NOTITIA CRIMINIS

Indicios de “pucherazo” en Toledo. Denuncian a un asesor de Fernández Vaquero por tener empadronadas a 19 personas en su domicilio

Posted in Castilla-La Mancha by Die Rote Kapelle on 21 mayo 2011

De izquierda a Derecha, Tofiño, Pompa y Jesús Fernández Vaquero

Todo régimen caciquil tiene por condición necesaria el fraude electoral y en Castilla-La Mancha, al parecer, ese fraude no sólo se consuma a través de una Ley Electoral aprobada unilateralmente por el PSOE de Barreda y cuyo efecto más evidente es hacer imposible una representación parlamentaria que no se reparta entre PSOE y PP.

Según se ha sabido hoy, varios altos cargos del barredismo toledano han convertido su casa en algo parecido a la Posada del Peine, censando en sus domicilios a un número insólito de personas.

Copio a continuación la noticia aparecida hoy en La Comarca de Puerto Llano:

El Partido Popular de Toledo ha denunciado a destacados dirigentes socialistas por tener empadronados indebidamente en sus domicilios a decenas de personas.
El PP de Toledo se ha dirigido a la Junta Electoral de Zona, demostrando con los documentos pertinentes que Diego Marín Corroto, asesor del secretario de Organización del PSOE de Toledo, diputado regional y vicepresidente de las Cortes Regionales, Jesús Fernández Vaquero, tiene empadronados en su domicilio de la Avenida de Portugal de Toledo, a un total de diecinueve personas.

Otro tanto ocurre con el ex alcalde socialista de la ciudad, Joaquín Sánchez Garrido, que tiene empadronado en su casa a Rafael Baillo, jefe de la Sección de Higiene Industrial en la Dirección General de la Función Pública de la Junta de Castilla-La Mancha.
Asimismo, la concejal socialista de Toledo, Ana Isabel Verdú, tiene empadronada en su domicilio de la Calle Río Boladíez a Caridad Pérez, con domicilio habitual en Orgaz (Toledo) y a Lara Vadillo, con domicilio habitual en Talavera de la Reina (Toledo).

Según afirma el departamento jurídico del PP de Toledo en su denuncia, se da por probado el uso fraudulento del censo electoral en la ciudad. De esta forma, se insta a la Junta Electoral a que anule dichas inscripciones, suspendiendo entre tanto y de forma cautelar el ejercicio del derecho de voto, al menos por parte de personas que aparecen inscritas en los documentos que prueban la referida irregularidad”.

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Castilla la Mancha, el reino del obsceno saqueo

Posted in CCM, Corrupción, Hernández Moltó by Die Rote Kapelle on 16 mayo 2011

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Hoy El Mundo publica una noticia, acompañada de la correspondiente factura, que no por esperada, deja de arrojar luz sobre el obsceno saqueo que ha sido practicado sistemáticamente a la sombra de los gobiernos de Bono y Barreda en Castilla la Mancha.

Caja Castilla la Mancha, regida por el ahora imputado Juan Pedro Hernández Moltó, amigo de Bono desde los tiempos del colegio de jesuitas, organizaba viajes de lujo, gratia et amore, para sus consejeros, directivos y políticos de cobertura, como el propio José María Barreda. Ahora, una de las facturas de esos viajes ha salido a la luz.

En 2001 unos 144 directivos y consejeros de la Caja fueron agasajados con un viaje a Egipto. Dicho viaje, de cinco días de duración, costó 54 Millones de Pts. y en “extras”, sobre todo anotados a la cuenta de restaurantes de lujo, la quebrada CCM pagó más de tres millones y medio de Pts., de las cuales un millón setecientas mil pesetas fueron en bebidas.

Dado que de los invitados al viaje, “sólo los consejeros y un reducido grupo de gestores tenía permiso para ‘pasar’ a la caja la factura de los gastos extras realizados durante el viaje”, la insultante procacidad adquiere proporciones de acto propio de canallas.

El hecho o el conjunto de hechos similares no son nada comparados con los cientos de millones de Euros “perdidos” en el aeropuerto de Ciudad Real; o en la financiación al “malayo” Luis Portillo, a Aurelio González Villarejo, a Domingo Díaz de Mera, etc. en su asalto a Inmobiliaria Colonial; o a los doscientos millones prestados a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo o a Enrique Ventero Terleira, todos ellos estrellas que brillan con luz propia en el caso Malaya, pero da idea de la calaña de quienes, con vientre diez veces insaciable, gustan de lo mucho con tanta voracidad como de lo poco.

No obstante, insulta a la razón, la atropella, el silencio que se guarda, precisamente, sobre los cientos de millones con los que CCM ha financiado a la “organización criminal” –cito textualmente el auto de imputación del Juzgado nº 5 de Marbella– de Juan Antonio Roca Nicolás y sus secuaces.

Uno de los episodios, no el menos lacerante, es el de la finca Alcalvín de Bargas (Toledo). Adquirida en extrañas circunstancias a un argentino –Juan Francisco Lata Ríos, primero señorito de compañía de una adinerada y anciana viuda, propietaria de la finca, y luego su marido– por Pedro Román, Juan María López Alvarez y por una sociedad del prestigioso bufete Cuatrecasas.

Como ya se ha dicho aquí, CCM concedió a PUERTA ORO TOLEDO, sociedad participada por todos esos, un crédito de 200 Millones de Euros garantizados con una finca cuyo proyecto de urbanización ya había sido calificado por Medio Ambiente como “inviable”. Ese crédito se renovó, sin que se hubiera liquidado un céntimo de él, en dos ocasiones, la última días antes de la intervención de la Caja.

La operación es en sí misma tan aberrante que una vez que el Juzgado nº 5 de Marbella tuvo conocimiento de ella, dio orden a la UDYCO de investigar los tentáculos del caso Malaya en Toledo. Dicha investigación, no obstante, se ha ahogado debido a la falta de jurisdicción del citado Juzgado en Castilla la Mancha. Sin embargo, ahora que Hernández Moltó está siendo investigado por la Audiencia Nacional cabría esperar que estos hechos volvieran, con carácter prioritario, a la mesa del Juez Instructor.

No parece que sea así. Según las noticias que se conocen, la investigación del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional se está centrando en el caso del aeropuerto de ciudad real, de El Reino de Don Quijote o de las operaciones financiadas a gente como Luis Portillo o los Sanahuja.

Bien, es posible que ninguna de las acusaciones haya reparado o tenga interés en remover este tentáculo del caso CCM y es posible que la documentación relativa a estos hechos no obre en las diligencias que se siguen contra Moltó. Habrá que poner remedio a eso. Digo más, se pondrá remedio a eso.

Pompa, alcalde de Carranque, confiesa la realidad de su campaña electoral: “aquí de lo que se trata es de vivir de lo que ganamos”

Posted in Alejandro Pompa, Carranque by Die Rote Kapelle on 14 mayo 2011

Pompa, Tofiño y Fernández Vaquero arreglándose los pantalones, en la presentación de la campaña en Carranque

Alejandro Pompa, el hombre que llegó a la alcaldía de Carranque (Toledo) después de ser beneficiario de los efectos provocados por un tránsfuga del que se dice que tampoco salió trasquilado del negocio, ha comenzado su campaña electoral. Lo hizo bajo el cobijo de José Manuel Tofiño, que además de alcalde de Illescas preside la Diputación de Toledo y de uno de los pesos pesados del bonismo Toledano: Jesús Gregorio Fernández Vaquero.

El primero, como ya se destapó aquí al principio de la pasada legislatura, tiene muchas cosas en común con Pompa y la declarada amistad con los socios de la constructora PEYBER, los hermanos D. Bermejo y G. Peinado, no es la menos significativa, puesto que no sólo se dio entonces la coincidencia de que el hijo del presidente de la Diputación apareciera asociado al Grupo PEYBER al tiempo que su padre ideaba e impulsaba la privatización del mantenimiento de las carreteras de la provincia, de la cual resultó concesionaria otra de las compañías PEYBER por una cuantía de más de 27 Millones de €; sino que las coincidencias han continuado después, como por ejemplo, que asentada PEYBER en Rumanía, el hijo de Tofiño hiciera lo propio y también emigrara a Bucarest; o que la construcción de la nueva comisaría de policía municipal de Illescas haya sido encargada a la constructora PEYBER, la cual la ha llevado a cabo con tanta reserva y sigilo que nadie ha podido ver un sólo cartel publicitario de la empresa en esa obra.

Las inversiones hechas por el grupo PEYBER en Rumanía tienen relevancia informativa propia, sobre todo porque en varios de los instrumentos societarios creados por los Díaz Bermejo y los G. Peinado en ese país, aparece un individuo llamado José Villarig Lou, uno de los principales implicados en el caso GESCARTERA y vinculado por la policía a la trama que, a través del HSBC y de los buenos oficios de Salvador Pastor, permitieron el vaciamiento y blanqueo de los fondos de esa entidad de inversión. Sin olvidar que, además, José Villarig Lou también aparece vinculado a RIOFISA, a PROCAM y a Eduardo Aznar Berruezo, relacionado con el caso Pretoria.

Por su parte, Jesús Gregorio Fernández Vaquero es un hombre que ya se mostró sumamente belicoso en la defensa de Pompa y Tofiño. Cuando en 2007 Izquierda Unida denunció a Anticorrupción a los citados, a causa del asunto de las carreteras provinciales y de la gestación y tramitación del PAU del campo de golf de Carranque (concedido a PEYBER y CCM, claro está) Fernández Vaquero apareció junto a Tofiño en rueda de prensa y con atronadora indignación llamó “bandoleros” a los denunciantes al tiempo que daba inicio a las gestiones necesarias para presentar contra ellos querella por calumnias e injurias.

No obstante, como la mala fortuna quiso que el PSOE toledano necesitara los votos de IU para nombrar a Emiliano García Paje alcalde de Toledo, tal querella se ahogó antes de nacer, una vez celebrado el preceptivo acto de conciliación, pues parece que la honra y buen nombre de los querellantes resultó menos valiosa que la alcaldía de Toledo, o dicho al modo Enrique IV rey de Francia, resultó que Toledo bien valía una injuria, o las que hicieran falta.

Ahora, después de haber sido cobijado en la presentación de su candidatura por estas dos personas, Pompa continúa su campaña electoral enviando una carta a sus vecinos. Redactada con la zalamera y risueña banalidad que es consustancial a estos documentos –por supuesto no por Pompa, que no sabe, sino por los empleados del departamento de mercadotecnia del PSOE– en ella se leen cosas como las siguientes:

“Nuestro equipo de Gobierno ha trabajado con rigor, entusiasmo, imaginación, interés y cercanía… Tenemos confianza y esperanza en el futuro… Nuestro municipio es algo vivo, dinámico y tenemos que afrontar los nuevos retos… Tenemos suficiente experiencia para afrontar los nuevos retos, para diseñar y desarrollar políticas que nos permitan seguir avanzando… Estoy seguro de que con el esfuerzo y el empuje de todos, con vuestro apoyo, con la ilusión y las ganas de trabajar que nos caracterizan… etc. etc. etc.”.

Es cierto que todas estas zalemas viscosas, toda esta futilidad inane, carece por completo de relevancia y no es más que la costra de apariencia y simulacro en que se ha convertido el acto político en España, la cáscara hueca de una pupa cuyo insecto hace mucho que la abandonó. Sin embargo, en Carranque, el hecho adquiere importancia gracias a los usos y costumbres de su alcalde.

Pompa es un hombre que, al filo del medio día, por virtud de vaya usted a saber qué brebaje, comienza a padecer una incontinente sinceridad, insólita en su gremio. Debido a eso, estos meses atrás hizo unas declaraciones a la COPE en las que con descarnado desparpajo aseguró, hablando de sus concejales y de él mismo, que en el Ayuntamiento “de lo que se trata es de vivir de lo que ganamos”.

Se buscará en vano confesión más cruda sobre lo que es la realidad política de España. No se encontrará por ninguna parte tan sincera desnudez, ni tan abierta y peregrina desenvoltura. En ningún otro sitio se exhibirá con tan desvergonzado descaro esta “vidriera irrespetuosa de los cambalaches” políticos españoles, como se está haciendo en este calamitoso pueblo de Toledo.

Escúchese, por tanto, a Pompa desmentir con aguardentosa simpleza, su propia campaña electoral y de paso la del barredismo toledano:

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La Fiscalía Anticorrupción denuncia al alcalde de Aranjuez Jesús Dionisio Ballesteros

Posted in Corrupción by Die Rote Kapelle on 1 mayo 2011

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Hay demasiadas trazas ya que apuntan a que Aranjuez se ha convertido, en los pocos años que ocupan las legislaturas ominosas del urbanismo español, en una sentina en la que abundan y se propagan todos los vicios propios de las conjuras entre ayuntamientos y tramas urbanísticas.

Tan es así que, finalmente, la Fiscalía Anticorrupción, por decreto firmado por la fiscal Dª Adela Prieto Alonso, ha remitido al Juzgado Decano de Aranjuez denuncia contra el alcalde Jesús Dionisio Ballesteros y otros por la comisión de presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias.

Tales imputaciones están relacionadas, principalmente, con el PAU de las cabezadas –que implica a la difunta CCM, y por tanto, a Hernández Moltó, y a ISOLUX CORSAN, es decir, a Luis Delso sobre quien concurren sospechas de estar implicado en el caso Gürtel– y con los terrenos de la fábrica AGFA.

¿Quién es Jesús Miguel Dionisio Ballesteros?

Jesús Dionisio, natural de Noblejas (Toledo) y buen amigo del alcalde de este pueblo, Agustín Jiménez Crespo –el condenado por golpear a una de sus propias concejales y el mismo que se hizo enterrar en vida, pero sólo iocandi causa– es, sin duda, un personaje relevante del PSOE de Madrid. Ocupa el cargo Secretario General de la Agrupación Socialista de Aranjuez desde 2001. Fue concejal de Juventud y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de dicha localidad (1987-1991) y portavoz del Grupo de Concejales del PSOE en el periodo 1999-2003. En la legistatura 2003-2007 se convirtió en alcalde del lugar y ahora lo gobierna con mayoría absoluta.

En julio de 2007 entró a formar parte de la ejecutiva regional del Partido Socialista de Madrid como secretario de Vivienda y Política Territorial. Actualmente ocupa el cargo de secretario de Política Municipal en dicha ejecutiva regional, es presidente de ARACOVE (Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca de Las Vegas), presidente de la Fundación Aranjuez Natural y vicepresidente de la Fundación Felipe II.

Intentó los estudios de bellas artes y arquitectura, fracasando en ambos, pese a lo cual ha sido profesor de Diseño en la Universidad Popular de Aranjuez hasta 1987 y ha colaborado como diseñador en distintos estudios de Arquitectura.

El caso Aranjuez en Notitia Criminis

Las cabezadas de Aranjuez

Jesús Dionisio Ballesteros

El sofocante fumus malus iuris que se eleva desde las riveras del Tajo a su paso por Aranjuez ya fue objeto de atención en esta página hace tiempo. Al respecto, escribí aquí que “posiblemente, el negocio más importante de CCM en Aranjuez es el PAU de Las Cabezadas, con unas 7.000 viviendas previstas por el momento. Uno de los consejeros de la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ es Alejandro López Hernández, Secretario General de CCM. Además de este cargo en la Caja de Hernández Moltó, el Sr. López también es, salvo cambios de última hora claro está; consejero de DICO HARINSA OBRUM SL; apoderado del quebrado GRUPO DICO OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA.; Secretario de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, entidad presidida –hasta hace muy poco– por Petra Mateos-Aparicio Morales y participada, mayoritariamente, no sólo por CCM, sino por la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, por el Gobierno de José María Barreda; y también preside, lo que en este momento interesa más, la mercantil H2 PUENTE LARGO, la cual opera en Aranjuez, en el PAU Puente Largo, que comprende unas 6.800 viviendas”.

Junto a López Hernández, otro de los hombres colocados por Moltó al frente de la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ es José Luis Rodríguez Romo que ocupaba hasta el óbito de CCM, el cargo de Director General Adjunto de la Caja, y que a su vez sirve de enlace con el caso Malaya a través de las sociedades CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22 SL.

Sobre CLAUDIA ZAHARA 22 escribí que estuvo domiciliada hasta enero del 2006 en la C/ Príncipe de Vergara 15 (idéntica dirección que la de MOLA-15, donde ya hemos visto “trabajando” juntos a los “malayos” Juan Antonio Roca, a Pedro Román, a Bruno Baumann y a Juan Herman Hoffmann). Está participada, en un 40% por SACYR-VALLEHERMOSO y en un 30% por PLANES E INVERSIONES CASTILLA-LA MANCHA (PLAINSA), es decir, por CCM. Dispone de un notable capital social de 6 Millones de Euros y no está presidida por ninguno de los representantes de SACYR o de CCM, sino por ECOYESO INTERNACIONAL (desde el 2005 denominada ECO PROYECT 22 S.L.) empresa de Juan María López Alvarez que, como se sabe, era socio de Juan Antonio Roca y Pedro Román en EL ANGEL DE TEPA y en MOLA-15.

En esta entidad, José Luis Rodríguez Romo es, salvo cambios debidos a la defunción de CCM, el Vicepresidente y entre los Administradores, además de VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, esto es, de Luis del Ribero, también está ECOVILLAS 22 SA (igualmente propiedad de López Alvarez) y Florencio Fernández Gutierrez, alcalde “bonista” de Urda (Toledo) y vocal del Consejo de Administración de CCM, insisto, salvo los cambios que se hayan derivado de la intervención por el Banco de España de la Caja manchega.

En una situación similar está CORTIJO DEL MORO, donde también participaba la Caja de Hernández Moltó y el socio del “malayo” Juan Antonio Roca, Juan María López Alvarez.

Sin embargo, si esta información ya era en sí de interés, ocupándome de la presencia en la ciudad del Tajo de una extraña empresa durmiente: ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, y de la asociación ahí entre Petra Mateos Apariciode quién se puede leer un extenso curriculum aquí– y el citado Juan María López Alvarez, puse de relieve la frenética actuación en esa ciudad de miembros del consejo de administración de la mencionada entidad, tales como los hermanos José Antonio y Eduardo Alonso Conesa; el patrono de la Fundación Metrópoli, Alfonso Vegara Gómez, hombre estrechamente asociado a Javier Arteche Tarascón, Luis María Maya Galarraga, etc.; es decir, a la denominada “Trama Vasca” del caso Malaya, así como al también procesado en el mismo caso, José María del Nido; o del ingeniero de caminos Miguel Angel López Toledano, vinculado a la redacción del POM de Illescas (Toledo) a la redacción del proyecto del aeropuerto de Ciudad Real y, posiblemente también, implicado, a través de la sociedad URBANIZADORA SEVINOVA, con el caso Astapa.

Teniendo en cuenta que Las Cabezadas es botín privativo de CCM (o lo era hasta la defenestración de Hernández Moltó) y de ISOLUX CORSAN (Luis Delso, para entendernos) aliados en Aranjuez en la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ SL y que la participación de CCM ahí se hizo a través de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN en cuyo consejo de administración está Petra Mateos Aparicio; es prudente considerar a ésta como el nexo entra el PAU de las Cabezadas, ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE y los personajes citados más arriba.

Los terrenos de la fábrica AGFA y la trama Vasco-Malaya

Volviendo a recordar lo dicho en el artículo dedicado a ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, ya dije que “relacionada con los terrenos de la antigua fábrica de AGFA es donde, inicialmente, aparece YEREGUI DESARROLLOS SL y por tanto PROINSA, la empresa del imputado en la Operación Malaya, Francisco Javier Arteche Tarascón. YEREGUI DESARROLLOS es posteriormente sustituida por AGFA ARANJUEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS, un mero cambio de nomen iuris, menos llamativo y conocido por la prensa, porque ésta sigue perteneciendo en un 100% a PROINSA.

Arteche y los demás miembros de la llamada “Trama Vasca” salen pronto de los terrenos de Agfa –no de Aranjuez, donde se les localiza, por ejemplo, en el negocio del Hospital del Tajo– mediante una permuta de suelo hecha a la sombra de los acuerdos de recolocación de los ex trabajadores de Agfa y del asentamiento en el municipio de un centro logístico de CORTEFIEL. A partir de ahí lo que se produce es la asignación de las parcelas de esos terrenos a una serie de empresas y cooperativas, tras las cuales, reiteradamente, aparece ATALIA y personajes ligados al PSOE de Aranjuez y al Ayuntamiento gobernado por Jesús Dionisio Ballesteros”.

De las nueve empresas o cooperativas que se hicieron con los terrenos adquiridos inicialmente por los “vasco-malayos”, al menos cuatro están relacionadas directamente con ATALIA y, por tanto, con David Marjaliza Villaseñor y con los hermanos Alonso Conesa: Sol Naciente, Rivereña de Vivienda Social, Extrabajadores de Agfa y Vancouver Gestión.

Así pues, las dos actuaciones urbanísticas afectadas por la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción: Las Cabezadas y los solares de la Fábrica AGFA, están unidas por una red de intereses que apuntan a un monopolio del negocio urbanístico en Aranjuez crecido a la sombra de personas vinculadas al gobierno de Castilla La Mancha o a algunos de los más importantes casos de corrupción descubiertos hasta la fecha.

El ingeniero Miguel Angel López Toledano, Las Cabezadas y la Fundación Metrópoli

Miguel Angel López Toledano

Pero no terminan aquí los vínculos entre Las Cabezadas, la permuta de la que resultó beneficiaria la trama empresarial Vasco-Malaya y los socios de la empresa fantasma ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE.

Otro hombre de notabilísima relevancia, el ingeniero Miguel Angel López Toledano, apoya a modo de coloso de Rodas, sus pies en ambas orillas: una la de los adláteres de José María Barreda en el círculo de CCM y otra la del “malayo” Javier Arteche y sus socios.

Si Alfonso Vegara Gómez y su Fundación Metrópoli, aparece por un lado, habitual y estrechamente asociado a la trama Vasco-Malaya; López Toledano, como ya se ha dicho, redactor del POM de Illescas –asunto al que el caso Malaya también salpica a través de CCF-21, empresa de Andrés Lietor y Carlos Sánchez–, redactor del proyecto del aeropuerto de Ciudad Real y cuyo nombre consta en el sumario de la operación Astapa, también une a la mencionada Fundación, es decir, a Alfonso Vegara, con el PAU de las Cabezadas.

Al respecto, existe documentación que acredita la actuación de la Fundación de Alfonso Vegara Gómez en el negocio de Las Cabezadas y de ella es necesario subrayar una adenda al proyecto presentada en febrero de 2009, en la que aparece la Fundación Metrópoli junto a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez y junto a la mercantil EQUIPO REDACTOR MALT SL.

La sociedad EQUIPO REDACTOR MALT SL pertenece a Miguel Angel López Toledano pero, además, hasta el día 26 de junio del 2008 el administrador único de EQUIPO REDACTOR MALT no era López Toledano, sino José Luis Zaldúa Azurmendi. Ese día el Sr. Zaldúa desaparece del órgano de administración de MALT y en su lugar ocupa el puesto de administrador único Miguel Angel López Toledano que hasta esa fecha había sido apoderado de la sociedad.

Paralelamente nos encontramos a José Luis Zaldúa con el cargo de apoderado de LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ. El nombramiento se produce el 23 de julio del 2007 donde con anterioridad, también había desempeñado los de Consejero y Secretario.

En resumen pues, con este escenario y con los actores que trasiegan en él, la apertura de diligencias penales relacionadas con Las Cabezadas, la permuta de los terrenos de la fábrica AGFA y el papel jugado ahí por Jesús Dionisio Ballesteros, alcalde de Aranjuez; puede muy bien ser el inicio de una investigación que destape una de las más importantes tramas de corrupción de los últimos años. Demasiado poder, demasiados sospechosos y demasiados tentáculos, confluyen en esa ciudad, así que, no cabe duda de que las presiones por sofocar la investigación serán proporcionales a todo eso y, sin embargo, la verdad se abre paso.

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El alcalde de Carranque, Alejandro Pompa, perdona cerca de tres millones a la constructora Peyber

Posted in Alejandro Pompa by Die Rote Kapelle on 22 abril 2011

Bajo palio, Pompa, Fernández Retana y la Martínez Aboín

El aberrante estado de corrupción endémica del Estado español progresa, a la vista ciencia y paciencia de quienes pongan una poca atención en ello, especialmente en los ayuntamientos. El fenómeno no es casual. El tratamiento constitucional y legislativo de las corporaciones municipales convierte a éstas en dominios de quienes las gobiernen y lo único que separa a un alcalde de un tiranuelo de horca y espada es su propia voluntad, una voluntad que ante tanta y tan atractiva tentación, hace exclamar a demasiados de ellos, a los alcaldes me refiero, que si bien la carne es grávida, la andorga clama por sus rellenos, y embutir en ella solomillos nunca vistos, centollos inimaginados, cochinillos crujientes, lustrosos capones, inocentes lechales, soberbios jamones, jugosos cabritos y otras cosas todas ellas muy gratas y caras al mondongo, más que mojadas, ahogadas en zumos de uva ingeniosamente fermentados de los que vienen a costar uno o dos Potosíes; bien merece bailarle el agua a algún constructor de bolsa afín y sobre el filo de la navaja, quiero decir, sobre el filo del delito, hacerse práctico en el fraude de ley, el abuso de derecho, la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias o el blanqueo de capitales.

Tan es así la cosa, tan elevados a la condición de señores de vidas y haciendas están los alcaldes de hoy en día, que en un pueblecito de Toledo, Carranque, asediado por dos constructoras de cercano trato con su primer munícipe –PEYBER y una de las sociedades de Aurelio González Villarejo – éste, Alejandro Pompa Mingo, que ya se coronó a sí mismo como “ingeniero naval privado no homologado”, título que en realidad corresponde a un curso caritativo de delineación organizado en sus tiempos mozos por los salesianos de Atocha; éste decía, desfila bajo palio, ornato y distinción que si en Franco ya era risible, en este personaje sirve para dar idea cierta de a qué se ha llegado en las dolientes tierras del norte de Toledo, tierras en las que los viejos y no tan viejos llaman al alcalde y a los concejales que le secundan “la Justicia”, de modo que uno está a favor de “la Justicia” o en contra de “la Justicia” así soporte paciente o impacientemente las cadenas municipales.

Sin embargo, tras esta grotesca pompa y circunstancia que hace salir en Carranque, bajo palio y con sacras maneras a “la Justicia”, es decir, a Pompa, a Fernández y a la Martínez, hay aspectos más prácticos y modernos. Uno de ellos forma parte de los varios delitos que se imputan al tal Pompa a instancias de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y del que se sigue procedimiento en uno de los Juzgados de Instrucción de Illescas.

Según el escrito del Fiscal del Tribunal de Cuentas, D. Olayo E. González Soler, fechado el 21 de septiembre de 2010, Fundamento de Derecho A) El Ayuntamiento de Carranque “dejó de ingresar indebidamente en las arcas municipales el importe de los derechos reconocidos en las liquidaciones tributarias revocadas, revocación que entraña la vulneración de las disposiciones reguladoras de la revisión de los actos en vía administrativa contenidas en el Titulo VII de la LRJ-PAC, que es de aplicación en virtud de lo dispuesto en el art. 146 Primero del RD 2568/1986, de 28 de noviembre. Y como de tal revocación, promovida por el Sr. Alcalde de Carranque e ilegalmente aprobada con los votos de los seis concejales que se citan, resultan perjuicios para los intereses del Ayuntamiento porque, se reitera, dejó de ingresar en su caja el importe de las liquidaciones revocadas, se cumplen, en principio, los requisitos exigidos por el art. 38.1 LOTCu para el nacimiento de la responsabilidad contable, por lo que resulta procedente promover su depuración”.

Las tasas a las que se refiere la Fiscalía del Tribunal de Cuentas son las correspondientes a la aprobación definitiva del PAU del campo de golf de Carranque. Dichas tasas, cuyo importe asciende a 2.780.099,25 €, giradas a la mercantil VILLA ROMANA GOLF, es decir, a la constructora PEYBER, y puestas en vía ejecutiva ante el impago de ésta, fueron anuladas, con gran prodigalidad y desprendimiento de lo ajeno, a iniciativa e impulso de Pompa, cosa que se entiende mal en un Ayuntamiento con una de las mayores deudas por habitante de la provincia de Toledo, si no se considera la “cercanía de trato” –así denominaba a esa afinidad el Secretario municipal– entre el tal Pompa y los principales socios de la constructora: los hermanos Díaz Bermejo y el que hasta hace poco era el aparejador municipal, Jesús María Gallego Peinado.

Al respecto, el Secretario-Interventor del Ayuntamiento, en un informe fechado el 27 de noviembre de 2008 calificaba la mencionada revocación en los siguientes términos:

“Supone una absoluta contradicción con los acuerdos plenarios adoptados desestimando los recursos de reposición que interpuso la misma entidad mercantil y ratificando cada una de las liquidaciones que ahora se propone REVOCAR por entender están viciadas de nulidad… La propuesta planteada deja al Ayuntamiento EN PRECARIO, es decir, le desapodera de sus derechos legales al dejar pendientes las liquidaciones futuras que han de sustituir a las que ahora se propone revocar (ANULAR) a como pronto, el primer trimestre del año 2010… La citada propuesta vulnera la normativa urbanística, porque supone incumplimiento del convenio urbanístico de gestión aprobado y suscrito por el Ayuntamiento y la promotora, vulnera la normativa de derecho administrativo y la tributaria”.

Según la mercantil VILLA ROMANA GOLF –esto es, PEYBER– y el alcalde Pompa, su decisión de privar al Ayuntamiento de cerca de tres millones de Euros se debía a que todos ellos consideraban que esas liquidaciones eran impertinentes porque el PAU, si bien aprobado definitivamente, aún no estaba publicado, cosa esta muy interesante porque dado que, como acredita el Secretario municipal, “la tramitación del PAU fue asumida por la entidad promotora” y, por tanto, a ésta corresponde su publicación oficial; mientras la deudora no tenga a bien cumplir con ese trámite, quedaría a salvo de saldar sus deudas. En otras palabras, que para Pompa y para los socios de PEYBER, el cumplimiento de la obligación queda sujeto a una condición suspensiva cuyo cumplimiento depende, íntegramente, de la voluntad del deudor, por cierto, un tipo de condición que el Código Civil considera nula de pleno derecho.

Se diría, no obstante, que Alejandro Pompa también es “jurista privado no homologado” porque pese a las rotundas advertencias del Secretario-Interventor, en el pleno municipal del 27 de noviembre de 2008 él y sus concejales, todos adscritos al Bonismo-Barredismo toledano, acordaron revocar y dejar sin efecto las liquidaciones tributarias adeudadas por VILLA ROMANA GOLF, esto es, por el agente urbanizador del PAU del campo de golf, a cambio de lo cual ésta aceptaba realizar un pago a cuenta de 300.000 €, pago que, por cierto, también ha incumplido.

Ahora que este, entre otros asuntos, le han vuelto a valer, a él y a sus secuaces –que para que no se sientan zaheridos les advertiré que secuaz es aquel que sigue el partido, doctrina u opinión de otro– nuevas imputaciones a cuenta de la denuncia de la Fiscalía de Toledo; Pompa dirá que no tenía conciencia ni voluntad de violar la ley, bien que de tan forzada como está, de ella quepa decir lo mismo que Don Luis Mejía le dijera a Don Juan Tenorio: “Con lo que en ella habéis osado, imposible la hais dejado para vos y para mi”.

¿BURBUJA INMOBILIARIA O MACROESTAFA PLANETARIA? Segunda Parte. Por “Ciudadanos de Espartinas”

Posted in Corrupción by Die Rote Kapelle on 8 abril 2011

Juan Germán Hoffmann durante el juicio Malaya

Esta es la segunda parte del anterior trabajo publicado por Ciudadanos de Espartinas. Debería leerse con lápiz y papel, haciendo esquemas y trazando las líneas que conectan cada trama. Si se hace así, el resultado será un plano extremadamente exacto del territorio español. Quien lea con atención este texto descubrirá nombres, que si bien han adquirido protagonismo en Málaga y sus cercanías, aparecen también en lugares tan alejados como un pequeño pueblo de Toledo llamado Layos o en otro pueblo de la misma provincia llamado Bargas o en la más conocida localidad de Aranjuez y, por supuesto, también en Seseña.

La telaraña sorprende por su solidez, por su inmediatez al poder político y por su repugnante plasticidad y condición proteica. En no poca medida, se ampara en su capacidad de centralizar y unificar lo disperso, es decir, de servirse de peones locales, como el citado “Viruelas” al que su abuelo le recomendaba robar mucho para poder meter en la cárcel a quienes le denunciaran, y a la vez fragmentar la organización para que la hipotética caída de alguna de sus partes, nunca suponga la caída del Todo.

¿Tanto cuesta poner atención en estas cosas? Españoles ¿sois imbéciles? Vuestro Estado ya no existe. Ha sido sustituido por el Hampa. ¿Seguiréis callando ante eso? Llenáis los comedores de beneficencia, colapsáis los Juzgados con vuestros desahucios hipotecarios, abandonáis a vuestros hijos a una desesperanza cierta y os dejáis ordeñar como terneros mansos. ¿Será verdad que sois idiotas?.

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¿Burbuja Inmobiliaria o Macroestafa Planetaria? (II)

3.- CÁRTELES Y MAFIAS DE LA VIVIENDA

Miloon Khotari Relator de la ONU (2000-2008) y autor del informe sobre el problema del acceso a la vivienda en España declaraba recientemente que “En España han existido cárteles y mafias de la vivienda que actuaban con absoluta impunidad“.

“Estos cárteles tenían muy buenas conexiones con los políticos y era evidente que todo ello desembocaría en una crisis muy importante”.

“Resulta muy sorprendente que en España haya una serie de familias poderosísimas que controlan el mercado inmobiliario. Y no hablo sólo de la vivienda, me refiero también al control del suelo”.

Veamos algunos ejemplos concretos de esos entramados de poder y sus relaciones.

3.1.- PALOMARES DEL RÍO

Septiembre de 2006. Los Verdes del Aljarafe, Aljarafe Habitable, Palomares Habitable y ADTA (Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe) denunciaron la convocatoria de pleno extraordinario por parte del Ayuntamiento de Palomares para aprobar un Convenio Urbanístico firmado con Urbis S.A y con Rochduero S.L por el que se pretendía clasificar como urbanizables 180 hectáreas y construir más de 2.700 viviendas. El suelo que se pretendía clasificar está protegido por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla, como Paisaje Sobresaliente y con el nombre de Cornisa Este del Aljarafe.

La Fiscalia de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Historico admitió a trámite, por un presunto delito contra la Ordenacion del Territorio, una denuncia de ADTA contra dicho convenio urbanistico.

Por esas fechas el grupo inmobiliario Urbis estaba participado por Banesto y ACS. En el consejo de administración de la INMOBILIARIA URBIS, S.A. se sentaban, en calidad de presidente, Antonio Trueba Bustamante (hasta hace unos días vicepresidente de Parquesol), en calidad de vicepresidente, Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea, presidenta de Banesto e hija de Emilio Botín, presidente del Banco Santander, y entre los vocales Su Alteza Real D. Carlos de Borbón Dos Sicilias y Borbón-Parma, primo del rey Juan Carlos I.

Por su parte, Rochduero es una empresa participada al 40% por Caja Duero. La Secretaria del consejo de administración de Rochduero, Elena Collado Pérez, es a su vez administradora de GESTION RAINBOW FUND, un fondo de inversión de Caja Duero domiciliado en Luxemburgo.

3.2.- ESTEPONA – SEVILLA – TRAMA VASCA – MALAYA

Veamos como el entramado es tan poderoso que desde un pequeño pueblo del área metropolitana de Sevilla como es Palomares del Río, se puede reconstruir una red nacional que llega a Estepona, Espartinas, Marbella, las Minas de Río Tinto y el País Vasco. Todo a través del despacho de economistas de Sevilla Severiano López y José Luis Gónzalez-Palomino, S.C.

En la operación Astapa contra la corrupción urbanística desarrollada en Estepona, la principal empresa implicada es Valle Romano.

No en vano, su ex-consejero Luis Fernando Linares ha tenido que pagar 500.000 euros, la fianza más alta de las impuestas por la juez del caso, para recuperar la libertad.

Pero Valle Romano no es sino la denominación comercial de una promoción urbanística que desarrolla la sociedad “Compañía Promotora y del Comercio del Estrecho, S.L.”

Esta sociedad se constituye a finales del año 2002 en la Avda. Blas Infante nº 6 de Sevilla.

Dicho domicilio es el mismo que el de la sociedad unipersonal Servicios Agropecuarios Avecilla S.L., constituida en el año 2004 por el concejal de urbanismo de Espartinas Antonio Javier Jiménez Rodríguez en pleno proceso de firmas de convenios urbanísticos a incluir en el nuevo PGOU.

Severiano López Martin administra en solitario la Compañía Promotora y del Comercio del Estrecho, S.L. desde su constitución hasta abril de 2004.

A partir de esa fecha le acompañan en el consejo de administración:

1.- José Manuel Martín Santonja, miembro del despacho “Severiano López y José Luis Gónzalez-Palomino, S.C.”.

2.- Antonio Salas Bayon, administrador único de Rumbo 5 Cero S.L. y de Via del Atlantico S.L., presentes en recalificaciones urbanísticas en Palomares del Río (Sector SUZ-PP-08 «El Zorrero») y en una macro operación prevista en Riotinto (1.200 has).

3.- Manuel Salinero González Piñero, letrado de los hermanos Ignacio y Manuel González Sánchez-Dalp, detenidos en la operación Malaya, también abogado del alcalde de Espartinas, Domingo Salado, en el caso Guardiola (trama vasco malaya). En la misma causa, la defensa del concejal de urbanismo (Antonio Javier Jiménez Rodríguez) corrió a cargo de Jerónimo Zamora, socio de Salinero en RZS Abogados (Romero, Zamora, Salinero Abogados SC).

Manuel Salinero intervino además en la defensa del técnico de la Gerencia de Urbanismo, imputado en el Caso Bazar España (derrumbe de un muro que mató a cinco personas el 31 de diciembre de 1998) en el que estaban implicados la Inmobiliaria Osuna y el arquitecto Luis Recuenco.

Recuenco es el arquitecto redactor de numerosos planes urbanísticos en localidades especialmente propensas a la especulación. En Espartinas es, desde hace años, el responsable del planeamiento local.

4.- La Kutxa (Caja de ahorros de San Sebastián) representada por Rafael Salsamendi Iruretagoyena y Juan Manuel Garmendia Goicoechea, presidente del Grupo Inmobiliario Inverlur, investigado en la operación Astapa.

5.- Los socios de Linares & Abogados: José Ignacio Sánchez Baranda, Mª Eugenia Yeregui Kinkel y Luis Fernando Linares Torres (detenido en la operación Astapa y en libertad bajo fianza).

Resulta sorprendente que José Antonio Linares Torres, Director de comunicación de Valle Romano y hermano de Luis Fernando Linares Torres, sea Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, y que haya desarrollado su actividad profesional, entre otros puestos, en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, como Jefe de la Oficina de Prensa, Divulgación y Relaciones Públicas de la Dirección General de Policía, Gobernador Civil de Córdoba y Coordinador en materia de extranjería de Andalucía.

6.- Ramón Miguel Valencia Pastor y Adolfo Ladrón De Guevara Sánchez. Como administradores de Idisa, aparecían junto a las Cajas de Ahorros sevillanas en la mayor operación especulativa de Sevilla, la operación de Tablada. El entonces presidente de Caja San Fernando era Juan Manuel López Benjumea, hermano del arquitecto Miguel López Benjumea detenido en la operación Malaya.

En la operación intervenía un consorcio de grandes compañías inmobiliarias como Osuna, Prasa, Sando, el Grupo de Luis Alarcón de la Oliva, Idisa y Construcciones San José.

Según publicaba El País, El Monte y San Fernando, a través del Consorcio Tablada, propiedad de ambas entidades, firmaron un contrato de gestión con la empresa Idisa por la que ésta cobraría 787 millones de pesetas fijos y unos honorarios variables que podrían llegar a 520 millones. Para lograr esta plusvalía, próxima al 130%, los terrenos debían haber sido recalificados.

El 11 de noviembre de 1997, Ramón Valencia firmó un contrato de gestión con Juan Manuel López Benjumea, presidente de Caja San Fernando y vicepresidente del Consorcio Tablada, empresa propiedad de las dos cajas a partes iguales, que se había hecho con la propiedad de los terrenos inundables y no urbanizables de la antigua dehesa sevillana en subasta pública en 1999. Por este compromiso Idisa entró en el Consorcio con un 5% del capital, sus gestores se comprometían a no realizar operaciones particulares en Tablada, y se garantizaban unos honorarios fijos hasta el año 2011 de 652 millones de pesetas y unos variables hasta un máximo de 520 millones. Además, recibían 135 millones por aportación de negocio y asesoramiento. Todas estas partidas hacen un total de 1.307 millones. Además de estos ingresos, los promotores de Idisa se reservaron un 5% del beneficio bruto que consiguieran superior a los 13.169,8 millones de pesetas fijados como mínimo en el contrato.

La idea de la operación surgió de unos gestores inmobiliarios que, cuando Defensa cerró la base aérea en 1989, empezaron aglutinar a los propietarios con derechos de reversión del suelo, expropiado para crear el aeródromo militar en 1917. Estos gestores constituyeron la empresa Idisa, con un capital de 10 millones de pesetas y dos administradores, Ramón Valencia y Adolfo Ladrón de Guevara.

La primera de las funciones que las cajas encomendaron a Idisa fue la ‘recalificación del suelo’, aunque en la estipulación quinta se daba por hecho que ‘las 320 hectáreas se van a urbanizar y comercializar’. Una de las empresas interesadas en comprar parte del terreno era la Inmobiliaria Osuna, con la que Isidoro Beneroso, presidente de El Monte y del Consorcio, contrajo un compromiso personal que fue validado por el consejo de administración de esta sociedad el 30 de marzo de 1999.

