OPERACIÓN PÚNICA. LA CONSTRUCTORA PEYBER, EL DETENIDO DAVID MARJALIZA Y UNO DEL CASO GESCARTERA.

Ricardo Díaz Bermejo, el hombre fuerte del quebrado grupo Peyber
Ricardo Díaz Bermejo, el hombre fuerte del quebrado grupo Peyber

Dada la urgencia que las últimas redadas imponen a las cosas, valgan estas notas como adelanto informativo.

La operación Púnica ha golpeado en dos pequeños pueblos de la frontera entre Toledo y Madrid: Casarrubuelos y Serranillos del Valle. A tiro de piedra de ambos sitios está Carranque y en Carranque un grupo constructor del que se ha hablado mucho en este sitio tuvo una gran fortuna en lo que a adjudicación de obras y planes de urbanización se refiere cuando la alcaldía estaba ocupada por Alejandro Pompa Mingo.

Esto no es difícil de entender. Como ya se ha dicho aquí, PEYBER es un acrónimo de los apellidos Peinado y Bermejo y Jesús María Gallego Peinado, además de ser uno de los socios de Peyber, era el aparejador municipal de Carranque.

Este grupo constructor está ahora quebrado y bajo administración judicial, pero en cierto momento de su fulgurante ascenso, constituyó dentro de su Grupo las mecantiles TITÁN DESARROLOS INMOBILIARIOS, 1, 2, 3, 4 y 5.

El 13 de septiembre de 2007, consta en el correspondiente Registro Mercantil el alta como consejero en TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1, de un individuo llamado José Villarig Lou, implicado en la trama delictiva del caso GESCARTERA. Con la misma fecha, también consta su alta en el consejo de administración de la mercantil del grupo PEYBER, TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2, SL.

El 26 de septiembre de 2006, igualmente, fue nombrado consejero de la sociedad VILLALEGRE SERRANILLOS SA. Recordemos que en Serranillos del Valle se han producido detenciones en el transcurso de la operación Púnica.

Por otro lado, en la empresa TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, SL (por supuesto, del grupo PEYBER) figura como titular del 5% de su capital la sociedad VANCOUVER GESTION SL con Cif: B83603746.

Y aquí viene lo interesante. VANCOUVER GESTIÓN tiene entre sus accionistas a PROMODICO SL, del quebrado Grupo DICO. Hay que recordar que David Merino, que fuera Director General de esa constructora, declaró a la revista Interviú (aquí se puede descargar copia del reportaje) que él había dado dinero directamente al ahora detenido en la operación Púnica, Francisco Granados:

Francisco Granados -dijo- es el tío más sucio del mundo. A ése le he dado yo el dinero directamente“.

Pero no acaban aquí las coincidencias, porque otro accionista de VANCOUVER GESTIÓN es la empresa  ARAUNA CORPORACION Y CONSULTING S.L, con domicilio social en Valdemoro, uno de los escenarios de la operación Púnica y, además, resulta que el propietario del 100% del capital de ARAUNA es, ni más ni menos, que el detenido en la operación Púnica, DAVID MARJALIZA VILLASEÑOR.

El mundo es un pañuelo ¿verdad?

 

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El simple mecanismo de la podredumbre

Un banco o Caja presta millones al corrupto. El corrupto hace desaparecer el capital eludiendo impuestos y controles financieros y, sobre todo, el pago de las deudas contraídas. El banco se descapitaliza y entra en quiebra. El Estado rellena el agujero financiero con la liquidación del Estado Social y el aumento de las cargas impositivas sobre los salarios. Nadie pierde, salvo todos aquellos que carecen de poder.

