Castilla la Mancha, el reino del obsceno saqueo

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Hoy El Mundo publica una noticia, acompañada de la correspondiente factura, que no por esperada, deja de arrojar luz sobre el obsceno saqueo que ha sido practicado sistemáticamente a la sombra de los gobiernos de Bono y Barreda en Castilla la Mancha.

Caja Castilla la Mancha, regida por el ahora imputado Juan Pedro Hernández Moltó, amigo de Bono desde los tiempos del colegio de jesuitas, organizaba viajes de lujo, gratia et amore, para sus consejeros, directivos y políticos de cobertura, como el propio José María Barreda. Ahora, una de las facturas de esos viajes ha salido a la luz.

En 2001 unos 144 directivos y consejeros de la Caja fueron agasajados con un viaje a Egipto. Dicho viaje, de cinco días de duración, costó 54 Millones de Pts. y en “extras”, sobre todo anotados a la cuenta de restaurantes de lujo, la quebrada CCM pagó más de tres millones y medio de Pts., de las cuales un millón setecientas mil pesetas fueron en bebidas.

Dado que de los invitados al viaje, “sólo los consejeros y un reducido grupo de gestores tenía permiso para ‘pasar’ a la caja la factura de los gastos extras realizados durante el viaje”, la insultante procacidad adquiere proporciones de acto propio de canallas.

El hecho o el conjunto de hechos similares no son nada comparados con los cientos de millones de Euros “perdidos” en el aeropuerto de Ciudad Real; o en la financiación al “malayo” Luis Portillo, a Aurelio González Villarejo, a Domingo Díaz de Mera, etc. en su asalto a Inmobiliaria Colonial; o a los doscientos millones prestados a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo o a Enrique Ventero Terleira, todos ellos estrellas que brillan con luz propia en el caso Malaya, pero da idea de la calaña de quienes, con vientre diez veces insaciable, gustan de lo mucho con tanta voracidad como de lo poco.

No obstante, insulta a la razón, la atropella, el silencio que se guarda, precisamente, sobre los cientos de millones con los que CCM ha financiado a la “organización criminal” –cito textualmente el auto de imputación del Juzgado nº 5 de Marbella– de Juan Antonio Roca Nicolás y sus secuaces.

Uno de los episodios, no el menos lacerante, es el de la finca Alcalvín de Bargas (Toledo). Adquirida en extrañas circunstancias a un argentino –Juan Francisco Lata Ríos, primero señorito de compañía de una adinerada y anciana viuda, propietaria de la finca, y luego su marido– por Pedro Román, Juan María López Alvarez y por una sociedad del prestigioso bufete Cuatrecasas.

Como ya se ha dicho aquí, CCM concedió a PUERTA ORO TOLEDO, sociedad participada por todos esos, un crédito de 200 Millones de Euros garantizados con una finca cuyo proyecto de urbanización ya había sido calificado por Medio Ambiente como “inviable”. Ese crédito se renovó, sin que se hubiera liquidado un céntimo de él, en dos ocasiones, la última días antes de la intervención de la Caja.

La operación es en sí misma tan aberrante que una vez que el Juzgado nº 5 de Marbella tuvo conocimiento de ella, dio orden a la UDYCO de investigar los tentáculos del caso Malaya en Toledo. Dicha investigación, no obstante, se ha ahogado debido a la falta de jurisdicción del citado Juzgado en Castilla la Mancha. Sin embargo, ahora que Hernández Moltó está siendo investigado por la Audiencia Nacional cabría esperar que estos hechos volvieran, con carácter prioritario, a la mesa del Juez Instructor.

No parece que sea así. Según las noticias que se conocen, la investigación del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional se está centrando en el caso del aeropuerto de ciudad real, de El Reino de Don Quijote o de las operaciones financiadas a gente como Luis Portillo o los Sanahuja.

Bien, es posible que ninguna de las acusaciones haya reparado o tenga interés en remover este tentáculo del caso CCM y es posible que la documentación relativa a estos hechos no obre en las diligencias que se siguen contra Moltó. Habrá que poner remedio a eso. Digo más, se pondrá remedio a eso.

El País remacha los clavos del cadalso preparado para Hernández Moltó y calla sobre la conexión “malaya”

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Hoy el diario El País publica un largo y documentado artículo sobre CCM y el papel de Juan Pedro Hernández Moltó en el fiasco de la Caja Manchega o quizás habría que decir mejor, en el saqueo de CCM.

