Nuevo fracaso judicial de El Pocero. La Audiencia Provincial de Toledo declara lícito el artículo “El Mago del Ladrillo”

La Audiencia Provincial de Toledo acaba de absolver a Manuel Fuentes, alcalde de Seseña, y a los concejales de IU David García Contreras, Nuria Muñoz, Mercedes Urosa y Mercedes González de la condena que habían sufrido en primera instancia como responsables de un delito de calumnias contra Francisco Hernando “El Pocero”, a consecuencia de la publicación del artículo “El Mago del Ladrillo”.

La sentencia de la Audiencia Provincial (que se puede descargar desde aquí) absuelve sin paliativos a los recurrentes, declara lícito y amparado por los derechos a la libertad de expresión e información lo publicado en el mencionado artículo y, de facto, demuestra al Pocero y a otros que como El Pocero pretenden convertir el Título XI del Libro II del Código Penal en mordaza y garantía de secreto de sus andanzas; que la prepotencia de sus bufetes y de sus abogados, por mucho traje de alpaca que se gasten y por mucho edecán del que se hagan acompañar a las vistas, no basta para torcer la verdad de las cosas.

Gástese El Pocero, y otros de similar condición a la suya, cuantos millones quieran en azuzar a los letrados de Gómez-Acebo & Pombo, de Garrigues o de no importa qué prestigioso y arrogante bufete, contra la libertad de expresión e información. Gástense lo que quieran, pero no pasarán.

Este es el artículo objeto de la querella. Esto es lo que se ha querido silenciar:

 

EL MAGO DEL LADRILLO

A semejanza de lo que ocurre en el resto de España, donde se está construyendo un tercio de toda la vivienda nueva de Europa, en Seseña ha fijado sus ojos de águila un mago del ladrillo.

Y tiene explicación si convenimos que Seseña posee una buena comunicación por carretera, un amplio término municipal y un pequeño grupo de políticos de principios débiles y moldeables. Características todas ellas que, en conjunto, reproducen el hábitat ideal para llevar a cabo negocios inmobiliarios en breves plazos de ejecución, Dinero rápido en sencilla mezcla con ningún escrúpulo y apoyo de altas instancias políticas y financieras.

El esquema de trabajo de estos magos del ladrillo empieza a ser conocido con asuntos tales como el caso Marbella; buscan suelo barato, rústico o zona verde, controlan los poderes políticos para que aprueben y recalifiquen según sus necesidades, compran voluntades ofreciendo mucho trabajo en el entorno y cuando terminan, más pronto que tarde, se marchan a la búsqueda de un nuevo lugar, dejando en su camino: un ingente cúmulo de despropósitos urbanísticos, medioambientales, sociales, de resolución costosa y difícil que siempre corresponde a otros gestionar y a los nuevos vecinos padecer; La corrupción política y personal que genera desconfianza en el futuro, el trabajo en precario y temporal que deja un grosero rastro de accidentes laborales, el negocio inmobiliario que facilita el mercado de dinero negro, la falta de servicios, la desestructuración social de los pueblos, entre otros.

Ese panorama se repite allí donde estos virtuosos magos del ladrillo ponen su objetivo y Seseña ha sido seleccionado: El Quiñón, Residencial Francisco Hernando, núcleo separado por cuatro kilómetros del casco urbano y con 13.000 viviendas en altura de 10 pisos, 75 viviendas por hectárea cuando nuestra media es de 30, sin compromisos firmes de la Administración Regional para dotaciones y equipamientos, es prueba fehaciente de lo que decimos.

Pero se ha encontrado el mago resistencias en Sesefia y por serie inesperadas, de más difícil resolución. Su primer problema es el gobierno municipal, y reconocemos que sabe cómo manejarse utilizando dos métodos familiares en su trayectoria empresarial: la compra de votos, de voluntades políticas y la utilización descarada de sus medios de comunicación particulares. Los políticos y vecinos de Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón saben a qué nos referimos.

