El proyecto Parquijote de Seseña, lo que el velo esconde.

Mientras Francisco Herando «el Pocero» atraía todas las miradas sobre él, en Seseña un italiano, Giovanni Piero Montaldo, que la UDYCO considera miembro de la Ndrangheta, la mafia de Calabria, tenía sus propios intereses. De hecho, durante la instrucción del procedimiento que se siguió contra José Luis Martín Jiménez, entonces alcalde, se descubrió que el tal Montaldo le había pagado una cantidad cercana a los 700.000 € por unas supuestas intermediaciones en la compra de terrenos en Marbella y Estepona, y eso a pesar de que Martín confesó ante el Juzgado “tener dificultades para leer y escribir” y a pesar de que esas supuestas intermediaciones se hacían entre sociedades que o bien eran propiedad de Montaldo o bien habían tenido continua y probada relación comercial con éste, lo que suponía que el italiano entregaba casi un millón de euros a un taxista de Seseña semianalfabeto para que mediara entre Montaldo y Montaldo. Tan poca comunicación consigo mismo, incluso en el caso de un miembro de la Onorata Società, es llevar demasiado lejos el respeto por la omertà.

Sin embargo, lo absurdo de esta situación y lo extravagante de este pago se aclara cuando se desvela el papel que sociedades mercantiles ligadas a Giovanni Montaldo tenían y tienen en el proyecto PARQUIJOTE de Seseña, una operación inmobiliaria que inicialmente incluía un parque de atracciones y que ahora ha sido reconvertida para contener zonas residenciales y terrenos logísticos. Veamos qué hay bajo el velo societario de Parquijote.

Montaldo, ‘Ndrangheta, Salvago y el narco gallego Marcial Dorado.

Giovanni Piero Montaldo

Las vinculaciones entre los propietarios del grupo Salvago (Francisco Manuel Moreno Torres y José Ignacio Moreno Rodríguez) Y Montaldo están sobradamente probadas. La UDYCO mantiene que el italiano “controla” y utiliza al menos dos de las mercantiles del grupo Salvago. El propio Montaldo en la vista del caso del Pocero definió a los Moreno, como “de total confianza” y la presencia de italiano en las sociedades del grupo Salvago está acreditada registralmente, bien directamente o bien a través de testaferros habituales.

Hay, además, otra rama en esta red especialmente importante.

  • Isabel Font Feliú está casada con Manuel Moreno Torres.

  • Isabel Font Feliú y Antonio Font Feliú son hermanos. Padre: Antonio, madre: Rosario

  • La esposa de Antonio Font Feliú es Cristina García Salcedo (DNI XXXX1861)

Antonio Font Feliú aparecía en el consejo de administración de OLIVARERA PENINSULAR junto a la detenida Sara Sánchez Rodríguez, testaferro del narcotraficante gallego Marcial Dorado Baúle. Esta Sara Sánchez y su esposo José Manuel Sánchez Zabala, miembro de la Guardia Civil, cuya prisión se decretó en el mismo Auto, administraban la mercantil PROGAMALLO SA, en la que el “narco” Marcial Dorado ejercía como apoderado y que está considerada por el Juez Grande-Marlaska como “el buque insignia de todo el entramado societario” en que consiste lo que el propio Juez denomina “una organización criminal liderada por Marcial Dorado Baúlde”. Los vínculos entre Marcial Dorado y Feijoo, hipotético sustituto de Rajoy, ya son sobradamente públicos. A su vez, a partir de las investigaciones de la operación Pokemon se encontraron conexiones con José Bono. La operación Cóndor, que directamente implica a la compañía de trasporte de pasajeros Mombus y a la agencia de viajes Interrías, surgió de otra investigación judicial sobre la corrupción en Galicia, la operación Pokemon y en sus inicios ya ha ido a dar con documentos que implican a José Bono. Por un lado se trata de sistemáticas concesiones, a las empresas de la trama, de los viajes para ancianos organizados por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha cuando Bono era el merino todopoderoso del lugar; por otro, de una anotación contable que demuestra que Bono y un séquito de acompañantes, indeterminado por el momento, fueron alojados, gratia et amore, en un hotel de Xanxenxo, propiedad de estas compañías. Los gastos de la estancia de Bono y su corte ascendieron a unos 6.000 € incluyendo sesiones de masajes y “servicios extra” que, dada la contigüidad de la anotación, también parecen relacionados con los “masajes”, es decir, que cabe sospechar que se trataría de “masajes extra”.

Propiedad actual de Parquijote. Conexiones.

Inicialmente, la propiedad de los terrenos de Parquijote estaba distribuída de la siguiente forma:

TAU PROMOCIONES

10%

SALVAGO TRES

10%

NUEVO MADRID

65%

PROMOTORA LAS LOMAS-BARAJAS

15%

Hay una primera modificación en esta distribución, después de la cual, el reparto queda de la siguiente manera:

NUEVO MADRID

25% desde el 20/6/03

 

20% adquirido el 24/7/03

 

20% adquirido el 20/6/03

TIASTA

4,42% adquirido el 9/5/07

 

17,50% adquirido el 17/7/07

APEX 2000 (Iberdrola Inmobiliaria)

13% adquirido el 11/7/07

Tanto TIASTA como APEX (Iberdrola) están directamente vinculadas a Montaldo. De la segunda, la UDYCO afirma que era utilizada por Montaldo en su estrategia de transmitir, rápidamente, derechos y propiedades entre distintas sociedades controladas por él, así como fondos llegados desde el extranjero.

En cuanto a TIASTA, es una sociedad compartida entre la red de Montaldo y SACYR-VALLEHERMOSO. PONTE TRESA es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES SL y ésta última, a su vez, es resultado de la fusión entre SALVAGO 3 y TAU PROMOCIONES.

En cuanto a PROMOTORA LAS LOMAS BARAJAS y NUEVO MADRID, en ese momento, 2007-8, los datos de los que disponíamos eran los siguientes: Los accionistas de PROMOTORA LOMAS­BARAJAS son las mercantiles INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL LOURO, S.A y COREN AGROINDUSTRIAL S.A., ambas domiciliadas en Galicia y respecto a las cuales ni Montaldo, ni Francisco Manuel Moreno Torres, ni José Ignacio Moreno Rodríguez, parecen tener relación.

Sin embargo, esta sociedad posee el 30% de la mercantil GLOBAL LOAN XXI, S.L. (Cif: B92626134) la cual, a su vez, es propiedad en un 70% de TIASTA PROMOCIONES, S.L. (Cif: B81894610) que, a su vez, pertenece en un 50% respectivamente a TAU PROMOCIONES y a PONTETRESA, S.L., la sociedad en cuyo consejo de administración, como se acaba de ver, constan la esposa, el cuñado y el hermano de Giovanni Piero Montaldo y esto hasta febrero de 2010.

En estos momentos, ha aparecido una nueva conexión entre LAS LOMAS BARAJAS – NUEVO MADRID y el italiano Montaldo, como se verá, a través de la sociedad controlada por el mafioso Motaldo, FULICA ATRAS.

En tal sentido, las últimas modificaciones en la distribución de la propiedad de Parquijote, dan la impresión de que Montaldo y sus «fideicomisarios», Manuel Moreno Torres e Ignacio Moreno Rodríguez, han salido del negocio vendiendo su cuota parte a URCONSA 3000 y a GRUPO LOGÍSTICO CARRERAS.

Así pues, actualmente, los propietarios de PARQUIJOTE son los siguientes: URCONSA, CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO e IBERDROLA INMOBILIARIA.

Ricardo Carreras Lario

En CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO, como consejero delegado está Ricardo Carreras Lario a quien se ha denunciado como parte o partícipe en una red de organizaciones y asociaciones vinculadas a actividades de intervención en el extranjero dirigidas por la CIA y otras agencias norteamericanas. Así, por ejemplo:

Graduado en master en gestión política en la Universidad George Washington. Fue en esta época que tuvo sus primeros contactos con representantes de agencias federales norteamericanas y trabó amistad nada menos que con el conocido agente CIA Frank Calzón, quien se encontraba al frente del Programa Cuba en la organización Freedom House y luego creó el llamado Center for a Free Cuba para sacarle millones de dólares a la USAID para la subversión en Cuba.

Posteriormente el señor Carreras Lario obtuvo un importante puesto como estratega en The Rendon Group, en Washington, DC. Una empresa especializada en operaciones psicológicas, con estrechas relaciones con el Departamento de Estado, el Pentágono, el Comando Estratégico y varias agencias de inteligencia estadounidense, incluida la CIA. Esta entidad ostenta un tenebroso historial en apoyo comunicacional a las intervenciones militares norteamericanas en: Panamá, Irak, Kosovo, Afganistán, entre otras”.

Respecto a IBERDROLA INMOBILIARIA, nada hace pensar que el papel de Montaldo haya disminuido en ella, aunque éste nunca apareció en la lista de sus directivos y el control que ejercía sobre la sociedad sólo se conozca a partir de las investigaciones de la UDYCO incluidas en el sumario del caso MALAYA.

Sin embargo, Iberdrola Inmobiliaria presenta como novedad más señalada la incorporación a su consejo de administración de Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal y cuya implicación en estructuras de corrupción se está desvelando ampliamente en los últimos años. López del Hierro entra en el consejo de Iberdrola Inmobiliaria el 30 de octubre de 2013. Menos de un años después, el 30 de diciembre de 2014 Parquijote sale del letargo en el que había caído.

Mayor interés, aún, tiene URCONSA 2003 como medio para desvelar quiénes están, realmente, detrás de la operación de Parquijote.

URCONSA es una marca (en realidad un acrónimo) de URBANIZADORA CONSTRUCTORA NUEVO MADRID, lo que supone que el cambio en la propiedad de Parquijote es una mera pantalla puesto que URCONSA y NUEVO MADRID son lo mismo y PROMOTORA LAS LOMAS-BARJAS tiene participaciones, entre otras, en GLOBAL LOAN XXI SL, que está dentro del grupo SALVAGO. Es decir, la desaparición de LAS LOMAS BARAJAS y de NUEVO MADRID de la lista de propietarios de Parquijote, aparenta ser una simple operación de emboscadura mediante la que se pretende ocultar a los verdaderos interesados en la operación.

Además de esto, NUEVO MADRID estaba conectada con el italiano Montaldo a través de la mercantil FULICA ATRAS y de uno de sus consejeros: Pedro Fernández Estévez. Es singnificativo que en el consejo de FULICA aparezca uno de los hermanos de Federico Trillo: Jesús Trillo Figueroa-Conde, sin que se pueda asegurar en este momento si está ahí por cuenta propia o en representación de SACYR-VALLEHERMOSO.

Otra de las sociedades participadas por LAS LOMAS BARAJAS es CASABLANCA REAL I SL, en cuyo consejo, hasta 2010, figuraba Bernardino Jimenez Sanchez consejero de NUEVO MADRID y de JIGARSA, entre otras, ambas de la red societaria de URCONSA – NUEVO MADRID.

URCONSA es “administrador solidario” de una mercantil titulada SUN AND SEA REAL STATE SL que presenta una gran significación puesto que en sus órganos directivos, además de los habituales de NUEVO MADRID – URCONSA, consta un sujeto llamado Alberto Portuondo Coll, un mejicano que fue detenido en agosto de 2015 por su implicación en el caso Rato. Se le acusa de actuar de comisionista y testaferro del ahora presidiario Rodrigo Rato.

En esta misma entidad, como administrador solidario, está una sociedad británica: ROQUE MANAGEMENT Ltd. administrada por un tal Cesar Carrico CARDOSO, con aparente domicilio en 2 The Drive, Harrow, Middlesex, HA2 7EW y cuyo papel en este entramado está por determinar.

El citado Alberto Portuondo Coll comparte consejo de administración con Pedro Fernández Estévez (socio o “fiedeicomisario” de Giovanni Montaldo) en otra sociedad denominada ALCAIDESA REAL SL.

Domingo Díaz de Mera recibiendo algo de manos de Elena Borbón

Existe otra decisiva rama de conexiones que parte de URCONSA y llega a GLOBAL CARTERA DE VALORES, es decir, a Domingo Díaz de Mera y los hermanos Barco Fernández, principales “promotores” del aeropuerto de Ciudad Real, un negocio de 1.000 millones de €, entre subvenciones públicas y créditos irrecuperables de CCM, derivados a distintas sociedades de los promotores del aeropuerto. Dicho vínculo se establece a través de Ignacio Alvarez Rello.

Alvarez Rello es uno de los consejeros de URCONSA, pero también aparece en los consejos de GLOBAL CARTERA DE VALORES, en el de DESARROLLOS URBANÍSTICOS VENECIOLA (Díaz de Mera, Barco Fernández y la CCM de Moltó) y hasta noviembre de 2016 en el de NUEVO MADRID. Recordemos que acabamos de encontrar en este tejido de sociedades a Pablo Usandizaga Usandizaga, quien también compartía con Josep Piqué consejo en MIXTA AFRICA y que este Piqué era el vínculo personal entre dicha sociedad y AIRCITY MADRID SUR, la persona jurídica a través de la que se está poniendo en marcha un nuevo aeropuerto en la zona de Casarrubios del Monte.

En VENECIOLA, como representantes de CCM en su día, estaban Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, también representantes de la Caja de Moltó en varias sociedades de condenados por el caso Malaya.

En definitiva, a través de PROMOTORA URBANIZADORA NUEVO MADRID – URCONSA se descubre una red de sociedades que conectan al mafioso Giovanni Montaldo con las demás entidades que participan en la operación de Parquijote y, a partir de estas otras sociedades, se desvela la presencia de sujetos vinculados a altos niveles de la política estatal: Ignacio López del Hierro, Rodrigo Rato, la familia Trillo Figueroa y en el ámbito regional de Castilla La Mancha, al ex presidente José María Barreda y a José Bono.

En este contexto hay que tener en cuenta lo dicho por Roberto Saviano sobre la ‘Ndrangheta (eldiario.es, 5/3/18): Sigue “un sistema que se rige siempre por el mismo principio: la ‘Ndrangheta pone el capital, el empresario lo invierte, el político facilita las cosas y todos sacan enormes beneficios”.

