación, junto al sevillano de Dos Hermanas venido a peor fortuna, participaron constructores estrechamente ligados a José María Barreda como Aurelio González Villarejo y el propio Domingo Díaz de Mera, pero también otros personajes como Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-97 que se ha visto relacionado con el Caso Malaya a través de su intervención en el Plan Parcial Torre del Rame, donde participó en la venta de suelo a Enrique Ventero Terleira, imputado y detenido en la citada operación el cual, a su vez, está asociado en ese mismo negocio con CAJA CASTILLA-LA MANCHA.

Sin duda, en el desmoronamiento de la sociedad de Domingo Díaz de Mera también tiene notable influencia la ruinosa situación del Aeropuerto de Ciudad Real y del complejo urbanístico «El Reino de Don Quijote» al que ni la presencia de ese aeropuerto, ni la aprobación por parte del Gobierno de Barreda de una estación del AVE, han podido sacar de la situación crítica en la que se encuentra.

Por otro lado, la quiebra de GLOBAL CARTERA DE VALORES viene a ser un nuevo golpe, ya veremos si definitivo, a la agónica situación de CCM, que al ritmo al que se están produciendo los acontecimientos, bien pudiera verse abocada a la intervención antes de que se consume la fusión con UNICAJA.

Lo acuciante de la situación de la Caja (hace dos días, sin ir más lejos, venció la hipoteca de 30 Millones de Euros que CCM le tenía concedida a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del malayo Pedro Román Zurdo y de su socio Juan María López Alvarez) Estaría en el trasfondo de la comunicación hecha hoy por UNICAJA según la cual, se espera que la auditoría de CCM esté terminada a finales de esta misma semana.

¿Es o ha sido CCM instrumento de financiación de la corrupción inmobiliaria?

Diario El Mundo, 16 de marzo de 2009
Diario El Mundo, 16 de marzo de 2009

La respuesta a la pregunta de si CCM ha servido o aún sirve como instrumento financiero de una red de corrupción o de negocios corruptos, la tendrán que dar los tribunales cuando los hechos, como parece más probable cada día que pasa, que han llevado a CAJA CASTILLA-LA MANCHA a su actual quiebra, sean sometidos al escrutinio de los Tribunales.

Lo que hasta ahora conocemos es una acumulación notable de coincidencias que levantan vivas sospechas y hacen que crezca, día a día, la presunción de que en el estado actual de CCM concurre algo más que una imperdonable negligencia.

En este sentido, la información que hoy publica El Mundo es especialmente significativa. Según este periódico, que cita un informe de la Inspección del Banco de España, estos serían los créditos concedidos por CCM a constructores cercanos o que mantienen pública y notoria amistad con Barreda:

Aurelio González Villarejo disfruta de 220 Millones de Euros (36.604.920.000 de Pts.) Este dinero fue utilizado, en su mayor parte, para acompañar a Luis Portillo en su apresamiento de INMOBILIARIA COLONIAL, entre otros, junto a Domingo Díaz de Mera y Juan Gracia Jiménez (relacionado en Murcia con el malayo Ventero Terleira y, presuntamente, con Juan Antonio Roca en el Plan Parcial Torre del Rame.

González Villarejo también es uno de los constructores relacionados con el PAU de las 24.000 viviendas y el soterramiento de la vía férrea en Illescas (Toledo) y con los PAUs de las Montanillas en Carranque, igualmente de la provincia de Toledo.

Enrique Ventero Tereleira, es decir, VEMUSA y asociadas, debe a CCM la discreta cantidad de 101 Millones de Euros (16.804.986.000 Pts.). Ventero, además de deudor de la Caja, es socio de ésta. Recordemos a Juan Tomás Vidal y a José Luis Rodríguez Holgado, hombres de confianza de Hernández Moltó, en el consejo de administración de LAS LOMAS DEL POZUELO, en Los Alcázares, escenario de la Operación Ninette, donde son vecinos de Juan Antonio Roca. Recordemos también que Enrique Ventero Terleira fue detenido durante la Operación Malaya y está en libertad bajo una de las fianzas más altas del caso. Recordemos, igualmente, que Ventero participa entre otros muchos negocios, en el asunto de los terrenos del Vicente Calderón y de la fábrica de cervezas Mahou, junto al prófugo indultado Marc Rich y junto a los herederos de Jesús Gil.

Domingo Díaz de Mera, constructor y magnate de la prensa regional
Domingo Díaz de Mera, constructor y magnate de la prensa regional

Domingo Díaz de Mera debe a CCM, por un lado, 110 Millones de Euros (18.302.460.000 de Pts.) Por otro, a través de la instrumental GLOBAL CONSULTING PARTNERS en donde participa con los hermanos Barco Fernández y con Román Sanahuja, debe 163 Millones de Euros (27.120.918.000 de Pts.). Este constructor ciudadrealeño, además de ser amigo declarado de Barreda, está imputado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, por el caso El Monte y, en concreto, por la venta a precio artificiosamente disminuido, según la Fiscalía, de las acciones que esta caja tenía en HC.