La dureza de los términos de ese artículo no es lo sorprendente, es la que corresponde y es consustancial a los hechos ocurridos y a su insultante gravedad, lo sorprendente es que sea El País quien de esta manera y a escasos días de que Moltó comparezca ante la Audiencia Nacional para declarar como imputado por delitos de estafa, falsedad documental, falsedad contable, etc., adorne con alfombra roja la escalinata del patíbulo que ya está preparado para el amigo de Bono, el consigliere de su Gobierno regional, el autócrata de CCM, el antaño inquisidor de corruptos enquistados en el Banco de España, el arrogante –aunque puede que ya no tanto– Juan Pedro Hernández Moltó.

Es muy probable que a lo largo de esta mañana de domingo, a Moltó le empieze a resultar molesta la presión que ejerce el nudo de la corbata y sienta la necesidad de ahuecarse el cuello de la camisa con el dedo índice de su mano derecha o de su mano izquierda, pues el artículo de El País suena a sentencia inapelable, a condena a infamia y muerte civil, a abandono del hasta ahora protegido Moltó –recordemos que cuando ya se sabía de su imputación, hace escasas semanas, Bono aún se dejaba fotografiar saludándole efusivamente– ante las consecuencias de sus actos.

Moltó no cantará, no lo hará como no lo ha hecho ninguno de los hasta ahora cogidos en flagrante delito. Siempre hay más que perder que ganar si se delata a los poderosos por mucho que ante el recuerdo de las favores hechos y las órdenes cumplidas estos, con el cinismo que corresponde a su condición, salgan con eso de que Roma non solvet proditoribus.

Sin embargo, no es la suerte que aguarde a Moltó, ni los motivos por los que El País publica su artículo de hoy, ni la duda sobre si Moltó hablará o no hablará ante el Juez y el Fiscal de lo que sabe y de lo que ha hecho y de por orden de quién lo ha hecho, lo que llama la atención.

Lo que asombra del artículo de hoy es algo que ya viene siendo habitual desde que estalló el caso CCM. El silencio unánime de políticos y periodistas sobre el papel jugado por CCM y por Moltó en la trama de la Operación Malaya.

Nuevamente, en la relación de hechos a los que se refiere hoy El País, no hay la menor referencia a financiación con no menos de 200 Millones de Euros prestada por CCM a sujetos como Juan Antonio Roca Nicolás, Pedro Román Zurdo o Enrique Ventero Terleira.

Es cierto que en el citado artículo sí aparece una referencia al procesado en la Operación Malaya Enrique Ventero. De él se dice que ha habido “avales cruzados con la Caja de Ahorros de la Inmaculada a favor del grupo Ventero Muñoz –Ventero Muñoz, son los hijos de Ventero Terleira– que ha supuesto un fallido de 13 millones”.

Sin embargo, nadie encontrará ni una palabra sobre el procesamiento por graves delitos de corrupción presuntamente cometidos por el tal Ventero Terleira en Marbella; nadie encontrará ni una palabra de los negocios de este Ventero en Los Alcázares (Murcia) en la vecindad más estrecha de otros negocios que el “malayo” Roca también tenía en esa localidad; nadie encontrará una palabra sobre las sospechas que la UDYCO tenía de que en esos asuntos de Los Alcázares, Ventero pudiera estar actuando como testaferro de Roca; nadie encontrará una palabra sobre el hecho de que en LAS LOMAS DEL POZUELO, sociedad de Ventero con la que éste actuaba en el citado pueblo murciano, también participaba como socio CCM, representada por José Luis Rodríguez Holgado y por Juan Tomás Vidal, antiguo alto cargo de los gobiernos de Bono; nadie encontrará una palabra sobre el Palacio de Saldaña, adquirido por Roca con dinero de CCM; o sobre los préstamos a MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, empresas de Roca; nadie podrá enterarse de nada de lo relativo a la finca Alcalvín de Bargas y al préstamo inexplicable en términos lícitos, de 30 Millones de Euros concedido ahí por CCM al “malayo” Pedro Román; etc. etc.

El PSOE toledano guarda silencio sobre todos estos hechos, es lógico, pero también permanece mudo el PP. ¿También es lógico su silencio?. Las dimensiones de lo “malayo” no están ni mínimamente establecidas aún, pero esta omertà que se extiende sobre sus ramificaciones toledanas da cierta idea de cuáles son.