La suerte de todas estas sociedades ha sido diversa durante la década de crisis. No pocas han entrado en concurso de acreedores, otras habrán sido liquidadas o habrán cambiado de manos y otras continuan activas, algunos consejeros habrán cesado y otros habrán sido nombrados en su lugar, pero de lo que aquí se trata es de probar que siguiendo los hilos que conectan y conectaban a estas personas jurídicas, surge también un entramado de conocidos, de socios, de «profesionales», de amigos y, en algunos casos como el de Montaldo, de delincuentes convictos, que define el círculo de intereses determinante de esta operación.

Parquijote y los redactores del POM de Seseña.

En 2010 se licitó por parte del Ayuntamiento de Seseña el contrato para la redacción del POM del municipio. El adjudicatario resultó ser una UTE creada por Miguel Angel López Toledano y por Carlos Sánchez Casas.

El 22 de junio de ese mismo año se recibe en el Ayuntamiento un correo de un tal Cristóbal Corretje Aznar en el que confirma la asistencia a una reunión concertada con la alcaldía para tratar asuntos del POM. A dicha reunión, según este correo, asistirán Miguel Angel López Toledano, Carlos Sánchez Casas y Antonio Méndez Chicharro.

Por otro lado, en la documentación del expediente de Parquijote que obra en el Ayuntamiento de Seseña existe un texto titulado “PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE LAS MERCANTILES URCONSA, CARRERAS E IBERDROLA INMOBILIARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, RELATIVO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DEL AMBITO PARQUIJOTE”, de fecha 18 de septiembre de 2017. Este convenio, que finalmente ha sido firmado por el actual alcalde (PP) incluye un plano del sector de Parquijote realizado, como demuestra el logotipo incluido en dicho plano, por la compañía ARNÁIZ ARQUITECTOS. Esta entidad pertenece a Leopoldo Arnáiz Eguren y de ello se sigue necesariamente que ARNÁIZ ARQUITECTOS trabaja o ha trabajado para los propietarios de Parquijote, es decir, IBERDROLA INMOBILIARIA, URCONSA 2003 y CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO.

Leopoldo Arnáiz Eguren, en primer plano

Existe, además, la mercantil ARNÁIZ CONSULTORES SL (B81959868) cuyos administradores son Ignacio M.ª Arnáiz Eguren, Juan Carlos Para Rodriguez-Santana, Prodemsa Administracion Concursal Slp, Juan Maria Arnaiz Eguren y Luis Arnaiz Rebollo.

ARNÁIZ CONSULTORES, a su vez, forma una UTE con EQUIPO REDACTOR MALT, propiedad de Miguel Angel López Toledano: ARNÁIZ CONSULTORES SL – EQUIPO REDACTOR MALT SL, Un (Cif: U86172236). Por su parte, en MALT, como representante, figura Cristóbal Corretjé Aznar, detenido en 2016 cuando era jefe de los servicios técnicos del ayuntamiento de Jetafe (caso Teatro).

Así mismo, es decisivo señalar que en la página Web de ARNÁIZ ARQUITECTOS puede descargarse un documento titulado “EXPERIENCIA. ARNÁIZ & PARTNERS”. En la página 20 (arriba en la imagen) de ese documento (http://www.arnaizpartners.com/descargar/A&P_Experiencia.pdf) se incluye una relación de municipios en los que ARNÁIZ realiza trabajos de “planeamiento general” y entre esos municipios está Seseña.

Naturalmente, los administradores actuales de ARNÁIZ & PARTNERS SL (B86587722) son: 1.- Arnaiz Rebollo Luis. 2.- Arnaiz Eguren Juan. 3.- Arnaiz Eguren Leopoldo.

En cuanto a Carlos Sánchez Casas Padilla, consta como consejero y consejero del solidario en IBÉRICA DE SONDEOS SL hasta marzo de 2014. En el mismo consejo de administración están: Alfonso Figar Velasco, Cesar Figar Velasco, Pedro Figar Velasco, José Figar Velasco y Arturo Figar Velasco, este último, padre de Lucía Figar, exconsejera de la CAM, casada con Carlos Aragonés Mendiguchía (actualmente con escaño de senador) Cuyo hermano ejerce como “apoderado” de la mercantil ELECNOR, implicada en la trama Púnica. Lucía Figar fue también imputada en las diligencias que se siguen por la trama Púnica.

En definitiva, bien Leopoldo Arnáiz o bien su hijo, Luis, bien personalmente o bien a través de sociedades controladas por ellos, están trabajando, simultáneamente, para el Ayuntamiento de Seseña en la redacción del POM y para los propietarios de Parquijote, es decir, que a la vez que realizan funciones públicas para el municipio, se lucran privadamente prestando servicios urbanísticos a unas compañías que tienen intereses multimillonarios afectados por ese POM en Seseña.

Ahora bien, Leopoldo Arnáiz, Miguel Angel López Toledano y Cristóbal Corretjé Aznar son nombres que han salido a relucir durante la investigación de graves casos de corrupción. Baste como ejemplo alguna de las noticias que se pueden leer en los siguientes enlaces:

Leopoldo Arnáiz.

http://www.tiempodehoy.com/espana/los-lazos-interminables-de-la-corrupcion

“Esta mañana han desalojado el Patio Maravillas. La casa okupada pertenece a Leopoldo Arnáiz, un arquitecto y consultor urbanístico imputado en varios casos de corrupción. Está procesado por tráfico de influencias y negociación prohibida por su relación con los ayuntamientos de Alcorcón y Boadilla cuando gobernaba en ellos el PP. Testificó en la investigación del Tamayazo. Ha sido el redactor de los planes parciales de Boadilla, que ahora están bajo lupa dentro de la investigación de la Gürtel. Es también sobrino de Rafael Arnáiz, santificado por el Vaticano el año pasado”.

http://www.escolar.net/MT/archives/2010/01/quien-es-el-dueno-del-patio-maravillas.html

El juez investiga a una empresa de ‘Gürtel’ por un ‘pelotazo’ de diez millones en Boadilla

https://www.20minutos.es/noticia/1784507/0/narcisos22-gurtel/arnaiz-calvo-soria/boadilla/

López Toledano y Arnáiz.

Sobre Miguel Angel López Toledano, información general.

Miguel Angel López Toledano, ex director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid, podría estar implicado en el caso Astapa. Ya ha aparecido relacionado con la fundación Metrópoli en Aranjuez (Alfonso Vegara Gómez e Iñaki Urdangarín) y, siempre las mismas “coincidencias”, fue el redactor del proyecto del aeropuerto de Ciudad Real y del Plan General de Illescas.

https://notitiacriminis.wordpress.com/2009/12/09/el-caso-astapa-salpica-a-miguel-angel-lopez-toledano-ex-director-general-de-urbanismo-de-madrid-relacionado-en-aranjuez-con-la-fundacion-metropoli-tambien-fue-el-redactor-del-proyecto-del-aeropuert/

Sobre López Toledano y su intervención en Aranjuez junto a todos los cabecillas del caso Púnica.

Petra Mateos, persona de confianza de Bono, acerca el Caso Malaya hasta las puertas del despacho de José María Barreda.

https://notitiacriminis.wordpress.com/capitulo-xiii-petra-mateos-persona-de-confianza-de-bono-acerca-el-caso-malaya-hasta-las-puertas-del-despacho-de-jose-maria-barreda/

Cristóbal Corretjé Aznar.

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-01-09/getafe-juan-soler-rudy-lamas-factura-sobrino-rato_1312667/

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-12-30/policia-acusa-dragados-trafico-informacion-inicio-obra-adjudicacion-senador-pp_1310203/

https://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/Soler/juansoleteatromadrid.html

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-03-07/la-policia-registra-el-ayuntamiento-de-getafe-en-una-operacion-contra-la-corrupcion_1164612/

http://www.elmundo.es/madrid/2016/03/07/56dd7262e2704e62538b456c.html

Continúan las noticias sobre las intenciones de colocar a Tofiño, junto a Fernández Vaquero, en alguna de las listas electorales del PSOE

Bono, Emiliano García Paje y el ex alcalde del PP de Toledo José Manuel Molina, en la boda de la hija de éste

Si el pasado día 13 Notitia Criminis daba la noticia de movimientos en el PSOE toledano y en las cercanías de Emiliano García Paje, encaminados a sentar a Tofiño (ex presidente de la Diputación de Toledo y ex alcalde de Illescas) en un escaño del Senado; dos días después ABC venía a confirmar esas mismas intrigas, relacionadas con el intento de García Paje de alcanzar un escaño en las Cortes españolas, intento que, finalmente, parece concretarse en su desembarco en el Senado por la vía de la designación autonómica y no de las elecciones.

Según ABC: “Sin embargo, resuelto el problema de los líderes, queda ahora el capítulo de la lista al Congreso y al Senado en la provincia de Toledo. Un nuevo terreno abonado hasta la decisión definitiva a las especulaciones. No obstante, y salvo la opción de un «paracidista» que encabece la lista, todo apunta a la alternativa más probable de personas de la confianza de García-Page. En este apartado se barajan los nombres del diputado regional Jesús Fernández Vaquero, el ex alcalde de Illescas José Manuel Tofiño o el actual diputado nacional Alejandro Alonso.

¿Por qué Tofiño y Fernández Vaquero son hombres de confianza de Emiliano García Paje?. Habrá muchas razones, pero esta, probablemente, será una de ellas: Seseña. Los tres nombres que ahora parecen copar las posiciones de poder en el PSOE toledano han estado vinculados al caso de “El Pocero” desde sus inicios.

Las salpicaduras de los negocios del Pocero en Seseña sobre el entorno de Bono y sus consiglieri se puso de manifiesto muy pronto. La pista más clara fue, sin duda, la grabación de las máquinas de ONDE-2000, la empresa insignia de Francisco Hernando, trabajando en las instalaciones de HÍPICA ALMENARA, el muy próspero negocio de Bono, pero fue, precisamente ese descubrimiento el que hizo entrar en escena a un belicoso Emiliano García Paje.

Una reunión el el hotel Beatriz en la que García Paje hace una oferta que “no se puede rechazar”

En el libro de Alejandra Ramón y Ruth Ugalde “El Pocero de Seseña”, bajo el título “Promesas para tapar un escándalo” se cuenta la reunión habida entre Manuel Fuentes y Cayo Lara, por parte de IU; y José Manuel Tofiño y Emiliano García Paje por parte del PSOE. La reunión tuvo lugar después de que IU hiciera pública la relación entre El Pocero y Bono y sobre ella se dice lo siguiente:

“El encuentro con Barreda marcó un antes y un después en las relaciones de IU con el ejecutivo manchego. Inquietos por el escándalo latente, los máximos responsables de la Comunidad pusieron en marcha un calendario de reuniones, dirigido a conocer las reivindicaciones de IU e intentar satisfacerlas en la medida de lo posible a cambio de enterrar la polémica. Con este objetivo, José Manuel Tofiño, presidente de la Diputación de Toledo y Emiliano García Paje, secretario provincial del PSOE y responsable institucional del gobierno regional, se citaron el el toledano hotel Beatriz con Cayo lara y Manuel Fuentes. Este encuentro tuvo lugar apenas once días después de la entrevista con Barreda y, durante toda la reunión, los militantes de IU volvieron a insistir en la necesidad de regenerar la corporación municipal socialista de Seseña, desvinculándola de Hernando, y propusieron un pacto de izquierdas en defensa del urbanismo sostenible en la región. Un acuerdo que requería, por parte del ejecutivo manchego, terminar con el trato de favor que estaba recibiendo el Pocero”.

Lo que ocurrió después, según los hechos documentados en la denuncia que IU presentó ante la Fiscalía Anticorrupción y que ha dado origen al caso Seseña, se parece mucho a algún capítulo de la novela de Mario Puzo, El Padrino, en la que los Corleone hacían esas “ofertas que no se pueden rechazar”.

Los hombres del PSOE toledano, insistimos que se trataba de García Paje y de Tofiño, contestaron de la siguiente forma, según se recoge en el texto de la denuncia de IU y en el citado libro sobre el Pocero:

“1.- No controla el grupo municipal del PSOE de Seseña. Se ha disuelto la agrupación local.

2.- El gobierno no quiere escándalos. Si sacamos a relucir la relación entre Bono y Francisco Hernando Contreras, se acaba cualquier negociación.

3.- Pide que se negocie con Francisco Hernando Contreras para sacar adelante el PAU de El Quiñón y, a cambio, el ayuntamiento de Seseña tendrá «tratamiento de ayuntamiento socialista» es decir, los privilegios económicos y administrativos que el gobierno regional otorga a las corporaciones dominadas por su partido.

4.- Acaba mostrando su admiración por Francisco Hernando Contreras y dice, literalmente, «Vosotros no sabéis con quién estáis tratando, tiene más de tres millones de metros cuadrados de suelo»”

En este punto, Tofiño abandonó la reunión y dejó solo a García Paje. Su intervención en ella, se diría, había sido la de un subordinado que estaba allí para ver y aprender, sin mucho más que hacer que servir de edecán al delfín de Bono. No obstante sí dejó oír su voz. Mientras García Paje amenazaba con romper negociaciones si IU hacía pública la relación entre Bono y El Pocero, Tofiño, a modo de interrogador bueno, se permitía dar un consejo a Manuel Fuentes y Cayo Lara: Lo que había que hacer con los constructores era “sacarles –sic– polideportivos e infraestructuras para el pueblo”.

Poco más dio de sí la reunión del hotel Beatriz, pero después de ella quedó meridianamente claro el apoyo incondicional del PSOE toledano al PAU del Quiñón, la exigencia de omertà con respecto a las turbias relaciones entre el Pocero y Bono y la exigencia de “sacar también adelante el PAU de Los Albañales (1.500.000 m2 para zona industrial) y el de Casa Postas, ambos promovidos por Francisco Hernando”, y todo ello a cambio de favorecer, con una más que dudosa utilización de las potestades públicas, económica y administrativamente a la corporación que entonces presidía Manuel Fuentes.

Es decir, y siempre según la narración de hechos contenida en la denuncia de IU, lo que García Paje hizo ese día fue ofrecer dinero y ventajas administrativas que favorecieran la reelección de Fuentes a cambio de lubricar en el ayuntamiento los intereses y planes del Pocero y de silenciar la relación de éste con Bono.