En Seseña compra los votos más fáciles: dos concejales y un familiar directo del portavoz de una parte de la oposición están en la nómina de ONDE 2000, su Empresa de construcción. Al resto les apoya con descaro en su camino hacia las próximas elecciones. Reconozcamos también su falta de imaginación.

En los medios de comunicación tiene planes de futuro: radio y televisión y realidades que ya utiliza: su periódico La Voz de La Sagra, en el que podemos comprobar que no existe la voz del Alcalde o del gobierno municipal en las crónicas de los plenos o en las entrevistas a políticos locales, simplemente se excluye por censura interesada.

Y su segundo problema es el grupo político que forma el gobierno municipal: Izquierda Unida, a quienes sabe que no es posible comprar o moldear. Desconoce este mago del ladrillo la realidad de nuestro grupo político y cabe hoy descubrirle, para que se instruya, que nuestro método de funcionamiento interno impide a ningún cargo de Izquierda Unida decidir distinto a lo que acuerda la Asamblea, cabe decirle que las decisiones (acertadas o no) se toman por el colectivo y que no sirve acosar a nuestros alcaldes y concejales en la búsqueda de su mejor manejo, simplemente porque los cargas públicos de Izquierda Unida sólo son manejados por las Asambleas de Izquierda Unida y no caben por tanto compras ni oscuros tratos en su recorrido y su gestión.

Y nos quiere convencer con su prensa interesada, su Voz en La Sagra, que nuestro alcalde en Seseña engaña a su Asamblea al votar en contra del desarrollo urbanístico del Quiñón y acto seguido, dice su Voz, agiliza su gestión en la Consejería correspondiente. El Quiñón se aprobó, esto si lo sabe, con los votos sumados del PP y PSOE, felizmente ahora en la oposición.

Y hay que decir que la apuesta urbanística del gobierno municipal de Izquierda Unida en Seseña sigue siendo firme, hasta ahora, en esta legislatura no se ha recalificado ni un solo metro de suelo en todo el término de Seseña y los planes, las directrices urbanísticas en las que estamos trabajando, habran de servir para contener, más que para crecer, con el objetivo conocido de unir todas las áreas urbanas ahora dispersas, Seseña, Seseña Nueva, Vallegrande,…

Y ahora, además, gracias al abracadabra del mago del ladrillo y sus colaboradores, habrá que contar con los nuevos vecinos del Quiñón. Bienvenidos todos. ¡El mago, no!

El Auto del millón de Euros no fue un error. La Juez impuso, exactamente, la fianza solicitada por el Pocero

Auto del millón de euros

Que las prisas son malas y que la lentitud es atención y la atención es precisión, son cosas de las que no hay que dudar. Así, pese a que el Auto dictado por el Juzgado de instrucción nº 1 de Illescas por el que se imponía ad cautelam una fianza de un millón de Euros a Manuel Fuentes, actual alcalde de Seseña, para hacer frente a las responsabilidades derivadas de una querella por “calumnias” presentada contra él por El Pocero ―una de la docena larga que aún tiene activas contra Fuentes, este personaje― ha llamado la atención de todos los medios de comunicación, y pese a que las dudas sobre la justificación dada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ―era un “error informático”― han sido insistentemente subrayadas en esos mismos medios; parece que a todos nos ha pasado desapercibido un detalle crucial.