Ignacio Barco Fernández, además de ser un socio habitual de Domingo Díaz de Mera, debe por su cuenta a CCM unos 343 Millones de Euros (57.070.398.000 Pts.). De momento Ignacio Barco no está imputado en ninguna causa abierta, sin embargo aparece relacionado, aunque indirectamente, con la Finca de Bargas propiedad de PUERTA ORO TOLEDO, sociedad en la que participan el malayo Pedro Román Zurdo, su socio y también socio de Roca, Juan María López Alvarez, SACYR VALLEHERMOSO y la mercantil SEROBE XXI.

Concretamente la constructora UFISA INVERSIONES está administrada por Ricardo López Rivera y por Santiago Mateo Sahuquillo quien también es un socio habitual de Domingo Díaz de Mera y de Ignacio Barco Fernández.

Esta mercantil, UFISA, hizo público el 29 de agosto de 2005 el PAU sobre la finca Alcalvín Bajo, en Bargas, adquirida, meses antes, por PUERTA ORO TOLEDO, es decir, por Pedro Román, por Juan María López Alvarez, etc. Posteriormente, UFISA intentó desistir de su condición de agente urbanizador de Alcalvín por lo que se tuvo que enfrentar a un pleito interpuesto por el Ayuntamiento de Bargas, regido por Gustavo Figueroa Cid que además es vicepresidente de la Diputación de Toledo y mano derecha de José Manuel Tofiño Pérez, el presidente de dicha diputación y alcalde de Illescas. Finalmente, la propia PUERTA ORO TOLEDO se hizo cargo de ese PAU el día 20 de abril de 2006.

Román Sanahuja, el mismo que acaba de perder METROVACESA, tiene créditos concedidos por CCM que ascienden a 121 Millones de Euros (20.132.706.000 Pts.). Además, se encuentra imputado, junto a Domingo Díaz de Mera, José María Bueno Lidón y José Selfa de la Gándara, por el caso El Monte o Cajasol, al que ya he hecho referencia antes.

Antonio Miguel Méndez Pozo a su salido de la prisión de Burgos
Antonio Miguel Méndez Pozo a su salido de la prisión de Burgos

Antonio Miguel Méndez Pozo, otro de los que públicamente muestran su amistad y cercanía con José María Barreda, también ha sido agraciado con créditos de la CCM por valor de 115 Millones de Euros (19.134.390.000 Pts.). Méndez Pozo es hoy un reconocido empresario de la construcción y de la prensa regional que casi ha hecho olvidar su condición de condenado a prisión por el «Caso de la Construcción de Burgos».

Actualmente, no sólo participa en negocios ruinosos como el del Aeropuerto de Ciudad Real, sino también en otros menos conocidos como el del PAU que comparte en Cuenca, en las proximidades del apeadero del AVE, con el consejero del PP en CCM, Germán Chamón, el mismo que, rompió la disciplina de su partido y permaneció junto a Hernández Moltó en el Consejo de la Caja.

Así se podría seguir, según El Mundo, hasta un máximo de 20 constructores que acaparan en créditos 3.136 millones de Euros, medio billón largo de pesetas. Los citados aquí son, sin duda, los más significativos y los de mayor relevancia en lo que se refiere a la cuantía de la deuda y a la cercanía al poder político de Toledo, pero hay otros que a pesar de no acaparar cifras tan fabulosas, merecen ser tenidos en cuenta.

Jesús Mª G. Peinado, socio de Peyber y Villa Romana Golf
Jesús Mª G. Peinado, socio de Peyber y Villa Romana Golf

En Carranque, Toledo, la mercantil VILLA ROMANA GOLF, de la que es socio el amigo íntimo del alcalde Pompa, a la par que aparejador municipal (en excedencia últimamente) Jesús María G. Peinado está participada en un 25% por CCM.

Esta sociedad, que se alzó con la concesión del PAU del campo de golf de ese pueblo en un tiempo récord y en medio de las fiestas de navidad, tiene dos líneas de crédito concedidas por CCM que juntas ascienden a 9.500.000 € (1.580.667.000 Pts.) de los que ya ha dispuesto de 9.450.172,54 €.

En los terrenos del campo de golf de Carranque aún no se ha movido una piedra de su sitio. Es más, con la plena comprensión del alcalde Pompa (que, por cierto, tiene causa penal abierta por la concesión de ese mismo PAU) La mercantil VILLA ROMANA GOLF ha conseguido que el Ayuntamiento le aplace, sin garantías y sin intereses, cerca de tres millones de euros en distintas tasas e impuestos, a más de tener por no aprobado definitivamente el PAU, lo que permite a la empresa de CCM y del aparejador municipal, retrasar el pago a los propietarios de suelo que comprometieron sus terrenos mediante contratos de arras.

Mil seiscientos millones de pesetas no son veinte mil, ni once mil, ni diecinueve mil millones, pero no hay que restar valor a esa cantidad.