La pregunta, ahora, es ¿qué hacía Tofiño en esa reunión? ¿Acompañaba a su jefe para que no se sintiera desamparado en presencia de los dos peligrosos bolcheviques o, por el contrario, tenía asignados cometidos y funciones más importantes en todo el asunto de Seseña y el Pocero? La respuesta a esta pregunta, seguramente, nunca se llegue a publicar –nótese que digo publicar, no saber– salvo que las cuchilladas florentinas que se empiezan a repartir en los subterráneos del PSOE toledano tras el fiasco de las elecciones municipales haga surgir a algún pajarito que más que piar, cante; pero lo cierto es que hay un episodio posterior que induce a sospechar, vehementemente, que Tofiño aquel día no fue un mero convidado de piedra. Me estoy refiriendo al fax remitido al expulsado Felipe Sancho, concejal de hacienda de Seseña, cuando ésta era gobernada por el ahora imputado José Luis Martín.

Un fax que da instrucciones a unos “expulsados” por corrupción.

Pulsar sobre la imagen para descargar el documento completo

El 7 de febrero de 2005, a las 13:35 horas, llegó al ayuntamiento de Seseña un fax que acabó en manos inesperadas, las de Notitia Criminis, entre otras. Se remitía al teléfono 918936265 y a la atención de “D. Felipe Sancho”. El remitente era “D. Jesús Fernández Vaquero” y el teléfono desde el que se hacía el envío, el 925257657. En dicho fax se daban detalladas instrucciones al referido Felipe Sancho, concejal en Seseña y miembro de una supuestamente disuelta agrupación socialista –el PSOE había dado orden, un año antes, de disolverla cuando aparecieron las primeras noticias sobre la corrupción en ese ayuntamiento– sobre la forma en que éste y los demás concejales “expulsados” del PSOE debían oponerse a la aprobación del presupuesto municipal presentado por el equipo de gobierno de IU.

En la cabecera del fax no solamente aparecen el nombre y apellidos de Fernández Vaquero, sino que el número desde el que se envía es el del despacho de Vaquero en el Parlamento regional, es decir, el que éste tenía asignado como Secretario Primero de las Cortes de Castilla la Mancha.

Pero el documento guardaba aún más sorpresas pues Vaquero no era el origen del texto, sino que, a su vez, se lo habían remitido a él, un día antes, desde otro teléfono: el 925216916 que, curiosamente, es el correspondiente a la presidencia de la Diputación de Toledo, presidencia que, en esos momentos, ocupaba José Manuel Tofiño Pérez.

Como los conocimientos jurídico-administrativos de Tofiño son los que son, es evidente que el contenido del Fax no era obra suya y probablemente éste habría sido redactado por los servicios técnicos de la Diputación, pero lo que ahora importa es el hecho acreditado de que, desde el despacho de presidencia de la Diputación sale un fax con instrucciones para unos expulsados por presunta corrupción, que ese fax llega al despacho institucional de Fernández Vaquero en las Cortes regionales y que, desde ahí se envía, con el mencionado Vaquero como remitente, al también mencionado Felipe Sancho; y este hecho acreditado confirma, como ya he dicho, la vehemente sospecha de que José Manuel Tofiño y, desde luego, Fernández Vaquero, tenían atribuciones, cometidos, misiones y encargos estrechamente relacionados con el caso Seseña y que, por tanto, la presencia de Tofiño en la reunión del hotel Beatriz no era irrelevante ni casual.

He aquí, pues, al séquito del que Emiliano García Paje pretende hacerse acompañar hasta la Carrera de San Jerónimo o hasta la Plaza de la Marina, y si el asunto de Seseña es grave, naturalmente no nos podemos olvidar de la estrecha relación de Tofiño con la constructora PEYBER, de la concesión de la redacción del POM de Illescas a una empresa domiciliada en una barriada chabolista de la localidad que, además, tenía vínculos con los “malayos” Carlos Sánchez y Andrés Lietor; del más reciente caso de la contratación, in articulo mortis del hijo de Fernández Vaquero en la Diputación de Toledo; o de la presencia en Illescas, como agente urbanizador del PAU de la vía férrea, de Aurelio González Villarejo, uno de los proveedores de inmuebles de la familia Bono, uno de los principales deudores de CCM, uno de los presentes en el caso del aeropuerto de Ciudad Real; y ahora uno de los implicados en el caso Brugal.

Así pues, estos son los nombres que se consideran para encabezar las listas electorales del PSOE por Toledo, los hombres de confianza de Emiliano García Paje y los hombres que, les guste o no, llevarán consigo a Madrid, si finalmente tuvieran la fortuna de ser elegidos en las próximas Generales, las oscuras sombras de Seseña, del Pocero y de algo más preocupante, más siniestro incluso, que la investigación del caso Seseña está poniendo o va a poner en breve, sobre la mesa de jueces y fiscales.

Nuevo fracaso judicial de El Pocero. La Audiencia Provincial de Toledo declara lícito el artículo “El Mago del Ladrillo”

La Audiencia Provincial de Toledo acaba de absolver a Manuel Fuentes, alcalde de Seseña, y a los concejales de IU David García Contreras, Nuria Muñoz, Mercedes Urosa y Mercedes González de la condena que habían sufrido en primera instancia como responsables de un delito de calumnias contra Francisco Hernando “El Pocero”, a consecuencia de la publicación del artículo “El Mago del Ladrillo”.

La sentencia de la Audiencia Provincial (que se puede descargar desde aquí) absuelve sin paliativos a los recurrentes, declara lícito y amparado por los derechos a la libertad de expresión e información lo publicado en el mencionado artículo y, de facto, demuestra al Pocero y a otros que como El Pocero pretenden convertir el Título XI del Libro II del Código Penal en mordaza y garantía de secreto de sus andanzas; que la prepotencia de sus bufetes y de sus abogados, por mucho traje de alpaca que se gasten y por mucho edecán del que se hagan acompañar a las vistas, no basta para torcer la verdad de las cosas.

Gástese El Pocero, y otros de similar condición a la suya, cuantos millones quieran en azuzar a los letrados de Gómez-Acebo & Pombo, de Garrigues o de no importa qué prestigioso y arrogante bufete, contra la libertad de expresión e información. Gástense lo que quieran, pero no pasarán.

Este es el artículo objeto de la querella. Esto es lo que se ha querido silenciar:

 

EL MAGO DEL LADRILLO

A semejanza de lo que ocurre en el resto de España, donde se está construyendo un tercio de toda la vivienda nueva de Europa, en Seseña ha fijado sus ojos de águila un mago del ladrillo.

Y tiene explicación si convenimos que Seseña posee una buena comunicación por carretera, un amplio término municipal y un pequeño grupo de políticos de principios débiles y moldeables. Características todas ellas que, en conjunto, reproducen el hábitat ideal para llevar a cabo negocios inmobiliarios en breves plazos de ejecución, Dinero rápido en sencilla mezcla con ningún escrúpulo y apoyo de altas instancias políticas y financieras.

El esquema de trabajo de estos magos del ladrillo empieza a ser conocido con asuntos tales como el caso Marbella; buscan suelo barato, rústico o zona verde, controlan los poderes políticos para que aprueben y recalifiquen según sus necesidades, compran voluntades ofreciendo mucho trabajo en el entorno y cuando terminan, más pronto que tarde, se marchan a la búsqueda de un nuevo lugar, dejando en su camino: un ingente cúmulo de despropósitos urbanísticos, medioambientales, sociales, de resolución costosa y difícil que siempre corresponde a otros gestionar y a los nuevos vecinos padecer; La corrupción política y personal que genera desconfianza en el futuro, el trabajo en precario y temporal que deja un grosero rastro de accidentes laborales, el negocio inmobiliario que facilita el mercado de dinero negro, la falta de servicios, la desestructuración social de los pueblos, entre otros.

Ese panorama se repite allí donde estos virtuosos magos del ladrillo ponen su objetivo y Seseña ha sido seleccionado: El Quiñón, Residencial Francisco Hernando, núcleo separado por cuatro kilómetros del casco urbano y con 13.000 viviendas en altura de 10 pisos, 75 viviendas por hectárea cuando nuestra media es de 30, sin compromisos firmes de la Administración Regional para dotaciones y equipamientos, es prueba fehaciente de lo que decimos.

Pero se ha encontrado el mago resistencias en Sesefia y por serie inesperadas, de más difícil resolución. Su primer problema es el gobierno municipal, y reconocemos que sabe cómo manejarse utilizando dos métodos familiares en su trayectoria empresarial: la compra de votos, de voluntades políticas y la utilización descarada de sus medios de comunicación particulares. Los políticos y vecinos de Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón saben a qué nos referimos.

En Seseña compra los votos más fáciles: dos concejales y un familiar directo del portavoz de una parte de la oposición están en la nómina de ONDE 2000, su Empresa de construcción. Al resto les apoya con descaro en su camino hacia las próximas elecciones. Reconozcamos también su falta de imaginación.

En los medios de comunicación tiene planes de futuro: radio y televisión y realidades que ya utiliza: su periódico La Voz de La Sagra, en el que podemos comprobar que no existe la voz del Alcalde o del gobierno municipal en las crónicas de los plenos o en las entrevistas a políticos locales, simplemente se excluye por censura interesada.

Y su segundo problema es el grupo político que forma el gobierno municipal: Izquierda Unida, a quienes sabe que no es posible comprar o moldear. Desconoce este mago del ladrillo la realidad de nuestro grupo político y cabe hoy descubrirle, para que se instruya, que nuestro método de funcionamiento interno impide a ningún cargo de Izquierda Unida decidir distinto a lo que acuerda la Asamblea, cabe decirle que las decisiones (acertadas o no) se toman por el colectivo y que no sirve acosar a nuestros alcaldes y concejales en la búsqueda de su mejor manejo, simplemente porque los cargas públicos de Izquierda Unida sólo son manejados por las Asambleas de Izquierda Unida y no caben por tanto compras ni oscuros tratos en su recorrido y su gestión.

Y nos quiere convencer con su prensa interesada, su Voz en La Sagra, que nuestro alcalde en Seseña engaña a su Asamblea al votar en contra del desarrollo urbanístico del Quiñón y acto seguido, dice su Voz, agiliza su gestión en la Consejería correspondiente. El Quiñón se aprobó, esto si lo sabe, con los votos sumados del PP y PSOE, felizmente ahora en la oposición.

Y hay que decir que la apuesta urbanística del gobierno municipal de Izquierda Unida en Seseña sigue siendo firme, hasta ahora, en esta legislatura no se ha recalificado ni un solo metro de suelo en todo el término de Seseña y los planes, las directrices urbanísticas en las que estamos trabajando, habran de servir para contener, más que para crecer, con el objetivo conocido de unir todas las áreas urbanas ahora dispersas, Seseña, Seseña Nueva, Vallegrande,…

Y ahora, además, gracias al abracadabra del mago del ladrillo y sus colaboradores, habrá que contar con los nuevos vecinos del Quiñón. Bienvenidos todos. ¡El mago, no!

Pompa, alcalde de Carranque, se equipara con Garzón e insinúa acusaciones contra Manuel Fuentes, alcalde de Seseña

El pasado 11 de junio, Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque, y Gregorio Fernández Vaquero comparecieron en una rueda de prensa. Fernández Vaquero reconoció la existencia de negociaciones “discretas” sobre un nuevo aeropuerto en Casarrubios del Monte (Toledo), pero el tema central fue Pompa y el Auto de sobreseimiento provisional de la querella que tenía interpuesta en el Juzgado nº 2 de Illescas, ahora pendiente de recurso en la Audiencia Provincial.

Al respecto, según publica Castilla-La Mancha Digital, Pompa dijo lo siguiente: “Tejieron una supuesta trama de corrupción “implicándonos al secretario municipal, a un ex funcionario del Ayuntamiento y a mí”. Entonces comenzaba un rosario de querellas “habrán interpuesto 12 ó 14”, comenta, antes de empezar a explicar que los denunciantes eran el sindicato de ultraderecha Manos Limpias, el Partido Popular e Izquierda Unida”.

Por su parte, Fernández Vaquero aseguró que “Manos Limpias y el PP ―el PP no ha puesto ninguna querella ni denuncia contra Pompa― acusaron de forma mimética en sus escritos, ¿es casualidad?”, pregunta, a la vez que recuerda que hace poco ha ocurrido algo “muy parecido” con el juez Baltasar Garzón”.

Es decir, que Pompa no sólo se pone a la altura del Juez Garzón, sino que, además se declara víctima de una conjura en la que peligrosos bolcheviques y siniestros fascistas, con la colaboración necesaria del PP, acordaron fraguar su desastre político en beneficio de Jesús Terrón, un ex alcalde de Carranque expulsado del consistorio hace 20 años con la ayuda de un tránsfuga, episodio que abrió las puertas del Ayuntamiento al mencionado Pompa y que, desde entonces, se ha convertido en su sostenida monomanía.

En esta línea, Pompa sacó a relucir los nombres de José Esteban Chozas y Sonsoles Arnau, ambos dirigentes de IU, que en 2007 hicieron pública la denuncia de la coalición contra él y contra José Manuel Tofiño, por presuntos delitos de corrupción relacionados con el campo de golf de Carranque y con la adjudicación del mantenimiento de las carreteras de Toledo.

Sobre ellos, ―a los que Fernández Vaquero, con motivo de aquella denuncia, ya tachó de «bandoleros» ― el alcalde de Carranque, según cita La Tribuna de Toledo, dijo lo siguiente: “El regidor descalificó a Chozas como defensor de la legalidad urbanística en La Sagra preguntándose si sería capaz de explicar «el chiringuito que se montó en Seseña con la empresa municipal de la vivienda, que le reportó importantes emolumentos para suplementar (sic) su sueldo de conserje»”.