En gran parte de los caso conocemos lo sucedido, conocemos los nombres, conocemos las empresas y conocemos las vías por las que, siempre con la complicidad política, se ha robado en cantidades no imaginables hasta le fecha. También conocemos la impunidad o cuasiimpunidad con la que esto ha sucedido… ¡Y lo seguimos tolerando! ¿Somos idiotas?.
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Con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el Gobierno blinda la corrupción contra la acción ciudadana

Hoy está prevista la aprobación de una nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, uno de los últimos estertores del cadavérico gobierno de Zapatero y en ella se consuma una vieja pretensión que el Felipe González de los tiempos del GAL no tuvo valor para perpetrar: La instrucción, es decir, la investigación de las causas criminales pasa a manos de la Fiscalía, pero no sólo esto. En congruencia con lo anterior la Acción Popular, un derecho establecido por la Constitución pero no determinado en ella, desaparece de facto en todos aquellos tipos penales cuyo bien jurídico protegido no corresponda a derechos personalísimos o a personas físicas determinadas. Así ocurrirá, por ejemplo, con el Título de los delitos contra la Administración Pública o con el de los delitos contra la Administración de Justicia o con la mayor parte de aquellos relativos a organizaciones criminales o a delitos contra la Hacienda Pública tal cual es el de blanqueo de capitales.

Según la reforma que se aprobará hoy, los partidos políticos, los sindicatos y las Administraciones Públicas son definitivamente privados, en todos los supuestos, del derecho a personarse en una causa criminal como Acusación Popular. En el resto de los caso, también será arrojado fuera del proceso quien se haya personado como tal Acusación, sea persona física o jurídica, si la víctima del delito –de haberla– y el Fiscal piden el sobreseimiento de la causa.

A esto, se añade un reforzamiento del secreto de las actuaciones cuyo principal efecto es hurtar a la opinión pública el conocimiento sobre las circunstancias y presuntos autores de los delitos investigados. Con el aparente propósito de proteger al “investigado” de la llamada “pena de telediario”, lo cual parece loable a primera vista, la nueva Ley prohíbe que durante la instrucción se hagan públicas la identidad o imágenes de los investigados –antes imputados– cosa que, en la práctica, dificulta, si es que no impide, que otras investigaciones no judiciales, como las periodísticas, desvelen hechos y datos que no se investiguen en la instrucción, es decir, que el Fiscal no quiera o no sepa investigar.

La consecuencia inevitable de todo ello es que el Ejecutivo pasa a controlar y monopolizar discrecionalmente la persecución de la corrupción político-económica. ¿Por qué? Pues porque, en nuestro Ordenamiento Jurídico, la Fiscalía es un apéndice del poder Ejecutivo y no porque una Ley así lo diga, sino porque lo dice la propia Constitución. Según el artículo 124.2 CE “El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”; y según el 124.4 “El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”.

Con otras palabras, el Gobierno tiene el control inmediato y pleno de la actuación de la Fiscalía por el evidente, flagrante y manifiesto hecho de que a él le corresponde, a discreción, el nombramiento y el cese del Fiscal General del Estado y porque el resto de los miembros del Ministerio Fiscal están sujetos a los principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, cosa que no se nubla en absoluto aunque ese Ministerio también deba atenerse a los principios de legalidad e imparcialidad, por cierto, igual que le pasa a todas las demás Administraciones Públicas, las cuales, no por eso, dejan de ser órganos dependientes y sujetos a la voluntad gubernativa.

Y si esto es así, y así es, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se va a aprobar hoy –seguro que con aplastante apoyo parlamentario– significa, ni más ni menos, que a partir de ahora la impunidad o el castigo de los delitos de corrupción queda al libre albedrío, al antojo, del presidente del Gobierno.

Con lo que está sucediendo en este día, nuestra narcotizada segunda Restauración se adentra profundamente en la mutación del Estado en Hampa organizada, y con ello enuncia nuevamente unas viejas palabras y reclama del Ciudadano, del Cives, que las reconsidere otra vez:

Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad.

Castilla la Mancha en quiebra. No es mala gestión, es pillaje

Bono y Barreda

Ya es un hecho consumado. Según informa hoy el diario Expansión, el Gobierno regional, a 30 de junio, tenía un saldo disponible en cuentas bancarias de 36,8 millones de euros y unos pagos pendientes de 2.606,7 millones. La situación, por tanto, es de quiebra y salvo que el Estado se haga cargo de tales pagos, ni médicos, ni maestros, ni profesores de instituto, ni enfermeras, ni barrenderos ni nadie podrá cobrar sus nóminas de funcionarios en el próximo mes.