Tampoco deben caer en el olvido los 40 millones prestados a Roca en Murcia, los millones que hayan sido, no pocos sin duda, los prestados a este mismo Roca para que comprara el Palacio de Saldaña o los 30 millones prestados a Pedro Román Zurdo, Juan María López Alvares y sus otros socios para hacerse con la finca de Bargas llamada Alcalvín.

Tengo la impresión de que algún que otro dignatario toledano y no toledano empieza a pensar que, quizás, no habría estado tan mal que el alcalde Pompa perdiera las elecciones de 2007.

El Economista: La constructora Hispánica, bajo sospecha judicial por el embolso de 40 millones en adjudicaciones

Francisco Correa, antes y después de venir a peor fortuna
Francisco Correa, antes y después de venir a peor fortuna

La empresa CONSTRUCTORA HISPÁNICA ya había aparecido en Notitia Criminis relacionada con el Hospital del Tajo, con la «trama vasca» y con las actuaciones en Aranjuez de CCM. También, relacionado con la misma entidad, El Economista publicó el pasado día 14 el siguiente artículo:

Alejandra Ramón | 8:28 – 14/03/2009

La constructora Hispánica, investigada por Gürtel, se ha embolsado 40 millones en adjudicaciones de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo y Comunidad de Madrid. Además, fue la adjudicataria de los 48,4 millones para la ampliación del Hospital Costa del Sol en Marbella.

El lunes agentes de la Policía Judicial irrumpieron en la sede de Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte, en el marco de la operación Gürtel, para recabar información sobre la adjudicación a la Constructora Hispánica de la construcción del Parque del Deporte y la Salud en la localidad por casi 30 millones de euros, la inversión más importante del consistorio.

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Boadilla: presuntas irregularidades

Se eligió su oferta a través de un informe realizado por un cargo de confianza, Tomás Martín Morales, del ex alcalde, González Panero, que le otorgaba casi cinco puntos más que a su rival, Sacyr, preferida por los funcionarios municipales que realizaron otro informe paralelo. Baltasar Garzón, instructor del caso, acusa a Tomás Martín de ser el intermediario entre la empresa y el consistorio y le acusa de haber recibido dádivas por valor de 600.000 euros.

La empresa favorecida no sólo recibió jugosos contratos en Boadilla. Sus redes se extendían por más localidades de la sierra norte madrileña. Especialmente en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, cuyos Consistorios también se han visto envueltos en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, cabecilla de la organización. También fue escogida por varias consejerías de la Comunidad de Madrid, otro de los focos de atención de la Operación Gürtel.

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Otras adjudicaciones

Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez
Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez

En un año, de 2007 a 2008, la Constructora Hispánica fue la adjudicataria de dos contratos en Pozuelo y uno en Majadahonda por un importe total de 5,5 millones de euros.

En concreto, fue la elegida a través de un concurso abierto ordinario para realizar las obras de acondicionamiento de pavimentación y servicios en la lujosa urbanización La Cañada a las afueras de la localidad por 1,2 millones de euros. Por el mismo procedimiento fue escogida por el consistorio para encargarse del mantenimiento integral de la pavimentación y reparación de la red de saneamiento por un importe de 3,2 millones de euros desde el 31 de marzo de 2008.

En Majadahonda, resultó adjudicataria, en julio de 2008, por el mismo procedimiento administrativo, de las obras de red de pluviales de los viales de la urbanización Los Negrillos, presupuestado en 1 millón de euros.

Durante 2007 también fue escogida por la Comunidad de Madrid para realizar proyectos por un valor de 4,3 millones. Por el procedimiento de concurso abierto ordinario la consejería de presidencia de la Comunidad de Madrid le adjudicó a través de la empresa pública Arpegio las obras de la pista de atletismo y un campo de fútbol en una parcela municipal de Paracuellos del Jarama, localidad a las afueras de la capital por algo más de un millón de euros. Por otro lado, el servicio madrileño de salud de Atención Primaria escogió a la constructora para el mantenimiento en general de edificios, el importe de adjudicación era de prácticamente medio millón de euros.

Por el procedimiento negociado fue la encargada de realizar las obras de la variante de la polémica carretera comarcal M-501 a su paso por Pelayos de la Presa por una cantidad cercana al millón de euros. La consejería de transportes e infraestructuras fue la encargada de escoger la mejor opción de las presentadas para este proyecto. Y, por último, con carácter de urgencia fue la elegida, nuevamente por Arpegio, para encargarse de las obras de la estación de bombeo y nuevo colector entre el margen derecho de la nacional VI y la línea de ferrocarril Madrid-Irún, por un importe total de 2,1 millones.

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Costa del Sol

Bono junto a Antonio Barrientos, protagonista del caso Astapa
Bono junto a Antonio Barrientos, protagonista del caso Astapa

Pero sin lugar a dudas el mejor contrato de todo lo obtuvo en la Costa del Sol y en concreto en Marbella. En junio de 2007 la Constructora Hispánica a través de la UTE formada con la sociedad Inabensa se hizo con las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol con un presupuesto base inicial de 48,4 millones de euros.