Pero demos un salto más para comprobar cómo las conexiones no son sólo locales o nacionales y que, como la economía, también están globalizadas.

3.3.- OPERACIÓN MALAYA: TARODO HOFFMANN, FAES Y EL NARCO PARAMILITARISMO

Hitler saludando al general Emilio Esteban Infantes, comandante de la División Azul. En el centro, como intérprete, Hans Hoffmann, padre del letrado Juan Germán Hoffmann

El despacho Tarodo Hoffmann Abogados aparece relacionado en 3 grandes operaciones contra la corrupción: Malaya, Ninette y Ballena Blanca.

El 6 de febrero de 2007, en una nueva fase de la operación Malaya, en presencia del juez instructor, la policía registró el bufete de Tarodo Hoffmann en Marbella durante más de 11 horas y detuvo a dos abogados del despacho: Juan Germán Hoffmann, supuesto testaferro inmobiliario de Juan Antonio Roca, y su socio José Arteaga Pardo.

Juan Germán Hoffmann (del que ya hablamos aquí), hijo del ex cónsul honorario alemán en Málaga Hans Hoffmann, es quien estaba al frente de este despacho, especializado en inversiones extranjeras.

Según publicaba El Mundo en el año 1998, Hans Hoffmann, apodado “El Rey de Marbella” tenía a sus espaldas un oscuro pasado nazi como miembro de la GESTAPO, habiendo formado parte de la Legión Condor que bombardeó Guernica.

Como administradores de TARODO-HOFFMANN ABOGADOS SL figuran José Arteaga Pardo y Erhard Rudolf Zurawka.

José Arteaga Pardo representa a la “Compañía Inmobiliaria Masdevallía, S.L.”, una de las sociedades utilizada por Roca, mediante escrito con entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia), con fecha 4 de Julio de 2005 (número 5.343)

La sede de este ayuntamiento ha sido recientemente registrada por la policía en el marco de la Operación Ninette, directamente vinculada con la trama malaya.

Por su parte, Erhard Rudolf Zurawka es el abogado de “Corona de los Hidalgos”, una promoción de EURACO Investors Service España S.L. en Manilva, localidad cuyo alcalde fue detenido en el caso Ballena Blanca.

Euraco tiene por administrador único a Gabriele Heinl y por apoderado a Tarodo Hoffmann Molina S.L.

ERHARD ZURAWKA, LA FUNDACIÓN HANNS SEIDEL Y LA ULTRADERECHA ESPAÑOLA

Además de pertenecer al despacho Tarodo Hoffmann, Erhard Zurawka es el representante en Colombia de la fundación Hanns Seidel.

Según un artículo de El País de 12 de noviembre de 1984, la Fundación Seidel, de la RFA, apoyó a la ultraderecha española.

COLOMBIA, URIBE, FAES Y LA FUNDACIÓN HANNS SEIDEL

Las relaciones de la Fundación Seidel con el expresidente de Colombia son también muy fluidas, tal y como se desprende de la propia web del Partido Conservador Colombiano.

En dicha web se recoge explícitamente la presencia de Erhard Zurawka, representante de la Fundación Hanns Seidel de Alemania en el Encuentro Internacional Unión de Partidos Latinoamericanos -UPLA – Zona Norte, organizado por la Secretaría Alterna del Directorio Nacional Conservador, en el que el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, invitó a los delegados internacionales del encuentro, a una cena en el Palacio de Nariño.

La Fundación Hanns Seidel de Alemania también aparece junto a FAES de España como “Aliados” de la Secretaría Alterna del Partido Conservador Colombiano.

URIBE Y SUS CONEXIONES NARCO-PARAMILITARES

Según la revista Newsweek Internacional, en los años 90, el departamento estadounidense de defensa elaboró una lista de individuos asociados con el cartel colombiano de la droga de Medellín de Pablo Escobar.

Según publicaba la Red Voltaire, en el apartado nº 82 del documento de inteligencia ya desclasificado se puede leer lo siguiente : “Álvaro Uribe político colombiano y senador dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno.

Uribe se vinculó a un negocio involucrado en las actividades de los narcóticos en los Estados Unidos…. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y ha sido un amigo íntimo de Pablo Escobar Gaviria“.

Este mismo año Sergio Camargo presentaba en Madrid el libro “El Narcotraficante Nº 82. Álvaro Uribe Vélez” en el que da cuenta del entramado de políticos, mafiosos, clérigos, paramilitares y narcotraficantes que controla el poder en Colombia.

Las cifras del negocio de la droga que aporta el columnista Pablo Siris Seade merecen ser tenidas muy en cuenta:

“Colombia produce el 60% de toda la cocaína que se produce en el mundo. EEUU interviene en este país desde hace nueve años con el Plan Colombia y ha invertido en la “guerra contra las drogas” más de 5 mil 600 millones de dólares. Sin embargo, el año pasado creció en el país neogranadino más de 27% la superficie cultivada con hoja de coca. Afganistán produce el 92% de todos los opiáceos en el planeta, especialmente, heroína. EEUU está presente allí desde el año 2001, cuando inició la “guerra contra el terrorismo”, y tiene acantonados a más de 35.000 efectivos militares.

Obviamente, el negocio de las drogas no está en las selvas de la Orinoquia colombiana o en las montañas de Afganistán, sino en las calles de Nueva York, Washington (donde se asientan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial estadounidenses), San Francisco y Miami. Estas cuatro ciudades se encuentran dentro de las veinte ciudades con más consumo de cocaína y heroína en el mundo, aunque Nueva York se destaca lejos de sus seguidoras con un consumo de 134 líneas de cocaína por cada mil habitantes cada día.

Así mismo, es principal mercado donde se producen las mayores operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, con una inyección de capital -cada año- de 500 mil millones de dólares. En el reciente trabajo del periodista Hernán Carrera, explica que cada dólar que se imputa a ganancias de una transnacional, representa automáticamente, un incremento de seis dólares en el valor de sus acciones.

Los 500.000 millones obtenidos por del narcotráfico, multiplicados por seis, resulta la abrumadora cifra de 300 billones de dólares anuales.”

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¿BURBUJA INMOBILIARIA O MACROESTAFA PLANETARIA? Por Ciudadanos de Espartinas

Posted in Corrupción by Die Rote Kapelle on 5 abril 2011

Uno de tantos Sumarios

Con el confesado y manifiesto propósito de dar la mayor difusión posible a este trabajo –brillante, como siempre– de “Ciudadanos de Espartinas”, lo reproduzco aquí.

Sólo hay que añadir una cosa. El obsceno mecanismo que describe este artículo funciona mediante “tracción animal”. Tiene nombres y apellidos, quiero decir, y es obligación cívica sacarlos de la sombra y arrojarlos a la fama pública.

El esfuerzo es considerable y no exento de peligros. “El Viruelas”, uno de los protagonistas locales de este aparato de producción en masa de podredumbre, solía citar un consejo de su abuelo: “hijos, no robéis, pero si robáis, robad mucho para que podáis meter en la cárcel a los que os denuncien”. Como cave imaginar “El Viruelas” ha seguido la segunda parte del consejo de su abuelo.

1.- ¿ BURBUJA INMOBILIARIA O MACROESTAFA PLANETARIA ?

1.1. – CRIMEN FINANCIERO CONTRA LA HUMANIDAD

Son los trabajadores del mundo los que pagarán la deuda del sistema político-mafioso financiero.

Crimen contra la humanidad es el que los poderes financieros y económicos de Estados Unidos, con la complicidad efectiva o tácita de su gobierno, fríamente han perpetrado contra millones de personas en todo el mundo, amenazadas de perder el dinero que les queda después de, en muchísimos casos (no dudo de que sean millones), haber perdido su única y cuántas veces escasa fuente de rendimiento, es decir, su trabajo.

Los criminales son conocidos, tienen nombre y apellidos, se trasladan en limusinas cuando van a jugar al golf, y tan seguros están de sí mismos que ni siquiera piensan en esconderse.

Son fáciles de sorprender. ¿Quién se atreve a llevar a este gang ante los tribunales? Todos le quedaríamos agradecidos. Sería la señal de que no todo está perdido para las personas honestas.

José Saramago, Premio Nobel de Literatura.

1.2.- VÍDEO SOUTHERN CALIFORNIA SHANTY TOWN / TENT CITY (4:17)

1.3.- LA BURBUJA INMOBILIARIA EN EL CONTEXTO ECONÓMICO MUNDIAL

Hace diez años, Arturo Pérez Reverte escribía un artículo demoledor publicado en ‘El Semanal’ el 15 de noviembre de 1998, adelantándose a las imágenes del vídeo anterior.

Entresacamos algunos párrafos:

LOS AMOS DEL MUNDO

Usted no lo sabe, pero depende de ellos. Usted no los conoce ni se los cruzará en su vida, pero esos hijos de la gran puta tienen en las manos, en la agenda electrónica, en la tecla intro del computador, su futuro y el de sus hijos.

Usted no los conoce ni en pintura, pero esos conductores suicidas que circulan a doscientos por hora en un furgón cargado de dinero van a atropellarlo el día menos pensado, y ni siquiera le quedará el consuelo de ir en la silla de ruedas con una recortada a volarles los huevos, porque no tienen rostro público, pese a ser reputados analistas, tiburones de las finanzas, prestigiosos expertos en el dinero de otros. Tan expertos que siempre terminan por hacerlo suyo. Porque siempre ganan ellos, cuando ganan; y nunca pierden ellos, cuando pierden.

No crean riqueza, sino que especulan.

Esto no puede fallar, dicen. Aquí nadie va a perder. El riesgo es mínimo.

Y en cuanto sale bien la primera operación ya están arriesgando más en la segunda, que el chollo es el chollo, e intereses de un tropecientos por ciento no se encuentran todos los días. Y esto, señores, es Jauja.

Y de pronto resulta que no. De pronto resulta que el invento tenía sus fallos, y que lo de alto riesgo no era una frase sino exactamente eso: alto riesgo de verdad.

Y entonces todo el tinglado se va a tomar por el saco. Y esos fondos especiales, peligrosos, que cada vez tienen más peso en la economía mundial, muestran su lado negro. Y entonces, ¡oh, prodigio!, mientras que los beneficios eran para los tiburones que controlaban el cotarro y para los que especulaban con dinero de otros, resulta que las pérdidas, no.

Las pérdidas, el mordisco financiero, el pago de los errores de esos pijolandios que juegan con la economía internacional como si jugaran al Monopoly, recaen directamente sobre las espaldas de todos nosotros.

Entonces resulta que mientras el beneficio era privado, los errores son colectivos, y las pérdidas hay que socializarlas, acudiendo con medidas de emergencia y con fondos de salvación para evitar efectos dominó y chichis de la Bernarda.

Eso es lo que viene, me temo. Nadie perdonará un duro de la deuda externa de países pobres, pero nunca faltarán fondos para tapar agujeros de especuladores y canallas que juegan a la ruleta rusa en cabeza ajena. Así que podemos ir amarrándonos los machos. Ése es el panorama que los amos de la economía mundial nos deparan, con el cuento de tanto neoliberalismo económico y tanta mierda, de tanta especulación y de tanta poca vergüenza.

Es en ese contexto de neoliberalismo descrito por Pérez Reverte en el que tiene lugar el fenómeno de la Burbuja Inmobiliaria que trataremos de explicar a continuación.

1.4.- EL CASO DE E.E.U.U.

En Estados Unidos el proceso que origina la crisis inmobiliaria y su efecto dominó podría resumirse de la siguiente forma:

1.- Las entidades bancarias conceden hipotecas subprime o hipotecas-basura a personas de baja solvencia.

2.- Se titulizan o empaquetan esas hipotecas-basura mezcladas con otras “sanas” en lotes, llamados CDO (Collateralized Debt Obligations -obligaciones con garantía colateral-) unos instrumentos teóricamente de alta calidad crediticia.

3.- Se ponen en circulación esos títulos o paquetes tóxicos en el mercado.

4.- Los paquetes son comprados por fondos de inversión de alto riesgo, los llamados hedge funds, unos instrumentos de inversión privada (inversores individuales, bancos privados, fondos de pensiones y compañías de seguros).

5.- El producto se dispersa y el riesgo de cada hipoteca subprime pasa de residir en una única entidad a contaminar virtualmente a millones de pequeños inversores, ya sea a través de su plan de pensiones o de un fondo de ahorro más o menos conservador.

Veamos de cerca cómo funcionan algunos de los agentes financieros responsables de la Burbuja:

Fannie Mae y Freddie Mac

Son las dos grandes instituciones americanas que se dedican a comprar, titulizar y garantizar préstamos hipotecarios de alta calidad. Estos dos gigantes del crédito hipotecario controlan casi la mitad de los 12 billones de dólares de la deuda hipotecaria vigente en Estados Unidos.

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) fue fundada en 1938 para rescatar el mercado hipotecario hundido durante la crisis económica de 1929. Fannie Mae, como banco hipotecario público, tenía como objetivo encontrar el dinero para ponerlo a disposición de los bancos regionales y locales de USA. En 1968, Lyndon B. Johnson privatizó el banco y sus acciones fueron vendidas en bolsa. En 1970 se funda Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation), gemela de Fannie Mae. Los dos bancos hipotecarios continuaron recibiendo el apoyo del Estado pese a que eran sociedades privadas. Podían recurrir al Estado pidiendo préstamos, estaban eximidos de pagar impuestos y la supervisión del gobierno sobre su gestión era más laxa que con la de otras entidades. Eso hizo circular la falsa idea de que sus deudas estaban garantizadas explícitamente por el Estado.

Fannie y Freddie comenzaron a principios de la década del 90 a “titulizar” las hipotecas, lo que permitía multiplicar la capacidad de crear nuevas hipotecas que a su vez eran empaquetadas y vendidas a entidades financieras de todo el mundo, generando grandes beneficios a corto plazo. En 1990 una acción de Fannie costaba 10 dólares. En el 2000 costaba 100 dólares (10 veces mas). Este año las acciones valían sólo unos centavos. El Departamento del Tesoro y la Reserva Federal (banco central) anunciaron la puesta en marcha de un plan para rescatar a las dos entidades del colapso. El plan pasa por la compra y el saneamiento de los activos dudosos de estas sociedades y supone, en la práctica, la nacionalización de títulos por un valor estimado en torno 5,3 billones de dólares.

Los Hedge Funds

Son unos fondos de inversión de alto riesgo destinados a la especulación agresiva, muy poco controlados por las autoridades financieras y con capacidad para llevar la economía mundial al borde del colapso.

La crisis de 1998 ya reveló los efectos desestabilizadores de los hedge funds en la economía. Sin embargo no fueron prohibidos y hoy hay unos 9.000 fondos de alto riesgo que gestionan en torno a los 2 billones de dólares.

España ha sido el último país de Europa Occidental en autorizar estos productos y, según previsiones de fuentes de la CNMV, el mercado español de hedge fund podría alcanzar unos 10.000 millones de patrimonio en los próximos años.

En la década de los Noventa el hedge fund LTCM (Long-Term Capital Management) llegó a controlar el 5% de la renta fija mundial, gestionaba 1.000 millones de dólares pero contaba con una deuda de 100.000 millones de dólares (100 veces mayor). Su quiebra en Septiembre de 1998, obligó a la Reserva Federal a intervenir, inyectando 3.600 millones de dólares financiados por un sindicato de 14 bancos de inversión.

Veamos un ejemplo del impacto de los hedge funds en la Burbuja Inmobiliaria:

En 2007, Bear Stearns, el quinto banco de inversión estadounidense, declaraba en quiebra dos de sus fondos especulativos (Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Master Fund Ltd., y Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Enhanced Leverage Master Ltd).

Estos fondos eran dos “letterbox companies”, dos compañías materializadas por un simple buzón de correos en las Islas Caimán.

Bear Stearns tuvo que ser rescatado por Wall Street, con el apoyo explícito de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, que asumía una garantía de 29.000 millones de dólares de su cartera de valores.

En Noviembre de 2008, el Gobierno de EEUU recompensa a uno de los principales culpables de la peor crisis crediticia de la historia. La Reserva Federal (Fed) de Nueva York decide nombrar al ex jefe de riesgos de Bear Stearns (Michael Alix), vicepresidente en la sección de control bancario, o lo que es lo mismo, responsable de la supervisión de bancos en Nueva York.

Las Agencias de Rating

Las tres principales empresas de rating del mundo son las estadounidenses Standard and Poor´s (S&P), Moody´s y Fitch Ratings.

Estas agencias se dedican a medir el riesgo de invertir en bonos de empresas y en los nuevos instrumentos financieros.

Con sus calificaciones falsas, fueron los agentes necesarios para expandir los activos tóxicos de derivados de deuda hipotecaria en los que iban las hipotecas subprime calificadas como de alta rentabilidad y bajo riesgo (AAA++).

1.5.- LA BURBUJA EN ESPAÑA

El fenómeno de la Burbuja en España, aunque responde a los mismos principios de especulación que Estados Unidos, tiene un desarrollo muy diferente.

El arquitecto y economista Ricardo Vergés define el fenómeno como un antimercado, caso extremo de burbuja donde precios y cantidades de vivienda nueva están en relación directa y no inversa, como indica la ley de la oferta y la demanda. Las cifras de la Burbuja española hablan por sí solas:

– 10 millones de familias hipotecadas entre 1997 y 2012, que habrán de devolver la friolera de 3,25 billones de euros, de los cuales las entidades apenas habían recuperado en 2007 un cuarto de billón, intereses incluidos.

Para Vergés, todo empezó en 1997 con el retorno de capitales evadidos y su entrada en forma de inversión en el mercado inmobiliario, después de que en Europa se decidiera que un euro equivalía a 166,38 pesetas.

Bancos, cajas de ahorro, inmobiliarios y políticos vieron que había una demanda formidable e hicieron acopio de suelo.

Con la entrada en vigor del euro, el 1 de enero de 2002, comenzó a funcionar la campaña de ‘los precios nunca bajan’ y de ‘no hay burbuja’ que arrastró a todo tipo de inversores y compradores.

Entre 2003 y 2007 se construyeron casi cuatro millones de viviendas nuevas con un coste de 562.000 millones de euros y un precio de venta de 877.000 millones.

315.000 millones de beneficios cuyo paradero se desconoce.

Al comparar la evolución del mercado inmobiliario de EEUU con el de España se pone de manifiesto la dimensión de nuestra burbuja.

En EEUU nunca se llegó a construir más de 9 viviendas por mil habitantes y se vendieron a precios equivalentes, como mucho a 3,5 rentas familiares media. En España, se ha llegado a las 22 nuevas viviendas por mil habitantes, con precios que todavía superan las 6,5 rentas familiares medias. El esfuerzo inversor en nueva vivienda en España ha llegado a ser cuatro veces y media el de EEUU.

Pero aún queda un factor diferencial que agrava más todavía la situación en España. En EEUU si un comprador no puede hacer frente a la hipoteca, devuelve la vivienda al Banco y queda saldada su deuda. En España no. Aquí el Banco saca a subasta la vivienda y si la cantidad obtenida es menor que la deuda pendiente, el comprador inicial, además de perder la vivienda y las cantidades ya pagadas al banco, debe asumir la diferencia. Es lo que se conoce como la esclavitud de la deuda.

El panorama que se presenta en España no puede ser más negro:

.- La dependencia del sector inmobiliario como motor económico.

.- Un stock de viviendas para 4 años de 700.000 viviendas invendidas que obligará a una fuerte bajada de precios.

.- Una tasa de paro en aumento, que se traducirá en morosidad, impagos y ejecuciones de préstamos hipotecarios que dejarían a miles de familias en la calle.

.- Préstamos que, en la mayoría de casos, se concedieron con una sobretasación del valor de la vivienda, y que por tanto obligarían a esos miles de familias en la calle a seguir pagando la deuda restante al banco.

En España, tal y como señala José Manuel Naredo (Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente en el año 2000 y Premio Internacional Geocrítica 2008), “La gran irresponsabilidad de los gobiernos no solo estriba en haber negado o soslayado la burbuja inmobiliaria, sino en haberla seguido alimentando hasta el final con potentes desgravaciones fiscales y ocultaciones consentidas de plusvalías, que desembocaron en casos tan sonados como el de Marbella, forzando así el lamentable monocultivo inmobiliario de este país”.

2.- CORRUPCIÓN INTERNACIONAL Y CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

2.1.- CORRUPCIÓN BANCARIA Y PARAÍSOS FISCALES

Los paraísos fiscales constituyen uno de los pilares de la globalización económica. En ellos reside un poder económico tan elevado que influye y domina al poder político. El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que por las cuentas de los paraísos fiscales pasa la mitad de los flujos financieros internacionales y que en estos territorios se esconde la cuarta parte de la riqueza privada mundial. En su conjunto acumulan entre 11 y 13 billones de euros.

La concentración de poder en los paraísos fiscales es tal que el cuarto centro financiero mundial se sitúa en las Islas Caimán.

En las Islas Vírgenes Británicas, con una población de 22.000 habitantes, hay registradas más de 500.000 empresas extranjeras y operan 450 bancos.

En Luxemburgo están domiciliadas 12.000 sociedades pantalla y 210 entidades bancarias que manejan 600.000 millones de euros en activos

Liechtenstein, con 35.000 habitantes, acumula depósitos por valor de unos 150.000 millones de dólares. La inteligencia alemana reveló que un sólo abogado gestionaba 10.000 fundaciones y empresas tapadera de negocios opacos.

Gibraltar, con 30.000 habitantes, tiene más de 70.000 sociedades.

Según denuncia Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción, los dos principales bancos españoles, Santander y BBVA tienen 80 filiales domiciliadas en paraísos fiscales.

Jiménez Villarejo va más lejos y desvela que “entre 1997 y 2001, ambos inclusive, prácticamente todo el sistema financiero –bancos y cajas– emitió un producto, denominado “participaciones preferentes”, para captar ahorro en el mercado español. La finalidad del mismo era obtener financiación para sus operaciones fortaleciendo sus recursos propios. Con una particularidad, el producto fue emitido por sociedades filiales de dichas entidades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Así se recaudaron, según el Banco de España, 15.000 millones de euros (15.104.544.378). Todo con el conocimiento y aquiescencia de dicha entidad y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Dada las características de la operación, resultó de extrema dificultad calcular el enorme alcance del fraude fiscal cometido por las entidades de crédito en la tributación del Impuesto de Sociedades. Lo cierto es que cuando trascendió públicamente esta forma de proceder, conscientes todos de su evidente ilicitud, se reformó precipitadamente la ley prohibiendo que dichas operaciones se hicieran desde paraísos fiscales”.

Sirva como ejemplo de lo apuntado por Jiménez Villarejo la utilización por parte de buena parte de Bancos y Cajas españoles de la misma sede de Maples and Calder en las Islas Cayman (Ugland House, South Church Street PO Box 309 GT) que, en palabras del presidente Obama, es el mayor edificio del mundo o la mayor estafa impositiva del mundo. Allí encontramos a Caja Madrid, la CAM, Bancaja. El Banco Popular, Caja España, Sa Nostra, CajaMurcia, Unicaja, CajaCanarias, el Banco Sabadell, La Caixa, El Monte, o el Banco Santander.

2.2.- ESPAÑA, PARAÍSO DE LA CORRUPCIÓN

La corrupción que asola el territorio español ha quedado evidenciada por las múltiples operaciones judiciales desarrolladas en estos últimos 4 años, que han acabado con la detención de decenas de representantes políticos, alcaldes y concejales de todo signo, secretarios de ayuntamientos, promotores inmobiliarios, titulares de prestigiosos bufetes de abogados, algún que otro notario, miembros de la policía, incluidos varios inspectores de la UDYCO (Unidad del Crimen Organizado) y un Juez.

No en vano, las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, al tráfico de armas, a la explotación de la prostitución, a estafas internacionales, etc… han encontrado en España un paraíso para el desarrollo de sus actividades y el blanqueo de sus ganancias.

En sólo un año (de Semana Santa de 2005 -operación Ballena Blanca- a la de 2006 -Malaya-), la incautación de bienes y dinero rondaba los 4.800 millones de euros (unos 800.000 millones de pesetas), una cifra 100 veces superior a la registrada en el año 2000.

A raíz de las operaciones Malaya y Ballena Blanca, el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín explicaba que lo que ha sucedido en la Costa del Sol ha sido blanqueo de dinero a gran escala procedente de la mafia internacional.

En el año 2006 tanto The Washington Post (25 de octubre) como El País (3 de octubre) asociaban la construcción con las mafias internacionales. Ambos diarios recogían afirmaciones de Alejandra Gómez-Céspedes, profesora en el Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga, que relacionaba directamente la construcción con el narcotráfico:

“Básicamente, los traficantes de drogas en el sur de España tienen inversiones en los sectores inmobiliario y de la construcción, por la facilidad que estos ofrecen para el blanqueo de dinero negro sin ningún tipo de preguntas”.

“Cuando la mafia entra en el tráfico de cocaína, elige a la construcción como el sector ideal de blanqueo”.

El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Verchet, revelaba que más de una veintena de narcotraficantes detenidos en los últimos tiempos contaba con sus propias agencias inmobiliarias.

Si añadimos que en España hay censadas más de 45.000 empresas inmobiliarias, de las cuáles sólo el 10% tiene más de 3 empleados, aumenta notablemente la sospecha de que la construcción es una gran tapadera para el blanqueo.

En nuestro país hay abiertas más de 130 operaciones policiales que investigan al lavado de dinero negro, y ya han sido imputados más de 60 abogados y 5 notarios en relación con alguna de esas operaciones.

El nombre de España como único centro de blanqueo en Europa viene recogido en un reciente informe sobre el impacto de las sanciones económicas contra los carteles colombianos de la droga realizado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La CIA también lo corrobora. Pero hay más datos que dan una idea de la magnitud del problema:

– España es el país de la Comunidad Económica Europea en que circulan más billetes de 500 Euros (1/3 del total)

– España es la puerta de entrada a Europa del tráfico de cocaína, y es el país con mayor consumo de esa sustancia.

  • España es el país con mayor número de viviendas construidas, más de 800.000 en el año 2007 según los datos de visado de los Colegios de Arquitectos.

2.3.- LOS BENEFICIOS DE LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Es en ese marco de corrupción generalizada donde tiene lugar el boom inmobiliario apuntado anteriormente.

Los elevados beneficios generados por el sector de la construcción y la opacidad de sus transacciones han alimentado la espiral de crecimiento de las inversiones inmobiliarias.

La fiebre del ladrillo alcanzó a toda suerte de promotores, pequeños inversores privados, políticos, bancos, cajas de ahorros y organizaciones criminales internacionales.

Los planes urbanísticos, concebidos para regular la ordenación del territorio y racionalizar el crecimiento, pasaron a convertirse en meras herramientas al servicio de la especulación, o lo que es peor, de las mafias internacionales del blanqueo de capitales.

Este modelo de urbanismo especulativo, oportunista y capitalista, diseñado a imagen y semejanza del modelo de libre mercado, apenas encontró resistencia entre los principales partidos políticos del arco parlamentario.

Dejando al margen a partidos minoritarios, ONGs y colectivos ciudadanos, nadie ha cuestionado el expolio al que hemos asistido en todo el territorio español.

2.4.- EL PAPEL DE LAS CAJAS DE AHORRO

En España, la banca española tiene alrededor del 65% de sus créditos relacionados con el ladrillo.

Las Cajas de Ahorro lideran el mercado de hipotecas aglutinando el 57% de todos los préstamos a la vivienda. Pero las Cajas de Ahorro no se han limitado a vender hipotecas, sino que, lejos del fin social para el que fueron creadas, han financiado generosamente grandes promociones, algunas de las cuales están siendo investigadas en los juzgados.

Por su naturaleza jurídica, en los consejos de administración de las Cajas de Ahorro el poder político tiene una representación de aproximadamente el 50 %. El negocio hipotecario se nutre obviamente de la construcción de viviendas, y ésta a su vez de las recalificaciones que aprueban los municipios. Huelga decir que para el desarrollo de cualquier promoción es necesaria la aprobación municipal (pleno municipal) y la autonómica (organismo urbanístico competente).

2.5.- MECANISMOS LEGALES, POLÍTICOS Y SOCIALES QUE FAVORECEN LA ESPECULACIÓN Y LA CORRUPCIÓN

a) El convenio urbanístico y la corrupción municipal

Un convenio urbanístico no es más que un acuerdo entre el ayuntamiento y un promotor para calificar o recalificar un suelo rústico y convertirlo en urbanizable. La legislación vigente ha dejado el negocio de los promotores en manos de la voluntad de unos alcaldes que, en la mayoría de los casos, carecen de cualquier tipo de formación urbanística. Las consecuencias son evidentes: un reciente informe de Greenpeace sobre la corrupción urbanística señalaba a 354 implicados en 89 casos de corrupción, de los cuales 55 eran alcaldes.

El nuevo fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo en Sevilla declaraba a su llegada que en la provincia existe un número «demasiado elevado» de alcaldes imputados, lo que «no es producto de la casualidad» y obliga a reforzar el control sobre ciertos «excesos en el urbanismo municipal». Manifestaba entonces que «en los casos de mayor entidad» puede haber una relación entre la delincuencia urbanística y el crimen organizado.

Transparencia Internacional, la organización no gubernamental pionera y más importante en la lucha contra la corrupción en el mundo, sitúa la acción de los ayuntamientos como el principal problema de España desde el punto de vista de la corrupción.

En su informe del año 2006, parte de la base de que “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (…) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con 30 estados miembros) “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.

Un informe del Defensor del Pueblo indica que los convenios urbanísticos permiten que el propietario de unos terrenos acuerde con el Ayuntamiento unas cesiones de suelo, independientemente de lo que exige la ley, o incluso pagar dinero, a cambio de la recalificación o el aumento de edificabilidad. Esta práctica ha hecho posible que en la actualidad “se estén generando situaciones de corrupción muy numerosas”.

b) Los partidos políticos y la ciudadanía apoyan la corrupción

Los casos de corrupción urbanística han afectado a casi todos los partidos del espectro político nacional. Lejos de sancionar o apartar a los imputados, los propios partidos volvieron a presentar a las pasadas elecciones municipales a alcaldes y concejales acusados de delitos de corrupción. Algunos de ellos no sólo no fueron castigados en las urnas por el electorado sino que reforzaron su mayoría.

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Un documento interno del Ayuntamiento de Carranque delata el urbanismo de Alejandro Pompa

Posted in Alejandro Pompa, Carranque by Die Rote Kapelle on 3 abril 2011

Alejandro Pompa

Ha llegado a manos de Notitia Criminis un documento que dormía su sueño eterno en los sótanos del Ayuntamiento de Carranque. Es obra del anterior secretario de la Corporación, Juan Francisco Bravo Collantes y está dirigido al alcalde Alejandro Pompa, que al parecer, había pedido opinión a aquél sobre cierto desarrollo urbanístico.

Su importancia local no presenta dudas pues delata en qué ha consistido la acción pública de un personaje que hasta ahora ha salido bien librado de sus citas con los tribunales penales salvo en una ocasión, cuando fue condenado en 1998 por agredir y lesionar a un anciano octogenario.

Sin embargo la relevancia del texto que hago público aquí supera, con mucho, los límites de un pueblo cuyo término municipal ha quedado monopolizado de facto por dos constructoras y un funcionario municipal venido a muy próspero empresario de la construcción: PEYBER, el Grupo GONZÁLEZ VILLAREJO y el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas.

Lo que el que fuera hasta hace muy poco Secretario-Interventor del ayuntamiento de Carranque denuncia en su “Documento Interno” es la sustancia de la nueva Corrupción, una aberración en los fines de la acción política que ha dejado obsoleto el Código Penal y su definición de cohecho, es decir, de soborno.

Las viejas formas de podredumbre pública en las que el corrupto reclama su soborno y el corruptor se lo paga, han dado paso a un esquema infinitamente más eficaz, lícito o de ilicitud imposible de probar sin registros domiciliarios e intervención de las comunicaciones, y no obstante, de una simpleza insultante.

El corrupto ya no actúa aisladamente. Entra a formar parte de la única organización que puede garantizarle una aceptable impunidad: el partido político. De esta manera, la corrupción se confunde con el propio aparato del Estado. El territorio es “repartido” entre alcaldes, los alcaldes garantizan, puesto que la Ley les faculta para ello, el monopolio en sus feudos, de un constructor o de un número muy reducido de ellos. La política urbanística del municipio desaparece y es sustituida por los negocios de estos a los que, por otro lado, mediante la perversión del sistema de Cajas de Ahorro, la cúpula política del poder autonómico o regional, garantiza un acceso ilimitado al crédito, sin garantías o sólo con garantías aparentes. Finalmente, la figura jurídica del “Agente Urbanizador” –surgida en Valencia y que se ha extendido como ponzoña imparable por todas las legislaciones autonómicas– hace posible el expolio, la confiscación y el saqueo del suelo.

El resultado de todo esto es que el Legislador, el Constructor y el Corrupto –que ya no es tal, sino un honrado empresario de la construcción– se unifican en una sola organización que es capaz de eludir las limitaciones de la Ley, porque es esa misma organización la que legisla y, por tanto, decreta su impunidad extendiendo, vertiginosamente, por todo el país, una situación de podredumbre endémica.

Pero ¿qué es lo que dice el “Documento Interno” del Ayuntamiento de Carranque? Dice lo siguiente:

“Atendiendo a tu solicitud de opinión sobre la propuesta de desarrollo de referencia… te comunico que para mi se trata de una aberración urbanística que sólo se justifica desde los intereses de los promotores… El planeamiento que se analiza es similar a otros propuestos y lamentablemente ejecutados a instancia del Arquitecto Municipal en su otra faceta de Arquitecto de los promotores, y como el resto de los citados, se caracteriza por contemplar aprovechamientos del suelo que buscan fundamentalmente la rentabilidad de los promotores a cambio de dar gusto a alguna de las iniciativas del Alcalde, aprovechando la confianza y proximidad de trato”.

Violación de las incompatibilidades, normativa municipal allanada a los intereses de los “promotores”, funcionarios municipales que, sin vergüenza, trabajan al servicio de aquellos a quienes deben controlar, plusvalías descomunales que garantiza la condición de sátrapa que la legislación española concede a los alcaldes, saqueo del suelo, soborno de los votantes mediante obras públicas que, sistemáticamente, son adjudicadas a los mismos “constructores” y “confianza y proximidad de trato” de estos con el alcalde de quien ya no se puede decir con seguridad si preside el consejo de administración de la constructora o la corporación municipal o las dos cosas, lo que es más probable. Este es el escenario de la nueva tiranía blanda que impera en España. Repugna ¿no?.

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El Tribunal de Cuentas solicita a Anticorrupción que considere la reapertura del caso del campo de golf de Carranque, denunciado por IU

Posted in Uncategorized by Die Rote Kapelle on 16 marzo 2011

Alejandro Pompa

Como se viene informando aquí, la Fiscalía Anticorrupción de Toledo ha presentado denuncia –el texto íntegro de ella se puede descargar desde este enlace– por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos contra el alcalde de Carranque, Alejandro Pompa y contra los demás concejales de su grupo.

La iniciativa, no obstante, ha partido de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que, por su parte, también ha abierto diligencias propias para depurar la “responsabilidad contable” en la que haya incurrido Pompa y su equipo de gobierno.

Los hechos, como ya es conocido, se refieren a la revocación de ciertas liquidaciones tributarias correspondientes al PAU del campo de golf, promovido por PEYBER, constructora del que, a fecha de tramitación del PAU, era aparejador municipal del ayuntamiento, Jesús María Gallego Peinado, y de CCM, entonces dirigida con mano firme hacia el precipicio por el ahora imputado Juan Pedro Hernández Moltó.

Dichas liquidaciones millonarias ya estaban en vía ejecutiva cuando fueron revocadas por Pompa con el voto de sus concejales y de ellas la Fiscalía del Tribunal de Cuentas dice que “se dejó de ingresar indebidamente en las arcas municipales el importe de los derechos reconocidos en las liquidaciones tributarias revocadas, revocación que entraña la vulneración de las disposiciones reguladoras de la revisión de los actos en vía administrativa”.

Además de eso, la misma Fiscalía, añade que “no consta justificado el destino dado a las subvenciones otorgadas al Club Deportivo Carranque; lo que entraña la vulneración de lo dispuesto en el art. 177 e) LGP”. En el mismo orden, también el escrito citado se refiere a la orden dada por Pompa para que se paguen servicios no realizados a la empresa contratista de la limpieza viaria del pueblo.

Finalmente, en el Fundamento de Derecho III de ese escrito se dice, textualmente que “dada la relación que se advierte entre los hechos que constituyen el objeto de las presentes Diligencias Preprocesales y los que fueron objeto de investigación en las Diligencias de Investigación 30 bis/07 de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Toledo, remítase una copia del presente Decreto al Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo por si, a la vista del mismo, considera procedente la reapertura de las mencionadas Diligencias y, en tal caso, para que indique la documentación cuya remisión le interesa”.

Estas Diligencias de la Fiscalía de Toledo son, precisamente, las abiertas a causa de la denuncia presentada por Izquierda Unida a principios de 2007 contra Alejandro Pompa, el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas, el concejal de urbanismo Antonio Fernández Retana y otros, por la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas a funcionarios, durante la tramitación del PAU del campo de golf y la licitación y adjudicación a la constructora PEYBER de la construcción de una casa de la cultura, entre otros hechos no menos relevantes.

Si bien en aquella ocasión D. Javier Polo archivó pronto el caso y emitió una “nota informativa” en la que se leía textualmente que la investigación se cerraba por tratarse de “imputaciones poco concretas y de escaso contenido penal”; el actual decreto de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas arroja nueva luz sobre los hechos denunciados entonces por Izquierda Unida y sobre el presunto trato de favor dispensado por Pompa, contra legem y en lesión del erario y los intereses públicos, a la empresa del que entonces era aparejador municipal honorario a más de su amigo personal.

Pero si a principios de 2007 ya llamó poderosamente la atención el Decreto de archivo de la Fiscalía de Toledo, más cuando reconocía la existencia de “contenido penal” en lo denunciado, por escaso que éste fuera a limine litis; ahora sería causa de profunda perplejidad que tras el Decreto del Tribunal de Cuentas, Anticorrupción no reabriera aquellas diligencias para investigar en profundidad lo sucedido durante la tramitación y aprobación del PAU del campo de golf de Carranque.

Esperaremos y veremos, pues suele ocurrir que la pesada maquinaria de la justicia, en depende qué casos, sufre hasta conseguir romper la inercia que atempera su movimiento.

 

Documentación relacionada:

Decreto del Excmo. Sr. Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas de 21 de septiembre de 2010 por el que se abren diligencias contra Alejandro Pompa y su equipo de gobierno.

Denuncia del Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, de 29 de diciembre de 2010 contra Alejandro Pompa y los concejales de su equipo de gobierno.

Texto de la denuncia presentada por Izquierda Unida ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo en 2007 contra Alejandro Pompa, José Manuel Tofiño Pérez y otros.

Nota informativa del Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo dando cuenta del archivo de las diligencias abiertas por la anterior denuncia.

La sombra de viejos y nuevos escándalos tras la dimisión de Petra Mateos como presidenta de Telecom CLM

Posted in Uncategorized by Die Rote Kapelle on 14 marzo 2011

Petra Mateos

Hoy se ha sabido que Petra Mateos Aparicio-Morales, natural de La Solana, mujer de confianza, primero de Miguel Boyer y luego de José Bono, quien la colocó al frente de HISPASAT cuando era ministro de defensa, ha dimitido como presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, una empresa de telecomunicaciones participada por la Junta de Comunidades y por la quebrada CCM.

Las noticias de prensa que se conocen atribuyen dicha dimisión a la utilización de medios técnicos de la compañía para bloquear la señal de Telemadrid en el territorio gobernado por Barreda. Sin embargo hay otros datos que convierten a esta señora y a su dilatada trayectoria en una bomba orsini mal ensamblada.

No se trata sólo de que la Audiencia Nacional esté investigando la comisión de graves delitos cometidos durante el “vaciamiento” de Caja Castilla-La Mancha y de que Petra Mateos haya tenido un puesto en el Consejo de esa entidad, sino de que también, como se reveló aquí ya hace algún tiempo, aparece en Aranjuez asociada con dudosos personajes, entre ellos Juan María López Alvarez, socio de los “archimalayos” Juan Antonio Roca y de Pedro Román; sino de que la señora Mateos acumula un denso currículum que la vincula con los más sonados casos de corrupción que se han conocido en España desde la década de los ochenta.

Así, como ya se dijo en Notitia Criminis, si alguien en los círculos de poder oscuro de España ha sabido ceñirse a la catástrofe personal y escurrir el bulto en el último momento, esa ha sido Petra Mateos. Su nombre apareció, aunque de soslayo, en todos los escándalos de cierto volumen de los 90. Surgió a la vida pública como mujer de confianza de Miguel Boyer quien la hizo jefa de su gabinete en el Ministerio de Economía, y tan cercana fue su relación que, como la misma Petra ha reconocido en alguna entrevista, no resultaron completamente ajenas a sus tareas de entonces, ciertas funciones de “celestina” entre el Sr. Boyer y la ex esposa del Marqués de Griñón. Boyer y su segunda esposa acabaron imputados en el caso IBERCORP, pero nadie se acordó de su mano derecha, Petra Mateos.

Como ya hemos visto, también formaba parte del Consejo de Administración que Mario Conde puso al frente de Banesto, pero pese a que no pocos de aquel Consejo acabaron presos y pese a su evidente posición intermedia entre Mario Conde, Marc Rich, y Jacques Hacuel, en el caso “Belleuve“, nadie entonces se percató de que Petra Mateos estaba allí.