Desde hace cinco años, en este blog se están sacando a relucir tramas que revelan una sistemática estructura de saqueo público. Aquí se ha echado luz sobre la presencia en la región de capos del caso Malaya y del caso Astapa, incluso de individuos que constan en las bases policiales como pertenecientes a la mafia calabresa. Dentro de no mucho, ya lo adelanto, veremos a la mafia, no en sentido lato, sino estricto, agazapada tras el fabuloso proyecto de un parque temático y no es necesario insistir en otras cosas como la operación del aeropuerto de ciudad real consistente en cambiar millones de billetes de curso legar por estampitas que llevaban impresa la leyenda “acción al portador”.

De lo investigado aquí, ha ido surgiendo una sistemática constante que, necesariamente, tiene que obedecer a un plan jerarquizado y sometido a una cadena de mando que, obligatoriamente, acaba o comienza en la cúpula del régimen instaurado por José Bono y continuado por Barreda. En toda la región, al menos en todas las partes de la región en las que el “negocio” inmobiliario lo permitía, mediante la generación de plusvalías fraudulentas basadas en la recalificación y control del suelo, en la confiscación de éste a labradores indefensos y en la utilización arbitraria del crédito a través de CCM; se ha instaurado la misma maquinaria de pillaje: un ayuntamiento, un alcalde adicto y protegido por el régimen y un constructor o un número limitado de constructores que, contando con la complicidad política, monopolizaban, al margen de la Ley unas veces y en contra de ella otras, el mercado inmobiliario del lugar.

Así, se ha ido dibujando una línea que comenzando en Aranjuez, continuaba por Borox, Seseña, Illescas, Ugena, Carranque, El Alamo, Valmojado y Casarrubios del Monte, ha establecido, al sur de Madrid, las fronteras de una corrupción que, en demasiadas ocasiones, ha llegado a la más desvergonzada obscenidad.

Hoy la prensa publica también el descubrimiento de un coche blindado encargado por Barreda que llegó a costar en el año 2007, 377.749 euros y cuyo cuentakilómetros marca 53.000. El vehículo fue comprado mediante un contrato negociado y sin publicidad, pero lo que calla la prensa, lo fundamental, es a quién fue comprado ese automóvil. El hecho, comparado, por ejemplo, con los 200 millones de euros prestados por CCM a Roca y a otros dos cabecillas del caso Malaya, no deja de ser anecdótico pero, no obstante, ejemplifica, perfectamente, la operativa puesta en práctica para vaciar los fondos de una de las comunidades autónomas más extensas del Estado español.

Y sobre todo esto, la Fiscalía ha venido callando y los Tribunales inhibiéndose. Sin embargo, a matacaballo y sin entrar en detalles técnicos, se me vienen a la cabeza unos cuantos tipos penales que pueden y deben ser aplicados: Malversación propia e impropia, falsedad en documento público, falsedad contable, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, cohecho, inhibición del deber de perseguir delitos… y todo ello aderezado con los correspondientes fraudes de ley y abusos de derecho.

Es falso que el Código Penal no disponga de instrumentos para hacer frente a tales delitos, tan falso como la impostura de llamar a esto “mala gestión” o “despilfarro”. Aquí no se ha despilfarrado, se ha robado, se ha robado en una escala desconocida hasta ahora y las víctimas son unos ciudadanos que, sin darse cuenta, hace tiempo que devinieron en súbditos, si es que no en siervos y en pecheros, unos ciudadanos a los que hay que preguntar sin van a hacer algo al respecto o si, por el contrario, son idiotas.

Castilla la Mancha, el reino del obsceno saqueo

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Hoy El Mundo publica una noticia, acompañada de la correspondiente factura, que no por esperada, deja de arrojar luz sobre el obsceno saqueo que ha sido practicado sistemáticamente a la sombra de los gobiernos de Bono y Barreda en Castilla la Mancha.