El millón de Euros impuesto por la Juez Carolina Hidalgo coincide, exactamente, con la cantidad solicitada por los abogados del Pocero. Así, en el apartado de “Antecedentes” se lee:

«En el presente procedimiento abreviado por la ACUSACIÓN PARTICULAR se ha presentado escrito de acusación contra MANUEL FUENTES REVUELTA por un delito de CALUMNIA, solicitando se le imponga la pena de DOS AÑOS de prisión por las manifestaciones vertidas y ratificadas en la entrevista publicada en el periódico EL MUNDO y otros DOS AÑOS de prisión por las manifestaciones contenidas en la carta abierta remitida a los veciones de EL QUIÑÓN, debiendo indemnizar a la parte actora por los daños y perjuicios y daños morales causados en la cantidad de 1.000.000 de euros»

En correlación con esta petición del Pocero, en el apartado 2 de la «Parte Dispositiva» del Auto, la Juez Carolina Hidalgo dispone que se requiera al acusado «para que en el plazo de un día preste fianza en cantidad de 1.000.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva pudieran imponérsele»

De modo que la Juez otorga lo que el Pocero pide, ni un céntimo más, ni un céntimo menos y ante esto hay que hacer demasiada violencia al tenor literal del texto y al sentido común como para condescender ante la versión del «error informático».

El truculento Auto del millón de Euros

Pulsar sobre la imagen para descargar copia del Auto

“¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? ¿Cuándo cesará al fin esta desenfrenada y jactanciosa audacia tuya?”

El auto del millón de Euros dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Illescas (Toledo) va camino de convertirse, si no lo ha hecho ya, en el el escrito jurídico más famoso de la historia española.

Está fechado en día 23 de diciembre de 2009 y notificado el 13 de enero de 2010. En él se fija una fianza de “1.000.000” de Euros para que Manuel Fuentes garantice las posibles responsabilidades patrimoniales derivadas de una de las múltiples acusaciones del Pocero.

Esto, como ya todo el mundo sabe, ha sido “un error informático” (sic) porque lo que la Juez Carolina Hidalgo quería escribir era “10.000” y no “1.000.000”, y así lo hizo público el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ―no el Juzgado nº 1 de Illescas― en un comunicado emitido el día 14 de diciembre de 2010.

Es verdad que entre 10.000,00 y 1.000.000 hay cierto parecido, pero es que en el Auto del millón de euros la cantidad está perfectamente puntuada, es decir, aparece 1.000.000 y no 10.000.00 y además, está perfectamente puntuada no una vez, sino dos: en la primera página y en la segunda y última, y además la rectificación, comunicada no por el Juzgado, insisto, sino por el Tribunal Superior de Justicia, se produce pasados 23 días desde que se dictó el auto y sólo después de que la noticia corriera como reguero de pólvora por la Red y por los medios de comunicación, todo hay que decirlo, gracias a que el propio Pocero la filtró en un arranque de exultante y precipitado alborozo.

Qué este Auto ha sido un error, no parece ofrecer duda alguna, pero sospecho que el error ha estado en infravalorar la reacción que iba desencadenar.

Sea como sea, si algo está demostrando el caso Seseña, es que la sociedad civil española, agónica pero viva, aún es capaz de estorbar la soberbia, el arbitrio y la arrogancia de sujetos convencidos de que el dinero obra encantamientos.

El Juzgado nº 1 de Illescas rectifica: son diez mil, no un millón

A escasas 24 horas de que se extendiera la noticia del millón de euros reclamado por la Juez Carolina Hidalgo al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, en concepto de fianza por una de las querellas presentadas contra él por El Pocero, el Juzgado rectifica: el millón de euros (1.000.000 €) era un error “informático” producido al “introducir más dígitos de los que proceden al fijar en el auto de apertura de juicio oral la cantidad que se considera procedente como fianza”. En realidad la cifra asciende a diez mil Euros (10.000 €).

¿Tienen la decencia y la rectitud que pasar a la clandestinidad en España o sucumbir?

El Mundo, 5 de agosto de 2009
Portada de El Mundo de 5 de agosto de 2009

Ayer saltó la noticia. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Illescas ha impuesto una fianza a Manuel Fuentes, actual alcalde de Sesña, de UN MILLÓN DE EUROS, a cuenta de una de las querellas por injurias y calumnias interpuesta contra él por El Pocero.