La sociedad comenzó a realizar los trabajos necesarios para la construcción de un nuevo edificio de hospitalización y consultas externas, aparcamiento subterráneo e infraestructuras complementarias en el recinto del Hospital Costa del Sol en julio del año pasado. Con la concesión la UTE será la encargada, además de la explotación parcial de infraestructuras. La ampliación que se encuentra actualmente en construcción permitirá al Hospital disponer, una vez finalizadas las obras, de 550 habitaciones, 150 de las cuales, serán individuales.

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Relación con Astapa

De esta forma, la ahora investigada constructora Hispánica se ha embolsado en prácticamente un año un total de casi 40 millones de euros en obras adjudicadas desde los Ayuntamientos que actualmente están implicados en la Operación Gürtel que, de momento, cuenta con 37 imputados aunque todavía no han concluido las actuaciones. A esta cantidad hay que añadir los 48,4 millones de ampliación del Hospital del Sol de Marbella cuyo Ayuntamiento ha protagonizado el mayor caso de corrupción destapado en nuestro país y del que una pieza separada del sumario provocó la apertura de la Operación Astapa.

La relación con Gürtel queda acreditada a través del empresario José Romero, imputado por la corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Estepona. El dueño del Grupo Prasa y de Sanyres, según las grabaciones hechas públicas, iba a proporcionar al cerebro de la trama destapada por Garzón, Francisco Correa, «ganar un pastón». Además, en Gürtel también aparece como imputado el ex edil de Estepona Ricardo Galeote.

CCM: Tres mil millones de euros irrecuperables, las Islas Caimán y la “salida honrosa” de Hernández Moltó y sus hombres de confianza

Diario El Mundo
Diario El Mundo

El pasado lunes 9 de marzo, Carlos Segovia publicaba en El Mundo un artículo titulado «los créditos perdidos de CCM«. En total, según la Dirección General de Inspección del Bando de España, la cuantía de tales créditos superaría de largo el medio BILLÓN de Pts. Ese medio billón consumiría todos los activos de la Caja y, aún así, faltarían entre 900 y 1.000 millones de Euros.

En tal situación, según informa el mismo periódico, Hernández Moltó, el mismo que antaño hiciera de Inquisidor Mayor, martillo de herejes y azote de brujas ante un ya agónico Mariano Rubio, está negociando una «salida honorable» para él y sus hombres de confianza en la nueva entidad que surja cuando UNICAJA consume la absorción de CCM.

La lista del «círculo de confianza» de Hernández Moltó, la podemos hacer aquí con bastante exactitud: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, no sólo miembros del consejo de administración de VILLA ROMANA GOLF en Carranque, sino también «socios» del malayo Enrique Ventero; José Luis Rodríguez Romo; Jesús Dionisio Ballesteros; Petra Mateos Aparicio-Morales; Alejandro López Hernández; José Miguel Físico Cabañas; Florencio Fernández Gutiérrez, alcalde de Urda (Toledo) y alguno que otro más, desde luego no muchos más.

Esta tropa de personajes, con Hernández Moltó a la cabeza, son los responsables de fiascos, habrá que ver si imprudentes o dolosos, como los del Aeropuerto de Ciudad Real (fracaso que ahora, Barreda, quiere paliar mediante una modificación ad hoc de la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha) El del «Reino de Don Quijote» o el asalto a INMOBILIARIA COLONIAL, llevada a una de las más tempranas quiebras de la crisis actual por sujetos de la talla de Luis Portillo, Domingo Díaz de Mera, Aurelio González Villarejo, Esther Koplowitz o Juan Gracia Jiménez, todos ellos metidos, más o menos directamente, en situaciones comprometidas, como por ejemplo la del Plan Parcial Torre del Rame, en Los Alcázares, escenario de la Operación Ninette y con los «malayos» Roca y Arteche por medio; o el Caso Ibiza.

Sin embargo, si estos asuntos son los más voluminosos, Hernández Moltó y sus hombres de confianza -los demás que se libren del naufragio como su ingenio les de a entender- Los mismos que ahora negocian o mendigan, quién sabe, una canonjía discreta en la nueva Caja; han protagonizado otras calamitosas empresas muy lucrativas, naturalmente no para la Caja, sino para ciertos clientes.

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La finca de Bargas, el malayo Pedro Román y su socio López Alvarez

José María Barreda
José María Barreda

Así por ejemplo, el socio de Roca y de Pedro Román Zurdo, el salmantino natural de Güijuelo, Juan María López Alvarez, un individuo que injustamente no disfruta de la fama que merece, recibió 30 millones de Euros en un crédito hipotecario a dos años (luego novado por otros dos) sobre una finca en Bargas (Toledo) que sólo podría alcanzar algo lejanamente parecido a ese valor sin el desplome inmobiliario y sin estar el proyecto de urbanización paralizado por inviable.

