La imputación de Hernández Moltó, las zonas oscuras de CCM y las nuevas formas de corrupción

Barreda, la consejera Araujo y el imputado Moltó

Finalmente, Hernández Moltó, el “inquisidor” de Mariano Rubio, el recto hombre político que podía sostener la mirada a cualquiera, el amigo íntimo de José Bono, el ex diputado, el ex consejero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el destituido presidente de CCM; está imputado a causa de los presuntos delitos cometidos durante lo que bien se puede llamar el saco de la caja de ahorros manchega.

Esta imputación trae cuenta del informe elaborado por los inspectores del Banco de España y remitido hace algunos meses a la Fiscalía Anticorrupción. Parte de ese informe –que se puede descargar desde este enlace– se ha filtrado a la prensa y en él tienen protagonismo muy señalado los habituales nombres que llevan años merodeando por los pasillos del palacio de Fuensalida: Domingo Díaz de Mera, los hermanos Barco Fernández, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo e incluso la laureada Petra Mateos Aparicio.

Simplificando las cosas, lo que en el citado documento se destapa es la servidumbre sistemática del aparato financiero dominado por la Junta de Bono y Barreda –es decir, de CCM– hacia las operaciones de esos personajes, todos los cuales mantienen una pública, manifiesta y reconocida cercanía personal a los citados Bono y Barreda.

Coincidiendo con eso, la atención de la política regional, ante el fiasco de la Caja, se ha centrado en asuntos tan turbios como el demencial aeropuerto de Ciudad Real o el misterioso agujero de la Fundación Virtus. En menor medida y sólo debido al impulso dado a la causa por IU y especialmente por Cayo Lara, también en el caso del Pocero de Seseña, donde por no faltar, no falta ni la mafia calabresa, la ‘Ndrhangheta.

Sin embargo son más las cosas destapadas en Castilla-La Mancha y más concretamente en Toledo, que provocan una acuciante preocupación. Recordemos algunos de las más señaladas.

Allá por las postrimerías de 2006 Notitia Criminis reveló que el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, José Manuel Tofiño Pérez había impulsado un proyecto de privatización del mantenimiento de las carreteras de la provincia, del cual había resultado la concesión a una de las empresas del grupo PEYBER de una contrata de 27 millones de €. Al mismo tiempo, los propietarios del mencionado grupo crearon otra empresa –SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS– en la que participaba como socio el hijo del señor Tofiño, un joven con los estudios de arquitectura recién terminados. Denunciado el caso por IU, la Fiscalía de Toledo consideró que no había nada que investigar en este asunto. Por su parte, Tofiño y Gregorio Fernández Vaquero, otro alto cargo del PSOE toledano, se apresuraron a contratar los servicios del bufete Garrigues para intentar –inútilmente, a la vista está– silenciar a este modesto blog.

También se ha revelado aquí otro hecho que induce, inevitablemente, una viva sospecha. Se trata de la presencia en el pueblo toledano de Layos de la llamada “Trama Vasca” o “Trama Vasco-Malaya”, un enrevesado y complejísimo entramado empresarial en el cual relumbran nombres como el de Javier Arteche Tarascón –presunto testaferro de Juan Antonio Roca e imputado en piezas separadas del caso Malaya– Luis Maya Galarraga, Maria Eugenia Yeregui Kinkel, Ignacio Lasa Georgas, etc. En este caso, no sólo la Fiscalía ha considerado irrelevante el asunto, sino que toda, repito, toda la prensa, ha guardado un reverencial silencio, pudiera ser porque asociado con esos personajes aparece ahí –concretamente en la mercantil LAYOS CASA CAMPO– el apellido Oriol e Ibarra.

La generosa financiación dada por la Caja capitaneada por Hernández Moltó a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo y a Enrique Ventero Terleira, es otro de los hechos escalofriantes acaecidos en el entorno político-económico de la Junta manchega. Ya dije aquí que CCM, según documentación que consta en el sumario del caso Malaya, había financiado a Roca la compra del palacio de Saldaña en Madrid, pero también, como en su día revelaron Alejandra Ramón y Javier Romera en El Economista, CCM ha prestado a algunos de los cabecillas de la trama Malaya –entre ellos al propio Roca– no menos de 200 Millones de €. Esta circunstancia no ha merecido la atención de la Fiscalía y, parece ser, tampoco de la inspección del Banco de España o, lo que es más sorprendente, de la oposición regional.

Así mismo, y relacionado con lo anterior, ha sido mínimo el revuelo levantado por el descubrimiento de que CCM participaba en varias sociedades con el imputado en Malaya, Enrique Ventero Terleira y con el también imputado en pieza separada del caso, Luis Portillo, el artífice de la quiebra de Inmobiliaria Colonial.

No obstante, si hay un caso flagrante en relación con esta vinculación de CCM con las tramas de corrupción marbellíes, es el de la finca Alcalvín de Bargas, tres millones de metros cuadrados adquiridos en sospechosas circunstancias por la mercantil PUERTA ORO TOLEDO y recalificada parcialmente bajo la autoridad del alcalde de la localidad, Gustavo Figueroa Cid, vicepresidente de la Diputación toledana y mano derecha e izquierda de su presidente, José Manuel Tofiño.

Sobre la mitad de esta finca, cuyo proyecto de urbanización está calificado como “medioambientalmente inviable” se constituyó una primera hipoteca a favor de CCM por valor de unos 30 millones de €. El plazo era de dos años. Transcurrido dicho plazo sin que PUERTA ORO TOLEDO hubiera pagado a CCM ni un céntimo del capital o los intereses del crédito, la Caja de Hernández Moltó lo renovó el 15 de mayo de 2007 en las mismas condiciones y por otros dos años. Esos dos años volvieron a transcurrir sin que los propietarios de la finca pagaran absolutamente nada del crédito recibido y así, el 13 de mayo de 2009, dos días antes del nuevo vencimiento y con CCM manifiestamente en quiebra, la Caja presidida por Moltó volvió a renovar el crédito de 30 millones en idénticas condiciones y sin ninguna penalización o ampliación de garantías.

Pero si esta operación en sí misma es turbia, el hecho adquiere un significado preciso cuando sabemos que los propietarios de PUERTA ORO TOLEDO son, ni más ni menos, que el “malayo” Pedro Román Zurdo, el socio de Roca y del citado Román, Juan María López Alvarez, la constructora SACYR y uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Europa, el bufete Cuatrecasas.

El caso mereció un amplio artículo en El Mundo firmado por Cristina Caballero, pero ni la Fiscalía, ni la oposición ni –por lo que se sabe hasta ahora– la Inspección del Banco de España, han considerado la cosa digna de investigación.

Esta no es una relación exhaustiva. Existen otros hechos que ensombrecen toda la política urbanística de Castilla-La Mancha y, especialmente, de la comarca toledana de La Sagra, fronteriza con la provincia de Madrid; hechos que atañen a Illescas, a Carranque, a Borox, a Chozas de Canales, a Casarrubios del Monte, por supuesto a Seseña, etc. etc., ninguno de los cuales parece tener la suficiente relevancia penal ni reclamar una investigación judicial o policial.

Pedro Román esposado a Roca

No obstante, para quienes consideran –y yo lo considero así– que la situación española ha alcanzado un estado de “corrupción endémica” tal y como la ha definido el Parlamento Europeo en el Informe Auken y que, por lo tanto, es obligación cívica sospechar, investigar y denunciar; lo conocido hasta ahora en Castilla-La Mancha –aunque no sólo ahí– dibuja una evolución preocupante en las estructuras de corrupción política. Si habitualmente se identifica corrupción con cohecho, es decir, con soborno, los datos disponibles pergeñan un esquema sustancialmente distinto y mucho más perfeccionado.

Ya no se trata de que un constructor tenga que pagar un soborno a un alcalde o a un responsable político dentro de su ámbito de poder, sino de la creación de zonas geográficas de monopolio a favor de determinadas empresas o grupos empresariales vinculados más o menos abiertamente a los poderes políticos de esos territorios. Tales grupos no solamente se benefician de su privilegio monopolístico, sino de la disponibilidad incondicional e ilimitada del crédito por parte de los gobernantes regionales a través de las cajas de ahorro y, si llega el caso y así es necesario, de la potestad de estos para modificar la legislación aplicable y convertir en jurídicamente viable lo ilícito, si es que no lo decididamente delictivo.

La crisis y el fiasco ladrillesco, además de haber puesto al país al borde de la intervención y de la liquidación del Estado Social, también han enervado estos nuevos esquemas de corrupción que amenazan con barrer el Estado de Derecho porque parten, precisamente, del mismo poder legislativo que los debería combatir; pero no los han hecho desaparecer. Permanecen donde estaban, a la espera de que vuelvan los buenos viejos tiempos, y sólo una más que improbable reacción civil podrá estorbar el desmoronamiento definitivo de la más elemental decencia pública.

Entre tanto, el actual alcalde de Toledo, eterno delfín de Bono, Emiliano García Paje, ha asegurado a la prensa que Hernández Moltó “no está imputado por corrupción”. ¿No?.

La Audiencia Nacional investigará los presuntos delitos cometidos por Juan Pedro Hernández Moltó

José Bono muestra su apoyo a Moltó el pasado 16 de octubre

El cerco judicial se estrecha sobre Juan Pedro Hernández Moltó, el que fuera presidente de la quebrada CCM, ahora destituído e investigado por Anticorrupción y por la Audiencia Nacional.

Ha llovido mucho desde que, a finales del 2006, Notitia Criminis empezó a revelar sospechosas vinculaciones entre CCM y determinadas operaciones inmobiliarias –como la del campo de golf de Carranque o la de la finca Alcalvín de Bargas, ambas localidades toledanas– algunas de ellas realizadas en Madrid, Toledo y Murcia por los procesados en la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, Pedro Román o Enrique Ventero.

Los hechos, sin embargo, han comenzado a precipitarse a partir del 8 de septiembre del corriente año cuando el diario “El Mundo” publicó que el Banco de España había remitido un voluminoso informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre los hechos detectados durante la intervención de la Caja.

En dicho informe, al que ha tenido acceso Notitia Criminis –cuya parte filtrada a la prensa se puede descargar desde aquí– aparecen nombres habituales en esta página: Petra Mateos Aparicio-Morales, Domingo Díaz de Mera, Luis Portillo, los hermanos Barco Fernández, Juan María López Alvarez, etc. y además se describe concienzudamente lo que bien podría llamarse “el saco” de CCM consumado durante los meses previos a su intervención por parte del Banco de España.

Posteriormente, el 22 de septiembre apareció la noticia de la apertura de diligencias contra Moltó y otros miembros del Consejo de la difunta Caja por parte de la Fiscalía Anticorrupción; y el día 17 de octubre de este mismo año el diario digital “Noticias de Castilla-La Mancha” informó sobre una reunión de importantes dirigentes del PSOE toledano, encabezados por José Bono, con Hernández Moltó en lo que fue una manifiesta muestra pública de apoyo dada a un hombre al que seguramente se le deba mucho y que, sin duda, también sabe mucho.

En la mencionada reunión Bono fue sorprendido, como se puede apreciar en la fotografía que acompaña a este artículo, saludando efusivamente a Moltó, pero el próspero Presidente del Congreso de los Diputados y atinado empresario hípico, no fue el único asistente. Otros personajes cuyos nombres no sorprenderán a quien haya seguido las informaciones publicadas aquí, acompañaron ese día Moltó. Tal es el caso de José Manuel Tofiño, presidente de la Diputación Provincial de Toledo y alcalde de Illescas, Emiliano García Paje, actual alcalde de Toledo y eterno delfín de Bono, o Antonio Guijarro, diputado regional y secretario general del PSOE de Toledo.

No obstante, este despliegue de públicas amistades no ha impedido que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 asuma la competencia para investigar los posibles delitos cometidos por Moltó y otros consejeros y directivos de la quebrada Caja Castilla-La Mancha.

Según el Auto dictado por el Juez Pablo Ruz, los 7.100 Millones de € que ha necesitado CCM para paliar los efectos de su quiebra “evidencia de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”, razón por la cual se deducen suficientes indicios como para investigar presuntos delitos defraudatorios cometidos contra una “generalidad de personas” afectadas por el perjuicio patrimonial y que serían “los depositantes y acreedores” de la Caja.

Sigue, pues, de esta manera, desvelándose lenta pero inevitablemente, la verdad de lo ocurrido en Castilla-La Mancha, primero bajo el cetro de José Bono y ahora bajo el de José María Barreda.

El Banco de España denuncia a Hernández Moltó ante la Fiscalía

Molstó y Barreda

La institución que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez aprecia indicios de delito en la actuación de Juan Pedro Hernánde Moltó al frente de CCM y trasladará a la Fiscalía el tanto de culpa. La noticia la hace pública hoy El Mundo.

Lo que, en atención al contenido del Pliego de Cargos redactado por el Banco de España, parecía inevitable o, al menos, legalmente exigible, se ha producido, pero 16 meses después de aquella intervención. Esto no es cosa vana puesto que en ese casi año y medio los presuntos responsables de los delitos detectados han contado con un tiempo inestimable para alterar pruebas, para difuminarlas o para dificultar en extremo la investigación judicial. A pesar de ello, el material recopilado por los Inspectores y el aportado por investigaciones periodísticas no deja de ser abrumador.

Al hilo de esto, hay que recordar que el 24 de octubre de 2008, bastante antes de la intervención, El Confidencial publicó un artículo titulado “Los Agujeros de Caja Castilla la Mancha”. Ahí se decía lo siguiente:

“Entre sus actuaciones –las de CCM– se incluyen el aeropuerto de Ciudad Real, necesitado de socios financieros a una semana de su inauguración, a proyectos inmobiliarios con conocidos imputados en operaciones contra la corrupción como Malaya”.

A esas afirmaciones, “un portavoz de la entidad”, contestó diciendo: “Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocidaNadie de esta casa está imputadoSomos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”.

Ese “portavoz” también recordará –permítaseme la pedantería– un comentario hecho ese día a la periodista que le había telefoneado: eso son calumnias esparcidas por un blog, pero “ya le hemos denunciado”.

Pues bien, señor “Portavoz” de la ahora desaparecida CCM, hasta aquí hemos llegado y ya veremos hasta dónde llegamos en el futuro.

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Caso del Pocero: “O grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos” por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha

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La información que publica hoy El Mundo –que se puede descargar íntegramente pulsando sobre la imagen– hace entrar el caso del Pocero de Seseña en un nuevo estado, cualitativamente distinto y de alcance aún difícil de calcular.

El citado periódico desvela un “informe confidencial” fechado el 11 de mayo de 2007 y remitido por la Intervención General del Estado a la teniente fiscal Belén González Patín, quien actúa ahora como acusación pública contra José Luis Martín, alcalde de Seseña durante la aprobación del PAU del Pocero.

Para la Intervención General del Estado, la actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sólo puede explicarse como “grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos” y eso sitúa al que entonces era Consejero del ramo, Alejandro Gil al borde del precipicio y a punto de dar un gran paso al frente; pero no sólo a Gil, sino también a quienes, por encima de él presidían el Gobierno regional del que formaba parte: José Bono y José María Barreda sucesivamente.

Únase a esta información, un presunto miembro de la mafia calabresa –Giovanni Piero Montaldo– detenido durante la operación Malaya y también imputado en la operación Astapa, pagando al ex alcalde José Luis Martín 700.000 € por razones que todavía se desconocen.

Únase a ambas cosas, que ese presunto mafioso actuaba en Marbella como apoderado de APEX 2000 (Iberdrola Inmobiliaria) en cuyo consejo de administración aparece Rafael Santamaría Trigo, gran amigo de Bono y benefactor, según las últimas informaciones de prensa, de aquél y su familia con diversas dádivas de muy considerable cuantía.

Añádase que el mismo Rafael Santamaría compartió sociedad (Royal Mediterránea) con con el abogado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas.

Finalmente, téngase muy presente el artículo que Enrique Gimbernat –un penalista sobresaliente y, sin duda, un sabio de rango europeo en materia de dogmática penal– publica hoy, también, en El Mundo, sobre el cohecho impropio.

El Tribunal de Cuentas desmonta la estrategia de Bono y Barreda en el caso del Pocero

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Hace ya tiempo que la estrategia seguida por el PSOE toledano en el caso del Pocero pasó del manifiesto apoyo a un aparente repudio.

En 2004 la Ejecutiva Federal del PSOE, para entendernos, Ferráz, no Toledo, forzó la disolución de la agrupación socialista de Seseña, a todas luces ya entonces, demasiado sospechosa.

En noviembre de 2007 Hernández Moltó, refiriéndose a la retirada del crédito que CCM venía proveyendo al Pocero, hizo unas notablemente indiscretas declaraciones recogidas por el diario Las Provincias: “el que la hace que la pague y que la pague rápido y suficientemente. Considera que al negocio no le van bien los exhibicionistas, la ostentación es un mal aliado del empresario”.

Esto no siempre ha sido así. En julio de 2006, apenas unas horas antes de que se hiciera pública que la Fiscalía Anticorrupción abría diligencias de investigación sobre el asunto del Pocero, Barreda aseguró en rueda de prensa que El Quiñón era “transparente, legal e impecable”.

Ahora, en 2010 parece que ya no está dispuesto a repetir esas declaraciones, pero hay un incidente en la ya larga historia del PAU del Pocero que hace sospechar seriamente sobre la sinceridad de Barreda en aquel momento.

Según describen detalladamente Alejandra Ramón y Ruth Ugalde en “El Pocero de Seseña”, corriendo el otoño de 2003, con el ahora imputado José Luis Martín de alcalde, “Ante la gravedad de los acontecimientos IU decidió convocar un pleno para solicitar una fiscalización de las cuentas del consistorio desde el año 1990. El grupo municipal del PSOE… votó a favor, mientras que el PP se abstuvo. La decisión socialista sorprendió a todos los presentes y entre los militantes de IU empezaron a temer que los socialistas hubiesen actuado así porque tenían la seguridad de que la Junta rechazaría la petición. Y los malos augurios se cumplieron. Pasados unos meses, el síndico de cuentas de Castilla-La Mancha dio carpetazo al asunto tras alegar que “no ve ningún ningún motivo para realizar la fiscalización”.

Siete años después, el Tribunal de Cuentas, una de las pocas instituciones españolas en las que aún se puede confiar, desmiente al Síndico de CASTILLA-LA MANCHA, desmiente a Barreda e, igualmente, desmiente a Bono, todos los cuales han insistido e insisten en la absoluta legalidad de la tramitación del PAU del Pocero o, en todo caso, en la absoluta legalidad de su propia actuación.

Pero, además, ese mismo informe, que pone de manifiesto la evidente omisión de las obligaciones de inspección y control que la Ley imponía a los gobiernos de Bono y Barreda y que, dependiendo de hasta dónde lleguen las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas, bien podría hacer entrar en juego al artículo 11 del Código Penal; desmiente la fatigosa estrategia defensiva de José Bono, él sí, incansable a la hora de denunciar la “campaña de difamación de que es víctima”.

Si alguien difama a Bono, son los hechos y lo malo para él, es que son sus hechos y los hechos de su sucesor, Barreda. En fin, léase con atención el artículo que publica hoy Carlos Segovia en El Mundo. Se puede descargar pulsando sobre la imagen.

Barreda se sirve de una treta para poner 140 Millones de € públicos a disposición de los socios del quebrado aeropuerto de Ciudad Real

¿Qué debe José María Barreda a Domingo Díaz de Mera, a Aurelio González Villarejo y a Antonio Miguel Méndez Pozo? ¿Qué vasallaje le obliga hacia esos hombres?.

No diré que sea insólito, porque la maniobra se esperaba, pero la desvergüenza es de tal enormidad, tan soberbio es el desparpajo con el que ya actúa el Gobierno de Castilla-La Mancha, que el asombro es inevitable.

Finalmente, a pesar de la declaración de quiebra, a pesar de la escandalosa trayectoria del negocio fraguado entorno al aeropuerto de Ciudad Real, Barreda, valiéndose de una treta de buhonero con malas mañas, va a poner a disposición de los socios ―suspendidos por el Juzgado de sus facultades de administración y disposición― de ese fracasado aeropuerto 140.000.000 de € sacados de los fondos públicos.

La martingala se ha consumado de la siguiente forma: Hoy el parlamento regional ha aprobado la creación de una empresa pública que se hará cargo de la “gestión” ―no de la propiedad― de las “infraestructuras aeroportuarias”. Dicha empresa pública será la que ponga a disposición del mencionado aeropuerto, es decir, a disposición de Domingo Díaz de Mera y de sus socios, el aval de 140.000.000 de €.

Lo que no se atrevió a hacer directamente, tres días antes de que se conociera el Auto que declaraba la quiebra de CR AEROPUERTOS, Barreda lo hace hoy interponiendo una pantalla societaria que sólo puede ocultar la realidad a los necios o a los cómplices.

La situación creada hoy en el Parlamento de Castilla-La Mancha ha permitido a los parlamentarios del PP hablar de Mafia y de prácticas mafiosas y les ha permitido también denunciar que distintos medios de comunicación han sido amenazados con la retirada de fondos provistos por el Gobierno Manchego.

No importa, Barreda estará tranquilo porque en Castilla-La Mancha impera el principio de intervención ínfima del Derecho penal, según el cual principio, sólo algunos pobres diablos, cuando por su propia ignorancia y descuido, son pescados con las manos en la masa, pueden temer acabar en manos del brazo secular.

Pongo a continuación la crónica publicada por Europa Press de lo sucedido hoy en el Parlamento de Castilla-La Mancha:

TOLEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) –

«El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó este jueves, con los únicos votos del PSOE y la ausencia del Partido Popular, que abandonó la Cámara regional, la creación de una empresa pública de gestión de infraestructuras aeroportuarias, con el debate de la concesión de 140 millones de euros a la sociedad del aeropuerto de Ciudad Real como fondo.

Durante el debate, que centró tres puntos de la sesión plenaria, el diputado del PP, Leandro Esteban, insistió en pedir la retirada de la Proposición de Ley, rechazando que se dé dinero a una empresa pública cuando «no hay un solo informe que diga que esta propuesta es viable», y avanzando que su grupo va a solicitar la creación de una comisión de investigación sobre los efectos que puedan originar la aprobación de la iniciativa.

Desde el PSOE, el diputado José Manuel Caballero, insistió en que esta es «la mejor propuesta» para el aeropuerto de Ciudad Real, y señaló que los socialistas no están «en contra» de las auditorías que sean necesarias ―»no tres sino 33″― en este caso, aunque defendió que primero hay que crear la empresa pública, pues «no tiene lógica empezar la casa por el tejado».

Antes de la votación, el presidente regional, José María Barreda, tomó la palabra ―mientras los diputados del PP abandonaban el salón de plenos― con la intención de preguntarle a la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, su opinión sobre este tema, algo que no pudo hacer estando ella ya ausente, lo que Barreda calificó como una «falta de cortesía parlamentaria» y un «déficit democrático grave».

Decisiones en el marco de la ley

Aseguró que el aval de 140 millones de euros que se concederá a la sociedad del aeropuerto ―empresa «cuyo riesgo de solvencia ha sido declarado por un juez«― «significa que cada ciudadano tendría que poner 70 euros», convencido de que en este tema «casi todo huele a podrido» y por eso en el PP «no vamos a pasar por ese aro» pues «alguien tiene que tener la dignidad de hacer que se esclarezca la verdad y señalar a los culpables«.

«Están protegiendo a sus amigos, no al aeropuerto, sólo a sus amigos«, aseveró Leandro Esteban a continuación, para rechazar que sea «el señor Díaz de Mera» ―»el que domina medios de comunicación«― quien tiene que dar explicaciones por recibir 140 millones de euros y, sin embargo, es «el que manda que nos callemos todos los demás«.

La trilogía del mal

Una vez aprobada la toma en consideración de la Proposición de Ley, con los votos en contra del PP, se procedió al debate de la misma ―tras tramitarse por el procedimiento de lectura única―, pidiendo nuevamente el diputado del PP que en vez de cometer «este disparate», el PSOE accediera a su retirada.

Advirtió en este punto Leandro Esteban de la relación entre el aeropuerto, Caja Castilla La Mancha (CCM) y el auto del concurso de acreedores, donde se detalla «que se han renegociado y ampliado operaciones vencidas que deberían haber sido ejecutadas y eso no se ha hecho«.