José Luis Martín, el ex alcalde de Seseña que tramitó inicialmente el PAU del Pocero y que, como se ha sabido recientemente, cobró 700.000 Euros de un imputado en los casos Malaya y Astapa y sospechoso de pertenecer a la mafia calabresa; está imputado por delitos de corrupción presuntamente cometidos en relación con la aprobación del PAU del Pocero. Permanece en libertad, sin fianza y sin ninguna otra medida cautelar.

Caso Malaya:

De los 99 detenidos en el caso, 51 han tenido que afrontar el pago de una fianza de entre 6.000 y 500.000 euros.

Caso Gürtel:

A Alfonso Bosch y Alberto López Viejo, el TSJM les ha impuesto sendas fianzas de 955.000 y 750.000 euros, respectivamente. Alberto Pérez “El Bigotes” está en libertad sin fianza y con prohibición de abandonar el territorio nacional.

Caso Pretoria:

Macià Alavedra y Lluís Prenafeta en libertad bajo fianza de un millón de euros.

Caso Astapa:

El empresario Vicente Delgado y su hermano Félix, ambos en libertad con fianzas de 100.000 euros. El presidente del grupo Prasa, José Romero, en libertad con una fianza de 300.000 euros. El arquitecto municipal de Estepona, Ignacio de la Hoz, en libertad con fianza de 50.000 euros. Ana María Crespo en libertad con fianza de 30.00 euros, y J.L C.A, con la misma cantidad. Luis Fernando Linares, ex consejero delegado de Valle Romano y socio de la trama Vasco-Malaya en libertad con la fianza más alta del caso: de 500.000 euros.

¿Es Manuel Fuentes Revuelta un presunto delincuente tanto o más peligroso que todos los otros presuntos delincuentes citados antes? ¿Es Manuel Fuentes Revuelta un presunto delincuente?

El “oasis” manchego. El Pocero aún sin declarar y Manuel Fuentes condenado

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El Pocero declarando en el juicio contra Manuel Fuentes

Hoy se ha hecho pública la noticia. El juzgado nº 1 de Toledo ha condenado –la Sentencia se puede descargar desde aquí– en primera instancia a Manuel Fuentes, alcalde de Seseña y a otros cuatro concejales de IU por unas supuestas calumnias al Pocero. La frase, la única frase que el juzgado en cuestión ha considerado calumniosa es la siguiente: “En Seseña compra los votos más fáciles: dos concejales y un familiar directo del portavoz de una parte de la oposición están en la nómina de ONDE-2000, su empresa de construcción”.

La Sentencia considera que lo afirmado en esa frase reúne todos los elementos del tipo de cohecho; que por lo tanto supone la imputación de un delito perseguible de oficio, condición necesaria para que se aprecie el delito de calumnias; y que, además, la citada frase “no responde a la verdad, al menos parcialmente”.

El tipo penal del cohecho como por cierto muy bien dice la Sentencia, configura un “delito de resultado cortado”, es decir, se consuma con la entrega o promesa de la dádiva por parte del corruptor, que lo hace con la intención de corromper, independientemente de que su propósito tenga éxito o no. Así, a partir de aquí, la Sentencia se centra en dilucidar si es verdad o no que el Pocero ofreció como dádiva un puesto de trabajo a los concejales en cuestión con la intención de moldear la voluntad de estos a favor de sus intereses.

Pues bien, en la página 19 de la Sentencia se lee, textualmente, que: “es verdad que dos concejales están contratados por ONDE-2000 SL, es relativamente cierto que otro concejal presta su trabajo para ONDE-2000 SL, pero mediante otra empresa contratada por ésta”. Sin embargo, el Ilmo Sr Magistrado-Juez, considera que “no es verdad que sus votos estén comprados”.