Como sabemos, dicho crédito se otorgó a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, empresa en cuyo consejo de administración conviven el tal López Alvarez, Pedro Román Zurdo, Luis del Ribero (el de Sacyr y Repsol) y el hijo de López Alvarez, Juan María López Martí, que capitanea una sociedad interesantísima que gira bajo la denominación SEROBE XXI SL y que, mucho me temo, en breve llamará la atención de la prensa nacional.

El próximo día 15, vence la hipoteca concedida tan alegremente por CCM a tan señalados dignatarios y, con toda probabilidad, la Caja se encontrará con una espléndida finca rústica de tres millones de metros cuadrados bordeada por el Guadarrama y con 30 millones menos en su cuenta de resultados.

Ahora bien, que CCM no consiga recuperar el crédito, no quiere decir, que ese dinero haya desaparecido. El dinero, en términos parecidos a los de la energía, ni aparece ni desaparece, sólo cambia de bolsillos y los bolsillos en los que esos treinta millones están son en los de un inquietante personaje nacido en Buenos Aires, llamado Juan Francisco Lata Ríos, en los de Pedro Román, en los de «Juanmari» -como le llamaba familiarmente Montserrat Corulla- López Alvarez, en los de Luis del Ribero y en los de… Este dato, de momento, me lo callo, para no estropearle la exclusiva a nadie.

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Las Cabezadas de Aranjuez

Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez
Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez

Otro caso curioso, que igualmente sirve de ejemplo para ilustrar los criterios profesionales de Hernández Moltó y de los otros que ahora «negocian» una «salida honorable», es el de LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ. En esta sociedad, que pretendía o dijo pretender, edificar 7.000 pisos al calor del «Canal de Remo» que se iba a construir para las olimpiadas en esa ciudad, ISOLUX CORSAN participa con un 40% y CCM con un 60%.

El dato, de por sí, resulta equívoco porque CCM, a su vez, también tiene una fortísima participación en ISOLUX, pero siguiendo su plan habitual, el inicio de la tramitación para expropiar las huertas de la rivera del Tajo, no la inició CCM, sino ISOLUX, pasando después la Caja a pagar a dicha empresa la friolera de 60 millones de Euros por participar en el negocio.

Lo que ocurre es que esos 60 millones se pagaron a una entidad que no era aún propietaria del suelo, un suelo que, además, ni siquiera tenía aprobado el correspondiente PAU. Es decir, Hernández Moltó autorizó el pago de 10.000 millones de Pts. sobre la única y exclusiva base de la aprobación inicial del PAU por el Ayuntamiento de Aranjuez, primer trámite de una larga serie de ellos.

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Constructora Hispánica, la trama vasca y el Caso Gürtel

Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel
Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel

En la actualidad, el de Las Cabezadas de Aranjuez es un proyecto paralizado y los 60 millones de Euros han desaparecido de las arcas de CCM y han reaparecido en las de ISOLUX CORSAN. Esta última sociedad, como casi todas en las que participa CCM, llama poderosamente la atención por muchos motivos. Uno de ellos es que está asociada a CONSTRUCTORA HISPÁNICA y esta última, a su vez, tiene el 10% de PROMOCIONES TAVINOVA SL.

Por su parte, PROMOCIONES TAVINOVA tiene en su accionariado a la mercantil VITANOVA PROMOCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL y en el Consejo de Administración de ésta figuran, como consejero CONSTRUCTORA HISPÁNICA, como Consejero Delegado Luis Fernando Linares Torres y como consejera María Eugenia Yeregui Kinkel.

El letrado Luis Fernando Linares Torres ha conocido recientemente la cárcel y el frío tacto de los grilletes en sus muñecas puesto que fue detenido, y está imputado, a raíz de la Operación Astapa. Además, tanto Linares Torres como Mª Eugenia Yeregui han sido inscritos por la prensa en la llamada «Trama Vasca» de la Operación Malaya.

Pero aún hay más. CONSTRUCTORA HISPÁNICA también ha salido a relucir en medio del Caso Gürtel. Según informó El País el pasado día 9 de marzo de 2009, «Agentes de la Policía Judicial han acudido al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) para reunir documentación en el marco de la operación Gürtel que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Según fuentes consultadas por este periódico, los agentes están en la planta tercera, donde se encuentran el alcalde y el teniente alcalde, y buscan documentación de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) la Empresa de adjudicación de contratos e información sobre la CONSTRUCTORA HISPÁNICA, investigada por el magistrado por las obras del Parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte» .

Estos son sólo algunos ejemplos de los tipos de negocios en los que han intervenido Hernández Moltó y sus hombres de confianza. En ellos se percibe un claro pluralismo político que permite a CCM hacer negocios, tanto con imputados en la Operación Malaya, como con imputados o investigados en la Operación Gürtel, pero lo que ahora interesa es el valor que estos datos tienen para explicar otro hecho del que daba cuenta El Mundo en el artículo citado arriba.