A Pompa, que con “suplementar”, que no existe, se ve que tenía intención de decir “suplir”, que sí existe; la frase anterior le debe parecer ingeniosa y contundente, y se entiende porque el hijo del que fuera cartero de Carranque, es decir Pompa, se ha asignado como sueldo por su actividad de alcalde en un municipio con la deuda por habitante más alta de la provincia de Toledo y en situación de suspensión de pagos, 40.549 € anuales ―6.746.872 Pts― a lo que hay que sumar el que le corresponda por ocupar la presidencia de la Mancomunidad de la Sagra Alta, un seguro médico privado, y las dietas y suplidos de que, en su caso, se beneficie.

Con estas cantidades y no otras, ya se entiende que este alto dignatario haya olvidado las muchas estrecheces y privaciones de su infancia y juventud y que tenga por bajo y despreciable el oficio y sueldo de “conserje”, a la par que, sin traza de rubor, declare ―lo hizo a la Cope en marzo de 2009― que “aquí, en el Ayuntamiento de Carranque, se entiende, de lo que se trata es de vivir de lo que ganamos”.

Pero lo más inaudito de todo esto es la ubérrima desvergüenza de Pompa cuando insinúa actos delictivos cometidos por Manuel Fuentes, actual alcalde de Seseña, en relación con la contratación de José Esteban Chozas.

Insólita es la cosa porque Manuel Fuentes, y los que con él sostienen las trincheras en la batalla de Seseña, tienen sobradamente acreditada con hechos, una decencia cuya dimensión y calidad, probablemente, esté más allá de las capacidades de estimación que adornan a Pompa y, también, porque Manuel Fuentes gobierna en Seseña en minoría, con los votos del PSOE y por lo tanto bajo su inmediata vigilancia y sañudo control.

Pero además de impertinentes, las declaraciones del próspero alcalde de Carranque son significativas porque vienen a demostrar, otra vez, que los hombres fuertes del PSOE toledano sangran por la herida de Seseña.

No es para menos. Demasiadas cosas están saliendo a la luz, incluida la participación de la Mafia en los hechos que confluyen en el caso de la urbanización de El Quiñón, aprobada por el que entonces era cofrade de Pompa, el ex taxista y ahora millonario José Luis Martín.

La realidad de la situación jurídica de Pompa

Pompa aseguró en la rueda de prensa del pasado día 11 que el contubernio formado por IU, Manos Límpias y el PP, ha llegado a presentar contra él 12 o 14 denuncias y querellas. Pues bien, o Pompa había estado celebrando la resolución del Juzgado nº 2 de Illescas y se encontraba confuso o los problemas se le agigantan últimamente o, simplemente, estaba cultivando su imagen de víctima.

Contra el alcalde de Carranque se han presentado las siguientes denuncias: En diciembre de 2006, la primera de todas, relativa a la permuta de parcelas entre el ayuntamiento y el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas. A principios de 2007, se interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo la denuncia de IU, contra José Manuel Tofiño, presidente de la Diputación de Toledo y contra Pompa y otros concejales de Carranque, relativa a la concesión a una empresa del grupo PEYBER, del mantenimiento de la Zona 2 de las carreteras de Toledo y a la tramitación del PAU del campo de golf de Carranque. Finalmente, Manos Límpias presentó en el Juzgado nº 4 de Illescas querella, también, por los hechos que concurrieron en la tramitación y aprobación de ese mismo campo de Golf.

Hay una querella más, que sigue pendiente de resolución. Durante las elecciones de 2007 se distribuyó en Carranque un anónimo: la llamada “Carta PIP” en la que se hacía alusiones sobre ciertos concejales del PP y varios de sus familiares. Algunos de estos presentaron denuncia y de las diligencias de investigación puestas en marcha por la Guardia Civil, resultó que dos testigos de la empresa que realizó el envío, identificaron a Pompa, sin lugar a dudas, como el individuo que hizo el encargo y lo pagó en efectivo.

De forma que no son catorce, sino cuatro y, además, esas cuatro son relativas a tres asuntos: El campo de golf, la permuta con el funcionario Ernesto Rodríguez y el anónimo PIP, y de esas cuatro, dos siguen con actuaciones abiertas en los Juzgados.

Así, salvo que Pompa conozca más de lo que se ha hecho público o salvo que haya recibido garantías que los demás ignoramos, este hombre se precipita al considerar definitivamente archivadas todas sus causas pendientes con la Justicia.

La Fiscalía Anticorrupción de Toledo y el principio de intervención mínima

Fernández Vaquero, en la rueda de prensa citada arriba, equipara a Alejandro Pompa con Baltasar Garzón. Al margen de lo risible de la ocurrencia, si lo que hay que buscar es un término de comparación apropiado para Pompa éste, desde luego, no es el Juez Garzón, sino otro personaje no menos famoso: José Bono.

Recientemente, la Fiscalía General dio respuesta a la petición del PP de que se investigara el origen del multimillonario patrimonio de Bono. Esa respuesta incluía los siguientes argumentos: Investigar el patrimonio de Bono equivaldría a abrir “un procedimiento inquisitorial” contra él y, hasta ahora, las acusaciones sufren de “vaguedad y nula concreción”.

Al margen de que no veo qué tienen de vagos los datos documentados que acreditan las dádivas recibidas por Bono de manos de Rafael Santamaría y los fabulosos intereses económicos de este constructor en Castilla-La Mancha; la resolución de la Fiscalía General se parece, como una gota de agua a otra, a la nota hecha pública por el Fiscal Jefe de la Audiencia provincial de Toledo en la que, en vísperas de las elecciones de 2007, hacía pública su intención de archivar la denuncia presentada por IU contra Tofiño y Pompa.

En en la nota de la Fiscalía de Toledo se reprochaba la vaguedad de las imputaciones: “se trata de imputaciones poco concretas y de escaso contenido penal (sic)” y, luego, respecto a las investigación solicitada del patrimonio de Tofiño, también se decía, textualmente, que el Fiscal se opone a esas diligencias de indagación “mientras no se especifique una finalidad concreta a efectos de investigación delictiva pues las inquisiciones genéricas son contrarias a nuestro Estado de Derecho”.

También, al igual que ahora en el caso Bono, donde la Fiscalía General desprecia los “meros comentarios y valoraciones de medios de comunicación”, aunque esas informaciones estén acreditadas con documentos de los Registros públicos; la fiscalía de Toledo, en el caso denunciado por IU, afirmó que algunas de las personas cuyos nombres figuraban ahí, habían sido “simplemente tomadas de los datos registrales de las empresas, incluso entidades bancarias como la Caja Castilla-La Mancha”.

Hay una cosa más. Cuando IU interpuso la denuncia que se viene comentando, Gregorio Fernández Vaquero aseguró en rueda de prensa que ésta nunca iría más allá de la Fiscalía; una afirmación asombrosamente profética, sobre todo teniendo en cuenta que el Sr. Fernández Vaquero es maestro y no jurista.

En cualquier caso, la Fiscalía de Toledo ha seguido, desde entonces, manteniendo estos criterios los cuales, además, han resultado decisivos para el archivo de las diligencias del caso del campo de golf de Carranque ―donde la propia Fiscalía reconoce que existen ilegalidades, pero a las cuales niega la relevancia penal― y ahora, del caso de la permuta con la empresa del funcionario Rodríguez Cubas.

¿Por qué el Juzgado nº 2 de Illescas archiva las diligencias previas contra Pompa y los demás imputados?

En primer lugar porque así lo ha pedido el Fiscal. De hecho, el Juzgado de instrucción de Illescas ya había dictado Auto de continuación del Procedimiento Abreviado. Lo hizo con fecha de 25 de enero de 2010 y, para entendernos, esto significaba que Pompa, Ernesto Rodríguez Cubas (en la foto) y los demás iban a sentarse en el baquillo, ya no como imputados, sino como acusados.

Lógicamente, la defensa de Pompa recurrió esa resolución y a dicho recurso se unió la Fiscalía de Toledo argumentando, según el Auto del Juzgado nº 2 de Illescas, que «de las actuaciones practicadas no se desprenden claramente hechos delictivos cometidos por los imputadosno pudiendo acreditar el elemento subjetivo de los tipos penales que imputan pues todo se basa en cuestiones plenarias del Ayuntamiento de Carranque».

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Fiscalía considera que no se ha acreditado el dolo, es decir, la intención y voluntad de violar la Ley, en los hechos cometidos por los imputados, cuya realidad, por otra parte, no discute. A tal conclusión llega el Ministerio Público debido a que las decisiones de Pompa fueron votadas por los concejales de su grupo en el Pleno del Ayuntamiento.

Con este hallazgo jurídico, que añade una nueva eximente ―la de aprobar en Pleno las resoluciones presuntamente delictivas― inédita hasta la fecha, a la lista contenida en el Código Penal, el Juzgado resuelve que ni Pompa de Mingo, ni ninguno de los otros imputados, han «cometido, conscientemente y aceptando su resultado ―esto es, dolosamente― ninguno de los delitos tipificados con carácter principal por la acusación popular como de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos del art. 439 del Código Penal, ni de Prevaricación del art. 404 del Mismo Texto Legal, ni tampoco de Tráfico de Influencias previsto en el art. 428 del Texto Penal Sustantivo… Los imputados ―continúa el Auto― no fueron conscientes en ningún momento de la antijuridicidad de sus actos».

Así que, partiendo de que el Auto reconoce la existencia de actos antijurídicos, habrá que decir que el dolo, como bien apunta el Auto comentado, supone cometer el hecho delictivo con conciencia y voluntad de su resultado, pero también, en su modalidad de dolo eventual, representándose la probable lesión del bien jurídico protegido por el tipo penal y aún sin buscarla o quererla, despreciar esa probabilidad y continuar con la acción que, finalmente, provoca la lesión del bien que la norma penal quiere proteger.

Representarse la probable lesión del bien jurídico supone que, para un hombre de entendimiento medio, apreciar ese probable daño es algo asequible, bien porque él conoce las circunstancias o bien porque se las han dado a conocer.

Pompa conocía desde hacía años al funcionario Ernesto Rodríguez Cubas y mantenía y mantiene con él pública amistad; conocía la situación de incompatibilidad en que el tal Rodríguez estaba incurriendo, su actuación como secretario eventual y encargado de urbanismo en el Ayuntamiento y su participación en, al menos, una de las seis mercantiles dedicadas al negocio inmobiliario en Carranque propiedad de ese funcionario y consta ese conocimiento porque el hecho fue denunciado por la oposición del Ayuntamiento en el Pleno del 16 de octubre de 2003, que aprobó la permuta, como así está recogido en el acta correspondiente.

La posibilidad de la conducta ilícita, por tanto, había sido dada a conocer a Pompa, que ni siquiera esperó a recibir informe jurídico oportuno o a hacer las consultas necesarias, sino que con manifiesto y arrogante desprecio de la probable lesión del bien jurídico protegido, de la que había sido advertido, contestó ―así se refleja en el acta del Pleno― «que el funcionario mencionado, fuera de su horario de trabajo en el Ayuntamiento podía dedicarse a lo que le pareciera. Que dicho funcionario no tenía información privilegiada a pesar de lo que se dijera en la calle. Que el convenio estaba bastante bien redactado… y que no obstante, si alguien tenía dudas sobre la legalidad de la actuación, podía acudir a los Tribunales de Justicia».

Por consiguiente resulta realmente difícil considerar que Pompa, al que se le ha de presumir un entendimiento medio, aunque diga ser “ingeniero naval privado no homologado”, no tuviera presente, como mínimo, la probabilidad de la ilicitud de sus actos; pero más difícil es concluir que el funcionario Rodríguez Cubas, que había actuado como secretario y como interventor del Ayuntamiento y que, además, había estado encargado del área de urbanismo de esa Corporación, no estuviera perfectamente al tanto de su situación de incompatibilidad y de la prohibición de las negociaciones en las que participaba; y aún si no lo hubiera estado hasta el Pleno del 16 de octubre de 2010, sí tenía un deber imperioso de conocer las obligaciones que le competen como funcionario público.

En consecuencia, el Auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Illescas parece bastante discutible y, aunque Castilla-La Mancha sea tierra de prodigios jurídicos, no es en modo alguno descabellado esperar que la Audiencia Provincial de Toledo lo anule y ordene la continuidad al procedimiento contra Pompa y los demás.

¿Quién es el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas?

Ernesto Rodriguez Cubas es, desde hace décadas, auxiliar administrativo del ayuntamiento de Carranque, ahora en excedencia voluntaria.

En el momento en que se iniciaron las acciones judiciales contra él y contra Pompa, era socio y administrador, al menos, de seis empresas inmobiliarias: PRICASA CARRANQUE, con CIF B45560794; DESARROLLOS URBANOS DE ILLESCAS, con CIF: B82233370; CONSTRUCCIONES SIERRA DOS, con CIF: B83948398; PROSPECCIONES E INVESTIGACIONES URBANÍSTICAS CARRANQUE, con CIF: B83080937, PROYECTOS URBANIZABLES LA SAGRA, con CIF: B84790211; y MAXISUELO, con CIF: B83853432.

Su situación en el Ayuntamiento puede engañar si se atiende únicamente al grado de auxiliar administrativo. La importancia de Rodríguez Cubas durante años en esa Corporación ha sido decisiva y prueba de ello es su actuación como encargado de urbanismo y como Secretario eventual.

Paralelamente, desplegó una frenética actividad empresarial en el gremio de la construcción que se centró, esencialmente, en Carranque. Fruto de esa actividad fue un insólito enriquecimiento que se fraguó, en su práctica totalidad, durante los años 2003 y 2004.

Según las notas registrales a las que ha tenido acceso Notitia Criminis (cuyo listado se puede descargar pulsando sobre la imagen anterior) el patrimonio inmobiliario de las empresas del funcionario, en el momento en que se están produciendo los hechos que aquí se comentan y tasado prudentemente a los precios que entonces regían en el mercado, alcanzaba la cifra de unos 10.480.000 €, es decir más de 1.700.000.000 de Pts.

En otras palabras, que en tres años el valor del patrimonio adquirido por las sociedades de un auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Carranque, sin más fortuna que la nómina que le correspondía por ese puesto, se aproxima notablemente a los dos mil millones de Pts. La crisis habrá diezmado esa cantidad, sin duda, pero esto no desvirtúa este descomunal enriquecimiento, tan rápidamente atesorado.