También anduvo en medio del “Caso AFISA” y del feo y siniestro “Caso Alfaro“. Anduvo mezclada con Ramón Mendoza y con quien entonces era uno de sus directivos en el club “Real Madrid”, Lorenzo Sanz, imputado ante la Audiencia Nacional por un delito de estafa y falsificación de documentos; pero Petra abandonó pronto su relación institucional con Mendoza y Sanz, aunque no tanto a estos y a su círculo personal.

El nombre de Petra Mateos no salió a relucir en el “Caso Casino de Alicante“, parte del complejo entramado de financiación ilegal del PSOE que se conoce como “Caso Filesa“; pero aunque aquella sombra rozó y no toco a Petra, como veremos, no estaba, ni mucho menos, lejos del lugar de los hechos.

También estuvo en el entorno del “Caso Fondos Reservados” y fue, a través de AFISA y su inseparable Luis García Cereceda, parte del eslabón que relacionaba los casos de financiación ilegal de su partido con el saqueo del Ministerio del Interior en los tiempos de González, Barrionuevo, Roldán, Corcuera y Sancristobal; pero si la propia secretaria de Felipe González tuvo que sentarse en el banquillo y declarar sobre el caso, nadie fijó su atención en Petra Mateos.

Cuando se produjo el derrumbamiento de lo que entonces se llamó el felipismo, el brillo público de Petra Mateos se apagó y si antes pocos habían reparado en ella al margen de su inevitable presencia en las múltiples soirées que se celebraban en no importa qué lugar; desde ese momento se le perdió la pista o, si no, se perdió el interés en ella, de forma que pasaron años hasta que se la vio reaparecer, modestamente, en la sociedad de provincias.

Igual que, inicialmente, había ligado su destino al de Miguel Boyer, lo que hizo entonces fue buscarse otros protectores que le proporcionaran cobijo y cercanía al poder, aunque fuera un poder de segunda fila y periférico.

Volvió a La Mancha, de donde había salido, a refugiarse en el regazo de José Bono y de su Consejero de Hacienda, Juan Pedro Hernández Moltó, ahora indiscutido presidente de CCM. No fue una mala elección porque, a día de hoy, Petra Mateos-Aparicio Morales es presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, sociedad cuyo control se reparten la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, Barreda; y Caja Castilla-La Mancha o, si se quiere, Hernández Moltó. También forma parte del Consejo de Administración de CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN y es vocal de la propia CCM, además de aparecer en un nutrido conjunto de sociedades como consejera o como administradora única.

Tampoco fue mala elección teniendo en cuenta que su cercanía y fidelidad a José Bono le permitieron lanzarse, nuevamente, a la conquista de Madrid y de un lugar en la política y la economía nacional, pues fue Bono, en su condición de Ministro de Defensa, quien impuso su nombramiento como presidenta de HISPASAT, empresa estratégica y con institucionales y evidentes implicaciones militares.

Ahora, a los cargos anteriores, la Sª Mateos suma los de presidenta de HISPASAT; presidenta de HISPASAT CANARIAS, donde, casualidades de la vida, tuvo el cargo de apoderado, hasta julio del 2004, José María Olarreaga Yeregui, de los Yeregui de toda la vida ; presidenta de HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS; y como no podía faltar algo relacionado con la Junta de Andalucía, también ocupa el puesto de Consejera de RED DE BANDA ANCHA DE ANDALUCÍA.

Todo esto, siendo mucho, no da una completa idea del papel que Petra, natural de La Solana, Ciudad Real, juega en Castilla-La Mancha y en el entorno de José Bono, que es lo mismo que decir, en el entorno de Barreda; pero una escueta noticia perdida en la maraña de información diaria que apareció en Diario Crítico en julio de 2007 y titulada “Algo pasa con Bono“, puede que dibuje mejor al personaje.

Cuando ya se le había hecho el ofrecimiento de encabezar la lista electoral por Toledo y de ocupar, después, la presidencia del Congreso de los Diputados, el jueves 12 de julio de 200, José Bono se reunió a cenar con unos amigos, como dice el diario, “muy interesantes“. En aquella cena estaban, entre otros pocos, Francisco Pardo, actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha; Juan Pedro Hernández Moltó el presidente de CCM y como tal socio de PEYBER en Carranque y de Enrique Ventero en Los Alcázares y Fernándo Lamata, consejero del gobierno de Barreda y personaje que inauguró la “casa de la cultura” que fue adjudicada a PEYBER, también en Carranque, Toledo. La cena, como se puede comprobar en la noticia, fue organizada por José Luis Rodríguez, responsable de FORUM NUEVA ECONOMÍA y por Petra Mateos. El encuentro se pretendió “secreto” al decir de “Diario Crítico” y lo cierto es que tras él, Bono aceptó la propuesta que se le había hecho y, a día de hoy, preside el Congreso de los Diputados.

No hay que ser muy suspicaz, por tanto, para maliciarse que en aquella cena se reunió el Estado Mayor de José Bono y que en ese círculo de intimidad y confianza, Petra Mateos tiene un lugar privilegiado.

Así pues, ha sido mucho el camino que esta mujer ha recorrido desde La Solana hasta el despacho de Marc Rich, hasta el de Miguel Boyer, hasta el de Mario Conde, hasta el de Benedicto Alfaro, hasta el de Luis García Cereceda, hasta los de Manuel de la Concha y Jaime Soto y hasta el de Juan Pedro Hernández Moltó y como no ha terminado de andar y aún guarda sorpresas, merece la pena hacer un recorrido, tan breve como sea posible, por cada uno de esos episodios, sobre todo para tener a mano los datos cuando llegue el momento.

Artículos relacionados con Petra Mateos

La operación Mahou-Calderón IV. Petra Mateos, de Directora General de Marc Rich a la presidencia de Hispasat

Petra Mateos, persona de confianza de Bono, acerca el Caso Malaya hasta las puertas del despacho de José María Barreda

El alcalde Alejandro Pompa vuelve a poner a Carranque en el mapa de la corrupción

Posted in Alejandro Pompa by Die Rote Kapelle on 12 marzo 2011

Quien tenga interés en hacerse una idea de los casos de corrupción documentada que adoquinan el mapa de España puede dirigirse, desde este enlace, a “Google Maps”. En ese mapa de la podredumbre político económica de España hay un sitio para la localidad toledana de Carranque y para su alcalde, Alejandro Pompa.

Los hechos traen cuenta de un decreto –el documento se puede descargar íntegro desde aquí– del Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas D. Olayo E. González Soler, que comienza diciendo que “las presentes diligencias preprocesales fueron incoadas el 31 de agosto de 2010 en virtud del escrito presentado en esta Fiscalía por D. Marco Antonio Caballero Rodríguez, en su condición de portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Carranque (Toledo), al que acompañaba la documentación que consideró pertinente. El análisis del mencionado escrito y del conjunto documental que le acompañaba arroja la existencia, indiciariamente al menos, de los siguientes hechos” y a partir de ahí sigue la relación de hechos que la Fiscalía considera causa del nacimiento de responsabilida contable:

Así ocurre con el acuerdo de revocación de determinadas liquidaciones tributarias conrrespondientes al PAU CAMPO DE GOLF. Dicho acuerdo revocaba liquidaciones que la fiscalía considera “firmes y ajustadas a derecho, según la normativa reguladora y la ordenanza del consistorio aplicable” y que se adoptó sin haber promovido procedimiento de lesividad respecto de las mismas.

Hay que recordar que el mencionado PAU del campo de golf está promovido por la constructora PEYBER y por la extinta CCM presidida por Moltó y que en el consejo de la primera, además de sentarse el que a fechas de su aprobación era aparejador municipal y señalado miembro del círculo de amistades de Pompa: Jesús María Gallego Peinado –PEYBER recibe su nombre de este Peinado y de los hermanos Díaz Bermejo–, también lo hace José Luis Rodríguez Holgado, que en nombre de CCM comparte silla de consejo con el procesado por el caso Malaya Enrique Ventero Terleira en Los Alcázares, Murcia.

También hay que subrayar que a principios de 2007 IU presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo denuncia contra Pompa y otros concejales de Carranque por las “irregularidades” conocidas en la tramitación del PAU en cuestión, además de contra José Manue Tofiño Pérez, alcalde de Illescas y presidente de la Diputación de Toledo, en este caso por la adjudicación de una contrata de 27 millones de euros a la citada PEYBER cuyos socios acababan de crear una empresa constructora junto al hijo de Tofiño. Dicha denuncia fue archivada mediante un beligerante decreto de D. Javier Polo, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, que apreció en los hechos “escaso contenido penal”.

Otro de los puntos por los que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas deduce el nacimiento de “responsabilidad contable” es el de las subvenciones al Club Deportivo Carranque. Según el Decreto de la Fiscalía “consta en la documentación aportada la existencia de subvenciones por importes elevados concedidas al Club Deportivo Carranque, que en el reparo 9/2008 alcanza a la cantidad de 100.000 Euros para la temporada 2008/2009, así como que, a su vez, el Alcalde gestionaba importantes donativos realizados por agentes urbanizadores –PEYBER y la constructora de Aurelio González Villarejo, investigado ahora por la Audiencia Nacional en relación con la quiebra de CCM– que fueron aplicados al citado Club Deportivo (supuesto de sobrefinanciación), cuyo Presidente manifiesta que la ‘discreción que ha de aplicarse al funcionamiento del club hace imposible que pueda presentarse recibo alguno de las cantidades entregadas a los jugadores…, siendo necesario mencionar, además, existencia de un reparo de la Intervención respecto de la subvención entregada para el periodo, al no quedar justificada la subvención en una cantidad de 90.000 Euros”.

Finalmente, la Fiscalía también se refiere al pago a la empresa de limpieza viaria contratada por Pompa, de 15.337,79 Euros cada mes, “porque durante los meses de octubre, noviembre y diciembre no se realizó dicho servicio, pese a lo cual se ordenó el pago de dicha cantidad sin ser levantado el reparo”.

Además de esto, el Fiscal del Tribunal de Cuentas, consideró en los hechos la existencia de presuntos delitos de prevaricación y malversación cometidos por Alejandro Pompa y los demás concejales de su Grupo, razón por la cual fue remitido escrito al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo por si procediera la apertura de diligencias penales contra Pompa y los demás, cosa que éste ha hecho presentando denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Illescas, el cual ha citado a declarar como imputados a Pompa y a los demás concejales de su grupo para el próximo día 13 de abril de este 2011. En ese escrito, por cierto, se hace notar al Fiscal de la Audiencia Provincial que el contenido de la actual denuncia tiene conexión directa con la presentada por IU en el 2007, que fue archivada, por lo que advierte al Fiscal de Toledo que podría ser procedente la reapertura de aquellas diligencias.

Viene siendo un hecho habitual que las imputaciones por corrupción causen un inmediato y poderoso efecto narcótico y sedante en los corruptos, ya sean presuntos o convictos, y ese efecto lo debe estar sufriendo Pompa, que se ha apresurado a declarar que “no tiene ningún temor” a la citación judicial que pesa sobre él porque todo es una conjura urdida por un tal Terrón, alcalde del pueblo hace veinte años y que desde entonces constituye una monomanía obsesiva del munícipe carranqueño que le avinagra, sin remedio, el zumo de uva de cada día.

El Juzgado de Instrucció nº 6 de Toledo investiga a Bono por falsedad contable y delito societario

Posted in Bono, Uncategorized by Die Rote Kapelle on 24 febrero 2011

La noticia ha aparecido en ABC:

El Auto del Juzgado nº 6 de Toledo se puede descargar desde aquí.

Un juez de toledo ha admitido a trámite una querella por delito societario y falseamiento de cuentas anuales contra cuatro administradores de la mercantil Hípica Almenara, de la que el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, es accionista mayoritario. En el auto explica que es necesario abrir una investigación para «verificar» los hechos denunciados, pues «a priori no se puede excluir el carácter delictivo de las conductas atribuidas a los querellados».

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo admite la querella en contra del criterio de la Fiscalía, que rechaza que los hechos sean constitutivos de delito así como que pueda existir un perjuicio para «el interés generál», pues el socio mayoritario de Hípica Almenara (con un 80 por ciento de las acciones) es «una sola persona física». Es decir, José Bono.

En contra del fiscal, el juez asegura que este caso, aparte del perjuicio que el presunto falseamiento de las cuentas haya podido causar a los socios, «atañe a la transparencia que debe imperar en toda sociedad democrática en tanto en cuanto el socio mayoritario de Hípica Almenara es actualmente un alto dignatario de Estado». Esta circunstancia no es «baladí», añade el auto, pues se trata de «la actividad privada de un gestor público».

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Nuevo fracaso judicial de El Pocero. La Audiencia Provincial de Toledo declara lícito el artículo “El Mago del Ladrillo”

Posted in El Pocero, Seseña by Die Rote Kapelle on 18 febrero 2011

La Audiencia Provincial de Toledo acaba de absolver a Manuel Fuentes, alcalde de Seseña, y a los concejales de IU David García Contreras, Nuria Muñoz, Mercedes Urosa y Mercedes González de la condena que habían sufrido en primera instancia como responsables de un delito de calumnias contra Francisco Hernando “El Pocero”, a consecuencia de la publicación del artículo “El Mago del Ladrillo”.

La sentencia de la Audiencia Provincial (que se puede descargar desde aquí) absuelve sin paliativos a los recurrentes, declara lícito y amparado por los derechos a la libertad de expresión e información lo publicado en el mencionado artículo y, de facto, demuestra al Pocero y a otros que como El Pocero pretenden convertir el Título XI del Libro II del Código Penal en mordaza y garantía de secreto de sus andanzas; que la prepotencia de sus bufetes y de sus abogados, por mucho traje de alpaca que se gasten y por mucho edecán del que se hagan acompañar a las vistas, no basta para torcer la verdad de las cosas.

Gástese El Pocero, y otros de similar condición a la suya, cuantos millones quieran en azuzar a los letrados de Gómez-Acebo & Pombo, de Garrigues o de no importa qué prestigioso y arrogante bufete, contra la libertad de expresión e información. Gástense lo que quieran, pero no pasarán.

Este es el artículo objeto de la querella. Esto es lo que se ha querido silenciar:

 

EL MAGO DEL LADRILLO

A semejanza de lo que ocurre en el resto de España, donde se está construyendo un tercio de toda la vivienda nueva de Europa, en Seseña ha fijado sus ojos de águila un mago del ladrillo.

Y tiene explicación si convenimos que Seseña posee una buena comunicación por carretera, un amplio término municipal y un pequeño grupo de políticos de principios débiles y moldeables. Características todas ellas que, en conjunto, reproducen el hábitat ideal para llevar a cabo negocios inmobiliarios en breves plazos de ejecución, Dinero rápido en sencilla mezcla con ningún escrúpulo y apoyo de altas instancias políticas y financieras.

El esquema de trabajo de estos magos del ladrillo empieza a ser conocido con asuntos tales como el caso Marbella; buscan suelo barato, rústico o zona verde, controlan los poderes políticos para que aprueben y recalifiquen según sus necesidades, compran voluntades ofreciendo mucho trabajo en el entorno y cuando terminan, más pronto que tarde, se marchan a la búsqueda de un nuevo lugar, dejando en su camino: un ingente cúmulo de despropósitos urbanísticos, medioambientales, sociales, de resolución costosa y difícil que siempre corresponde a otros gestionar y a los nuevos vecinos padecer; La corrupción política y personal que genera desconfianza en el futuro, el trabajo en precario y temporal que deja un grosero rastro de accidentes laborales, el negocio inmobiliario que facilita el mercado de dinero negro, la falta de servicios, la desestructuración social de los pueblos, entre otros.

Ese panorama se repite allí donde estos virtuosos magos del ladrillo ponen su objetivo y Seseña ha sido seleccionado: El Quiñón, Residencial Francisco Hernando, núcleo separado por cuatro kilómetros del casco urbano y con 13.000 viviendas en altura de 10 pisos, 75 viviendas por hectárea cuando nuestra media es de 30, sin compromisos firmes de la Administración Regional para dotaciones y equipamientos, es prueba fehaciente de lo que decimos.

Pero se ha encontrado el mago resistencias en Sesefia y por serie inesperadas, de más difícil resolución. Su primer problema es el gobierno municipal, y reconocemos que sabe cómo manejarse utilizando dos métodos familiares en su trayectoria empresarial: la compra de votos, de voluntades políticas y la utilización descarada de sus medios de comunicación particulares. Los políticos y vecinos de Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón saben a qué nos referimos.

En Seseña compra los votos más fáciles: dos concejales y un familiar directo del portavoz de una parte de la oposición están en la nómina de ONDE 2000, su Empresa de construcción. Al resto les apoya con descaro en su camino hacia las próximas elecciones. Reconozcamos también su falta de imaginación.

En los medios de comunicación tiene planes de futuro: radio y televisión y realidades que ya utiliza: su periódico La Voz de La Sagra, en el que podemos comprobar que no existe la voz del Alcalde o del gobierno municipal en las crónicas de los plenos o en las entrevistas a políticos locales, simplemente se excluye por censura interesada.

Y su segundo problema es el grupo político que forma el gobierno municipal: Izquierda Unida, a quienes sabe que no es posible comprar o moldear. Desconoce este mago del ladrillo la realidad de nuestro grupo político y cabe hoy descubrirle, para que se instruya, que nuestro método de funcionamiento interno impide a ningún cargo de Izquierda Unida decidir distinto a lo que acuerda la Asamblea, cabe decirle que las decisiones (acertadas o no) se toman por el colectivo y que no sirve acosar a nuestros alcaldes y concejales en la búsqueda de su mejor manejo, simplemente porque los cargas públicos de Izquierda Unida sólo son manejados por las Asambleas de Izquierda Unida y no caben por tanto compras ni oscuros tratos en su recorrido y su gestión.

Y nos quiere convencer con su prensa interesada, su Voz en La Sagra, que nuestro alcalde en Seseña engaña a su Asamblea al votar en contra del desarrollo urbanístico del Quiñón y acto seguido, dice su Voz, agiliza su gestión en la Consejería correspondiente. El Quiñón se aprobó, esto si lo sabe, con los votos sumados del PP y PSOE, felizmente ahora en la oposición.

Y hay que decir que la apuesta urbanística del gobierno municipal de Izquierda Unida en Seseña sigue siendo firme, hasta ahora, en esta legislatura no se ha recalificado ni un solo metro de suelo en todo el término de Seseña y los planes, las directrices urbanísticas en las que estamos trabajando, habran de servir para contener, más que para crecer, con el objetivo conocido de unir todas las áreas urbanas ahora dispersas, Seseña, Seseña Nueva, Vallegrande,…

Y ahora, además, gracias al abracadabra del mago del ladrillo y sus colaboradores, habrá que contar con los nuevos vecinos del Quiñón. Bienvenidos todos. ¡El mago, no!

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La Fiscalía Anticorrupción presenta denuncia por prevaricación y malversación contra Alejandro Pompa, alcalde de Carranque, Toledo

Posted in Alejandro Pompa by Die Rote Kapelle on 9 febrero 2011

En su último número el semanario toledano Ecos publica un suelto titulado “Pompa gana por 12-0 a sus denunciantes”. En dicho texto se dice que “cuando Ecos llamó al alcalde de Carranque, Alejandro Pompa (PSOE) le pilló en plena celebración”. Según Pompa, le acababan de archivar la duodécima denuncia presentada contra él.

No parece que los periodistas hayan comprobado mucho la información porque a Pompa no le han archivado ni la duodécima, ni la undécima, ni la décima ni ninguna otra nueva denuncia. Las causas penales a las que este “ingeniero naval privado no homologado” –así se titulaba él mismo en una de sus declaraciones ante los Juzgados– ha tenido que hacer frente no han sido doce, sino tres, de las cuales una, el caso de los llamados “papeles PIP” acaba de ser reabierta por Auto de la Audiencia Provincial de Toledo, y a esas tres se suma la nueva denuncia presentada contra su persona por la Fiscalía Anticorrupción de Toledo.

Así que, bien sea por la euforia de la celebración, bien porque sus asesores de imagen le hayan recomendado cargar las tintas hasta ponerlas de color vino burdeos, se diría que el alcalde de Carranque ve los documentos que le conciernen por cuadruplicado ejemplar.

Sin embargo, lejos de tener nada que celebrar, Pompa lo que debía estar haciendo es poner al corriente a su notable equipo de abogados de la nueva situación que le afecta, pues la FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE TOLEDO, como ya he dicho, con fecha de 18 de enero de este año que corre ha presentado contra él y contra los concejales de su grupo de gobierno una denuncia por prevaricación y malversación de fondos públicos ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Illescas y, como ha podido saber Notitia Criminis, a instancias del Tribunal de Cuentas.

Estos son los datos que constan en el Libro de Registros de esos Juzgados:

Registro General: 101

Diligencias Previas: 65/2011

Fecha: 18 de enero de 2011

Delito: Prevaricación, Malversación de fondos públicos

Denunciante: Ministerio Fiscal

Denunciados: Alejandro Pompa de Mingo y otros.

Como siempre, seguiremos informando.

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El País remacha los clavos del cadalso preparado para Hernández Moltó y calla sobre la conexión “malaya”

Posted in CCM, Hernández Moltó by Die Rote Kapelle on 30 enero 2011

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Hoy el diario El País publica un largo y documentado artículo sobre CCM y el papel de Juan Pedro Hernández Moltó en el fiasco de la Caja Manchega o quizás habría que decir mejor, en el saqueo de CCM.

La dureza de los términos de ese artículo no es lo sorprendente, es la que corresponde y es consustancial a los hechos ocurridos y a su insultante gravedad, lo sorprendente es que sea El País quien de esta manera y a escasos días de que Moltó comparezca ante la Audiencia Nacional para declarar como imputado por delitos de estafa, falsedad documental, falsedad contable, etc., adorne con alfombra roja la escalinata del patíbulo que ya está preparado para el amigo de Bono, el consigliere de su Gobierno regional, el autócrata de CCM, el antaño inquisidor de corruptos enquistados en el Banco de España, el arrogante –aunque puede que ya no tanto– Juan Pedro Hernández Moltó.

Es muy probable que a lo largo de esta mañana de domingo, a Moltó le empieze a resultar molesta la presión que ejerce el nudo de la corbata y sienta la necesidad de ahuecarse el cuello de la camisa con el dedo índice de su mano derecha o de su mano izquierda, pues el artículo de El País suena a sentencia inapelable, a condena a infamia y muerte civil, a abandono del hasta ahora protegido Moltó –recordemos que cuando ya se sabía de su imputación, hace escasas semanas, Bono aún se dejaba fotografiar saludándole efusivamente– ante las consecuencias de sus actos.

Moltó no cantará, no lo hará como no lo ha hecho ninguno de los hasta ahora cogidos en flagrante delito. Siempre hay más que perder que ganar si se delata a los poderosos por mucho que ante el recuerdo de las favores hechos y las órdenes cumplidas estos, con el cinismo que corresponde a su condición, salgan con eso de que Roma non solvet proditoribus.

Sin embargo, no es la suerte que aguarde a Moltó, ni los motivos por los que El País publica su artículo de hoy, ni la duda sobre si Moltó hablará o no hablará ante el Juez y el Fiscal de lo que sabe y de lo que ha hecho y de por orden de quién lo ha hecho, lo que llama la atención.

Lo que asombra del artículo de hoy es algo que ya viene siendo habitual desde que estalló el caso CCM. El silencio unánime de políticos y periodistas sobre el papel jugado por CCM y por Moltó en la trama de la Operación Malaya.

Nuevamente, en la relación de hechos a los que se refiere hoy El País, no hay la menor referencia a financiación con no menos de 200 Millones de Euros prestada por CCM a sujetos como Juan Antonio Roca Nicolás, Pedro Román Zurdo o Enrique Ventero Terleira.

Es cierto que en el citado artículo sí aparece una referencia al procesado en la Operación Malaya Enrique Ventero. De él se dice que ha habido “avales cruzados con la Caja de Ahorros de la Inmaculada a favor del grupo Ventero Muñoz –Ventero Muñoz, son los hijos de Ventero Terleira– que ha supuesto un fallido de 13 millones”.

Sin embargo, nadie encontrará ni una palabra sobre el procesamiento por graves delitos de corrupción presuntamente cometidos por el tal Ventero Terleira en Marbella; nadie encontrará ni una palabra de los negocios de este Ventero en Los Alcázares (Murcia) en la vecindad más estrecha de otros negocios que el “malayo” Roca también tenía en esa localidad; nadie encontrará una palabra sobre las sospechas que la UDYCO tenía de que en esos asuntos de Los Alcázares, Ventero pudiera estar actuando como testaferro de Roca; nadie encontrará una palabra sobre el hecho de que en LAS LOMAS DEL POZUELO, sociedad de Ventero con la que éste actuaba en el citado pueblo murciano, también participaba como socio CCM, representada por José Luis Rodríguez Holgado y por Juan Tomás Vidal, antiguo alto cargo de los gobiernos de Bono; nadie encontrará una palabra sobre el Palacio de Saldaña, adquirido por Roca con dinero de CCM; o sobre los préstamos a MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, empresas de Roca; nadie podrá enterarse de nada de lo relativo a la finca Alcalvín de Bargas y al préstamo inexplicable en términos lícitos, de 30 Millones de Euros concedido ahí por CCM al “malayo” Pedro Román; etc. etc.

El PSOE toledano guarda silencio sobre todos estos hechos, es lógico, pero también permanece mudo el PP. ¿También es lógico su silencio?. Las dimensiones de lo “malayo” no están ni mínimamente establecidas aún, pero esta omertà que se extiende sobre sus ramificaciones toledanas da cierta idea de cuáles son.

Por cierto, no sólo se guarda silencio sobre la implicación de CCM en las tramas “malayas”. Hay otra cosa que no se menciona –puede que porque no esté muy alejada de tales tramas– la financiación de CCM a El Pocero de Seseña.

Por supuesto, tampoco encontrará nadie ahí información sobre otro crédito fallido de no menos de 10 Millones de Euros en el campo de golf de Carranque (Toledo) donde también participaba CCM, representada por los citados José Luis Rodríguez Holgado y Juan Tomás Vidal, junto al grupo local PEYBER.

Carranque no es un lugar señalado y, además, un Juzgado de Illescas ya cerró las actuaciones seguidas por ese asunto contra el alcalde Alejandro Pompa y otros porque ninguno de ellos había tenido “conciencia y voluntad” de cometer las ilicitudes que el Juzgado no negó que existieran.

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La imputación de Hernández Moltó, las zonas oscuras de CCM y las nuevas formas de corrupción

Posted in Barreda, CCM, Hernández Moltó, Uncategorized by Die Rote Kapelle on 12 enero 2011

Barreda, la consejera Araujo y el imputado Moltó

Finalmente, Hernández Moltó, el “inquisidor” de Mariano Rubio, el recto hombre político que podía sostener la mirada a cualquiera, el amigo íntimo de José Bono, el ex diputado, el ex consejero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el destituido presidente de CCM; está imputado a causa de los presuntos delitos cometidos durante lo que bien se puede llamar el saco de la caja de ahorros manchega.

Esta imputación trae cuenta del informe elaborado por los inspectores del Banco de España y remitido hace algunos meses a la Fiscalía Anticorrupción. Parte de ese informe –que se puede descargar desde este enlace– se ha filtrado a la prensa y en él tienen protagonismo muy señalado los habituales nombres que llevan años merodeando por los pasillos del palacio de Fuensalida: Domingo Díaz de Mera, los hermanos Barco Fernández, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo e incluso la laureada Petra Mateos Aparicio.

Simplificando las cosas, lo que en el citado documento se destapa es la servidumbre sistemática del aparato financiero dominado por la Junta de Bono y Barreda –es decir, de CCM– hacia las operaciones de esos personajes, todos los cuales mantienen una pública, manifiesta y reconocida cercanía personal a los citados Bono y Barreda.

Coincidiendo con eso, la atención de la política regional, ante el fiasco de la Caja, se ha centrado en asuntos tan turbios como el demencial aeropuerto de Ciudad Real o el misterioso agujero de la Fundación Virtus. En menor medida y sólo debido al impulso dado a la causa por IU y especialmente por Cayo Lara, también en el caso del Pocero de Seseña, donde por no faltar, no falta ni la mafia calabresa, la ‘Ndrhangheta.

Sin embargo son más las cosas destapadas en Castilla-La Mancha y más concretamente en Toledo, que provocan una acuciante preocupación. Recordemos algunos de las más señaladas.

Allá por las postrimerías de 2006 Notitia Criminis reveló que el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, José Manuel Tofiño Pérez había impulsado un proyecto de privatización del mantenimiento de las carreteras de la provincia, del cual había resultado la concesión a una de las empresas del grupo PEYBER de una contrata de 27 millones de €. Al mismo tiempo, los propietarios del mencionado grupo crearon otra empresa –SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS– en la que participaba como socio el hijo del señor Tofiño, un joven con los estudios de arquitectura recién terminados. Denunciado el caso por IU, la Fiscalía de Toledo consideró que no había nada que investigar en este asunto. Por su parte, Tofiño y Gregorio Fernández Vaquero, otro alto cargo del PSOE toledano, se apresuraron a contratar los servicios del bufete Garrigues para intentar –inútilmente, a la vista está– silenciar a este modesto blog.

También se ha revelado aquí otro hecho que induce, inevitablemente, una viva sospecha. Se trata de la presencia en el pueblo toledano de Layos de la llamada “Trama Vasca” o “Trama Vasco-Malaya”, un enrevesado y complejísimo entramado empresarial en el cual relumbran nombres como el de Javier Arteche Tarascón –presunto testaferro de Juan Antonio Roca e imputado en piezas separadas del caso Malaya– Luis Maya Galarraga, Maria Eugenia Yeregui Kinkel, Ignacio Lasa Georgas, etc. En este caso, no sólo la Fiscalía ha considerado irrelevante el asunto, sino que toda, repito, toda la prensa, ha guardado un reverencial silencio, pudiera ser porque asociado con esos personajes aparece ahí –concretamente en la mercantil LAYOS CASA CAMPO– el apellido Oriol e Ibarra.

La generosa financiación dada por la Caja capitaneada por Hernández Moltó a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo y a Enrique Ventero Terleira, es otro de los hechos escalofriantes acaecidos en el entorno político-económico de la Junta manchega. Ya dije aquí que CCM, según documentación que consta en el sumario del caso Malaya, había financiado a Roca la compra del palacio de Saldaña en Madrid, pero también, como en su día revelaron Alejandra Ramón y Javier Romera en El Economista, CCM ha prestado a algunos de los cabecillas de la trama Malaya –entre ellos al propio Roca– no menos de 200 Millones de €. Esta circunstancia no ha merecido la atención de la Fiscalía y, parece ser, tampoco de la inspección del Banco de España o, lo que es más sorprendente, de la oposición regional.

Así mismo, y relacionado con lo anterior, ha sido mínimo el revuelo levantado por el descubrimiento de que CCM participaba en varias sociedades con el imputado en Malaya, Enrique Ventero Terleira y con el también imputado en pieza separada del caso, Luis Portillo, el artífice de la quiebra de Inmobiliaria Colonial.

No obstante, si hay un caso flagrante en relación con esta vinculación de CCM con las tramas de corrupción marbellíes, es el de la finca Alcalvín de Bargas, tres millones de metros cuadrados adquiridos en sospechosas circunstancias por la mercantil PUERTA ORO TOLEDO y recalificada parcialmente bajo la autoridad del alcalde de la localidad, Gustavo Figueroa Cid, vicepresidente de la Diputación toledana y mano derecha e izquierda de su presidente, José Manuel Tofiño.

Sobre la mitad de esta finca, cuyo proyecto de urbanización está calificado como “medioambientalmente inviable” se constituyó una primera hipoteca a favor de CCM por valor de unos 30 millones de €. El plazo era de dos años. Transcurrido dicho plazo sin que PUERTA ORO TOLEDO hubiera pagado a CCM ni un céntimo del capital o los intereses del crédito, la Caja de Hernández Moltó lo renovó el 15 de mayo de 2007 en las mismas condiciones y por otros dos años. Esos dos años volvieron a transcurrir sin que los propietarios de la finca pagaran absolutamente nada del crédito recibido y así, el 13 de mayo de 2009, dos días antes del nuevo vencimiento y con CCM manifiestamente en quiebra, la Caja presidida por Moltó volvió a renovar el crédito de 30 millones en idénticas condiciones y sin ninguna penalización o ampliación de garantías.

Pero si esta operación en sí misma es turbia, el hecho adquiere un significado preciso cuando sabemos que los propietarios de PUERTA ORO TOLEDO son, ni más ni menos, que el “malayo” Pedro Román Zurdo, el socio de Roca y del citado Román, Juan María López Alvarez, la constructora SACYR y uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Europa, el bufete Cuatrecasas.

El caso mereció un amplio artículo en El Mundo firmado por Cristina Caballero, pero ni la Fiscalía, ni la oposición ni –por lo que se sabe hasta ahora– la Inspección del Banco de España, han considerado la cosa digna de investigación.

Esta no es una relación exhaustiva. Existen otros hechos que ensombrecen toda la política urbanística de Castilla-La Mancha y, especialmente, de la comarca toledana de La Sagra, fronteriza con la provincia de Madrid; hechos que atañen a Illescas, a Carranque, a Borox, a Chozas de Canales, a Casarrubios del Monte, por supuesto a Seseña, etc. etc., ninguno de los cuales parece tener la suficiente relevancia penal ni reclamar una investigación judicial o policial.

Pedro Román esposado a Roca

No obstante, para quienes consideran –y yo lo considero así– que la situación española ha alcanzado un estado de “corrupción endémica” tal y como la ha definido el Parlamento Europeo en el Informe Auken y que, por lo tanto, es obligación cívica sospechar, investigar y denunciar; lo conocido hasta ahora en Castilla-La Mancha –aunque no sólo ahí– dibuja una evolución preocupante en las estructuras de corrupción política. Si habitualmente se identifica corrupción con cohecho, es decir, con soborno, los datos disponibles pergeñan un esquema sustancialmente distinto y mucho más perfeccionado.

Ya no se trata de que un constructor tenga que pagar un soborno a un alcalde o a un responsable político dentro de su ámbito de poder, sino de la creación de zonas geográficas de monopolio a favor de determinadas empresas o grupos empresariales vinculados más o menos abiertamente a los poderes políticos de esos territorios. Tales grupos no solamente se benefician de su privilegio monopolístico, sino de la disponibilidad incondicional e ilimitada del crédito por parte de los gobernantes regionales a través de las cajas de ahorro y, si llega el caso y así es necesario, de la potestad de estos para modificar la legislación aplicable y convertir en jurídicamente viable lo ilícito, si es que no lo decididamente delictivo.

La crisis y el fiasco ladrillesco, además de haber puesto al país al borde de la intervención y de la liquidación del Estado Social, también han enervado estos nuevos esquemas de corrupción que amenazan con barrer el Estado de Derecho porque parten, precisamente, del mismo poder legislativo que los debería combatir; pero no los han hecho desaparecer. Permanecen donde estaban, a la espera de que vuelvan los buenos viejos tiempos, y sólo una más que improbable reacción civil podrá estorbar el desmoronamiento definitivo de la más elemental decencia pública.

Entre tanto, el actual alcalde de Toledo, eterno delfín de Bono, Emiliano García Paje, ha asegurado a la prensa que Hernández Moltó “no está imputado por corrupción”. ¿No?.

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La Audiencia Nacional cita a Hernández Moltó como imputado por los presuntos delitos cometidos al frente de CCM

Posted in CCM, Hernández Moltó by Die Rote Kapelle on 11 enero 2011

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS)

El Juzgado Central de Instrucción número 5 la Audiencia Nacional ha citado a declarar al ex presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y ex diputado socialista, Juan Pedro Hernández Moltó, el próximo 1 de febrero como imputado por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la caja, según confirmaron fuentes jurídicas.

El juez Pablo Ruz también ha pedido la comparecencia, el mismo día, del ex director general de CCM, Ildefonso Ortega. Ambas citaciones se producen a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la entidad.

El pasado 3 de diciembre, Ruz aceptó su competencia para investigar a los antiguos directivos de CCM, ante la inhibición presentada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cuenca donde había recaído la denuncia presentada por seis consejeros de la caja pertenecientes al Partido Popular.

En su auto de admisión de competencias, Ruz concluyó que la cuantía de 7.100 millones de euros que la entidad necesitó para ser rescatada evidencia “de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”.

Además, el juez considera que existen suficientes indicios para investigar un presunto delito defraudatorio contra una “generalidad de personas” afectadas por el “perjuicio patrimonial”, como son “los depositantes y los acreedores” de la caja de ahorros.

Los antiguos directivos de la caja manchega están acusados de presuntos delitos de administración desleal, negativa o impedimento a los socios del ejercicio de sus derechos, falsedad contable y falsedad en documento mercantil.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción remitió a la Audiencia Nacional las conclusiones sobre la investigación abierta contra Moltó y los antiguos gestores de la entidad manchega, a petición del Banco de España.

Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España tras la intervención de la entidad que tuvo lugar el 29 de marzo de 2009 y al advertir las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.

El auto del juez recuerda cómo el domingo 29 de marzo de 2009 el Consejo de Ministros se reunió de urgencia para ordenar la intervención de CCM y que, dadas las circunstancias “extraordinarias”, avaló su rescate con 9.000 millones de euros de dinero público.

Además, añade, que el Banco de España tuvo que aportar 1.300 millones de euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos y otros 1.150 millones de euros con garantía de un aval del Estado.

El pasado mes de julio, el Ministerio de Economía y Hacienda ratificó la sanción impuesta por el Banco de España a Moltó de 155.000 euros y cinco años de inhabilitación. El organismo también multó e inhabilitó al ex director general de CCM, Ildefonso Ortega.

Los denunciantes, todos ellos antiguos representantes del PP en el consejo de administración de CCM, son Constatino Berruga, José Miguel Imedio, Juan José Alcalá, José Aceituno, Jaime Ramos y Fernando Torres.

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Bono se reúne secretamente en el Congreso con “un emisario de El Pocero”

Posted in Uncategorized by Die Rote Kapelle on 23 diciembre 2010

José Bono

La reunión no ha tenido lugar en restaurante exquisito o en oficina privada o en sórdido tugurio de los frecuentados por hampones poco amantes de la publicidad, sino en el propio Congreso de los Diputados. Así, tal y como informa El Confidencial:

José Bono abandonó el martes (21 de diciembre de 2010) el hemiciclo del Congreso durante más de media hora, tras levantarse el veto del Senado a los Presupuestos Generales de 2011 y mientras se debatía la nueva ley antitabaco, para reunirse en su despacho oficial de la Cámara Baja con un emisario del promotor Francisco Hernando, El Pocero, que realizó obras de mejora en la hípica propiedad de Bono –pagadas por la firma Porcelanosa– y fue presuntamente favorecido por éste, durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha, para construir un polémico macrocomplejo urbanístico en Seseña (Toledo).

Un portavoz oficial de Bono ni confirmó ni desmintió a El Confidencial el encuentro del presidente del Congreso con el periodista Alfredo Urdaci, responsable de comunicación e imagen de El Pocero y mano derecha del constructor. Urdaci, sin embargo, admitió, en conversación telefónica con este periódico, que Bono le recibió en su despacho, pero rehusó precisar qué asuntos abordaron. ‘Fue personal‘, se limitó a señalar. Y ante la insistencia para que aclarase lo tratado durante la reunión, añadió: ‘Personal, sin más‘”.

El hecho coincide con unas semanas pródigas –o más pródigas– en declaraciones de Bono. Durante una fiesta organizada por los periodistas parlamentarios, el Presidente del Congreso, además de hablar de liebres, dedicó encendidos elogios a Gaspar Llamazares: “eres de los políticos más honrados y mejores que yo me he encontrado en mi vida” para añadir luego, refiriéndose a Cayo Lara, que de él “no diría lo mismo que de tí” lo cual, lo digo sin la menor ironía, enaltece mucho a Cayo Lara y debería preocupar seriamente a Llamazares.

Poco después, el 16 de diciembre de este mismo año, Bono, ante la noticia de que el Tribunal Supremo había archivado a limine las dos querellas presentadas contra él por presuntos delitos de corrupción, se declaraba “muy contento” –de todos es sabido que las querellas y denuncias presentadas contra políticos presuntamente corruptos siempre tienen un efecto ciclotímico: primero producen una gran tranquilidad. Todos los afectados declaran: “estoy muy tranquilo”; para luego ser causa de extraordinaria euforia si la suerte les acompaña– porque el Supremo le había puesto a salvo de un grupo de “delincuentes y calumniadores”.

No determinó Bono, en este punto, si los “delincuentes” y “calumniadores” eran los responsables de la presentación de la querella, el diario La Gaceta o el diario Público o todos juntos incluyendo a este modesto blog que tanto interés despierta entre sus seguidores. Tampoco explicó que el Auto del Supremo rechazaba las querellas por dos motivos: uno formal pues, se decía, no se especificaba en ellas qué actos administrativos ilícitos se podrían corresponder con el presunto soborno recibido. El otro, más de fondo, mantenía que no era aplicable a la decoración de las habitaciones de la casa de Olías del Rey y a la reforma de la casa de Salobre –pagadas por el constructor Rafael Santamaría– la figura del cohecho impropio puesto que para que eso sea así es necesario que la única causa eficiente de la dádiva –que el Tribunal no niega que exista, porque existe– sea la condición de autoridad o funcionario público del presuntamente sobornado, y en el caso de Bono, además de esta posibilidad, las dádivas en cuestión también podrían traer causa de la relación de amistad entre el constructor y Bono o, incluso, de la relación de madrinazgo entre la esposa de Santamaría y una de las hijas del de Salobre.