Caja Castilla la Mancha, regida por el ahora imputado Juan Pedro Hernández Moltó, amigo de Bono desde los tiempos del colegio de jesuitas, organizaba viajes de lujo, gratia et amore, para sus consejeros, directivos y políticos de cobertura, como el propio José María Barreda. Ahora, una de las facturas de esos viajes ha salido a la luz.

En 2001 unos 144 directivos y consejeros de la Caja fueron agasajados con un viaje a Egipto. Dicho viaje, de cinco días de duración, costó 54 Millones de Pts. y en “extras”, sobre todo anotados a la cuenta de restaurantes de lujo, la quebrada CCM pagó más de tres millones y medio de Pts., de las cuales un millón setecientas mil pesetas fueron en bebidas.

Dado que de los invitados al viaje, “sólo los consejeros y un reducido grupo de gestores tenía permiso para ‘pasar’ a la caja la factura de los gastos extras realizados durante el viaje”, la insultante procacidad adquiere proporciones de acto propio de canallas.

El hecho o el conjunto de hechos similares no son nada comparados con los cientos de millones de Euros “perdidos” en el aeropuerto de Ciudad Real; o en la financiación al “malayo” Luis Portillo, a Aurelio González Villarejo, a Domingo Díaz de Mera, etc. en su asalto a Inmobiliaria Colonial; o a los doscientos millones prestados a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo o a Enrique Ventero Terleira, todos ellos estrellas que brillan con luz propia en el caso Malaya, pero da idea de la calaña de quienes, con vientre diez veces insaciable, gustan de lo mucho con tanta voracidad como de lo poco.

No obstante, insulta a la razón, la atropella, el silencio que se guarda, precisamente, sobre los cientos de millones con los que CCM ha financiado a la “organización criminal” –cito textualmente el auto de imputación del Juzgado nº 5 de Marbella– de Juan Antonio Roca Nicolás y sus secuaces.

Uno de los episodios, no el menos lacerante, es el de la finca Alcalvín de Bargas (Toledo). Adquirida en extrañas circunstancias a un argentino –Juan Francisco Lata Ríos, primero señorito de compañía de una adinerada y anciana viuda, propietaria de la finca, y luego su marido– por Pedro Román, Juan María López Alvarez y por una sociedad del prestigioso bufete Cuatrecasas.

Como ya se ha dicho aquí, CCM concedió a PUERTA ORO TOLEDO, sociedad participada por todos esos, un crédito de 200 Millones de Euros garantizados con una finca cuyo proyecto de urbanización ya había sido calificado por Medio Ambiente como “inviable”. Ese crédito se renovó, sin que se hubiera liquidado un céntimo de él, en dos ocasiones, la última días antes de la intervención de la Caja.

La operación es en sí misma tan aberrante que una vez que el Juzgado nº 5 de Marbella tuvo conocimiento de ella, dio orden a la UDYCO de investigar los tentáculos del caso Malaya en Toledo. Dicha investigación, no obstante, se ha ahogado debido a la falta de jurisdicción del citado Juzgado en Castilla la Mancha. Sin embargo, ahora que Hernández Moltó está siendo investigado por la Audiencia Nacional cabría esperar que estos hechos volvieran, con carácter prioritario, a la mesa del Juez Instructor.

No parece que sea así. Según las noticias que se conocen, la investigación del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional se está centrando en el caso del aeropuerto de ciudad real, de El Reino de Don Quijote o de las operaciones financiadas a gente como Luis Portillo o los Sanahuja.

Bien, es posible que ninguna de las acusaciones haya reparado o tenga interés en remover este tentáculo del caso CCM y es posible que la documentación relativa a estos hechos no obre en las diligencias que se siguen contra Moltó. Habrá que poner remedio a eso. Digo más, se pondrá remedio a eso.