No obstante tanta riqueza y en tan poco tiempo acumulada, mayor que la hasta ahora descubierta a José Bono, no llama la atención de la Fiscalía. Ni siguiera cuando ella misma reconoce que está acompañada de ilícitos, ya que tales ilegalidades, piensan el Fiscal y el Juez de instrucción, fueron cometidas sin «consciencia y voluntad».

Entre tanto, fuentes del lugar cuentan que estos días atrás, mientras Pompa estaba en una de las varias cantinas de Carranque, recibió una llamada en el móvil. Cuando colgó dijo: «era Bono, para felicitarme porque me han cerrado todo». Todo menos la boca, estará pensando Bono, que aún solícito con los suyos, conoce muy bien lo que vale la discreción.

Lista de bienes inmuebles a nombre de las sociedades del funcionario Rodríguez Cubas en enero de 2007

Pulsar sobre la imagen para descargar la lista completa.

La administradora de las empresas del “mafioso” Montaldo “no recuerda” si éstas hicieron negocios con el Pocero

Pulsar sobre la imagen para descargar el artículo

Según informa hoy mismo El Economista, a Ana Carlota Fernández Duarteno le suena” y “no recuerda” si las empresas del presunto mafioso Giovanni Piero Montaldo ―imputado en Malaya y Astapa― que ella administra, han hecho negocios con Francisco HernandoEl Pocero”, con su hijo, con su socio y abogado José Luis Sanz Arribas o con el hijo de éste, José Luis Sanz Cid.

La declaración es relevante porque cuando se pregunta a la testigo si las empresas de Montaldo han tenido alguna actividad en Seseña, ésta lo niega categóricamente sin que su memoria sufra flaqueza alguna, cosa que no sucede cuando lo que se le pregunta es si hay alguna relación mercantil entre el Pocero y su entorno, por un lado, y el “mafioso” Montaldo, por otro.

Según un informe de la UDYCO-COSTA DEL SOL que obra en el sumario de la operación Malaya ―Tomo LIX, folio 17.304 , «Giovanni Piero Montaldo (en adelante MONTALDO) según la información obrante en las bases de datos policiales figura como presuntamente vinculado a la Mafia Calabresa denominada N’Drangheta (CNP-Brigada de Delitos Monetarios – Oficio de 30/10/02, referencia APB 1557/00/CC). Montaldo y su esposa TATIANA ANETA EUGENIA TRIACCA (nacida en Lugano el 01.01.1949 con NIE X013881…) dominan y controlan una estructura mercantil de considerables proporciones que se dedican básicamente a los negocios inmobiliarios y hosteleros. Se tiene constancia de ingresos de grandes sumas de dinero metálico, seguidos de rápidos traspasos entre cuentas del grupo de empresas regido por ellos»

En nota a pie de página del mismo informe se lee: “En la estructura societaria vinculada a Montaldo juegan un papel esencial las hermanas Ana Carlota e Inmaculada Fernández Duarte… quienes desde su despacho profesional gestionan como Administradoras o Apoderadas gran parte de las entidades que la componen».

Diario Público: “El ex alcalde de Seseña y el mafioso que le pagó comparten contable”

Pulsar sobre la imagen para descargar el artículo

El diario Público incide hoy sobre la conexión entre José Luis Martín, el ex alcalde de Seseña que aprobó el PAU del Pocero, tras reunirse la mañana del mismo día con Alejandro Gil, consejero de vivienda del Gobierno de Barreda y con el propio Pocero, y el “mafioso” Gianni Montaldo.

El despacho de Málaga CRUCES & ASOCIADOS, regentado por Alvaro Cruces Navarro, lleva las cuentas de la trama de empresas del semianalfabeto ―él mismo lo declaró así en el Juzgado nº 4 de Illescas (Toledo)― José Luis Martín, pero también consta como “auditor de cuentas” de PONTE TRESA, una sociedad controlada por la famiglia Montaldo de la que parten muchas y muy interesantes conexiones, todas ellas dignas de ser investigadas con la mayor de las atenciones.

Si la prensa no lo hace se hará aquí pero, entre tanto, recomiendo al sufrido lector que reprima su comprensible pereza y lea cuidadosamente estos dos artículos:

Fernando Agulló Díaz-Varela, un eslabón político en los negocios toledanos de los “malayos” Román, Arteche y el presunto mafioso Gianni Montaldo

Julio Rodríguez Arauzo, alto cargo de Obras Públicas en los gobiernos de Bono, implicado en los negocios de la “trama vasco-malaya” en Toledo

El Auto del millón de Euros no fue un error. La Juez impuso, exactamente, la fianza solicitada por el Pocero

Auto del millón de euros

Que las prisas son malas y que la lentitud es atención y la atención es precisión, son cosas de las que no hay que dudar. Así, pese a que el Auto dictado por el Juzgado de instrucción nº 1 de Illescas por el que se imponía ad cautelam una fianza de un millón de Euros a Manuel Fuentes, actual alcalde de Seseña, para hacer frente a las responsabilidades derivadas de una querella por “calumnias” presentada contra él por El Pocero ―una de la docena larga que aún tiene activas contra Fuentes, este personaje― ha llamado la atención de todos los medios de comunicación, y pese a que las dudas sobre la justificación dada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ―era un “error informático”― han sido insistentemente subrayadas en esos mismos medios; parece que a todos nos ha pasado desapercibido un detalle crucial.

El millón de Euros impuesto por la Juez Carolina Hidalgo coincide, exactamente, con la cantidad solicitada por los abogados del Pocero. Así, en el apartado de “Antecedentes” se lee:

«En el presente procedimiento abreviado por la ACUSACIÓN PARTICULAR se ha presentado escrito de acusación contra MANUEL FUENTES REVUELTA por un delito de CALUMNIA, solicitando se le imponga la pena de DOS AÑOS de prisión por las manifestaciones vertidas y ratificadas en la entrevista publicada en el periódico EL MUNDO y otros DOS AÑOS de prisión por las manifestaciones contenidas en la carta abierta remitida a los veciones de EL QUIÑÓN, debiendo indemnizar a la parte actora por los daños y perjuicios y daños morales causados en la cantidad de 1.000.000 de euros»

En correlación con esta petición del Pocero, en el apartado 2 de la «Parte Dispositiva» del Auto, la Juez Carolina Hidalgo dispone que se requiera al acusado «para que en el plazo de un día preste fianza en cantidad de 1.000.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva pudieran imponérsele»

De modo que la Juez otorga lo que el Pocero pide, ni un céntimo más, ni un céntimo menos y ante esto hay que hacer demasiada violencia al tenor literal del texto y al sentido común como para condescender ante la versión del «error informático».

José Luis Martín, el imputado ex alcalde de Seseña y el presunto miembro de la mafia calabresa Gianni Montaldo, comparten contable

Esquema de la conexión entre José Luis Martín y la mafia

El pasado 18 de enero, según despacho de Europa Press, Jesús Gregorio Fernández Vaquero, vicesecretario provincial del PSOE de Toledo, afirmó que su formación no está dispuesta a poner a la localidad ―Seseña, pues estas declaraciones eran contestación a la Marcha Contra la Corrupción que partirá de ahí el próximo 30 de enero― en el «epicentro del mapa de la corrupción».

Independientemente de que los mapas no tienen «epicentro», sino centro e independientemente de que es comprensible que Fernández Vaquero sienta vehementes deseos de que un velo de oscuridad y olvido caiga sobre el caso Seseña ―veáse, si no, esta noticia y, sobre todo, este documento― lo cierto es que la información sigue fluyendo y cada día conocemos más sobre el submundo que se oculta tras la ciudad fantasma del Pocero.

Ya sabíamos que un imputado en los caso Malaya y Astapa e investigado por la UDYCO a causa de su presunta pertenencia a la ‘Ndrangheta, la poderosísma mafia calabresa, había pagado más de 700.000 € a José Luis Martín, el ex alcalde de Seseña que aprobó el PAU del Pocero.

Pues bien, ahora nos enteramos de que ese mismo José Luis Martín y el presunto mafioso Giovanni Piero Montaldo, comparten contable: el despacho malagueño CRUCES & ASOCIADOS.

He aquí el programa emitido por VEO TV sobre estos hechos:

.

Primera parte:

Segunda parte:

El truculento Auto del millón de Euros

Pulsar sobre la imagen para descargar copia del Auto

“¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? ¿Cuándo cesará al fin esta desenfrenada y jactanciosa audacia tuya?”

El auto del millón de Euros dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Illescas (Toledo) va camino de convertirse, si no lo ha hecho ya, en el el escrito jurídico más famoso de la historia española.

Está fechado en día 23 de diciembre de 2009 y notificado el 13 de enero de 2010. En él se fija una fianza de “1.000.000” de Euros para que Manuel Fuentes garantice las posibles responsabilidades patrimoniales derivadas de una de las múltiples acusaciones del Pocero.

Esto, como ya todo el mundo sabe, ha sido “un error informático” (sic) porque lo que la Juez Carolina Hidalgo quería escribir era “10.000” y no “1.000.000”, y así lo hizo público el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ―no el Juzgado nº 1 de Illescas― en un comunicado emitido el día 14 de diciembre de 2010.

Es verdad que entre 10.000,00 y 1.000.000 hay cierto parecido, pero es que en el Auto del millón de euros la cantidad está perfectamente puntuada, es decir, aparece 1.000.000 y no 10.000.00 y además, está perfectamente puntuada no una vez, sino dos: en la primera página y en la segunda y última, y además la rectificación, comunicada no por el Juzgado, insisto, sino por el Tribunal Superior de Justicia, se produce pasados 23 días desde que se dictó el auto y sólo después de que la noticia corriera como reguero de pólvora por la Red y por los medios de comunicación, todo hay que decirlo, gracias a que el propio Pocero la filtró en un arranque de exultante y precipitado alborozo.

Qué este Auto ha sido un error, no parece ofrecer duda alguna, pero sospecho que el error ha estado en infravalorar la reacción que iba desencadenar.

Sea como sea, si algo está demostrando el caso Seseña, es que la sociedad civil española, agónica pero viva, aún es capaz de estorbar la soberbia, el arbitrio y la arrogancia de sujetos convencidos de que el dinero obra encantamientos.

El Juzgado nº 1 de Illescas rectifica: son diez mil, no un millón

A escasas 24 horas de que se extendiera la noticia del millón de euros reclamado por la Juez Carolina Hidalgo al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, en concepto de fianza por una de las querellas presentadas contra él por El Pocero, el Juzgado rectifica: el millón de euros (1.000.000 €) era un error “informático” producido al “introducir más dígitos de los que proceden al fijar en el auto de apertura de juicio oral la cantidad que se considera procedente como fianza”. En realidad la cifra asciende a diez mil Euros (10.000 €).

¿Tienen la decencia y la rectitud que pasar a la clandestinidad en España o sucumbir?

El Mundo, 5 de agosto de 2009
Portada de El Mundo de 5 de agosto de 2009

Ayer saltó la noticia. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Illescas ha impuesto una fianza a Manuel Fuentes, actual alcalde de Sesña, de UN MILLÓN DE EUROS, a cuenta de una de las querellas por injurias y calumnias interpuesta contra él por El Pocero.

José Luis Martín, el ex alcalde de Seseña que tramitó inicialmente el PAU del Pocero y que, como se ha sabido recientemente, cobró 700.000 Euros de un imputado en los casos Malaya y Astapa y sospechoso de pertenecer a la mafia calabresa; está imputado por delitos de corrupción presuntamente cometidos en relación con la aprobación del PAU del Pocero. Permanece en libertad, sin fianza y sin ninguna otra medida cautelar.

Caso Malaya:

De los 99 detenidos en el caso, 51 han tenido que afrontar el pago de una fianza de entre 6.000 y 500.000 euros.

Caso Gürtel:

A Alfonso Bosch y Alberto López Viejo, el TSJM les ha impuesto sendas fianzas de 955.000 y 750.000 euros, respectivamente. Alberto Pérez “El Bigotes” está en libertad sin fianza y con prohibición de abandonar el territorio nacional.

Caso Pretoria:

Macià Alavedra y Lluís Prenafeta en libertad bajo fianza de un millón de euros.

Caso Astapa:

El empresario Vicente Delgado y su hermano Félix, ambos en libertad con fianzas de 100.000 euros. El presidente del grupo Prasa, José Romero, en libertad con una fianza de 300.000 euros. El arquitecto municipal de Estepona, Ignacio de la Hoz, en libertad con fianza de 50.000 euros. Ana María Crespo en libertad con fianza de 30.00 euros, y J.L C.A, con la misma cantidad. Luis Fernando Linares, ex consejero delegado de Valle Romano y socio de la trama Vasco-Malaya en libertad con la fianza más alta del caso: de 500.000 euros.

¿Es Manuel Fuentes Revuelta un presunto delincuente tanto o más peligroso que todos los otros presuntos delincuentes citados antes? ¿Es Manuel Fuentes Revuelta un presunto delincuente?

Barreda “estudia” represalias contra los sindicatos que han denunciado prácticas “inconfesables” en la Administración de Castilla-La Mancha

El imputado Alejandro Pompa junto a Barreda, en Carranque (Toledo)

La gravedad de los hechos denunciados unánimemente por todos los sindicatos presentes en la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración de Castilla-La Mancha ―algunos de lo cuales podrían ser constitutivos de delito como por ejemplo la recepción de regalos, de origen y destino desconocido― ha provocado la inmediata reacción de José María Barreda.

Según una nota de prensa difundida por el Gobierno Regional, como lo dicho por las organizaciones sindicales sólo «intenta confundir a la opinión pública» el Gobierno de Barreda, no para defender su precaria posición, sino, faltaría más, «a los trabajadores y trabajadoras públicos ―aquí debería decir “públicos y públicas, pienso yo― de la Administración Regional» va a ordenar inmediatamente «a los servicios jurídicos de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia que estudien si las falsedades sobre la profesionalidad del personal de la Junta de Comunidades difundidas durante los últimos días pueden ser causa de acciones legales».