Acto seguido, agregó que el aeropuerto «no se va a deslocalizar» pues los administradores judiciales «han asegurado que el aeropuerto va a seguir funcionando de manera perfecta», preguntándose «qué temen sus señorías que suceda si se conoce la verdad de este agujero» y consciente de que hoy «escribimos el tercer volumen de la trilogía del mal«, el formado por CCM, la Fundación Virtus y el aeropuerto de Ciudad Real.

«Lo que se pretende aquí es echar toneladas de tierra encima para que no se sepa qué ha ocurrido, y no estamos dispuesto a asumirlo, pero hay que tener la suficiente gallardía para ponerse enfrente y decir basta. Hasta aquí hemos llegado«, subrayó el parlamentario del PP, que defendió un informe de auditoría que calcule «el alcance de la deuda real».

Amenazas

En un momento de su intervención en el debate, Leandro Esteban reprochó a Caballero que tuviera «mucha cara» para justificar determinadas cosas cuando es el que «amenaza» a «algunos medios diciendo que les va a retirar fondos que son de la Junta de Comunidades«. «Mafia«, le espetó, advirtiendo de que «si me obliga a dar nombres de medios, los daré», acusando tanto al parlamentario socialista como «de paso» también al presidente regional, José María Barreda, «que consiente esas prácticas mafiosas«.

Caballero, en un turno posterior, apremió a Esteban a que «demuestre que yo amenazo a medios de comunicación» y a acudir a los juzgados, algo que –auguró– no va a hacer «porque son especialistas de acusar sin pruebas» y «tiene que ir al juzgado y presentar pruebas».

«Si su señoría no reconoce lo que ha hecho con los medios, me voy a ver obligado a decir quién», aclaró en respuesta el diputado del PP, al subir de nuevo a la tribuna, y señaló que uno de los medios «amenazados» ha sido la revista Ecos y, en concreto, su directora, Mar G. Illán. Caballero volvió a señalar que sin pruebas no se puede acusar e instó al PP o a la persona mencionada a ir a los tribunales ».

Quiebra del aeropuerto de Ciudad Real ¿la consumación de un fiasco o un golpe bien planeado que ha salido mal?

Barreda junto a Díaz de Mera

Llamemos a las cosas por su nombre. El negocio del aeropuerto de Ciudad Real y el de su anexo inmobiliario: El Reino de Don Quijote, ha despedido desde sus inicios un vapor irrespirable, ha inducido a vehementes sospechas.

El Gobierno de Barreda declaró el proyecto “de singular interés” y desde sus inicios vertió en él importantes cantidades de fondos públicos, sin contar con la participación suicida de CCM, a las órdenes de Hernández Moltó.

La declaración de singular interés tuvo la virtud de facilitar y acelerar las expropiaciones de los terrenos, que se pagaron a 54 céntimos el secano y a 1 € y 20 céntimos el regadío; y de justificar las citadas inversiones públicas en el busisness o, mejor dicho, en favor de sus principales beneficiarios: Domingo Díaz de Mera y su sombra societaria, los hermanos Barco Fernández, vinateros venidos a la crianza de hormigones; Antonio Miguel Méndez Pozo, como ya he señalado aquí, un ex presidiario plenamente reinsertado en la sociedad, sobre todo en la de Castilla-La Mancha; el ahora quebrado Ramón Sanahuja; y el inevitable Aurelio González Villarejo, que igual que construye casitas de poliespam ―esto es real, no irónico― en Carranque, asfalta pistas de aterrizaje en las tierras de la Orden de Calatrava.

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Todos estos son hombres de manifiesta amistad con José Bono y con José María Barreda y digo que estos fueron los principales beneficiarios porque la operación se diseñó de la siguiente manera: CCM, por sí o a través de CCM CORPORACIÓN, participó directamente en el proyecto con un 36,43% del capital pero, además, financió la inversión de sus otros socios en una cuantía que según el informe emitido por el Banco de España tras la intervención de la Caja, llegó a los 204 Millones de € una vez descontadas las pérdidas por los deterioros de los activos.

A cambio, Díaz de Mera y los demás garantizaron esos créditos, no con activos tangibles o intangibles de su propiedad, sino con las acciones de la misma cosa financiada por la caja acreedora, es decir, que recibieron billetes de banco de curso legal y, a cambio, entregaron unas estampitas rotuladas como «acciones al portador» que bien podían haber sido impresas en la librería-papelería de la esquina.

De paso, estos importantes empresarios, «constructores áulicos de Castilla-La Mancha», ya que dominaban el consejo de administración de CR AEROPUERTOS y ya que eran expertos constructores, devinieron en contratistas y proveedores de sí mismos en el aeropuerto, de modo que la inversión cuyo dinero partió de las arcas de CCM fue dirigida, con un flujo constante de facturas, hacia las otras empresas de esos mismos consejeros, contratadas, por supuesto, al margen de cualesquiera garantías administrativas puesto que el aeropuerto de Ciudad Real era un negocio privado y al Derecho privado había que estarse. Tal fue el caso, como luego veremos, de la mercantil MONTREAL PROYECTOS Y REALIZACIONES SA, controlada por Domingo Díaz de Mera a través de RUTESO APLICACIONES.

No es posible concebir que Barreda o los otros pudieran creer, por muy esponjados que estuvieran en Moët & Chandon ese día, que un aeropuerto en medio del páramo ciudadrealeño, donde ni las abubillas demuestran interés por aterrizar, fuera un negocio; y como no lo creían ―posiblemente inspirándose en el gángster Bugsy Siegel, el hampón visionario que con el hotel Flamingo dio origen a lo que hoy son Las Vegas― unieron el destino del aeropuerto a un complejo de tugurios de lujo donde organizar timbas internacionales, de zonas residenciales, de parques de atracciones y del obsesivo y patético campo de golf, emblema del esnobismo de la década ominosa de la corrupción inmobiliaria española; cosa a la que llamaron «El Reino de Don Quijote».

La idea debía funcionar porque el apoyo político de Barreda estaba garantizado y el financiero, a través de Hernández Moltó, también parecía inagotable, pero si Bugsy Siegel cayó asesinado por orden de Lucky Luciano, Caja Castilla-La Mancha fue llevada a la quiebra por Hernández Moltó y sus generosos préstamos, no sólo hacia los socios del aeropuerto o hacia los propios consejeros de la Caja, sino también, por ejemplo, hacia otro hampón más castizo, pero no menos ambicioso: Juan Antonio Roca Nicolás, titular junto con alguno más de sus socios «malayos» de créditos ―que se sepa― por cuantía no inferior a los 200.000.000 de €.

Los intentos de Barreda por resucitar al difunto han sido tan desvergonzados como patéticos, incluida la modificación in privos lata de la LOTAU, hecha para que los amigos en apuros ―en atención a la importancia de su proyecto para la región, por supuesto― pudieran fragmentar los suelos expropiados a 54 céntimos el metro cuadrado y venderlos a 600; o también, el último intento de proveer a CR AEROPUERTOS con un aval de 140.000.000 de €, retirado del orden del día en el mismo Pleno de las cortes regionales del 27 de mayo de este año, donde estaba prevista su aprobación.

Esa decisión de Barreda sorprendió a propios y ajenos, sobre todo a los ajenos al Auto que tres días después ha evacuado el Juez Amalio de Juan Casero declarando el concurso necesario de acreedores de la mercantil CR AEROPUERTOS.

Sin embargo, la postura del presidente de Castilla-La Mancha no podía ser otra. No albergo dudas de que el día del Pleno Barreda tenía ciencia del contenido del mencionado Auto. Haber comprometido 140.000.000 de € en favor de Díaz de Mera y sus socios horas antes de que el beneficiario de ese aval fuera declarado en quiebra, con el Estado y el sistema financiero español no menos quebrado y días después de que Rodríguez Zapatero hiciera saltar por los aires, con su decreto de medidas de reducción del déficit, el Preámbulo y medio Título Primero de la Constitución; hubiera sido algo peligroso incluso para unos maestros de la impostura política como son el discípulo de Bono y sus consejeros.

Pero con la declaración de quiebra llegamos al punto más truculento de toda la turbia historia de ese aeropuerto, en el que sólo opera una línea aérea y eso por que ha sido convencida para ello mediante una subvención pública.

Dossier de prensa sobre el aeropuerto de Ciudad Real

La primera demanda de concurso de acreedores fue presentada por José Angel González Tausz, en nombre y representación de la mercantil MONTREAL PROYECTOS Y REALIZACIONES SA. No obstante, como he dicho, esa empresa está controlada mayoritariamente por Domingo Díaz de Mera a través de RUTESO APLICACIONES ―51% del capital social, frente al 49 % que tenía González Tausz― de forma y manera que, en realidad, el concurso lo reclamaba Díaz de Mera acreedor, contra Díaz de Mera deudor, pero sólo aparentemente, porque para esas fechas, CCM estaba intervenida y sumando a su participación en el capital, los créditos incobrables comprometidos en el aeropuerto, el único propietario de ese fiasco, era CCM, es decir, el Banco de España, es decir, la res publica española o, para entendernos aún mejor, los presupuestos del Estado que se nutren con los impuestos de los ciudadanos que no pueden constituir SICAVs, las cuales tributan por el capital eludido en ellas al 1 % y no al 24, 28 o 53 % como los mortales comunes que sólo hacen declaración de IRPF.

A fechas de presentación de la demanda de concurso, el aeropuerto adeudaba a Montreal unos 17 millones de €. Si el concurso prosperaba, Díaz de Mera cargaba, en su condición de socio del aeropuerto, no con pérdidas, sino con lucro cesante, pero a cambio obligaba a CCM-Banco de España, propietaria de facto del engendro aeroportuario, a seguir volcando billetes de curso legal en las fauces de ese perro ―me refiero a la empresa, no al empresario― de vientre dos veces insaciable.

Había, además, otra ventaja. Ante la situación de emergencia, Barreda tenía la oportunidad, como así ha sucedido o habría sucedido si los acontecimientos no se hubieran precipitado, de justificar la entrega de otra subvención multimillonaria; 140.000.000 de €.

También pudiera ser que González Tausz, harto de los enjuagues que han rodeado la vida del aeropuerto y en previsión de que la CCM intervenida no fuera tan dócil como lo había sido Hernández Moltó, no quisiera esperar más por la parte de esos 17 millones que le correspondía; sin embargo hay indicios que hacen que me incline más por la posibilidad de que estemos ante un plan al que sólo los imponderables han hecho fracasar, suponiendo que haya fracasado, cosa que habrá que ver aún.

Cuando González Tausz presentó la demanda de concurso, los socios mayoritarios de Montreal reaccionaron airadamente y denunciaron al citado por coacciones y por realización arbitraria del propio derecho, pero tal denuncia no podía ni puede prosperar, porque interponer una demanda no es coaccionar a nadie, sino ejercer un derecho; y porque el tipo incluido en el artículo 455 del Código Penal, el de la realización arbitraria del propio derecho, exige que se actúe «fuera de las vías legales» y demandar en los Tribunales no está fuera de las vías legales; y que, además, se emplee «violencia, intimidación o fuerza en las cosas» y no me imagino al Sr. Tausz intimidándose a sí mismo con un cuchillo cebollero o con una Walter 99, para obligarse a ir al Juzgado.

Como Díaz de Mera, no solamente tiene un hermano letrado de reconocido prestigio en Marbella, sino que se gasta sus buenos cuartos en picapleitos de trajes de alpaca y despachos en la milla de oro de Madrid, esto lo sabía y, por tanto, también sabía que estaba tirando con salvas.

Es cierto que RUTESO APLICACIONES, la sociedad de Díaz de Mera que controlaba MONTREAL, quitó la presidencia a González Tausz, socio minoritario, y lo sacó del consejo sin contemplaciones, pero no es menos cierto que, ya sin las «coacciones» del destituido y, por tanto, completamente en manos de Díaz de Mera, MONTREAL no desistió de su demanda.

También es verdad que el hombre propone y Dios dispone y que, en este caso, Dios a través de una de las entidades financieras de su Iglesia, Cajasur, a la que el aeropuerto adeuda unos 18 millones de €, dispuso por su cuenta, y la Caja andaluza ―ahora también intervenida― se sumó a la demanda de concurso, liando la madeja considerablemente.

Es lo que tienen los planes, aún los minuciosos, que siempre están sujetos a imponderables, en este caso al de Cajasur y al de la indecisión de Barreda que le ha hecho perder un tiempo precioso en la tramitación de los 140.000.000 de € que pretendía poner a disposición de los socios del aeropuerto.

Por otro lado, para acabar de nublar el escenario, a pesar de que la letrada que representaba al aeropuerto, se dedicó el día de la vista a lanzar airados ataques contra Cajasur y Montreal, dicha defensa no se planteó nunca en términos económicos.

La joven letrada contratada por Díaz de Mera para actuar contra sí mismo, alegó el apoyo político brindado al aeropuerto, pero de forma absurda, según el Auto del Juez Amalio de Juan, pretendió hacer valer la solvencia de la empresa sin presentar «prueba documental de la contabilidad oficial… No aporta ―dice el Juez― los libros contables cuya llevanza se impone imperativamente para todo empresario viniendo además a admitir tácitamente que con anterioridad al inicio de su actividad en diciembre de 2008 sus resultados eran negativos con pérdidas que ascienden a la cifra de 2.737.990 € en 2005, 9.204.209 € en 2006 y 1.785.449 € en 2007».

En fin, que algo huele a podrido en Castilla-La Mancha con mucha más intensidad que en Dinamarca, pero en lo que a esta región concierne, está visto que la Fiscalía Anticorrupción sigue fiel al principio de intervención mínima del Derecho penal, aunque se me antoja que lo suyo más parece fidelidad al principio de intervención nula.

Quiebra el aeropuerto de Ciudad Real

Barreda, el principal protector del negocio aeroportuario de Díaz de Mera, Méndez Pozo y Aurelio González Villarejo

Ciudad Real, 1 jun (EFE).-

Un juzgado de Ciudad Real ordenó hoy la suspensión de CR Aeropuertos S.L. en sus «facultades de administración y disposición sobre su patrimonio» y decretó el inicio de un concurso necesario de acreedores (antigua suspensión de pagos) por el impago de sus deudas.

Los actuales administradores del primer aeropuerto privado de España quedan sustituidos en su ejercicio por tres administradores concursales: un abogado, un auditor-economista y un acreedor que, en este último caso, es la Caja de Ahorros de Córdoba, CajaSur.

La decisión judicial ha sido adoptada por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, Amalio de Juan Casero.

La decisión judicial se ha conocido oficialmente en el mismo momento en que PSOE y PP celebraban una reunión a puerta cerrada en las Cortes regionales, en Toledo, para decidir sobre el futuro del aeropuerto, que atraviesa una grave crisis financiera.

El auto judicial decreta la «suspensión del deudor (CR Aeropuertos) en sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sustituido en su ejercicio por los administradores concursales».

El concurso necesario de acreedores fue solicitado inicialmente por Montreal Montajes y Realizaciones S.A., a la que se sumó luego CajaSur, que declararon el «estado de insolvencia» de la sociedad propietaria del aeropuerto, CR Aeropuertos S.L., «al no poder cumplir regularmente sus obligaciones».

Montreal Montajes reclama una deuda de 16,9 millones de euros que CR Aeropuertos se comprometió a abonar en dos pagarés «con vencimientos sucesivos y que a la postre no se entregaron», dice el auto.

CajaSur se sumó a la demanda en marzo pasado, al reclamar una póliza de crédito vencida en cuenta corriente con fecha 1 de septiembre de 2009 por un saldo de 18,8 millones de euros, que fue reclamado «extrajudicialmente y no satisfecho», según el auto del juez de lo Mercantil.

Los demandantes aportaron como prueba «deudas exigibles e impagadas» de otros acreedores «suficientemente significativas» para respaldar la petición de concurso necesario de acreedores.

En este sentido, el auto cita la deuda que CR Aeropuertos mantiene con Caja Castilla-La Mancha por un importe de 50,6 millones de euros y 33,9 millones de euros como consecuencia de la ejecución de avales por parte de Isolux Wat, S.A.-Sacyr S.A. U.T.E. y Credit Suisse Internacional, respectivamente.

Igualmente, la deuda que mantiene con Isolux Wat, S.A.-Sacyr S.A. U.T.E., que asciende a 20,7 millones de euros; el débito que presenta con Caixa Catalunya por importe de 2 millones de euros y los debitos reclamados por los acreedores Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid y Airon Consultores S.L.P. personados en el mismo procedimiento concursal que ascienden a 48.720 euros y 24.669 euros, respectivamente, dice el auto del juez.

Barreda no quiere “criminalizar el sector del ladrillo” y pone “todos los fondos” de la Ley de Economía Sostenible a su disposición

Pulsar sobre la imagen para descargar el informe

Reproduzco a continuación la nota de prensa emitida por la asociación “Salvemos Las Rozas”, una prueba más de que el fiasco inmobiliario y la situación de “corrupción endémica” –términos utilizados por el “Informe Auken” relativo a España y aprobado por el Parlamento Europeo– no han hecho cambiar nada. Los escualos, responsables en mucho, si no en todo, de la calamidad pública y económica actual, siguen planeando retomar el festín donde lo dejaron.

Lo que según este comunicado se pretende hacer en Las Rozas, es plenamente aplicable a cualquier otro lugar, léase Illescas, donde el PAU de 24.000 viviendas sigue vigente; Carranque donde sólo dos PAUs adjudicados a PEYBER (campo de golf) y a la empresa de Aurelio González Villarejo prevén tres mil nuevas viviendas en una localidad que no llega a 3.000 habitantes; Cebreros (Avila) donde a Enrique Ventero, uno de los principales “malayos” se le ha adjudicado otro PAU en condiciones similares, etc. etc.

Los citados, son sólo ejemplos de una actuación sistemática encubierta y protegida por los poderes públicos que afecta a cualquier región –por supuesto, muy especialmente al norte Toledo– a la que se considere zona de expansión demográfica.

De hecho, el pasado 27 de marzo, El Digital de Castilla-La Mancha publicaba que Barreda, con una sinceridad digna de mejor desvergüenza, “dentro de las negociaciones del pacto contra la crisis y la Ley de Economía Sostenible, se ofreció a reunirse con los constructores y aprovechar todos los fondos que correspondan a la región en este tema”, es decir, se ofrecía a verter esos fondos en un “plan de choque” para la recuperación del sector de la construcción en Castilla-La Mancha, porque Barreda no quiere “criminalizar al sector del ladrillo”.

No hace falta recordar que los “constructores” de referencia en Castilla-La Mancha son una hermandad muy selecta con la que, tanto José Bono como José María Barreda, han demostrado mantener lazos muy estrechos: Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo o los hermanos Barco Fernández, y eso sin contar a algunas estrellas emergentes en la región, como Javier Arteche Tarascón en Layos y Argés, los hermanos Bermejo-Peinado (PEYBER) en Carranque o Pedro Román Zurdo y su socio Juan María López Alvarez en Bargas.

Esa ha sido y pretende seguir siendo, la política urbanística española: poner “todos los fondos” a disposición de personajes sospechosos unos o delincuentes convictos otros. Recordemos, por ejemplo, que ahora que se cumple un año de la intervención de CCM, aún no se ha dado ninguna explicación de porqué la entidad quebrada decidió prestar a Juan Antonio Roca Nicolas y sus secuaces, no menos de 200 Millones de €.

En fin, como he dicho, reproduzco a continuación el comunicado de prensa de la asociación “Salvemos Las Rozas” y de la “Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio”.

SALVEMOS LAS ROZAS HACE UN LLAMAMIENTO A TODASLAS ORGANIZACIONES DE “SALVEMOS LA SIERRA”, “CIUDADANOS CONTRA LA ESPECULACIÓN” Y LA “COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO” PARA SUMARSE A LA PROTESTA Y LA CAMPAÑA DE ALEGACIONES CONTRA EL PGOU DE LAS ROZAS

Asociación SALVEMOS LAS ROZAS

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid – num: 27.303 – CIF: G84227701. Tel: 687 558 436, www.salvemoslasrozas.org

ACTO DE PROTESTA:

SÁBADO 3 DE ABRIL A LAS 11’30

Frente al AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

INFORMACIÓN Y DESCARGA DE ALEGACIONES EN:

www.salvemoslasrozas.org

La asociación Salvemos Las Rozas denuncia que el documento actualmente en exposicion pública, que se propone para aprobación definitiva del PGOU de Las Rozas, es un atentado contra los intereses ciudadanos, un ejemplo de urbanismo salvaje, especulativo y depredador.

Esta versión del PGOU es aun más agresiva que la realizada en 2006 en la aprobación inicial, a que aumenta la edificabilidad en los nuevos sectores, añadiendo 11.300 viviendas en vez de 10.000, lo que supone añadir una población de 40.000 habitantes. Además incluye una enorme depuradora comarcal en suelo protegido de alto valor ecológico del Parque del Rio Guadarrama y dos nuevos campos de golf.

En Las Rozas hay cerca de 6.000 viviendas vacías en la actualidad y otras 2.500 aun pendientes de construir del PGOU de 1994. Estas 8.500 viviendas supondrán ya un aumento de población de más de 30.000, sobre los 85.000 actuales. Si a estas sumamos las nuevas viviendas propuestas en el PGOU nos encontramos con que la población de las Rozas se duplicaria en unos años, pasando de 85.000 a 160.000 habitantes.

Esto supone una masificación y una perdida definitiva y total de la calidad de vida en el municipio, y la consolidación de un modelo altamente insostenible de ocupación intensiva del territorio, contrario a todo criterio de ordenación territorial, especialmente teniendo en cuenta la actual saturación de infraestructuras básicas, especialmente de saneamiento, y la escasez de servicios, como institutos u hospitales.

A su vez la cantidad de viviendas vacías y pendientes de construir subrayan la absoluta injustificación de este nuevo PGOU y sus 11.300 nuevas viviendas. Esto implica un flagrante incumplimiento de la ley estatal de suelo, que exige la plena justificación de los desarrollos previstos y demanda la DESCLASIFICACIÓN de aquellos suelos urbanizables de anteriores PGOUs que no se hallan urbanizado y que no estén justificados.

Dado que hay 6.000 viviendas vacías en Las Rozas es evidente que no hay demanda de nuevas viviendas. Dado también que las obras en sectores como la Marazuela están paradas desde hace uno o dos años por efecto de la crisis económica y de la carencia de demanda la asociación exige la DESCLASIFICACION como suelo urbano de las parte no construidas del sector de a Marazuela y la no inclusión de nuevos sectores urbanizables.

La inclusión de dos nuevos campos de golf, con la consiguiente demanda de agua es otro ejemplo más de urbanismo insostenible y especulativo.

El PGOU es expresión máxima de todo aquello que el Parlamento Europeo critica duramente en su Informe AUKEN de 2009, sobre el urbanismo salvaje en España, informe en el que insta a la retirada de fondos europeos a España, por el modelo insostenible de desarrollo y las vulneraciones europeas que se cometen a través de él. El PGOU de Las Rozas prevé una enorme planta depuradora en suelo protegido y el municipio incumple las normativas europeas de saneamiento con un sistema de colectores deficitario y tecermundista, por lo que puede contribuir a la retirada de fondos europeos a España.

Tal como afirma el informe AUKEN, ha sido el modelo económico del ladrillo lo que ha inducido la crisis de especial gravedad que se vive actualmente en España, un suicidio económico del pais que se perpetua y se intensifica con este PGOU. La respuesta a la crisis no puede ser más ladrillo, sino la diversificación radical de la economía, anteponiendo ante todo la sostenibilidad ambiental y social.

La asociación lamenta que el ayuntamiento halla hecho oídos sordos a las quejas y alegaciones de cientos de ciudadanos que defendian un desarrollo sostenible, social y medioambiental y que lejos de ello, halla hecho una redacción aun más agresiva que la anterior, destinada a destruir definitivamente el municipio y atentar contra los intereses ciudadanos, la calidad de vida y el medioambiente.

La asociación denuncia también las dificultades a la participación ciudadana que se ha experimentado durante el proceso de aprobación del PGOU y el secretismo con el que el ayuntamiento ha querido sacarlo adelante. La asociación cuenta a eso efectos con un informe del Defensor del Pueblo que denuncia el ocultamiento de información que se produjo

La asociación exige la retirada del PGOU, la eliminación de todos los nuevos sectores urbanizables, de la depuradora comarcal en suelo protegido y de los dos campos de golf previstos, así como la desclasificación de suelo urbano o urbanizable pendiente de desarrollar del PGOU de 1994.