Por cierto, no sólo se guarda silencio sobre la implicación de CCM en las tramas “malayas”. Hay otra cosa que no se menciona –puede que porque no esté muy alejada de tales tramas– la financiación de CCM a El Pocero de Seseña.

Por supuesto, tampoco encontrará nadie ahí información sobre otro crédito fallido de no menos de 10 Millones de Euros en el campo de golf de Carranque (Toledo) donde también participaba CCM, representada por los citados José Luis Rodríguez Holgado y Juan Tomás Vidal, junto al grupo local PEYBER.

Carranque no es un lugar señalado y, además, un Juzgado de Illescas ya cerró las actuaciones seguidas por ese asunto contra el alcalde Alejandro Pompa y otros porque ninguno de ellos había tenido “conciencia y voluntad” de cometer las ilicitudes que el Juzgado no negó que existieran.

La imputación de Hernández Moltó, las zonas oscuras de CCM y las nuevas formas de corrupción

Barreda, la consejera Araujo y el imputado Moltó

Finalmente, Hernández Moltó, el “inquisidor” de Mariano Rubio, el recto hombre político que podía sostener la mirada a cualquiera, el amigo íntimo de José Bono, el ex diputado, el ex consejero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el destituido presidente de CCM; está imputado a causa de los presuntos delitos cometidos durante lo que bien se puede llamar el saco de la caja de ahorros manchega.

Esta imputación trae cuenta del informe elaborado por los inspectores del Banco de España y remitido hace algunos meses a la Fiscalía Anticorrupción. Parte de ese informe –que se puede descargar desde este enlace– se ha filtrado a la prensa y en él tienen protagonismo muy señalado los habituales nombres que llevan años merodeando por los pasillos del palacio de Fuensalida: Domingo Díaz de Mera, los hermanos Barco Fernández, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo e incluso la laureada Petra Mateos Aparicio.

Simplificando las cosas, lo que en el citado documento se destapa es la servidumbre sistemática del aparato financiero dominado por la Junta de Bono y Barreda –es decir, de CCM– hacia las operaciones de esos personajes, todos los cuales mantienen una pública, manifiesta y reconocida cercanía personal a los citados Bono y Barreda.

Coincidiendo con eso, la atención de la política regional, ante el fiasco de la Caja, se ha centrado en asuntos tan turbios como el demencial aeropuerto de Ciudad Real o el misterioso agujero de la Fundación Virtus. En menor medida y sólo debido al impulso dado a la causa por IU y especialmente por Cayo Lara, también en el caso del Pocero de Seseña, donde por no faltar, no falta ni la mafia calabresa, la ‘Ndrhangheta.

Sin embargo son más las cosas destapadas en Castilla-La Mancha y más concretamente en Toledo, que provocan una acuciante preocupación. Recordemos algunos de las más señaladas.

Allá por las postrimerías de 2006 Notitia Criminis reveló que el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, José Manuel Tofiño Pérez había impulsado un proyecto de privatización del mantenimiento de las carreteras de la provincia, del cual había resultado la concesión a una de las empresas del grupo PEYBER de una contrata de 27 millones de €. Al mismo tiempo, los propietarios del mencionado grupo crearon otra empresa –SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS– en la que participaba como socio el hijo del señor Tofiño, un joven con los estudios de arquitectura recién terminados. Denunciado el caso por IU, la Fiscalía de Toledo consideró que no había nada que investigar en este asunto. Por su parte, Tofiño y Gregorio Fernández Vaquero, otro alto cargo del PSOE toledano, se apresuraron a contratar los servicios del bufete Garrigues para intentar –inútilmente, a la vista está– silenciar a este modesto blog.

También se ha revelado aquí otro hecho que induce, inevitablemente, una viva sospecha. Se trata de la presencia en el pueblo toledano de Layos de la llamada “Trama Vasca” o “Trama Vasco-Malaya”, un enrevesado y complejísimo entramado empresarial en el cual relumbran nombres como el de Javier Arteche Tarascón –presunto testaferro de Juan Antonio Roca e imputado en piezas separadas del caso Malaya– Luis Maya Galarraga, Maria Eugenia Yeregui Kinkel, Ignacio Lasa Georgas, etc. En este caso, no sólo la Fiscalía ha considerado irrelevante el asunto, sino que toda, repito, toda la prensa, ha guardado un reverencial silencio, pudiera ser porque asociado con esos personajes aparece ahí –concretamente en la mercantil LAYOS CASA CAMPO– el apellido Oriol e Ibarra.