Eso lo dice un Gobierno presidido por un hombre que, por ejemplo, tiene como asesor personal a Agustín Jiménez, el alcalde de Noblejas, condenado por golpear a una de sus propias concejalas; lo dice un Gobierno presidido por quien se pasea públicamente con Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque,  condenado por agredir a un anciano de 82 años y sobre el que pesa la imputación de más de una veintena de delitos relacionados con la corrupción; lo dice un Gobierno presidido por quien amparó a Hernández Moltó mientras CCM financiaba con más de 200 millones de € a los principales cabecillas de la trama delictiva de Marbella; lo dice un Gobierno que tiene por presidente a quien se carteaba y recibía con abrazos al Pocero al tiempo que un investigado por su posible pertenencia a la mafia calabresa e imputado en los casos Malaya y Astapa, Giovanni Piero Montaldo, pagaba más de 700.000 € al ex alcalde de Seseña y militante de su partido; lo dice un Gobierno presidido por quien es amigo personal de un personaje como Domingo Díaz de Mera, imputado por graves delitos a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla y cuya situación judicial despertó la alarma entre los cabecillas de la trama Gürtel; etc. etc. etc.

No me parece a mi que Barreda y su Gobierno estén en situación de prodigarse en bravatas.

.

Respuesta del CSI-F a la nota del Gobierno de Barreda

Ana Guarinos pide a Barreda que ponga coto a la corrupción

El “oasis” manchego. El Pocero aún sin declarar y Manuel Fuentes condenado

20091015elpmad_3
El Pocero declarando en el juicio contra Manuel Fuentes

Hoy se ha hecho pública la noticia. El juzgado nº 1 de Toledo ha condenado –la Sentencia se puede descargar desde aquí– en primera instancia a Manuel Fuentes, alcalde de Seseña y a otros cuatro concejales de IU por unas supuestas calumnias al Pocero. La frase, la única frase que el juzgado en cuestión ha considerado calumniosa es la siguiente: “En Seseña compra los votos más fáciles: dos concejales y un familiar directo del portavoz de una parte de la oposición están en la nómina de ONDE-2000, su empresa de construcción”.

La Sentencia considera que lo afirmado en esa frase reúne todos los elementos del tipo de cohecho; que por lo tanto supone la imputación de un delito perseguible de oficio, condición necesaria para que se aprecie el delito de calumnias; y que, además, la citada frase “no responde a la verdad, al menos parcialmente”.

El tipo penal del cohecho como por cierto muy bien dice la Sentencia, configura un “delito de resultado cortado”, es decir, se consuma con la entrega o promesa de la dádiva por parte del corruptor, que lo hace con la intención de corromper, independientemente de que su propósito tenga éxito o no. Así, a partir de aquí, la Sentencia se centra en dilucidar si es verdad o no que el Pocero ofreció como dádiva un puesto de trabajo a los concejales en cuestión con la intención de moldear la voluntad de estos a favor de sus intereses.

Pues bien, en la página 19 de la Sentencia se lee, textualmente, que: “es verdad que dos concejales están contratados por ONDE-2000 SL, es relativamente cierto que otro concejal presta su trabajo para ONDE-2000 SL, pero mediante otra empresa contratada por ésta”. Sin embargo, el Ilmo Sr Magistrado-Juez, considera que “no es verdad que sus votos estén comprados”.

Esta es la base de la condena de Manuel Fuentes y sus compañeros y, por eso, en mi muy modesta pero indignada opinión, la sentencia resulta contradictoria y yerra gravemente. Como ya se ha dicho, la modalidad de cohecho en la que se puede subsumir la frase del artículo “El Mago del Ladrillo” configura un delito de resultado cortado. Por lo tanto, para que se comenta y, consecuentemente, para que no sea punible la imputación de su comisión, los concejales que reciben las dádivas, no tienen por qué haberse corrompido. Basta con que el Pocero haya hecho esas dádivas y que las haya hecho con el objeto de volver obedientes a sus intereses las voluntades de esos concejales.

No voy a entrar a dilucidar cuál era la voluntad del Pocero al dar trabajo a unos concejales de un Ayuntamiento que tenían un poder decisivo sobre la tramitación administrativa de su PAU y que, por eso, podían influir favorable o desfavorablemente en el éxito de su multimillonario negocio, pero el propio Magistrado D. Eduardo Luis Gonzáles del Campillo-Cruz afirma en su Sentencia que es cierto que esas relaciones laborales existen, es decir, que la dádiva existió.

Si los concejales, a pesar de eso, no torcieron la rectitud de sus actuaciones, la cuestión resulta irrelevante para la existencia o no del presunto cohecho cometido por el Pocero, porque ya hemos repetido que ese es un delito de resultado cortado, un tipo que adelanta las barreras penales al momento de la tentativa y si en el artículo del boletín de IU de Seseña se afirma que esos concejales estaban “comprados”, la supuesta “calumnia”, de no ser eso así, les afectaría a ellos, que no eran querellantes ni partes en el proceso, y no al Pocero, que sí está probado, según la sentencia, que les contrató laboralmente a unos o les favoreció económicamente a otros.

Ahora bien, incidiendo en su tesis, la Sentencia argumenta que los votos de los concejales Felipe Sancho Ricoy –a quien el PSOE de Madrid, no de Toledo, expulsó del partido al tiempo que disolvió la agrupación socialista de Seseña a causa de las intensas sospechas de corrupción que pesan sobre sus miembros– Catalina Murillo Rodríguez, Tomás García Félix y Cándido Mejía; no estaban comprados, porque Felipe Sancho siempre votó a favor de los proyectos del Pocero aún antes de entrar a su servicio y porque el resto de los aludidos o no habían hecho lo propio a fecha de publicación del artículo o porque la vinculación con el Pocero estaba establecida a través de un familiar directo o mediada por intereses urbanísticos.

En este punto la Sentencia olvida que la dádiva no tiene por qué ser coetánea a los hechos, ni ser para quien la recibe, sino que también puede ser para un tercero, y que igualmente basta, para consumar el delito, la promesa de ésta: El artículo 420 dice que “la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicite o reciba, por sí o por persona interpuesta, dádiva o promesa…”; el 421 ser refiere a “la dádiva solicitada, recibida o prometida” y el 423 CP dice que “los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos serán castigados…”.

Clarena, el Titanic del Pocero
Botadura del Clarena II, el nuevo Titanic del Pocero, que no llega a fin de mes porque da el dinero a los pobres

Por otra parte, que la voluntad de Felipe Sancho ya se hubiera manifestado a favor del Pocero antes de entrar a trabajar bajo sus órdenes, no quiere decir que las voluntades no sean mudables como plumas al viento y que el Pocero no se viera obligado a continuar cultivando de forma sostenida en el tiempo las buenas inclinaciones de Felipe Sancho y de otros hacia sus intereses.

En conclusión, que siendo verdad la vinculación laboral o económica de los concejales citados, por sí o por familiar interpuesto, con el éxito del negocio del Pocero; que siendo cierto o “relativamente cierto”, al decir de la Sentencia, que existe remuneración dineraria del Pocero a estos; y siendo más cierto aún que el delito de cohecho se consuma con dádiva entregada u ofrecida o con promesa de ésta, independientemente de que el propósito corruptor se vea coronado o no por el éxito; se me hace imposible entender –a salvo de que se den si se dan los elementos subjetivos del tipo– que la frase que ha llevado a la condena de Manuel Fuentes y de sus compañeros no esté sobradamente amparada por el derecho fundamental a la libertad de información.

Pero si esta sentencia en sí misma ya es preocupante, también tiene la virtud de hacer que el contexto en el que se produce adquiera tintes sobrecogedores. En Castilla-La Mancha las únicas autoridades públicas condenadas son Manuel Fuentes y los concejales de IU de Seseña.

Es decir, esa condena se produce en una comunidad autónoma en la que CCM ha financiado a la trama delictiva –uso la expresión del auto de imputación del Juzgado nº 5 de Marbella en el Caso Malaya y a él me remito– de Roca con no menos de 200 Millones de Euros y ha sido llevada a la quiebra, en muy buena parte, a causa de inversiones generosísimas hechas en los negocios de un ínfimo grupo de constructores pública y estrechamente vinculados a Bono y Barreda.

Esa condena se produce en la misma región en la que se ha descubierto a un presunto miembro de la mafia calabresa –Giovanni Piero Montaldo– vinculado, según la policía, al narcotráfico y al tráfico ilegal de armas, pagando más de 700.000 € al que fuera alcalde de Seseña cuando con una celeridad inaudita se aprobó el PAU del Pocero.

Esa condena se produce en un lugar en el que se ha documentado al Pocero haciendo trabajos en el hipódromo de José Bono, entonces presidente regional, sobre los cuales el mismo Pocero ha declarado que no se los pagó Bono, sino las empresas anunciantes del hipódromo, entre las que está IBERDROLA, la misma que había nombrado al citado “malayo” y presunto mafioso Giovanni Piero Montaldo como su apoderado en Marbella.

Esa Sentencia se dicta en la misma región en la que un tribunal consideró la forma en que el Pocero se hizo con el Quiñón como una “estafa procesal” y en la que la empresa utilizada para dicha adquisición, PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE, tuvo como primer administrador a un tal Luis Simarro Belmonte, implicado en la estafa multimillonaria –15.775.000 $– del caso KHEMA TRADING Ltd., embrollo del que salió bien parado con la ayuda de los buenos oficios del abogado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas.

Se dicta en una región donde la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de haber instado la acción judicial contra José Luis Martín, el anterior alcalde de Seseña ahora imputado por corrupción, no ha considerado oportuno llamar a declarar al Pocero, ni siquiera como testigo.

Se dicta en la misma región en la que se ha descubierto una finca –cuyo proyecto urbanístico había sido considerado por la propia Junta como “inviable”– adquirida por el “malayo” Pedro Román mediante un crédito de 30 Millones de € concedido por la CCM de Hernández Moltó y renovado in extremis días antes de la intervención de la Caja.

Se produce en la misma región donde otros casos, de menor repercusión mediática, pero no por ello menos significativos, como son los de Carranque, Chozas de Canales o el de la propia Diputación de Toledo, o bien están llevando una existencia vegetal en los Juzgados o bien se han considerado de tan “escaso contenido penal” que no han merecido la menor diligencia de investigación por parte de la Fiscalía.

Esto ocurre, en definitiva, en una región en la que ha tenido que ser un Juzgado de Marbella, el número 5, el que diera orden a la UDYCO para que investigara las actividades y vinculaciones de las tramas urbanísticas toledanas con la delincuencia del Caso Malaya.

Y en esta doliente región, en este “oasis” de la calamidad, es donde Manuel Fuentes y sus compañeros tienen el honor –y digo bien: el honor– de haber sido condenados por denunciar las actuaciones del Pocero, que dice no llegar a fin de mes porque le “da el dinero a los pobres”. No sé si esa será la explicación de porqué el ex alcalde de Seseña José Luis Martín antes era pobre y ahora es rico.

Ana Guarinos exige que se investiguen con el mismo rigor que Gürtel, los casos de presunta corrupción de Carranque, Seseña y CCM

El pasado día 8 el informativo regional del canal 1 de Televisión Española se hacía eco de unas declaraciones en las que Ana Guarinos exigía que se investigaran con rigor los casos de presunta corrupción en Carranque, Illescas, Seseña, todas localidades de Toledo, así como los hechos que llevaron a la quiebra de Caja Castilla-La Mancha.

.

.

Previamente, Jesús Gregorio Fernández Vaquero, se había apresurado, tras el levantamiento del secreto del sumario, a afirmar que “ocho folios del sumario Gürtel se han escrito en Castilla-La Mancha”. No es cierto, hay más folios en el sumario Gürtel ―al que ha tenido acceso Notitia Criminis― que afectan a Toledo, aunque como se irá viendo, no en el sentido que más le gustaría al «bonismo» manchego.

De todas formas, lo que parece poco discutible es que Fernández Vaquero no era el hombre más adecuado para dar inicio a las hostilidades y eso que quedó claro cuando el PP toledano emitió un comunicado en el que «se mostró sorprendido en concreto de la “desvergüenza” del vicesecretario provincial del PSOE, Jesús Fernández Vaquero, que ―en su opinión― antes de hablar “debería mirarse en el espejo, porque todavía la sociedad se pregunta que ocurrió en el escándalo urbanístico de Seseña, donde su papel fue esencial”»

Pulsar sobre la imagen para descargar el texto de la denuncia
Pulsar sobre la imagen para descargar el texto de la denuncia

El otro caso de corrupción o de presunta corrupción al que se refería Ana Guarinos es el de Carranque (Toledo) el cual sigue su curso en los colapsados juzgados de Illescas. Los hechos que han acabado con el alcalde de Carranque, Alejandro Pompa Mingo, con varios concejales de su equipo de gobierno y con el que ahora se titula pomposamente «vicepresidente» del Grupo PEYBER, el aparejador municipal honorario del Ayuntamiento, Jesús María G. Peinado; imputados por diversos delitos de corrupción, comenzó a salir a la luz a principios de 2007 con una denuncia relativa a la permuta de un terreno entre el Ayuntamiento y una empresa del auxiliar administrativo de la Corporación y “amigo íntimo” del alcalde Pompa, Ernesto Rodríguez Cubas.

Sin embargo, la situación alcanzó una dimensión superior cuando a mediados de marzo de 2007 IU de Toledo convocó un rueda de prensa en la que hizo pública su intención de denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción, una trama urbanística que afectaba a la Diputación de Toledo, a los Ayuntamientos de Carranque e Illescas y al grupo inmobiliario PEYBER.

Los hechos más relevantes que se incluían en esa denuncia ―cuyo texto se puede descargar desde aquí ― eran los relativos a la concesión del PAU del campo de golf de Carranque a una empresa formada por PEYBER y por CCM; a la concesión a PEYBER de la construcción de una casa de la cultura en Carranque cuyo presupuesto inicial de 3.594.900 €, se aumentó luego ―según estimación de los denunciantes, en contra de los límites legales y sin licitación pública― en 1.577.129,49€; a la participación en estos hechos de Ernesto Rodríguez Cubas, “funcionario de confianza” y, como afirmó en documento oficial el Secretario del Ayuntamiento, “amigo íntimo” del alcalde Pompa; y a la adjudicación hecha por la Diputación de Toledo de una contrata superior a los 27 Millones de € a CONCESIONARIA BERVIA, una empresa formada por COPCISA y por los propietarios de PEYBER, socios del hijo del presidente de esa Diputación, José Manuel Tofiño Pérez.