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Gran Caimán

Mapa de los paraísos fiscales
Mapa de los paraísos fiscales

Según este diario, desde el año 2001 -cuando Hernández Moltó llevaba dos años al frente de la Caja- CCM utilizó una sociedad instrumental domiciliada en las Islas Caimán -uno de los más «prestigiosos» paraísos fiscales del Mundo como todo narcotraficante, terrorista, defraudador internacional o traficante de armas sabe- Para poder emitir acciones preferentes de forma rentable, es decir, libre de las obligaciones fiscales españolas.

Esto, advierte el artículo del El Mundo, no solamente no es delito, sino una práctica habitual de las entidades financieras. Ahora bien, que sea una práctica habitual de los bancos o que el motivo alegado por estos en general o por la Caja en particular, aproveche un vacío legal en el Ordenamiento español para eludir impuestos, no impide que las oficinas que CCM tenga en alguno de los bonitos y funcionales edificios de Gran Caimán, se utilicen para más cosas.

Puede que sí o puede que no, pero lo cierto es que un nutrido grupo de clientes de CCMJuan Antonio Roca o Pedro Román entre ellos- Así como el malogrado fin al que ha sido arrojada la Caja tras desviar sus inversiones a negocios que más merecerían el calificativo de «enjuagues», hace concebir ciertas sospechas, sospechas que no se difuminan, sino que se consolidan cada vez que un nuevo dato rompe el hermetismo de la cúpula de CCM y del Gobierno regional.

Los hechos empiezan a ser clamorosos y claman, no al Cielo, sino a la Fiscalía. De ahí el silencio de Barreda porque ante lo inexplicable sólo cabe el silencio o la quejumbrosa afirmación de que todo esto no tiene otro propósito que dañar a Barreda y a su Gobierno.

En esto último hay algo de verdad. Los datos dañan a Barreda y especialmente porque el último responsable de lo que ha pasado y está pasando con la Caja, no es Hernández Moltó, sino el propio José María Barreda.

No poco del fracaso que ha llevado a la quiebra de CCM se debe al trato especialmente «comprensivo» que han recibido media docena de constructores muy cercanos al Presidente. El es quien manda en CCM en virtud de la Ley de Cajas de la Comunidad, modificada en su momento precisamente para consolidar el control político del Gobierno regional sobre estas entidades híbridas.

El Economista: El caso ‘Malaya’ salpica al presidente y al director financiero de NH Hoteles

Diario El Economista
Diario El Economista

El edificio madrileño situado en la Calle Príncipe de Vergara 15 se está convirtiendo en un lugar muy interesante y uno de sus inquilinos, el salmantino Juan María López Alvarez, en un personaje no menos interesante. Le hemos visto asociado a Roca en El Angel de Tepa; implicando a la cadena hotelera NH en la «trama malaya»; en Aranjuez, un lugar que va a dar mucho que hablar; asociado con Sacyr-Vallehermoso y CCM; recibiendo un crédito de 30 millones de Euros de manos de CCM en el pueblo toledano de Bargas; y a través de NH relacionado, bien que indirectamente, con Aurelio González Villarejo y con Domingo Díaz de Mera. Sin duda nos le volveremos a encontrar. De momento, hoy, El Economista publica el siguiente artículo:

Gabrielle Burgio y Roberto Chollet participan en una sociedad junto al testaferro de Roca

El juez investiga si el imputado Pedro Román uso la firma para blanquear hasta 38 millones

Alejandra Ramón/Javier Romera

La Operación Malaya ha salpicado a la cúpula directiva de NH Hoteles. El juez instructor del caso, Oscar Pérez, reconoce en el último auto, fechado el pasado 2 de marzo, que se está investigando a la sociedad Mola 15, en la que participan tanto el presidente de la cadena, Gabrielle Burgio, como su director financiero, Roberto Chollet, junto a Pedro Román, testaferro de Juan Antonio Roca, responsable de urbanismo de Marbella y cerebro de toda la trama de corrupción.

La investigación se lleva a cabo a partir de un informe del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), fechado a finales de 2006, según el cual Román habría utilizado dicha sociedad para el blanqueo de alrededor de 38 millones de euros. Esta cantidad corresponde a pagos realizados a la compañía por la adquisición de viviendas.

El edificio de Príncipe de Vergara, 15. ¿Una guarida en el centro de Madrid?
El edificio de Príncipe de Vergara, 15. ¿Una guarida en el centro de Madrid?

Mola 15, propietaria de un inmueble en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid, se constituyó en mayo de 2003. Burgio y Chollet, que actúa como consejero delegado, tenían cada uno un 25 por ciento y el resto quedaba en manos de Juan María López, que aparece también citado en varias ocasiones en el sumario del caso. Tan sólo un mes después de la creación de la firma, hubo una ampliación de capital. El accionariado, según el Sepblac, quedó integrado además de los socios fundadores, por Vallehermoso Promociones y dos sociedades controladas por Román, Veram, de nacionalidad suiza, e Inversiones Paduana, española.