Pues bien, así las cosas y sin una sentencia firme que haga efecto de cosa juzgada este hombre, que se relame ya viendo el cadáver de Zapatero pasar por delante de su puerta, se permite el arrogante lujo de entrevistarse con “un emisario del Pocero” en su despacho oficial del Congreso de los Diputados. Ya me dirán si no es “problemático y febril” este siglo XXI.

La Audiencia Nacional investigará los presuntos delitos cometidos por Juan Pedro Hernández Moltó

Posted in CCM by Die Rote Kapelle on 4 diciembre 2010

José Bono muestra su apoyo a Moltó el pasado 16 de octubre

El cerco judicial se estrecha sobre Juan Pedro Hernández Moltó, el que fuera presidente de la quebrada CCM, ahora destituído e investigado por Anticorrupción y por la Audiencia Nacional.

Ha llovido mucho desde que, a finales del 2006, Notitia Criminis empezó a revelar sospechosas vinculaciones entre CCM y determinadas operaciones inmobiliarias –como la del campo de golf de Carranque o la de la finca Alcalvín de Bargas, ambas localidades toledanas– algunas de ellas realizadas en Madrid, Toledo y Murcia por los procesados en la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, Pedro Román o Enrique Ventero.

Los hechos, sin embargo, han comenzado a precipitarse a partir del 8 de septiembre del corriente año cuando el diario “El Mundo” publicó que el Banco de España había remitido un voluminoso informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre los hechos detectados durante la intervención de la Caja.

En dicho informe, al que ha tenido acceso Notitia Criminis –cuya parte filtrada a la prensa se puede descargar desde aquí– aparecen nombres habituales en esta página: Petra Mateos Aparicio-Morales, Domingo Díaz de Mera, Luis Portillo, los hermanos Barco Fernández, Juan María López Alvarez, etc. y además se describe concienzudamente lo que bien podría llamarse “el saco” de CCM consumado durante los meses previos a su intervención por parte del Banco de España.

Posteriormente, el 22 de septiembre apareció la noticia de la apertura de diligencias contra Moltó y otros miembros del Consejo de la difunta Caja por parte de la Fiscalía Anticorrupción; y el día 17 de octubre de este mismo año el diario digital “Noticias de Castilla-La Mancha” informó sobre una reunión de importantes dirigentes del PSOE toledano, encabezados por José Bono, con Hernández Moltó en lo que fue una manifiesta muestra pública de apoyo dada a un hombre al que seguramente se le deba mucho y que, sin duda, también sabe mucho.

En la mencionada reunión Bono fue sorprendido, como se puede apreciar en la fotografía que acompaña a este artículo, saludando efusivamente a Moltó, pero el próspero Presidente del Congreso de los Diputados y atinado empresario hípico, no fue el único asistente. Otros personajes cuyos nombres no sorprenderán a quien haya seguido las informaciones publicadas aquí, acompañaron ese día Moltó. Tal es el caso de José Manuel Tofiño, presidente de la Diputación Provincial de Toledo y alcalde de Illescas, Emiliano García Paje, actual alcalde de Toledo y eterno delfín de Bono, o Antonio Guijarro, diputado regional y secretario general del PSOE de Toledo.

No obstante, este despliegue de públicas amistades no ha impedido que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 asuma la competencia para investigar los posibles delitos cometidos por Moltó y otros consejeros y directivos de la quebrada Caja Castilla-La Mancha.

Según el Auto dictado por el Juez Pablo Ruz, los 7.100 Millones de € que ha necesitado CCM para paliar los efectos de su quiebra “evidencia de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”, razón por la cual se deducen suficientes indicios como para investigar presuntos delitos defraudatorios cometidos contra una “generalidad de personas” afectadas por el perjuicio patrimonial y que serían “los depositantes y acreedores” de la Caja.

Sigue, pues, de esta manera, desvelándose lenta pero inevitablemente, la verdad de lo ocurrido en Castilla-La Mancha, primero bajo el cetro de José Bono y ahora bajo el de José María Barreda.

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La Gaceta vincula a Bono con una mansión en Somosaguas y un piso de lujo en Rosales

Posted in Bono by Die Rote Kapelle on 25 octubre 2010

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En la memorable fecha del 13 de abril de 2010, con número de registro 201000008899 tenía entrada en la Fiscalía General del Estado una denuncia de José Bono contra el grupo Intereconomía.

En el párrafo segundo del escrito el de Salobre informa al Fiscal que “no es la primera vez que el Grupo Intereconomía ha iniciado campañas difamatorias contra su persona. Por poner sólo un ejemplo, baste citar la Revista EPOCA de fecha 2004-09-24. en la que decían: ‘Bono RicachónEl Ministro de Defensa se ha comprado un piso de 300 metros cuadrados en Pintor Rosales… más de un millón de pesetas el metro cuadrado… Pagará más de tres millones de euros…’

Luego continuaba: “Ni el dicente (dígase Bono) ni ningún miembro de su familia cercana o lejana jamás han sido propietarios o arrendatarios de un piso en el mencionado Paseo de Rosales”.

Bono no mentía si nos atenemos a los datos públicos. Sin embargo, el tracto registral de la vivienda en cuestión, situada en el número 38 del Pº Pintror Rosales de Madrid es, cuando menos, singular y si no nos creemos sin más las protestas de aquilatada honradez de quienes manejan el poder y los presupuestos públicos, sospechoso.

La información la daba el 26 de abril de este año El Extraconfidencial y hoy la repite, con más detalle, La Gaceta. La vivienda de Rosales fue adquirida en 2004, pocas semanas después de que Bono llegara a Defensa, por la mercantil SADEPROM, propiedad de Aurelio González Villarejo, conocido por formar parte de la dotación de presa que acompañó a Luis Portillo en su abordaje de Inmobiliaria Colonial, por ser el constructor del chalet de Bargas puesto a nombre de una de las sociedades de los Bono, por su actividad inmobiliaria en Bargas y en Carranque, por ser uno de los principales deudores de la quebrada CCM, y por el uso habitual de botines de tacón cubano que le elevan varios centímetros sobre el suelo.

En octubre de 2005, González Villarejo, a través de SADEPRON, vendió esa misma vivienda a la mercantil INDO MA RENTA, controlada por otro príncipe manchego, Domingo Díaz de Mera, hombre que ha recibido especial atención en el informe que el Banco de España ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción al hilo de los presuntos delitos cometidos por Juan Pedro Hernández Moltó y otros directivos de CCM. Finalmente, la vivienda ha acabado escriturada a nombre de la señora esposa de Domingo Díaz de Mera, Inmaculada Lamarca Maján.

Nada pues, relaciona a Bono con esa vivienda salvo las informaciones aparecidas sobre las declaraciones del portero de la finca y de distintos vecinos que, según la prensa, veían a Bono ocupándose habitualmente de las obras de reforma y de la decoración de la casa.

Sin embargo, hoy La Gaceta añade un nuevo dato especialmente significativo: “La Comisaría General de Seguridad Ciudadana realizó el informe de seguridad de la calle donde se ubica, ante la llegada de José Bono y de su familia como nuevos inquilinos de la casa de Pintor Rosales. Lo hizo a instancias del Ministerio del Interior, una vez que Defensa comunicó la intención de José Bono de trasladarse”.

En consecuencia, de confirmarse estos datos, los reiterados indicios que vinculan a Bono con la vivienda de Pintor Rosales adquieren una nueva dimensión, porque en tan temprana fecha como 2004, los Bono ya disponían de no menos de 3 millones de € para adquirir el inmueble y eso, teniendo en cuenta las declaraciones de bienes rentas y patrimonio que constan, era mucho dinero.

No menos significativo que la disponibilidad de esa cantidad de efectivo en fecha tan temprana es la presencia de los dos constructores áulicos más destacados de la región que fue gobernada por Bono hasta el 2004. Ambos, Aurelio González Villarejo y Domingo Díaz de Mera parecen cumplir siempre con la condición de satélites en órbita al rededor del complejo de poder formado por Bono y Barreda y su brillo sólo lo empaña la preeminencia del otro constructor de probada prodigalidad en lo que a los Bono se refiere: Rafael Santamaría.

A propósito de Santamaría, mayor importancia que lo anterior puede tener las informaciones relativas a una mansión de 5.000 metros cuadrados situada en Somosaguas, que aún constando en los Registros a nombre de una de las sociedades de éste, era reformada y decorada bajo la estrecha supervisión y órdenes directas, siempre según el diario citado, del actual presidente del Congreso de los Diputados.

Digo que mayor importancia tiene esto, porque la situación deja pocas alternativas: o Bono trabaja como decorador e interiorista de sus poderosos amigos o la mansión en conflicto le pertenecía, le iba a pertenecer o le pertenece, razón por la cual estaba en condiciones de realizar actos dispositivos sobre la ella.

El contrato de fiducia se remonta hasta el Derecho romano, pero por Dios que desde entonces ha tapado cosas y cosas habrá de tapar que harían hablar a las piedras.

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El Extraconfidencial: “Bono defraudó casi 25.000 euros en impuestos por las obras de Hípica Almenara”

Posted in Uncategorized by Die Rote Kapelle on 29 septiembre 2010

Solicitud de licencia de obras para Hípica Almenara

El Extraconfidencial publica hoy la noticia que se reproduce a continuación. Los documentos, a los que ha tenido acceso Notitia Criminis, parecen dejar poco lugar a las dudas y salvo que el “entorno de Bono” o el propio Bono presenten prueba documental de la existencia de autoliquidaciones complementarias que desmientan el fraude denunciado por el Extraconfidencial, el hecho resulta claramente definidor de lo que ha sido el bonismo en Castilla-La Mancha.

Como detalle a tener en cuenta, la solicitud de obras está firmada por Francisco Javier Montalvo, hombre que además de aparecer como administrador en varias de las mercantiles que componen el complejo empresarial de los Bono, ya se publicó que aparece ligado a los negocios de otro amigo de la familia: Rafael Santamaría Trigo, presidente de Reyal-Urbis.

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Al Presidente del Congreso se le perdieron por el camino 20.806,44 euros que dejó de abonar en concepto de impuestos

El Ayuntamiento de Toledo tendría que haber percibido 25.061,44, euros por lo que dejó de ingresar 24.848,69 euros

Ha saltado a la luz pública casi cada detalle de las famosas obras que el constructor Francisco Hernando, alias El Pocero, realizó para la hípica de José Bono, Presidente del Congreso. Sin embargo, existe un detalle, que, aunque menor, no deja de ser un auténtico escándalo de cara a los contribuyentes y a la situación de sequía económica que viven actualmente Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Casi 25.000 euros dejó de pagar Bono al Ayuntamiento de Toledo en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y tasas por licencia urbanística.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, el Presidente del Congreso, solicitó al Ayuntamiento de Toledo una licencia menor para “instalar gradas prefabricadas, asfaltar el aparcamiento y vallado de madera”. El coste de esas obras, que pagaron los patrocinadores de Hípica Almenara y que ejecutó El Pocero, fue declarado por la sociedad en 29.960,45 euros y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), a facturar por el consistorio ascendió a 1.093,56 euros. Hasta ahí todo correcto. El problema es que esos datos no eran del todo ciertos.

Una jugada maestra

La multitud de noticias que ha provocado la relación, ahora inexistente, entre Bono y El Pocero, ha supuesto también una fuente de información. Gracias a ello, toda España sabe que las obras de la famosa Hípica rondaron los 600.000 euros y, por tanto, el impuesto que Bono tendría que haber abonado al Consistorio, ascendería a 21.900 euros, el 3,65 por ciento del importe total. Es decir, al ex presidente de Castilla La Mancha se le perdieron por el camino 20.806,44 euros que dejó abonar en concepto de impuestos.

La licencia fue emitida en febrero de 2004, por tanto, el posible delito de defraudación ya está prescrito. Sin embargo, según las fuentes consultadas por este periódico, podría haber sido detectado y evitado por el Ayuntamiento si el Ayuntamiento hubiese realizado una inspección de las obras que se estaban realizando. Todos los constructores de la zona consultados aseguran que el presupuesto que se declaró “era imposible ante la transformación que sufrió la Hípica”. Por otro lado, si las auténticas cantidades se hubiesen dado a conocer con anterioridad el Consistorio podría haber solicitado otra autoliquidación e imponer una sanción a la compañía. Pero nada de eso sucedió.

Todo un ejemplo

A la cantidad ya analizada, hay que añadir la tasa por licencia urbanística. Según consta en la solicitud de la licencia, la tasa se calculaba en 2004 en función del número de veces que la cantidad de 6.010,12 euros se encontraba en el presupuesto total y el resultado se multiplicaba por 42,55 euros. Por los 29.960,45 euros que se declararon en el Ayuntamiento de Toledo como “coste estimado de las obras”, Hípica Almenara abonó 212,75 euros en concepto de “tasa por licencia urbanística”; sin embargo, por los 600.000 euros que Bono aseguró que habían costado las obras, se tendrían que haber pagado 4.255 euros. En este caso, por el camino se quedaron 4.042,25 que el Presidente del Congreso dejó de abonar.

Por lo tanto, la cuantía total que, tanto por tasas como por ICIO, tendría que haber sido satisfecha al Consistorio suma 25.061,44 euros. Si a esta cantidad le restamos lo que realmente fue entregado al Ayuntamiento, éste dejó de percibir casi 25.000 euros, concretamente, 24.848,69 euros. Y aunque se trate de una cantidad pequeña, lo cierto es que con la situación actual de asfixia financiera que sufren los Ayuntamientos, en la que cualquier cantidad es bienvenida para invertir en servicios públicos, sienta mal que la posición de un ciudadano -en aquellas fechas Bono era presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha-, sirva para ir, poco a poco, disminuyendo las arcas públicas. Todo un ejemplo.

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La oposición de Alcobendas denuncia posible prevaricación en un intento de adjudicación de obra a la constructora Peyber

Posted in PEYBER by Die Rote Kapelle on 27 julio 2010

Se trata de la adjudicación del contrato de obra del centro de salud Valdelasfuentes, en Alcobendas. La noticia fue dada por la Cadena Ser, el 13 de abril de este año y, finalmente, la denuncia pública hecha tanto por la concejal de IU de la localidad, como por los ediles del PSOE, frustró el intento de seleccionar a la constructora PEYBER HISPÁNICA, la cual había obtenido el segundo puesto en la licitación.

Previamente, PEYBER ya se había alzado con la construcción de otro centro de salud, el de Arroyo de la Vega, por un importe cercano a los tres millones de Euros. En esa ocasión El País, aseguró que la obra fue financiada con los fondos del Plan E, a pesar de que la materia era competencia de la Comunidad de Madrid.

A continuación, declaraciones del concejal Angel Sánchez Sanguino y la noticia tal y como aparece en la página de la Cadena Ser:

http://sites.google.com/site/losarchivosdenotitiacriminis3/home/Peyber-Alcobendas.mp3?attredirects=0&d=1

Los socialistas de Alcobendas afirman que los tenientes de alcalde del ayuntamiento, Mónica Sánchez y Agustín Martín y la concejala de Obras, Paloma Cano, podrían haber incurrido en una ilegalidad al proponer y votar a favor de la adjudicación de las obras del centro de salud de Valdelasfuentes a la constructora que consiguió la segunda puntuación del concurso.

Esta empresa, Peyber Hispánica, consiguió una puntación de 65,14 frente a BM3 Obras y Servicios que obtuvo 68,70 puntos. Según el concejal socialista presente en la mesa de adjudicación, Ángel Sánchez Sanguino, los ediles populares argumentaron su desconocimiento de la empresa con mayor puntuación y su miedo a encargar la obra a esta constructora.

Según el PSOE, Sánchez Sanguino, la concejal de IU, María Benito Durango, la interventora municipal y el director general de la asesoría jurídica municipal votaron en contra de la propuesta de los ediles.

Sánchez Sanguino afirma que la arbitrariedad de los concejales populares frente a una resolución clara del informe técnico podría ser constitutiva de delito.

Desde el equipo de gobierno afirman que los tres ediles presentes en la mesa de adjudicación consideraron más favorable, para los intereses del ayuntamiento y el cumplimiento de las obras, la segunda empresa mejor valorada por los técnicos. Ante esta situación, que según el gobierno municipal se produce habitualmente en la administración local, se encargó un informe jurídico cuya resolución terminó adjudicando la obra a BM3 Obras y Servicios, la empresa con mayor puntuación en el concurso.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo de gobierno insiste en que cualquier mala interpretación de este tema no es más que un afán de la oposición de encontrar algo turbio en un ayuntamiento que ha recibido el Primer Premio en Transparencia en materia de contratación.

Así mismo, se anima al grupo socialista, a que si consideran que se ha producido alguna irregularidad “acudan a la Fiscalía en lugar de tratar de empañar en los medios de comunicación la imagen de la ciudad”.

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El Tribunal de Cuentas traslada su informe sobre Seseña a Anticorrupción y pide que se reactive el caso de las cartas de pago falsas

Posted in Pocero, Seseña by Die Rote Kapelle on 20 julio 2010

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Hoy se ha hecho pública la noticia de que el Tribunal de Cuentas traslada sus conclusiones sobre Seseña y la urbanización de El Pocero, a la Fiscalía Anticorrupción, por considerar que lo descubierto por el organismo fiscalizador presenta indicios serios de delito.

Según informa hoy El Mundo, el Tribunal de Cuentas, además, insta a la Fiscalía Anticorrupción a que reactive la denuncia presentada por Manuel Fuentes en 2003 relativa a cinco cartas de pago presuntamente falsas, con las que ONDE 2000 pretendió acreditar que había saldado con el ayuntamiento de Seseña una deuda de 1,29 Millones de €.

El episodio de las cinco cartas de pago –presuntamente– falsas lo narran detalladamente Ruth Ugalde y Alejandra Ramón en su libro “El Pocero de Seseña”.

En 2003, cuando IU ganó a la alcaldía, las primeras pesquisas de Manuel Fuentes y su equipo de gobierno en las cuentas del Ayuntamiento, desvelaron varios apuntes contables pendientes de cobro relativos a cesiones de aprovechamientos y licencias de urbanización. Según esa documentación ONDE-2000 adeudaba al Ayuntamiento de Seseña 1.29 Millones de €.

Cuando se reclamó el dinero al Pocero, éste presentó cinco cartas de pago, supuestamente acreditativas de tener saldada esa deuda, pero firmadas por un “tesorero” que en aquella época no existía. La contabilidad del Ayuntamiento se llevaba en “Papelería Escribano”, la cual, a petición de Manuel Fuentes, certificó que “una vez revisada la contabilidad de ingresos de 2002, no aparece ninguno de los conceptos, cantidades y fechas anteriormente citadas”.

Esta fue la causa de que IU solicitara la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento al Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha. Pese a la gravedad del hecho, la Sidicatura de Cuentas, dependiente del Gobierno de Bono, dio carpetazo al asunto. Este organismo no vio “ningún motivo para realizar la fiscalización”.

Cartas de pago presuntamente falsas

Manuel Fuentes llevó el caso ante los juzgados: “Dos semanas después –continua el libro citado– el 27 de octubre de 2003, Fuentes llevó ante la justicia a Francisco Hernando del Saz, hijo del Pocero y administrador de ONDE 2000, a Felipe Sancho Ricoy, concejal de Hacienda del ayuntamiento de Seseña entre 1999 y 2003, y a Fermín Martín Carrillo, ex secretario-interventor del consistorio, por impago y por un posible delito de falsificación de documento público. Ese mismo día, el portavoz de la corporación municipal socialista, Carlos Aguilar Sandoval, presentó su renuncia como concejal alegando ‘razones personales y de conciencia‘, y fue sustituido, precisamente, por Felipe Sancho Ricoy, el hombre que mandó al secretario-interventor del ayuntamiento elaborar las cinco cartas de pago falsas y rubricarlas con un garabato donde debería aparecer la firma del tesorero. Al menos, eso fue lo que confesó Fermín Martín Carrillo a Fuentes, según aparece en la denuncia presentada en Anticorrupción”.

Ante esa denuncia Francisco Hernando respondió, según su acostumbrada rutina, asegurando que denunciaría a Fuentas como autor de un delito de denuncia falsa. No obstante, las pruebas eran irrefutables: “Esta vez, las amenazas de Hernando cayeron en saco roto –escriben Alejandra Ramón y Ruth Ugalde– Fuentes le había ganado la mano, tras constatar que no existía registro alguno del pago en la contabilidad municipal, el empresario terminó reconociendo la deuda, a cambio de que el alcalde retirase la denuncia contra su hijo. Un movimiento que, de facto, significaba reconocer que las cartas de pago presentadas ante el ayuntamiento eran falsas. Sin embargo, en el escrito donde se comprometía a saldar la deuda, Francisco Hernando del Saz apuntaba hacia errores contables como fuente de todo el conflicto”.

Llegados a este acuerdo y hecho el pago, Manuel Fuentes retiró la denuncia y la fiscalía tampoco acusó, de modo que sin acusación, ni pública ni privada, el Juzgado de Illescas tuvo que archivar las diligencias.

Pues bien, este episodio de la larga batalla de Seseña, es el que ahora resucita el Tribunal de Cuentas al remitir su informe a la Fiscalía Anticorrupción y advertirla que los delitos denunciados entonces, especialmente los de malversación de fondos públicos y de falsedad de documento público, son delitos perseguibles de oficio, de modo que llegada la notitia criminis a los órganos obligados a actuar, estos deben dar cumplimiento a esa obligación con independencia de que el denunciante mantenga o retire su denuncia.

El hecho tiene una importancia trascendental y la primera consecuencia, salvo que la Fiscalía Anticorrupción persista en su teoría de que Francisco Hernando es ajeno al caso, podría ser la inmediata imputación del famoso constructor, conocido por todo lo descubierto como El Pocero.

El Banco de España denuncia a Hernández Moltó ante la Fiscalía

Posted in Barreda, Bono, CCM, Hernández Moltó by Die Rote Kapelle on 19 julio 2010

Molstó y Barreda

La institución que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez aprecia indicios de delito en la actuación de Juan Pedro Hernánde Moltó al frente de CCM y trasladará a la Fiscalía el tanto de culpa. La noticia la hace pública hoy El Mundo.

Lo que, en atención al contenido del Pliego de Cargos redactado por el Banco de España, parecía inevitable o, al menos, legalmente exigible, se ha producido, pero 16 meses después de aquella intervención. Esto no es cosa vana puesto que en ese casi año y medio los presuntos responsables de los delitos detectados han contado con un tiempo inestimable para alterar pruebas, para difuminarlas o para dificultar en extremo la investigación judicial. A pesar de ello, el material recopilado por los Inspectores y el aportado por investigaciones periodísticas no deja de ser abrumador.

Al hilo de esto, hay que recordar que el 24 de octubre de 2008, bastante antes de la intervención, El Confidencial publicó un artículo titulado “Los Agujeros de Caja Castilla la Mancha”. Ahí se decía lo siguiente:

“Entre sus actuaciones –las de CCM– se incluyen el aeropuerto de Ciudad Real, necesitado de socios financieros a una semana de su inauguración, a proyectos inmobiliarios con conocidos imputados en operaciones contra la corrupción como Malaya”.

A esas afirmaciones, “un portavoz de la entidad”, contestó diciendo: “Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocidaNadie de esta casa está imputadoSomos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”.

Ese “portavoz” también recordará –permítaseme la pedantería– un comentario hecho ese día a la periodista que le había telefoneado: eso son calumnias esparcidas por un blog, pero “ya le hemos denunciado”.

Pues bien, señor “Portavoz” de la ahora desaparecida CCM, hasta aquí hemos llegado y ya veremos hasta dónde llegamos en el futuro.

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El PP presenta denuncia contra Hernández Moltó por estafa, falsedad mercantil y delito societario

Posted in CCM, Hernández Moltó by Die Rote Kapelle on 16 julio 2010

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Según informa hoy El Mundo, el que fuera fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, en nombre y representación de 6 de los representantes del PP en Caja Castilla-La Mancha, presentó ayer en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cuenca una denuncia por estafa, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito societario, contra Juan Pedro Hernández Moltó y contra otras personas que puedan aparecer como responsables en el curso de la investigación, lo que podría acabar enredando en el caso a José Bono y a José María Barreda, al menos, por el incumplimiento de las obligaciones de control, inspección y sanción que competen al Gobierno manchego.

Aunque a esta hora, desconozco si en esa denuncia se hace mención de la participación de CCM en en las mercantiles LAS LOMAS DEL POZUELO y PROMOCIONES MIRALSUR, donde la Caja presidida por Moltó se asoció con el detenido y procesado en el caso Malaya, Enrique Ventero Terleira; o si se hace referencia a los créditos –40 Millones de €, según informaciones aparecidas hasta ahora– concedidos por esa misma Caja a empresas de la cabeza más visible del caso Malaya, Juan Antonio Roca; o si entre los presuntos delitos imputados a Moltó por el PP se incluyen datos sobre el asombroso crédito de 30.000.000 € –novado por dos veces, la última en vísperas de la intervención– concedido a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO –propiedad del procesado en el caso Malaya, Pedro Román Zurdo y del investigado en esas mismas actuaciones Juan María López Alvarez– para una promoción, declarada “inviable”, en la finca Alcalvín de Bargas… Aunque desconozco esto, decía, puede que la denuncia presentada ayer por el PP tenga la virtud de dar acceso a sótano en el que Barreda custodia ferozmente la realidad de lo sucedido en CCM.

La presión del PP, no sin motivo, se ha centrado en el caso del aeropuerto de Ciudad Real y los multimillonarios créditos dados a CR AEROPUERTOS, propiedad de Domingo Díaz de Mera, de Aurelio González Villarejo y de Antonio Miguel Méndez Pozo, entre algunos otros; pero las zonas oscuras de CCM no terminan ahí, como acabo de decir, y no deja de ser muy preocupante que el PP ignore, si así es el caso, que la Caja presidida por Moltó se convirtió en una generosa fuente de financiación para la trama –presuntamente, que no se me olvide– delictiva de Roca.

De todas maneras, la investigación está ahora en manos del Juzgado nº 2 de Cuenca y, por supuesto, de la Fiscalía. En consecuencia, ya veremos si lo sucedido alcanza relevancia penal o si, por el contrario, no se ve en ello otra cosa que no sean infracciones administrativas más o menos graves.

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Socios del constructor Aurelio González Villarejo implicados en las últimas operaciones anticorrupción de Alicante y Murcia

Posted in Aurelio González Villarejo by Die Rote Kapelle on 8 julio 2010

El pasado 29 de junio el alcalde de San Javier (Murcia) José Hernández fue detenido por agentes de la UCO, junto a los constructores Santiago Martínez Esparza (URDEMASA) Jaime Navarro Aparicio (GRIMANGA) y Antonio Javier Sánchez Reyes (LADERA DOS MARES).

Según ha informado El País, estas detenciones traen cuenta de las investigaciones iniciadas en 2008 en relación con el presunto trato de favor dispensado por el alcalde Hernández a dos empresarios: Santiago Martínez Esparza, uno de los ahora detenidos, y Juan Gracia Jiménez.

Ocho días después, este martes día 6 de julio, la policía ha detenido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll y al constructor Enrique Ortiz Selfa, y ha realizado registros en el ayuntamiento de Orihuela y en la sede de la empresa ORTIZ E HIJOS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, propiedad del citado Ortiz.

La Fiscalía investiga el Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero del año 2008. La aprobación –según el diario Público– “se produjo por unanimidad por los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por Ripoll y que recayó en la UTE CESPA-ORTIZ”.

La empresa CESPA, asociada con Ortiz en este caso, es muy conocida. Se dedica al negocio de la basura, pertenece en un 99,99 % a FERROVIAL SERVICIOS y tiene participación, entre otras muchas sociedades, en GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE TOLEDO. También, según el “plan de saneamiento financiero” propuesto por el Ayuntamiento de Aranjuez el 22 de julio de 2009, esta entidad es una de las principales acreedoras de esa Corporación (la deuda, en esa fecha, ascendía a 5.237.520,96 €) y, además, aparece mencionada en los Tomos VI, VII y XI del sumario del caso Astapa, relativo a la operación contra la corrupción en Estepona.

Para resumir la mucha y detallada información que obra en el sumario Astapa sobre la mercantil CESPA, puede citarse lo dicho en el informe de la UDEF CENTRAL incluido en el Tomo VII de las diligencias, folio 3.126:

Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2007, se producen comunicaciones telefónicas entre algunos funcionarios con gran poder decisorio dentro del Ayuntamiento de Estepona, como es el caso de José FLORES SIMÓN, Jefe de Gabinete de Alcaldía, y responsables de la mercantil CESPA, representada en las conversaciones por Antonio LÓPEZ SOTO (Delegado de Andalucía Oriental) y Manuel MEDINA MURILLO, con el objeto de obtener, por parte de estos últimos, la adjudicación del servicio de limpieza del municipio. Las conversaciones telefónicas pusieron de manifiesto que CESPA habría pagado alguna deuda municipal y que personas como Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ, Concejal de Hacienda y Personal, habría podido exigir algún tipo de contraprestación económica a los responsables de la mercantil concursante, a cambio de favorecer la concesión del servicio.

El día siete de abril de dos mil ocho, la empresa CESPA, filial del GRUPO FERROVIAL, resultó concesionaria de la gestión de los servicios de recogida y transporte de los residuos urbanos, suministro, colocación, mantenimiento y lavado de los contenedores para dichos residuos y limpieza viaria de Estepona… La aprobación de la concesión del servicio de limpieza se habría producido en una Junta de Gobierno extraordinaria, precedida por una Comisión Informativa, presidida por Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ, concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Estepona y en la que habrían figurado como vocales y otros, personas como Rafael Antonio DUARTE MARTÍNEZ, Manuel REINA CONTRERAS, Ricardo GALEOTE QUECEDO o María Luisa RODRÍGUEZ PINO SÁNCHEZ.

Estas últimas detenciones practicadas en San Javier (Murcia) y en Alicante –en este caso, en relación con la llamada “mafia de las basuras”– podrían acabar teniendo ramificaciones en Castilla-La Mancha y, concretamente, salpicando a Aurelio González Villarejo, asociado con algunos de los detenidos e investigados.

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Aurelio González Villarejo y Juan Gracia Jiménez

Tomo VII del sumario Astapa

Ya se dijo en Notitia Criminis hace tiempo. Aurelio González Villarejo es socio, tanto de Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-07, como de Enrique Ortiz Selfa.

El primero, Juan Gracia Jiménez aparecía vinculado –en el ámbito del Plan Parcial Torre del Rame de los Alcázares (Murcia)– con un grupo de empresarios, todos también del gremio de la construcción, investigados o imputados en el curso de la Operación Ninette; así como al arquitecto municipal de esa localidad, Mariano Ayuso, detenido durante la citada operación; y a Enrique Ventero Terleira, uno de los principales imputados en la Operación Malaya.

El mismo Juan Gracia Jiménez es uno de los constructores que acompañaron, junto al propio Aurelio González Villarejo, a Luis Portillo –también socio del imputado en Malaya, Enrique Ventero– en la OPA que permitió a éste hacerse con el control de COLONIAL, luego llevada a la quiebra en uno de los primeros episodios del fiasco inmobiliario español

Por otro lado, este empresario levantino ya se ha visto implicado en varios casos de presunta corrupción. Como ya dije aquí, la Fiscalía del TSJ de Murcia abrió diligencias contra el alcalde de San Javier, José Hernández por posibles tratos de favor a los constructores Santiago Martinez Esparza y Juan Gracia Jiménez, de los cuales, además, es socio en la mercantil NUEVA VALENCIA AL MAR S.L.

En la misma localidad, la Fiscalía también abrió investigaciones sobre PEINSA-97 a causa de la urbanización denominada “Señorío de Roda” que, según denuncia presentada por el Grupo Independiente de San Javier, se inició sin ningún tipo de permiso y si que estuviera aprobado el plan parcial necesario para iniciar los trabajos.

Lo mismo ocurre en el caso del Plan Parcial “Roda Golf” que supone la recalificación de un millón de metros cuadrados de suelo rústico de interés agrícola, a favor de URDEMASA, la empresa de Martínez Esparza, socio del alcalde de San Javier y de Juan Gracia Jiménez.

PEINSA-97, también está relacionada con el caso del puerto deportivo de San Pedro del Pinatar. Se da la circunstancia de que aquí, PEINSA-97 participa junto a la empresa de Félix Marín García, INVERSIONES HIPOTECARIAS DEL MEDITERRÁNEO S.L.

En la localidad de Mula, el Fiscal Jefe, abrió diligencias contra el concejal de urbanismo Leandro Pérez Cobos, por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, relacionados con la compra, por parte del tal Leandro junto con otros socios, de casi dos millones de metros cuadrados al precio de 55.000 € que después vendió, siendo concejal, en 2004 por 1.162 millones de Euros a las empresas ARTECONS MAR MENOR S.L., URBICOSTA S.L. y GALBA INVERSIONES S.L., todas propiedad de Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-97.

En La Unión, PEINSA-97 ha estado implicada en el caso de “La Casa del Piñón”, edificio que fue objeto de un convenio denunciado en su día por presunto tráfico de influencias y prevaricación.

El caso de Pilar de la Horadada tiene, si cabe, mayor importancia. En esta localidad el alcalde Ignacio Ramos fue depuesto mediante moción de censura y con la ayuda de una concejal trásfuga, debido a su oposición al Plan de Actuación Integrada (PAI) de Pinar de lo Romero en el que está prevista la construcción de 5.200 viviendas y el imprescindible campo de golf. El proyecto urbanístico había sido presentado por las mercantiles METROPOL DESARROLLOS URBANÍSTICOS S.L y PEINSA-97 S.L.

Precisamente, la mercantil METROPOL es una de las que Juan Gracia Jiménez comparte con Aurelio González Villarejo. Su capital está repartido entre PEINSA 97, CONSTRUCCIONES VILLAREJO y PROMOCIONES GONZÁLEZ, las dos últimas del citado Aurelio González Villarejo.

Otra de las sociedades que González Villarejo comparte con Juan Gracia es NUEVOS ENTORNOS URBANOS, en cuyo consejo de administración, aparecen el citado Juan Gracia, Alberto González Tostado, hijo de Aurelio González y Román Conde Alonso, este último también presente en URBAPLANING, la empresa del grupo de González Villarejo que actúa en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas (Toledo) y en los PAUs de las Montanillas en Carranque (Toledo).

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Aurelio González Villarejo y Enrique Ortiz Selfa

Enrique Ortiz

González Villarejo, promotor en Bargas de uno de los chalets adquiridos últimamente por las empresas de la familia Bono, también es socio de Enrique Ortiz Selfa en la mercantil VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO. Esa asociación provocó que Aurelio González tuviera que declarar como testigo en las diligencias seguidas en Alicante contra el citado Enrique Ortiz por el “Caso de los Aparcamientos”, un enrevesado asunto en el que también estuvieron implicados el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi y la actual alcaldesa, Sonia Castedo. Los detalles del caso se pueden consultar aquí, pero de cualquier forma, tanto Ortiz como González Villarejo salieron bien librados de este asunto, archivado, finalmente, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.

Otro de los asuntos importantes en el que se vio implicado Enrique Ortiz, y que aún colea, fue el del Plan Rabasa (15.000 viviendas sobre un suelo de 4,2 millones de m2) El País del día 30 de marzo de 2008 titulaba: “Un dictamen concluye que Alperi ―el alcalde de Alicante en esas fechas― benefició al promotor Ortiz al modificar el plan Rabasa”. En ese dictamen se decía que “la mercantil seleccionada ―VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO SL― ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia… El propio ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor”. Por supuesto, como acabamos de decir, en esa empresa también participa Aurelio González Villarejo.

Sin embargo, hasta ahora, el caso de corrupción de mayor alcance que salpica a Enrique Ortiz es en la Operación Gürtel.

Como ya dije, el pasado día 25 de septiembre de 2009, El Mundo titulaba: «El PP de Valencia montó su “Filesa”», por su parte, el 22 de septiembre El País habría su primera página con este otro titular: «Seis constructoras financiaron al PP valenciano a través de la red “Gürtel”». La información procedía de un dossier elaborado por la Brigada de Blanqueo de la policía judicial. En él se analizaban conversaciones grabadas a los imputados y una extensa documentación intervenida en los distintos registros.

Según esa investigación, la Brigada de Blanqueo considera una de las empresas que habría participado de pleno en la trama de corrupción valenciana es ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, propiedad de Enrique Ortiz Selfa. Así, por ejemplo, según el diario Público, “varios correos electrónicos intervenidos por la Policía a Orange Market… constatan que la trama Gürtel falsificó facturas en beneficio de la formación conservadora… en uno de esos correos un empleado de Orange Market se dirige a un subordinado de José Ramón Blanco Balín, blanqueador de la red corrupta, y le da instrucciones sobre dos facturas. Tras especificar el número de cada una de ellas y el importe superior a 30.000 euros en un caso y a 80.000 en el otro, le comunica que ambas deben ponerse a nombre de la empresa Ortiz e Hijos”.

Caso del Pocero: “O grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos” por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha

Posted in Barreda, Bono, El Pocero by Die Rote Kapelle on 5 julio 2010

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La información que publica hoy El Mundo –que se puede descargar íntegramente pulsando sobre la imagen– hace entrar el caso del Pocero de Seseña en un nuevo estado, cualitativamente distinto y de alcance aún difícil de calcular.

El citado periódico desvela un “informe confidencial” fechado el 11 de mayo de 2007 y remitido por la Intervención General del Estado a la teniente fiscal Belén González Patín, quien actúa ahora como acusación pública contra José Luis Martín, alcalde de Seseña durante la aprobación del PAU del Pocero.

Para la Intervención General del Estado, la actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sólo puede explicarse como “grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos” y eso sitúa al que entonces era Consejero del ramo, Alejandro Gil al borde del precipicio y a punto de dar un gran paso al frente; pero no sólo a Gil, sino también a quienes, por encima de él presidían el Gobierno regional del que formaba parte: José Bono y José María Barreda sucesivamente.

Únase a esta información, un presunto miembro de la mafia calabresa –Giovanni Piero Montaldo– detenido durante la operación Malaya y también imputado en la operación Astapa, pagando al ex alcalde José Luis Martín 700.000 € por razones que todavía se desconocen.

Únase a ambas cosas, que ese presunto mafioso actuaba en Marbella como apoderado de APEX 2000 (Iberdrola Inmobiliaria) en cuyo consejo de administración aparece Rafael Santamaría Trigo, gran amigo de Bono y benefactor, según las últimas informaciones de prensa, de aquél y su familia con diversas dádivas de muy considerable cuantía.

Añádase que el mismo Rafael Santamaría compartió sociedad (Royal Mediterránea) con con el abogado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas.

Finalmente, téngase muy presente el artículo que Enrique Gimbernat –un penalista sobresaliente y, sin duda, un sabio de rango europeo en materia de dogmática penal– publica hoy, también, en El Mundo, sobre el cohecho impropio.

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El Tribunal de Cuentas desmonta la estrategia de Bono y Barreda en el caso del Pocero

Posted in Barreda, Bono, El Pocero by Die Rote Kapelle on 4 julio 2010

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Hace ya tiempo que la estrategia seguida por el PSOE toledano en el caso del Pocero pasó del manifiesto apoyo a un aparente repudio.

En 2004 la Ejecutiva Federal del PSOE, para entendernos, Ferráz, no Toledo, forzó la disolución de la agrupación socialista de Seseña, a todas luces ya entonces, demasiado sospechosa.

En noviembre de 2007 Hernández Moltó, refiriéndose a la retirada del crédito que CCM venía proveyendo al Pocero, hizo unas notablemente indiscretas declaraciones recogidas por el diario Las Provincias: “el que la hace que la pague y que la pague rápido y suficientemente. Considera que al negocio no le van bien los exhibicionistas, la ostentación es un mal aliado del empresario”.

Esto no siempre ha sido así. En julio de 2006, apenas unas horas antes de que se hiciera pública que la Fiscalía Anticorrupción abría diligencias de investigación sobre el asunto del Pocero, Barreda aseguró en rueda de prensa que El Quiñón era “transparente, legal e impecable”.

Ahora, en 2010 parece que ya no está dispuesto a repetir esas declaraciones, pero hay un incidente en la ya larga historia del PAU del Pocero que hace sospechar seriamente sobre la sinceridad de Barreda en aquel momento.

Según describen detalladamente Alejandra Ramón y Ruth Ugalde en “El Pocero de Seseña”, corriendo el otoño de 2003, con el ahora imputado José Luis Martín de alcalde, “Ante la gravedad de los acontecimientos IU decidió convocar un pleno para solicitar una fiscalización de las cuentas del consistorio desde el año 1990. El grupo municipal del PSOE… votó a favor, mientras que el PP se abstuvo. La decisión socialista sorprendió a todos los presentes y entre los militantes de IU empezaron a temer que los socialistas hubiesen actuado así porque tenían la seguridad de que la Junta rechazaría la petición. Y los malos augurios se cumplieron. Pasados unos meses, el síndico de cuentas de Castilla-La Mancha dio carpetazo al asunto tras alegar que “no ve ningún ningún motivo para realizar la fiscalización”.

Siete años después, el Tribunal de Cuentas, una de las pocas instituciones españolas en las que aún se puede confiar, desmiente al Síndico de CASTILLA-LA MANCHA, desmiente a Barreda e, igualmente, desmiente a Bono, todos los cuales han insistido e insisten en la absoluta legalidad de la tramitación del PAU del Pocero o, en todo caso, en la absoluta legalidad de su propia actuación.

Pero, además, ese mismo informe, que pone de manifiesto la evidente omisión de las obligaciones de inspección y control que la Ley imponía a los gobiernos de Bono y Barreda y que, dependiendo de hasta dónde lleguen las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas, bien podría hacer entrar en juego al artículo 11 del Código Penal; desmiente la fatigosa estrategia defensiva de José Bono, él sí, incansable a la hora de denunciar la “campaña de difamación de que es víctima”.