La generosa financiación dada por la Caja capitaneada por Hernández Moltó a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo y a Enrique Ventero Terleira, es otro de los hechos escalofriantes acaecidos en el entorno político-económico de la Junta manchega. Ya dije aquí que CCM, según documentación que consta en el sumario del caso Malaya, había financiado a Roca la compra del palacio de Saldaña en Madrid, pero también, como en su día revelaron Alejandra Ramón y Javier Romera en El Economista, CCM ha prestado a algunos de los cabecillas de la trama Malaya –entre ellos al propio Roca– no menos de 200 Millones de €. Esta circunstancia no ha merecido la atención de la Fiscalía y, parece ser, tampoco de la inspección del Banco de España o, lo que es más sorprendente, de la oposición regional.

Así mismo, y relacionado con lo anterior, ha sido mínimo el revuelo levantado por el descubrimiento de que CCM participaba en varias sociedades con el imputado en Malaya, Enrique Ventero Terleira y con el también imputado en pieza separada del caso, Luis Portillo, el artífice de la quiebra de Inmobiliaria Colonial.

No obstante, si hay un caso flagrante en relación con esta vinculación de CCM con las tramas de corrupción marbellíes, es el de la finca Alcalvín de Bargas, tres millones de metros cuadrados adquiridos en sospechosas circunstancias por la mercantil PUERTA ORO TOLEDO y recalificada parcialmente bajo la autoridad del alcalde de la localidad, Gustavo Figueroa Cid, vicepresidente de la Diputación toledana y mano derecha e izquierda de su presidente, José Manuel Tofiño.

Sobre la mitad de esta finca, cuyo proyecto de urbanización está calificado como “medioambientalmente inviable” se constituyó una primera hipoteca a favor de CCM por valor de unos 30 millones de €. El plazo era de dos años. Transcurrido dicho plazo sin que PUERTA ORO TOLEDO hubiera pagado a CCM ni un céntimo del capital o los intereses del crédito, la Caja de Hernández Moltó lo renovó el 15 de mayo de 2007 en las mismas condiciones y por otros dos años. Esos dos años volvieron a transcurrir sin que los propietarios de la finca pagaran absolutamente nada del crédito recibido y así, el 13 de mayo de 2009, dos días antes del nuevo vencimiento y con CCM manifiestamente en quiebra, la Caja presidida por Moltó volvió a renovar el crédito de 30 millones en idénticas condiciones y sin ninguna penalización o ampliación de garantías.

Pero si esta operación en sí misma es turbia, el hecho adquiere un significado preciso cuando sabemos que los propietarios de PUERTA ORO TOLEDO son, ni más ni menos, que el “malayo” Pedro Román Zurdo, el socio de Roca y del citado Román, Juan María López Alvarez, la constructora SACYR y uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Europa, el bufete Cuatrecasas.

El caso mereció un amplio artículo en El Mundo firmado por Cristina Caballero, pero ni la Fiscalía, ni la oposición ni –por lo que se sabe hasta ahora– la Inspección del Banco de España, han considerado la cosa digna de investigación.

Esta no es una relación exhaustiva. Existen otros hechos que ensombrecen toda la política urbanística de Castilla-La Mancha y, especialmente, de la comarca toledana de La Sagra, fronteriza con la provincia de Madrid; hechos que atañen a Illescas, a Carranque, a Borox, a Chozas de Canales, a Casarrubios del Monte, por supuesto a Seseña, etc. etc., ninguno de los cuales parece tener la suficiente relevancia penal ni reclamar una investigación judicial o policial.

Pedro Román esposado a Roca

No obstante, para quienes consideran –y yo lo considero así– que la situación española ha alcanzado un estado de “corrupción endémica” tal y como la ha definido el Parlamento Europeo en el Informe Auken y que, por lo tanto, es obligación cívica sospechar, investigar y denunciar; lo conocido hasta ahora en Castilla-La Mancha –aunque no sólo ahí– dibuja una evolución preocupante en las estructuras de corrupción política. Si habitualmente se identifica corrupción con cohecho, es decir, con soborno, los datos disponibles pergeñan un esquema sustancialmente distinto y mucho más perfeccionado.