La asociación anuncia acciones legales, por la via contencioso-administrativa y en Europa, principalmente en función de los siguientes motivos:

  • ocultamiento de información en la aprobación inicial y dificultades a la participación ciudadana
  • incumplimiento de la ley estatal de suelo e injustificación de los nuevos desarrollos y necesidad de desclasificar suelo urbanizable.
  • vulneraciones de directivas europeas de saneamiento y espacios protegidos

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Contacto: Jaime del Val: Tel: 687 558 436

Chozas de Canales: una moción de censura, un tránsfuga y la venda antes de la pedrada en la frente de Jesús Gregorio Fernández Vaquero

Fernández Vaquero

Ya es público. Los concejales de obediencia bonista unidos a un tránsfuga del PP van a presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo) y como siempre, para desvelar o atisbar la realidad que subyace en este asunto hay que despreciar el velo de ciertas banderías políticas y chercher l’argent, seguir la pista del dinero, de la guita, del botín en definitiva.

La situación de Chozas de Canales fue objeto de un amplio reportaje en la revista Interviú en el cual se ponía de manifiesto que los protagonistas y el procedimiento seguido por ellos ha venido siendo el habitual en Castilla-La Mancha: Un ayuntamiento: el de Chozas de Canales; un alcalde, en este caso ya ex alcalde: Antonio Antúnez y un constructor áulico o adscrito a la corte municipal: Felipe Barbarroja.

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Parte la Marcha Contra la Corrupción ¿El PSOE de Castilla-La Mancha no tiene nada que decir?

Bono celebrando algún comentario de Cañizares

Entre doscientas y trescientas personas ―según el medio informativo― han iniciado hoy en Seseña la Marcha Contra la Corrupción. Para ello ha sido necesario que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Castilla-La Mancha ratificaran el derecho fundamental a la libertad de manifestación de los convocantes. Tanto la Delegación del Gobierno ―antiguo “gobernador civil”― de Madrid, como la de Toledo habían prohibido la citada marcha con el peregrino argumento de que el reglamento de tráfico prohibía la circulación de peatones por las autovías.

Sin embargo, como bien señala la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, la ocupación de la vía pública es consustancial al ejercicio del derecho constitucional de manifestación y este sólo puede ser prohibido cuando existan “razones fundadas de alteración del orden público con peligro para las personas y bienes”, cosa que, por supuesto, las respectivas Delegaciones del Gobierno, ni argumentaron ni probaron.

El incidente, sin embargo, sería irrisorio si previamente el PSOE de Castilla-La Mancha y especialmente algunas de sus figuras más destacadas en Toledo no hubieran iniciado una sostenida campaña de propaganda para desprestigiar y desnaturalizar el sentido de la protesta convocada por IU.

Así, en declaraciones a ABC aparecidas hoy, un miembro de la agrupación socialista de Seseña, afirmaba lo siguiente:

Desde el 13 de diciembre en que se conoció la decisión de la dirección nacional del Partido Comunista de convocar una marcha contra la corrupción desde Seseña a Madrid, el PSOE ha venido manifestando su posición con absoluta nitidez… La corrupción siempre tendrá en mí a un enemigo. Ahora bien, una cosa es denunciar los casos de corrupción, cuyas culpas tendrán que pagar los corruptos, y otra muy distinta es situar a Seseña en el centro del mapa de la corrupción en España.

Este señor del PSOE de Seseña citaba casi textualmente las palabras del vicesecretario provincial Jesús Gregorio Fernández Vaquero, quien ya dijo que no estaba dispuesto a que “se situara a Seseña en el epicentro (sic) del mapa de la corrupción”.

Web de la agrupación del PSOE en Seseña

En este tono se ha venido sucediendo la campaña del PSOE manchego: IU pretende que se tenga a Seseña por una población corrupta. Ellos se preocupan por su bonito pueblo y por su soberbio castillo y no comprometen el futuro de la localidad. Hay que dejar tranquilos a los tribunales y pasar página. Hay, en definitiva, que olvidar el caso de Seseña y olvidar aún más al Pocero.

Pero Seseña no es el centro, el epicentro, el vértice, el epítome o lo que sea, de la corrupción, es el símbolo de la resistencia contra la corrupción y la demostración de que un hombre normal, de cualidades normales, no un Buenaventura Durruti, ni un Ernesto Guevara, sino un Manuel Fuentes Revuelta, puede elevarse contra una podredumbre cuyo alcance y poder se están apenas vislumbrando a raíz de las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación.

Diría, como en el viejo Libro, que “a vosotros, porque no sois ni fríos ni calientes, sino tibios, os vomitaré de mi boca”, pero no lo digo porque la tibieza del PSOE manchego en el asunto de la corrupción en general, y del caso Seseña en particular, es mera apariencia. No hay tibieza ahí, sino una manifiesta beligerancia en favor del silencio, beligerancia que no se ha visto estorbada ni cuando se documentó gráficamente cómo el Pocero le trabajaba a José Bono en su hipódromo, ni cuando los medios de comunicación han desvelado cómo la Mafia ―un presunto miembro de la Mafia calabresa― hizo millonario al ex alcalde de Seseña y militante del PSOE toledano, José Luis Martín.

Ni Barreda, ni Paje, ni Fernández Vaquero, ni Tofiño, ni nadie relevante o irrelevante en el PSOE, han dicho una sola palabra sobre estos hechos. A ninguno de ellos parece preocuparles que gente vinculada al crimen organizado internacional, a la ‘Ndrangheta, haya tenido ―y puede que tenga― algún papel en el caso Seseña; lo que les preocupa es que una manifestación contra la corrupción se inicie en Seseña.

Información relacionada:

Un testigo relaciona al ex alcalde de Seseña con la Mafia

Un mafioso pagó 700.000 Euros al alcalde que ayudó a “El Pocero”

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Las relaciones del Pocero con José Bono

Barreda “estudia” represalias contra los sindicatos que han denunciado prácticas “inconfesables” en la Administración de Castilla-La Mancha

El imputado Alejandro Pompa junto a Barreda, en Carranque (Toledo)

La gravedad de los hechos denunciados unánimemente por todos los sindicatos presentes en la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración de Castilla-La Mancha ―algunos de lo cuales podrían ser constitutivos de delito como por ejemplo la recepción de regalos, de origen y destino desconocido― ha provocado la inmediata reacción de José María Barreda.

Según una nota de prensa difundida por el Gobierno Regional, como lo dicho por las organizaciones sindicales sólo «intenta confundir a la opinión pública» el Gobierno de Barreda, no para defender su precaria posición, sino, faltaría más, «a los trabajadores y trabajadoras públicos ―aquí debería decir “públicos y públicas, pienso yo― de la Administración Regional» va a ordenar inmediatamente «a los servicios jurídicos de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia que estudien si las falsedades sobre la profesionalidad del personal de la Junta de Comunidades difundidas durante los últimos días pueden ser causa de acciones legales».

Eso lo dice un Gobierno presidido por un hombre que, por ejemplo, tiene como asesor personal a Agustín Jiménez, el alcalde de Noblejas, condenado por golpear a una de sus propias concejalas; lo dice un Gobierno presidido por quien se pasea públicamente con Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque,  condenado por agredir a un anciano de 82 años y sobre el que pesa la imputación de más de una veintena de delitos relacionados con la corrupción; lo dice un Gobierno presidido por quien amparó a Hernández Moltó mientras CCM financiaba con más de 200 millones de € a los principales cabecillas de la trama delictiva de Marbella; lo dice un Gobierno que tiene por presidente a quien se carteaba y recibía con abrazos al Pocero al tiempo que un investigado por su posible pertenencia a la mafia calabresa e imputado en los casos Malaya y Astapa, Giovanni Piero Montaldo, pagaba más de 700.000 € al ex alcalde de Seseña y militante de su partido; lo dice un Gobierno presidido por quien es amigo personal de un personaje como Domingo Díaz de Mera, imputado por graves delitos a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla y cuya situación judicial despertó la alarma entre los cabecillas de la trama Gürtel; etc. etc. etc.

No me parece a mi que Barreda y su Gobierno estén en situación de prodigarse en bravatas.

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Respuesta del CSI-F a la nota del Gobierno de Barreda

Ana Guarinos pide a Barreda que ponga coto a la corrupción

Denuncia sindical en Castilla-La Mancha contra la situación de clientelismo y beneficios inconfesables que se vive en la Administración de Barreda

Bono y Barreda

El mismo día en que José María Barreda, con una desfachatez insólita, declaraba en el diario Público que en Castilla-La Mancha no hay corrupción: “aquí podemos meter la pata pero no la mano. Tenemos una tradición de claridad, transparencia y control”, fueron sus palabras exactas; todos los sindicatos con representación en los Servicios Centrales de la Administración regional han hecho público un manifiesto denunciando el desprestigio creciente de dicha Administración “aumentado considerablemente por los clientelismos políticos, los beneficios particulares inconfesables o de algunas empresas vinculadas invariablemente con concesiones u otras decisiones administrativas”.

Estas son las prácticas, si no corruptas, al menos escandalosas que CCOO, UGT, USO, CSI-CSIF y STAS, han denunciado en el día de ayer:

Manifiesto por la dignidad de los empleados públicos en Castilla-La Mancha

José María Barreda, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, viene incumpliendo sistemáticamente su palabra para justificar su elevado sueldo o aclarar el destino de sus honorarios.

Se recoloca, en puestos en algunas ocasiones mejor remunerados, a los cesados, con el populista argumento de la reestructuración para reducir gastos, que evidentemente no suponen ahorro alguno a las arcas públicas.

La oposición y los grupos políticos guardan un preocupante silencio en torno a estos temas, en lo que parece un gran pacto de carácter económico, muy alejado de las verdaderas preocupaciones que afectan a los castellano-manchegos.

Se argumenta la profesionalidad para dar cobertura a muchas contrataciones con elevados sueldos, cuando la realidad es que han sido ellos los que nos han sumido en la actual crisis global y en la más que probable desaparición de Caja Castilla La Mancha, emblema regional, tal y como la conocemos.

La creación de Fundaciones, Sociedades Públicas y Empresas creadas a la sombra de organismo públicos, sólo buscan la duplicidad de los órganos administrativos, sobresueldos, beneficios personales y vías para escabullirse de los límites legales y la fiscalización y vigilancia de los empleados públicos, que tiene el deber moral de velar por los intereses generales.

Se alientan privatizaciones o externalizaciones que provocan pérdidas de puestos de trabajo, modelos de contratos en precario e inestabilidad en el empleo

Se mantienen índices de temporalidad en el empleo de casi el 25% (23,91% a 1/09/2009), apoyados en numerosas ocasiones en excesivas comisiones de servicio, que pervierten el sentido de los concursos de traslados.

Se guarda un riguroso secreto sobre las gratificaciones concedidas. Se evita hacerlas públicas y, ni siquiera, se incluye tal posibilidad en el articulado de la Ley de Presupuestos.

Se aceptan regalos sin un registro de los mismos, que en las fechas navideñas se multiplican escandalosamente, sin que nadie conozca su procedencia o su destino final.

Se multiplican sin control los puestos de asesores, que sirven para recolocar a cargos políticos en su mayoría, siendo significativo el número de asesores docentes en educación (más de 100) que desempeñan puestos de funcionarios de administración general.

El número de designaciones a dedo crece sin medida. Si sumamos a las más de 2000 comisiones de servicio, los puestos de libre designación y concurso específico (libre designación encubierta) nos acercamos a la escandalosa cifra de más de 3000 puestos de trabajo.

La imputación de Domingo Díaz de Mera hizo cundir la alarma entre los cabecillas de la trama Gürtel

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Domingo Díaz de Mera junto a José María Barreda

El 13 de noviembre de 2008 El Mundo, ABC, Expansión, etc. daban la noticia. Román Sanahuja y Domingo Díaz de Mera, el importante empresario manchego amigo personal de Barreda y uno de los principales protagonistas del caso del aeropuerto de Ciudad Real a más, también, de uno de los mayores deudores de la quebrada CCM, habían sido imputados a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla en relación con el caso El Monte.

Ese mismo día Manuel Delgado Solís, mucho más que el abogado de “Don Vito”, es decir, de Francisco Correa –a juzgar por los datos que se desprenden del sumario Gürtel– y de hecho imputado en el caso, llamó por teléfono a Pablo Crespo Sabarís, otro de los principales cabecillas de la trama. Eran las 14:41 de la tarde y esta fue la conversación según consta en el sumario, es decir, en las Diligencias Previas 275/2008, Tomo II, pags 96 y 97:

Pablo: Manolo

Manolo: Pablo.

Pablo: ¿Qué tal?

Manolo: Que…, bien, estoy en Canarias.

Pablo: Si.

Manolo: Que acabo de llegar ahora, y he leído el periódico.

Pablo: Si.

Manolo: Y he visto que está imputado Diaz de Mera.

Pablo: ¿Que está?

Manolo: Imputado por la Fiscalía Anticorrupción, por un tema en Andalucía.

Pablo: Ya

Manolo: ¿Lo sabías o no?

Pablo: No, no lo sabía, no.

Manolo: ¿Sabes quién es, no?

Pablo: Si, perfectamente, si, si.

Manolo: Vale ¿vale?

Pablo: Ya, pero…, bueno, bien…, y…

Manolo: No, nada.

Pablo: ¿Lo hilas con alguna cosa o qué?

Manolo: No, no lo hilo con ninguna cosa, porque es un tema de Huelva, no afecta a nadie de Madrid.

Pablo: Ya.

Manolo: Es un tema de Huelva.

Pablo: Ya.

Manolo: Lo que te pasa es que te contaré, siempre del mismo, por donde vienen los tiros, el autor del mismo.

Pablo: Ya, ya.

Manolo: Porque el autor del mismo proponía con este un tema.

Pablo: Ya, ya

Manolo: ¿Me entiendes?

Pablo: Ya, ya…, Oye, pues nada, yo te iba a llamar, porque…

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Pablo Crespo Sabarís
Pablo Crespo Sabarís, detenido durante la operación Gürtel

A partir de aquí la conversación discurre por otros derroteros. En concreto se centran en cómo parar los artículos publicados por Javier Chicote en Interviú relativos a las tramas de blanqueo de capitales que se destaparon con el caso de Liechtenstein y que siguieron con el registro del despacho de Ramón Blanco Balín durante el cual fue incautada documentación concerniente a la trama de Correa.

En cualquier caso, lo que parece desprenderse de la conversación intervenida, sin muchas dudas razonables, es que Domingo Díaz de Mera tiene alguna relación con la trama Gürtel y que esa relación es lo suficientemente preocupante como para que Manuel Delgado Solís, uno de los principales soportes intelectuales del tinglado de Correa junto con Pablo Crespo y José Antonio LópezPepechu”, llame inmediatamente para dar la alerta cuando descubre que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto sus manos sobre aquel.

También parece evidente que el propio Pablo Crespo considera el caso de Díaz de Mera lo bastante alarmante como para extremar el laconismo de la conversación y cambiar de tema a la primera oportunidad.

Hay que recordar que a esas fechas la trama ya se sentía acosada. Tras el registro del despacho de Blanco Balín, el temor a las consecuencias que se pudieran arrastrar a causa de la documentación descubierta, hicieron que tanto Correa como Pablo Crespo, Manuel Delgado Solís y José Antonio LópezPepechu” comenzaran a desplegar una actividad frenética para interponer entre ellos y las sociedades “gestionadas” por Blanco Balín, a un testaferro creíble: el primo de Correa, Antoine Sánchez, el cual, por otra parte, andaba relacionado con el tráfico –ilícito, porque en el sumario constan conversaciones en las que se planea cómo eludir los controles policiales de las aduanas– de mercancías no determinadas entre Dubai y Dakar, donde finalmente serían recogidas por un “banquero de París” que las introduciría en Europa en su avión privado.

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, condenado por agredir a una concejal, cobra más de 7 millones de pesetas como asesor de Barreda

El alcalde Agustín Jiménez (en la foto) antiguo parlamentario regional; amigo personal de José Bono; relacionado en su condición de munícipe con ciertos negocios, por ahora frustrados, vinculados a Miguel Antonio Méndez Pozo ―otro amigo personal de Barreda― y como veremos en breve, también a gente estrechamente relacionada con la trama vasco-malaya; condenado como autor de una agresión contra la concejal de su propio partido, Belén Gutierrez, a la que propinó varios puñetazos delante de las cámaras de seguridad del Ayuntamiento, no sólo no ha sido reprobado por su partido, el PSOE de Castilla-La Mancha, sino que, además, ostenta el cargo de “Asesor de Presidencia” en la Junta de Comunidades, cargo por el que recibe 44.199 € anuales en concepto de retribución.

En otras palabras, este individuo cuyo destino lógico ―atendiendo a la más elemental ética, a la presunta postura de su partido y a la, no menos presunta, del propio Barreda― habría sido la expulsión inmediata; no solamente no ha sufrido ningún tipo de sanción, ni ha sido expulsado, ni ha recibido ninguna reprobación pública, sino que disfruta de la condición de “asesor” directo de José María Barreda, lo que le reporta, según su propia “declaración de actividades, bienes y rentas” de 2008, año en en fue condenado ―y en la que, por cierto, no se recoge ni un sólo céntimo de sus ingresos como alcalde de Noblejas― la sabrosa cantidad de más de 7 Millones de Pts. Anuales.

La enormidad de este cinismo y en general de la hipocresía que informa la política institucional en Toledo, se puede atisbar con cierta claridad comparando estos hechos con una de las últimas declaraciones de Barreda relativas a la violencia de género, incluidas en su blog personal, porque Barreda también tiene un blog:

«La violencia de género es una lacra a la que todos, hombres y mujeres, debemos plantar cara. Es inaceptable que en pleno siglo XXI sigan existiendo seres humanos que quieren abusar de otros seres humanos, que se creen en el derecho de poner la mano de encima, de lanzar un puñetazo contra alguien, sea hombre o sea mujer»

Fdo. José María Barreda, magister dixit et non facit y, además, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, personalmente asesorado por Agustín Jiménez, condenado por golpear a una mujer.

El pliego de cargos del Banco de España contra Hernández Moltó podría suponer el inicio de las acciones penales en el caso CCM

El pliego de cargos de CCM
El Mundo, 27 de julio de 2009

Hoy El Mundo publica (el artículo se puede descargar pulsando sobre la imagen) algunos de los datos revelados por el pliego de cargos elaborado por el Banco de España en relación con la quiebra de CCM.

Ese informe pone claramente de manifiesto el control absoluto de Hernández Moltó sobre la operativa de la Caja, yendo para ello mucho más allá de las competencias que le asignaban sus estatutos: «El presidente de CCM se integra de facto en el Comité de Dirección… Realiza funciones de gestión de forma directa con los ejecutivos de la entidad, reuniéndose frecuente y directamente con los directivos de las unidades operativas de CCM y su grupo, incluyendo responsables territoriales y de zona y asistiendo a comités comerciales… Se ha extralimitado en sus funciones».

Con ese control inmediato como premisa, el pliego de cargos, continúa añadiendo, entre otras cosas, que en CCM «se han tomado decisiones de inversión sin el conocimiento de la Comisión de Inversiones, ni del Consejo de Administración de CCM, ni siquiera del Consejo de Administración de CCM Corporación». Algunas de esas operaciones tomadas al amparo de la noche y la niebla son las relativas a las tres ampliaciones de capital de CR Aeropuertos, de tal forma que, también según el citado pliego de cargos, el riesgo asumido en esta entidad dominada por personas que se declaran públicamente «amigos» del silente Barreda, supone 336,9 millones de Euros, es decir, el 100% de la financiación obtenida por el fracasado proyecto, ahora en medio de un turbio concurso de acreedores solicitado por una compañía dominada por Díaz de Mera, también uno de los principales accionistas del aeropuerto.

Igualmente, «alguien» tomó la decisión de acudir a una OPA parcial sobre METROVACESA, una operación Román Sanahuja ―socio de Díaz de Mera y junto a él acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla en relación con el caso El Monte― contra Joaquín Rivero, entonces primer accionista de la empresa. La operación terminó eludiendo, por muy poco, el concurso necesario de acreedores mediante la cesión del 54% de la empresa al Santander, al BBVA, a Banesto, a la Caixa, a Caja Madrid y al Banco Popular.

Los activos de 35 de las 45 sociedades de CCM Corporación, han sufrido un deterioro, es decir, una minusvalía, de 417,2 Millones de €. El crédito concedido a las empresas participadas por la Caja era del 150% de todos sus recursos propios. Igualmente la caja entró de lleno en el fiasco de Inmobiliaria Colonial, una operación protagonizada por Luis Portillo, un personaje con documentadas relaciones con el caso Malaya, por Aurelio González Villarejo, Juan Gracia Jiménez ―propietario de Peinsa-97 y también protagonista de alguno de los hechos relacionados con la Operación Ninette― Por el ubicuo Domingo Díaz de Mera o por la no menos ubicua Esther Koplowitz, algunos de cuyos ejecutivos acabaron presos durante las distintas fases de la Operación Malaya.

La disponibilidad ad libitum de los fondos de CCM para aquellos personajes habituales del palacio de Fuensalida parece innegablemente acreditada por el pliego de cargos. Según este documento, la Caja también participaba en Global Cartera de Valores, una sociedad instrumental en la que aparecen Domingo Díaz de Mera y Luis Delso, presidente de Isolux, sociedad estrechamente ligada a la Caja por ejemplo en sus dudosas operaciones en Aranjuez, y que actualmente ha adquirido notoriedad pública después de que Luis Bárcenas, el imputado en la operación Gürtel haya afirmado ante el juez que Delso era el «Luis el Cabrón» que aparece en la contabilidad B de las sociedades de Francisco Correa. Además, Díaz de Mera, sus socios habituales los hermanos Barco Fernández y Miguel Antonio Méndez Pozo, todos ellos personajes cercanos a José María Barreda, habrían recibido en préstamos un total de 459 Millones de Euros.

Hay, para ir terminando ya, 125 titulares de créditos superiores a 16 Millones de € y de ellos, según el Banco de España, el 82,4 % están relacionados con la construcción. No obstante, lo que el pliego de cargos calla, oportunamente, es que en esas cantidades están los 40 Millones de € concedidos a Juan Antonio Roca el «malayo» o los 30 Millones de € prestados a Puerta Oro Toledo, compañía propiedad del «malayo» Pedro Román, de su socio y de Roca, Juan María López Alvarez, de Sacyr y, cosa no tan asombrosa como podría parecer, al distinguidísimo despacho de abogados Cuatrecasas. Ahí también están las cantidades invertidas en las sociedades del «malayo» Enrique Ventero y, en definitiva, los más de 200 Millones de € con que la Caja ha financiado a detenidos e imputados en el uno de los más paradigmáticos y tentaculares casos de corrupción destapados hasta la fehca.

Operaciones de menor calado, como la del campo de golf de Carranque, no parece que sean mencionadas en el pliego de cargos aunque no por ello son menos significativas. Ahí, Hernández Moltó puso a dos hombres de su máxima confianza: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, a juzgar por los consejos de administración en los que están presentes, ambos especializados en hacer negocios con los «malayos»; y ahí también puso un crédito de 10 Millones de € que Villa Romana Golf ―la mercantil de PEYBER-CCM― ya ha consumido íntegramente hace tiempo.

Ahora, esa entidad no paga. No ha pagado las cantidades adeudadas al Ayuntamiento de Carranque, cuyo cobro ejecutivo fue anulado generosamente por Alejandro Pompa, el alcalde; y no está pagando los plazos vencidos de los terrenos que compró en el PAU del campo de golf.

La situación despide un intenso aroma a concurso voluntario de acreedores. Con CCM imposibilitada, por ahora y por mucho tiempo, para añadir más capital al tinglado golfista y con la amenaza pendiente de una andanada masiva de acciones de rescisión de contrato protagonizada por los vendedores de terrenos en el PAU, que ante el incumplimiento de Villa Romana Golf muy bien podrían recuperar sus fincas y quedarse con los dineros cobrados a cuenta, cabe conjeturar sólidamente que los hermanos Díaz Bermejo y el aparejador Peinado, estén contemplando el concurso de acreedores como una buena forma de blindarse contra esas acciones y de retrasar indefinidamente las obligaciones de pago contraídas, dejando con dos palmos de narices a sus acreedores, al menos por una larga temporada.

Pero, volviendo a CCM y para terminar: ¿Qué piensa de todo esto la Fiscalía Anticorrupción?

Los alcaldes del PP de La Sagra (Toledo) se sublevan contra Pompa y Tofiño

TOLEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) –

Reportaje de Epoca sobre la identificación policial de Alejandro Pompa
Reportaje de Epoca sobre la identificación policial de Alejandro Pompa

Los alcaldes y portavoces del Partido Popular de los municipios integrados en la Mancomunidad de la Sagra Alta de Toledo mostraron hoy su profundo descontento ante el «uso partidista» que el PSOE está haciendo de esta institución para «tapar las vergüenzas» del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, «que no quiere invertir los recursos que le corresponden a esta comarca».