Si alguien difama a Bono, son los hechos y lo malo para él, es que son sus hechos y los hechos de su sucesor, Barreda. En fin, léase con atención el artículo que publica hoy Carlos Segovia en El Mundo. Se puede descargar pulsando sobre la imagen.

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El ex director general de CCM, Ildefonso Ortega, acusa a Hernández Moltó

Posted in CCM, Hernández Moltó, Operación Malaya by Die Rote Kapelle on 21 junio 2010

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Entre el oficio periodístico circula habitualmente un dicho: “perro no come perro”. Falso de toda falsedad. Desde los griegos y en realidad desde mucho antes, el perro es símbolo de la incapacidad para discriminar, entre otras cosas, el alimento. Por eso Antístenes o Diógenes de Sinope se tenían por “cínicos”, es decir, por enemigos de las distinciones de la Polis y partidarios de la confusión, que más allá de los muros de la Ciudad, imperaba en la selva.

Yo no he sido, ha sido ese

Si a día de hoy algo ilustra con nitidez esta verdad: que “perro sí come perro”, es la estrategia defensiva que están utilizando Juan Pedro Hernández Moltó y los que fueran sus hombres de confianza en CCM y en CCM CORPORACIÓN.

Según informa hoy El Mundo, Ildefonso Ortega, ex director general de la Caja, ha declarado en el Juzgado de lo Social nº 1 de Cuenca que “Moltó estaba allí presente, conocía la operación y salió que sí”. Por su lado, otro testigo, el actual secretario general de la Caja corroboró esta declaración.

Ambos se referían a la concesión de un aval “irregular” de más de 10 Millones de € a la quebrada DHO, cuando la constructora ya estaba en situación preconcursal. El mencionado aval se enmascaró con la denominación de confort letter o “carta de patrocinio”, pero sus efectos, devenida finalmente la quiebra de DHO son los mismos. El crédito que esta constructora formalizó con Banco Espírito Santo gracias al aval de CCM, tendrá ahora que ser pagado por la Caja.

Frente a esto, dando una clara idea, que no hace falta calificar, del tipo de personajes de los que se han rodeando José Bono primero y Barreda después, lo que Hernández Moltó ha venido afirmando es que “su cargo no era ejecutivo” y que fue víctima de “engaños” de sus directivos que son los que cometieron las “irregularidades”. Curiosamente, esta misma argumentación fue la esgrimida por el propio Barreda y por su Consejera de economía tras la intervención de la Caja, sólo que ellos cargaban el engaño sobre el propio Hernández Moltó, cuya actuación al frente de CCM, decían, permaneció desconocida por el Gobierno manchego.

El revelador silencio sobre la financiación a las tramas delictivas de Marbella

Tal y como afirma El Mundo, y así consta en el pliego de cargos del Banco de España contra los consejeros de CCM, una de las operaciones “más turbias” de las ejecutadas por Moltó y su equipo directivo fue la concesión del mencionado aval a DHO. Sin embargo, las hay más turbias, más sospechosas y más inquietantes.

Voy a citar sólo algunas de las ya mencionadas aquí: 1.- Crédito a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del malayo Pedro Román Zurdo, de 30 Millones de € (no de 10, como en el caso DHO) renovado por Moltó días antes de la intervención. 2.- Crédito a la trama empresarial del malayo Juan Antonio Roca para la adquisición del palacio de Villa Gonzalo, en Madrid. 3.- Participación y financiación a una de las empresas del malayo Enrique Ventero, en Los Alcázares, Murcia. 4.- Financiación con, al menos, 40 millones de € a las empresas de Roca, ONE PROPERTIES y MASDEVALLIA

Sobre estas operaciones de Hernández Moltó y sus consejeros no consta ni una sola palabra en el pliego de cargos del Banco de España; no consta, tampoco, que exista la menor actividad judicial o fiscal, a parte de la iniciada, tras recibir cierta información, por el Juzgado nº 5 de Marbella el cual, por otro lado, carece de jurisdicción en Castilla-La Mancha; y no consta, tampoco, que exista el menor propósito de investigar esta financiación, que según El Economista, alcanza una cuantía no inferior a 200 Millones de €, financiación concedida a una trama calificada por el Juez instructor del caso Malaya, como “organización criminal”.

¿Por qué no se investiga esto? ¿Tampoco hay aquí suficientes indicios de relevancia penal? ¿Quizás, por el contrario, es que hay indicios de demasiada relevancia penal?

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Pompa, alcalde de Carranque, se equipara con Garzón e insinúa acusaciones contra Manuel Fuentes, alcalde de Seseña

Posted in Alejandro Pompa, Carranque, Seseña by Die Rote Kapelle on 17 junio 2010

El pasado 11 de junio, Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque, y Gregorio Fernández Vaquero comparecieron en una rueda de prensa. Fernández Vaquero reconoció la existencia de negociaciones “discretas” sobre un nuevo aeropuerto en Casarrubios del Monte (Toledo), pero el tema central fue Pompa y el Auto de sobreseimiento provisional de la querella que tenía interpuesta en el Juzgado nº 2 de Illescas, ahora pendiente de recurso en la Audiencia Provincial.

Al respecto, según publica Castilla-La Mancha Digital, Pompa dijo lo siguiente: “Tejieron una supuesta trama de corrupción “implicándonos al secretario municipal, a un ex funcionario del Ayuntamiento y a mí”. Entonces comenzaba un rosario de querellas “habrán interpuesto 12 ó 14”, comenta, antes de empezar a explicar que los denunciantes eran el sindicato de ultraderecha Manos Limpias, el Partido Popular e Izquierda Unida”.

Por su parte, Fernández Vaquero aseguró que “Manos Limpias y el PP ―el PP no ha puesto ninguna querella ni denuncia contra Pompa― acusaron de forma mimética en sus escritos, ¿es casualidad?”, pregunta, a la vez que recuerda que hace poco ha ocurrido algo “muy parecido” con el juez Baltasar Garzón”.

Es decir, que Pompa no sólo se pone a la altura del Juez Garzón, sino que, además se declara víctima de una conjura en la que peligrosos bolcheviques y siniestros fascistas, con la colaboración necesaria del PP, acordaron fraguar su desastre político en beneficio de Jesús Terrón, un ex alcalde de Carranque expulsado del consistorio hace 20 años con la ayuda de un tránsfuga, episodio que abrió las puertas del Ayuntamiento al mencionado Pompa y que, desde entonces, se ha convertido en su sostenida monomanía.

En esta línea, Pompa sacó a relucir los nombres de José Esteban Chozas y Sonsoles Arnau, ambos dirigentes de IU, que en 2007 hicieron pública la denuncia de la coalición contra él y contra José Manuel Tofiño, por presuntos delitos de corrupción relacionados con el campo de golf de Carranque y con la adjudicación del mantenimiento de las carreteras de Toledo.

Sobre ellos, ―a los que Fernández Vaquero, con motivo de aquella denuncia, ya tachó de «bandoleros» ― el alcalde de Carranque, según cita La Tribuna de Toledo, dijo lo siguiente: “El regidor descalificó a Chozas como defensor de la legalidad urbanística en La Sagra preguntándose si sería capaz de explicar «el chiringuito que se montó en Seseña con la empresa municipal de la vivienda, que le reportó importantes emolumentos para suplementar (sic) su sueldo de conserje»”.

A Pompa, que con “suplementar”, que no existe, se ve que tenía intención de decir “suplir”, que sí existe; la frase anterior le debe parecer ingeniosa y contundente, y se entiende porque el hijo del que fuera cartero de Carranque, es decir Pompa, se ha asignado como sueldo por su actividad de alcalde en un municipio con la deuda por habitante más alta de la provincia de Toledo y en situación de suspensión de pagos, 40.549 € anuales ―6.746.872 Pts― a lo que hay que sumar el que le corresponda por ocupar la presidencia de la Mancomunidad de la Sagra Alta, un seguro médico privado, y las dietas y suplidos de que, en su caso, se beneficie.

Con estas cantidades y no otras, ya se entiende que este alto dignatario haya olvidado las muchas estrecheces y privaciones de su infancia y juventud y que tenga por bajo y despreciable el oficio y sueldo de “conserje”, a la par que, sin traza de rubor, declare ―lo hizo a la Cope en marzo de 2009― que “aquí, en el Ayuntamiento de Carranque, se entiende, de lo que se trata es de vivir de lo que ganamos”.

Pero lo más inaudito de todo esto es la ubérrima desvergüenza de Pompa cuando insinúa actos delictivos cometidos por Manuel Fuentes, actual alcalde de Seseña, en relación con la contratación de José Esteban Chozas.

Insólita es la cosa porque Manuel Fuentes, y los que con él sostienen las trincheras en la batalla de Seseña, tienen sobradamente acreditada con hechos, una decencia cuya dimensión y calidad, probablemente, esté más allá de las capacidades de estimación que adornan a Pompa y, también, porque Manuel Fuentes gobierna en Seseña en minoría, con los votos del PSOE y por lo tanto bajo su inmediata vigilancia y sañudo control.

Pero además de impertinentes, las declaraciones del próspero alcalde de Carranque son significativas porque vienen a demostrar, otra vez, que los hombres fuertes del PSOE toledano sangran por la herida de Seseña.

No es para menos. Demasiadas cosas están saliendo a la luz, incluida la participación de la Mafia en los hechos que confluyen en el caso de la urbanización de El Quiñón, aprobada por el que entonces era cofrade de Pompa, el ex taxista y ahora millonario José Luis Martín.

La realidad de la situación jurídica de Pompa

Pompa aseguró en la rueda de prensa del pasado día 11 que el contubernio formado por IU, Manos Límpias y el PP, ha llegado a presentar contra él 12 o 14 denuncias y querellas. Pues bien, o Pompa había estado celebrando la resolución del Juzgado nº 2 de Illescas y se encontraba confuso o los problemas se le agigantan últimamente o, simplemente, estaba cultivando su imagen de víctima.

Contra el alcalde de Carranque se han presentado las siguientes denuncias: En diciembre de 2006, la primera de todas, relativa a la permuta de parcelas entre el ayuntamiento y el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas. A principios de 2007, se interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo la denuncia de IU, contra José Manuel Tofiño, presidente de la Diputación de Toledo y contra Pompa y otros concejales de Carranque, relativa a la concesión a una empresa del grupo PEYBER, del mantenimiento de la Zona 2 de las carreteras de Toledo y a la tramitación del PAU del campo de golf de Carranque. Finalmente, Manos Límpias presentó en el Juzgado nº 4 de Illescas querella, también, por los hechos que concurrieron en la tramitación y aprobación de ese mismo campo de Golf.

Hay una querella más, que sigue pendiente de resolución. Durante las elecciones de 2007 se distribuyó en Carranque un anónimo: la llamada “Carta PIP” en la que se hacía alusiones sobre ciertos concejales del PP y varios de sus familiares. Algunos de estos presentaron denuncia y de las diligencias de investigación puestas en marcha por la Guardia Civil, resultó que dos testigos de la empresa que realizó el envío, identificaron a Pompa, sin lugar a dudas, como el individuo que hizo el encargo y lo pagó en efectivo.

De forma que no son catorce, sino cuatro y, además, esas cuatro son relativas a tres asuntos: El campo de golf, la permuta con el funcionario Ernesto Rodríguez y el anónimo PIP, y de esas cuatro, dos siguen con actuaciones abiertas en los Juzgados.

Así, salvo que Pompa conozca más de lo que se ha hecho público o salvo que haya recibido garantías que los demás ignoramos, este hombre se precipita al considerar definitivamente archivadas todas sus causas pendientes con la Justicia.

La Fiscalía Anticorrupción de Toledo y el principio de intervención mínima

Fernández Vaquero, en la rueda de prensa citada arriba, equipara a Alejandro Pompa con Baltasar Garzón. Al margen de lo risible de la ocurrencia, si lo que hay que buscar es un término de comparación apropiado para Pompa éste, desde luego, no es el Juez Garzón, sino otro personaje no menos famoso: José Bono.

Recientemente, la Fiscalía General dio respuesta a la petición del PP de que se investigara el origen del multimillonario patrimonio de Bono. Esa respuesta incluía los siguientes argumentos: Investigar el patrimonio de Bono equivaldría a abrir “un procedimiento inquisitorial” contra él y, hasta ahora, las acusaciones sufren de “vaguedad y nula concreción”.

Al margen de que no veo qué tienen de vagos los datos documentados que acreditan las dádivas recibidas por Bono de manos de Rafael Santamaría y los fabulosos intereses económicos de este constructor en Castilla-La Mancha; la resolución de la Fiscalía General se parece, como una gota de agua a otra, a la nota hecha pública por el Fiscal Jefe de la Audiencia provincial de Toledo en la que, en vísperas de las elecciones de 2007, hacía pública su intención de archivar la denuncia presentada por IU contra Tofiño y Pompa.

En en la nota de la Fiscalía de Toledo se reprochaba la vaguedad de las imputaciones: “se trata de imputaciones poco concretas y de escaso contenido penal (sic)” y, luego, respecto a las investigación solicitada del patrimonio de Tofiño, también se decía, textualmente, que el Fiscal se opone a esas diligencias de indagación “mientras no se especifique una finalidad concreta a efectos de investigación delictiva pues las inquisiciones genéricas son contrarias a nuestro Estado de Derecho”.

También, al igual que ahora en el caso Bono, donde la Fiscalía General desprecia los “meros comentarios y valoraciones de medios de comunicación”, aunque esas informaciones estén acreditadas con documentos de los Registros públicos; la fiscalía de Toledo, en el caso denunciado por IU, afirmó que algunas de las personas cuyos nombres figuraban ahí, habían sido “simplemente tomadas de los datos registrales de las empresas, incluso entidades bancarias como la Caja Castilla-La Mancha”.

Hay una cosa más. Cuando IU interpuso la denuncia que se viene comentando, Gregorio Fernández Vaquero aseguró en rueda de prensa que ésta nunca iría más allá de la Fiscalía; una afirmación asombrosamente profética, sobre todo teniendo en cuenta que el Sr. Fernández Vaquero es maestro y no jurista.

En cualquier caso, la Fiscalía de Toledo ha seguido, desde entonces, manteniendo estos criterios los cuales, además, han resultado decisivos para el archivo de las diligencias del caso del campo de golf de Carranque ―donde la propia Fiscalía reconoce que existen ilegalidades, pero a las cuales niega la relevancia penal― y ahora, del caso de la permuta con la empresa del funcionario Rodríguez Cubas.

¿Por qué el Juzgado nº 2 de Illescas archiva las diligencias previas contra Pompa y los demás imputados?

En primer lugar porque así lo ha pedido el Fiscal. De hecho, el Juzgado de instrucción de Illescas ya había dictado Auto de continuación del Procedimiento Abreviado. Lo hizo con fecha de 25 de enero de 2010 y, para entendernos, esto significaba que Pompa, Ernesto Rodríguez Cubas (en la foto) y los demás iban a sentarse en el baquillo, ya no como imputados, sino como acusados.

Lógicamente, la defensa de Pompa recurrió esa resolución y a dicho recurso se unió la Fiscalía de Toledo argumentando, según el Auto del Juzgado nº 2 de Illescas, que «de las actuaciones practicadas no se desprenden claramente hechos delictivos cometidos por los imputadosno pudiendo acreditar el elemento subjetivo de los tipos penales que imputan pues todo se basa en cuestiones plenarias del Ayuntamiento de Carranque».

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Fiscalía considera que no se ha acreditado el dolo, es decir, la intención y voluntad de violar la Ley, en los hechos cometidos por los imputados, cuya realidad, por otra parte, no discute. A tal conclusión llega el Ministerio Público debido a que las decisiones de Pompa fueron votadas por los concejales de su grupo en el Pleno del Ayuntamiento.

Con este hallazgo jurídico, que añade una nueva eximente ―la de aprobar en Pleno las resoluciones presuntamente delictivas― inédita hasta la fecha, a la lista contenida en el Código Penal, el Juzgado resuelve que ni Pompa de Mingo, ni ninguno de los otros imputados, han «cometido, conscientemente y aceptando su resultado ―esto es, dolosamente― ninguno de los delitos tipificados con carácter principal por la acusación popular como de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos del art. 439 del Código Penal, ni de Prevaricación del art. 404 del Mismo Texto Legal, ni tampoco de Tráfico de Influencias previsto en el art. 428 del Texto Penal Sustantivo… Los imputados ―continúa el Auto― no fueron conscientes en ningún momento de la antijuridicidad de sus actos».

Así que, partiendo de que el Auto reconoce la existencia de actos antijurídicos, habrá que decir que el dolo, como bien apunta el Auto comentado, supone cometer el hecho delictivo con conciencia y voluntad de su resultado, pero también, en su modalidad de dolo eventual, representándose la probable lesión del bien jurídico protegido por el tipo penal y aún sin buscarla o quererla, despreciar esa probabilidad y continuar con la acción que, finalmente, provoca la lesión del bien que la norma penal quiere proteger.

Representarse la probable lesión del bien jurídico supone que, para un hombre de entendimiento medio, apreciar ese probable daño es algo asequible, bien porque él conoce las circunstancias o bien porque se las han dado a conocer.

Pompa conocía desde hacía años al funcionario Ernesto Rodríguez Cubas y mantenía y mantiene con él pública amistad; conocía la situación de incompatibilidad en que el tal Rodríguez estaba incurriendo, su actuación como secretario eventual y encargado de urbanismo en el Ayuntamiento y su participación en, al menos, una de las seis mercantiles dedicadas al negocio inmobiliario en Carranque propiedad de ese funcionario y consta ese conocimiento porque el hecho fue denunciado por la oposición del Ayuntamiento en el Pleno del 16 de octubre de 2003, que aprobó la permuta, como así está recogido en el acta correspondiente.

La posibilidad de la conducta ilícita, por tanto, había sido dada a conocer a Pompa, que ni siquiera esperó a recibir informe jurídico oportuno o a hacer las consultas necesarias, sino que con manifiesto y arrogante desprecio de la probable lesión del bien jurídico protegido, de la que había sido advertido, contestó ―así se refleja en el acta del Pleno― «que el funcionario mencionado, fuera de su horario de trabajo en el Ayuntamiento podía dedicarse a lo que le pareciera. Que dicho funcionario no tenía información privilegiada a pesar de lo que se dijera en la calle. Que el convenio estaba bastante bien redactado… y que no obstante, si alguien tenía dudas sobre la legalidad de la actuación, podía acudir a los Tribunales de Justicia».

Por consiguiente resulta realmente difícil considerar que Pompa, al que se le ha de presumir un entendimiento medio, aunque diga ser “ingeniero naval privado no homologado”, no tuviera presente, como mínimo, la probabilidad de la ilicitud de sus actos; pero más difícil es concluir que el funcionario Rodríguez Cubas, que había actuado como secretario y como interventor del Ayuntamiento y que, además, había estado encargado del área de urbanismo de esa Corporación, no estuviera perfectamente al tanto de su situación de incompatibilidad y de la prohibición de las negociaciones en las que participaba; y aún si no lo hubiera estado hasta el Pleno del 16 de octubre de 2010, sí tenía un deber imperioso de conocer las obligaciones que le competen como funcionario público.

En consecuencia, el Auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Illescas parece bastante discutible y, aunque Castilla-La Mancha sea tierra de prodigios jurídicos, no es en modo alguno descabellado esperar que la Audiencia Provincial de Toledo lo anule y ordene la continuidad al procedimiento contra Pompa y los demás.

¿Quién es el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas?

Ernesto Rodriguez Cubas es, desde hace décadas, auxiliar administrativo del ayuntamiento de Carranque, ahora en excedencia voluntaria.

En el momento en que se iniciaron las acciones judiciales contra él y contra Pompa, era socio y administrador, al menos, de seis empresas inmobiliarias: PRICASA CARRANQUE, con CIF B45560794; DESARROLLOS URBANOS DE ILLESCAS, con CIF: B82233370; CONSTRUCCIONES SIERRA DOS, con CIF: B83948398; PROSPECCIONES E INVESTIGACIONES URBANÍSTICAS CARRANQUE, con CIF: B83080937, PROYECTOS URBANIZABLES LA SAGRA, con CIF: B84790211; y MAXISUELO, con CIF: B83853432.

Su situación en el Ayuntamiento puede engañar si se atiende únicamente al grado de auxiliar administrativo. La importancia de Rodríguez Cubas durante años en esa Corporación ha sido decisiva y prueba de ello es su actuación como encargado de urbanismo y como Secretario eventual.

Paralelamente, desplegó una frenética actividad empresarial en el gremio de la construcción que se centró, esencialmente, en Carranque. Fruto de esa actividad fue un insólito enriquecimiento que se fraguó, en su práctica totalidad, durante los años 2003 y 2004.

Según las notas registrales a las que ha tenido acceso Notitia Criminis (cuyo listado se puede descargar pulsando sobre la imagen anterior) el patrimonio inmobiliario de las empresas del funcionario, en el momento en que se están produciendo los hechos que aquí se comentan y tasado prudentemente a los precios que entonces regían en el mercado, alcanzaba la cifra de unos 10.480.000 €, es decir más de 1.700.000.000 de Pts.

En otras palabras, que en tres años el valor del patrimonio adquirido por las sociedades de un auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Carranque, sin más fortuna que la nómina que le correspondía por ese puesto, se aproxima notablemente a los dos mil millones de Pts. La crisis habrá diezmado esa cantidad, sin duda, pero esto no desvirtúa este descomunal enriquecimiento, tan rápidamente atesorado.

No obstante tanta riqueza y en tan poco tiempo acumulada, mayor que la hasta ahora descubierta a José Bono, no llama la atención de la Fiscalía. Ni siguiera cuando ella misma reconoce que está acompañada de ilícitos, ya que tales ilegalidades, piensan el Fiscal y el Juez de instrucción, fueron cometidas sin «consciencia y voluntad».

Entre tanto, fuentes del lugar cuentan que estos días atrás, mientras Pompa estaba en una de las varias cantinas de Carranque, recibió una llamada en el móvil. Cuando colgó dijo: «era Bono, para felicitarme porque me han cerrado todo». Todo menos la boca, estará pensando Bono, que aún solícito con los suyos, conoce muy bien lo que vale la discreción.

Lista de bienes inmuebles a nombre de las sociedades del funcionario Rodríguez Cubas en enero de 2007

Pulsar sobre la imagen para descargar la lista completa.

Barreda se sirve de una treta para poner 140 Millones de € públicos a disposición de los socios del quebrado aeropuerto de Ciudad Real

Posted in Barreda, Díaz de Mera by Die Rote Kapelle on 10 junio 2010

¿Qué debe José María Barreda a Domingo Díaz de Mera, a Aurelio González Villarejo y a Antonio Miguel Méndez Pozo? ¿Qué vasallaje le obliga hacia esos hombres?.

No diré que sea insólito, porque la maniobra se esperaba, pero la desvergüenza es de tal enormidad, tan soberbio es el desparpajo con el que ya actúa el Gobierno de Castilla-La Mancha, que el asombro es inevitable.

Finalmente, a pesar de la declaración de quiebra, a pesar de la escandalosa trayectoria del negocio fraguado entorno al aeropuerto de Ciudad Real, Barreda, valiéndose de una treta de buhonero con malas mañas, va a poner a disposición de los socios ―suspendidos por el Juzgado de sus facultades de administración y disposición― de ese fracasado aeropuerto 140.000.000 de € sacados de los fondos públicos.

La martingala se ha consumado de la siguiente forma: Hoy el parlamento regional ha aprobado la creación de una empresa pública que se hará cargo de la “gestión” ―no de la propiedad― de las “infraestructuras aeroportuarias”. Dicha empresa pública será la que ponga a disposición del mencionado aeropuerto, es decir, a disposición de Domingo Díaz de Mera y de sus socios, el aval de 140.000.000 de €.

Lo que no se atrevió a hacer directamente, tres días antes de que se conociera el Auto que declaraba la quiebra de CR AEROPUERTOS, Barreda lo hace hoy interponiendo una pantalla societaria que sólo puede ocultar la realidad a los necios o a los cómplices.

La situación creada hoy en el Parlamento de Castilla-La Mancha ha permitido a los parlamentarios del PP hablar de Mafia y de prácticas mafiosas y les ha permitido también denunciar que distintos medios de comunicación han sido amenazados con la retirada de fondos provistos por el Gobierno Manchego.

No importa, Barreda estará tranquilo porque en Castilla-La Mancha impera el principio de intervención ínfima del Derecho penal, según el cual principio, sólo algunos pobres diablos, cuando por su propia ignorancia y descuido, son pescados con las manos en la masa, pueden temer acabar en manos del brazo secular.

Pongo a continuación la crónica publicada por Europa Press de lo sucedido hoy en el Parlamento de Castilla-La Mancha:

TOLEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) –

«El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó este jueves, con los únicos votos del PSOE y la ausencia del Partido Popular, que abandonó la Cámara regional, la creación de una empresa pública de gestión de infraestructuras aeroportuarias, con el debate de la concesión de 140 millones de euros a la sociedad del aeropuerto de Ciudad Real como fondo.

Durante el debate, que centró tres puntos de la sesión plenaria, el diputado del PP, Leandro Esteban, insistió en pedir la retirada de la Proposición de Ley, rechazando que se dé dinero a una empresa pública cuando “no hay un solo informe que diga que esta propuesta es viable”, y avanzando que su grupo va a solicitar la creación de una comisión de investigación sobre los efectos que puedan originar la aprobación de la iniciativa.

Desde el PSOE, el diputado José Manuel Caballero, insistió en que esta es “la mejor propuesta” para el aeropuerto de Ciudad Real, y señaló que los socialistas no están “en contra” de las auditorías que sean necesarias ―”no tres sino 33″― en este caso, aunque defendió que primero hay que crear la empresa pública, pues “no tiene lógica empezar la casa por el tejado”.

Antes de la votación, el presidente regional, José María Barreda, tomó la palabra ―mientras los diputados del PP abandonaban el salón de plenos― con la intención de preguntarle a la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, su opinión sobre este tema, algo que no pudo hacer estando ella ya ausente, lo que Barreda calificó como una “falta de cortesía parlamentaria” y un “déficit democrático grave”.

Decisiones en el marco de la ley

Aseguró que el aval de 140 millones de euros que se concederá a la sociedad del aeropuerto ―empresa cuyo riesgo de solvencia ha sido declarado por un juez“― “significa que cada ciudadano tendría que poner 70 euros”, convencido de que en este tema “casi todo huele a podrido” y por eso en el PP “no vamos a pasar por ese aro” pues “alguien tiene que tener la dignidad de hacer que se esclarezca la verdad y señalar a los culpables“.

Están protegiendo a sus amigos, no al aeropuerto, sólo a sus amigos“, aseveró Leandro Esteban a continuación, para rechazar que sea “el señor Díaz de Mera” ―”el que domina medios de comunicación“― quien tiene que dar explicaciones por recibir 140 millones de euros y, sin embargo, es el que manda que nos callemos todos los demás“.

La trilogía del mal

Una vez aprobada la toma en consideración de la Proposición de Ley, con los votos en contra del PP, se procedió al debate de la misma ―tras tramitarse por el procedimiento de lectura única―, pidiendo nuevamente el diputado del PP que en vez de cometer “este disparate”, el PSOE accediera a su retirada.

Advirtió en este punto Leandro Esteban de la relación entre el aeropuerto, Caja Castilla La Mancha (CCM) y el auto del concurso de acreedores, donde se detalla “que se han renegociado y ampliado operaciones vencidas que deberían haber sido ejecutadas y eso no se ha hecho“.

Acto seguido, agregó que el aeropuerto “no se va a deslocalizar” pues los administradores judiciales “han asegurado que el aeropuerto va a seguir funcionando de manera perfecta”, preguntándose “qué temen sus señorías que suceda si se conoce la verdad de este agujero” y consciente de que hoy “escribimos el tercer volumen de la trilogía del mal“, el formado por CCM, la Fundación Virtus y el aeropuerto de Ciudad Real.

Lo que se pretende aquí es echar toneladas de tierra encima para que no se sepa qué ha ocurrido, y no estamos dispuesto a asumirlo, pero hay que tener la suficiente gallardía para ponerse enfrente y decir basta. Hasta aquí hemos llegado“, subrayó el parlamentario del PP, que defendió un informe de auditoría que calcule “el alcance de la deuda real”.

Amenazas

En un momento de su intervención en el debate, Leandro Esteban reprochó a Caballero que tuviera “mucha cara” para justificar determinadas cosas cuando es el que “amenaza” a “algunos medios diciendo que les va a retirar fondos que son de la Junta de Comunidades“. “Mafia“, le espetó, advirtiendo de que “si me obliga a dar nombres de medios, los daré”, acusando tanto al parlamentario socialista como “de paso” también al presidente regional, José María Barreda, “que consiente esas prácticas mafiosas“.

Caballero, en un turno posterior, apremió a Esteban a que “demuestre que yo amenazo a medios de comunicación” y a acudir a los juzgados, algo que –auguró– no va a hacer “porque son especialistas de acusar sin pruebas” y “tiene que ir al juzgado y presentar pruebas”.

“Si su señoría no reconoce lo que ha hecho con los medios, me voy a ver obligado a decir quién”, aclaró en respuesta el diputado del PP, al subir de nuevo a la tribuna, y señaló que uno de los medios “amenazados” ha sido la revista Ecos y, en concreto, su directora, Mar G. Illán. Caballero volvió a señalar que sin pruebas no se puede acusar e instó al PP o a la persona mencionada a ir a los tribunales ».

El Ayuntamiento de Toledo recalifica la hípica de Bono y le genera más de 17 millones de euros en plusvalías

Posted in Bono by Die Rote Kapelle on 9 junio 2010

Hay hombres encadenados a la calamidad. Bono es uno de ellos pues está visto que no puede evitar que Fortuna, imperatrix mundi, ampute sus pretensiones de alcanzar la presidencia del Gobierno de España, mediante un constante y sostenido diluvio de millones de Euros.

La última noticia apareció ayer en El Munto Televisión. El Ayuntamiento de Toledo, hoy presidido por Emiliano García Paje, criado a los pechos de Bono y del que éste ha dicho que es “como un hijo”, ha aprobado una ampliación del polígono industrial de Benquerencia, en Toledo, que absorbe los terrenos de Hípica Almenara. Esta recalificación proporcionará a Bono, según los precios manejados por la Empresa Regional del Suelo y la Vivienda, unas plusvalías no inferiores a 17.000.000 de €.

Es cierto que la iniciativa de la recalificación de suelos no ha partido de Emiliano García, sino que fue solicitada en 2004 por la Cámara de Comercio de Toledo, cuando al frente del Ayuntamiento de la ciudad se encontraba José Manuel Molina, militante del PP, pero eso no disminuye las dudas que se ciernen sobre la operación, sino que las acrecienta.

La Cámara de Comercio de Toledo está presidida por Fernando Jerez Alonso, propietario de numerosas empresas ―que, por cierto, están pisando peligrosamente, el borde de la quiebra― unido a Bono por una notoria y manifiesta amistad, tan notoria y manifiesta como la que une al propio Bono con José Manuel Molina.

Una de las ocasiones donde más a la vista ciencia y paciencia del público se hizo alarde de esta relación fue el 17 de octubre de 2009. Ese día, la hija de José Manuel Molina se casó en el monasterio de San Juan de los Reyes, sitio que iba a ser la tumba toledana de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Allí estaban Bono acompañado de su próspera esposa y de la nieta de Romanones; el destituido muñidor de la quiebra de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó; el propio Emiliano García Paje; el presidente de la Cámara de Comercio, Fernando Jerez Alonso; y como no podía ser de otra manera, también, Rafael Santamaría.

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La implicación de Fernando Jerez con empresas de la trama Gürtel

Pero, al margen de celebraciones, hay otro hecho más significativo. El 4 de enero de 2006, el diario Cinco Días titulaba: “Toledo asiste a un polémico concurso de 238 millones para la gestión del agua”. Horas antes de que el Ayuntamiento de Toledo hiciera pública cuál de las licitadoras había resultado adjudicataria de esa contrata, este periódico informaba que varios de los licitadores había elevado alegaciones al Ayuntamiento ante “la impresión” de que la concesión fuera a parar a la UTE formada por GRAVESA, propiedad de Fernando Jerez, y por FACSA.

Según esas alegaciones, las empresas que se preveían ganadoras carecían de la solvencia y experiencia exigidas por el pliego de condiciones y, además, su oferta presumía un crecimiento del consumo en la ciudad del 6% que, de no cumplirse, repercutiría el lucro cesante de la UTE Gravesa-Facsa, en el Ayuntamiento.

Ni que decir tiene que la concesión, con o sin alegaciones, recayó en esa misma Unión Temporal de Empresas y que la previsión del aumento de consumo ha resultado “erronea”, produciéndose, no su aumento, sino su descenso en un 0,1%.

Ahora se sabe que FACSA es una de las empresas valencianas directamente implicadas en la trama Gürtel. FACSA aparece entre los clientes de EASY CONCEPT y simultáneamente llegó a pagar a ORANGE MARKET hasta 200.000 € por conceptos que aún están por determinar. En sentido contrario FACSA facturó a la Generalitat valenciana más de 13 millones de €.

De modo que lo que tenemos aquí es una concesión del Ayuntamiento de Toledo presidido por José Manuel Molina, sospechosa desde antes de que se hiciera pública su resolución, que recae en una UTE formada por la empresa de un amigo personal del tal Molina, Fernando JerezGRAVESA― y por otra sociedad ―FACSA― que ha resultado estar implicada en la trama de corrupción y blanqueo de capitales de Francisco Correa.

También tenemos que José Bono, hasta el 2004 presidente de Castilla-La Mancha y aún hoy, presidente del PSOE de esa misma región ―a más de persona que mantiene estrecha relación tanto con José Manuel Molina como con Fernando Jerez― se beneficia de una recalificación, pedida a Molina por el mencionado Jerez; que le reportará, como mínimo, unas ganancias de no menos de 17 millones de Euros.

Y por si esto no fuera suficiente para empañar el escenario, como ya puse de manifiesto aquí y como ha subrayado el reportaje de El Munto Televisión, Fernando Jerez Alonso, también es uno de los patrocinadores, a través de su empresa CERATRES, de la hípica de Bono, la cual en lugar de denominarse Almenara, debería llamarse “Midas”, tan grandes y desorbitados son los beneficios que arroja.

Horas después de que se levantara el secreto del sumario del caso Gürtel, Jesús Gregorio Fernández Vaquero, tan hombre fuerte del bonismo toledano, como personaje incontinente en sus declaraciones, no se pudo contener y dijo que “ocho folios del sumario Gürtel se han escrito en Castilla-La Mancha”.

Alguien, más astuto y enterado que él, se debió apresurar a cerrarle la boca con una orden tajante porque esos ocho folios eran los relativos a FACSA y, por tanto, llevaban implícitos los nombres de José Manuel Molina, de Fernando Jerez Alonso y, por sindéresis, también el de José Bono.

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Algunos asistentes a la boda de la hija de José Manuel Molina, ex alcalde de Toledo

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Quiebra del aeropuerto de Ciudad Real ¿la consumación de un fiasco o un golpe bien planeado que ha salido mal?

Posted in Barreda, Díaz de Mera by Die Rote Kapelle on 2 junio 2010

Barreda junto a Díaz de Mera

Llamemos a las cosas por su nombre. El negocio del aeropuerto de Ciudad Real y el de su anexo inmobiliario: El Reino de Don Quijote, ha despedido desde sus inicios un vapor irrespirable, ha inducido a vehementes sospechas.

El Gobierno de Barreda declaró el proyecto “de singular interés” y desde sus inicios vertió en él importantes cantidades de fondos públicos, sin contar con la participación suicida de CCM, a las órdenes de Hernández Moltó.

La declaración de singular interés tuvo la virtud de facilitar y acelerar las expropiaciones de los terrenos, que se pagaron a 54 céntimos el secano y a 1 € y 20 céntimos el regadío; y de justificar las citadas inversiones públicas en el busisness o, mejor dicho, en favor de sus principales beneficiarios: Domingo Díaz de Mera y su sombra societaria, los hermanos Barco Fernández, vinateros venidos a la crianza de hormigones; Antonio Miguel Méndez Pozo, como ya he señalado aquí, un ex presidiario plenamente reinsertado en la sociedad, sobre todo en la de Castilla-La Mancha; el ahora quebrado Ramón Sanahuja; y el inevitable Aurelio González Villarejo, que igual que construye casitas de poliespam ―esto es real, no irónico― en Carranque, asfalta pistas de aterrizaje en las tierras de la Orden de Calatrava.

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Todos estos son hombres de manifiesta amistad con José Bono y con José María Barreda y digo que estos fueron los principales beneficiarios porque la operación se diseñó de la siguiente manera: CCM, por sí o a través de CCM CORPORACIÓN, participó directamente en el proyecto con un 36,43% del capital pero, además, financió la inversión de sus otros socios en una cuantía que según el informe emitido por el Banco de España tras la intervención de la Caja, llegó a los 204 Millones de € una vez descontadas las pérdidas por los deterioros de los activos.

A cambio, Díaz de Mera y los demás garantizaron esos créditos, no con activos tangibles o intangibles de su propiedad, sino con las acciones de la misma cosa financiada por la caja acreedora, es decir, que recibieron billetes de banco de curso legal y, a cambio, entregaron unas estampitas rotuladas como «acciones al portador» que bien podían haber sido impresas en la librería-papelería de la esquina.

De paso, estos importantes empresarios, «constructores áulicos de Castilla-La Mancha», ya que dominaban el consejo de administración de CR AEROPUERTOS y ya que eran expertos constructores, devinieron en contratistas y proveedores de sí mismos en el aeropuerto, de modo que la inversión cuyo dinero partió de las arcas de CCM fue dirigida, con un flujo constante de facturas, hacia las otras empresas de esos mismos consejeros, contratadas, por supuesto, al margen de cualesquiera garantías administrativas puesto que el aeropuerto de Ciudad Real era un negocio privado y al Derecho privado había que estarse. Tal fue el caso, como luego veremos, de la mercantil MONTREAL PROYECTOS Y REALIZACIONES SA, controlada por Domingo Díaz de Mera a través de RUTESO APLICACIONES.

No es posible concebir que Barreda o los otros pudieran creer, por muy esponjados que estuvieran en Moët & Chandon ese día, que un aeropuerto en medio del páramo ciudadrealeño, donde ni las abubillas demuestran interés por aterrizar, fuera un negocio; y como no lo creían ―posiblemente inspirándose en el gángster Bugsy Siegel, el hampón visionario que con el hotel Flamingo dio origen a lo que hoy son Las Vegas― unieron el destino del aeropuerto a un complejo de tugurios de lujo donde organizar timbas internacionales, de zonas residenciales, de parques de atracciones y del obsesivo y patético campo de golf, emblema del esnobismo de la década ominosa de la corrupción inmobiliaria española; cosa a la que llamaron «El Reino de Don Quijote».

La idea debía funcionar porque el apoyo político de Barreda estaba garantizado y el financiero, a través de Hernández Moltó, también parecía inagotable, pero si Bugsy Siegel cayó asesinado por orden de Lucky Luciano, Caja Castilla-La Mancha fue llevada a la quiebra por Hernández Moltó y sus generosos préstamos, no sólo hacia los socios del aeropuerto o hacia los propios consejeros de la Caja, sino también, por ejemplo, hacia otro hampón más castizo, pero no menos ambicioso: Juan Antonio Roca Nicolás, titular junto con alguno más de sus socios «malayos» de créditos ―que se sepa― por cuantía no inferior a los 200.000.000 de €.

Los intentos de Barreda por resucitar al difunto han sido tan desvergonzados como patéticos, incluida la modificación in privos lata de la LOTAU, hecha para que los amigos en apuros ―en atención a la importancia de su proyecto para la región, por supuesto― pudieran fragmentar los suelos expropiados a 54 céntimos el metro cuadrado y venderlos a 600; o también, el último intento de proveer a CR AEROPUERTOS con un aval de 140.000.000 de €, retirado del orden del día en el mismo Pleno de las cortes regionales del 27 de mayo de este año, donde estaba prevista su aprobación.

Esa decisión de Barreda sorprendió a propios y ajenos, sobre todo a los ajenos al Auto que tres días después ha evacuado el Juez Amalio de Juan Casero declarando el concurso necesario de acreedores de la mercantil CR AEROPUERTOS.

Sin embargo, la postura del presidente de Castilla-La Mancha no podía ser otra. No albergo dudas de que el día del Pleno Barreda tenía ciencia del contenido del mencionado Auto. Haber comprometido 140.000.000 de € en favor de Díaz de Mera y sus socios horas antes de que el beneficiario de ese aval fuera declarado en quiebra, con el Estado y el sistema financiero español no menos quebrado y días después de que Rodríguez Zapatero hiciera saltar por los aires, con su decreto de medidas de reducción del déficit, el Preámbulo y medio Título Primero de la Constitución; hubiera sido algo peligroso incluso para unos maestros de la impostura política como son el discípulo de Bono y sus consejeros.

Pero con la declaración de quiebra llegamos al punto más truculento de toda la turbia historia de ese aeropuerto, en el que sólo opera una línea aérea y eso por que ha sido convencida para ello mediante una subvención pública.

Dossier de prensa sobre el aeropuerto de Ciudad Real

La primera demanda de concurso de acreedores fue presentada por José Angel González Tausz, en nombre y representación de la mercantil MONTREAL PROYECTOS Y REALIZACIONES SA. No obstante, como he dicho, esa empresa está controlada mayoritariamente por Domingo Díaz de Mera a través de RUTESO APLICACIONES ―51% del capital social, frente al 49 % que tenía González Tausz― de forma y manera que, en realidad, el concurso lo reclamaba Díaz de Mera acreedor, contra Díaz de Mera deudor, pero sólo aparentemente, porque para esas fechas, CCM estaba intervenida y sumando a su participación en el capital, los créditos incobrables comprometidos en el aeropuerto, el único propietario de ese fiasco, era CCM, es decir, el Banco de España, es decir, la res publica española o, para entendernos aún mejor, los presupuestos del Estado que se nutren con los impuestos de los ciudadanos que no pueden constituir SICAVs, las cuales tributan por el capital eludido en ellas al 1 % y no al 24, 28 o 53 % como los mortales comunes que sólo hacen declaración de IRPF.