Esta es la base de la condena de Manuel Fuentes y sus compañeros y, por eso, en mi muy modesta pero indignada opinión, la sentencia resulta contradictoria y yerra gravemente. Como ya se ha dicho, la modalidad de cohecho en la que se puede subsumir la frase del artículo “El Mago del Ladrillo” configura un delito de resultado cortado. Por lo tanto, para que se comenta y, consecuentemente, para que no sea punible la imputación de su comisión, los concejales que reciben las dádivas, no tienen por qué haberse corrompido. Basta con que el Pocero haya hecho esas dádivas y que las haya hecho con el objeto de volver obedientes a sus intereses las voluntades de esos concejales.

No voy a entrar a dilucidar cuál era la voluntad del Pocero al dar trabajo a unos concejales de un Ayuntamiento que tenían un poder decisivo sobre la tramitación administrativa de su PAU y que, por eso, podían influir favorable o desfavorablemente en el éxito de su multimillonario negocio, pero el propio Magistrado D. Eduardo Luis Gonzáles del Campillo-Cruz afirma en su Sentencia que es cierto que esas relaciones laborales existen, es decir, que la dádiva existió.

Si los concejales, a pesar de eso, no torcieron la rectitud de sus actuaciones, la cuestión resulta irrelevante para la existencia o no del presunto cohecho cometido por el Pocero, porque ya hemos repetido que ese es un delito de resultado cortado, un tipo que adelanta las barreras penales al momento de la tentativa y si en el artículo del boletín de IU de Seseña se afirma que esos concejales estaban “comprados”, la supuesta “calumnia”, de no ser eso así, les afectaría a ellos, que no eran querellantes ni partes en el proceso, y no al Pocero, que sí está probado, según la sentencia, que les contrató laboralmente a unos o les favoreció económicamente a otros.

Ahora bien, incidiendo en su tesis, la Sentencia argumenta que los votos de los concejales Felipe Sancho Ricoy –a quien el PSOE de Madrid, no de Toledo, expulsó del partido al tiempo que disolvió la agrupación socialista de Seseña a causa de las intensas sospechas de corrupción que pesan sobre sus miembros– Catalina Murillo Rodríguez, Tomás García Félix y Cándido Mejía; no estaban comprados, porque Felipe Sancho siempre votó a favor de los proyectos del Pocero aún antes de entrar a su servicio y porque el resto de los aludidos o no habían hecho lo propio a fecha de publicación del artículo o porque la vinculación con el Pocero estaba establecida a través de un familiar directo o mediada por intereses urbanísticos.

En este punto la Sentencia olvida que la dádiva no tiene por qué ser coetánea a los hechos, ni ser para quien la recibe, sino que también puede ser para un tercero, y que igualmente basta, para consumar el delito, la promesa de ésta: El artículo 420 dice que “la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicite o reciba, por sí o por persona interpuesta, dádiva o promesa…”; el 421 ser refiere a “la dádiva solicitada, recibida o prometida” y el 423 CP dice que “los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos serán castigados…”.

Clarena, el Titanic del Pocero
Botadura del Clarena II, el nuevo Titanic del Pocero, que no llega a fin de mes porque da el dinero a los pobres

Por otra parte, que la voluntad de Felipe Sancho ya se hubiera manifestado a favor del Pocero antes de entrar a trabajar bajo sus órdenes, no quiere decir que las voluntades no sean mudables como plumas al viento y que el Pocero no se viera obligado a continuar cultivando de forma sostenida en el tiempo las buenas inclinaciones de Felipe Sancho y de otros hacia sus intereses.

En conclusión, que siendo verdad la vinculación laboral o económica de los concejales citados, por sí o por familiar interpuesto, con el éxito del negocio del Pocero; que siendo cierto o “relativamente cierto”, al decir de la Sentencia, que existe remuneración dineraria del Pocero a estos; y siendo más cierto aún que el delito de cohecho se consuma con dádiva entregada u ofrecida o con promesa de ésta, independientemente de que el propósito corruptor se vea coronado o no por el éxito; se me hace imposible entender –a salvo de que se den si se dan los elementos subjetivos del tipo– que la frase que ha llevado a la condena de Manuel Fuentes y de sus compañeros no esté sobradamente amparada por el derecho fundamental a la libertad de información.