Así lo manifestaron hoy en rueda de prensa el alcalde de Yuncos, Gregorio Rodríguez, el de Cobeja, Antonio Fernández, y el vicepresidente de la Mancomunidad de La Sagra Alta, Félix Conde, que destacaron que tanto el presidente de la Mancomunidad, Alejandro Pompa, como el presidente de la Diputación y alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, «lo que están haciendo es sacar de la Mancomunidad los recursos que no se atreven a exigir a Barreda, y que corresponden al Gobierno regional«, argumentaron.

En este sentido, Fernández destacó que la Mancomunidad está siendo «un instrumento» para los «fines políticos» del Barreda y de Tofiño, ya que está «dando servicios impropios de la misma, que corresponden a la Junta de Comunidades en unos casos y, en otros, al Ayuntamiento de Illescas, al que se está beneficiando por encima de otros Ayuntamientos, olvidando que la mancomunidad debe servir por igual a todas las localidades que la integran», según informó el PP en nota de prensa.

De este modo, el alcalde ‘popular’ de Cobeja recordó que los Presupuesto de la Mancomunidad de la Sagra Alta deberían aprobarse por unanimidad y, sin embargo, no ha sido así ya que los representantes del PP han tenido que votar en contra de los mismos «porque no sólo no han sido consensuados, sino que ni siquiera se ha consultado a los representantes del Partido Popular para su confección, y además son injustos y poco austeros», agregó.

«Hemos votado en contra del presupuesto porque no es austero, aumenta un 23 por ciento, incrementa el precio del agua un 13 por ciento, contrata personal exclusivamente para Illescas, incrementa la partida de altos cargos así como el sueldo del presidente en un 29,25 por ciento, incluye partidas ilógicas de gastos incrementadas en más del 350 por ciento respecto a 2008; amplia servicios como el SAMI, PRIS, OMIC y Centro de Atención Temprana de Illescas, que debería asumir la Junta, y obliga a pueblos a pagar servicios que no usan«, apostilló.

En este sentido, aclaró que «hemos presentado alegaciones al Presupuesto y, en otro acto de prepotencia y totalmente antidemocrático, no han considerado ninguna de nuestras sugerencias», algo que ocurre porque «el señor Pompa se encuentra bajo la presión política de Tofiño y Barreda y de ahí que antes de los plenos todos salgan del Ayuntamiento de Illescas ya con la tarea hecha debajo del brazo«, lamentó el alcalde de Cobeja.

Para los alcaldes y portavoces del Partido Popular en los municipios integrados en la Mancomunidad de la Sagra Alta «esta situación es insostenible y no estamos dispuestos a permitirla, por lo que nos estamos replanteando nuestra relación con la mancomunidad y estamos estudiando distintas alternativas sin excluir ninguna«, advirtió Fernández.

BENEFICIA A UNOS PUEBLOS EN DETRIMENTO DE OTROS

Alejandro Pompa respaldado por Barreda
Alejandro Pompa respaldado por Barreda

Por su parte, Rodríguez recordó que la mancomunidad se creó para unos fines concretos referidos al abastecimiento de agua y saneamiento y que, con el tiempo, ha ido asumiendo cada vez más competencias y servicios que, hasta ahora iban en beneficio del conjunto de los municipios que la integran.

«En los últimos tiempos estamos viendo una serie de acuerdos que se están adoptando sin la unanimidad que sería deseable en una mancomunidad y con los que no estamos de acuerdo, porque solo benefician a algún municipio y no a los 14 mancomunados», argumentó.

El alcalde de Yuncos se refirió al caso concreto de un punto que se propone en el Orden del Día para el pleno que tendrá lugar mañana para suscribir un convenio con el Ayuntamiento de Illescas que sólo beneficia a este municipio y que, «curiosamente», el Consistorio illescano ya ha aprobado en su pleno municipal, dando por hecho que la Mancomunidad va a suscribir el convenio sin antes consultar a nadie, y «esto es al gota que colma el vaso», aseguró.

Según explicó Rodríguez, se trata de un programa de acceso a la vivienda en Illescas que se incluye dentro de un Convenio del Ayuntamiento con la Junta, en el que el Consistorio quiere que el mediador necesario para este proyecto de acceso a la vivienda corra a cargo de la Mancomunidad, transmitiendo una cuestión meramente municipal para que se haga a través de esta institución y con los medios de la misma.

«El asumir esas competencias que son de la Junta y que se financian con recursos de la mancomunidad esta haciendo que los ayuntamientos seamos cada vez más deficitarios en esas partidas del agua, lo que nos obliga a subir la presión fiscal por el consumo a todos nuestros vecinos», resaltó Rodríguez, quien criticó la «irresponsabilidad» que exhibe el Partido Socialista con estas actitudes, que no hacen más que agravar la ya difícil situación de los municipios de esta comarca a causa de la crisis económica.

PREPOTENCIA

Por último, el vicepresidente de la Mancomunidad de La Sagra Alta, Félix Conde, criticó la actitud «prepotente y chulesca» que mantiene el presidente de la Mancomunidad, Alejandro Pompa, que «no consulta ni pide opinión para ninguna de las actuaciones que se llevan a cabo desde esta institución, ni siquiera para la elaboración de los presupuestos, cuando en una mancomunidad las cosas deberían consensuarse entre todos», afirmó.

«No se debate nada, se imponen las cosas y en esas condiciones estamos siempre en un tira y afloja que no conduce a ningún sitio», lamentó Conde, quien se mostró muy descontento por la marcha de la Mancomunidad y pidió al PSOE que recapacite, porque lo que hay que hacer es «sentarnos, hablar y consensuar las cosas como debe hacerse en una mancomunidad», concluyó.

Un portavoz de Caja Castilla-La Mancha considera «normal» que la entidad esté investigada por su implicación en la operación Malaya

Hoy, día en el que se celebra la primera asamblea general de CCM después de la intervención del Banco de España, el diario El Economista publica la siguiente noticia en primera plana. La reproduzco íntegramente:

El Economista. Javier Romera/Alejandra Ramón

«La entidad concedió préstamos por más de 200 millones a los cerebros de la trama marbellí. Dos semanas antes de ser intervenida renovó un préstamo de 30 millones a un testaferro de Roca.

El caso Malaya puede costarle un nuevo disgusto a Juan Pedro Hernández Moltó, destituido el pasado mes de marzo como presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM). El juez Oscar Pérez está investigando los créditos que la entidad concedió bajo su gestión a los principales imputados en la trama de corrupción marbellí y que, según las primeras estimaciones, superarían los 200 millones de euros.

Fuentes judiciales han confirmado a elEconomista que la investigación se ha abierto después de que hace un año el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, recibiera un escrito anónimo y un CD en el que se vinculaba a varios malayos con casos de corrupción en Castilla-La Mancha.

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Petición del fiscal

El fiscal pidió entonces al grupo III de blanqueo de la Udyco que estudiara el caso y es ahí cuando se detectan los créditos que está investigando ahora el juez. Un portavoz de la caja insistió ayer en que la entidad está tranquila. «Es normal que el juez investigue todos los negocios y relaciones de las personas que estén involucradas en la operación, pero nosotros no hemos cometido ninguna irregularidad y los créditos están adecuadamente supervisados y garantizados«, aseguró.

CCM, que tiene varias empresas y negocios conjuntos con los imputados en la Operación Malaya, prestó 40 millones de euros a One Properties y Masdevallía, dos de las sociedades más importantes del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Además, según las fuentes consultadas, la entidad podría haberle facilitado también la financiación para adquirir el Palacio de Saldaña, en Madrid, tal y como declaró una de sus testaferros, Monteserrat Corulla.

Pero la relación de la caja con el caso no se limita sólo al jefe de los malayos. El 13 de marzo de este mismo año, apenas dos semanas antes de que la entidad fuera intervenida por el Banco de España, CCM renovó una hipoteca por valor de 30 millones de euros a la sociedad Puerta Oro Toledo.

Esta firma, en la que también aparece otra de las personas investigadas por la Udyco, Juan María López Álvarez, es propietaria de un solar de 324 hectáreas en la localidad de Bargas (Toledo), pero no puede construir porque Medio Ambiente decidió considerar «ambientalmente inviable el proyecto». El alcalde de Bargas es Gustavo Figueroa Cid, vicepresidente de la diputación provincial de Toledo y mano derecha de José Manuel Tofiño, presidente de la misma.

El juez Pérez está investigando ahora porque, pese a conocer los problemas para edificar en esta localidad, y en lugar de pedir la ejecución de la hipoteca para librarse de una partida del pasivo tan arriesgada, CCM decidió renovar el préstamo, en vísperas además de la intervención.

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El más favorecido

El mayor beneficiado por los préstamos de la caja es, en cualquier caso, el empresario Enrique Ventero Terleira, que recibió más de 100 millones y que está acusado de pagar comisiones a Roca. El cerebro de la trama ha declarado ya en los juzgados que ambos hicieron negocios juntos en Los Alcázares (Murcia), junto al Mar Menor.

En los últimos meses, la Udyco ha estado investigando a la sociedad Las Lomas de Pozuelo, que tiene importantes extensiones de terreno en esta localidad. Ventero Terleira ha declarado ante el juez Torres que Caja Castilla-La Mancha participaba también en el accionariado. Las fuentes judiciales consultadas aseguran que en Los Alcázares, la caja podría haber facilitado también financiación a Montserrat Corulla, ligada también a Roca.

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Asamblea

CCM cerró el año pasado con unas pérdidas de 740 millones de euros debido, entre otras cosas, a su alta exposición al sector inmobiliario. Y ahora, todas las cajas de ahorros van a financiar a fondo perdido el rescate de la entidad. Su hucha para garantizar los depósitos de los clientes ha adquirido la emisión de participaciones preferentes de la firma manchega por importe de 1.300 millones de euros. Este producto tiene una rentabilidad cero durante los cinco primeros años, frente al 6 ó 7 por ciento de operaciones similares que se colocan entre los inversores privados.

Caja Castilla-La Mancha celebrará hoy en Cuenca la primera asamblea general ordinaria tras ser intervenida por el Banco de España, en la que se abordará la ratificación de los nombramientos de los directores generales de la entidad y del Grupo CCM y la aprobación de las cuentas de 2008.

En el orden del día, figura la ratificación de los nombramientos del director general de la entidad financiera, Gorka Barrondo, y del director general del grupo, Xabier Alkorta. Varios ex consejeros de la entidad, que fueron cesados, acudirán a la asamblea para exponer su «verdad» de lo que ocurrió en la gestión de la caja».

El hijo de Méndez Pozo: “volveremos a invitar a aquellos políticos y técnicos municipales que nos han demostrado colaboración leal”

Miguel Antonio Méndez Pozo
Miguel Antonio Méndez Pozo

Ayer, Periodista Digital, publicaba que el Grupo Promecal, es decir, el buen amigo de Bono y Barreda, «Michel» Méndez Pozo, cerraba sus cabeceras de La Tribuna de Cuenca y Guadalajara y ponía en la calle, de momento, a 90 trabajadores.

Con esta medida, Méndez Pozo dice que «intenta consolidar la actividad y el compromiso adquirido con Castilla-La Mancha ―l’État c’est moi, que dirían Bono o Barreda― manteniendo el mayor número posible de puestos de trabajo en esta Comunidad Autónoma».

Miguel Antonio Méndez Pozo, es un conocido empresario de la construcción en las dos Castillas desde que, condenado en 1992 ―un auténtico pionero, en esto― por el «caso de la construcción» de Burgos, ingresó en prisión.

En los últimos tiempos, tras resurgir espectacularmente de las cenizas del presidio, ha adquirido notoriedad en Castilla-La Mancha, no sólo por su estrecha relación con Barreda y con el propio José Bono, quien llegó a decir, según publicó El Semanal Digital, «que le hubiese gustado conocerle de niño para jugar a las canicas con él», sino por su presencia en los negocios del aeropuerto de Ciudad Real y de «El Reino de Don Quijote» y por dominar, junto a sus socios Domingo Díaz de Mera y Aurelio González Villarejo, buena parte de los medios regionales de información.

José Luis Ulibarri, imputado en la Operación Gürtel
José Luis Ulibarri, imputado en la Operación Gürtel

Sin embargo, desde aquel 1992, sus actuaciones han venido rayando lo discutible, lo muy discutible e, incluso, los sospechoso. Con los pies firmemente apoyados en las dos orillas de la política española, en Burgos, bajo la autoridad regional del PP, ha resultado adjudicatario de la concesión de televisión digital de Castilla y León asociado con José Luis Ulibarri, el imputado en la Operación Gürtel.

En Castilla-La Mancha, con un gobierno de aparente signo contrario, a más de optar también a la concesión de una televisión digital y de mantener, como vengo diciendo, una pública y notoria cercanía a José María Barreda, se acaba de ver favorecido por una modificación ad hoc de la Ley del Suelo regional que le permitirá convertir ―a él y a sus socios― el «Proyecto de Singular Interés» del aeropuerto de Ciudad Real en un saneado negocio de venta de parcelas industriales, previamente expropiadas a los labradores del lugar al atractivo precio de 54 céntimos el metro cuadrado.

Ahora, la recesión y el fiasco inmobiliario están poniendo en peligro la buena fortuna conseguida por Méndez Pozo tras su salida de prisión. Sin embargo no hay que confiar mucho en el efecto profiláctico de la crisis. El favor político puede, muy bien, invertir el proceso de «selección natural» que desde los tiempos de Adam Smith se atribuyen a aquélla, pues no tienen por qué sobrevivir los más aptos, sino lo más protegidos y Méndez Pozo sabe cómo buscar el cobijo necesario o, al menos, eso parece desprenderse de los siguientes hechos.

El 6 de agosto de 2006 El Semanal Digital se hacía eco de unas declaraciones de Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Méndez Pozo. Durante la inauguración de un tramo de la circuvalación de Burgos adjudicado a una UTE en la que participaba una de las empresas de su padre, el hijo tomó la palabra y declaró:

«El próximo año yo calculo que por el mes de marzo o mes de abril nueve amigos de esta ciudad y empresarios nos volveremos a marchar de viaje aprovechando como disculpa una Feria de Construcción, un algo de Urbanismo, alguna cosa, y si Dios quiere volveremos a invitar a aquellos políticos y técnicos municipales que nos han demostrado colaboración leal y honestidad hasta… hasta el infinito, porque además las empresas que participamos en estas UTES no sabemos agradecerles su dedicación de otra forma».

Dos meses antes, eso mismo, «agradecerles su dedicación» es lo que este grupo de empresarios, incluido Miguel Méndez Pozo, había hecho al invitar al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Javier Lacalle, y a los técnicos de su departamento a pasar, gratia et amore, tres días en la Riviera francesa.

Inmediatamente después de este viaje, los generosos empresarios tuvieron la suerte de resultar adjudicatarios de la construcción de un túnel en la calle Islas Baleares, de Burgos. La oferta, aún siendo la más cara, fue informada favorablemente en tanto que incluía una alternativa de tráfico durante la construcción. No obstante, concedida ya la obra, los adjudicatarios presentaron una modificación del proyecto, que les fue aprobada, en la que esta ventaja, decisiva para la adjudicación, fue suprimida.

La oposición exigirá en el Senado que Fernández Ordóñez explique por qué ha prohibido a CCM ejecutar los créditos vencidos de CR Aeropuertos

El Mundo, 18 de mayo de 2009
El Mundo, 18 de mayo de 2009

Pese a la dimisión como consejeros de CR AEROPUERTOS de Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo y los Barco Fernández ―según manifestaciones del propio Díaz de Mera, para que su presencia no perjudique el proyecto― la modificación de la LOTAU aprobada por Barreda y su partido para posibilitar la venta de los suelos del Aeropuerto de Ciudad Real, sigue atrayendo la atención sobre Castilla-La Mancha.

Mientras, como se puede comprobar en la siguiente grabación, Domingo Díaz de Mera continúa manteniendo su tesis, coincidente con la de Barreda, de que tras las noticias que están apareciendo sobre el aeropuerto de Ciudad Real sólo hay una campaña orquestada por Dolores de Cospedal, por El Mundo y por una de sus periodistas en particular, Cristina Caballero, a la que sutilmente advierte que sabe que es natural de Albacete.

http://sites.google.com/site/losarchivosdenotitiacriminis2/Home/Mera.mp3?attredirects=0

Sin embargo, a pesar de las explicaciones dadas por el importante empresario manchego, el senador del PP Agustín Conde ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia del gobernador del Banco de España para que explique por qué se ha dado orden a la nueva dirección de CCM de no ejecutar los créditos vencidos que le adeudan los socios del aeropuerto.

Ahora bien, puestos a exigir explicaciones, el grupo popular del Senado también debería exigir a Miguel Angel Fernández Ordóñez que haga pública, de una vez por todas, la lista de créditos de riesgo concedidos por Hernández Moltó y su equipo.

Debería exigirle que explique en qué situación se encuentra el crédito de 30.000.000 € concedido a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del «malayo» Pedro Román Zurdo y del socio de Roca, Juan María López Alvarez, que la Caja renovó dos días antes de su vencimiento y apenas una semana antes de la intervención.

José María Barreda
José María Barreda

Debería pedir explicaciones al gobernador del Banco de España sobre la cantidad exacta de dinero prestado a imputados en la trama de corrupción marbellí y que la prensa ha cifrado en 200 Millones de Euros. Debería pedir explicaciones sobre la situación de las sociedades que CCM comparte con detenidos e imputados en la Operación Malaya o con personajes cercanos y asociados a estos, como es el caso de Enrique Ventero o Juan María López Alvarez, sobre el dinero invertido en esas sociedades y, sobre todo, debería exigir explicaciones de por qué continúan en su puesto directivos como Juan Tomás Vidal o José Luis Rodríguez Holgado, que han compartido y comparten asiento en distintos consejos de administración con estos personajes.

Tampoco estaría de más preguntar qué sabía de la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, el alcalde de Bargas (Toledo) que, además, es vicepresidente de la Diputación Provincial, Gustavo Figueroa Cid; y si en el «campo de golf de Layos (Toledo) donde han aparecido el «malayo» Javier Arteche Tarascón y el letrado detenido e imputado en la Operación Astapa, Luis Fernando Linares Torres, están o han estado comprometidos préstamos o inversiones de CCM.

A dos meses de la intervención de la Caja, la oscuridad sigue reinando sobre todas estas cuestiones y todo apunta a que el Bando de España no tiene ninguna intención de encender la luz.

TOLEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) –

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Hernández Moltó, la noche de la intervención de CCM

El portavoz del Grupo Territorial de Senadores del PP, Agustín Conde, anunció hoy que su grupo va a pedir la comparencia en la Cámara Alta del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, «ante la sorpresa inaudita de que los nuevos gestores de CCM han decidido no ejecutar los préstamos impagados que tienen en relación con el aeropuerto de Ciudad Real, para permitir que sus propietarios puedan venderlo y terminar de hacer negocio».

Así lo adelantó el senador ‘popular’ en la rueda de prensa que ofreció hoy en Toledo, en la que se preguntó si la nueva dirección de Caja Castilla La Mancha «va a tener esta actitud con todo el mundo, o es que hay ciudadanos de primera y de segunda».

Según defendió Conde, «hay empresarios que deben cientos de millones de euros a CCM, y que probablemente han causado el mayor quebranto patrimonial que ha tenido la caja y su falta de solvencia, que no ejecutan los préstamos. Pero la caja sí que embarga a pequeños ahorradores y clientes», criticó.

Aludió en su comparecencia a los cientos de pequeños propietarios a los que se les expropiaron sus tierras «pagándoles medio euro por metro para construir un aeropuerto, cuyos dueños, ahora, lo van a revender haciéndose multimillonarios a costa de las tierras que por cuatro duros obtuvieron de los pequeños agricultores de la comarca», algo que calificó de «intolerable».

Dicho esto, el portavoz del Grupo Territorial de Senadores del PP aseveró que lo natural es que los pequeños propietarios que fueron expropiados empiecen a agruparse como afectados e inicien el procedimiento de reversión de terrenos contra la Junta, apostillando que con este tipo de actitud, «se está creando una inseguridad jurídica tremenda en relación con el aeropuerto, porque ¿quién va a correr el riesgo de comprarlo sabiendo que cientos de propietarios pueden reclamar su parte?».

Asimismo, Agustín Conde defendió que el PP «ha sido un gran defensor del aeropuerto, pues desde su inicio, hemos creído que esta infraestructuras en Ciudad Real contribuiría al desarrollo de la provincia y de la región. Pero nos duele ver que aquello que fue una buena idea y un proyecto ilusionante, se va a convertir en un pelotazo que van a pegar unos cuantos con la inestimable ayuda que la Junta».

Por último, el senador toledano recordó que acompañó al presidente regional, José María Barrera y a los consejeros del ramo, cuando era ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos, para que desbloqueara determinados aspectos de ese aeropuerto, «pero jamás pude imaginar que iba a convertirme en pretexto para que unos cuantos amigos del poder dieran el pelotazo de su vida».

Por ello, apuntó que la administración pública ha de atender los intereses generales, «y no facilitar negocios particulares para que algunos salven de la quema de su ruina algunos de los activos que tienen gracias a la actuación del poder público», finalizó.

Plusvalías multimillonarias para los socios del aeropuerto de Ciudad Real tras la modificación de la LOTAU impulsada por Barreda

Domingo Díaz de Mera
Domingo Díaz de Mera

El pasado 14 de mayo de este singular 2009, el parlamento regional de Castilla-La Mancha votó y aprobó, con los exclusivos votos del partido del presidente Barreda, la modificación de la ley del suelo regional (LOTAU). El día 15 “El Mundo” titulaba la noticia de la siguiente forma: «La Junta manchega remata el “pelotazo” del aeropuerto».

Este titular se refiere a las sospechas de lex in privos lata (ley promulgada a favor de determinado o determinados individuos) que pesan sobre esta modificación legal. Ella fue solicitada por los promotores del Aeropuerto de Ciudad Real ―entre los que brillan con capital propio Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo, los hermanos Barco Fernández y CCM― y apoyada inmediatamente por Barreda, unido a estos empresarios o a algunos de ellos por una conocida y pública amistad.

La situación ha hecho que se levante el tono por parte de la oposición en Castilla-La Mancha. En este sentido el diputado regional Leandro Esteban aseguró el pasado 15 de mayo que «no todo el PSOE de la región piensa como sus dirigentes y no todo el PSOE está de acuerdo con la actitud de golfería y chulería política que ayer protagonizaron sus dirigentes en las Cortes» y acusó a Barreda también de mantener una actitud «favorecedora de un interés y para unas personas muy concretas».

Naturalmente, los protagonistas del negocio del Aeropuerto de Ciudad Real, inevitablemente ligado a la otra gran actuación urbanística en la provincia, tanto por su dependencia funcional, como por los propietarios de los capitales invertidos, el Reino de Don Quijote; niegan rotundamente toda posibilidad de trato de favor e incluso niegan su propio protagonismo y niegan más rotundamente aún que el asunto sea un «pelotazo».

En una reciente entrevista (de la que a continuación inserto varios fragmentos y que se puede escuchar íntegra desde este enlace) concedida por Domingo Díaz de Mera a la Ser de Ciudad Real, este importante empresario de la región reconocía sin ningún empacho ser buen amigo del presidente de Castilla-La Mancha al igual que lo era de varios dirigentes del PP regional, de lo cual estaba orgulloso. Añadía que el aeropuerto de Ciudad Real no es ningún «pelotazo», que él únicamente es propietario «directamente» del 2,99% del capital y que la modificación de la LOTAU sólo implicaba que las empresas que se instalaran en los más de 12 millones de metros cuadrados que ocupa el aeropuerto, podrían a partir de ahora tener «su propia escritura».

http://sites.google.com/site/losarchivosdenotitiacriminis2/Home/EntrevistaaD%C3%ADazdemera%2Cfragmentos.mp3?attredirects=0

Para reforzar estas afirmaciones, el mismo día en que se aprobaba la modificación de la LOTAU, que permitirá a los propietarios del aeropuerto segregar suelo y venderlo como parcelas industriales ―un negocio que según El Mundo reportaría unas plusvalías cercanas a los 3000 Millones de Euros (medio billón de Pts.)― Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo y Antonio Barco Fernández, hicieron pública su dimisión como consejeros de CR AEROPUERTOS.