A fechas de presentación de la demanda de concurso, el aeropuerto adeudaba a Montreal unos 17 millones de €. Si el concurso prosperaba, Díaz de Mera cargaba, en su condición de socio del aeropuerto, no con pérdidas, sino con lucro cesante, pero a cambio obligaba a CCM-Banco de España, propietaria de facto del engendro aeroportuario, a seguir volcando billetes de curso legal en las fauces de ese perro ―me refiero a la empresa, no al empresario― de vientre dos veces insaciable.

Había, además, otra ventaja. Ante la situación de emergencia, Barreda tenía la oportunidad, como así ha sucedido o habría sucedido si los acontecimientos no se hubieran precipitado, de justificar la entrega de otra subvención multimillonaria; 140.000.000 de €.

También pudiera ser que González Tausz, harto de los enjuagues que han rodeado la vida del aeropuerto y en previsión de que la CCM intervenida no fuera tan dócil como lo había sido Hernández Moltó, no quisiera esperar más por la parte de esos 17 millones que le correspondía; sin embargo hay indicios que hacen que me incline más por la posibilidad de que estemos ante un plan al que sólo los imponderables han hecho fracasar, suponiendo que haya fracasado, cosa que habrá que ver aún.

Cuando González Tausz presentó la demanda de concurso, los socios mayoritarios de Montreal reaccionaron airadamente y denunciaron al citado por coacciones y por realización arbitraria del propio derecho, pero tal denuncia no podía ni puede prosperar, porque interponer una demanda no es coaccionar a nadie, sino ejercer un derecho; y porque el tipo incluido en el artículo 455 del Código Penal, el de la realización arbitraria del propio derecho, exige que se actúe «fuera de las vías legales» y demandar en los Tribunales no está fuera de las vías legales; y que, además, se emplee «violencia, intimidación o fuerza en las cosas» y no me imagino al Sr. Tausz intimidándose a sí mismo con un cuchillo cebollero o con una Walter 99, para obligarse a ir al Juzgado.

Como Díaz de Mera, no solamente tiene un hermano letrado de reconocido prestigio en Marbella, sino que se gasta sus buenos cuartos en picapleitos de trajes de alpaca y despachos en la milla de oro de Madrid, esto lo sabía y, por tanto, también sabía que estaba tirando con salvas.

Es cierto que RUTESO APLICACIONES, la sociedad de Díaz de Mera que controlaba MONTREAL, quitó la presidencia a González Tausz, socio minoritario, y lo sacó del consejo sin contemplaciones, pero no es menos cierto que, ya sin las «coacciones» del destituido y, por tanto, completamente en manos de Díaz de Mera, MONTREAL no desistió de su demanda.

También es verdad que el hombre propone y Dios dispone y que, en este caso, Dios a través de una de las entidades financieras de su Iglesia, Cajasur, a la que el aeropuerto adeuda unos 18 millones de €, dispuso por su cuenta, y la Caja andaluza ―ahora también intervenida― se sumó a la demanda de concurso, liando la madeja considerablemente.

Es lo que tienen los planes, aún los minuciosos, que siempre están sujetos a imponderables, en este caso al de Cajasur y al de la indecisión de Barreda que le ha hecho perder un tiempo precioso en la tramitación de los 140.000.000 de € que pretendía poner a disposición de los socios del aeropuerto.

Por otro lado, para acabar de nublar el escenario, a pesar de que la letrada que representaba al aeropuerto, se dedicó el día de la vista a lanzar airados ataques contra Cajasur y Montreal, dicha defensa no se planteó nunca en términos económicos.

La joven letrada contratada por Díaz de Mera para actuar contra sí mismo, alegó el apoyo político brindado al aeropuerto, pero de forma absurda, según el Auto del Juez Amalio de Juan, pretendió hacer valer la solvencia de la empresa sin presentar «prueba documental de la contabilidad oficial… No aporta ―dice el Juez― los libros contables cuya llevanza se impone imperativamente para todo empresario viniendo además a admitir tácitamente que con anterioridad al inicio de su actividad en diciembre de 2008 sus resultados eran negativos con pérdidas que ascienden a la cifra de 2.737.990 € en 2005, 9.204.209 € en 2006 y 1.785.449 € en 2007».

En fin, que algo huele a podrido en Castilla-La Mancha con mucha más intensidad que en Dinamarca, pero en lo que a esta región concierne, está visto que la Fiscalía Anticorrupción sigue fiel al principio de intervención mínima del Derecho penal, aunque se me antoja que lo suyo más parece fidelidad al principio de intervención nula.

Quiebra el aeropuerto de Ciudad Real

Posted in Barreda, Díaz de Mera by Die Rote Kapelle on 1 junio 2010

Barreda, el principal protector del negocio aeroportuario de Díaz de Mera, Méndez Pozo y Aurelio González Villarejo

Ciudad Real, 1 jun (EFE).-

Un juzgado de Ciudad Real ordenó hoy la suspensión de CR Aeropuertos S.L. en sus “facultades de administración y disposición sobre su patrimonio” y decretó el inicio de un concurso necesario de acreedores (antigua suspensión de pagos) por el impago de sus deudas.

Los actuales administradores del primer aeropuerto privado de España quedan sustituidos en su ejercicio por tres administradores concursales: un abogado, un auditor-economista y un acreedor que, en este último caso, es la Caja de Ahorros de Córdoba, CajaSur.

La decisión judicial ha sido adoptada por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, Amalio de Juan Casero.

La decisión judicial se ha conocido oficialmente en el mismo momento en que PSOE y PP celebraban una reunión a puerta cerrada en las Cortes regionales, en Toledo, para decidir sobre el futuro del aeropuerto, que atraviesa una grave crisis financiera.

El auto judicial decreta la “suspensión del deudor (CR Aeropuertos) en sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sustituido en su ejercicio por los administradores concursales”.

El concurso necesario de acreedores fue solicitado inicialmente por Montreal Montajes y Realizaciones S.A., a la que se sumó luego CajaSur, que declararon el “estado de insolvencia” de la sociedad propietaria del aeropuerto, CR Aeropuertos S.L., “al no poder cumplir regularmente sus obligaciones”.

Montreal Montajes reclama una deuda de 16,9 millones de euros que CR Aeropuertos se comprometió a abonar en dos pagarés “con vencimientos sucesivos y que a la postre no se entregaron”, dice el auto.

CajaSur se sumó a la demanda en marzo pasado, al reclamar una póliza de crédito vencida en cuenta corriente con fecha 1 de septiembre de 2009 por un saldo de 18,8 millones de euros, que fue reclamado “extrajudicialmente y no satisfecho”, según el auto del juez de lo Mercantil.

Los demandantes aportaron como prueba “deudas exigibles e impagadas” de otros acreedores “suficientemente significativas” para respaldar la petición de concurso necesario de acreedores.

En este sentido, el auto cita la deuda que CR Aeropuertos mantiene con Caja Castilla-La Mancha por un importe de 50,6 millones de euros y 33,9 millones de euros como consecuencia de la ejecución de avales por parte de Isolux Wat, S.A.-Sacyr S.A. U.T.E. y Credit Suisse Internacional, respectivamente.

Igualmente, la deuda que mantiene con Isolux Wat, S.A.-Sacyr S.A. U.T.E., que asciende a 20,7 millones de euros; el débito que presenta con Caixa Catalunya por importe de 2 millones de euros y los debitos reclamados por los acreedores Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid y Airon Consultores S.L.P. personados en el mismo procedimiento concursal que ascienden a 48.720 euros y 24.669 euros, respectivamente, dice el auto del juez.

Una de las empresas patrocinadoras que pagaron las obras del Pocero en la hípica de Bono está vinculada a la trama vasco-malaya

Posted in Bono by Die Rote Kapelle on 30 mayo 2010

Bono hablando con alguien

Mientras IU se niega a participar en los actos del día de Castilla-La Mancha, denunciando la impostura del plan de austeridad de Barreda y el fraude intolerable que supone la ley electoral de la región ―véase aquí la nota de Luís Ángel Aguilar Montero, coordinador de IU de Albacete― la situación de José Bono se está volviendo cada día más explosiva.

El pasado miércoles 19, La Gaceta confirmaba que una de las compañía patrocinadoras que pagaron las obras hechas por El Pocero en Hípica Almenara ―el próspero negocio de venta de publicidad que poseen los Bono― fue Hoteles Beatriz, precisamente la propietaria del Cigarral del Santo Angel Custodio, donde se celebró la boda de la hija de Bono.

El jueves siguiente, El País, en un artículo firmado por José María Irujo ―se puede descargar íntegro pulsando sobre la imagen― desveló gran parte del misterio que se viene arrastrando desde el 2004, cuando IU hizo público el vídeo de las máquinas de Francisco HernandoEl Pocero” trabajando en la hípica de Bono.

Seis años después de aquella denuncia y, sin duda, forzado por las informaciones que desde hace semanas estrechan el círculo en torno al predestinado calvinista de Salobre, Bono ha aceptado que aquellos trabajos, valorados por él mismo en 600.000 € corrieron a cargo de Hoteles Beatriz, Porcelanosa, Seguros Pelayo y en la parte restante, de la propia Hípica Almenara.

A modo de excusatio el presidente del Congreso y antes de Castilla-La Mancha, asegura que esos patrocinadores no los buscó él, «los buscó una empresa que se dedica a eso» pero se guarda de dar el nombre de la entidad que se «dedica a eso».

Por otro lado, en lo que parece un intento de desvincularse del Pocero, asegura que «estos patrocinadores pidieron autorización a la hípica y contrataron directamente las obras para colocar su publicidad» cosa que contradice la propia información del artículo en el que textualmente se lee: «Los contratos se firmaron entre la empresa de El Pocero y tres patrocinadores: Porcelanosa, Seguros Pelayo y Hoteles Beatriz. Un cuarto contrato se firmó con la propia hípica», lo cual quiere decir que si las demás empresas contrataron directamente con El Pocero, también, directamente, contrató con éste el propio Bono.

Por su lado, el Pocero o portavoces del Pocero, aseguran que hizo las obras «en el complejo de Bono porque se lo pidieron» aunque nos dejaba sin saber, todavía, quién se lo pidió; ignorancia a la que hay que añadir la de la identidad de todos los patrocinadores que le pagaron: «Un portavoz de ONDE 2000 ha declinado facilitar quiénes fueron los patrocinadores que les pagaron las obras».

Esa ignorancia ha durado poco y al día siguiente, viernes, La Gaceta volvió a desmentir a Bono citando a un portavoz de la constructora del Pocero: «fue la administración de Hípica Almenara la que llamó a nuestra empresa para averiguar si éramos capaces de llevar a cabo una serie de trabajos en su recinto».

Un mal día este viernes 21 de mayo para el próspero empresario seguidor de «La Etica Protestante y el Espíritu del Capitalismo», porque a eso se han añadido otras dos informaciones de hechos graves.

Según El Confidencial, «El Pocero presumió de haber regalado un Porsche de 80.000 € a la mujer de Bono» y aunque Paco Hernando ha desmentido tajantemente tal cosa, como no podía ser de otra manera, la Sra Bono sí se pasea por Olías del Rey y por otros sitios en un llamativo Porsche Cayenne. Pero es que, el mismo digital asegura que «fue el presidente del Congreso quien persiguió con ahínco la relación con Hernando ―El Pocero― para lo que pidió ayuda a otros empresarios, especialmente a Justino Pérez Rodríguez, director general de Beatriz Hoteles».

Teniendo en cuenta que esa noticia había sido precedida por otras dos según las cuales «el constructor Santamaría también regaló a Bono caballos para su hípica» y, a su vez «Bono compró un caballo con billetes de 500 € envueltos en periódicos», lo dicho por El Confidencial sobre el Porsche de la Sra. Bono plantea una curiosa situación.

Resulta que el consejero delegado de El Confidencial, José Antonio Sánchez, hombre estrechamente ligado a Zaplana, ―cuya amistad con Bono es tan íntima, si no más, como la que éste mantiene con Santamaría― a su vez tiene en Alfonso Sánchez a su más estrecho colaborador y da la casualidad de que este segundo Sánchez fue el predecesor de Urdaci junto al Pocero; de manera que, o entre estos caballeros ha llegado el momento de ajustar cuentas o el propio Paco Hernando está molesto porque quienes tanto le prometieron ahora dicen que no le conocen.

Pero como no hay dos sin tres, para acabar de picar el vino, Periodista Digital publicó el mismo 21 de mayo que «José Bono disfrutó de un crucero de lujo ―en el Queen Mary II― que pagó Porcelanosa», la cual como desveló El País, pechó con una buena porción de las obras del hipódromo de Bono.

Seguros Pelayo y la Trama Vasco-Malaya.

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Pero volvamos a la lista de contribuyentes destapada por El País. Aunque ésta no sea completa, entre ellos destaca llamativamente Seguros Pelayo. El día 17 de julio de 2006, El Confidencial publicó un artículo titulado «La trama vasca de Marbella está relacionada con el socio de Corulla tiroteado en Madrid». El titular se refería a Severino Martínez Izquierdo y en el artículo se leía lo siguiente:

«Se cierra el círculo. El abogado Severino Martínez Izquierdo, socio de Montserrat Corulla ―la presunta testaferro de Juan Antonio Roca― en la inmobiliaria El Ángel de Tepa, es consejero de la Mutua de Seguros Pelayo, que a su vez ha tenido relaciones mercantiles con uno de los socios de la trama vasca de empresarios que opera en algunas provincias andaluzas, Murcia y Madrid.

En concreto, el empresario Ignacio Lasa Georgas fue liquidador en 2002, junto al presidente de Pelayo, José Boada, de la sociedad inmobiliaria Mupelsa, creada por la aseguradora en 1999. Lasa Georgas ha sido apoderado de una sociedad ya disuelta denominada Promociones de Edificaciones Industriales, en la que también actuaban como presidente y vicepresidente, respectivamente, los empresarios Luis Maya Galarraga y Francisco Javier Arteche Tarascón, cuyos nombres aparecen en la famosa agenda del ex gerente del Ayuntamiento de Marbella.

Maya y Arteche son los administradores de las sociedades mercantiles Lubide e Inversan, además de la empresa Yeregui, que promueve al 50% (con la Kutxa de San Sebastián) el polémico proyecto urbanístico Lo Poyo, situado en tierras de Cartagena (Murcia). Lubide es la sociedad que pagaba las facturas de Masdevallia, cuya gerente era Monserrat Corulla, la presunta testaferro de Roca, que permanece internada en la prisión de Alhaurin (Málaga) tras la primera redada de la Operación Malaya».

Sobre quiénes son los Lasa Georgas, la noble plutocracia con la que se relacionan y las operaciones en las que aparecen implicados, ya he citado aquí dos artículos imprescindibles de Ciudadanos de Espartinas: La Nephila Vasca I y II. Además, y al hilo de la reciente imputación de Javier Arteche y de Luis Portillo en una derivada del caso Malaya, en el mismo blog se ha vuelto publicar más información vital sobre los socios vascos de Roca: «Malaya, Rossell, Portillo, Arteche y el Armario de la Trama Vasca». Remito, encarecidamente, a esos textos y los doy por reproducidos aquí.

No obstante, sí hay que subrayar que la Trama Vasca, a través de PROINSA (Promoción de Edificaciones Industriales, SA) está implicada en el caso del Hotel Senator de Marbella, el cual tras varias operaciones en las que intervinieron dos notarios imputados en las operaciones contra el blanqueo de capitales Hidalgo y Ballena Blanca, acabó en manos de Luis Portillo, factotum de la quiebra de Colonial y socio, en esta última hazaña y en algunas otras, de Aurelio González Villarejo, uno de los concesionarios PAU de veinte mil viviendas en Illescas (Toledo), y de los PAUs de Las Montanillas en Carranque, también Toledo, y el mismo que vendió a una de las sociedades de los Bono el chalet de la urbanización El Vergel de Bargas, en esa misma localidad toledana.

Tampoco hay que olvidar que Luis Portillo estaba igualmente asociado al «malayo» Enrique Ventero y a CCM en Los Alcázares (Murcia) cosa que sigue incidiendo en la vinculación, tanto de Portillo como de la CCM de Hernández Moltó, al entramado de la operación Malaya.

La Trama Vasca y el campo de golf de Layos (Toledo)

Publicidad de Iberdrola en la hípica de Bono

Como ya informé aquí hace algún tiempo, el arquitecto que firmó el proyecto del campo de golf de Carranque (Toledo) está asociado en el negocio del campo de golf de Layos ―LAYOS CASA CAMPO, SA― a Javier Arteche Tarascón y a Luis María Maya Galarraga, ambos hilos principales de la telaraña vasco-malaya.

Pese a lo suculento de la información, hasta la fecha ningún medio de comunicación ha fijado su mirada en este hecho. La razón parece evidente. Ese arquitecto es Miguel de Oriol e Icaza, consejero de la mercantil LAYOS CASA CAMPO, presidida por su padre, Miguel de Oriol e Ybarra, primo de Lucas María de Oriol y López Montenegro, hombre que hasta su reciente jubilación ha presidido el consejo de IBERDROLA, propiedad desde antaño de la familia Oriol.

Iberdrola es una de las compañías que mayor presencia tienen en las vallas publicitarias de la hípica de Bono y, por lo tanto, una de las que más han debido de contribuir a la insólita prosperidad de ese negocio, pero además la mercantil LAYOS CASA CAMPO, es decir, el negocio inmobiliario de Miguel de Oriol y de Javier Arteche, no deja de estar directamente vinculado con las élites del bonismo manchego, especialmente a través de Juan Ignacio de Mesa Ruiz, ex alcalde de Toledo y hombre de CCM que en julio de 2004 fue nombrado presidente del Club de Layos y encargado de las relaciones entre los socios del campo de golf y la empresa de Oriol; y de Julio Rodríguez Arauzo, ex delegado provincial en Toledo de la Consejería de Obras Públicas del gobierno manchego y que después de pasar por la constructora COPCISA, reapareció en el centro de los negocios toledanos de la Trama Vasca como apoderado de LC RES, como apoderado de LAS ERAS DE LAYOS y como apoderado de LAYOS CASA CAMPO.

Por otro lado, hay que recordar que Iberdrola también es la empresa que, en su filial IBERDROLA INMOBILIARIA (APEX 2000) tiene o tenía como apoderados a Giovanni Piero Montaldo y a Rafael Santamaría Trigo, y que si este último se ha mostrado extravagantemente generoso con Bono, que se regala en no poca medida con el dinero de Santamaría y de sus empresas; el primero ha aparecido de lleno en el caso Seseña.

Giovanni Piero Montaldo, que consta en los archivos policiales como miembro de la mafia calabresa (‘Ndrangheta) no sólo pagó 700.000 € al ex alcalde de Seseña José Luis Martín, no se sabe por qué, ni por cuenta de quién; sino que una de las sociedades controlada o participada por él: PONTE TRESA, comparte contable con el tinglado mercantil creado por ese mismo José Luis Martín.

El nombre de esa sociedad tiene su importancia. Ponte Tresa es una localidad situada en la frontera italo-suiza cercana a Varese y a unos 100 Km en línea recta de Pinerolo, cuna de Giovanni Piero Montaldo. En esta zona de Lombardía ―veáse ‘Ndrangheta, de Francesco Forgione― opera la ‘ndrina de los Ferrazo, originaria de Mesoraca (Crotone) a la cual una sentencia del Juzgado Penal de Catanzaro de 24 de marzo de 2004, define como «Sociedad de la ‘Ndrangheta calabresa, compuesta por gran número de afiliados y con sede en Mesoraca; suele interferir en las obras públicas que se llevan a cabo en las zonas limítrofes y posee ramificaciones dedicadas al crimen (atracos, tráfico de armas y de droga) en Lombardía y Lavena Ponte Tresa, así como en otros municipios de la frontera italo-suiza y en la propia Suiza».

Miguel de Oriol e Ybarra, Carlos Falcó Fernández de Córdoba, la fundación Metrópoli y la piovra vasco-malaya.

Constanza Vergara Jaakkola y Vicente Estebaranz Parra

La sección vasca del caso Malaya no está, ni mucho menos, falta de cobertura institucional y política cuando actúa en Castilla-La Mancha. Vamos a ver algunas de esas vías de infiltración.

El 12 de junio del 2009, El Mundo publicaba un artículo sobre cierto proyecto con el que se pretendía ajardinar la Gran Vía de Madrid y construir debajo unas 3.000 plazas de aparcamiento que se querían vender a unos 6.000 € la unidad. La idea estaba promovida, sine pecunia, por Miguel de Oriol e Ybarra y por «algunos amigos» como Carlos Falcó Fernández de Córdoba, marqués de Griñón; el periodista ―o lo que sea― Alfredo Amestoy o el músico Atón García Abril.

Carlos Falcó no solamente cría vinos con la ayuda del capital de CCM. También se sienta en el consejo de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN junto a Petra Mateos Aparicio, Ignacio de Mesa Ruiz, Cristian Abelló Gamazo, Manuel Sánchez Pingarrón ―hermano de Julián, el actual Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha―, José Luis Rodríguez Holgado, el del campo de golf de Carranque, etc. etc. Bien, pues retengamos el apellido Falcó, porque vamos a dar comienzo a un recorrido circular fatigoso pero interesante.

Como ya ha señalado Ciudadanos de Espartianas, en la Avda de la Libertad, 17, 4º de San Sebastián estuvo domiciliada la mercantil YEREGUI DESARROLLOS, uno de los cados de la trama vasco-malaya, que además tenía registrado a su nombre el piso de la C/ Goya, nº 59, 4º B, según el Auto de procesamiento de la Operación Malaya, la guarida madrileña de Juan Antonio Roca. En ese mismo número 17, 4º de la Avda de la Libertad de San Sebastián, también tuvieron su domicilio CIALT ASESORES ―antes ALT NORTE― y ASMOA ZERO.

La mercantil CIALT tuvo como administrador a Jesús Jiménez Oruña que ahora la sigue presidiendo pero a través de persona jurídica interpuesta: IGARA CONSULTING SL, en la que, por cierto, hasta el 8 de junio del 2004 figuraba, con cargo de apoderado, José Victor Arrizabalaga Goñi, una pieza reiterada en la telaraña empresarial vasco-malaya. Así, por ejemplo, el tal Arrizabalaga aparece en los consejos de LAYOS CASA CAMPO, LC RES, CIALT ASESORES, LA MARINA DE PROINSA, BURNIBERRI, YEREGUI SIGLO XXI, OBARINSA, PROINSA DESARROLLO SIGLO XXI o LAS ERAS DE LAYOS.

Pero volviendo a Jiménez Oruña, hay que subrayar que además de estar implicado en el caso «Víctor Bravo», figuraba como administrador único de PROMONAGÜELES junto a los testaferros de Roca, los hermanos Sánchez Dalp, cosa que alimenta los indicios de que la enmarañada organización de Arteche y los otros está sólidamente anudada a la de Roca, aunque lo que debería decirse es que Roca es uno de los hilos de esa trama, porque lo pequeño, por definición, sólo puede estar incluido en lo grande.

Por su parte, ASMOA ZERO ―no olvidemos que compartía domicilio con YEREGUI DESARROLLOS y con CIALT ASESORES― pertenece a un viejo conocido de Notitia Criminis: Alfonso Vegara Gómez, socio de Petra Mateos en Aranjuez y patrono junto a su mujer, Ana Celia Gorroño Arrizabalaga ―diputada del PNV por Vizcaya hasta 1986― de la Fundación Metrópoli.

En esa fundación, junto a Alfonso Vegara y a Ana Gorroño, encontramos otro nombre de interés: Vicente Estebaranz Parra. El 27 de Enero del 2009 el diario expansión publicó que este último y Constanza Vergara Jaakkola habían sido nombrados socios del bufete de José Pedro Pérez-Llorca.

Constanza Vergara casó el 24 de mayo del 2003 con Luis Carvajal Hoyos, hijo Jaime Carvajal y Urquijo, marqués de Isasi y presidente del consejo del Banco Urquijo, otro de cuyos hijos, Jaime Carvajal Hoyos está casado, a su vez, con Alejandra Falcó y Girod, hija de Carlos Falcó y Fernández de Córdoba, marqués de Griñón, administrador de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN y presente en los consejos de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, participada por el gobierno de Barreda y por CCM y presidida por Petra Mateos; TRANVÍA DE PARLA, dos de cuyos directivos fueron detenidos durante la operación Malaya; ISOLUX, condimento de todas las salsas en Aranjuez; EL REINO DE DON QUIJOTE, anexo inmobiliario del aeropuerto de Ciudad Real y con participación de todos los empresarios áulicos de la corte de Barreda: Domingo Díaz de Mera, Aurelio González Villarejo y Antonio Miguel Méndez Pozo; o de INMOBILIARIA PARQUESOL.

En el caso de PARQUESOL hay que detenerse. Uno de sus consejeros es José María Irisarri Núñez, el cual comparte vocalía en la fundación CODESPA con Antonio Camuñas Baena y con Manuel Pinto Martelo, pieza clave de los casos Forum y Afinsa a través de GRUPO UNIDO DE PROYECTOS Y OPERACIONES, a su vez relacionado con el prófugo Carlos Llorca, uno de los más turbios y siniestros personajes de las tramas de corrupción españolas.

Al ocuparme aquí de las vinculaciones entre la constructora PEYBER, concesionaria del PAU del campo de golf de Carranque, y la familia Amézaga-Travesedo, ya puse de manifiesto las relaciones entre los hermanos Adrián y Alfonso de la Joya Ruiz de Velasco, por un lado, y Eduardo Eraso Campuzano, blanqueador de la trama Gürtel; y la familia Camuñas, por otro; pero para lo que ahora interesa, repetiré que si en CODESPA aparecen Antonio Camuñas Baena junto a Manuel Pinto Martelo; en la fundación ANTONIO CAMUÑAS, cuyo presidente es Antonio Camuñas Solís, nos encontramos a José Mª Aguirre González y a Miguel de Oriol e Ybarra, ambos vocales de la fundación. ¿Extrañará en estas circunstancias que uno de los patrocinadores de la fundación Camuñas sea REYAL-URBIS cuyo presidente, Rafael Santamaría, cultiva con tanta largueza la amistad de Bono?

Inmobiliaria RIOFISA, el punto de encuentro entre la piovra vasco-malaya, Luis Portillo, la fundación Metrópoli y el caso Pretoria

Eduardo Aznar Berruezo

Pero volvamos a la fundación Metrópoli, en donde paran Alfonso Vegara y Vicente Estebaranz Parra, el nexo con Constanza Vergara Jaakkola y los Falcó y Fernández de Córdoba.

En Murcia hay una vasta finca a la que la Kutxa, Roca y Arteche y sus socios han hecho famosa: La Zerrichera. En ese proyecto ―construcción de 3.000 viviendas, hotel de lujo y el ineludible campo de golf― participaba la Kutxa, los vasco-malayos, la promotora C-15, Mogran Stanley y RIOFISA.

En julio del 2006 RIOFISA, presidida por Mario Losantos Ucha, lanzó una oferta pública de acciones y como consejeros entonces de la constructora nos encontramos entre otros a Eduardo Aznar Berruezo, representado a PROCAM, la inmobiliaria de Caixa Catalunya que todavía preside el ex ministro de defensa Nacis Serra, y a Alfonso Vegara Gómez. Finalmente RIOFISA acabó en manos ―parece que el destino nos condena a encontrarnos continuamente con los mismos― de Luis Portillo, que la compró a través de COLONIAL.

Sin embargo, ahora lo importante es que a través de Eduardo Aznar Berruezo y Caixa Catalunya toda esta madeja va a dar en el centro del caso Pretoria, sin olvidarnos del caso Terres Cavades, el mayor escándalo de corrupción de la provincia de Tarragona hasta la fecha.

El 4 de noviembre del 2009, El Mundo publicó la siguiente noticia: «Caixa Catalunya pagó 1.5 millones de comisión a Prenafeta, Alavedra y “Luigi”», es decir, a los tres principales imputados del caso Pretoria.

Esa comisión, que se repartieron los citados Prenafeta, Alavedra y Luis García Sáez “Luigi”, era el 5% del precio de venta de la mercantil BADALONA BUILDING WATERFRONT, vendida por Caja Navarra en representación de la cual figuraba Francisco Pretrus Labayen, uno de los hermanos Pretrus que han dado nombre a la operación anticorrupción y que ya estuvo imputado en el caso BBV PRIVANZA. Cuando esa venta se consumó, en el consejo de la citada BADALONA etc. aparecieron Lluís Casamitjana, otro de los detenidos durante la operación Pretoria, y Eduardo Aznar Berruezo.

No es necesario recordar que Arteche Tarascón y sus socios también estuvieron implicados en el caso BBV PRIVANZA. Para los detalles sobre esto, nuevamente, hay que remitir a Ciudadanos de Espartinas: «Los Tentáculos de la Trama Vasca I».

Recapitulando

Carlos Falcó Fernández de Córdoba

Hemos partido de la presencia de SEGUROS PELAYO como patrocinador de la hípica de Bono, donde pagó parte de las obras que el Pocero hizo allí y hemos visto la que aseguradora estuvo estrechamente asociada a la llamada trama vasco-malaya a través de Javier Arteche Tarascón, de Luis María Maya Gallarraga y del fideicomisario del «malayo» Pedro Román, Severino Martínez Izquierdo.

Por otra parte, sabemos que la piovra de Arteche y sus demás socios ha arraigado en Toledo cobijada bajo la influyente sombra de Miguel de Oriol e Ybarra; de un ex delegado de urbanismo del gobierno manchego: Julio Rodríguez Arauzo; y de uno de los consejeros de CCM CORPORACIÓN: Carlos Falcó y Fernández de Córdoba.

Otra de las vías de infiltración de la Trama Vasca en el tejido político e institucional toledano ha sido la fundación Metrópoli, de Alfonso Vegara Gómez. En esa fundación está Vicente Estebaranz Parra que, a su vez, es socio en el bufete de José Pedro Pérez-Llorca, de Constanza Vergara Jaakkola, cuñada de la hija del citado Carlos Falcó, el cual es uno de los consejeros de INMOBILIARIA PARQUESOL.

Partiendo de PARQUESOL, los hilos de José María Irisarri Núñez y de las fundaciones CODESPA y ANTONIO CAMUÑAS, en la que volvemos a encontrar a Miguel de Oriol y a Rafael Santamaría, conducen hasta el caso Fórum, hasta Carlos Llorca y hasta el caso de La Zerrichera (Murcia) y con La Zerrichera el círculo se cierra a la par que se encadena con otra de las tramas de corrupción más importantes descubiertas hasta la fecha: El caso Pretoria.

En el negocio de La Zerrichera participaron la Kutxa, la Trama Vasca y también la inmobiliaria RIOFISA, que acabó en manos de Luis Portillo, ahora imputado junto a Javier Arteche en uno de los apéndices del caso Malaya.

Finalmente, desde RIOFISA, a través de Eduardo Aznar Berruezo y de Caixa Catalunya, presidida por Narcis Serra, vamos a meternos, de hoz y coz, en el centro de la trama del caso Pretoria, descubierto a partir de las investigaciones iniciadas en el caso BBV PRIVANZA, en el que también apareció implicada la flor y nata de la trama vasco-malaya.

Inquietante ¿no?.

Bono utilizó a la secretaria pagada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como administradora de sus empresas privadas

Posted in Bono by Die Rote Kapelle on 17 mayo 2010

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El nombre de Alicia Cilleruelo Berdon, secretaria asignada por el Gobierno manchego a José Bono en tanto que ex presidente de la región, ya ha salido a relucir últimamente, sin embargo, lo que parece que ha pasado desapercibido es que esta secretaria, además de cumplir con sus obligaciones de funcionaria pública adscrita a la condición institucional de Bono y pagada con los presupuestos de la Comunidad de Castilla-La Mancha, también ha sido utilizada por éste para administrar sus lucrativos negocios familiares.

De hecho, la presencia de la funcionaria Alicia Cilleruelo consta en los consejos de administración de las siguientes empresas de los Bono:

Hípica Almenara: Su nombramiento como administradora solidaria junto a Ramón Navas Barchino, chófer del de Salobre cuando éste presidía Castilla-La Mancha, está registrado el 20 de diciembre de 2007 y su cese en el cargo se produjo el 18 de mayo de 2009.

Attack-84: En esta empresa, a nombre de la cual los Bono han puesto el chalet construido y vendido por Aurelio González Villarejo –amigo de la familia– en Bargas (Toledo), Alicia Cilleruelo aparece como administradora desde el 12 de noviembre de 2008 hasta el 4 de septiembre de 2009.

Atalaya-52: En esta otra mercantil de los Bono dedicada, según el objeto social declarado, a la “elaboración, publicación y comercialización de trabajos literarios, colaboración con radio, televisión y prensa escrita en todas sus modalidades”, y que ahora tiene como administrador único a un hombre tan manifiestamente entendido en tales materias como es el ex chófer Ramón Navas Barchino; la secretaria institucional de Bono tuvo el cargo de administradora desde el 31 de marzo de 2008 y el 18 de mayo de 2009.

Pero además de lo anterior y puesto que la señorita Cilleruelo ostenta su condición de funcionaria en tanto que cargo de confianza de José Bono –tan de confianza que en las elecciones municipales de 2003 estaba incluida como suplente en la lista del PSOE de Palomeque (Toledo)– está obligada a presentar declaraciones de bienes, rentas y actividades conforme a la ley 6/94 de Castilla-La Mancha.

Debido a eso, el 7 de noviembre de 2004 el Diario Oficial de la Comunidad publicó la citada declaración correspondiente al ejercicio 2003. En ella, Alicia Cilleruelo afirmó cobrar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como “secretaria de ex presidente”, un total neto de 27.175 € (4.521.539 de Pts.).

A partir de 2004, Bono abandonó la presidencia regional para ocupar la titularidad del Ministerio de Defensa pero Alicia Cilleruelo Berdon continuó desempeñando el cargo público de secretaria de aquél y cobrando a costa de los presupuestos de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, en cumplimiento de la obligación legal que le afecta, también continuó presentando las oportunas declaraciones de bienes, rentas y actividades.

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Así, en la publicada en el D.O.C.M de 11 de octubre de 2008, relativa al ejercicio 2007, la “secretaria del ex presidente” declaró, como única fuente de ingresos, una retribución de 30.466 € pagados por la Junta de Comunidades.

Sorprendentemente, a pesar de que desde el 20 de diciembre de 2007 consta como administradora de Hípica Almenara, el apartado de “Declaración de Actividades”, está en blanco. No obstante, teniendo en cuenta que a esas fechas sólo faltaban diez días para que concluyera el año 2007, podría considerarse que la omisión del cargo desempeñado en la empresa hípica de Bono carece de relevancia y que, muy bien, la señorita Cilleruelo podría haber cumplimentado el impreso antes de tener noticia de su nombramiento como administradora de Hípica Almenara.

Sin embargo, en la declaración que presentó en 2009, correspondiente al ejercicio 2008 y publicada en el D.O.C.M de 21 de noviembre del mismo año, la secretaria del ex presidente vuelve a incluir, como única retribución neta, 33.118 € –casi tres mil € más que en el año anterior– que le paga la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero también vuelve a dejar completamente en blanco el apartado de “Declaración de Actividades”, a pesar de que durante ese año había ocupado cargos en los órganos de administración de Hípica Almenara, Attack-84 y Atalaya-52, todas ellas sociedades de la familia Bono.

No queda aquí la cosa. La señorita Cilleruelo no sólo omitió declarar su actividad en las empresas privadas de los Bono, sino también, la retribución que, muy probablemente, obtuvo de esta actividad porque al menos durante el ejercicio 2008 Hípica Almenara sí pagó a los miembros de su órgano de administración.

Concretamente, en la “Memoria Abreviada” de esa mercantil constan como “importes recibidos por el órgano de administración”, en el apartado “sueldos, dietas y otras remuneraciones”, un total de 22.521.19 € sobre lo que, además, se especifica que “La remuneración consiste en percepciones salariales por motivos laborales. El cargo de administrador no se encuentra retribuido”.

Queda ahora por determinar si la secretaria del ex presidente Bono, además de compatibilizar su función pública con su actividad gestora de los intereses privados de la familia Bono, también utilizaba para ello los bienes inmuebles y muebles que la Junta de Comunidades tiene asignados a José Bono en Olías del Rey, en el recinto de la academia de policía municipal, donde se sitúa la oficina del próspero ex presidente.

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Público: “Bono niega trato de favor en la permuta de Estepona. El constructor Rafael Santamaría le dio dos áticos de lujo a cambio de un piso de 25 años”

Posted in Bono by Die Rote Kapelle on 11 mayo 2010

La ahora quebrada CCM, patrocinando la hípica de Bono en 2008

“El presidente del Congreso, José Bono, admite que su familia acumula un patrimonio inmobiliario superior a 6,5 millones de euros, pero subraya que el origen del dinero “está perfectamente acreditado”.

Así comienza el artículo del Diario Público aparecido hoy y firmado por Manuel Rico y Alicia Gutiérrez. Contando exclusivamente lo declarado por Bono a El Mundo, a El País y a Público, esta sería la tercera versión que el de Salobre da sobre su patrimonio, el cual, en cada una de ellas ha ido aumentando.

Pongamos dos ejemplos. En el Mundo, las “fuentes cercanas a bono” –pero que según “fuentes cercanas” a ese periódico, no eran otras que el propio Bono– afirmaron que la familia tenía un ático en Estepona y la intención de comprar un apartamento en Campello. Semanas después, cuando la información publicada ya había contradicho tales declaraciones, El País, que sí cita a Bono y no a las “fuentes cercanas”, acepta que los apartamentos de Estepona son dos y que el apartamento del Campello ya estaba comprado.

Sea como sea, Bono asegura haberse “desnudado” como ningún otro político lo ha hecho hasta ahora. Falso. Bono no ha hecho tal cosa, no se ha “desnudado”, le han “desnudado”, muy a su pesar a juzgar por la desgana y retraso con el que se ha visto obligado a ir reconociendo públicamente ser propietario de lo que es propietario, él o su familia, que viene a ser lo mismo.

Asegura haber aclarado nítidamente el origen de su patrimonio, pero eso tampoco es cierto. Bono ha situado el origen de ese patrimonio en las ganancias asombrosas de dos sociedades y en un contrato no menos asombroso que la firma Tous ha suscrito con su señora esposa. Nadie ha visto esas facturas. Nadie ha visto el contrato entre Tous y Ana Rodríguez Mosquera. Nadie, salvo los protagonistas, claro está, conoce cuanto y por qué le han pagado los patrocinadores de Hípica Almenara, entre los que está –al menos ocasionalmente– la quebrada Caja Castilla-La Mancha, cuando estaba presidida por su íntimo Hernández Moltó. Lo que sí hemos podido ver son los documentos que acreditan los abultados regalos recibidos de manos del constructor Rafael Santamaría, con unos cuantos millones de metros cuadrados recalificados en Castilla-La Mancha; y lo que también se sabe es que, si asombrosas son las ganancias de las empresas de Bono, no menos asombrosas son las bicocas que encuentra a la hora de comprar inmuebles. El piso de la calle San Justo de Madrid, por poner un ejemplo, le costó, según él dice, 450.000 €, la mitad siendo generosos con él, de lo que las estadísticas oficiales marcan para el precio de la vivienda en esa zona.

Sin embargo, si algo de lo dicho por Bono sume en la más paralizante perplejidad, es su convencida afirmación de que la permuta del piso de Mirasierra por los dos áticos de Estepona no le favoreció. Al respecto, léase el artículo aparecido hoy en Público y júzguese, si es que la devotio ibérica lo permite:

A. G. / M. R. MADRID 11/05/2010 06:00 Actualizado: 11/05/2010 06:12

Una parte significativa de las operaciones inmobiliarias de la familia Bono se ha canalizado a través de tres sociedades: Hípica Almenara, Ahorros Familiares Saja y Attack 84, esta última creada en 2008 por los hermanos José y Ana Bono. Apenas constituirse, Attack compró el chalet adquirido en Bargas (Toledo) para José Bono hijo, quien a su vez trabaja como encargado de Hípica Almenara. Esta empresa, que en 2008 anotó 316.100 euros de beneficio neto, no ha repartido nunca dividendos. Ahorros Familiares Saja los distribuyó (456.000 euros) en 2008 por primera vez.

Almenara es la propietaria de los valiosos terrenos de la explotación equina. Y, también, del nuevo apartamento comprado por la familia en El Campello (Alicante). Pero es Saja, gestora de las franquicias de Tous obtenidas por Ana Rodríguez, la gran protagonista de una operación clave: la adquisición, mediante permuta con la inmobiliaria Reyal, de dos áticos localizados en una urbanización de lujo de Estepona (Málaga). El intercambio se produjo en julio de 2006, tres meses después de que Bono cesara como ministro de Defensa. Los Bono se hicieron con los áticos permutándolos por un piso de más de 25 años situado en la colonia madrileña de Mirasierra. La permuta de productos finales constituye una figura extraña en el mercado inmobiliario, máxime en tiempos de bonanza, como lo era todavía 2006.

Otras tasaciones en el mismo complejo difieren bastante de la de Bono

La propietaria de los áticos era la empresa inmobiliaria Reyal, propiedad de Rafael Santamaría, amigo de Bono y cuya esposa amadrinó a la benjamina de la familia, Sofía. A efectos de permuta, el piso de Mirasierra y su correspondiente plaza de garaje se valoraron en 925.000 euros. El piso tiene 137 metros cuadrados , se ubica en un edificio de viviendas y fue aportado en 2004 a Ahorros Familiares Saja por el matrimonio Bono.