La Fiscalía Anticorrupción denuncia al alcalde de Aranjuez Jesús Dionisio Ballesteros

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Hay demasiadas trazas ya que apuntan a que Aranjuez se ha convertido, en los pocos años que ocupan las legislaturas ominosas del urbanismo español, en una sentina en la que abundan y se propagan todos los vicios propios de las conjuras entre ayuntamientos y tramas urbanísticas.

Tan es así que, finalmente, la Fiscalía Anticorrupción, por decreto firmado por la fiscal Dª Adela Prieto Alonso, ha remitido al Juzgado Decano de Aranjuez denuncia contra el alcalde Jesús Dionisio Ballesteros y otros por la comisión de presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias.

Tales imputaciones están relacionadas, principalmente, con el PAU de las cabezadas –que implica a la difunta CCM, y por tanto, a Hernández Moltó, y a ISOLUX CORSAN, es decir, a Luis Delso sobre quien concurren sospechas de estar implicado en el caso Gürtel– y con los terrenos de la fábrica AGFA.

¿Quién es Jesús Miguel Dionisio Ballesteros?

Jesús Dionisio, natural de Noblejas (Toledo) y buen amigo del alcalde de este pueblo, Agustín Jiménez Crespo –el condenado por golpear a una de sus propias concejales y el mismo que se hizo enterrar en vida, pero sólo iocandi causa– es, sin duda, un personaje relevante del PSOE de Madrid. Ocupa el cargo Secretario General de la Agrupación Socialista de Aranjuez desde 2001. Fue concejal de Juventud y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de dicha localidad (1987-1991) y portavoz del Grupo de Concejales del PSOE en el periodo 1999-2003. En la legistatura 2003-2007 se convirtió en alcalde del lugar y ahora lo gobierna con mayoría absoluta.

En julio de 2007 entró a formar parte de la ejecutiva regional del Partido Socialista de Madrid como secretario de Vivienda y Política Territorial. Actualmente ocupa el cargo de secretario de Política Municipal en dicha ejecutiva regional, es presidente de ARACOVE (Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca de Las Vegas), presidente de la Fundación Aranjuez Natural y vicepresidente de la Fundación Felipe II.

Intentó los estudios de bellas artes y arquitectura, fracasando en ambos, pese a lo cual ha sido profesor de Diseño en la Universidad Popular de Aranjuez hasta 1987 y ha colaborado como diseñador en distintos estudios de Arquitectura.

El caso Aranjuez en Notitia Criminis

Las cabezadas de Aranjuez

Jesús Dionisio Ballesteros

El sofocante fumus malus iuris que se eleva desde las riveras del Tajo a su paso por Aranjuez ya fue objeto de atención en esta página hace tiempo. Al respecto, escribí aquí que “posiblemente, el negocio más importante de CCM en Aranjuez es el PAU de Las Cabezadas, con unas 7.000 viviendas previstas por el momento. Uno de los consejeros de la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ es Alejandro López Hernández, Secretario General de CCM. Además de este cargo en la Caja de Hernández Moltó, el Sr. López también es, salvo cambios de última hora claro está; consejero de DICO HARINSA OBRUM SL; apoderado del quebrado GRUPO DICO OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA.; Secretario de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, entidad presidida –hasta hace muy poco– por Petra Mateos-Aparicio Morales y participada, mayoritariamente, no sólo por CCM, sino por la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, por el Gobierno de José María Barreda; y también preside, lo que en este momento interesa más, la mercantil H2 PUENTE LARGO, la cual opera en Aranjuez, en el PAU Puente Largo, que comprende unas 6.800 viviendas”.

Junto a López Hernández, otro de los hombres colocados por Moltó al frente de la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ es José Luis Rodríguez Romo que ocupaba hasta el óbito de CCM, el cargo de Director General Adjunto de la Caja, y que a su vez sirve de enlace con el caso Malaya a través de las sociedades CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22 SL.