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El 2.99% de Domingo Díaz de Mera.

Campaña a favor del aeropuerto en un periódico de Díaz de Mera
Campaña a favor del aeropuerto en un periódico de Díaz de Mera

Como hemos visto, en la entrevista concedida a Ser Ciudad Real, Domingo Díaz de Mera asegura ser el propietario «directamente» de sólo el 2,99% del capital del aeropuerto. Por lo tanto, se trataría exclusivamente de un socio minoritario entre tantos otros y en esa situación el «favor» del presidente Barreda, de haber existido, sería irrelevante y lo verdaderamente decisivo estaría en la significación del proyecto para los intereses regionales.

Seguramente Domingo Díaz de Mera no falta a la verdad al decir esto porque advierte que ese es el porcentaje del que es propietario «directamente». La cuestión, por tanto está en determinar de qué porcentaje es propietario «indirectamente» esto es, a través de persona jurídica interpuesta.

La estructuración del capital del aeropuerto de Ciudad Real es compleja y se difumina entre varias sociedades. La principal, no obstante, es CR AEROPUERTOS. Los accionistas de esta empresa son:

INVERSIONES AEROPORTUARIAS DEL CENTRO SA, con un 43,78% del capital.

CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN, con un 25,72%

IBERDROLA, con un 9,22%

AEROPUERTO DE CIUDAD REAL SA, con 7,84%

RIO DE LOS AUSINES, con el 5,14%

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA, con el 5,00%

En consecuencia, los mayores accionistas de CR AEROPUERTOS son, con ventaja CCM e INVERSIONES AEROPORTUARIAS DEL CENTRO. Ahora bien, el capital de esta última sociedad está repartido de la siguiente forma:

DOMINTO DÍAZ DE MERA LOZANO, tiene el 48,93%

GLOBAL CONSULTING PARTNERS es propietaria del 39,92%

PROMOCIONES GONZÁLEZ (Aurelio González Villarejo) tiene el 11,11%

ASAVINE y GRUPO EMPRESARIAL HC, tienen un porcentaje indeterminado.

Tengo para mí que el 48,93% de un 43,78% es más que el 2,99% pero es que, también, GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL es una empresa que Díaz de Mera comparte con los Sanahuja y algunos otros empresarios. Así, a través de COPORACIÓN INDO MA SL, Díaz de Mera tiene el 19,58% de GLOBAL. Por su parte GRUPO EMPRESARIAL HC también pertenece a Díaz de Mera y de ella este «buen amigo» de Barreda posee un 30,00%.

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La repentina dimisión.

Terminal del aeropuerto, un día cualquiera
Terminal del aeropuerto, un día cualquiera

Con lo dicho anteriormente, la noticia de la dimisión de Díaz de Mera, Méndez Pozo y Barco Fernández de sus puestos en el consejo de CR AEROPUERTOS alcanza su auténtica dimensión. En lo que se refiere al control de la empresa es completamente irrelevante porque dicho control no depende de los órganos de administración, sino de la propiedad del capital y, que se sepa, las distintas participaciones de estos empresarios en el negocio no han sido vendidas ni donadas.

Por el contrario, la dimisión parece obedecer a una mera actuación propagandista con la que se intenta dejar sin argumentos a las noticias que la prensa estatal viene publicando desde hace tiempo y que en conjunto hacen que el proyecto del aeropuerto desprenda un intenso fumus malus iuris, cosa que con su dimisión vienen a reconocer estos empresarios, o dicho de otra manera ―véanse aquí las últimas declaraciones de Díaz de Mera― lo que reconocen es que su presencia en él cuestiona el proyecto y la propia actuación de Barreda.

Además, como he dicho más arriba, no sólo la prensa está levantando la voz contra la modificación de la LOTAU solicitada por los accionistas del aeropuerto y prontamente hecha suya por Barreda. Dolores de Cospedal acusó el pasado día 14 a Barreda de «amparar, impulsar y proteger, y defender la tropelía cometida hoy en la región». La viceportavoz del Grupo Popular, Carmen Casero, por su parte, calificó la modificación de la Ley del Suelo regional como «perversión legislativa y golfería política». Hoy el tono, con las declaraciones de Leandro Esteban, sube aún más y, lo que resulta más importante, conecta el asunto de la modificación de la LOTAU, del aeropuerto y de la cercanía personal de sus accionistas a Barreda, con el caso CCM.

Todo esto, en conjunto, debe preocupar a Barreda que hasta el último momento ha intentado conseguir el apoyo del PP para la reforma de la LOTAU. Es lógico que le preocupe. Desde hace mucho el PP de Castilla-La Mancha parecía una sección política de los gobiernos de Bono y de Barreda. El cambio de política introducido por Dolores de Cospedal le debe tener perplejo pues no está acostumbrado a que en Castilla-La Mancha exista oposición.

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La modificación de la LOTAU no es un «pelotazo» de los socios del aeropuerto.

José María Barreda
José María Barreda

Otra de las cosas que niegan, no sólo Díaz de Mera, sino los demás socios del aeropuerto y el propio presidente Barreda, a través de sus portavoces, es que la modificación de la Ley del Suelo sea un «pelotazo» para esos socios.

En este sentido, El Mundo, en su edición del 21 de abril de 2009 titulaba la noticia sobre este asunto de la siguiente forma: «’Pelotazo’ en el Aeropuerto de Ciudad Real. El PSOE manchego cambiará la ley del suelo para propiciar la venta del aeródromo. La modificación legal multiplicará el valor de los terrenos hasta 3.000 millones de Euros».

El día 15 de mayo, uno después de que el parlamento regional aprobara la modificación de la ley, ese mismo periódico decía: «la Junta manchega remata el ‘pelotazo’ del aeropuerto. El Gobierno de Castilla-La Mancha cambia la ley del suelo para propiciar la venta del aeródromo con plusvalías multimillonarias».

El diccionario de la Real Academia no recoge ninguna acepción del término «pelotazo» relacionada con el mundo de los negocios. No sé, por tanto, si este vocablo de germanía moderna es aplicable o no al asunto del aeropuerto pero si con él se quiere significar la obtención de una fabulosa diferencia entre precio de adquisición y precio de venta propiciada mediante maniobras oscuras o actividades meramente especulativas, puede que la palabreja no esté mal elegida.

Las plusvalías a las que se refería el diario El Mundo, el medio billón de Pts. traen causa del tratamiento legal que la LOTAU daba a los «proyectos de singular interés regional». Básicamente, esa figura jurídica propiciaba tres grandes ventajas, en este caso, para los promotores del aeropuerto.

En primer lugar dejaba al margen a los ayuntamientos afectados, de manera que los promotores se ahorraban cantidades millonarias en tasas y cesiones a estos. En segundo lugar, el monopolio sobre el negocio quedaba garantizado para los promotores que por mandato legal. Eran estos los únicos que podían explotar directamente el proyecto. En tercer lugar, la adquisición del terreno podía hacerse de forma inmediata por vía de expropiación forzosa y urgente sin tener que afrontar molestas e interminables negociaciones con los agricultores afectados. Todo ello sin olvidar las cuantiosas ayudas con dinero público que de suyo acompañan a la declaración de «singular interés».

De todas estas ventajas aprovechadas en su día por Díaz de Mera y los demás socios del aeropuerto, la de la expropiación es la más hiriente y nos retrotrae a las «desamortizaciones» del XIX, un pasaje bastante desconocido de nuestra historia que llenó los montes de partidas de bandoleros y los frentes de batalla de carlistas rebeldes.

El Mundo ya publicó en su edición del día 13 de mayo pasado que, como consecuencia de la condición de «singular interés» del proyecto, los terrenos ocupados por éste fueron expropiados forzosamente y que la cantidad pagada por metro cuadrado osciló entre los 54 céntimos de euro para el suelo de secano y el euro con veinte céntimos para las parcelas de regadío. El detalle de esos pagos se puede ver en el blog «Modus Tolens» del periodista Carlos Otto.

Es verdad que no todo el suelo ocupado por el aeropuerto fue expropiado. Su centro gravitacional, la finca de los Barco Fernández, fue comprada por la propia sociedad en la que éstos participan, pero lo que en definitiva tenemos aquí es un suelo adquirido a 54 céntimos el metro, que después de la modificación de la LOTAU solicitada por los socios del aeropuerto y defendida y aprobada por Barreda y su partido, pasa a tener un valor estimado de 600 € el metro.

Ahora bien, esta modificación era absolutamente necesaria para que esas plusvalías pudieran materializarse. Como he dicho, una de las grandes ventajas de los proyectos de «singular interés» era el blindaje monopolístico del negocio, pero para ello la ley impedía la segregación de parcelas en los suelos incluidos en tales proyectos. Nadie, sólo los promotores, podían explotar el negocio directamente a cambio, naturalmente, adquirían la obligación de realizarlo y explotarlo.

Sin embargo, la gran ventaja, tras el fiasco inmobiliario español y el desmoronamiento de los tinglados finacieros mundiales, se había convertido en una losa que asfixiaba a Díaz de Mera, a CCM y a sus demás socios.

Si querían deshacerse del proyecto ―y querían― tenían que hacerlo en su totalidad. Debían encontrar un comprador que se hiciera cargo, por completo, de un negocio ruinoso, de un aeródromo en el que ni los grajos toman tierra. El comprador se ha buscado pero no se ha encontrado, así que la solución parecía sólo estar en la posibilidad de parcelar el suelo y venderlo, recalificado de facto para usos industriales, zonas de ocio y actividades hoteleras. Eso, precisamente, es lo que Barreda, a través de la modificación de la LOTAU, ha hecho en favor de las sociedades del aeropuerto.

Con esto, lo que pretendía ser un negocio dedicado al tráfico aeroportuario, cosa que había servido para justificar el «singular interés» y las expropiaciones de los terrenos, se vuelve, esencialmente, mera actividad especulativa de venta de suelo adquirido ―por no decir arrebatado― a 54 céntimos y vendido a 600 €. El asunto, desde luego, parece rentable.

¿Pretende el Banco de España volver a poner Caja Castilla-La Mancha en manos de Barreda cuando quede saneada la entidad?

José María Barreda
José María Barreda

El pasado día 30 de abril Cayo Lara, coordinador de IU, reclamó que la Fiscalía Anticorrupción investigue los posibles “indicios delictivos” que están sacando a la luz la prensa y la intervención de CCM por parte del Banco de España.

Lara se refirió, específicamente, a la concesión por parte de CCM de un crédito de 30 millones de € (5.000 Millones de Pts.) sobre unas garantías de 5, a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, propiedad, entre algunos otros, del “malayo” Pedro Román Zurdo y de su socio y también de Roca, el salmantino Juan María López Alvarez.

Ese crédito, correspondiente a una finca ―Alcalvín Bajo― situada en la localidad toledana de Bargas cuyo alcalde, Gustavo Figueroa Cid, es también vicepresidente de la Diputación Provincial de Toledo, fue renovado íntegramente por Hernández Moltó y por su equipo directivo días antes de su vencimiento y apenas dos semanas antes de la intervención de la Caja, en una operación cuyo apresuramiento y protagonistas hacen, cuando menos, sospechosa.

No es este, sin embargo, el único vínculo que une la gestión de Hernández Moltó y su equipo directivo con varios de los más significativos imputados en la Operación Malaya, una trama de corrupción cuyos hilos superan, con mucho, los límites locales y políticos de Málaga.

Sabemos, por las noticias que en su momento publicó El Economista, que el capital prestado por CCM a Juan Antonio Roca, a Pedro Román y a Enrique Ventero Terleira ―a sus sociedades, se entiende― está próximo, si es que no supera, los 200 Millones de € (unos 34 mil millones de Pts.) una cantidad fabulosa que hace muy difícil creer que, en este caso, no estemos ante una “colaboración” sistemática, consciente, planificada y sostenida en el tiempo entre estos individuos y la dirección de CCM.

Ahora, el informe de la Inspección del Banco de España no viene, precisamente, a despejar las sombras de sospecha sobre actuaciones peor que negligentes en la gestión de CCM. Según El País, en su edición de este 1 de mayo de 2009, dicho Informe es “demoledor”. En él se ponen de manifiesto “graves errores y carencias” tales como:

  1. Una estructura organizativa sin “líneas de responsabilidad claras y definidas”.
  2. Carencia de política de seguimiento de las inversiones.
  3. Concentración de riesgos en el sector inmobiliario.
  4. Superación de la inversión crediticia del límite del 35% marcado por el propio Consejo de CCM en el 2005.
  5. Identidad o confusión de intereses los responsables del “análisis de riesgos” y la sociedad solicitante, destacando, dice El País, “operaciones en las que se financia la práctica totalidad de la inversión para adquirir participaciones en sociedades relacionadas con la entidad y operaciones concedidas a personas vinculadas con la entidad en otros proyectos por un importe de riesgo elevado en relación con su capacidad de devolución”.
  6. Seguimiento de la inversión crediticia hecho con retraso y sin profundidad: desatención de la auditoría interna; etc. etc.

Mucho más grave que esto, es el hecho puesto de manifiesto por la Inspección del Banco de España, de que los clientes de CCM con créditos de más de 16 Millones de € eran, solamente, 125 y que de estos créditos, entre los que, como he dicho, están los concedidos a Roca, Pedro Román y Ventero, el 30% se consideran dudosos, el 34% están calificados como “subestándar” y el otro 20% son tan sospechosos que el Banco de España considera que requieren “un seguimiento especial”.

No conocemos aún la lista de esos 125 clientes en su totalidad, pero sí algunos de los nombres más significativos cuyas sociedades están incluidas en ella: Domingo Díaz de Mera, Antonio e Ignacio Barco Fernández, Antonio Miguel Méndez Pozo, Román Sanahuja, Enrique Ventero, Pedro Román Zurdo o Juan Antonio Roca.

Dolores de Cospedal y Barreda
Dolores de Cospedal y Barreda

Con independencia de las relaciones que puedan conectar a Moltó y sus hombres con el entramado “malayo”, sí es conocida y pública la estrecha relación personal que une a Domingo Díaz de Mera y a Antonio Miguel Méndez Pozo con José María Barreda, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y con esto llegamos al meollo de la cuestión, pues el Gobierno de Barreda ahora y el de Bono antes, no sólo estaban obligados por ley a controlar lo que sucedía en la Caja, sino que colocaron en ella a Hernández Moltó como hombre de confianza y le mantuvieron al frente de la entidad aún cuando era vox populi la inminencia del desastre, precisamente como garantía de docilidad y control de CCM.

En definitiva, que si Moltó mandaba en la Caja, Bono primero y Barreda después, mandaban en Moltó y parece inimaginable que Hernández Moltó actuara por cuenta propia, sin las órdenes o al menos el consentimiento de quienes le habían puesto donde estaban y de quienes, de un plumazo, le podían quitar de ahí.

Por eso tiene razón Cayo Lara cuando responsabiliza a Bono y a Barreda de lo ocurrido y no como últimos responsables, sino como responsables inmediatos, tan inmediatos como lo es el propio Moltó, y también tiene razón al extender esa responsabilidad a los dirigentes del PP en la región, que durante décadas han guardado un discreto y cómplice silencio, no sé si bien alimentado por la Caja y por la propia Junta, aunque casos como los del consejero de CCM, Germán Chamón, (a una de cuyas sociedades ―que, por cierto, comparte con Méndez PozoCCM le concedió un crédito de 9 Millones de €) proporcionan ciertas pistas sobre las razones de ese silencio.

Durante lustros, en Castilla-La Mancha no ha habido oposición al Gobierno. Las modificaciones introducidas por Bono en la Ley electoral de la región eliminaron toda posibilidad de que IU tuviera representación parlamentaria y, por otro lado, los hombres del PP en Toledo fueron tratados con mimo maternal, tanto que, por ejemplo, Arturo García Tizón fue puesto al frente del “Comité para el Buen Gobierno y la Responsabilidad Social Corporativa de CCM”.

Las infiltración del bonismo, a lo largo de las últimas décadas, ha fermentado tanto en el PP de Toledo (y en el de la región en general) que si ahora Cospedal quiere recuperar el control de su partido en la región, es más que posible que necesite recurrir a medidas draconianas y ya veremos si está en condiciones de hacerlo. Barreda lo sabe y sus mensajes advirtiendo que si él se hunde, se hunden todos, son constantes.

Estando así las cosas, la pregunta ahora es simple ¿piensa el Bando de España devolver CCM a las mismas manos que han provocado su quiebra y han utilizado la entidad de una forma que desprende un intenso olor a delito? Vamos todos listos si cuando se llene el agujero provocado en la Caja se devuelve el control de ésta a Barreda. La ratificación en sus puestos de hombres como Juan Tomás Vidal, Físico Cabañas o José Luis Rodríguez Holgado y el nombramiento como director general de un ex directivo de la Kutxa, estrechamente relacionada, también, con el Caso Malaya; no son datos que produzcan mucha tranquilidad

Tras la epidemia de los campos de golf, la pandemia de los aeropuertos. García Page, plenipotenciario del PSOE para el caso de “El Pocero”, impulsará “sigilosamente” uno en Toledo

Bono, Barreda y García Page
Bono, Barreda y García Page

No hay límites para los hombres que piensan en términos de continentes. Los campos de golf se han convertido ya en una minucia irrelevante y ahora, de lo que se trata es de sembrar el suelo de aeropuertos.

La aventura parece descabellada pero a diferencia de los desheredados segundones y bastardos que en el siglo XV se adueñaron de mundos nuevos y viejos poniendo en el envite vidas, ya que no haciendas; los tahúres de la modernidad juegan con las cartas políticas marcadas. No hay «aventura», es decir, empresa de final incierto, sino confusión entre la Ley y el negocio y entre el Legislador y los limitados protagonistas del favor político.

En fin, a lo que iba, que para los próximos años, en un radio escaso de treinta kilómetros a partir de Madrid, están previstos o se pretenden tres nuevos aeropuertos. El pasado día 22 «El Mundo» daba la noticia de que el de El Alamo-Casarrubios comenzará a construirse en el 2010 y eso una vez que José Blanco, el nuevo Ministro de Fomento haya desbloqueado los proyectos de Esperanza Aguirre.

En la misma noticia también se hace referencia a la intención de la Comunidad de Madrid de tener preparado y en marcha el aeropuerto de Campo Real, a unos cuantos kilómetros al sur de Alcalá de Henares, para el 2020

Por otra parte ABC, hoy mismo, recoge unas declaraciones de Emiliano García Page (con ge, lo cual no es puntualización baladí, porque como él muy bien sabe, en su familia existe cierta polémica con la ge y con la jota que se viene arrastrando desde hace tiempo por los registros civiles) Precedidas por otras de José Manuel Tofiño, alcalde de Illescas y presidente de la Diputación de Toledo -que parece estar perdiendo la fe en Rumanía- Según las cuales él, Page, no sólo apoyará, sino que intentará «alentar» la construcción de otro aeropuerto en Toledo, inicialmente en el ya castigado triángulo que forman Illescas, Carranque y El Viso de San Juan.

Al respecto, las declaraciones de este hombre, que en su día fue designado plenipotenciario del PSOE toledano para el caso de «El Pocero«, son un ejemplo magistral, no sé si de amenaza, de coacción o de la más descarnada sinceridad.

Dice Page, hablando de su apoyo y aliento a este nuevo proyecto: «No sólo apoyo un aeropuerto para la provincia de Toledo, sino que lo voy a intentar alentar. Pero con mucho sigilo, porque ahora los aviones ya no hacen ruido, ni al despegar ni al aterrizar. Desde luego sobra ruido en esto, porque no ayuda. Vamos a intentar que el procedimiento sea como un vuelo sin motor, silencioso, sigiloso…»

No sé, tampoco, si la metáfora del vuelo sin motor es la más apropiada a la vista de lo que está sucediendo con el Aeropuerto de Ciudad Real. Puede que más exacto sea decir que va a intentar que el procedimiento sea como una alimaña que acecha a su presa «silenciosa, sigilosa…»

En cualquier caso, pocas veces un «responsable político» alcanza cotas tan altas de desabrida franqueza porque lo que Page está diciendo es que el derecho fundamental a la libre información, a la participación en los asuntos públicos y a la publicidad de la actuación de las Administraciones, no ayuda, sino que estorba y que, por eso, aunque la Ley obligue a esas Administraciones a respetar en sus relaciones con los ciudadanos los principios jurídicos de transparencia y de participación, él va a procurar que todo el procedimiento transcurra «sigilosamente» es decir, a oscuras, sin publicidad y sin participación.

Como Emiliano García Page no ha sido obligado a dimitir fulminantemente de todos sus cargos políticos y públicos, ni lo va a ser, debo concluir que hombres de su talla son los que estos tiempos de oscuridad demandan y merecen.

“Tierra Comunera” presenta ante la Fiscalía Anticorrupción otra denuncia contra Hernández Moltó, Barreda y María Luisa Araujo

Hernández Moltó tras ser destituido de su cargo
Hernández Moltó tras ser destituido de su cargo

Anticorrupción estudiará la denuncia contra el ex presidente de CCM por múltiples delitos económicos. Así titula hoy la agencia Europa Press el despacho que puede leerse desde este enlace. La agencia de noticias se hace eco de la aparecida hoy en El Economista bajo el titular «Anticorrupción sigue los pasos de Hernández Moltó, ex presidente de CCM» y que se refiere a la denuncia interpuesta contra el citado Hernández Moltó por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, tal y como adelanté en Notitia Criminis el pasado 20 de abril.

Pero esta no es la única denuncia que tendrá que estudiar la Fiscalía Anticorrupción y que deberá afrontar Hernández Moltó. Hoy mismo el diario digital SOITU, citando a la Agencia EFE, publica que el PCAS (Partido Castellano) Antiguo «Tierras Comuneras«, ha presentado, también, otra denuncia en Anticorrupción contra Hernández Moltó. Por su evidente interés, reproduzco el texto del citado artículo a continuación:

«Toledo.- El Partido Castellano (PCAS), antigua Tierra Comunera, ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia para que investigue si los anteriores gestores de Caja Castilla La Mancha (CCM) o los políticos responsables de controlar las actuaciones de la entidad han cometido algún delito.

Así lo ha explicado a Efe el coordinador del PCAS en Castilla-La Mancha, Pedro Manuel Soriano, quien ha apuntado la posible comisión de ocho delitos por los gestores de la Caja, los miembros de su Consejo de Administración y otros órganos de la entidad, el presidente regional, José María Barreda, y la responsable de Economía del Gobierno, María Luisa Araújo.

El PCAS ha tomado esta medida al considerar que las explicaciones del Banco de España sobre los motivos de la intervención de la entidad no son suficientes y que el Gobierno de Castilla-La Mancha no asume su responsabilidad en lo ocurrido.

En concreto, Soriano ha indicado que los gestores de la entidad podrían ser responsables de delitos de estafa, apropiación indebida, delito societario, insolvencia punible o manipulación contable en las cuentas de 2008.

También ha manifestado que María Luisa Araújo podría haber incumplido la responsabilidad de control e inspección de la caja que le atribuye la legislación autonómica.

«Queremos que la Fiscalía aclare qué ha ocurrido», ha dicho a Efe Soriano, quien ha advertido que esas investigaciones también deben afectar a los miembros del Consejo de Administración durante los últimos cinco años, incluidos los propuestos por el PP que presentaron su dimisión en febrero de este año.

El coordinador del PCAS ha criticado que el Ejecutivo regional aún no haya dado explicaciones sobre lo ocurrido y que aún no haya sido cesado el director general de Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM), Jordi García Candau, por ocultar 24 horas la intervención del Banco de España.

También ha reprochado al PP que no haya tenido el «valor y el coraje» de llevar a la Fiscalía este caso y ha recalcado su apoyo a los trabajadores de la entidad, verdaderos perjudicados por «este embrollo político-financiero».

En cuanto al futuro de la entidad, ha confiado en que no se lleve a cabo su liquidación y subasta y ha propuesto que, en el caso de que no posible su saneamiento y funcionamiento independiente, sea absorbida por Caja Madrid, la entidad que más relación tiene con Castilla-La Mancha».