Para la permuta, Reyal aplicó la misma valoración, 925.000 euros, a los dos áticos, cuya superficie techada suma 267 metros cuadrados y que otorgan a su propietario el uso y disfrute exclusivo de los siguientes bienes: dos plazas de garaje de 26 y 28 metros, dos azoteas-solarium de 32 y 146 metros y otras tres terrazas de 20, 71 y 2,6 metros.

Tasación en la escritura

Cedió en 2006 un crédito a su hija Ana por importe de 342.000 euros

Bono afirma que la tasación de los dos lotes sujetos a intercambio se incorporó a la escritura de permuta y niega cualquier trato de favor. La comparación con los precios de otros inmuebles de la zona es, sin embargo, llamativa. Reyal valoró en 395.900 euros el ático de menor tamaño (114 metros de superficie techada). Una nota registral recabada por Público confirma que otro ático de idénticas dimensiones (114 metros de superficie techada) y encuadrado en el mismo complejo, Las Náyades, se valoró en 566.864 euros cuando su propietario lo hipotecó en diciembre de 2005.

Sin bienes en común

Hasta el año 2006, Ahorros Familiares Saja ostentó la titularidad de todos los bienes adquiridos por José Bono y Ana Rodríguez (salvo los que él heredó a la muerte de sus padres). El 14 de abril de 2004, pocos días antes de que Bono jurase como ministro de Defensa, el matrimonio pasó a estar en régimen de separación de bienes. Y dos años más tarde, en febrero de 2006, la pareja decidió repartirse los bienes para no tener ninguno en común. Para ello, Saja reestructuró su accionariado, del que salió Bono.

A cambio de las acciones de la empresa, el entonces ministro de Defensa recuperó para sí la propiedad exclusiva de la casa de Olías (Toledo) y se hizo acreedor de Saja, que pasó a adeudarle 342.000 euros. Bono cedió el crédito a su hija Ana. Y, en febrero de 2009, Saja liquidó con ella la deuda entregándole la propiedad de un piso en Toledo y de otro en Madrid.

En cifras: Un salto espectacular a partir de 2003

2,7 millones Declaraciones a hacienda

Los ingresos totales declarados a Hacienda por José Bono y Ana Rodríguez, entre 1983 y 2008, ascienden a 2,7 millones de euros. Pero en los últimos cinco años se multiplicaron de forma significativa, especialmente porque Ana Rodríguez empieza a ingresar sueldos de seis cifras gracias a la gestión de las tiendas de Tous. Con el cambio de milenio, los Bono también pusieron en marcha sus dos empresas, montadas en 2001 y 2004.

2,5 millones Empresas muy rentables

Las dos sociedades de los Bono, Hípica Almenara y Ahorros Familiares Saja, han generado importantes ganancias. Ambas tuvieron pérdidas moderadas en su primer ejercicio, pero desde entonces acumulan más de 2,5 millones de euros en beneficios. Eso sí, han sido muy prudentes a la hora de repartir dividendos. Únicamente Saja, en 2008, entregó a sus accionistas algo más de 450.000 euros.

2,2 millones Carga hipotecaria

Los Bono tienen deudas hipotecarias que superan los dos millones de euros. Una pesada carga que les obliga a pagar miles de euros en intereses mensuales.

El “entorno de Bono” admite las dádivas de Santamaría y la información de Público y la Gaceta

Posted in Bono by Die Rote Kapelle on 5 mayo 2010

Pulsar sobre la imagen para descargar el editorial de Público

Mientras ayer, Gaspar Llamazares, como persona que tiene la maleta hecha hace tiempo, se situaba de lleno bajo la sombra de Bono; Cayo Lara, Coordinador Federal de Izquierda Unida, declaró que éste tiene que dar “las explicaciones suficientes” sobre su patrimonio porque, a su juicio, uno como el de Bono no se consigue “únicamente con salarios”. Por su parte, Manuel Rico, subdirector de Público, exige hoy que Bono de explicaciones y se deje de “poesía”.

No es para menos. Patético está empezando ya a resultar el affaire Bono. También ayer este hombre, se ve que después de recuperar el resuello tras el artículo de Público, abordó a los periodistas en el Congreso para decirles: “no sé por qué van contra mí… Tengo 60 años. Mi patrimonio político es la honradez y el económico, lo sabe todo el mundo”. Previamente, en entrevista dada a El Mundo el 18 de abril de este año, Bono aseguró que su patrimonio era el siguiente:

Bono: «Es cierto y se lo repito: tengo la casa en la que nací y 2,5 hectáreas, herencia de mis padres; la casa en la que vivo y 80 participaciones en la sociedad hípica»

Entrevistador: «Y qué propiedades raíces tiene la hípica»

Bono: «17 hectáreas en Toledo y un apartamento de 75 m2 en Alicante. No le dé más vueltas. Vivo con Ana, tengo separación absoluta de bienes, y ella tiene su propia empresa de la que yo no formo parte…».

En esa entrevista Bono, que como he dicho, aparenta tener hechos de bolo, pero no lo es, omitió hablar de las propiedades de su mujer e hijos y de las empresas controladas por ellos, escudándose en el velo societario para no mentir, pues es cierto que el resto del patrimonio familiar, conocido hasta la fecha, está escriturado a nombre de sociedades, de los hijos o de la esposa.

También evitó explicar porqué había asegurado que tenía intención de comprar el apartamento de Alicante, cuando tal apartamento ya era de su propiedad. Tampoco explicó por qué las “fuentes cercanas” que informaron a El Mundo sobre la documentación que aquel aportó a la Fiscalía, hablaron de “un apartamento en Estepona”, cuando el Registro de la Propiedad acredita que son dos y no uno. Tampoco se le ocurrió advertir que su amigo Rafael Santamaría le había hecho, a él o a su familia, sustanciosos regalos para la decoración de sus casas y, por supuesto, no dio ningún dato sobre la naturaleza de la permuta o de los bienes permutados cuando su familia adquirió los dos áticos de Estepona.

Bono no mentía en esa entrevista a El Mundo porque, acogiéndose a la disolución formal de la sociedad conyugal de gananciales, a la personalidad jurídica de las empresas familiares y a la física de sus hijos, ciertamente lo que estaba escriturado a su nombre era lo que él decía, al margen de que pueda o no surgir algún que otro ático, finca, local, cortijo o garaje que no conste en los Registros por estar estipulada su compraventa en contrato privado y no en escritura pública.

No obstante, la estrategia del de Salobre la ha desbaratado Público. Mientras en Shanghai, Bono andaba con la agudeza de las avispas y los frutos, en Madrid se valoraba, prudentemente a la baja, el patrimonio de los Bono en mil millones de Pts. acumulado, en su mayor parte, entre 2004 y 2010; se confirmaba, por la propia “decoradora” que el amigo Rafael Santamaría había corrido con los gastos de la decoración de la casa de Salobre y de las habitaciones de la de Olías; y se hacía público que la familia Bono había cambiado a ese mismo Santamaría dos áticos de lujo en Estepona, por una vivienda en una zona media de Madrid, con una antigüedad de 25 años y, además, con inquilino incluido.

Hoy, otra vez, “fuentes cercanas al entorno de Bono” –que no el propio Bonohan recurrido a El Mundo para dar respuesta a lo que ya empieza a no necesitar ninguna explicación más. Según este diario, dichas “fuentes”, aseguran que “el presidente del Congreso nunca ha ordenado ni facilitado adjudicaciones a Reyal-Urbis”. “Sí admite el entorno de Bono varios de los obsequios que le hizo Santamaría, pero, según la versión de estas fuentes, siempre respondieron exclusivamente a la amistad que les une y, en ningún caso a cambio de contratos con la Junta de Castilla-La Mancha”. “Reconocen que el constructor pagó la decoración de la habitación de la hija de Bono en su casa en Olías del Rey (Toledo), pero señalan que lo hizo porque la esposa de Santamaría es la madrina de la niña”.

Continúa “el entorno de Bono” por boca de El Mundo, diciendo que “igualmente, el entorno del presidente del Congreso admite que Santamaría le envió mobiliario para decorar la casa de Bono en Salobre, pero asegura que los muebles nunca llegaron a utilizarse. A Bono le gustaron, pero a su mujer, Ana Rodríguez, no, así que los devolvieron”

No es esto todo. El campanazo llega con las explicaciones que “el entorno de Bono” da sobre la permuta de los áticos de Estepona, que ya se admite que son dos y no uno: “En cuanto a la permuta de un piso en Madrid por dos áticos en Estepona que supuestamente valían casi el doble, las fuentes consultadas aseguran que lo adquirido en la localidad malagueña tienen un valor mucho menor, porque la mayoría de las viviendas de la promoción fueron vendidas finalmente a precios irrisorios”.

Admito que esta última simpleza del “entorno de Bono” supone una explicación contundente, definitiva y que cierra todas las dudas que puedan existir sobre los motivos por los que REYAL-URBIS se encuentra en estos momentos intervenida de facto por los bancos acreedores, tras renegociar a la desesperada una deuda de más de 4.580 Millones de Euros, para entendernos, bastante más de setecientos mil millones de Pesetas, algo demasiado próximo al millón de millones.

No obstante, vamos prosperando. Ya parece que “el entorno de Bono” no pone en duda que Rafael Santamaría mantiene con el ex presidente de Castilla-La Mancha una estrechísima amistad; que Bono y su familia reciben generosas dádivas de ese Santamaría; que sí eran dos y no uno, los áticos permutados en Estepona; y que tras esa permuta, que según documentación registral es de duros por pesetas, no hay nada sospechoso porque los apartamentos de “Las Náyades” acabaron sufriendo posteriormente el fiasco del gremio inmobiliario.

Me temo que el atento lector, a estas alturas, estará pensando que “el entorno de Bono”, no solamente tiene hechos de bolo, sino que lo es y que por tales nos toma a los demás.

Diario Público: Los Bono acumulan un patrimonio inmobiliario de mil millones de pesetas

Posted in Bono by Die Rote Kapelle on 2 mayo 2010

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El diario Público ha salido hoy con un excelente y quirúrgico artículo sobre el patrimonio de la familia Bono. Según se deduce de esa información, José Bono y su familia inmediata acumulan bienes inmuebles valorados en no menos de 6.000.000 de €, unos mil millones de Pts.

El artículo no entra en polémicas sobre la valoración de lo descubierto hasta ahora, es más, no sólo lo calcula a la baja, sino que incluso acepta que la vivienda de la C/ San Justo de Madrid, cercana al Palacio Real, haya valido 450.000 €, como ha declarado Bono, si bien advierte lo evidente: “salvo que el inmueble esté destrozado, es imposible comprar en esa zona a dicho precio. Según el portal inmobiliario Idealista, el metro cuadrado en el centro de Madrid cuesta 4.090 €”, lo que teniendo en cuenta que esa vivienda tiene 160 m2 de cabida, arrojaría un más que prudente predio de 662.580 €.

Pero la importancia de la información aparecida hoy en Público no radica en esto, que ya había sido desvelado en gran parte por La Gaceta, sino en los datos que el diario destapa sobre nuevos inmuebles descubiertos en manos de las hijas mayores de Bono, Ana y Amelia; y sobre la permuta con REYAL-URBIS que permitió a la mercantil AHORROS FAMILIARES SAJA, administrada por Ana Rodríguez Mosquera, la esposa de Bono, hacerse con la propiedad de dos áticos de lujo en Estepona.

Amelia Bono Rodríguez escrituró en 2005 a su nombre una vivienda de “130 m2 más azotea de uso propio de 34 m2 y dos plazas de garaje” en la lujosa urbanización Montepardo de Madrid. Cuando la hija de Bono registró esa propiedad tenía 24 años. Al año siguiente, su hermana Ana, también escrituró al suyo otro piso en Madrid y en 2009 esta misma Ana Bono liquidó acciones de la mercantil SAJA y a cambio recibió una nueva vivienda, contigua a la anterior, más plaza de garaje, que la empresa SAJA valoró en 171.399 € (28.517.879 Pts).

En definitiva y según toda la información publicada hasta el momento, la acumulación patrimonial de los Bono se aceleró a partir del año 2000 disparándose exponencialmente, ya sin recato, a partir del año 2004, cuando Bono abandonó la presidencia de Castilla-La Mancha para ocupar el ministerio de Defensa.

Pero, como he dicho, el dato más inquietante de los aparecidos hoy, y de consecuencias jurídicas y personales para los Bono difíciles de predecir, es el de la permuta realizada con REYAL-URBIS, propiedad del amigo de la familia, Rafael Santamaría.

Público titula el epígrafe sobre este hecho como “sorprendente operación”. Es cierto, la operación es tan sorprendente como sospechosa:

“La operación inmobiliaria más inusual realizada por los Bono se cerró en julio de 2006. ese mes, la promotora Reyal, de Rafael Santamaría, un empresario muy ligado a Castilla-La Mancha y amigo personal de Bono, y la sociedad AHORROS FAMILIARES SAJA acordaron una permuta inmobiliaria. De acuerdo con los datos de la escritura, a la que ha tenido acceso Público, Saja recibió dos áticos de lujo de nueva construcción en el municipio costero de Estepona (Málaga), cuya superficie techada suma 267 m2 y que Reyal valoró en 925.000 €. A cambio, la sociedad patrimonial de la familia Bono entregó a Reyal un piso de 136 m2 localizado en la madrileña colonia de Mirasierra y por el que el matrimonio Bono había pagado 35.000 € en 1982.

El piso de Mirasierra, una zona de clase media alta en el norte de la capital madrileña, tiene plaza de garaje. Los áticos de Estepona, levantados en la urbanización Las Náyades, a 150 m de la playa, dan a sus propietarios el derecho al uso y disfrute exclusivo de los siguientes bienes y equipamientos: dos plazas de garaje de 26 y 28 m2; dos azoteas solarium de 32 y 146 m2; y otras tres terrazas e 20, 71 y 2,6 m2. Entre los elementos comunes de la urbanización figuran piscinas, club social y gimnasio con sauna.

A efectos de la permuta, y sin tener en cuenta el garaje, el piso de Mirasierra se valoró en 6.343 €/m2 . El precio medio del metro cuadrado en Mirasierra, en el segundo trimestre de 2006, era de 4.131 €/m2, según la tasadora Tasamadrid.

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La permuta está rodeada de incógnitas. Las promotoras difícilmente acuden a esa fórmula, sobre todo en época de boom inmobiliario. Además, no estaba aquí en juego el cambio de unos terrenos por otros, sino el de dos áticos de nueva construcción por un piso de segunda mano, con 25 años de antigüedad y situado en un bloque de viviendas” que además tenía un contrato de arrendamiento, el cual aún sigue en vigor.

La permuta, sin duda, es inverosímil y sospechosa, no sólo porque Estepona, en el 2006 estuviera gobernada por el detenido y amigo personal de Bono, Antonio Barrientos, que ya sabemos que daba un trato excepcional a Ana Rodríguez Mosquera, cargando –el Ayuntamiento o Valle Romano, una de las sociedades del “malayo” Javier Arteche Tarascóncon las clases de golf que ésta recibía en la ciudad malagueña; sino porque el insólito intercambio –ruinoso para REYAL-URBIS, si en el negocio jurídico no hay estipulaciones secretas– se celebra con una mercantil propiedad de la Familia de José Bono, que no sólo es el ex presidente de la región en el que la constructora de Santamaría tiene intereses multimillonarios, sino que sigue presidiendo el partido Socialista en Castilla-La Mancha, es decir, que en modo alguno carece de poder e influencia en el palacio de Fuensalida, sede del gobierno manchego.

Pero, hablando de los amigos de Bono. Hoy se ha conocido la noticia de la imputación de Javier Arteche Tarascón, de Luis Portillo y de los hijos del difunto Jesús Gil, a causa de una operación de compra de créditos del Ayuntamiento de Marbella en la que, según la Agencia Tributaria, se habrían blanqueado más de 6.000.000 de €.

No hay que recordar que en la maniobra de abordaje lanzada por Luis Portillo sobre INMOBILIARIA COLONIAL, luego conducida por éste y sus hombres a la quiebra, tuvo un papel fundamental el constructor toledano –que no conquense– Aurelio González Villarejo, también amigo personal de Bono y Barreda y constructor de la urbanización El Vergel de Bargas, en la que recientemente el hijo jinete de Bono ha adquirido uno de los chalets que el propio González Villarejo anuncia al precio de 300.000 €.

Sobre esta noticia, una vez más, es imprescindible leer con atención los siguientes artículos publicados por Ciudadanos de Espartinas:

Malaya, Rossell, Portillo, Arteche y el Armario de la Trama Vasca

Los tentáculos de la Trama Vasca (I)

Los tentáculos de la Trama Vasca (II)

La nephila vasca (I)

Reyal-Urbis también pagó a Bono la decoración de la casa de Salobre

Posted in Bono by Die Rote Kapelle on 29 abril 2010

Días antes —si es que no fue la misma víspera— de que apareciera la noticia del piso del millón de Euros que Bono regaló a su hijo en la C/ San Justo de Madrid, TVE le dedicaba un programa de la serie “Volver Con…” al presidente del Congreso. En ese reportaje Bono mostró su casa de Salobre, pero no toda. Sólo el patio y un sótano en el que guardaba algunas enternecedoras reliquias.

La información de hoy explica esa precaución aunque su causa no fuera el temor a que se desvelaran los albaranes y facturas con la firma de Rafael Santamaría que acreditan que una empresa propiedad de REYAL-URBIS cargó con los gastos de la decoración de la casa paterna de Bono.

No parece muy probable que el avisado político y empresario temiera, entonces, que esos papeles salieran a la luz pública. Se me antoja que el cuidado en no hacer alarde de los lujos de la familia, tenía más que ver con el hábito político de velar la realidad pública con el simulacro vano de lo risueño, lo memo y lo simple.

Sea como sea, las facturas han aparecido y no sé que resulta más preocupante de ellas, si el indicio de cohecho que conllevan o el desparpajo con el que el millonario Bono acepta la dádiva.

“Todo está claro”, ha contestado Bono cuando un periodista le ha preguntado por el asunto de su copioso catálogo de inmuebles y lo cierto es que puede que pocas veces el ex presidente de Castilla-la Mancha haya sido más sincero.

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Reyal-Urbis paga la decoración de la casa de Bono

Posted in Bono, Uncategorized by Die Rote Kapelle on 25 abril 2010

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La estrecha relación entre Rafael Santamaría y José Bono está empezando a despedir un fumus malus iuris muy preocupante… para Bono. Hoy La Gaceta publica que una de las sociedades de Rafael Santamaría se hizo cargo de las facturas de la decoración de varias habitaciones de la “Casa de Olías” por excelencia, es decir, de la casa de Bono en Olías del Rey (Toledo).

La cuantía de la dádiva —que significa “cosa que se da gratuitamente” por contraposición a “acometer con dádiva” que quiere decir “intentar o pretender cohecho o soborno”— en total 1.276.000 Pts., no justifica la fortuna de la familia Bono, pero delata una promiscuidad patrimonial que junto a la presencia de Ana Rodríguez Bono en el consejo de administración de REYAL-URBIS, puesto que abandonó precipitadamente cuando su padre aceptó volver a la política; los dos apartamentos de Estepona; la construcción de la “Casa de Olías” al fiado, al menos en parte; o la cercanía de empresas del grupo Reyal en el asunto del piso de la C/ San Justo; son cosas que ponen valor monetario a la estrecha amistad entre Santamaría y Bono, la cual tiene otra cara en los negocios inmobiliarios emprendidos por ese mismo Santamaría en Castilla-La Mancha, el más evidente de ellos, el otro engendro —el primero es el del Pocero en Seseña— inmobiliario de la región: Ciudad Valdeluz.

¿Por qué le paga Santamaría a Bono los gastos de decoración de su casa? ¿Por qué Bono acepta la dádiva con tanta desenvoltura? ¿Por qué se falsea el concepto de la factura y se escribe en ella “decoración piso piloto”? ¿No tiene Bono para pagar unos cuantos cojines de corazón y unas cuantas litografías con los conejitos de Beatrix Porter? ¿Por qué un “contable” estrechamente ligado a Santamaría —Fernando Montalvo Llanos— actúa como administrador de las empresas de Bono? ¿Pagó Bono su estancia o sus estancias en el hotel de Santamaría en Baqueira? ¿Utiliza otros inmuebles propiedad de Santamaría, gratia et amore, para su recreo y el de su familia? ¿Qué pintaba la veinteañera Ana Bono Rodríguez en el consejo de administración de un gigante inmobiliario como Reyal-Urbis? ¿Por qué tanta prisa en abandonarlo cuando su padre aceptó volver a la política? ¿Tuvieron los apartamentos de Estepona un precio de amigo? ¿Quién está pagando las reformas de la casa de la C/ San Justo y la estancia de los albañiles en Madrid? ¿Cuántas dádivas más tiene Bono que agradecer al amigo Santamaría? ¿Cómo ha correspondido Bono a tanta largueza y liberalidad si es que no tiene por hábito comer, vivir y regalarse a costa ajena?

Estas cuestiones son escabrosas, pero las hay aún más urgentes. Sabemos que Rafael Santamaría consta en el consejo de APEX 2000 como apoderado, la misma entidad en la que también estaba con el mismo cargo Giovanni Piero Montaldo quien, según informes de la UDYCO, pasa por ser el representante de la mafia calabresa en España.

Sabemos, también, que ese Giovanni Piero Montaldo pagó al ex alcalde de Seseña 700.000 € en las fechas en las que se aprobaba el PAU del Pocero, manifiestamente apoyado por el gobierno, primero de Bono y después de Barreda; y estamos enterados de que Rafael Santamaría y José Luis Sanz Arribas, el abogado y socio del Pocero, tenían negocios juntos durante el periodo que cubría la aprobación del PAU de Seseña, y que además les vinculaban con el escándalo de Terra Mítica, asunto que, por cierto, salpicó de lleno a Eduardo Zaplana, otro de los íntimos de Bono.

Por consiguiente, no está de más esta otra pregunta: ¿Ha tenido algo que ver APEX 2000 en los hechos de Seseña que investiga el Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas?

Hoy, La Gaceta, aseguraba que un ejecutivo de Génova —es decir, de la sede del PP en Madrid— ha recibido por vía de tres “mensajeros” distintos un inquietante aviso: “A nadie, tampoco a vosotros, conviene remover nada”.

Falso. Es posible que al PP no le convenga “remover nada”, es seguro que a Bono no le conviene. Hasta es posible —aunque lo dudo mucho— que tampoco le convenga al PSOE, pero a quienes sí nos conviene es a los ciudadanos, que no somos ni vasallos, ni siervos, sino que somos tanto como Bono y todos juntos más que Bono.

Textos relacionados:

Un hombre de Rafael Santamaría, dueño de Reyal-Urbis, administra los negocios de los Bono

Bono y su familia también tienen viviendas en Estepona por un valor cercano al millón de euros

Rafael Santamaría, dueño de Reyal-Urbis e íntimo de Bono: en una empresa junto al “mafioso” Montaldo y en otra junto a Sanz Arribas, abogado del Pocero

El letrado José Luis Sanz Arribas, el Pocero, el peluquero de Aznar y Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis.



¿Qué hacía Hernández Moltó comiendo con el periodista Raúl Heras?

Posted in CCM, Hernández Moltó, José Bono by Die Rote Kapelle on 23 abril 2010

Raúl Heras

El pasado día 21 del presente mes y año Juan Pedro Hernández Moltó tuvo una larga comida —duró hasta cerca de las cinco menos veinte de la tarde— con un afamado periodista: Raúl Heras. Dicha comida se celebró en el “Café Hispano” un local que pretende, declaradamente, ser remedo del Rick’s Cafe de Casablanca y situado en el 78 del Pº de la Castellana de Madrid, al lado del monumento a la Constitución y a tiro de piedra del Hotel Intercontinental, al que se ve que Moltó tiene cierta querencia.

La reunión entre Moltó y el periodista Raúl Heras no deja de tener relevancia. Parece harto dudoso que el artífice de la quiebra de CCM estuviera dando entrevista alguna y menos cuando se conoce que la Fiscalía Anticorrupción está investigando las operaciones sospechosas de CCM, entre las que seguro que está el crédito de 30 Millones de € concedido, sobre un terreno de Bargas (Toledo) al “malayo” Pedro Román Zurdo y renovado por dos veces, la última días antes de la intervención de la Caja.

Por otro lado, esa comida tiene lugar en los días en que hemos conocido datos que acreditan el meteórico enriquecimiento de José Bono y su familia, y también en los días en los que el presidente del Congreso y su entorno, han movilizado cuantos poderes, influencias y conocimientos les asisten para silenciar tal información.

Prueba de ello son los cualificados defensores que han acudido en ayuda de Bono: Luis María Ansón; Juan Costa, el hermano de Ricardo Costa que tanto ha tenido que ver con la trama valenciana del caso Gürtel; José Manuel Molina ex alcalde del PP de Toledo que dio la concesión de la gestión del agua de esa ciudad a una UTE formada por FACSA, también enredada en trama Gürtel, y GRAVESA, sociedad de Fernando Jeréz Alonso, presidente de la Cámara de Comercio de Toledo y hombre situado en la órbita de Barreda; o el propio Alberto Ruiz Gallardón sobre quien, muy a su pesar, sigue pendiendo la sombra de su relación con Montserrat Corulla, la testaferro de Roca.

Finalmente, y teniendo en cuenta este contexto, hay que recordar que el periodista Raúl Heras Planel fue llamado a declarar como testigo en relación con el caso Gürtel ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y no sin motivo, puesto que diversos documentos y declaraciones que obran en el sumario del citado caso, revelan que la trama de Francisco Correa anotó en su contabilidad la entrega de, al menos, un “sobre” al citado Raúl Heras con 15.000 € en su interior.

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Un hombre de Rafael Santamaría, dueño de Reyal-Urbis, administra los negocios de los Bono

Posted in Bono by Die Rote Kapelle on 20 abril 2010

Fernando Montalvo Llanos, administrador de varias de las empresas de los Bono

Juan Luis Galiacho desvela hoy en el Extraconfidencial un dato fundamental para el esclarecimiento de lo que está pasando con José Bono y el hipertrofiado patrimonio del que disfrutan él y su familia. Al margen de que el actual administrador de Hípica Almera, Ramón Navas Barchino, fuera en su día el chófer asignado a Bono por la Junta de Cominidades de Castilla-La Mancha, uno de los nombres que más habitualmente aparecen entre los administradores del holding empresarial de los Bono, es Fernando Montalvo Llanos, un personaje del que hasta ahora se sabía poco o nada.

Según Galiacho, este “administrador” es una persona inmediatamente vinculada a los negocios de Rafael Santamaría Trigo, presidente de REYAL-URBIS, el mismo que construyó, al fiado, la casa que Bono tiene en Olías del Rey, en Toledo; el mismo que promovió la urbanización las Náyades, donde los Bono tienen dos áticos; y el mismo que se sentó en el consejo de administración de Reyal-Urbis junto a la joven hija de Bono, la cual accedió a ese puesto, aún no se sabe por qué o en representación de quién, si es que no fue en representación de su propio paquete de acciones.

Pero de los datos que destapa hoy el Extraconfidencial, hay uno que llama vehementemente la atención. Una de las principales actividades del mencionado Fernando Montalvo Llanos es el negocio geriátrico, es decir, el de los asilos para ancianos.

Teniendo en cuenta las pocas —o ninguna— veces que Alejandro Pompa, alcalde bonista de Carranque (Toledo) da puntadas sin hilo y recordando su grotesca pretensión de instalar una residencia de ancianos junto al cementerio municipal, habrá que estar muy atentos a quién es el que está detrás de la ocurrencia del luctuoso asilo con tanatorio y cementerio incorporado.

En cualquier caso, por su evidente relevancia, incluyo íntegro, el artículo de Galiacho:

Fernando J. Montalvo Llanos ha sido administrador de varias sociedades de la familia Bono-Rodríguez y realiza las gestiones de liquidación tras la compra-venta de la mayoría de los pisos en Madrid de Reyal Urbis

Montalvo Llanos está hoy en día vinculado a todo tipo de negocios geriátricos y los viajes de la tercera edad han siempre sido uno de los principales propósitos de José Bono

La segunda hija del presidente del Congreso, Ana, trabajó en la asesoría jurídica y figuró como apoderada de Reyal Urbis.

La relación de Reyal Urbis, la inmobiliaria de Rafael Santamaría, con el hoy presidente del Congreso de los Diputados, José Bono Martínez, es muy estrecha. Desde pasar año nuevo en el lujoso Hotel de su cadena Rafael Hoteles en Baqueira Beret, construir su chalet en Olías del Rey, colaborar en el Centro Hípico de Toledo, permutarle los dos áticos en Estepona, mantener alojados en su Hotel Rafael Pirámides a los trabajadores que realizan la rehabilitación de su nuevo piso en el Madrid de los Austrias o nombrar a Ana Bono Rodríguez apoderada de la inmobiliaria con tan sólo 25 años (aunque por tan sólo tres semanas), ahora extraconfidencial.com desvela que Fernando J. Montalvo Llanos, administrador de varias de las empresas de la familia Bono (Hípica La Almenara y Saja Ahorros Familiares), es también quien a través de su empresa Gestoría Montalvo realiza “obligatoriamente” las gestiones de liquidación tras la compra-venta de la mayoría de los pisos en Madrid de Reyal-Urbis.

La sociedad Gestoría Montalvo ya ha sido reclamada en diferentes ocasiones por “alargar” la devolución de provisiones para pagos de impuestos y liquidación de gastos de compraventa de los pisos de Reyal Urbis. Por ejemplo, en el caso de una promoción de Madrid, de tan sólo 121 vecinos, llegó a tener más de dos años inmovilizados más de 110.000 euros para liquidar el incremento del valor de los terrenos al Ayuntamiento de Madrid, coste que además por Ley debería haber pagado la inmobiliaria, pero que Reyal Urbis cargó a sus compradores pasando la gestión a Montalvo, que también cobró de éstos por realizar este trámite.

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Vinculaciones íntimas con Gestoría Montalvo

Fernando Navas Barchino, antes chófer de Bono y ahora administrador de su hípica

La Gestoría Montalvo además de ser pieza fundamental en el engranaje de la constructora de Santamaría, está muy vinculada con la familia Bono. Así, en su empresa Ahorros Familiares SAJA SL, con domicilio en el madrileño Barrio de Salamanca, en la calle del Conde de Peñalver, número 47, aparece como administrador, junto a Ana Rodríguez Mosquera, Francisco García Herrera, que a su vez figura como presidente en ese mismo domicilio de otra empresa denominada Gestoría Montalvo II SL, dedicada a los “servicios de gestión administrativa”. Pero la principal coincidencia es que el anterior administrador de esta sociedad inmobiliaria de los Bono, Francisco Javier Montalvo Llanos, también ha sido administrador único en otro de los grandes negocios de la familia del conocido político socialista: el Centro Hípico de Toledo, que regenta la sociedad mercantil Hípica La Almenara SL, de la que han sido consejeros la esposa y los hijos del ex ministro de Defensa.

Entre las muchas sociedades vinculadas a Francisco Javier Montalvo aparecen: MJK Asesoría Geriátrica S.L., Red de Residencias de Mayores S.L., Centro de Mayores Murcia-Abanilla S.L., Edad Dorada 1 S.L., Confort Señor Residencial S.L., Confortedade S.L., Consultoría Europea de Gestión y Estudios de Residencias de Mayores S.L, etc.

Por su parte, Reyal Urbis, la empresa de Rafael Santamaría, consiguió que el Gobierno de Bono en Castilla-La Mancha, aprobara la construcción de Ciudad Valdeluz en Yebes, Guadalajara, una “ciudad” de 9.500 viviendas que un principio iba a alojar a 35.000 personas en un pueblo que no llegaba a los 400 habitantes, por el sólo hecho de conocer que la estación del AVE en Guadalajara se iba a situar en este término municipal. Actualmente, la ciudad está deshabitada, con gran parte de los servicios mínimos sin cubrir y donde muchas de las viviendas han sido permutadas por deudas el constructor Santamaría con el Grupo Santander. No hace tantos años que la inmobiliaria de Rafael Santamaría, entonces sólo Reyal, presentó su proyecto estrella en La Mancha de Bono, región en la que durante 21 años ininterrumpidos ha sido su presidente y único mandamás.

Hoy, el panorama de Valdeluz es el de una ciudad semidesierta, similar a la de otro viejo amigo de José Bono, el constructor Francisco Hernando, más conocido como Paco El Pocero, y su macro ciudad en Seseña (Toledo), con una imagen desalentadora y de difícil venta y cuyo plan de actuación urbanística, “El Quiñón”, también fue aprobado durante el Gobierno de José Bono en Castilla-La Mancha. No hay que olvidar que Francisco Hernando y su constructora Onde 2000 realizaron las obras de mejora y acondicionamiento del Hipódromo que la familia Bono tiene a las afueras de Toledo y valoradas en unos 600.000 euros.

En el consejo de administración de la inmobiliaria Reyal Urbis figuran o han figurado también nombres muy bien relacionados: desde el ex-alcalde de Madrid y presidente de IFEMA, José María Álvarez del Manzano, al ex ministro de Economía, Miguel Boyer, o el primo del Rey Juan Carlos, Carlos de Borbón Dos Sicilias y Borbón-Parma.

Juan Luis Galiacho

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Continúa el goteo de nuevas propiedades de los Bono y aparece en escena Antonio Miguel Méndez Pozo

Posted in Bono by Die Rote Kapelle on 18 abril 2010

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No sólo no han dejado de aparecer nuevos inmuebles puestos a nombre de unos u otros de los miembros de la familia de José Bono o de sus sociedades, sino que los hechos y las “explicaciones” que sobre ellos se están filtrando —ya sea por el propio Bono o por su entorno— no despejan, sino que acrecientan las sospechas.

Según lo publicado por El Mundo, el ex presidente de Castilla-La Mancha, ex ministro de Defensa y ahora Presidente de la Cámara Baja, tenía intención de comprar una vivienda en Campello (Alicante) pero ha resultado que tal afirmación era falsa, porque como informa otra vez La Gaceta, esa vivienda, cuyo precio según la publicación asciende a 360.000 €, ya estaba comprada a través de la mercantil Hípica Almenara.

No es posible afirmar si la falsedad en cuestión hay que atribuírsela a El Mundo o a Bono, pues los datos parten de una filtración sin autor conocido y un jesuítico trapisonda siempre podría decir que los datos aportados a la Fiscalía eran correctos y los publicados por El Mundo, erróneos o falsos, pero como Bono podría haberlo desmentido y no lo ha hecho y como, además, podría acallar cualquier duda entregando a la prensa copia de los papeles llevados a la Fiscalía, y tampoco lo ha hecho, habrá que aceptar que Bono, en esa documentación, ha faltado intencionadamente a la verdad.

Es más, en la oportuna entrevista que hoy domingo 18 de abril de 2010, Bono ha concedido a El Mundo, el astuto político dice lo siguiente:

Bono: «Es cierto y se lo repito: tengo la casa en la que nací y 2,5 hectáreas, herencia de mis padres; la casa en la que vivo y 80 participaciones en la sociedad hípica»

Entrevistador: «Y qué propiedades raíces tiene la hípica»

Bono: «17 hectáreas en Toledo y un apartamento de 75 m2 en Alicante. No le dé más vueltas. Vivo con Ana, tengo separación absoluta de bienes, y ella tiene su propia empresa de la que yo no formo parte…».

Aquí, Bono, debería haber añadido: «tengo argumentos de bolo, pero no lo soy». El enriquecimiento familiar ya es innegable, sea con separación de bienes o sin ella, con sociedades interpuestas o sin ellas. La argucia formal de la disolución de la sociedad conyugal de gananciales y la consiguiente separación de bienes, no elimina el hecho evidente de que los intereses económicos de la familia continúan indisolublemente unidos. Siguen tan unidos que el propio Bono no espera que la treta sea bastante y por eso, también dice haber aportado datos del patrimonio e ingresos de su señora esposa, Ana Rodríguez Mosquera.

En definitiva, que eso de poner los bienes a nombre de esposas, hijos o sociedades mercantiles, es un formalismo demasiado elemental e insostenible tras la consolidación de la doctrina jurídica del “levantamiento del velo”.

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Aparece Antonio Miguel Méndez Pozo

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Sin embargo, más importantes que las protestas de honradez de Bono, son ciertos datos que fácilmente pueden pasar desapercibidos en la noticia sobre la nueva vivienda de Campello. Uno de los promotores de la urbanización en la que está la vivienda de Campello es CONSTRUCCIONES MORENO Y ROLDAN y se da la circunstancia, a estas alturas nada sorprendente, de que esa constructora está asociada a PROMECAL en la urbanización de La Losilla, en Chinchilla (Albacete).

La mercantil PROMECAL tiene como vicepresidente a Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo que además de haber ingresado en prisión condenado por el “caso de la construcción de Burgos”, mantiene intereses multimillonarios en Castilla-La Mancha y deudas, igualmente multimillonarias, con la quebrada CCM. El 80% de PROMECAL pertenece a la sociedad RIO DE LOS AUSINES SL, también propiedad de Antonio Miguel Méndez Pozo y administrada por el hijo de éste.

El 10 de noviembre de 2006, El Confidencial publicaba una noticia titulada “La Junta de Castilla-La Mancha respalda un ‘minialbacete’ con chalés sin agua potable”. En ese artículo se decía lo siguiente:

«La Losilla carece aún del visto bueno de la Conferencia Hidrográfica del Júcar para determinar el suministro de agua y tiene en contra a varios municipios colindantes. Sin embargo, cuenta con el total respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Prueba de ello son las apariciones de Alejandro Gil, consejero de Urbanismo y Vivienda, junto a los promotores para presentar el proyecto.

Quien ostenta la promoción de los 1,2 millones de metros cuadrados de secarral donde se levantará La Losilla es una UTE (Unión Temporal del Empresas) donde Antonio Méndez Pozo, presidente del grupo mediático Promecal y muy cercano al ex presidente de la Junta José Bono, participa con un 25% junto a Moreno y Roldán, SL, promotor y constructor destacado en Albacete. En el grupo de Méndez Pozo apuntaron a este diario que “mantienen muy buenas relaciones” con los propietarios de esta empresa».

Además de que Alejandro Gil tiene un papel muy destacado en el caso de la urbanización de El Pocero en Seseña, que tan de cerca ha tocado a Bono, el de La Losilla guarda más similitudes con el aberrante PAU del Quiñón.

Igual que en Seseña, Izquierda Unida denunció el caso; igual que en Seseña, la Comisión Provincial de Urbanismo consideró inviable la aprobación de la urbanización sin informe favorable y vinculante del organismo competente, que garantizara el suministro de agua potable; e igual que en Seseña, el alcalde y los concejales de obediencia bonista que gobernaban el Ayuntamiento, ignoraron tal exigencia legal y aprobaron la urbanización de Méndez Pozo y Construcciones Moreno y Roldán.

Por el contrario, a diferencia de lo ocurrido en Seseña, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número de 2 de Albacete ha anulado el plan de reparcelación aprobado por el Ayuntamiento de Chinchilla y, además, plantea elevar una cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para la anulación de todo el PAU.

Días atrás escribí aquí , hablando de la vinculación de los amigos de Bono, Rafael Santamaría y Aurelio González Villarejo a sus nuevas adquisiciones inmobiliarias, que “ya veremos si no acaban apareciendo los de Domingo Díaz de Mera y Antonio Miguel Méndez Pozo”. No ha pasado una semana y ya tenemos el nombre de Méndez Pozo revoloteando cerca del abultado patrimonio inmobiliario de los Bono.

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Bono reacciona. Admite que es multimillonario

Posted in Bono by Die Rote Kapelle on 15 abril 2010

Bono cumulgando en Vallecas

El Mundo publicó ayer datos concretos sobre los ingresos y patrimonio que Bono ha reconocido en la documentación aportada a la Fiscalía. La conclusión es simple. El presidente del Congreso es millonario, incluso multimillonario y el éxito en los negocios emprendidos le sonríe tanto a él como a su exposa, es más, les sonríe mucho.

Bono goza de su remuneración como Presidente de la Cámara Baja, el cual, además de elevado es público y accesible; de los beneficios netos del negocio hípico, unos 800.000 € en los últimos tres años —también accesible públicamente en su cifra total, aunque, desde luego no lo sean el detalle de la facturación, los contratos suscritos, las entidades o personas físicas a las que se ha facturado, los movimientos bancarios, etc.— y de un anticipo de 220.000 € de un total de 700.000, derivados de su contrato con la editorial Planeta para la futura publicación de sus memorias, que es posterior a las últimas compras de inmuebles.

Su esposa, Ana Rodríguez Mosquera, no tiene menos éxito en los negocios, sino más, y las franquicias de Tous que, según El Mundo, ya suponen seis tiendas puestas a nombre de la mercantil AHORROS FAMILIARES SAJA, la han reportado en los últimos tres años —siempre según El Mundo— más de 1.000.000 de € de beneficios.

En cuanto al patrimonio inmobiliario El Mundo dice que Bono declara ser propietario 2,5 hectáreas de suelo rústico en Salobre, resto que le queda después de sucesivas ventas de la herencia paterna, algo más de 11 hectáreas igualmente rústicas; del 80% de las participaciones de Hípica Almenara que ocupa 17 hectáreas en las afueras de Toledo a más de las instalaciones construidas ahí; la casa paterna de Salobre; y de la casa de Olías, sobre la que el periódico no especifica si se trata del pleno dominio de esa vivienda o del 50% que le correspondería antes de la separación de bienes del matrimonio, la cual se produjo en el 2004.