Conclusiones del Sepblac

En las conclusiones del informe remitido al juez instructor del caso, el Sepblac concluye que «Pedro Román, vinculado con investigaciones relacionadas con delitos de naturaleza económica, a través de sus dos sociedades, habría adquirido unos inmuebles por los que habría pagado todo o parte de una importante cantidad». Por eso, se afirma que «el hecho de utilizar en una de las operaciones a una sociedad suiza que remite fondos desde aquel país para el pago de suscripción de las acciones, establece una clara posibilidad de que los hechos estén relacionados con supuestos blanqueos de capitales».

El titular del juzgado de instrucción número cinco de Marbella, al que se le remite toda la información, asegura ahora en su auto que «en el ejercicio 2004 existe una venta de inmueble de Mola 15 a Veram por importe de 1,8 millones», pero advierte que «no existe en la base de datos de la Agencia Tributaria en ese ejercicio entrada de fondos procedente de Suiza, y por la misma razón tampoco ha podido proceder el dinero de cuentas españolas de no residentes». El juez, que sí que ha podido comprobar, las transferencias realizadas desde Suiza para la ampliación de capital de Mola 15, mantiene por ello abierta la investigación. Gabrielle Burgio ha reconocido a el Economista su participación en el accionariado de esta firma e incluso la venta de pisos a Román. No obstante, insiste también desconocer por completo lo que el testaferro de Roca pueda haber hecho con la firma. «Chollet y yo pensamos en comprar un piso en el inmueble y nos convencieron para entrar como socios en la firma, pero no tengo ni idea de lo que pueda haber hecho Román», ha asegurado a el Economista. Aunque en este caso no hay ninguna investigación abierta, NH creó también otra empresa a partes iguales con Juan María López, destinada a la decoración: NH Domo, que según la hotelera, «está inactiva».

Lista de invitados a la fiesta de Roca, con Corulla y Heraclio López en la mesa 9
Lista de invitados a la fiesta de Roca, con Corulla y Heraclio López en la mesa 9

La relación de la organización que controlaba Roca con NH está documentada además con conversaciones grabadas a Montserrat Corulla, otra de las testaferros del cerebro de la trama, y el director de expansión de la cadena hotelera, Heraclio López Sevillano. En estas conversaciones, recogidas en el sumario del caso, queda muy claro que ambos interlocutores hacían de intermediarios, al menos en uno de los negocios detallados. Corulla era la representante de Juan Antonio Roca y López Sevillano hablaba en nombre de la cadena hotelera.

En las conversaciones se deja claro que NH estaba dispuesto a firmar un contrato de compra para adquirir el frontón Beti Jai para construir un hotel. Los dos intermediarios, según las conversaciones transcritas, tenían previsto repartirse tres millones de euros en comisiones. La operación no se llevó a cabo porque se precipitaron las detenciones de los principales cabecillas de la trama corrupta y todo quedó en el aire.

A lo largo de todas las conversaciones transcritas en el sumario se observa como su relación pasa de ser comercial a reflejar una auténtica amistad.

La confidencialidad entre ambos intermediarios llega a tal extremo que en una de las suntuosas fiestas que habitualmente daba Juan Antonio Roca en alguna de sus fincas fueron colocados en la misma mesa, la nueve. La buena sintonía entre ambos les llevó incluso a compartir confidencias y vacaciones junto con sus compañeros sentimentales. La corrupción en Marbella le puede acabar costando un disgusto a la cadena hotelera que preside Burgio

CCM y Unicaja anuncian su acuerdo de fusión, un manto de invisibilidad para el Portador de Secretos Hernández Moltó

Diario El Mundo de 3 de marzo de 2009
Diario El Mundo de 3 de marzo de 2009

En abril de 1994, tras la comparecencia del ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio en la comisión de investigación abierta en el Congreso de los Diputados por el caso Ibercorp, Pedro J. Ramírez publicó un durísimo artículo sobre el hasta entonces desconocido Juan Pedro Hernández Moltó, titulado «Cuando la mano de Dios ya no pasa por este perro».

El Mundo fue el periódico que destapó el Caso Ibercorp y el que, por tanto, acabó con los días de poder y arrogancia del citado Mariano Rubio. No obstante, el interrogatorio al que fue sometido por el entonces diputado Hernández, llevó a Pedro J. Ramírez a escribir lo siguiente:

«No recuerdo haber visto jamás comportarse a nadie en el Parlamento de un modo tan repelente y despreciable. Su intervención en la sesión urgente de la Comisión de Economía del viernes fue un modelo de cinismo, hipocresía y deshonestidad. Hubo tanta falacia, doblez y mendacidad en sus palabras que en algún momento llegué a sentir arcadas al escucharle. Lo peor de la vida pública quedó reflejado en su burdo oportunismo, en su inmoral huida hacia adelante, en su intolerable pretensión de camuflar sus responsabilidades bajo la pantalla de unas palabras huecas y engoladas.