Ya no se trata de que un constructor tenga que pagar un soborno a un alcalde o a un responsable político dentro de su ámbito de poder, sino de la creación de zonas geográficas de monopolio a favor de determinadas empresas o grupos empresariales vinculados más o menos abiertamente a los poderes políticos de esos territorios. Tales grupos no solamente se benefician de su privilegio monopolístico, sino de la disponibilidad incondicional e ilimitada del crédito por parte de los gobernantes regionales a través de las cajas de ahorro y, si llega el caso y así es necesario, de la potestad de estos para modificar la legislación aplicable y convertir en jurídicamente viable lo ilícito, si es que no lo decididamente delictivo.

La crisis y el fiasco ladrillesco, además de haber puesto al país al borde de la intervención y de la liquidación del Estado Social, también han enervado estos nuevos esquemas de corrupción que amenazan con barrer el Estado de Derecho porque parten, precisamente, del mismo poder legislativo que los debería combatir; pero no los han hecho desaparecer. Permanecen donde estaban, a la espera de que vuelvan los buenos viejos tiempos, y sólo una más que improbable reacción civil podrá estorbar el desmoronamiento definitivo de la más elemental decencia pública.

Entre tanto, el actual alcalde de Toledo, eterno delfín de Bono, Emiliano García Paje, ha asegurado a la prensa que Hernández Moltó “no está imputado por corrupción”. ¿No?.

La Audiencia Nacional cita a Hernández Moltó como imputado por los presuntos delitos cometidos al frente de CCM

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS)

El Juzgado Central de Instrucción número 5 la Audiencia Nacional ha citado a declarar al ex presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y ex diputado socialista, Juan Pedro Hernández Moltó, el próximo 1 de febrero como imputado por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la caja, según confirmaron fuentes jurídicas.

El juez Pablo Ruz también ha pedido la comparecencia, el mismo día, del ex director general de CCM, Ildefonso Ortega. Ambas citaciones se producen a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la entidad.

El pasado 3 de diciembre, Ruz aceptó su competencia para investigar a los antiguos directivos de CCM, ante la inhibición presentada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cuenca donde había recaído la denuncia presentada por seis consejeros de la caja pertenecientes al Partido Popular.

En su auto de admisión de competencias, Ruz concluyó que la cuantía de 7.100 millones de euros que la entidad necesitó para ser rescatada evidencia “de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”.

Además, el juez considera que existen suficientes indicios para investigar un presunto delito defraudatorio contra una “generalidad de personas” afectadas por el “perjuicio patrimonial”, como son “los depositantes y los acreedores” de la caja de ahorros.

Los antiguos directivos de la caja manchega están acusados de presuntos delitos de administración desleal, negativa o impedimento a los socios del ejercicio de sus derechos, falsedad contable y falsedad en documento mercantil.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción remitió a la Audiencia Nacional las conclusiones sobre la investigación abierta contra Moltó y los antiguos gestores de la entidad manchega, a petición del Banco de España.

Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España tras la intervención de la entidad que tuvo lugar el 29 de marzo de 2009 y al advertir las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.

El auto del juez recuerda cómo el domingo 29 de marzo de 2009 el Consejo de Ministros se reunió de urgencia para ordenar la intervención de CCM y que, dadas las circunstancias “extraordinarias”, avaló su rescate con 9.000 millones de euros de dinero público.

Además, añade, que el Banco de España tuvo que aportar 1.300 millones de euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos y otros 1.150 millones de euros con garantía de un aval del Estado.

El pasado mes de julio, el Ministerio de Economía y Hacienda ratificó la sanción impuesta por el Banco de España a Moltó de 155.000 euros y cinco años de inhabilitación. El organismo también multó e inhabilitó al ex director general de CCM, Ildefonso Ortega.

Los denunciantes, todos ellos antiguos representantes del PP en el consejo de administración de CCM, son Constatino Berruga, José Miguel Imedio, Juan José Alcalá, José Aceituno, Jaime Ramos y Fernando Torres.

El Banco de España denuncia a Hernández Moltó ante la Fiscalía

Molstó y Barreda

La institución que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez aprecia indicios de delito en la actuación de Juan Pedro Hernánde Moltó al frente de CCM y trasladará a la Fiscalía el tanto de culpa. La noticia la hace pública hoy El Mundo.