La denuncia, presentada la semana siguiente a la celebración de la citada rueda de prensa, fue archivada con una considerable celeridad. El día 10 de mayo de 2007, es decir poco más de un mes después de su presentación, la Fiscalía de Toledo hacía pública una escueta nota ―que se puede descargar desde aquí― dando por cerrado el caso.

Según el mencionado escrito, la denuncia se archivaba porque contenía “imputaciones poco concretas y de escaso contenido penal”, lo cual es una afirmación que no puede dejar de sorprender ya que lo que se pedía a la Fiscalía era la investigación de unos hechos que ella misma reconocía que tenían “contenido penal”, fuera este abundante o escaso, y aunque fuera cierto que ese contenido penal era “escaso” a priori, tras la investigación ―que nunca se hizo― éste bien podría haber llegado a ser abundante o incluso, muy abundante.

Nota de la Fiscalía de Toledo
Nota de la Fiscalía de Toledo

La denuncia no tenía por qué aportar pruebas de cargo suficientes para fundamentar una condena ―porque la Fiscalía no sentencia, sólo investiga y en su caso, acusa― sino indicios de posibles delitos y eso sí que lo hacía como reconoce el propio escrito del Fiscal al asumir que los hechos denunciados tenían “contenido penal”, aunque inicialmente éste pudiera parecer “escaso”.

En el punto 4º del escrito también se hace referencia a las “supuestas incompatibilidades de antiguos funcionarios del Ayuntamiento de Carranque”, las cuales no se investigaron porque éstas “yan han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía y del Juzgado de instrucción nº 2 de Illescas (previas 2094/2006 en las que este Mº Fiscal recurrió el Auto de inadmisión de la querella).

Esto es absolutamente cierto, pero en este punto la Fiscalía olvidaba que la participación presuntamente delictiva de esos funcionarios denunciada por IU se refería a hechos distintos e incluso a sujetos distintos a los incluidos en las diligencias que instruía el Juzgado nº 2 de Illescas.

Ese Juzgado veía y ve la causa relativa a la permuta de unas parcelas entre el Ayuntamiento de Carranque y una de las empresas de su funcionario Ernesto Rodríguez Cubas. Por el contrario, en la denuncia de IU se incluía a Ernesto Rodríguez Cubas por su participación en los presuntos delitos cometidos durante la tramitación y adjudicación del PAU del campo de golf de Carranque y, además, a Jesús María Gallego Peinado, aparejador municipal del Ayuntamiento y socio de PEYBER, adjudicataria junto a CCM del citado PAU, que nada tenía que ver con las diligencias instruidas en el Juzgado nº 2 de Illescas.

En el punto 5 de la nota de la Fiscalía y refiriéndose a la relación entre el presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño Pérez con BERVIA, la empresa a la que esta Diputación adjudicó un contrato de más de 27 Millones de €, se dice que “ni se ofrecen datos concretos de conductas ilícitas, ni de porqué se debe relacionar el hijo del Sr. Tofiño con la empresa concesionaria”.

El País, 17 de marzo de 2007
El País, 17 de marzo de 2007

Sin embargo, en la denuncia de IU quedaba sobradamente documentado y acreditado que la Diputación que preside José Manuel Tofiño Pérez había adjudicado un contrato de más de 27 Millones de € a una empresa ―CONCESIONARIA BERVIA― propiedad de los socios de su hijo, el joven con los estudios recién acabados entonces, José Manuel Tofiño Arrogante.

En este hecho, no cuestionable porque como he dicho está acreditado por los boletines oficiales y por el Registro mercantil, la Fiscalía no consiguió ver ninguna relación entre la concesionaria y el presidente de la institución concedente, pues a su parecer un hijo no es eslabón lo bastante sólido como para relacionar ambos extremos.

Posiblemente, por ese mismo motivo, consideró que no se especificaba ninguna conducta presuntamente delictiva, pero lo cierto es que los dueños del Grupo PEYBER crearon, coincidiendo en el tiempo con la tramitación de la contrata que luego les fue adjudicada a través de una de sus personalidades jurídicas; la mercantil SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS, en la que estos participaban con un 50% y el hijo del Presidente Tofiño, con un 40%.

A juicio de los denunciantes ―y al mio también― estos datos eran intensamente sospechosos y podían constituir un delito de tráfico de influencias, pues qué duda cabe de que un hijo tiene una poderosa influencia sobre un padre y viceversa, pero también debían ser investigados porque podrían ser constitutivos de otro delito de cohecho ya que el hijo del Presidente Tofiño se asocia, nada más acabar sus estudios de arquitectura, a un grupo inmobiliario consolidado ―PEYBER― y eso bien podría ser una dádiva en especie aún en el caso de que la mercantil SISTEMAS etc. no hubiera llegado a tener actividad como aseguraban sus socios y el propio Tofiño, pues en sí mismo representa una enorme ventaja que además constituye un concepto contable al que en los balances se le asigna valor monetario: el llamado “fondo de comercio”.

Por otro lado, en el punto 6º de la Nota de la Fiscalía se lee que “en cuanto a supuestas irregularidades administrativas” se considera que éstas no han superado la frontera que separa la jurisdicción Contencioso-Administrativa de la Penal ya que el delito de prevaricación “exige no una mera infracción, sino una actuación de voluntad consciente de menospreciar la Ley a costa de cualquier propósito”.

Así, por ejemplo, el Fiscal no apreció voluntad consciente de menospreciar la Ley cuando el Alcalde Pompa, consciente de lo que decía y advertido de la ilicitud por el Secretario del Ayuntamiento, respondió a la denuncia de la situación de incompatibilidad del funcionario Ernesto Rodríguez Cubas hecha en el Pleno del Ayuntamiento, diciendo que éste “fuera de las horas de trabajo podía hacer lo que quisiera”.

Tampoco se percibió voluntad consciente de menospreciar la Ley en el acto de apertura de plicas del PAU del campo de golf de Carranque, a pesar de que esa ilicitud había sido advertida formalmente al alcalde por el Secretario del Ayuntamiento y denunciada por la oposición; ni en la falta de notificación a propietarios afectados; ni en el hecho de que la operación se enmascarara mediante una sociedad con nombre equívoco ―AGRICOLA SAGRA-MANCHEGA― y objeto social falso ―el de las actividades agrícolas― cuando consta documentalmente que tanto el alcalde como los concesionarios del PAU tenían ciencia sobrada de cuál era el destino de ese suelo y la finalidad de esa mercantil.

El "dimitido" director del CNI, Bono y García Paje
El "dimitido" director del CNI, Bono y García Paje

Tampoco se consideraron hechos dignos de ser investigados el enriquecimiento inexplicable del funcionario Rodríguez Cubas que con un sueldo de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Carranque, consiguió acumular en las seis sociedades que constaban a su nombre no menos de 65 propiedades inmuebles ―la lista se puede descargar desde aquí― que juntas sumaban más de 43.000 m2, en su práctica totalidad de suelo ya urbanizado; ni en el no menos sorprendente enriquecimiento del actual “vicepresidente” del Grupo PEYBER, que con la nómina de “aparejador municipal honorario” del citado Ayuntamiento ha llegado a convertirse en el propietario de PEYBER en pie de igualdad con los otros dueños, los Díaz Bermejo.

En ninguna de estas cosas ni de las demás mencionadas en la denuncia, se percibió voluntad consciente de menospreciar la Ley o indicio alguno de delito, pero todas ellas tenían una virtud común: siempre, la “irregularidad” administrativa favorecía manifiestamente a la empresa del aparejador municipal, “íntimo amigo” de Pompa, al funcionario Rodríguez Cubas, también amigo íntimo de Pompa, y a CCM.

Por esto, desde aquí sólo puedo sumarme a la exigencia de Ana Guarinos, aunque ésta llegue tarde, de que la Fiscalía despliegue en Castilla-La Mancha el mismo celo investigador que en el caso Gürtel, más cuanto que hay que recordar que la operación Gürtel comenzó a partir de unos hechos de relevancia no muy distinta a los de Carranque o Illescas.

Pero es que además, desde que IU presentó su denuncia, lo que se ha conocido de la provincia de Toledo es realmente preocupante: tenemos aquí a los principales protagonistas de la operación Malaya (caso de la finca de Bargas); tenemos al malayo Javier Arteche (caso del campo de golf de Layos); sabemos que CCM financió con no menos de 200 Millones de € a la organización criminal de Roca; sabemos que al menos dos altos cargos de los gobiernos de Bono (Juan Tomás Vidal y Julio Rodríguez Arauzo) aparecen relacionados con presuntos delincuentes imputados en el caso Malaya, el primero además, en representación de CCM; sabemos que un imputado en la operación Malaya y presunto miembro de la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más pujantes en el continente europeo, pagó más de 700.000 € al ex alcalde de Seseña que aprobó el PAU del Pocero; sabemos que varios de los socios de CCM, que a su vez son sus mayores deudores y no poco responsables de su quiebra, están imputados a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla; sabemos que la empresa adjudicataria de la redacción del POM de Illescas, domiciliada en una barriada chabolista de esa localidad, está relacionada con CCF-21, la empresa de los “malayos” Carlos Sánchez y Andrés Lietor

Sabemos, en definitiva, demasiadas cosas y todas ellas escalofriantes, pero lo que no sabemos es de ninguna iniciativa de la Fiscalía en Castilla-La Mancha, que impulse la investigación de hechos tan preocupantes como estos. Es más, ha tenido que ser el Juzgado de instrucción nº 5 de Marbella, el que instruye las diligencias del caso Malaya, el que diera orden a la UDYCO para que investigara las conexiones de las tramas castellano-manchegas con la corrupción marbellí.

No obstante, puede que me equivoque, puede que esa investigación sí exista y se esté desarrollando con la discreción que la gravedad del caso requiere. Espero que sea así, porque ya es imprescindible para la salud de la cosa pública descubrir qué hay bajo la sonriente realidad oficial de Castilla-La Mancha.

Fernando Agulló Díaz-Varela, un eslabón político en los negocios toledanos de los “malayos” Román, Arteche y el presunto mafioso Gianni Montaldo

Conexión Astapa-Malaya
Conexión Astapa-Malaya

Los negocios de los “malayos” descubiertos hasta la fecha en Toledo tienen, no podía ser de otra manera, muchas cosas en común. Una de esas cosas, además de CCM, es el letrado y militante del PSOE Fernando Agulló Díaz-Varela, en su momento primer teniente de alcalde de la localidad madrileña de Majadahonda.

Este abogado en ejercicio, con despacho en la C/ Doctor Toledo, 20, 2º, C de Las Rozas y empresario del gremio de la construción, estrechamente ligado a la FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO (FUHEM) en la que aparece en el “Consejo Institucional” y a su red de empresas inmobiliarias, ha sido socio, consejero, administrador o apoderado de, al menos, 45 sociedades, la mayoría dedicadas a la cosa inmobiliaria y algunas de ellas sumamente interesantes.

Leer el resto del artículo.

El Tribunal de Cuentas acredita 27 violaciones de la ley en la aprobación del PAU del Pocero en Seseña

El Mundo

Joaquín Manso | Madrid

Ni una ni dos ni tres. Un informe que acaba de terminar el Tribunal de Cuentas revela que al Ayuntamiento de Seseña (Toledo) le dio tiempo a cometer nada menos que 27 irregularidades, algunas de ellas gravísimas, en los escasos siete meses que tardó en tramitar la mayor urbanización de España -13.000 viviendas- y adjudicársela al constructor Francisco Hernando, Paco el Pocero.El alcalde era entonces el socialista José Luis Martín, imputado por prevaricación en la aprobación del plan y por haber recibido presuntos sobornos en fechas coincidentes con los principales hitos de la tramitación, que discurrió entre noviembre de 2002 y mayo de 2003. La Fiscalía Anticorrupción denunció a Martín cuando descubrió que había amasado en pocos meses un patrimonio millonario que intentó justificar diciendo que le había tocado el cupón. EL MUNDO reveló el pasado 5 de agosto que un empresario vinculado a la mafia de Calabria le pagó 700.000 euros en aquellas fechas.

En su «anteproyecto de informe de fiscalización de la gestión urbanística del Ayuntamiento de Seseña», al que ha tenido acceso EL MUNDO, el Tribunal de Cuentas cita hasta 27 incumplimientos legales en esos siete meses, un tiempo récord para un PAU de tal volumen.

La reclasificación del suelo, dos millones de metros cuadrados, se aprobó sin «ningún tipo de estudio» para motivarlo, y tampoco se justificó «la edificabilidad y densidad residencial que plantea, muy alejadas de las propias del municipio».

La “Tombovskaya”, mafia rusa, podría haber financiado al Pocero

Tras la noticia dada el pasado día 5 de agosto por El Mundo, según la cual la empresa de un individuo relacionado con la mafia calabresa e imputado en el caso Malaya, pagó más de 700.000 € al ex alcalde que aprobó el PAU del Pocero en Seseña; nuevas noticias relacionadas con el crimen internacional, esta vez con la mafia rusa, vuelven a vincular la delincuencia internacional con la provincia de Toledo y, en concreto, con Seseña.

Ahora resulta que la Audiencia Nacional investiga si la truculenta tentativa de secuestro de que fue objeto el hijo mayor de Francisco HernandoEl Pocero”, estuvo relacionada con un préstamo de 30 Millones de Dólares que la Tombovskaya, una de las más importantes y sanguinarias organizaciones criminales de Rusia, habría hecho al Pocero a través de dos entidades bancarias situadas, respectivamente, en las Islas Vírgenes británicas y en el emirato de Dubai.