No estoy hablando de Mariano Rubio, sino del portavoz socialista Juan Pedro Hernández Moltó, el hombre que hace dos años sirvió reiteradamente de alfombra al todavía poderoso gobernador del Banco de España y anteayer se ensañó con el pobre guiñapo que le pusieron delante, transgrediendo las más elementales normas de la cortesía parlamentaria. Hernández Moltó es un tipo peligroso que llegará lejos, pues quintaesencia la falta de escrúpulos del «homo felipista»: alguien capaz de pasar del sonrojante servilismo a la más descarnada invectiva, sin solución de continuidad y con la misma eficacia escénica».

No tengo ni idea de si Hernández Moltó ha llegado ya tan lejos como le es posible, ni creo que nadie pueda saberlo porque el presidente de CCM es, sobre todo, un «portador de secretos» y no es posible predecir cuándo perderá su valor la mercancía con la que carga el todabía presidente de CCM.

Juan Pedro Hernández Moltó
Juan Pedro Hernández Moltó

Muchos de esos secretos ya han sido arrojados a la plaza pública por la prensa; alguno que otro he desvelado en Notitia Criminis -y aquí, para ser ecuánime, tengo que manifestar mi reconocimiento a Alejandro Pompa, alcalde de Carranque, sin cuyo, aunque muy a su pesar, poderoso acicate y constante estímulo, esta investigación nunca habría llegado tan lejos- Pero las alfombras de los despachos de CCM guardan muchos más, tantos que sólo intuyendo que es así se puede entender que en el breve espacio de dos días se despache en precario la absorción, que no fusión, de CCM por UNICAJA.

Según informa El Confidencial, esas «negociaciones» aunque cortas, no ha sido pacíficas. Braulio Medel ha hecho un último intento de eludir el destino que le han asignado el Ministerio de Economía y el Banco de España. De hecho, el pasado viernes 27, Medel rompió las negociaciones con el Banco de España: «La resistencia de Unicaja llegó a provocar que durante toda la jornada del viernes 27 de febrero se intensificaran los contactos entre el Banco de España y la CECA (patronal de las cajas de ahorro), orientadas a la búsqueda de algún potencial candidato alternativo a la caja andaluza, según fuentes próximas al organismo supervisor. Sin embargo, ninguno de los nombres barajados satisfizo a la casa del gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez».

El resultado fue el falso anuncio de «acuerdo de fusión» que se lanzó a los cuatro vientos ayer lunes. Digo que el acuerdo fue falso, no porque fuera mentira, sino porque en realidad no fue acuerdo o, mejor dicho, era una acuerdo condicionado a la aportación por el Gobierno o por el Banco de España, del dinero necesario para tapar el «agujero» creado en CCM por Moltó y sus hombres.

En tal sentido, la imposición de Solbes, también según El Confidencial, pasa por un primer pago de 1.000 millones de euros, la permanencia de Braulio Medel al frente de la nueva Caja y la posibilidad futura de usar el Decreto de Apoyo a la Banca, que permite al Gobierno dar dinero público a las entidades financieras en quiebra o en peligro de quiebra.

Sin embargo, como también informa hoy El Mundo, la herida se ha tapado en falso y la gangrena gaseosa que ha quedado dentro aún está por salir: «El primer paso ahora será… la realización de una due dilligence (auditoría aexhaustiva) y el aseguramiento de las garantías financieras… Tras esa frase se esconde la aportación de recursos por parte del Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorros».

José Mª Barreda con Antonio Miguel Méndez Pozo, a la derecha de la foto
José Mª Barreda con Antonio Miguel Méndez Pozo, a la derecha de la foto

Sin embargo, como ese Fondo -en estos momentos su dotación ronda los 4.500 millones de euros- sería engullido en su práctica totalidad por el «agujero» de CCM, se está pensando en dos posibilidades: «por un lado -se dice en el artículo de El Mundo- que el Banco de España adelante dinero… que posteriormente le sea devuelto; por otro, utilizar el punto del decreto de apoyo a la banca que permite al Gobierno inyectar capital en entidades en dificultades».

En definitiva, que puesto que nada está hecho, ni la auditoría, ni la localización del dinero con el que se ha de tapar el socavón de CCM, el anuncio ayer del «preacuerdo» o del «principio de acuerdo», sólo puede tener como objetivo presentar ante la opinión pública unos supuestos hechos consumados que terminen con el escrutinio al que está siendo sometida la actuación de Juan Pedro Hernández Moltó y de José María Barreda, porque el único objetivo cierto que puede tener la absorción de la Caja, no es ahorrar dinero público, ya que el Gobierno tendrá que pagar la negligencia o el dolo de Moltó y Barreda; ni asegurar los puestos de trabajo de los empleados de la Caja, que no estarían ni más ni menos inseguros con la absorción que con la intervención; sino proteger al «portador de secretos», a los secretos en sí mismos y, sobre todo, a los protagonistas de esos secretos.