Pero si esta sentencia en sí misma ya es preocupante, también tiene la virtud de hacer que el contexto en el que se produce adquiera tintes sobrecogedores. En Castilla-La Mancha las únicas autoridades públicas condenadas son Manuel Fuentes y los concejales de IU de Seseña.

Es decir, esa condena se produce en una comunidad autónoma en la que CCM ha financiado a la trama delictiva –uso la expresión del auto de imputación del Juzgado nº 5 de Marbella en el Caso Malaya y a él me remito– de Roca con no menos de 200 Millones de Euros y ha sido llevada a la quiebra, en muy buena parte, a causa de inversiones generosísimas hechas en los negocios de un ínfimo grupo de constructores pública y estrechamente vinculados a Bono y Barreda.

Esa condena se produce en la misma región en la que se ha descubierto a un presunto miembro de la mafia calabresa –Giovanni Piero Montaldo– vinculado, según la policía, al narcotráfico y al tráfico ilegal de armas, pagando más de 700.000 € al que fuera alcalde de Seseña cuando con una celeridad inaudita se aprobó el PAU del Pocero.

Esa condena se produce en un lugar en el que se ha documentado al Pocero haciendo trabajos en el hipódromo de José Bono, entonces presidente regional, sobre los cuales el mismo Pocero ha declarado que no se los pagó Bono, sino las empresas anunciantes del hipódromo, entre las que está IBERDROLA, la misma que había nombrado al citado “malayo” y presunto mafioso Giovanni Piero Montaldo como su apoderado en Marbella.

Esa Sentencia se dicta en la misma región en la que un tribunal consideró la forma en que el Pocero se hizo con el Quiñón como una “estafa procesal” y en la que la empresa utilizada para dicha adquisición, PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE, tuvo como primer administrador a un tal Luis Simarro Belmonte, implicado en la estafa multimillonaria –15.775.000 $– del caso KHEMA TRADING Ltd., embrollo del que salió bien parado con la ayuda de los buenos oficios del abogado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas.

Se dicta en una región donde la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de haber instado la acción judicial contra José Luis Martín, el anterior alcalde de Seseña ahora imputado por corrupción, no ha considerado oportuno llamar a declarar al Pocero, ni siquiera como testigo.

Se dicta en la misma región en la que se ha descubierto una finca –cuyo proyecto urbanístico había sido considerado por la propia Junta como “inviable”– adquirida por el “malayo” Pedro Román mediante un crédito de 30 Millones de € concedido por la CCM de Hernández Moltó y renovado in extremis días antes de la intervención de la Caja.

Se produce en la misma región donde otros casos, de menor repercusión mediática, pero no por ello menos significativos, como son los de Carranque, Chozas de Canales o el de la propia Diputación de Toledo, o bien están llevando una existencia vegetal en los Juzgados o bien se han considerado de tan “escaso contenido penal” que no han merecido la menor diligencia de investigación por parte de la Fiscalía.

Esto ocurre, en definitiva, en una región en la que ha tenido que ser un Juzgado de Marbella, el número 5, el que diera orden a la UDYCO para que investigara las actividades y vinculaciones de las tramas urbanísticas toledanas con la delincuencia del Caso Malaya.

Y en esta doliente región, en este “oasis” de la calamidad, es donde Manuel Fuentes y sus compañeros tienen el honor –y digo bien: el honor– de haber sido condenados por denunciar las actuaciones del Pocero, que dice no llegar a fin de mes porque le “da el dinero a los pobres”. No sé si esa será la explicación de porqué el ex alcalde de Seseña José Luis Martín antes era pobre y ahora es rico.