Sobre CLAUDIA ZAHARA 22 escribí que estuvo domiciliada hasta enero del 2006 en la C/ Príncipe de Vergara 15 (idéntica dirección que la de MOLA-15, donde ya hemos visto “trabajando” juntos a los “malayos” Juan Antonio Roca, a Pedro Román, a Bruno Baumann y a Juan Herman Hoffmann). Está participada, en un 40% por SACYR-VALLEHERMOSO y en un 30% por PLANES E INVERSIONES CASTILLA-LA MANCHA (PLAINSA), es decir, por CCM. Dispone de un notable capital social de 6 Millones de Euros y no está presidida por ninguno de los representantes de SACYR o de CCM, sino por ECOYESO INTERNACIONAL (desde el 2005 denominada ECO PROYECT 22 S.L.) empresa de Juan María López Alvarez que, como se sabe, era socio de Juan Antonio Roca y Pedro Román en EL ANGEL DE TEPA y en MOLA-15.

En esta entidad, José Luis Rodríguez Romo es, salvo cambios debidos a la defunción de CCM, el Vicepresidente y entre los Administradores, además de VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, esto es, de Luis del Ribero, también está ECOVILLAS 22 SA (igualmente propiedad de López Alvarez) y Florencio Fernández Gutierrez, alcalde “bonista” de Urda (Toledo) y vocal del Consejo de Administración de CCM, insisto, salvo los cambios que se hayan derivado de la intervención por el Banco de España de la Caja manchega.

En una situación similar está CORTIJO DEL MORO, donde también participaba la Caja de Hernández Moltó y el socio del “malayo” Juan Antonio Roca, Juan María López Alvarez.

Sin embargo, si esta información ya era en sí de interés, ocupándome de la presencia en la ciudad del Tajo de una extraña empresa durmiente: ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, y de la asociación ahí entre Petra Mateos Apariciode quién se puede leer un extenso curriculum aquí– y el citado Juan María López Alvarez, puse de relieve la frenética actuación en esa ciudad de miembros del consejo de administración de la mencionada entidad, tales como los hermanos José Antonio y Eduardo Alonso Conesa; el patrono de la Fundación Metrópoli, Alfonso Vegara Gómez, hombre estrechamente asociado a Javier Arteche Tarascón, Luis María Maya Galarraga, etc.; es decir, a la denominada “Trama Vasca” del caso Malaya, así como al también procesado en el mismo caso, José María del Nido; o del ingeniero de caminos Miguel Angel López Toledano, vinculado a la redacción del POM de Illescas (Toledo) a la redacción del proyecto del aeropuerto de Ciudad Real y, posiblemente también, implicado, a través de la sociedad URBANIZADORA SEVINOVA, con el caso Astapa.

Teniendo en cuenta que Las Cabezadas es botín privativo de CCM (o lo era hasta la defenestración de Hernández Moltó) y de ISOLUX CORSAN (Luis Delso, para entendernos) aliados en Aranjuez en la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ SL y que la participación de CCM ahí se hizo a través de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN en cuyo consejo de administración está Petra Mateos Aparicio; es prudente considerar a ésta como el nexo entra el PAU de las Cabezadas, ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE y los personajes citados más arriba.

Los terrenos de la fábrica AGFA y la trama Vasco-Malaya

Volviendo a recordar lo dicho en el artículo dedicado a ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, ya dije que “relacionada con los terrenos de la antigua fábrica de AGFA es donde, inicialmente, aparece YEREGUI DESARROLLOS SL y por tanto PROINSA, la empresa del imputado en la Operación Malaya, Francisco Javier Arteche Tarascón. YEREGUI DESARROLLOS es posteriormente sustituida por AGFA ARANJUEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS, un mero cambio de nomen iuris, menos llamativo y conocido por la prensa, porque ésta sigue perteneciendo en un 100% a PROINSA.