Si la información de El Mundo es exacta o, mejor dicho, exhaustiva, Bono asegura no tener ningún piso en Madrid y que “la sociedad de su esposa, SAJA, tiene como propiedad un piso en Estepona”. Al decir de Bono, según cita El Mundo, es falsa “la información publicada según la cual sería propietario de dos áticos en el pueblo malagueño”, aunque con las notas registrales publicadas hoy, lo que se demuestra falso es el desmentido de Bono en este punto.

Por último, Bono acepta haber proporcionado el dinero a su hijo para la compra del piso de la C/ San Justo, 200.000 € como donación y 240.000 como préstamo y afirma que el precio de compra de esa vivienda ha sido de 450.000 €. El ático de la C/ Ayala de Madrid no se menciona en absoluto.

Bien, estos datos, si corresponden puntualmente a todo lo declarado y justificado en la documentación que Bono ha entregado a la Fiscalía, presentan algunas inconsistencias importantes que se irán exponiendo aquí, si es que otros no lo hacen antes, pero eso ahora es secundario. Lo esencial es que, tal y como se desprendía de la información publicada por La Gaceta la fortuna de los Bono experimenta un crecimiento exponencial a partir de 2004, un crecimiento tan rápido que, en torno a 2006 esa familia ya puede considerarse sobradamente millonaria.

Esto no demuestra, naturalmente, que Bono sea un ladrón. Entre lo irreprochable, lo ética o políticamente reprochable, lo ilícito y el delito hay trechos importantes que separan cada categoría. La insistencia con la que Bono está tratando de presentarse ante la opinión pública como víctima de acusaciones de delito es, con toda probabilidad, una estrategia comunicativa que le permite ponerse, para citar a D. Latino de Hispalis otra vez, “estupendo”.

El patrimonio de Bono que está apareciendo no es un patrimonio oculto, es decir, no se ha descubierto a nombre de sociedades off shore domiciliadas en paraísos fiscales, ni a nombre de testaferros, ni se trata de cuentas bancarias secretas en las islas Caimán. Era un patrimonio discretamente silenciado o hurtado al conocimiento del gran público, pero religiosamente inscrito en los registros públicos.

Bono no es un hombre tonto —si fuera toledano, bien podría decir: “tengo hechos de bolo, pero no lo soy”— todo lo contrario, es muy listo y dotado de una sobresaliente astucia jesuítica. Su apariencia, que ha cultivado cuidadosamente a lo largo de los años, de paisano bobalicón y obsecuente, es una gran impostura. Por eso, para cualquiera algo enterado de las cosas habría sido una sorpresa mayúscula descubrir a Bono o a su familia directa escriturando inmuebles que no estuvieran cubiertos por sus ingresos declarados o, por lo menos, declarados a Hacienda; aunque tener ingresos multimillonarios no basta para explicar las disposiciones de liquidez concretas. También hay que decir de qué sociedades o qué cuentas bancarias ha salido el dinero, cuándo y en concepto de qué.

El fulgurante enriquecimiento de la familia Bono y su colección de inmuebles de lujo no demuestra que Bono sea un delincuente o un corrupto, pero si da al traste con su apostura de pobre de espíritu heredero del reino de los cielos.

Lo del piso de San Justo, lo de los de Estepona, lo de los millones que proporcionan los brutos de silla, lo de las joyerías lucrativísimas, lo de la vivienda de Ayala… todo eso, es un barreno que hace saltar por los aires la filistea representación del hombre que, con mueca de beata introspección, se va a tomar la comunión con pan candeal a Vallecas.

Sin embargo, ahí no queda la cosa. Al verse obligado a reconocer públicamente que él y su familia se han convertido en millonarios en un considerablemente corto espacio de tiempo, Bono no “zanja”, como decía ayer el editorial de El Mundo, la cuestión. En realidad sólo la desplaza a sus verdaderos orígenes y ahí sigue habiendo preguntas a las que no se ha respondido, ni parece que se vaya a responder.

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Sigue habiendo preguntas porque alrededor de esa riqueza —obtenida sobre todo mediante establecimientos abiertos al público, incluida la hípica— vienen revoloteando nombres inquietantes. Sobre el Pocero —que ya le advirtió que se guardara de decir que no le conocía— poco que añadir cuando es el propio Bono el que reniega de él; pero es que también están los de Rafael Santamaría y Aurelio González Villarejo —y ya veremos si no acaban apareciendo los de Domingo Díaz de Mera y Antonio Miguel Méndez Pozo— y ambos tienen intereses vitales y multimillonarios en Castilla-La Mancha y, además, ya los tenían cuando Bono presidía la región.

José Bono entró discretamente pobre en la política y ahora se ha convertido en rico con una extraña celeridad. Eso, ya de por sí, en él o en cualquier otro, alerta; pero si además se paseaba en el transatlántico de recreo del Pocero; si su hija aparece en el consejo de administración de Reyal-Urbis, no se sabe por qué o en representación de quién; si les compra casas a sus amigos González Villarejo y Santamaría, si se va a esquiar a la casa de Vaqueira de ese mismo Santamaría, si los “patrocinadores” le pagan obras en su negocio y si no son éstos, él mismo se las paga al Pocero… ¿De qué demonios se extraña si la sospecha cae sobre él?

Los políticos tienden mucho a considerar sus cargos como un derecho patrimonial. Desde hace algún tiempo, también se aprecia en ellos una inquietante inclinación a reclamar para sí un derecho subjetivo a la hagiografía. Pues bien, como Bono ha corrido a la Fiscalía y como el actual Fiscal General del Estado es D. Cándido Conde-Poumpido Ferreiro, que antes fue magistrado del Tribunal Supremo, viene muy al caso citar la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 26 de noviembre de 1993 —nº de recurso 3388/1992— de la que éste fue ponente.

Se trataba de un caso de injurias y calumnias en el que el acusado hablaba de tramas de corrupción y afirmaba que el querellante “ha robado a este pueblo 70 millones de Pts.”, acusación que el Tribunal considera como no probada.

Al respecto, la mencionada sentencia, de la que como he dicho era ponente el actual Fiscal General, dice lo siguiente:

«Aunque esas expresiones puedan resultar penosas y hasta hirientes para el querellante, es evidente que toda persona que ostenta un cargo o responsabilidad pública tiene que soportar esa clase de críticas, cuando adopta decisiones o se adoptan por personas que le son políticamente afines, que de algún modo, directa o indirectamente, le favorecen o aparentan favorecerle. Por ello las personas públicas vienen obligadas a ser más cuidadosas que los particulares con sus comportamientos y la diafanidad de sus decisiones, en especial aquellas que pueden incidir en su entorno vital y económico, para evitar suspicacias que puedan atribuirle el que tales decisiones, en lugar o a la vez que por los intereses generales, están influidas por los propios o los partidarios».

Es de prever que Conde-Poumpido aplique ahora su propia doctrina y le conteste a Bono que si quiere evitar suspicacias, sea más cuidadoso con sus comportamientos y con sus relaciones personales.

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Cayo Lara dice que Bono deberá dar muchas explicaciones de cómo ha conseguido su patrimonio

Posted in Bono by Die Rote Kapelle on 13 abril 2010

Por Agencia EFE

Madrid, 13 abr (EFE).- El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha dicho hoy que el presidente del Congreso, José Bono, “va a tener que dar muchas explicaciones de cómo ha conseguido su patrimonio”, que ha calificado de “excesivo”, si realmente se confirma lo publicado por un medio de comunicación.

En un receso de las Jornadas de Estudio que celebra hoy en Madrid el grupo de la Izquierda Unitaria (GUE/NGL) en la Eurocámara, Cayo Lara ha respondido así a la pregunta sobre el incremento del patrimonio del presidente de la Cámara Baja, publicado por el diario La Gaceta.

“Si es así, va a tener que dar muchas explicaciones de cómo ha conseguido exactamente su patrimonio” Bono, ha dicho Cayo Lara.

Aunque ha destacado que hasta el momento no tiene más detalles sobre este asunto que los publicados por los medios de comunicación, Cayo Lara ha comentado que “a la gente de la calle”, en principio, le parece un “patrimonio excesivo” para haber sido “acumulado por un representante público”.

Por último, Cayo Lara ha recordado que ha tenido con Bono “una relación directa” por sus “propias raíces políticas en Castilla-La Mancha”.

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Bono y su familia también tienen viviendas en Estepona por un valor cercano al millón de euros

Posted in Bono by Die Rote Kapelle on 12 abril 2010

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Continúa el goteo de inmuebles pomposos en poder de José Bono o de sociedades controladas por éste y su familia. Ahora —según La Gaceta— aparecen dos apartamentos contiguos, adquiridos en 2006, que suman un total de 267 m2, situados en la urbanización “Las Náyades”, en Estepona y cuyo precio de venta asciende a 854.000 €.

Los apartamentos parecen tener todo cuanto el esnobismo más exquisito puede ambicionar: mármol travertino en los baños, hilo musical en las habitaciones, una piscina cubierta que, como quintaesencia de lo kitsch, emula poco menos que a la Domus Aurea de Nerón, un lago artificial como el del Pocero, etc. etc.

Parece, en definitiva, que ya se ha vuelto un hábito en Bono ir adquiriendo bienes raíces a golpes de millón, pero más habitual aún está resultando que esas adquisiciones se negocien con magnates de la construcción con los que el presidente del Congreso, y antes de Castilla-La Mancha, mantiene una amistad muy notoria: Rafael Santamaría o Aurelio González Villarejo, de momento… porque curiosamente, todavía no ha aparecido en este embrollo Domingo Díaz de Mera…

Otra vez más, resulta que el promotor del complejo residencial de Estepona es un viejo conocido: Rafael Santamaría Trigo, presidente de Reyal Urbis, el mismo que, con menos ruido que el Pocero, pero no con menos ímpetu, se lanzó a construir una ciudad de 9.500 viviendas en Valdeluz (Guadalajara) al amparo de un trazado ad hoc de la línea del AVE, coincidiendo en el tiempo con el despegue económico de la familia Bono, es decir, con el punto álgido de la burbuja inmobiliaria.

Mal asunto este, porque si hay un lugar en el que los pies de Bono deambulen sobre el filo de amenazantes navajas barberas, ese es Estepona.

El viernes 18 de mayo de 2007 —poco después de escriturar los dos apartamentos de la urbanización “Las Náyades”— Bono participó en uno de los mítines de la campaña electoral de su íntimo amigo Antonio Barrientos, entonces alcalde de esa localidad, y ahí Bono dijo de él cosas como estas:

“El bienestar de los vecinos vale más que el PSOE. Tú (por Barrientos) No has sido cónsul del Gobierno andaluz en Estepona, sino el representante del municipio en el Gobierno andaluz. Eres rebelde con causa”.

Además, Bono siguió destacando la “honradez, honestidad y los bolsillos de cristal” de Barrientos: “Antonio (dijo) es un valor seguro que honra el carnet del PSOE”; “es un buen alcalde que defiende a quienes menos tienen”.

Momentos antes, el ex alcalde de la localidad Antonio Caba había terminado su intervención diciendo que “Estepona está como nunca, porque la senda del progreso no se trunca”.

No habían transcurrido muchos meses, cuando el 18 de junio de 2008, el alabado Antonio Barrientos salía preso del ayuntamiento de Estepona, camino de los sótanos del Juzgado. Desde entonces, la metáfora que tan feliz le parecía a Bono, la de los “bolsillos de cristal”, ha caído en desuso.

Pero, atentos todos al constructor y al promotor de la urbanización “Las Náyades”. Guardan sorpresas.

Artículos relacionados:

Rafael Santamaría, dueño de Reyal e íntimo de Bono: en una empresa junto al “mafioso” Montaldo y en otra junto a Sanz Arribas, abogado del Pocero

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Aparece otra vivienda de un millón de € en el barrio de Salamanca a nombre de una sociedad de José Bono. El ex postulante a la Guardia de Franco se la compró a un constructor imputado por corrupción

Posted in Bono, Uncategorized by Die Rote Kapelle on 11 abril 2010

Bono y Cañizares

Un ático de 106 m2, piscina climatizada, seguridad privada durante las veinticuatro horas del día y situado en la C/ Ayala, en el barrio de Salamanca, la zona más exclusiva del centro de Madrid. Esa es la última propiedad, hasta ahora, que se descubre en manos de José Bono y su familia.

La vivienda, puesta a la venta por algo menos de un millón de €, está escriturada a nombre de la mercantil AHORROS FAMILIARES SAJA, la sociedad que según la declaración de bienes, rentas y actividades presentada por Bono en 2004, el último año que permaneció como presidente de Castilla-La Mancha, se constituyó para absorber los inmuebles del matrimonio Bono-Rodríguez tras su separación de bienes.

Eso, sin embargo, no quiere decir que el piso de la C/ Ayala estuviera en su poder en aquellas fechas. Por el contrario su adquisición se realizó en 2009 y se elevó a escritura pública unos dos meses antes de que Bono comprara otra de sus nuevas viviendas de lujo: el piso de la C/ San Justo de Madrid, cuyo precio declarado también fue de un millón de €, aunque el inmueble estuviera a la venta por un millón ochocientos mil €.

El constructor del edificio, vinculado a la trama vasco-malaya y al caso de corrupción de Mercasevilla

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Al margen de que, a medida que se investiga a Bono, crece vertiginosamente el número de los inmuebles de los que son titulares él, su familia directa o alguna de las cinco sociedades de las que se tiene constancia que le pertenecen, llama vivamente la atención el hecho de que el promotor del edificio de la C/ Ayala sea la constructora SANDO, la mayor de Andalucía y propiedad de José Luis Sánchez Dominguez, imputado junto a su hijo, Luis Sánchez, por presunta corrupción en el caso Mercasevilla.

La constructora SANDO, al decir de la magistrada Mercedes Ayala, se hizo, en el contexto de ese caso —la noticia se puede descargar desde aquí— con unos terrenos, de forma «ilegal» y «antieconómica» por 52 Millones de € menos de lo que ofrecía otro de los licitadores.

De la constructora SANDO y de José Luis Sánchez Domínguez, ya se habló en Notitia Criminis hace algún tiempo. La familia Sánchez Dominguez, que mantiene amistad pública e íntima con Magdalena Alvarez, le ex ministra de Fomento de infausta memoria, tiene presencia dominante, junto a CONSTRUCTORA HISPÁNICA, en la mercantil EXPLOTADORA DEL HOSPITAL DEL TAJO, en Aranjuez. Sobre eso, en su día, escribí lo siguiente:

Esta empresa tiene una fuerte participación en EOC DE OBRAS Y SERVICIOS y también participa con un 10% en PROMOCIONES TAVINOVA SL, a su vez, vinculada a EOC DE OBRAS Y SERVICIOS, a AZARBE OBRAS Y SERVICIOS y, además, presente en el Consejo de Administración de VITANOVA PROMOCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL. La administración de ésta última corresponde a las siguientes personas y entidades.

Presidente: PROMOCIONES TAVINOVA S L (Que está presidida por VITANOVA.

Consejero delegado: LUIS FERNANDO LINARES TORRES (Trama Vasco-Malaya)

Consejero: CONSTRUCTORA HISPANICA SA (Caso Gürtel)

Consejero: MARIA EUGENIA YEREGUI KINKEL (Trama Vasco-Malaya)

Consejero: JOSE IGNACIO SANCHEZ BARANDA

Consejero: EOC DE OBRAS Y SERVICIOS SA

Con estos datos, baste recordar que Luis Fernando Linares Torres, socio de María Eugenia Yeregui Kinkel en varios bufetes y, por supuesto, en numerosas sociedades, fue detenido durante la Operación Astapa y se encuentra en libertad bajo fianza de 500.000 €. No hay que recordar que la presencia de Bono en Estepona es constante desde hace años.

Por lo tanto, el Hospital del Tajo, uno de los proyectos estrella de la nueva sanidad madrileña, ocultaba sorpresas en su interior. Pero las sorpresas no acaban aquí. Ocurre que Fernando Linares y Eugenia Yeregui no son los únicos que tienen intereses mercantiles relacionados con ese hospital. Parte del dinero de su construcción también ha ido a parar a las cuentas consolidadas de CCM.

La mercantil GERENS HILL INTERNATIONAL realiza lo que, con el habitual esnobismo de los negocios modernos, se denomina “Project & Construction Management” (la dirección de proyectos y construcciones) de varios hospitales por un valor de 1.000 millones de Euros. Entre esos hospitales, como habrá adivinado el lector, está el Hospital del Tajo.

Esta empresa, GERENS HILL, no es desconocida en NOTITIA CRIMINIS. Apareció por primera vez en el capítulo VIII de “La Conexión Malaya”, ligada al campo de golf de los Oriol, de Javier Arteche, de Maya Galarraga etc. Ahí se decía lo siguiente: “En esta empresa dedicada a la gerencia de proyectos, aunque tampoco hace ascos a la construcción; participan varias cajas de ahorro de las cuales, las principales son Caja Avila —también asociada a Enrique Ventero en sus proyectos de Los AlcázaresEL MONTE-Caja Sol, cuyas conexiones con implicados en la Operación Malaya han sido ampliamente puestos de manifiesto por los medios de Comunicación y, como al parecer no podía ser de otra manera, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN, entidad dependiente de CCM, la misma Caja asociada a Ventero en Los Alcázares, la misma que prestó 40 millones de € a las empresas MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, ambas propiedad de Roca, y la misma que, también, prestó el dinero a Roca para la compra del Palacio de Saldaña, en Madrid”.

Bono y la Guardia de Franco

Brazalete con la insignia de la Guardia de Franco

Me cuentan —y aunque tengo a la fuente por muy fiable, la cosa no me consta más que testimonialmente— que Bono anda estos días abordando por los pasillos del Congreso a diversos diputados del PP para interesarse por la tripa que se le ha roto a La Gaceta. El Presidente del Congreso no comprende a qué vienen las últimas informaciones de ese periódico, si «yo —dice— nunca le he hecho nada a los de Intereconomía», y añade: «Debe ser por lo del aborto».

Sin embargo, en público, lo que Bono ha dicho es que está siendo objeto de calumniosos ataques por parte de la ultraderecha, dada su condición de «socialista».

Al margen de que los «ataques» más bien se los debería achacar a los registradores de la propiedad, el conocimiento que Bono tiene de la ultraderecha es profundo, y no sólo porque su padre fuera falangista.

Como cuando el diablo no tiene qué hacer, con el rabo mata moscas, ha querido la mala fortuna que por estas fechas se ponga a la venta el libro del periodista Sebastián Moreno titulado «Camaleones, Desmemoriados y Conversos».

En la página 52 de ese texto se recogen unas declaraciones de Bono que vienen a decir lo siguiente: «Yo entré en política —dice nuestro héroe— cuando no tenía cerca ser ministro, ni ser alcalde, ni ser presidente autonómico, lo único que tenía cerca era la cárcel por ser socialista y por luchar contra Franco, y de esa política no me echó Franco y no me echa nadie”.

Pero, al parecer, la realidad era bien distinta. Precisamente por aquélla época José Bono no estaba luchando contra Franco, sino inscrito en su Guardia como postulante, razón por la cual, esa organización selecta de Falange, en concreto la Lugartenencia de la Guardia de Franco de Albacete, le pagó un viaje a Mallorca para participar en un concurso de mandos de la citada organización falangista.

La Guardia de Franco no era —como bien dice Sebastián Moreno— ni la Guardia Mora, que escoltaba a caballo su Rolls Royce, ni unos soldaditos que pasaban las noches en las garitas del Pardo, sino —o al menos eso quiso ser— el trasunto español de las Schultz Staffel, las SS del partido Nazi, es decir, una organización de élite dentro de la quintaesencia falangista, el cuerpo inquisitorial de la Falange, encargado de aquilatar el rigor doctrinal del Régimen y de personificar la devotio iberica hacia el general; y es que, cuando Bono apunta, apunta alto.

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Se desvela un insólito patrimonio de José Bono y su familia

Posted in Bono, Uncategorized by Die Rote Kapelle on 7 abril 2010

El 23 de febrero de este 2010 José Bono convocó a los pezzi da novanta de los medios de comunicación españoles a una comida. El pretexto era la conmemoración del golpe del 23-f, la causa real resultó ser una desvergonzada petición de respeto por la omertà.

Según informó El Confidencial Digital, lo que Bono hizo fue solicitar a los jerifaltes mediáticos silencio sobre el sueldo y patrimonio de diputados y senadores: “José Bono —dice el citado confidencial— se mostró preocupado porque los periódicos, radios y televisiones están transmitiendo a la ciudadanía que sus señorías cobran mucho y trabajan poco. El tono que empleó, señalan las mismas fuentes, fue de gran inquietud por la imagen de la clase política que está calando entre la ciudadanía”.

La preocupación de Bono estaba muy justificada. Aunque no se conocía entonces, lo cierto es que para esas fechas, el Presidente del Congreso ya era propietario de una nueva vivienda en Madrid, en la C/ San Justo, número 1, en un edificio en el centro histórico de la ciudad.

La compraventa se formalizó en diciembre del pasado 2009 y el piso fue adquirido al Opus Dei —léase a una empresa ligada al Opus, pues la Obra, formalmente, carece de patrimonio— por una cantidad declarada de un millón de €, si bien, como informa La Gaceta, el piso estaba puesto a la venta por 1.800.000 €.

Hoy, se levanta el velo sobre una nueva propiedad inmobiliaria. Un chalet de 254 m2 en una parcela de otros 424 m2 más una cuota parte de la piscina de la urbanización. La casa, inscrita a nombre de la mercantil ATTACK 84, en la que figura como apoderado el hijo jinete de José Bono, está situada en la urbanización “El Vergel de Bargas”, en la localidad toledana del mismo nombre.

Aurelio González Villarejo aplaudido por sus amigos Bono y Barreda

El promotor de la urbanización es uno de los constructores áulicos del presidente Barreda: Aurelio González Villarejo, de quien se ha hablado en Notitia Criminis en lo atinente a su vinculación con Luis Portillo; con Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA 97, ligada a actuaciones en Los Alcázares donde se mezclan los nombres de Enrique Ventero, Roca, CCM y varios de los implicados en la operación Ninette; con Enrique Ortiz Selfa, cuyo nombre también ha salido a relucir en la trama valenciana del caso Gürtel; y por supuesto, con el aeropuerto de Ciudad Real, el PAU de las 25.000 viviendas de Illescas (Toledo) o los PAUs de “Las Montanillas” en Carranque, también de la provincia de Toledo.

El chalet de Bono o del hijo de Bono, tiene suscrita una hipoteca por valor de 120.500 € pero su precio de venta es de 300.000 €. Por otro lado, la cuota parte de la piscina comunitaria adquirida a nombre de la sociedad ATTACK 84, carga con otra hipoteca de 182.160 € y, además, al decir de empleados de la propia promotora, las calidades y construcción interior de la vivienda en cuestión, han tenido un tratamiento especial.

En este contexto, el pasado lunes 5 de abril del 2010 asistimos a un día mongráfico en TVE dedicado a Bono, por la mañana a una entrevista en “Los Desayunos de TVE” y por la noche a una risueña y rural vuelta a Salobre.

En el programa de la mañana Bono, indirectamente, dio respuesta a las informaciones que hasta ese día se habían publicado sobre la compra de la vivienda de la C/ San Justo y sobre la declaración omitida en el Congreso de su participación y beneficios en la mercantil Hípica Almenara. Esa respuesta fue hecha en la línea acostumbrada en Castilla-La Mancha: esto son calumnias de la extrema Derecha y, cuando no lo son de los fascistas —esto fue dicho en otra ocasión— lo son “del comunista” y aclaro que para Bono “el comunista” por antonomasia es Cayo Lara.

La reacción se veía venir. Las informaciones sobre sus nuevas adquisiciones han sido publicadas por La Gaceta, del Grupo Intereconomía, de forma que Bono ha despachado el asunto con un desdeñoso: son de extrema derecha; aunque también es cierto que de igual forma se veía venir la contestación de La Gaceta: “de extrema derecha será su padre”, lo cual en este caso es, dicho con todo el respeto, literalmente cierto, como parece que también es cierto que el propio Bono lo fue, al menos cuando realizó las pruebas para ingresar en la Guardia de Franco.

Ahora bien, no discutamos que La Gaceta es un medio de comunicación cercano al sector más derechista del PP o, incluso, si Bono lo prefiere, a la carcunda española. Pero una vez concedido eso:

¿No es cierto que Bono ha adquirido un piso en la C/ San Justo de Madrid por precio declarado de un millón de €? Sí, es cierto.

¿No es cierto que ese piso de la C/ San Justo ha sido adquirido a una empresa ligada al Opus Dei? Sí, es cierto.

¿No es verdad que la vecina basílica pontificia de San Miguel, iglesia cedida al Opus Dei, ha autorizado el uso de su aparcamiento a las empresas que están trabajando en la reforma del piso de Bono? Sí, es verdad.

¿No es verdad que al menos una de las empresas que están haciendo los trabajos de reforma en esa vivienda, está ligada a Reyal Urbis, la constructora del íntimo amigo de Bono, Rafael Santamaría? Eso no lo puedo afirmar, pero sí es verdad que las cuadrillas de esas empresas se alojan en uno de los hoteles de Santamaría.

¿No es cierto que una sociedad de Bono o de su hijo ha comprado un chalet valorado en 300.000 € a su amigo y constructor Aurelio González Villarejo? Sí, es cierto.

¿No es verdad que Bono es propietario de la mercantil Hípica Almenara y que la construcción de sus instalaciones fue hecha por el citado Rafael Santamaría? Si, es verdad

¿No es verdad que en los tres últimos ejercicios de los que se conocen cuentas, esa mercantil ha arrojado unos beneficios netos cercanos al millón de €? Sí, es verdad.

¿No es verdad que “El Pocero” hizo trabajos en esa hípica cuando Bono era presidente de Castilla-La Mancha y, por tanto, tenía competencias e influencias sobre el PAU del Quiñón, el esperpento urbanístico de Francisco Hernando en Seseña? Sí es verdad.

¿No es verdad que “El Pocero” ha declarado a la prensa que esas obras no las pagó Bono, sino los patrocinadores de la Hípica, entre los que estaban Iberdrola y Reyal? Sí, es verdad.

¿No es verdad que Bono ha omitido incluir su participación y beneficios en la mercantil Hípica Almenara en la declaración de bienes rentas y actividades que está obligado a presentar en el Congreso de los Diputados? Sí, es verdad.

Todo eso es verdad, y a un servidor, que no es ni ha sido falangista, ni tiene padres, abuelos, tararabuelos, ni ascendiente, ni descendiente alguno que lo sea o haya sido, ni de cerca ni de lejos, y que no pretendió ser ni cura ni guardia de Franco, se le da un ardite en todas las tautologías, afirmaciones de principio o aporías que a Bono se le han ocurrido, se le ocurren o se le ocurran, porque ninguna de ellas elude los hechos que están aflorando y que van a seguir saliendo a la luz.

Después de que Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana presentara unas cuentas que le acreditan como indigente o que Manuel Chaves, ex presidente de la Comunidad Andaluza y ahora ministro de algo, declarara un patrimonio no menos paupérrimo, la utilidad de las «declaraciones de bienes, rentas y actividades» presentadas por los cargos públicos habrá que tomárselas en lo que valen, que es bien poco. No obstante, alguna pista pueden dar.

En 1998, José Bono, entonces presidente de Castilla-La Mancha, y su señora esposa —la misma que últimamente recibía clases de golf en Estepona por gentileza, según presunción de la UDYCO, de Valle Romano, una de las empresas de la trama vasco-malaya— admitían los siguientes ingresos:

Bono declaró —la documentación citada se puede descargar desde aquí— 7.588.150 Pts anuales y netos como remuneración por su cargo de Presidente de la Junta de Comunidades más 1.800.000 Pts en dietas. 15.088 Pts. anuales pagados como intereses por el saldo mantenido en cuenta corriente, y 4.252.280 Pts. como rentas recibidas por alquileres y derechos de autor.

Para esas fechas su patrimonio inmobiliario, al jurar de D. José Bono, se reduce a la «casa de Salobre», la «casa de Olías», un piso en Madrid y un piso en Toledo. Hay dos fincas rústicas en Salobre que declara vendidas en el 95 para pagar la casa de más de 400 m2 de Olías y también declara vendidos en el 85 y el 94 otros dos pisos adquiridos, respectivamente en el 75 y el 79 —uno de los cuales, por cierto, se olvida de incluir en la relación de patrimonio previo a la toma de posesión de su cargo público—. Por otra parte, el salo medio de su cuenta corriente en el Banco Popular, como todo el mundo sabe, también del Opus Dei, fue de 612.974 Pts.

Con esos ingresos y esos inmuebles, admitió ser deudor de 10 Millones de Pts. «al constructor de la casa de Olías», constructor que atiende al nombre de Rafael Santamaría Trigo y que, como buen amigo que es de Bono, se ve que le trabajó al fiado. Además debía al Banco Popular un crédito personal de 2.400.000 Pts.

Por su parte, Ana Rodríguez Mosquera, a más del 50% de los bienes y deudas declarados por su señor marido, como consecuencia de la participación de ésta en la sociedad conyugal de gananciales, admite unos ingresos de 2.347.306 Pts. anuales y netos pagados por el PSOE.

Ninguno de los dos cónyuges declara ningún otro ingreso, ningún otro inmueble y ni ninguna participación en sociedades. No existen, por tanto, las empresas en las que posteriormente aparecen como titulares él, su esposa y sus hijos. Hípica Almenara SL, se constituyó en el 2001, Atalaya 52 SL en 2007, Attack 84 SL —por cierto, domiciliada en la C/ Concepción Arenal, 1 de Bargas, Toledo— fue creada en el 2008, Opalo 81, en febrero del 2007 y Ahorros Familiares SAJA SL, está constituida en 2004.

Resumiendo, la familia, a esas fechas, dispone de unos ingresos anuales de, más o menos, 16 millones de Pts que aún no siendo poco, si nos creemos las informaciones aportadas en la declaración de bienes, rentas y actividades, no permiten a los Bono-Rodriguez ahorrar un ardite. Recordemos que el saldo medio de la cuenta corriente es de poco más de medio millón de Pts.

Demos ahora un corto salto en el tiempo, hasta el año 2004, último del que se conocen datos patrimoniales de José Bono. Seis años después de que la familia declarara un patrimonio relativamente magro, las cosas han cambiado un poco.

Ya no aparecen las deudas contraídas con el amigo Rafael Santamaría, ni con el Banco Popular. Bono declara como ingresos —seguimos en pesetas para que la comparación sea más fácil— 8.063.898 Pts más 1.830.246 Pts en concepto de remuneraciones y dietas por su cargo de Presidente de Castilla-La Mancha; 64.225 Pts como beneficios en su faceta de productor de aceite; 1.064.870 Pts de dividendos provenientes de Hípica Almenara SL; 13.144 Pts de intereses por los saldos en cuenta corriente; y 4.271.960 Pts por colaboraciones periodísticas y arrendamiento de dos viviendas.

Como al parecer, por entonces, el Sr Bono había disuelto la sociedad de gananciales con su esposa, según declara, «con el fin de no tener participación patrimonial ni intereses económicos en la tienda de su esposa denominada Tous Toledo», el patrimonio inmobiliario que reconoce se limita a la casa de Salobre y a una finca rústica de 2 hectáreas en esa misma localidad.

Estas dos hectáreas de suelo rústico en Salobre presentan graves dificultades de comprensión. Si nos volvemos a la declaración de 1998 veremos que Bono asegura haber vendido «varias fincas heredadas de su madre para financiar la casa de Olías» y como las únicas fincas que declara heredadas ese año y los demás son los dos terrenos rústicos de caber 1,97 Has. en Salobre adquiridas en 1981 por «herencia de padres» —dice— habrá que concluir que esas casi dos hectáreas fueron las vendidas.

Sin embargo, en 2004 hacen su repentina aparición otras 2 hectáreas que también se declaran adquiridas a título de herencia, pero esta vez en 1967, de forma que o bien se trata de las mismas 1,97 Has. que dice vendidas para pagar la casa de Olías, o bien, lo que es más probable, se trata de otra finca, también rústica, heredada a la muerte de su madre, en cuyo caso, Bono tuvo el descuido de no incluirla nunca en sus declaraciones hasta el año 2004

El resto de los inmuebles, siempre según Bono, pasó a formar parte del capital de Ahorros Familiares SAJA SL, el cual, a fecha de constitución era de 658.000 € (109.481.988 Pts)

Esta es una sociedad muy curiosa y rentabilísima. Curiosa porque si bien se constituye como sociedad patrimonial para absorber los inmuebles del matrimonio después de la separación de bienes, su objeto social es el inmobiliario; y extraordinariamente rentable porque según sus cuentas los beneficios obtenidos en 2007 alcanzaron la cifra de 462.830 € (77.008.432) es decir, casi el 100% de su capital social, cosa que asombra más si recordamos que se trata, supuestamente, de una sociedad patrimonial sin más actividad que la tenencia de los inmuebles familiares. De esta sociedad Bono tiene un total de 6.328 participaciones que representan un valor de 632.800 € (105.289.061 Pts).

Pero si Ahorros Familiares Saja SL, llama la atención, el caso de Hípica Almenara hunde en la perplejidad. La parte de esa entidad que Bono declara poseer es de 40 participaciones por un valor de 6.000 tristes euros. Puesto que Bono es un hombre «familiar» pero no tonto, según los datos que obran en el Registro Mercantil, la cuota parte que éste se ha reservado para sí en la empresa es del 80% y como el capital suscrito, según las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004, es de 15.000 €, el dato confesado por Bono es incierto.

Ello no tiene mucha importancia porque, en cualquier caso, estos números se refieren al «capital social» es decir a una suma para la que la legislación mercantil fija un mínimo en razón de la forma social y que actúa como garantía de acreedores, pero que no tiene nada que ver con el valor total de la entidad.

Por eso, en el capítulo de «Inmovilizaciones Materiales» (terrenos, edificaciones, etc) los números son algo más elevados: 1.022.879,46 €, no obstante, cantidad demasiado magra, me da la impresión, para un complejo hípico de 110.000 m2 a tiro de piedra del centro de Toledo con pistas, graderíos, cuadras, picaderos cubiertos, habitaciones para mozos, etc.

Para adquirir el complejo hípico, Bono dice haber hipotecado dos viviendas a consecuencia de lo cual obtuvo un crédito de 899.857 €, cosa que también llama la atención, porque si el patrimonio inmobiliario de la familia Bono-Rodriguez ha pasado a formar parte del capital de Ahorros Familiares SAJA SL, habrá que concluir que el valor de dicho patrimonio —completo (vivienda en Toledo, vivienda en Madrid y caso de Olías) y no sólo de las “dos viviendas” hipotecadas— es el del capital de esa sociedad, es decir, como se ha visto, 658.000 € y eso dice mucho a favor de la largueza, seguramente, del Banco Popular, porque las cuentas que a esas fechas mantiene la familia en entidades bancarias sólo son dos: una en Caja Rural y otra en el banco del Opus, las dos, aquejadas de tanto raquitismo, que a Bono le faltaría liquidez para afrontar, siquiera, una avería grave de su automóvil.

Bono y el detenido ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos

No obstante, al igual que Ahorros Familiares SAJA SL., el hipódromo también es extraordinariamente rentable. En tres años ya ha dado un millón de € de beneficios netos, aunque esto tampoco es tan raro teniendo en cuenta que, por ejemplo, las obras que Francisco “El Pocero” Hernando le hizo ahí, no las pagó Bono —al decir del propio Pocero— sino los «patrocinadores» y no hay que asombrarse de que los beneficios sean muchos cuando los gastos los pagan otros.

Volviendo a la declaración de 2004, la consorte de Bono reconoce unos ingresos por su trabajo en la nomenclatura del PSOE de 16.606 € (2.763.005 Pts.) otros 6.400 en concepto de dividendos por su participación en Hípica Almenara, y 13.912 por ingresos derivados de inmuebles arrendados. En el resto de conceptos se repiten las cantidades declaradas por su marido por lo que habrá que entender que le corresponde el 50% de esas cantidades aunque la sociedad conyugal de gananciales estuviera disuelta desde marzo de ese mismo año 2004.

Lo que sí declara como propias Ana Rodríguez Mosquera son 420 participaciones de la «franquicia de Tous» —una cadena de joyerías que vende figurillas de simpáticos oseznos para colgar del cuello— por un valor total de 25.684 €

En conclusión, que sin entrar a analizar detalladamente las inconsistencias de unas declaraciones que nadie se toma muy en serio, incluidos los propios declarantes, entre 1998 y 2004 la familia Bono-Rodríguez ya ha recorrido el camino que separa la vida acomodada de la riqueza y, desde entonces hasta la fecha, han aparecido entre cinco o seis —dependiendo de las fuentes de información— joyerías franquiciadas por la firma Tous; cinco sociedades mercantiles: Hipica Almenara, SAJA, Attack 84, Atalaya 52 y Opalo 8; posee un patrimonio inmobiliario un tanto protéico pero que incluye la finca de 110.000 m2 en que está instalado el negocio de la hípica; el nuevo piso de la C/ San Justo de Madrid; el nuevo chalet de Bargas; tiene otra vivienda de considerables proporciones en Toledo; la soberbia casa de Olías; otro piso más en Madrid, etc. etc. y dejo esto en suspenso porque tengo la viva sospecha de que los descubrimientos relativos a la riqueza de José Bono y familia no han terminado.

Todo esto se ha forjado, si nos creemos los dicho por Bono en sus declaraciones, con la venta de 20.000 m2 suelo rústico en Salobre, cuyo precio no pudo ser superior a unos 20.000 € (algo más de 3 Millones de Pts.) porque a fecha de hoy el suelo rústico en Alcaraz, localidad relativamente cercana a Salobre, pero de mucha mayor importancia y mucho más próxima a Albacete, oscila entre el Euro y los cincuenta céntimos el m2; un crédito de 899.857 € y la venta en los años 85 y 94 de dos pisos adquiridos respectivamente en el 75 y el 79 por lo que, evidentemente, no debían tener ningún parecido con la vivienda de la C/ San Justo de Madrid o con las casas de Bargas y Olías.

Me resulta realmente difícil pensar en alguien que supere en industria y tino inversor a José Bono, pero, para acabar, conviene recordar una información aparecida en el libro de Alejandra Ramón y Ruth Ugalde: El Pocero de Seseña, un texto imprescindible para comprender la historia nocturna de Castilla-La Mancha. En su página 160 se lee lo siguiente:

Verano de 2006. A las puertas del despacho de la ministra de Vivienda, un consejero de una de las mayores inmobiliarias españolas esperaba reunirse con María Antonia Trujillo… Tras las formalidades de turno, Trujillo empezó a contarle una extraña trama de intereses inmobiliarios y supuestos favores políticos en Seseña que salpicaba directamente a José Bono. Moncloa no tenía pruebas, pero sospechaba que las acusaciones eran ciertas y esa podía ser la gran oportunidad para desterrar definitivamente al ministro de Defensa de la política.

Nadie ha desmentido esto.

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La Fiscalía Anticorrupción investiga las operaciones sospechosas de Caja Castilla-La Mancha

Posted in CCM, Corrupción by Die Rote Kapelle on 5 abril 2010

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Según publica hoy El Mundo la Fiscalía Anticorrupción lleva un tiempo indeterminado investigando operaciones turbias realizadas entre CCM y varios de sus “clientes”.

La Fiscalía —dice El Mundo— “ha citado a declarar en varias ocasiones a los administradores del Banco de España en CCM para pedirles información sobre operaciones sospechosas de clientes… El objetivo de Anticorrupción es aprovechar la presencia de funcionarios públicos al frente de una entidad financiera relevante para poder atar cabos sobre operaciones y prácticas bancarias que está investigando”.

Los administradores citados por Anticorrupción son José Pérez Cerdá, Carlos Miguel Hervás y Raúl Hernández —todos empleados del Banco de España— los cuales, según el periódico, “están ofreciendo información sin limitaciones y con amplitud, yendo más allá de lo que es habitual en directivos del sector financiero.

La Fiscalía Anticorrupción no ha ofrecido datos sobre los clientes y operaciones investigadas pero no parece muy difícil imaginar por dónde van los tiros. CCM no sólo ha dado créditos multimillonarios e inexplicables a Antonio Miguel Méndez Pozo, a Domingo Díaz de Mera y los Barco Fernández, a Germán Chamón, a Aurelio González Villarejo, el propio Pocero o los dueños de PEYBER, y a pocos más. Sabemos, desde hace tiempo, que Juan Antonio Roca y sus testaferros también han sido receptores privilegiados de créditos concedidos por Hernández Moltó o sabemos, también desde hace tiempo, que otro de los principales imputados en la operación Malaya, Enrique Ventero Terleira, junto a Luis Portillo, no sólo ha recibido también créditos millonarios de la Caja, sino que está asociado a ésta en una operación en los Alcázares (Murcia) sobre la que desde un principio recaen vehementes sospechas y en la que también podría estar implicado el propio Roca.

No es sorprendente, por tanto, que la Fiscalía Anticorrupción investigue a CCM. Sus implicaciones en la operación Malaya ya están siendo investigadas, desde antes incluso de la intervención, por parte del Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella; lo extraño es la falta de colaboración del propio Fernández Ordóñez.

Tal y como continúa diciendo el artículo de El Mundo, “En contraste con esta colaboración de los administradores, el Banco de España sigue sin remitir de oficio a la Fiscalía Anticorrupción su demoledor informe sobre la gestión de CCM. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha explicado en privado en sus contactos con presidentes de otras entidades financieras que no quiere «armar ruido» instando a la Fiscalía a actuar. El sector financiero español se encuentra convulso y una sacudida judicial acentuaría los problemas, según esta versión”.

Lo que leído a sensu contrario viene a decir, que en el caso CCM hay materia sobrada para una “sacudida judicial”, la cual se da por inevitable si la Fiscalía entra en ese pantano.

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