Los sindicatos de Caja Castilla-La Mancha piden que se cese, se expediente y se sancione a Juan Tomás Vidal, José Luis Rodríguez Holgado y al resto de la directiva

Hernández Moltó, sonriente tras serle notificada su destitución
Hernández Moltó, sonriente tras serle notificada su destitución

Según un despacho de la Agencia EFE, los cuatro sindicatos con representación en Caja Castilla-La Mancha piden que se cese y se expediente a los directivos cuya ratificación en el cargo se ha conocido hoy. Entre tales directivos se cita a Juan Tomás Vidal, José Luis Rodríguez Holgado -quienes comparten consejo de administración con el imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira en Los Alcázares (Murcia) y con los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado en Carranque (Toledo)- y también a José Luis Rodríguez Romo, José Miguel Físico Cabañas y Alejandro López Hernández, entre otros. Se olvidan, sin embargo, de Petra Mateos Aparicio-Morales, miembro del Consejo de Buen Gobierno de CCM y consejera de CCM CORPORACIóN.

Reproduzco a continuación el despacho citado:

«Toledo.- Los cuatro sindicatos representados en Caja Castilla-La Mancha (CCM) piden que «se cese, se expediente y se sancione» al comité de dirección de la entidad, ratificado por los administradores del Banco de España tras su intervención en la Caja y que han conocido a través de la intranet de CCM.

En una comunicación interna dirigida a los tres mil empleados de CCM, y a la que ha tenido acceso EFE, los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF y CSICA enumeran a la decena de directivos que siguen formando parte del comité de dirección de la entidad y a los que consideran también responsables de la situación de «desequilibrio financiero» de CCM.

En dicho escrito, en el que no se critica el nombramiento de Gorka Barrondo como director general de la entidad en sustitución de Ildefonso Ortega, que cesó en pasado día 16, se cita, en cambio, a José Luis Rodríguez Romo (director de Organización y Sistemas), Francisco Javier Sáiz Alonso (Riesgos y Operaciones).

Los sindicatos también piden el cese de Miguel Ángel Martínez Ortega (Relaciones Institucionales), Juan Tomás Vidal (Administración y Control del Gasto), Juan Manuel Díaz Crespo (Contabilidad y Control), Alejandro López Hernández (secretaría general), Francisco Hernanz Manzano (CCM Corporación).

También se incluye en esta relación a Juan Ávila, apoderado de CCM Corporación, además de los directores de Inversiones y Financiero de CCM Corporación, José Miguel Físico Cabañas y José Luis Rodríguez Holgado.

Para todos ellos los sindicatos piden su cese, que se les abra expediente y se les sancione, pues, «nadie entendería lo contrario» y los representantes legales de los trabajadores «no vamos a renunciar a este empeño«.

Además, tampoco van a permitir que CCM sea «liquidada, troceada y subastada al mejor postor», afirman en su escrito a los empleados los sindicatos de CCM, que también critican al gobernador del Banco de España por sus «salidas de caballo y paradas de burro», dicen apelando a un dicho popular de «estas tierras castellanomanchegas».

Barreda, sonriendo afectuosamente a Hernández Moltó
Barreda, sonriendo afectuosamente a Hernández Moltó

Y por si a Fernández Ordoñez «se le ocurre» la idea de proponer «nuestra liquidación», anuncian que han iniciado contactos con el Gobierno de Castilla-La Mancha y con el Gobierno Central, a través de los responsables federales de estos sindicatos, para que CCM no sea liquidada, troceada y subastada al mejor postor».

Los sindicatos también piden «rigor y responsabilidad» a los periodistas a la hora de informar sobre CCM y se refieren en concreto a las informaciones relativas a la posible liquidación de la entidad, que ha dañado el «ánimo» de los trabajadores de la caja castellano manchega.

El Banco de España decidió el pasado 28 de marzo intervenir CCM al considerar que su «deficiente gobernanza socavó de forma muy grave la solvencia y la viabilidad de la entidad».

El Banco de España responsabiliza al equipo directivo de sobrevalorar el ciclo expansivo con un exceso de posicionamiento en el sector inmobiliario tanto a través de financiación directa como de participaciones en empresas del sector».

Barreda modifica la Ley del Suelo a petición de Díaz de Mera y de sus socios. La operación les reportará más de 3.000 Millones en plusvalías

El Mundo, 21 de abril del 2009
El Mundo, 21 de abril del 2009

Hoy El Mundo publica que la modificación solicitada -y concedida o en proceso de concederse- por los socios del aeropuerto de Ciudad Real, entre los que están los amigos de Barreda, Domingo Díaz de Mera y «Michel» Méndez Pozo además de CCM, les reportará a estos plusvalías superiores a los 3.000 Millones de €. La reacción de la oposición regional no se ha hecho esperar y como la verdad es la verdad, la digan Agamenón o su porquero, o el Gobierno o la oposición, reproduzco aquí el siguiente despacho de Europa Press:

TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) –

«El secretario de Acción Parlamentaria del Grupo Popular, Leandro Esteban, pidió hoy al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que explique urgentemente cuánto dinero público se ha invertido en el aeropuerto de Ciudad Real, «y que hoy algunos califican de proyecto de auténtico pelotazo«.

El diputado regional del PP se hizo eco de la información publicada hoy por el diario El Mundo, que indica que el PSOE de Castilla-La Mancha cambiará la ley del suelo para propiciar la venta del aeródromo y que la modificación legal multiplicará el valor de los terrenos hasta 3.000 millones de euros.

En este sentido, Esteban fue contundente y aseguró que el presidente regional «debe explicar lo que sabe, hasta dónde llega esta situación, y debe explicar cuánto dinero público se ha invertido en lo que al parecer, y algunos hoy califican, como un proyecto no de ley sino de proyecto de auténtico pelotazo».

A renglón seguido, el parlamentario tachó de «intolerable» que el Gobierno regional se niegue a dar explicaciones y que presione con la ley del suelo y calificó de «abyecto» que se utilice esta norma «que dice pretender dar vivienda a quienes lo necesitan para proporcionar lo que algunos hoy califican como pelotazo».

José María Barreda y Domingo Díaz de Mera en entusiasta camaradería
José María Barreda y Domingo Díaz de Mera en entusiasta camaradería

«Nos gustaría que el Gobierno regional hubiera tenido la decencia política de dar explicaciones a todos los ciudadanos», indicó el diputado ‘popular’, quien aseveró que si él fuese gobierno en Castilla-La Mancha «ya estaría dando hoy explicaciones claras sobre el particular, si es que las tengo».

El Gobierno regional, destacó, debe dar muchas explicaciones en relación con este asunto, y debe explicar por qué hay que cambiar una ley para que funcione un aeropuerto que ya funciona. Asimismo, le pidió que explique por qué se quiere vender un aeródromo que en su día fue declarado de utilidad pública.

Según afirmó, «parece ser, presuntamente, que detrás de esto hay intereses poco claros, intereses que no son del beneficio de la región y, que sin embargo, pueden estar centrados en el beneficio de unos pocos». Por ello, insistió en que los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen derecho a conocer qué hay detrás de este proyecto.

El diputado dudó de cuáles son los verdaderos intereses del PSOE en este proyecto y destacó que el Gobierno regional «tiene mucha prisa en permitir que por medio de un instrumento legal, la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), se puedan permitir operaciones como las que hoy se denuncian».

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INTERESES TURBIOS

Barreda y Antonio Miguel Méndez Poxo
Barreda y Antonio Miguel Méndez Poxo

«Me parece que el Gobierno de Castilla-La Mancha no quiere contestar y, si no quiere contestar, es porque tiene mucho que callar y, si tiene mucho que callar, los demás tenemos derecho a dudar de su rectitud en este asunto, y de que no haya más que intereses turbios alrededor del aeropuerto de Ciudad Real», subrayó.

El secretario de Acción Parlamentaria del Grupo Popular recalcó que la noticia publicada hoy en «El Mundo» no contribuye a generar confianza en un momento de crisis y «revelan la verdadera cara de un gobierno, que tiene mucha preocupación por algunas cosas, y muy pocas por algunas otras», indicó.

«Hoy más que nunca -dijo- es necesario investigar la trama de Caja Castilla La Mancha, ya que hoy son nuevos interrogantes que plantean muchos millones de euros en relación con este asunto». Además, apuntó que «en un momento de crisis vemos la auténtica cara del Gobierno regional, cuyas recetas contra la crisis consisten en liquidar la caja para beneficiar a unos pocos privilegiados».

Así, retó al presidente de Castilla-La Mancha y al PSOE a calificar lo que hoy aparece publicado en relación al aeropuerto. «¿Lo calificaría como intolerable, como falso, hipócrita, como corrupción en todos los sentidos?, se preguntó el diputado, quien señaló que «hoy algunos están empezando a quedar en su lugar».

«Resulta paradójico como algunos ante estas situaciones con el beneplácito del Gobierno utilizan los puestos de trabajo y las inversiones en nuestra región como auténticos escudos humanos, no para generar bienestar y riqueza, sino para protegerse a sí mismos, utilizando actitudes que con el beneplácito del Gobierno resultan mezquinas«, remachó.»

Me imagino que Barreda y Bono, tras décadas de gobierno sin oposición, deben estar preguntándose qué diablos ha pasado aquí y lamentando tanta ingratitud, pero los portavoces de la recién nacida oposición en Castilla-La Mancha tienen más preguntas que hacer y sobre ellas han pasado de puntillas.

Barreda también debe dar explicaciones de por qué tres de los principales imputados en la Operación Malaya, el caso más paradigmático de corrupción en España -concretamente Juan Antonio Roca, Pedro Román Zurdo y Enrique Ventero Terleirahan recibido más de 200 Millones de Euros en créditos de CCM, créditos autorizados por Hernández Moltó pero también consentidos, si es que no propiciados, por Barreda.

Emilio Sanz y Rosa Romero, ex consejeros de CCM, dispuestos a denunciar a Hernández Moltó ante la Fiscalía

Los consejeros de CCM con Hernández Moltó al frente
Los ex consejeros de CCM con Hernández Moltó al frente

El diario El Mundo publica hoy la noticia del envío de una carta al Banco de España por parte de los ex consejeros de CCM, Emilio Sanz y Rosa Romero (en la foto junto a Moltó y los demás) en la que aseguran que Hernández Moltó y los directivos de la Caja les ocultaron información esencial o, en términos más coloquiales, les engañaron.

En concreto, se refieren a la documentación enviada a dichos consejeros por los directivos de CCM con ocasión de la celebración del Consejo de Administración de 28 de enero pasado, según la cual la entidad habría obtenido en el ejercicio 2008 unos beneficios de 92,07 millones de Euros. Al respecto aseguran que esos datos, que se han demostrado falsos tras la intervención, fueron corroborados por el equipo directivo y que, contrariamente a lo habitual, en la documentación remitida faltaban información sobre los recursos propios y, consecuentemente, sobre el ratio de solvencia de la entidad.

Además, tanto Emilio Sanz como Rosa Romero, por cierto, alcaldesa de Ciudad Real, han asegurado que están dispuestos «a enviar al Banco de España toda la documentación que obra en su poder «para que se depuren todo tipo de responsabilidades». Así mismo aseguran que están dispuestos a acudir a la Fiscalía para que investigue los hechos».

El periódico citado añade que «aunque hasta ahora sólo estos dos ex consejeros han hecho denuncias abiertamente, los demás miembros del consejo están igualmente indignados y molestos con el proceder de los directivos» especialmente «después de que el Banco de España decidiera expedientar a los 15 miembros como corresponsables de la gestión irregular que llevó a la intervención de la entidad».

En esta teoría del falseamiento de la información o de la ocultación de datos esenciales sobre la situación de CCM, los consejeros expedientados coinciden con «fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha» que, como publicó El Economista, también aseguraron que Moltó les engañó o les ocultó información esencial.

Diario El Mundo de 15 de abril del 2009
Diario El Mundo de 15 de abril del 2009

En el caso del Gobierno de Barreda la excusa es inútil porque la Ley de Cajas de Castilla-La Mancha obligaba a éste a supervisar la actuación de Moltó, de los consejeros y de los directivos de la entidad. La Consejería de Economía debía exigir cuantos datos considerada relevantes y relevantes parecían muchos datos cuando la agonía de CCM era vox populi desde hacía, al menos, un año.

La posición de los consejeros no parece mucho mejor, incluida la de Jesús Bárcenas, el primero de los miembros del Consejo que dimitió y que se negó a firmar las cuentas de la Caja; y no parece mucho mejor porque si Hernández Moltó les ocultaba información tan evidente como la del ratio de solvencia, estaban obligados a exigirla y si se les negaba, estaban obligados a presentar denuncia o querella porque el artículo 293 del Código Penal dice que «los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán castigados con la pena de multa de seis a doce meses» y ello sin olvidarnos de lo dispuesto en los artículos 290, 291, 295, etc. etc. del mismo Código.

Esto lo sabe Barreda y, por eso, su letanía y la de sus portavoces en las últimas semanas consiste en recordar a los potenciales denunciantes, es decir, a los consejeros de la Caja, que ellos votaron afirmativamente los acuerdos tomados en ese Consejo y que -esto no lo dicen, pero lo dejan entender- con esas premisas «si me hundo yo, nos hundimos todos».

La tesis de Barreda parece plausible, desde luego, pero para tener éxito, para forzar el silencio o la complicidad por omisión de aquellos que saben y que hasta ahora han callado, se encuentra con un grave inconveniente. Resulta que los consejeros de la Caja ya están expedientados y al margen de las posibles multas, se enfrentan a 10 años de inhabilitación y eso suponiendo que los instructores del expediente, como manda la ley, no se vean obligados a trasladar a los tribunales el tanto de culpa que aprecien en los hechos que investigan.

En definitiva, que si alguna salida les queda a Emilio Sanz, a Rosa Romero y al resto de los miembros del Consejo de Administración de Caja Castilla-La Mancha, es precisamente la que están intentando tomar: o cantan cuanto saben o están hundidos.

Petra Mateos, persona de confianza de Bono, acerca el Caso Malaya hasta las puertas del despacho de José María Barreda

Petra Mateos
Petra Mateos

La presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, de HISPASAT, consejera de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN y miembro del Consejo de Buen Gobierno de CCM, Petra Mateos Aparicio, participa en la mercantil ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE junto a Juan María López Alvarez -socio de Juan Antonio Roca y de Pedro Román Zurdo– al que ya hemos visto en Bargas (Toledo) con el citado Pedro Román, recibiendo un dudoso crédito de 30 millones de Euros de manos de Hernández Moltó, renovado in extremis cuando apenas faltaba una semana para la intervención de la Caja.

Pero la presencia de Petra Mateos, persona de la máxima confianza de José Bono (quien, por otro lado, la impuso al frente de HISPASAT desde el Ministerio de Defensa) sólo es un elemento más de los extraños negocios que se están desarrollando en Aranjuez, relacionados con CCM y con algunos sospechosos constructores, como es el caso de Javier Arteche Tarascón, imputado en una de las piezas separadas del Caso Malaya y uno de los miembros más conocido de la llamada Trama Vasca.

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Petra Mateos y la sociedad durmiente de Aranjuez

Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez
Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez

Petra Mateos Aparicio-Morales, natural de La Solana, es una mujer con un alarmante pasado. Tan es así que cuando José Bono, entonces Ministro de Defensa, se empeñó en colocarla como presidenta de HISPASAT, una empresa estratégica y de interés militar, los periódicos se hicieron eco de ciertas reservas en el interior del PSOE, donde destacados personajes se sintieron preocupados por las futuras consecuencias de tal nombramiento.

Ese inquietante pasado tiene que ver con el prófugo indultado Marc Rich, con Jacques Hachuel, con el Caso Banesto y Mario Conde, con el Caso Ibercorp, con el Caso Fondos Reservados, con el Caso Casino Costa Blanca, con el Caso Alfaro y con el Caso Atocha que implicó directamente a Virgilio Cano, figura que ha vuelto a cobrar relevancia con el caso de los espías de la CAM.

De hecho, supone una notable ironía que Petra Mateos, clienta privilegiada de Ibercorp y por tanto beneficiaria, en lo que cabe presumir, de la estrecha relación que unía a Manuel de la Concha con Mariano Rubio, haya encontrado cobijo al amparo de Juan Pedro Hernández Moltó, el mismo que adquirió fama tras el gratuito, feroz e histriónico interrogatorio al que sometió en el Congreso a un consumido Rubio y que despertó la repugnancia de no pocos testigos.

Sin embargo, la actualidad de Petra Mateos no es menos truculenta. Como presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, entre ella y el Gobierno regional de José María Barreda no hay solución de continuidad puesto que esta empresa está participada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir por el Gobierno regional, en un 45%, y por CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN en un 20%.

Ahora bien, tampoco hay solución de continuidad entre la Sra. Mateos y Juan María López Alvarez, un sujeto lábil que aparece repetidamente en el sumario del Caso Malaya e incluso en el Auto de Imputación de 18 de julio de 2007, y que poco a poco va alcanzando la notoriedad que merece.

Este Juan María López formaba parte del consejo de administración de EL ANGEL DE TEPA, está en el de MOLA-15, ambas sociedades propiedad, en la parte alícuota correspondiente, de Roca y de Pedro Román respectivamente. Está también en el de PUERTA ORO TOLEDO, junto a Pedro Román y en NH DOMO DISEÑO, sociedad integrada en la cadena hotelera NH HOTELES, salpicada más de lo conveniente por la corrupción marbellí como ha puesto de manifiesto la prensa.

Así las cosas, el eslabón que constituye Petra Mateos entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la maraña de empresas y socios de Juan Antonio Roca y de Pedro Román se materializa en una sociedad durmiente o «fantasma» denominada ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE S.L. (B84848951) que hasta el ejercicio 2006 -único del que existen cuentas presentadas- no tenía o no parecía tener actividad.

Esta entidad está presidida por ECOPROYECT 22 SL, es decir, por Juan María López Alvarez, y entre sus consejeros, todos ellos muy significativos como luego veremos, está otra sociedad: ALTKOCA SA (A78961869) cuya administradora única es Petra Mateos Aparicio-Morales.

Para ser una empresa sin actividad desde su constitución, el 29 de septiembre del 2006, su capital, 60.000 €, se encuentra muy lejos de los habituales 3.000 € con los que se suelen crear estas sociedades acechantes o de mera apariencia.

También contrasta la falta de funcionamiento con su domicilio, situado en el número 7 de la C/ Alfonso XI, una de las zonas más espléndidas de Madrid, cuya significación se multiplica al descubrir que ese también es el domicilio del ATALIA GRUPO PATRIMONIAL SL., es decir, de la empresa de David Marjaliza Villaseñor.

Pero sobre todo, si algo resulta contradictorio con esa aparente inactividad, es el febril dinamismo de la mayor parte de las sociedades que integran el consejo de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE y precisamente, como no podía ser de otro modo, en Aranjuez.

Según ya he dicho, la presidencia corresponde a ECOPROYECT 22 SL, la empresa de «Juanmari» -como familiarmente le llamaba Motserrat Corulla- López Alvarez. Los consejeros son INOVACIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO SL, entidad ligada a Alfonso Vegara Gómez, patrono de la FUNDACIÓN METRÓPOLI; ALTKOCA, la empresa de Petra Mateos; y ATALIA GRUPO PATRIMONIAL, propiedad de David Marjaliza Villaseñor, que últimamente ha adquirido popularidad por su relación con Francisco Granados -sobre todo a causa de la venta a éste de una vivienda en Marbella- y que también está relacionado con Domingo Díaz de Mera y los hermanos Barco Fernández.

Estas empresas están representadas por Petra Mateos, Juan María López Alvarez, José Benito Soto Losa (uno de los socios de cabecera de López Alvarez) por Alfonso Vegara Gómez y, también con la condición de «representante», en ella aparece José Antonio Alonso Conesa.

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José Antonio Alonso Conesa, el ex alcalde de Cartagena.

José Antonio Alonso Conesa
José Antonio Alonso Conesa

Aquí volvemos a encontrar un hecho significativo. Salvo este José Antonio Alonso Conesa, todos los demás pertenecen a los respectivos consejos de las sociedades que, a su vez, forman el consejo de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE. Por el contrario, José Antonio Alonso no consta como órgano administrador de ninguna de esas empresas y aquellas en las que sí está (Tresalón, Ibero-Americana Interactive Networks, Residencial Puerta Nueva Cartagena, Izen Innovación (fuertemente participada por CCM) etc. etc. no tienen una relación, visible al menos, con ARANJUEZ ECOCIUDAD.

El que sí forma parte del consejo de ATALIA, la empresa de David Marjaliza, y por tanto está relacionado con ARANJUEZ ECOCIUDAD, es su hermano Agustín y esto no puede ser irrelevante porque los hermanos Alonso Conesa no son nada irrelevantes.

José Antonio Alonso Conesa está ligado estrechamente a Murcia, tanto que fue alcalde de Cartagena (1991 – 95) al tiempo que su hermano, Eduardo Alonso Conesa, dirigía la televisión murciana. Tras abandonar esa alcaldía, ahora, José Antonio aparece como administrador o consejero de un buen número de sociedades, la mayor parte dedicada a la construcción.

Su hermano Eduardo también dejó hace tiempo la televisión murciana y desempeñó los cargos de subdirector de informativos en TVE, director de informativos en TELEMADRID y presidente de VIA DIGITAL, entre otros muchos en distintos medios de comunicación.

En la actualidad es Director General Adjunto de Análisis y Planificación de Marketing de TELEFÓNICA, es decir, miembro destacado del equipo de César Alierta, como también es miembro destacado de ese equipo (concretamente es el responsable de seguridad de TELEFÓNICA) el detenido e imputado en la Operación Malaya, Florencio San Agapito, un comisario de policía ya jubilado que estuvo mezclado en los casos GAL, Fondos Reservados y ahora en Malaya.

Hay, además, otra empresa realmente curiosa ligada a los hermanos Alonso Conesa: LOLA 2002, en la que Eduardo Alonso Conesa hace negocios junto a José Ramón Carabante (que recientemente ha comprado a Trinitario Casanova, entre otras cosas, la finca La Zerrichera, en Murcia) y junto a José Luis Sanz Arribas, abogado de «El Pocero«, de Al-Kassar o del mafioso corleonés Giovanello Greco entre otros señalados personajes, y cuyo nombre, probablemente, aparece en la agenda de Roca del año 1995.

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Los terrenos de la fábrica de Agfa

Eduardo Alonso Conesa
Eduardo Alonso Conesa

Volviendo a Aranjuez y establecido que José Antonio Alonso Conesa puede ser tenido como el representante de ATALIA en ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, hay que subrayar que la empresa de David Marjaliza Villaseñor (Atalia) actúa allí prácticamente en régimen de oligopolio junto a CCM.

Los grandes proyectos urbanísticos de Aranjuez durante la legislatura 2003-07 se desplegaron sobre los terrenos de la antigua fábrica de AGFA y en los PAUs Puente Largo y Las Cabezadas.

Las Cabezadas es botín privativo de CCM (o lo era hasta la defenestración de Hernández Moltó) y de ISOLUX CORSAN (Luis Delso, para entendernos) aliados en Aranjuez en la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ SL. La participación de CCM ahí se hace a través de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN en cuyo consejo de administración está Petra Mateos Aparicio, de forma que es pruedente considerar a ésta como el nexo entra el PAU de las Cabezadas y ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE.

Relacionada con los terrenos de la antigua fábrica de AGFA es donde, inicialmente, aparece YEREGUI DESARROLLOS SL y por tanto PROINSA, la empresa del imputado en la Operación Malaya, FranciscoJavier Arteche Tarascón. YEREGUI DESARROLLOS es posteriormente sustituida por AGFA ARANJUEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS, un mero cambio de nomen iuris, menos llamativo y conocido por la prensa, porque ésta sigue perteneciendo en un 100% a PROINSA.

Arteche y los demás miembros de la llamada «Trama Vasca» salen pronto de los terrenos de Agfa mediante una permuta de suelo hecha a la sombra de los acuerdos de recolocación de los ex trabajadores de Agfa y del asentamiento en el municipio de un centro logístico de CORTEFIEL. A partir de ahí lo que se produce es la asignación de las parcelas de esos terrenos a una serie de empresas y cooperativas, tras las cuales, reiteradamente, aparece ATALIA y personajes ligados al PSOE de Aranjuez y al Ayuntamiento gobernado por Jesús Dionisio Ballesteros.

Según lo contrastado hasta ahora, la adjudicación de las parcelas en el suelo de la antigua fábrica de Agfa (por cierto, un suelo contaminado durante 50 años por sustancias extremadamente tóxicas como los iones de plata, cianuros, plomo, cadmio, etc. y, posiblemente también, por material radioactivo puesto que en la planta existía una instalación con tres fuentes de americio 241) correspondió a las entidades:

Inmobiliaria Egido

Novasera Habitat SCL

Metroges

Asturcovi Siglo XXI

Sol Naciente SCL

Vancouver Gestión SL

Proyectos y Soluciones Gestión 10

Ribereña de Vivienda Social

Extrabajadores de Agfa SOC. COOP.