En la segunda fase de la Operación Troika fueron detenidos en Málaga y Marbella tres abogados acusados de blanqueo de capitales y de pertenencia a esta organización criminal. Se trata de Kiril Illine Yudasehev, Francisco Eloy Ocaña y Antonio de Fortuny Maines. Igualmente, llama la atención que las empresas del ex alcalde de Seseña, José Luis Martín ―una de las cuales fue la que facturó los 700.000 € a la sociedad del presunto miembro de la ‘Ndrangheta, Giovanni Piero Montaldo― estén administradas desde una gestoría de Málaga ―que como todo el mudo sabe, está a tiro de piedra de Seseña― denominada Cruces & Asociados, cuyo administrador único es el letrado malagueño Alvaro Cruces Navarro. Esta gestoría presenta notables características que, con toda seguridad, protagonizarán alguna noticia de calado durante el mes de septiembre. Entre tanto, reproduzco el artículo publicado hoy por El Mundo, que se puede descargar íntegramente, pulsando sobre la imagen:

El Mundo

Fernando Lázaro | Joaquín Manso | Madrid

“El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha interrogado al conocido delincuente Luis Rodríguez Pueyo, cabecilla de la banda que en abril de 2008 intentó secuestrar al hijo mayor de ‘Paco el Pocero’, para averiguar si es cierto, como él asegura, que actuó por encargo de la mafia rusa Tambovskaya, a la que el constructor debería 30 millones de dólares, según esa versión.

Fuentes jurídicas informaron a EL MUNDO de que Rodríguez Pueyo, condenado en el ‘caso Arny’, reconoció al juez que él mismo organizó el rapto, y afirmó que lo hizo por encargo de Vladislav Reznik, diputado del partido de Vladimir Putin y presidente de la Comisión del Mercado Financiero de la Duma, contra el que pesa una orden de busca y captura internacional dictada por Garzón por sus presuntos vínculos con el capo de Tambovskaya, Gennadios Petrov, encarcelado en España por el mismo juez.

El magistrado de la Audiencia Nacional dirigió en junio de 2008 una gran operación que desarticuló el complejo Tambovskaya-Malisevskaya, que actuaba desde España blanqueando dinero y del que se sospecha que ordenaba decenas de extorsiones, secuestros y asesinatos.

La Policía investiga ahora si existió esa relación entre la mafia rusa y la banda de Rodríguez Pueyo -en la que estaba integrado Raúl Brey, primo de Mariano Rajoy-, que cayó cuando fue liberada por los GEO en Almonte (Huelva) otra de sus víctimas: el empresario Rafael Ávila”.

La Mafia y los «malayos» aparecen en el caso Seseña. El ex alcalde José Luis Martín cobró 700.000 € de un capo de la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa

Pulsar sobre la imagen para descargar el artículo
Pulsar sobre la imagen para descargar el artículo

El Mundo

Joaquín Manso | Madrid

Actualizado miércoles 05/08/2009 05:56 horas

Hay un camino que va de Marbella a Seseña. Dos empresas controladas por Gianni Montaldo, amigo de Juan Antonio Roca, pagaron más de 700.000 euros a José Luis Martín, el ex alcalde socialista que adjudicó al constructor Francisco Hernando, ‘El Pocero’, una urbanización de 13.000 viviendas.

Giovanni (Gianni) Piero Montaldo aparece como actor destacado en el sumario del ‘caso Malaya’ y, según el juez Miguel Ángel Torres, está vinculado a la mafia de Calabria llamada ‘Ndraghetta’. La Policía lo investigó a principios de esta década por su supuesta relación con una red de blanqueo vinculada al tráfico de cocaína que lideraría el capo Gianni Meninno.

EL MUNDO ha tenido acceso a las facturas que demuestran los pagos a José Luis Martín por una «intermediación» inmobiliaria, que se produjeron justo en las fechas en que se tramitaba el plan de ‘El Pocero’ y que han sido incorporadas por la Fiscalía Anticorrupción a las diligencias que se siguen en un juzgado de Illescas (Toledo) contra el ex alcalde.

De momento, José Luis Martín es el único imputado por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de la urbanización.

José Luis Martín no tiene estudios y, hasta que en 1987 accedió a la Alcaldía de Seseña, era el taxista del pueblo. Conducía un R-12. Cuando declaró ante la fiscal Belén Suárez a principios de 2008, Martín -que cobraba menos de 1.800 euros al mes como edil- intentó justificar el origen de su fortuna en un golpe de suerte: aseguró que le había tocado el cupón y presentó una fotocopia de cinco billetes de la ONCE premiados.

Lo que no dijo a la fiscal es que, a través de una empresa llamada Servicios y Desarrollos Culturales Norte, había facturado 702.342,20 euros entre diciembre de 2002 y octubre de 2003 a las sociedades Inverespaña Sema y Sur Inversiones Sema, domiciliadas en la lujosa urbanización Las Lomas de Arroyo Judío, en Estepona, y apoderadas por Gianni Montaldo y su esposa, Tatiana Annetta Eugenia Triacca. Por ahora, un representante de Inverespaña Sema tendrá que declarar ante la juez.

Teodoro Obiang Nguema, el nuevo socio de Paco Hernando “El Pocero”, blanquea capitales en España

Teodoro Obiang Nguema
Teodoro Obiang Nguema

La noticia la ha hecho pública hoy el diario «El Mundo«. La Fiscalía Anticorrupción está estudiando la presentación de una querella criminal contra Teodoro Obiang Nguema y otros personajes de su órbita familiar y política, por un delito de blanqueo de capitales en España.

La actuación de la Fiscalía trae causa de una denuncia presentada por la ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA (APDHE) en la que se documenta detalladamente «las numerosas transferencias millonarias procedentes de la Cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial en el BANCO RIGGS (de EE.UU) con número 17-164-642 depositadas en la cuenta a nombre de la sociedad KALUNGA COMPANY SA, del Banco de Satander, Madrid, entre los años 2000 y 2003, con un importe total de 26.483.982,57 $«.

La denuncia de APDHE, según informa El Mundo, va dirigida contra un total de 11 personas, todas ellas ligadas familiar o políticamente al actual presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. Así, por ejemplo, están incluidos en la denuncia, el hijo de Obiang, Gabriel Nguema Lima, su nuera Virgina Esther Maye; su cuñado Teodoro Biyogo; el ministro de asuntos exteriores y su esposa, Pastor Mincha y Magdalena Ayang; o el ex ministro de Minas, Anastasio Ella.

La denuncia es el resultado de un trabajo de investigación llevado a cabo por la fundación estadounidense SOROS, el OPEN SOCIETY INSTITUE (organización dedicada a la defensa de los derehcos humanos y a la lucha contra la corrupción) y la propia APDHE. Según dicha investigación «se demustra y acredita que los querellados han ido adquiriendo una serie de casas, chalés y edificios entre el año 2000 y 2003 en el territorio español con el dinero que de forma irregular salía de Guinea, llegaba al BANCO RIGGS de Washington y, después terminaba en la oficina central del BANCO DE SANTADER«.

El banco estadounidense RIGGS, ahora desaparecido tras una fusión de entidades bancarias, tenía ya cierta experiencia en la receptación de capitales delictivos. Concretamente, actuó en la ocultación de parte de la fortuna de Pinochet y, además, fue sancionado con 25 millones de dólares por violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales, especialmente, en sus transacciones con el Gobierno Guineano.

Según el Subcomité estadounidense que actuó en el caso «el Banco Riggs había incumplido sus obligaciones antiblanqueo de capitales en relación con… las cuentas de Guinea Ecuatorial y que, sin ningún género de dudas, tenían su origen ilícito penal en la corrupción (malversación) practicada en ese país«.

El Pocero y su abogado y socio José Luis Sanz Arribas
El Pocero con su abogado y socio José Luis Sanz Arribas

Tal y como afirma El Mundo, es difícil calcular el dinero que anualmente ingresa Guinea Ecuatorial, sobre todo derivado del petróleo. No obstante, se considera que estos ingresos no son inferiores a 3.000 millones de Euros de forma que, por renta per capita, a Guinea le corresponde el noveno puesto entre los países más ricos del mundo. Sin embargo, el subdesarrollo es patente, uno de cada cinco niños sufre desnutrición y la prisión política y la tortura de los detenidos está incuestionablemente acreditada por la ONU. Por otra parte, la revista FORBES atribuía en el 2006 a Obiang Nguema, una fortuna personal de 600 millones de Euros (cerca de los cien mil millones de pesetas)

Así pues, estos son los personajes con los que Francisco Hernando «El Pocero» se ha puesto a hacer negocios ahora que «con el señor Bono» ya no tiene «el gusto de tratar«.

En este sentido El ECONOMISTA publicaba el pasado 1 de diciembre de este 2008, que según «fuentes cercanas» a Hernando, posiblemente tan cercanas como las de José Luis Sanz Arribas, abogado y socio del Pocero; Teodoro Obiang y Francisco Hernando habrían llegado a «un principio de acuerdo» para la creación de una empresa participada al 50% por el Gobierno Guineano y por el propio Pocero que, además, tenía previsto viajar a Guinea esa misma semana para entrevistarse con Obiang, sujeto con el que ha estado manteniendo directamente las negociaciones para la constitución de dicha empresa a través de la cual pretende empezar desarrollando una urbanización similar a la frustrada de Seseña, a más de polígonos industriales y obra pública.

El negocio parece muy prometedor para Hernando y, desde luego, para el dictador Obiang, al que vemos en el video anterior bailando en la fiesta de cumpleaños de Omar Bongo, presidente de Gabón. Según las «fuentes» de «El Economista», en Guinea está todo por hacer: «si se quieren hacer las cosas con lógica habría que montar fábricas de cemento y de ladrillos porque no se puede estar con un barco para arriba y para abajo».

Parte de ese buen negocio se hará o se pretenderá hacer con créditos estatales del Gobierno de España, en especial con los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD). Además, Guinea Ecuatorial tiene otra inestimable ventaja para Hernando y sus socios. Allí no es probable que aparezca ningún Manuel Fuentes y si apareciera, no tardaría en desaparecer.

Bono responde a Lara (IU) que no suele «mezclar el odio personal con la política»

José Bono
José Bono

TOLEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) –

«El presidente del Congreso de los Diputados y ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, respondió hoy a las acusaciones del coordinador regional de IU, Cayo Lara, que ayer amenazó con acudir de nuevo a la Fiscalía Anticorrupción si no explica las obras que constructor Francisco Hernando, ‘El Pocero‘, realizó en Hípica Almenara, que «a estas alturas de mi vida no suelo mezclar el odio personal con la política«.

Así se expresó José Bono en declaraciones a los medios al finalizar el acto de la VII Promoción de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que ha apadrinado, y subrayó que «gracias a Dios no siento odio hacia nadie, pero el que lo tenga, yo siempre creo que es peor para la vida», concluyó»..

Muy bien, pero… ¿Qué hacían las máquinas de «El Pocero» en Hipica Almenara?

IU acudirá de nuevo a Anticorrupción si Bono no explica las obras que ‘El Pocero’ realizó en Hípica Almenara

José Bono

El partido se persona en la admisión a trámite de la denuncia de la Fiscalía sobre el anterior alcalde de Seseña, José Luis Martín.

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) –

Izquierda Unida (IU) reclamó hoy al que fuese presidente de la región, José Bono, que explique ante la opinión pública las obras que el constructor Francisco Hernando ‘El Pocero’ realizó en la primavera del 2004 en Hípica Almenara, propiedad de la familia del actual presidente del Congreso. En caso contrario la federación de izquierdas amenaza con poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción o la Judicatura.

Así lo anunció en rueda de prensa el coordinador regional de IU, Cayo Lara, tras analizar y hacerse eco de la entrevista que el constructor Francisco Hernando concedió al diario El Mundo, en la que el ‘El Pocero’ habla de esas obras en Hípica Almenara y su relación con Bono, ya que a su juicio «destapan muchos hilos sueltos, y abre una perspectiva en todo el entramado de Seseña«.

El Pocero en sus declaraciones, continuó Lara, explica que las obras que él realizó en las propiedades de Bono en la primavera del 2004 fueron encargadas por una serie de empresas, que tienen publicidad en Hípica Almenara, y que fueron las que las financiaron, como ha quedado demostrado, a su juicio, en la investigación que tanto la Fiscalía como Hacienda ha realizado en las cuentas del constructor.

Por tanto, reiteró el coordinador regional de IU, José Bono, debería de dar explicaciones sobre las afirmaciones de ‘El Pocero’ y explicar por qué fueron estas empresas las que pagaron las obras que realizó el constructor en Hípica Almenara y por qué consintió que esas empresas, que trabajan con la Junta, financiaron esas obras en sus propiedades privadas.

Habló también de la presunta relación entre el que fuese consejero de Vivienda, Alejandro Gil, con Hercesa, donde trabaja en la actualidad después de haber dejado el Gobierno regional, y de las facturas que el propio Bono presentó al coordinador general, Gaspar Llamazares, sobre dichas obras, sin que éste se las hubiera reclamado.

Desde la federación de izquierdas reclaman también explicaciones sobre la concesión de licencia de obras que expidió el Ayuntamiento de Toledo, que regía José Manuel Molina, en esa primavera del 2004, para que Bono pudiera acometer esas obras.

Denuncia

Francisco Hernando "El Pocero"

De otro lado, el coordinador regional explicó que la semana pasada Izquierda Unida presentó en el Juzgado Número 4 de Illescas el escrito de personación sobre la admisión a trámite de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de los supuestos delitos de cohecho, prevariación y contra la hacienda pública, contra el anterior alcalde de Seseña, José Luis Martín.

El responsable regional de IU dijo que será a criterio del juez responsable si la personación del partido es como acción particular o popular. En el segundo de los casos, Lara explicó que será la jueza responsable la que establezca una fianza que confió en que sea asequible y no sea tan elevado como la que dictó para el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, por las tres querellas que el Pocero interpuso contra él.

En todo esto cabe la posibilidad de que la jueza que instruye el caso decrete el secreto de sumario, y «sería tremendo que fuese así porque nos dejaría fuera de la instrucción del procedimiento hasta que se reabriera», apostilló.

De otro lado, se mostró convencido de que jurídicamente no es posible que el único denunciado hasta el momento sea sobre el anterior alcalde de Seseña, «porque el cohecho lo acometen la persona que recibe que es un cargo público y la que paga, que pretende obtener beneficios».

«En este caso el anterior alcalde no pudo hacer cohecho solo. Otra cosa es con quien lo pudo haber hecho que es la incógnita que la Fiscalía, incomprensiblemente, deja abierta y no cierra en esa denuncia inicial, y que tiene que investigar la propia juez», concluyó Lara.