Arteche y los demás miembros de la llamada “Trama Vasca” salen pronto de los terrenos de Agfa –no de Aranjuez, donde se les localiza, por ejemplo, en el negocio del Hospital del Tajo– mediante una permuta de suelo hecha a la sombra de los acuerdos de recolocación de los ex trabajadores de Agfa y del asentamiento en el municipio de un centro logístico de CORTEFIEL. A partir de ahí lo que se produce es la asignación de las parcelas de esos terrenos a una serie de empresas y cooperativas, tras las cuales, reiteradamente, aparece ATALIA y personajes ligados al PSOE de Aranjuez y al Ayuntamiento gobernado por Jesús Dionisio Ballesteros”.

De las nueve empresas o cooperativas que se hicieron con los terrenos adquiridos inicialmente por los “vasco-malayos”, al menos cuatro están relacionadas directamente con ATALIA y, por tanto, con David Marjaliza Villaseñor y con los hermanos Alonso Conesa: Sol Naciente, Rivereña de Vivienda Social, Extrabajadores de Agfa y Vancouver Gestión.

Así pues, las dos actuaciones urbanísticas afectadas por la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción: Las Cabezadas y los solares de la Fábrica AGFA, están unidas por una red de intereses que apuntan a un monopolio del negocio urbanístico en Aranjuez crecido a la sombra de personas vinculadas al gobierno de Castilla La Mancha o a algunos de los más importantes casos de corrupción descubiertos hasta la fecha.

El ingeniero Miguel Angel López Toledano, Las Cabezadas y la Fundación Metrópoli

Miguel Angel López Toledano

Pero no terminan aquí los vínculos entre Las Cabezadas, la permuta de la que resultó beneficiaria la trama empresarial Vasco-Malaya y los socios de la empresa fantasma ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE.

Otro hombre de notabilísima relevancia, el ingeniero Miguel Angel López Toledano, apoya a modo de coloso de Rodas, sus pies en ambas orillas: una la de los adláteres de José María Barreda en el círculo de CCM y otra la del “malayo” Javier Arteche y sus socios.

Si Alfonso Vegara Gómez y su Fundación Metrópoli, aparece por un lado, habitual y estrechamente asociado a la trama Vasco-Malaya; López Toledano, como ya se ha dicho, redactor del POM de Illescas –asunto al que el caso Malaya también salpica a través de CCF-21, empresa de Andrés Lietor y Carlos Sánchez–, redactor del proyecto del aeropuerto de Ciudad Real y cuyo nombre consta en el sumario de la operación Astapa, también une a la mencionada Fundación, es decir, a Alfonso Vegara, con el PAU de las Cabezadas.

Al respecto, existe documentación que acredita la actuación de la Fundación de Alfonso Vegara Gómez en el negocio de Las Cabezadas y de ella es necesario subrayar una adenda al proyecto presentada en febrero de 2009, en la que aparece la Fundación Metrópoli junto a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez y junto a la mercantil EQUIPO REDACTOR MALT SL.

La sociedad EQUIPO REDACTOR MALT SL pertenece a Miguel Angel López Toledano pero, además, hasta el día 26 de junio del 2008 el administrador único de EQUIPO REDACTOR MALT no era López Toledano, sino José Luis Zaldúa Azurmendi. Ese día el Sr. Zaldúa desaparece del órgano de administración de MALT y en su lugar ocupa el puesto de administrador único Miguel Angel López Toledano que hasta esa fecha había sido apoderado de la sociedad.

Paralelamente nos encontramos a José Luis Zaldúa con el cargo de apoderado de LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ. El nombramiento se produce el 23 de julio del 2007 donde con anterioridad, también había desempeñado los de Consejero y Secretario.

En resumen pues, con este escenario y con los actores que trasiegan en él, la apertura de diligencias penales relacionadas con Las Cabezadas, la permuta de los terrenos de la fábrica AGFA y el papel jugado ahí por Jesús Dionisio Ballesteros, alcalde de Aranjuez; puede muy bien ser el inicio de una investigación que destape una de las más importantes tramas de corrupción de los últimos años. Demasiado poder, demasiados sospechosos y demasiados tentáculos, confluyen en esa ciudad, así que, no cabe duda de que las presiones por sofocar la investigación serán proporcionales a todo eso y, sin embargo, la verdad se abre paso.