Lo que, en atención al contenido del Pliego de Cargos redactado por el Banco de España, parecía inevitable o, al menos, legalmente exigible, se ha producido, pero 16 meses después de aquella intervención. Esto no es cosa vana puesto que en ese casi año y medio los presuntos responsables de los delitos detectados han contado con un tiempo inestimable para alterar pruebas, para difuminarlas o para dificultar en extremo la investigación judicial. A pesar de ello, el material recopilado por los Inspectores y el aportado por investigaciones periodísticas no deja de ser abrumador.

Al hilo de esto, hay que recordar que el 24 de octubre de 2008, bastante antes de la intervención, El Confidencial publicó un artículo titulado “Los Agujeros de Caja Castilla la Mancha”. Ahí se decía lo siguiente:

“Entre sus actuaciones –las de CCM– se incluyen el aeropuerto de Ciudad Real, necesitado de socios financieros a una semana de su inauguración, a proyectos inmobiliarios con conocidos imputados en operaciones contra la corrupción como Malaya”.

A esas afirmaciones, “un portavoz de la entidad”, contestó diciendo: “Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocidaNadie de esta casa está imputadoSomos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”.

Ese “portavoz” también recordará –permítaseme la pedantería– un comentario hecho ese día a la periodista que le había telefoneado: eso son calumnias esparcidas por un blog, pero “ya le hemos denunciado”.

Pues bien, señor “Portavoz” de la ahora desaparecida CCM, hasta aquí hemos llegado y ya veremos hasta dónde llegamos en el futuro.

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El PP presenta denuncia contra Hernández Moltó por estafa, falsedad mercantil y delito societario

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Según informa hoy El Mundo, el que fuera fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, en nombre y representación de 6 de los representantes del PP en Caja Castilla-La Mancha, presentó ayer en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cuenca una denuncia por estafa, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito societario, contra Juan Pedro Hernández Moltó y contra otras personas que puedan aparecer como responsables en el curso de la investigación, lo que podría acabar enredando en el caso a José Bono y a José María Barreda, al menos, por el incumplimiento de las obligaciones de control, inspección y sanción que competen al Gobierno manchego.

Aunque a esta hora, desconozco si en esa denuncia se hace mención de la participación de CCM en en las mercantiles LAS LOMAS DEL POZUELO y PROMOCIONES MIRALSUR, donde la Caja presidida por Moltó se asoció con el detenido y procesado en el caso Malaya, Enrique Ventero Terleira; o si se hace referencia a los créditos –40 Millones de €, según informaciones aparecidas hasta ahora– concedidos por esa misma Caja a empresas de la cabeza más visible del caso Malaya, Juan Antonio Roca; o si entre los presuntos delitos imputados a Moltó por el PP se incluyen datos sobre el asombroso crédito de 30.000.000 € –novado por dos veces, la última en vísperas de la intervención– concedido a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO –propiedad del procesado en el caso Malaya, Pedro Román Zurdo y del investigado en esas mismas actuaciones Juan María López Alvarez– para una promoción, declarada “inviable”, en la finca Alcalvín de Bargas… Aunque desconozco esto, decía, puede que la denuncia presentada ayer por el PP tenga la virtud de dar acceso a sótano en el que Barreda custodia ferozmente la realidad de lo sucedido en CCM.

La presión del PP, no sin motivo, se ha centrado en el caso del aeropuerto de Ciudad Real y los multimillonarios créditos dados a CR AEROPUERTOS, propiedad de Domingo Díaz de Mera, de Aurelio González Villarejo y de Antonio Miguel Méndez Pozo, entre algunos otros; pero las zonas oscuras de CCM no terminan ahí, como acabo de decir, y no deja de ser muy preocupante que el PP ignore, si así es el caso, que la Caja presidida por Moltó se convirtió en una generosa fuente de financiación para la trama –presuntamente, que no se me olvide– delictiva de Roca.

De todas maneras, la investigación está ahora en manos del Juzgado nº 2 de Cuenca y, por supuesto, de la Fiscalía. En consecuencia, ya veremos si lo sucedido alcanza relevancia penal o si, por el contrario, no se ve en ello otra cosa que no sean infracciones administrativas más o menos graves.

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