De estas nueve empresas o cooperativas, Sol Naciente, Rivereña de Vivienda Social, Extrabajadores de Agfa y Vancouver Gestión; están directamente relacionadas con ATALIA, es decir, con David Marjaliza Villaseñor y con los hermanos Alonso Conesa.

La entidad RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL tiene actualmente como administradores a José Antonio Merino Victoria, miembro de la Ejecutiva Local del PSOE de Aranjuez y secretario, también local, de relaciones institucionales; a Antonio Pérez Martín, ex concejal del PSOE; y a Moisés García-Bueno Pérez.

Ninguno de estos aparece en los consejos de Administración de ATALIA o de otras empresas directamente relacionadas con ella, pero para descubrir la verdad hay que retroceder un poco en el tiempo.

El día 25 de enero de 2008 se produjeron cambios en el Consejo de Administración de RIVEREÑA etc. Ese día cesaron, como presidente Antonio Cuerpo Carrera; como consejero delegado el ahora administrador José Antonio Merino Victoria; también como consejero delegado, Moisés García Bueno Pérez, actualmente administrador; e igualmente, como consejero delegado ATALIA GRUPO PATRIMONIAL S.L.

El cambio en la composición y estructura del Consejo, por tanto, tiene como efecto mantener equivalente control administrativo pero haciendo desaparecer de la vista pública tanto a Antonio Cuerpo Carrera (que está presente en Aranjuez a través de TAJO SOLAR SL, empresa con el mismo domicilio social que ATALIA y que ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE) como a ATALIA.

La razón de esto, sin ninguna duda o con ínfimas dudas, está en las denuncias de que fue objeto esta adjudicación antes y después de las pasadas elecciones de mayo del 2007 por parte del Grupo Municipal ACIPA, del PP y la CCPA. Tan es así, que la adjudicación prevista para las vísperas de las citadas elecciones quedó suspendida y sólo se ha consumado con posterioridad a ellas, cuando el alcalde Jesús Dionisio confirmó su mayoría absoluta en el Ayuntamiento.

Las Cooperativas Sol Naciente y Extrabajadores de Agfa están igualmente relacionadas con ATALIA porque la gestión corresponde a RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL cosa que no es meramente accidental ya que la «gestión» no se hace gratis et amore, sino por un buen precio y porque la construcción de las viviendas de esas cooperativas la ha asumido, también, RIVEREÑA etc., de modo que, a través de ella, ATALIA participa, como promotora de facto y como constructora, en los beneficios generados por la adjudicación de los terrenos.

En cuanto a VANCOUVER GESTIÓN SL está administrada por ARAUNA CORPORACIÓN Y CONSULTING SL, y por DEVADAI SL. ARAUNA pertenece por completo a David Marjaliza Villaseñor, de forma que tiene presencia en el consejo de administración de ATALIA GRUPO PATRIMONIAL junto a DEVADAI SL.

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El PAU de Puente Largo

El destituido Hernández Moltó
El destituido Hernández Moltó

En el caso de PUENTE LARGO la situación no es muy distinta con la salvedad de que aquí ya se hace presente, de forma abierta, CAJA CASTILLA-LA MANCHA representada por José Miguel Físico Cabañas y por Alejandro López Hernández, ambos hombres de la máxima confianza del destituido y expedientado por el Banco de España, Juan Pedro Hernández Moltó.

El PAU, para el que están previstas (o estaban) unas 2.000 viviendas, tiene como adjudicataria a la mercantil H2 PUENTE LARGO. Desde abril de 2005 su consejo de administración está compuesto por los citados Físico Cabañas y López Hernández más la entidad PROYECTOS INMOBILIARIOS HELIO 2, propiedad Heliodoro Martínez Tirado y familia, un hombre interesante en sí mismo porque, por ejemplo, también participa en GIZA INVERSIONES SL cuyo accionariado se reparte entre VANCOUVER GESTIÓN (La sociedad a través de la cual David Marjaliza hace negocios en los terrenos de Agfa) ARAUNA CORPORACIÓN, que también hemos visto que pertenece íntegramente al tal Marjaliza, y PROMODICO, parte del quebrado Grupo DICO cuyos propietarios están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción en Madrid y Almería.

Pero sean cuales sean los que ahora aparecen en el órgano de administración de H2 PUENTE LARGO, aquí nuevamente, para descubrir quiénes están implicados en esa sociedad y en sus negocios, hay que retroceder algo en el tiempo, concretamente hasta el 8 de abril del 2005. En esa fecha se producen cambios en el consejo de administración y de él desaparecen ARAUNA CORPORACIÓN y BELICE 2002. Ya sabemos que ARAUNA es David Marjaliza y BELICE 2002 también, porque esta sociedad es el resultado de la fusión por absorción, aprobada el 15 de octubre del 2007, entre VANCOUVER y ATALIA.

En resumen, que en PUENTE LARGO, están implicados, además de quienes han llevado a CCM a la quiebra, los mismos que nos han aparecido en los terrenos de Agfa, es decir, David Marjaliza y José Antonio Alonso Conesa, socios a su vez de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE.

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David Marjaliza, los Alonso Conesa y el Grupo DICO

Reportaje de Interviú sobre la trama Dico-Harinsa-Hobrum
Reportaje de Interviú sobre la trama Dico-Harinsa-Hobrum

Hay, según la información disponible, más actividad de Marjaliza y de los Alonso Conesa en Aranjuez, relacionada con el quebrado GRUPO DICO, como he dicho, investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Así, por ejemplo, en el «Desarrollo Urbanístico de la Montaña» aparecen como promotores RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL, SOL NACIENTE SCL, la SOCIEDAD LOCAL SUELO Y VIVIENDA (que es la empresa municipal a través de la cual se gestionan las demás adjudicaciones) el GRUPO ALFADEL y LAZORA-LARCOVI. En todas esas promociones actúan como constructoras RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL y OBRUM.

Con respecto a OBRUM hay que hacer alguna precisión. Esta sociedad ha sido la encargada de la construcción de la «Ciudad Deportiva» de Aranjuez, una obra municipal que se inició con un presupuesto de 14.000.000 de €. Esta «Obrum» puede ser la matriz incluida en DICO-HARINSA-OBRUM (DHO) o, seguramente, OBRUM CLM. Si es así, la cosa sigue siendo reiterativa porque en su consejo de administración están presentes ARAUNA y DEVADAI, es decir, por sociedad interpuesta, David Marjaliza y los Alonso Conesa, además de algunos otros.

En cualquier caso, la duda, que se aclarará en breve, no es especialmente relevante porque en Aranjuez se ha producido otra actuación urbanística más grave en la que el Grupo DICO está implicado: la del pretendido recinto ferial del Raso de la Estrella, junto a la fachada del Palacio Real, un suelo declarado Patrimonio de la Humanidad y dotado con la máxima protección.

Dichas obras fueron objeto de una denuncia de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico, contra el Ayuntamiento de Aranjuez por presuntos delitos de desobediencia y contra el patrimonio histórico.

Los trabajos que se estaban desarrollando en el Raso de la Estrella se adjudicaron a la mercantil GRABITUM y esta empresa pertenece en un 100% a OBRUM URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SL, es decir, está incluída en el Grupo DICO, lo mismo que lo está OBRUM CLM, donde participan Marjaliza y los Alonso Conesa.

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Alfonso Vegara, el prestigioso arquitecto preocupado por el medio ambiente

Alfonso Vegara Gómez
Alfonso Vegara Gómez

Otro de los socios de ARANJUEZ ECOCIUDAD, como hemos visto, es Alfonso Vegara Gómez. Las relaciones de este hombre son notables. Es presidente de la Asociación Internacional de Urbanistas, premio Jaime I en su edición de 2007, dice ser doctor arquitecto, economista y sociólogo y es fundador y patrono de la Fundación Metrópoli a la cual, según el propio Alfonso Vegara, aparece adscrito un sonoro International Advisory Conunsil que, según la propia publicidad de la Fundación, «constituye la base de la red internacional de la Fundación Metrópolis» y que está constituido por «personalidades, expertos y profesores del máximo prestigio internacional» tales como Iñaki Urdangarín, «que están aportando ideas, conocimiento, apoyos y contactos estratégicos para hacer viable el desarrollo de los programas de la Fundación«. En este punto, desde luego, más sinceridad no se puede pedir.

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La Fundación Metrópoli y el club Malaga Valley

Uno de los «programas» de esa fundación tiene que ver algo con el llamado club empresarial MALAGA VALLEY, del que el portavoz municipal del PSOE en Málaga afirmó que «detrás del club Málaga Valley y del proyecto de ciudad presentado por la Fundación Metrópoli puede esconderse una gran operación de especulación urbanística».

Según la revista El Observador, esta hipótesis se confirmaría por el apoyo prestado al proyecto por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que vio «con buenos ojos» la posibilidad de convertir la autopista A-7 en un «ecobulevar» -todo en el caso de la Fundación Metrópolis es «eco» algo- lo que haría urbanizables los terrenos que quedan al otro lado de la ronda que forma dicha autopista.

Por otro lado, los proyectos relacionados en Málaga con el club empresarial en cuestión: «Distrito de la creatividad», «puerto digital», «ciudad tecnoindustrial», «fusion hubs», «avenida de la tecnología», «ecosistemas de inovación», etc. fueron calificados por personalidades malagueñas y por distintos medios de comunicación, según la citada revista, de «tomadura de pelo», «campaña publicitaria», «humo», «fantasmada»…

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Alfonso Vegara, Javier Cremades y el imputado en la Operación Gürtel José Luis Ulibarri

Javier Cremades
Javier Cremades

En este club de empresas llamado MALAGA VALLEY, y que según sus responsables pretende o pretendía hacer de la ciudad andaluza el Silicon Valley español, la fundación de Alfonso Vegara Gómez tiene intereses comunes con el prestigioso letrado Javier Cremades de Cremades & Calvo Sotelo y, precisamente a través de este abogado, es como se produce una curiosa coincidencia pues resulta que el constructor José Luis Ulibarri, amigo de Francisco Camps y de José Luis Rodríguez Zapatero al tiempo que imputado en el Caso Gürtel; apareció en Málaga de la mano, precisamente, de este mismo Javier Cremades y de Alfonso Vegara Gómez.

Según informó en su día El Observador, Ulibarri y Javier Cremades fueron los impulsores del congreso del club MALAGA VALLEY que tuvo lugar en el crucero Visión Athena entre los días 8 y 10 de abril del 2007 y por el cual el ayuntamiento de Málaga pagó 150.000 €. Además hay que añadir que Ulibarri, el imputado en la Operación Gürtel, tiene importantes intereses urbanísticos en Malaga donde construye tanto vivienda de protección como privada.

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Alfonso Vegara y la trama vasco-malaya

Otra de las sociedades interesantes en las que participa Alfonso Vegara Gómez es la denominada ECOCIUDADES DE NAVARRA S.A. (A31886955) uno de cuyos administradores, el más llamativo seguramente, es Luis María Maya Galarraga, miembro muy señalado de la «Trama Vasca» de la Operación Malaya, junto a Francisco Javier Arteche Tarascón.

No obstante, los negocios de Alfonso Vegara Gómez con Juan María López Alvarez y con Luis María Maya Galarraga no son sus únicos nexos con la Operación Malaya. Un despacho de la agencia Europa Press del 5 de noviembre de 2007 daba la noticia de que Manuel Chaves, el ahora vicepresidente tercero del Gobierno, «respalda el proyecto de Eco Ciudad del Deporte de Sevilla en Bollullos de la Mitación«. El titular, sin más, dice poco, pero resulta que la citada ecociudad del deporte es un proyecto promovido por José María del Nido, presidente del Sevilla F.C., abogado del malayo de las «bolsas de basura» Julián Muñoz e imputado en el caso tras la querella que Anticorrupción presentó contra él, contra Muñoz y contra Roca el 26 de julio del 2006 por presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos.

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La Fundación Metrópoli y los «malayos» Julián Muñoz y José María del Nido

Los "malayos" Julián Muñoz y José María del Nido
Los "malayos" Julián Muñoz y José María del Nido

Según la Fiscalía, Julián Muñóz y José María del Nido habrían llegado a un acuerdo de voluntades para distraer de los fondos públicos, en concepto de servicios jurídicos, al menos un millón y medio de Euros del Ayuntamiento de Marbella y un millón seiscientos mil Euros de distintas empresas municipales.

Pues bien, este prestigioso letrado sevillano, como ya habrá adivinado el avisado lector, no patrocina en solitario el proyecto de la Ecociudad del Deporte, sino que tiene como «socio tecnológico» (sic) a la Fundación Metrópoli, es decir, a Alfonso Vegara Gómez.

El proyecto, jerigonzas «ecológicas» al margen, supone según explicó el propio José María del Nido, 600.000 metros cuadrados de edificabilidad. De lo que se guardó mucho fue de determinar cuántas viviendas se incluirían en esa superficie. Lo que sí declaró fue que: «nos ha agradado mucho que sea el propio presidente de la Junta quien nos haya dicho que busquemos los mecanismos necesarios para que los técnicos de los socios, el Ayuntamiento de Bollullos y la Junta puedan salvar los obstáculos que puedan encontrarse con la mayor celeridad posible» y en eso debe estar ocupado ahora el «socio tecnológico» de del Nido, en salvar obstáculos.

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La Fundación Metrópoli y las 70.000 viviendas en Casarrubios del Monte

Noemí López, ex alcaldesa de Casarrubios
Noemí López, ex alcaldesa de Casarrubios

La actividad inmobiliaria de la Fundación Metrópoli, no termina aquí, ni mucho menos. Similares negocios están en marcha o ya se han consumado en Teruel, en Elche, en Alicante, en Navarra, en Asturias, etc., pero, con toda seguridad, el más delirante de los proyectos que han tenido su origen en esta «Fundación» es el que pretendía construir entre 50.000 y 70.000 viviendas en la localidad toledana de Casarrubios del Monte.

El 2 de abril del 2006, durante la legislatura ominosa del urbanismo municipal, ABC publicaba un artículo titulado «un misterioso proyecto urbanístico revoluciona Casarrubios«. Según esa noticia, los promotores de «Ciudad de las Artes» o «Ciudad Arte» o «Ecociudad Arte«, es decir la Fundación Metrópoli, preparaba la construcción de las citadas 50 o 70 mil viviendas con la urbanización Calypo-Fado como centro. La nueva ciudad, que dejaba a la altura de en una minúscula pedanía el engendro de El Pocero en Seseña, fagocitaría, los territorios del propio Casarrubios, de Valmojado y de Méntrida, y de forma similar a lo que se pretendía con «El Reino de Don Quijote» y el aeropuerto de Ciudad Real, su inmenso organismo se alimentaría del nuevo aeropuerto de Madrid que se estaba proyectando en la zona.

La realidad de este asunto siempre fue turbia. Desde la Fundación Metrópoli nunca se llegó a especificar nada, so pretexto de que se trataba de «información sensible«. La entonces alcaldesa de Casarrubios, Teresa de Paz, reconoció tener noticia del proyecto por haber sido informada «de manera extraoficial» por fuentes de la Junta de Comunidades (Gobierno regional, para entendernos) y se refirió a un proyecto de «ecociudad» llamada «Arte» que había presentado una «empresa privada» en la Consejería de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha.

Los promotores, entre los que estaba, también como «socio tecnológico», la Fundación Metrópoli, no sólo habían presentado el proyecto en la Consejería de Vivienda, sino que, como informó la prensa en su momento, estaban intentando que el Gobierno de José María Barreda les concediera la declaración de «Proyecto Singular de Interés Regional«.

Esto hubiera supuesto que los terrenos, unos 10 millones de metros cuadrados, se habrían adquirido, como mucho, a una cuarta parte del valor que habrían alcanzado en el caso de una tramitación ordinaria. La argucia del negocio radicaba en que Casarrubios no tenía aprobado Plan de Ordenación Urbana y con esa premisa, las 1.000 hectáreas no se podían declarar como urbanizables, lo que habría obligado a sus propietarios a venderlos a precio de suelo rústico. Por otro lado, los promotores también habrían visto menguada de una manera formidable sus gastos en tasas, participaciones e impuestos municipales, porque la declaración de «singular interés» dejaba al Ayuntamiento fuera del tema.

De todas formas, tal y como apareció, la «Ecociudad del Arte» o como quiera que se llamara, desapareció en la noche y en la niebla y desde el Gobierno presidido por José María Barreda se llegó a negar, incluso, que hubiera ninguna tramitación formal en relación con ella.

Sin embargo el tinglado fue cierto y real y lo demuestra el despacho de Europa Press de 26 de febrero del 2007. Ese día se daba la noticia de que el entonces Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos había hecho entrega de los premios «Reconocimientos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía«. Dicho premio, en la categoría de urbanismo, correspondió a al Plan Parcial «Ensanche Sur» de Alcorcón. Junto a esa localidad madrileña también estaban «nominadas» para el premio Zaragoza y «la Ecociudad Arte de Castilla-La Mancha«.

La alcaldesa María Teresa de Paz perdió las elecciones de 2007. A la alcaldía llegó Noemí López, ahora procesada después de una querella de la Fiscalía Anticorrupción relacionada con unos presupuestos falsos relativos a la compra por el Ayuntamiento de cinco mil llaveros publicitarios. Tras su imputación, parte de su equipo de gobierno, en una rocambolesca (aunque a la vista de esta información, quizás no tanto) maniobra, apoyó una moción de censura que ha llevado a la alcaldía, nuevamente, a María Teresa de Paz, de modo que posiblemente en un futuro indeterminado se vuelva a oír hablar de la «Ecociudad del Arte de Castilla-La Mancha«.

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Los negocios de la Fundación Metrópoli en Aranjuez

Miguel Angel López Toledano
Miguel Angel López Toledano

Como no podía ser de otra manera, la Fundación Metrópoli también está muy activa en Aranjuez. Según su propia publicidad, ha «desarrollado una investigación urbanística global del municipio y ha propuesto diversos proyectos de diseño urbano, arte y territorio, paisaje y estructura urbana, para orientar el urbanismo futuro de la ciudad«.

Según fuentes locales, la realidad de esa investigación y proyectos consiste en su participación en el negocio de Las Cabezadas y en su aparición, durante el año 2006 con una cosa llamada «Proyecto Ciudad» cuyo contenido se limitaba a poner nombres en «germanía» ecológica a actuaciones urbanizadoras de miles de viviendas.

Así, la llamada «Ciudad Olímpica» no era otra cosa que el proyecto de las Cabezadas, con 7.000 viviendas; la «Ecociudad del Paisaje» no es sino Puente Largo, con 6.800 viviendas; el llamado «Bulevar de Madrid» no es más que el acceso a Aranjuez por el Puente de la Reina; el «Bulevar de Toledo» no es otra cosa que la zona desde la bajada del Puente de la Estación hasta las Infantas; el «Bulevar del Ferrocarril» es el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de la Estación, donde también se incluían viviendas; etc. etc.

Un sentido bastante más práctico tiene la participación de la Fundación Metrópoli en el PAU de las Cabezadas, el adjudicado a CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN (la misma en cuyo consejo está Petra Mateos Aparicio) y a ISOLUX.

Consta documentación que acredita la actuación de la Fundación de Alfonso Vegara Gómez en este asunto y de ella es necesario subrayar una adenda al proyecto de las Cabezadas presentada en febrero de este mismo 2009, en la que aparece la Fundación Metrópoli junto a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez, y junto a la mercantil EQUIPO REDACTOR MALT SL, ésta supuestamente contratada por el concesionario del PAU, es decir, por LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ SL.

Página de la adenda a la memoria del PAU de las Cabezadas
Página de la adenda a la memoria del PAU de las Cabezadas

La sociedad EQUIPO REDACTOR MALT SL pertenece a Miguel Angel López Toledano, un ingeniero de caminos que es todo un personaje en Madrid y Toledo. Concretamente este hombre fue Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Leguina y, también, Director General de Urbanismo de la Rioja y, entre otros muchos, ha redactado los planes generales de urbanismo de Brunete o de Albacete donde, por cierto, la Fundación Metrópoli fue la encargada de redactar el «Plan Estratégico de la Diputación Provincial».

Ahora bien, al margen de la mucha demanda que tienen los servicios urbanísticos del Sr. López Toledano en los ayuntamientos de Castilla-La Mancha de Alicante y de Valencia, en relación al negocio de las Cabezadas de Aranjuez hay un extremo que debe ser resaltado.

Hasta el día 26 de junio del 2008 el administrador único de EQUIPO REDACTOR MALT no era López Toledano, sino José Luis Zaldúa Azurmendi. Ese día el Sr. Zaldúa desaparece del órgano de administración de MALT y en su lugar ocupa el puesto de administrador único Miguel Angel López Toledano que hasta esa fecha había sido apoderado de la sociedad.

Paralelamente nos encontramos a José Luis Zaldúa con el cargo de apoderado de LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ. El nombramiento se produce el 23 de julio del 2007 donde con anterioridad, también había desempeñado los de Consejero y Secretario.

No hay que repetir nuevamente que en LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ participa CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN con un 60% del capital y que en el consejo de administración de esta entidad está Petra Mateos, la misma que también está presente en ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, junto al socio de Roca y de Pedro Román, Juan María López Alvarez.

Así pues, como decía, todos los que forman el órgano de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, una empresa sin actividad, tienen por el contrario, una actividad febril y sostenida en Aranjuez. Forman un estrecho círculo de personas que surgen, inevitablemente, cuando se levanta el velo de una tupida red de sociedades mercantiles y de cooperativas con las que, probablemente, no se pretende otra cosa que dar apariencia de diversidad y de rectitud en las adjudicaciones de suelo y en los contratos públicos realizados por el Ayuntamiento que preside Jesús Dionisio Ballesteros. Todos salvo uno: Juan María López Alvarez, el socio de los «malayos» Roca y Pedro Román; el mismo al que CCM, días antes de la intervención, renovó un crédito de 30 Millones de € en Bargas (Toledo) donde comparte sociedad con Pedro Román; el mismo que simultáneamente es socio de la cadena hotelera NH HOTELES y de SACYR-VALLEHRMOSO.

Esta es una anomalía que necesita una explicación y esa explicación se buscará y se encontrará, pero ahora no me resisto a terminar este largo texto sin mencionar la relación existente entre Alfonso Antonio Vegara Gómez y los «rotarios«, una logia que aglutina a cuantos personajes puede, siempre que sean de reconocido prestigio y éxito en sus actividades, con el fin de promover el bienestar y el servicio a la comunidad y entre cuyas filas cabe mencionar a tan destacados filántropos como George W. Bush jr., Margarete Thacher, Cesar Augusto Pinochet o el príncipe Bernardo de Holanda, también conocido por ser uno de los fundadores del Club Bildelberg, otro de esos cenáculos a los que gustan de acudir los personajes realmente poderosos de este universo mundo.

El pasado día 17 de marzo de este 2009, se publicó la noticia de que Alfonso Vegara había sido el «invitado de honor de las habiutales reuniones de los lunes» que organiza los rotarios de Elche, donde explicó las líneas generales del «Plan Estratégico de la Provincia de Alicante» que le ha sido encargado por la Diputación Provincial.

El Banco de España abre expediente por falta muy grave a Hernández Moltó y al resto de los consejeros de CCM

El Mundo de 4 de abril del 2009
El Mundo de 4 de abril del 2009

Todo parece indicar que a Juan Pedro Hernández Moltó le están convirtiendo, con inclemente desparpajo, en el chivo expiatorio del fiasco de CCM, en un trasunto del fallecido Mariano Rubio.

Según informa hoy El Mundo, junto a la carta en la que se les anuncia (por si aún no lo sabían) la destitución a Moltó y al resto de los consejeros de la Caja, también les ha llegado la notificación de la apertura de expediente por falta muy grave. Tal expediente trae causa de diversas infracciones, entre ellas las de falsear las cuentas haciendo aflorar unos beneficios inexistentes y las de ocultar información.

El Consejo de Administración de CCM se enfrenta, de momento, a multas de 150.000 € y a 10 años de inhabilitación, lo que ha hecho declarar a uno de los miembros de ese consejo, según El Mundo, que «al consejo nos llegaban todas las operaciones aprobadas por la correspondiente división de riesgos, nosotros no aprobábamos nada«.

Es evidente, visto que el propio Gobierno de Barreda ya se ha desmarcado de Moltó asegurando que éste les oculto «información vital», y que el Banco de España no parece muy dispuesto a ejercitar la clemencia con Moltó, con Germán Chamón, con Florencio Fernández, con Tomás Martín-Peñato, etc. etc.; que entre estos dignatarios financieros empieza a cundir una seria preocupación por su destino o, lo que es lo mismo, empieza a gravitar el peso de las acciones penales, que cada día parecen más ineludibles. Así las cosas, todos levantan su dedo trémulo y señalan al hasta el domingo pasado muy adulado presidente: ¡Ha sido ése!.

Ciertamente, «ha sido ése», pero también ellos y también José María Barreda y sus consejeros y Bono, que puso a «ése» donde ahora está. Han sido ellos porque que pretendan alegar ignorancia es tan patético como inverosímil.

Que estos personajes no supieran lo que estaba haciendo Moltó y lo que estaba pasando con la Caja es imposible, primero por imperativo legal y, segundo porque hay cosas que no se pueden hacer en secreto y sin la complicidad del poder político.

José Bono
José Bono

Pongamos un ejemplo. Según la revista Tiempo, Moltó y sus consejeros a través de CCM CORPORACIÓN (cuyo consejo presenta una nutrida colección de sonoros nombres como los de Cristian Abelló Gamazo o Carlos Falcó y Fernández de Córdoba; o el de Petra Mateos Aparicio-Morales, algo más plebeyo que los otros pero no por eso menos significativo) se asociaron con la inmobiliaria GEDECO para crear el GRUPO NATURA.

Organizado el aparato empresarial, compraron 19 millones de metros cuadrados de suelo rústico en lugares como Fuentes de Ebro, Antequera, Talamanca, Seseña, Illescas, Borox, Puertollano o Sanlúcar de Barrameda. En ellos, con las recalificaciones aseguradas por la subordinación o la complicidad política, pretendían construir 200.000 nuevas viviendas agrupadas en ciudades de nueva planta more pocerica. En Borox la población habría aumentado hasta los 34.000 vecinos, en Illescas, sólo con los planes de CCM y sin contar a González Villarejo y a los demás del PAU de las 24.000 viviendas; hasta los 22.000; etc. etc.

Estas monstruosidades, de las que El Pocero sólo fue la avanzadilla experimental, hoy un residuo de aquella jactanciosa audacia; no podían ocultarse a los Gobiernos regionales. Barreda estaba al cabo de la calle de esto, lo mismo que lo estaba del tinglado de Francisco Hernando en Seseña.

Su colaboración, igual que la colaboración de los alcaldes de los pueblos elegidos por Moltó y sus hombres, era imprescindible y no sólo porque, tanto Ayuntamientos como Gobierno regional, tienen competencias necesarias en la recalificación de esos suelos, sino porque tales acumulaciones humanas necesitan infraestructuras, por mínimas que sean, y tales infraestructuras entran de lleno en la competencia gubernamental.

La aventura es de tal magnitud que en realidad resulta inconcebible que a ella se lanzara, a su propio riesgo y ventura, el Presidente de una Caja de Ahorros. Digo más, con el control del Gobierno (el regional, se entiende) vuelto implacable tras las modificaciones introducidas por Bono en la Ley de Cajas de Castilla-La Mancha, lo que es inconcebible es que Juan Pedro Hernández Moltó sea otra cosa que el instrumento de otros y esos otros sólo pueden ser Bono y Barreda.

Hernández Moltó tras recibir la noticia de su destitución
Hernández Moltó tras recibir la noticia de su destitución

Claro está que Moltó ahora no puede escudarse en la «obediencia debida«. Eso no les sirvió ni a los nazis en Nüremberg y menos le va a servir a él, pero podemos estar más que razonablemente seguros de que obediencia hubo, porque «eliminado lo imposible, lo que queda es la verdad», así que no ha sido sólo «ese», habéis sido vosotros.

Es más, no han sido sólo los consejeros. Hay ejecutivos de la Caja cuyo papel ha de ser desentrañado porque los lugares que ocupan en la trama de sociedades de CCM producen una viva sospecha. ¿Qué están haciendo Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado en la administración de LAS LOMAS DEL POZUELO junto al «malayo» Ventero Terleira?.

Esa sociedad opera en Los Alcázares y en concreto en el Plan Parcial Torre del Rame, y según confesó Roca en los Juzgados de San Javier al declarar por el Caso Ninette, los terrenos los compró con Arteche Tarascón; y con Ventero Terleira. Lo que pasa es que el abulense no estaba sólo y, por tanto, lo que efectivamente dijo en ese momento Roca es que Torre del Rame lo compró con Arteche, con Ventero y con Hernández Moltó, es decir, con CCM.

¿Fue lo delicado de esta situación lo que llevó a Moltó a colocar ahí a Juan Tomás Vidal, su antiguo Director General de Hacienda? ¿Es ese el motivo de que en los despachos de CCM existiera tanta preocupación o tanta curiosidad (que me consta y tengo documentada) por averiguar si aparecía alguna noticia que relacionara a tal Juan Tomás Vidal con Luis Maya Galarraga, una de las cabezas más señaladas, junto a Arteche, de la Trama Vasco-Malaya?

Los archivos de CCM son un polvorín y si Barreda quiere arrojar el cuerpo de Moltó sobre los explosivos con la esperanza de amortiguar la deflagración, concibe vanas esperanzas.

El Gobernador del Banco de España culpa a Hernández Moltó por la quiebra de Caja Castilla-La Mancha

Juan Pedro Hernández Moltó tras serle notificada su destitución
Juan Pedro Hernández Moltó tras serle notificada su destitución

Ayer Miguel Angel Fernández Ordóñez, a la sazón Gobernador del Banco de España, culpó a los gestores de CAJA CASTILLA-LA MANCHA de la «quiebra» de la entidad. Según Fernández Ordóñez a esta situación se llegó por su la «inadecuada gestión de los riesgos» llevada a cabo por Hernández Moltó y por sus hombres de confianza, y también por las «disputas políticas» que derivaron en el «deterioro de la situación».

Sin pretender saber qué pasaba por la cabeza del Sr. Gobernador del Banco de España en ese momento, creo no equivocarme al considerar que con la expresión «disputas políticas» se refería a la quiebra en el sistema de silencio que había permitido conocer, antes de lo «conveniente» la situación insostenible de la Caja, un conocimiento que puso de manifiesto, públicamente, un estado de cosas insostenible.

Digo esto porque, por ejemplo, el pasado 2 de abril, El Mundo publicaba que Moltó había ocultado a UNICAJA 1.000 Millones de Euros de créditos morosos en un intento desesperado por hacer creer a los andaluces que absorbiendo CCM hacían el negocio de su vida.

La artimaña, más propia de «trileros» que de otra cosa, por supuesto respaldada hasta el último segundo por el Gobierno de Barreda, fracasó y la «inadecuada gestión» de Moltó salió a la luz antes de que Braulio Medel «picara».

Ahora la cuestión está en dilucidar si la actuación de Hernández Moltó fue «inadecuada» o, por el contrario, obedecía a un plan preestablecido, a un envite arriesgado pero consciente, que no puede haberse originado en otro sitio que en las maquinaciones de José Bono y de José María Barreda.

Dos días después de la Intervención de la Caja, una «fuente cercana al Gobierno regional» aseguraba que Hernández Moltó les había ocultado la información vital sobre los créditos de la Caja. En ese momento el otrora arrogante Moltó debió tomar conciencia de que había sido designado como chivo expiatorio del fiasco.

Moltó tiene culpa de lo que ha pasado ¿quién lo puede discutir? Pero también es indiscutible que ese hombre, que decía que ningún comportamiento deshonesto, de ser conocido, iba a quedar impune, no podía actuar por propia iniciativa en ciertas cosas, como por ejemplo en estas a las que se refería El Confidencial el pasado 31 de marzo:

La trama manchega de la Operación Malaya: CCM prestó a Corulla 15 Millones para un pelotazo en Los Alcázares

Fátima Martín.

Juan Antonio Roca, cliente de CCM
Juan Antonio Roca, cliente de CCM

«Nozaleda, Luis Delso, Sergio Martínez, Domingo Díaz de Mera, los Barco, Sanahuja… La exposición al ladrillo de la intervenida Caja Castilla-La Mancha (CCM) es ingente. Pero de todos los riesgos asumidos, ninguno es tan tóxico como el que la vincula directamente al Caso Malaya. Sus implicaciones son variadas y sorprendentes: van desde Enrique Ventero (Vemusa) hasta Pedro Román, pasando por Montserrat Corulla, mascarón de proa de la trama vasca. CCM hipotecó 12 fincas en Los Alcázares (Murcia) a nombre de Masdevallia, una sociedad de la testaferro de Roca, por 11,5 millones de euros, según el sumario del Caso Malaya. Éste no fue el único trato que cerró con ella.

«Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocida», reconoció a El Confidencial un portavoz de Caja Castilla-La Mancha al ser preguntado por su vinculación con imputados en el Caso Malaya. Ahora bien, dejó claro que «nadie de esta casa está imputado. Somos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales», añadió.

La entidad gestionada hasta el domingo por Hernández Moltó aparece en dos ocasiones vinculada a la popular Montserrat Corulla en el sumario malayo. En una de ellas, CCM prestó 5 millones de euros a Condeor para la adquisición de un palacete sito en la Calle Ortega y Gasset, 32 de Madrid.

CCM emerge en el ‘Caso Ninette’

La otra operación tiene más enjundia. La sociedad Masdevallia, gestionada por Corulla, recibió de Caja Castilla-La Mancha un préstamo hipotecario de casi 15 millones de euros por 16 fincas que forman parte de un pelotazo urbanístico denominado Nueva Ribera en la localidad murciana de Los Alcázares.

«El lugar para invertir es Murcia. Tendrías que ver lo que tengo yo allí. Lo que interesa es invertir en Murcia. Murcia es la hostia», comentó Juan Antonio Roca a otro empresario en Madrid. Gracias al Caso Ninette, que investigaba las ramificaciones de la corrupción malaya en Murcia, pudimos conocer frases como ésta.

Y lo que Roca atesoraba en Los Alcázares era algo más que unas inversiones con futuro. Era su jardín secreto. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que desencadenaron la Operación Malaya, los mismos que después continuaron con la Ninette, encontraron en esa vasta propiedad cámaras fotográficas antiguas, un gran número de joyas, así como tres vehículos antiguos de la marca Mercedes, un autobús antiguo de línea regular en perfectas condiciones y 30 cuadros de diferentes autores de renombre, entre los que se encuentran ocho pinturas de Miró, y también una pieza única de gran valor correspondiente a De la Serna. La finca también contaba con un helipuerto, tres naves industriales y un palacete que escondía todas estas joyas.

Los hombres de Bono

Y Bono ¿qué opina de esto?
Y Bono ¿qué opina de esto?

Ninette también sacó a la luz los complejos Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf, comercializados por la firma One Properties, en los que se iban a desarrollar sendas urbanizaciones de lujo. Asimismo, se supo que Roca era el dueño de una considerable extensión de terrenos en el proyecto urbanístico estrella de Los Alcázares: Torre del Rame. En esta urbanización, situada a pocos metros del mar, se estaban construyendo unas 5.000 viviendas junto a un campo de golf.

Roca admitió ante la juez de San Javier que compró el proyecto Torre del Rame junto a amigos vascos y un abulense. Los amigos vascos no son otros que los miembros de la trama vasca de Javier Arteche (Obarinsa) y el abulense, el imputado malayo Enrique Ventero Terleira (Vemusa). Lo que Malaya y Ninette no desvelaban era la implicación directa de Caja Castilla-La Mancha en Las Lomas de Pozuelo, una de las principales propietarias de Torre del Rame.

Y en Las Lomas de Pozuelo comparten accionariado, además de Ventero, CCM inmobiliaria del Sur y Promociones Miralsur. Vinculados a estas sociedades aparecen dos hombres de Caja Castilla-La Mancha: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado. Da la casualidad de que Juan Tomás Vidal ha desempeñado a lo largo de una década altos cargos en los Gobiernos de José Bono, actual presidente del Congreso de los Diputados, como el de Director General de Hacienda cuando el consejero del ramo era Hernández Moltó, presidente de Caja Castilla-La Mancha hasta hace, literalmente, dos días. Como curiosidad, como ex administrador de Las Lomas aparece en 2004 Luis Portillo, el sevillano que quiso comerse el mundo con Colonial y terminó de nuevo en Dos Hermanas».

Por cierto, y Bono ¿qué opina de esto?

CCM prestó más de 200 millones a los principales imputados en el ‘caso Malaya’

El Economista, 2 de abril de 2009
El Economista, 2 de abril de 2009

Reproduzco íntegramente el artículo publicado hoy en El Economista. Poco hay que añadir a él:

Alejandra Ramón / Javier Romera | 6:00 – 2/04/2009

«CCM Concedió 85 millones al cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y a sus dos principales testaferros. Ventero Terleira ha reconocido ante el juez que ha hecho negocios con la caja como socia

Las relaciones peligrosas de CCM, la primera caja intervenida en España, van más allá de empresarios con proyectos inmobiliarios de dudoso final. De hecho, sus relaciones con imputados en la Operación Malaya superan lo que se podría considerar una simple coincidencia, ya que continúan vinculados con ellos e incluso les han renovado créditos recientemente de elevadísimo riesgo. En total, la entidad financiera que presidía hasta ahora Juan Pedro Hernández Moltó ha prestado más de 200 millones de euros a los implicados en la trama marbellí.

CCM concedió un crédito de 40 millones de euros a dos de las empresas más importantes del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que están actualmente en concurso de acreedores, además de facilitarle financiación para adquirir el Palacio de Saldaña, en Madrid.

Aunque en esta ocasión no existía una relación directa entre la entidad y el jefe de los malayos, las relaciones de la caja con algunos de sus testaferros están más que acreditadas.

En el caso de Pedro Román, mano derecha de Roca, CCM decidió renovar hace apenas unos días el crédito de 30 millones de euros que había concedido a la compañía Puerta Oro Toledo. Esta sociedad, en la que también aparece el investigado actualmente por la Udyco (Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado de la Guardia Civil), Juan María López Álvarez, era propietaria de un solar de 324 hectáreas en la localidad de Bargas (Toledo). El problema es que en ese solar no se puede construir, puesto que Medio Ambiente decidió considerar «ambientalmente inviable el proyecto».

Petra Mateos Aparicio Morales
Petra Mateos Aparicio Morales

A pesar de esos datos, CCM, en lugar de pedir la ejecución de la hipoteca para librarse de una partida del pasivo tan arriesgada, decidió la renovación. Juan María López Álvarez, está, además, vinculado a CCM a través de otras empresas de construcción, que operan en nuestro país, como Aranjuez Ecociudad Inteligente, una de cuyas administradoras es Petra Mateos Aparicio (en la foto) miembro del consejo de la Corporación Empresarial de CCM. El mayor beneficiado, en cualquier caso, fue Enrique Ventero Terleira, acusado de pagar comisiones a Roca y cuya fianza para evitar la prisión alcanzó los 300.000 euros. El ya retirado ex presidente del Grupo Vemusa recibió un total de 101 millones de euros para sus empresas.

La Udyco está investigando ahora la sociedad Las Lomas de Pozuelo, creada en 2004 por Luis Portillo y Enrique Ventero para acometer negocios juntos, especialmente en la región de Murcia. La sociedad se adjudicó, de hecho, gran parte del desarrollo urbanístico junto al Mar Menor, en la localidad de Los Alcázares, en la que también tiene intereses el propio Roca. De acuerdo con las declaraciones de Ventero Terleira ante el juez Torres, Las Lomas de Pozuelo estaría participada también por Caja Castilla-La Mancha.

En Los Alcázares, la caja facilitó asimismo la financiación por, al menos 15 millones, a Montserrat Corulla, otra de las personas ligadas a Roca y considerada por el juez como una de sus testaferros. Corulla está acusada además de ser la principal intermediaria de los negocios del cerebro de la trama en Madrid».

CAJA CASTILLA-LA MANCHA en la prensa de hoy.

El Mundo: Primera denuncia contra el Presidente de CCM en la Audiencia Nacional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha dice ahora que Hernández Moltó les engañó

José María Barreda y Hernández Moltó
José María Barreda y Hernández Moltó

Sic transit gloria mundi, Roma non solvet proditoribus, etc. etc. A Juan Pedro Hernández Moltó le están borrando de las agendas a toda velocidad y teniendo en cuenta que ya Fernández Ordóñez se ha mostrado partidario de exigir responsabilidades a los gestores de CCM, es muy probable que para mañana nadie que pueda hacerlo reconozca haber cruzado palabra con un tal Juan Pedro, hasta el domingo pasado arrogante y jactancioso presidente de CCM y hombre imprescindible de José María Barreda.

Es más, la noticia que publica hoy El Economista, además de ser una prueba irrefutable del cinismo infinito de las cosas de la política, supone un torpedo en medio de la santabárbara del tinglado toledano.

A José María Barreda le han bastado dos días para abjurar tres y treinta veces del hombre que le ha sido imprescindible para poner en marcha su asalto a la economía regional. Según «fuentes próximas al Ejecutivo autonómico» que cita El Economista «la Caja no facilitó toda la información necesaria y ocultó datos de vital importancia . De haber sabido lo que se conoce ahora, nunca se hubiera permitido la concesión de estos préstamos«.

La gravedad de estas declaraciones es difícil de evaluar en su completa magnitud. O bien el Gobierno de Castilla-La Mancha miente y con ello está admitiendo, a contrario, su responsabilidad directa en lo intolerable; o bien dice la verdad y, por tanto, lo que es intolerable es que los letrados del Gobierno autonómico no estén, en este momento, aporreando la puerta de la Fiscalía Anticorrupción de Toledo para interponer, inmediatamente, la oportuna querella criminal.

El Economista de 1 de abril de 2009
El Economista de 1 de abril de 2009

¿Pero, de verdad, puede pretender José María Barreda que nos creamos que ignoraba lo que estaban haciendo Hernández Moltó, Ildefonso Ortega, José Luis Rodríguez Romo, Juan Tomás Vidal o José Luis Rodríguez Holgado, entre algunos otros?

A priori esto no parece muy posible pero es que, además la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha, hace que sea prácticamente imposible que tal ignorancia pueda alegarse con unos mínimos visos de credibilidad.

Según el artículo 58 de la citada Ley 4/1997, de 10 de julio «1.- La Junta de Comunidades ejercerá sus competencias administrativas en materia de supervisión y control de la actividad económica, financiera y benéfico-social de las Cajas de Ahorros a través de la Consejería competente y en el marco de la legislación básica estatal. 2.- La consejería competente ejercerá en esta materia todas las competencias que no se atribuyan expresamente a otros órganos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha».

No termina aquí la regulación de esta Ley. El artículo 59 establece que «1.- La Consejería competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con carácter general, podrá someter a autorización previa las inversiones de las Cajas de Ahorro en inmuebles, acciones, participaciones u otros activos materiales y a la concesión de grandes créditos o la concentración de riesgos en una persona o grupo, todo ello dentro de las competencias que le correspondan. 2.- El sometimiento a autorización previa se desarrollará reglamentariameante».

Finalmente, el artículo 63 es aún más contundente en cuanto al tema que aquí se trata: «1.- Las Cajas de Ahorro remitirán a la Consejería competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la forma que reglamentariamente se determine, cuantos datos, balances, estados financieros e informaciones sobre su actividad y gestión sean necesarios para el ejercicio de su competencia. 2.- En todo caso, las Cajas de Ahorro facilitarán a la Consejería competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuantos datos e información remitan al Banco de España en cumplimiento de la normativa dictada por éste».

Naturalmente, ahora Barreda y sus Consejeros dirán que no se han desarrollado las normas reglamentarias a las que se refiere la Ley. Triste excusa si es esta la que utilizan, primero porque ya ha llovido y se ha secado desde 1997 y ha sobrado tiempo para aprobar esos reglamentos. Segundo, porque la ausencia de reglamento no exime del cumplimiento de las obligaciones de supervisión y control que esta Ley impone al Gobierno de Barreda.

La intolerable negligencia o el sostenido dolo de Barreda y sus Consejeros ha costado a la ciudadanía, de momento, un billón quinientos mil millones de pesetas (9.000 Millones de €) y ha permitido que la CCM financie con bastante más de 170 Millones de Euros (28.000 Millones de pesetas) a muy señalados imputados en la Operación Malaya, la más paradigmática trama de corrupción del Estado español. No seré yo quien discuta la responsabilidad directa del caído Hernández Moltó en los hechos, pero la pretensión de Barreda de que le tengamos por víctima de los engaños de Moltó entra de lleno en lo grotesco y si hacemos caso a lo escrito por Arthur Conan Doyle, lo grotesco frecuentemente enmascara el crimen.

Alejandro Pompa, alcalde de Carranque, también tiene su «papel» en el caso de Caja Castilla-La Mancha

Alejandro Pompa y José María Barreda
Alejandro Pompa y José María Barreda

En el texto anterior he dicho que el colapso de CCM y la destitución de Hernández Moltó había provocado un aluvión de informaciones y había soltado las lenguas, parece que inevitablemente. El siguiente artículo (parte del cual reproduzco) publicado en El Confidencial, es un ejemplo de hasta qué punto eso es así.

«Ah, pero, ¿este no era el mejor sistema financiero del mundo?

@Federico Quevedo – 31/03/2009
Y no solo eso. El PP tiene la obligación de pedir que se investigue hasta las entrañas de CCM, eje de la corrupción socialista en Castilla-La Mancha y Andalucía. Viendo cómo se las ha gastado el Gobierno en el asunto de la trama de corrupción llamada ‘Operación Gürtel‘, no cabe en la cabeza de nadie que desde Génova no se esté ya apuntando con todas las baterías a Hernández Moltó, a Barreda, a Chaves y a Bono, presidente del Congreso y el hombre que puso a Hernández Moltó donde está y le facilitó la red de contactos con la que, con la Caja como epicentro, se ha montado la tupida telaraña de corrupción y financiación ilegal del Partido Socialista. Aquel portavoz socialista del que estos días todos los medios recordaban su famosa frase dirigida a Mariano Rubio -«míreme a la cara, señor Rubio»-, hoy está en el centro de la polémica por su nefasta gestión que ha llevado a CCM a la quiebra. Aunque solo sea por eso, Moltó debería dar cuenta ante la Justicia como la dio Mario Conde por el ‘caso Banesto’, pero es que, encima, hay más. Mucho más.

El PP ya debería estar pidiendo una comisión de investigación, y no solo en el Parlamento regional castellano-manchego. También en la Carrera de San Jerónimo. Una Comisión en la que se expliquen la relaciones de Moltó y la CCM con los empresarios Díaz de Mera, González VillarejoUrbaplaning-, Ventero Muñoz -preso por la Operación Malaya-, Michel Pozo, Dico… Sobre todo Dico y sus ramificaciones en Andalucía, especialmente en Vera. CCM se ha dedicado a financiar las operaciones fraudulentas de todos estos amigos de Barreda y Bono, ha inflado créditos para operaciones cuando menos sospechosas en Illescas, Carranque, Bargas, Maqueda, Chozas de Canales, Talavera de la Reina… En algunos de estos municipios hay imputados por corrupción como Alejandro Pompa Mingo, alcalde de Carrenque, al que sin embargo Barreda no suspende de militancia en el PSOE porque es uno de los recaudadores de Moltó. Y, como no podía ser de otra manera, en la red aparece un nombre por todos conocido, Petra Mateos, presidenta de Hispasat y consejera de CCM, mujer de confianza de Barreda y Bono, socia en una sociedad fantasma llamada Aranjuez Ecociudad Inteligente de Juan María López Alvarez que, a su vez, fue socio de Juan Antonio Roca y lo es ahora de Pedro Román implicado también en la Operación Malaya y a cuya sociedad -de ambos- la CCM renovó un crédito de 30 millones de euros en el último minuto antes de la intervención.

Hay muchas cosas que explicar en todo esto. Demasiadas. Moltó tiene que mirar a los ojos de mucha gente y aclarar todos los extremos de la situación de la caja que preside. Y quienes le han puesto al frente de ella, con más motivo. ¡Panda de chorizos…!»

Cayo Lara, Coordinador de Izquierda Unida, señala al Gobierno de Castilla-La Mancha como responsable del «agujero» de CCM

José Bono
José Bono

El día de hoy ha roto todos los diques que contenían la información de lo que está sucediendo y ha estado sucediendo en Castilla La Mancha. Los medios de comunicación regionales, propiedad en su práctica totalidad, de Domingo Díaz de Mera, de los hermanos Barco Fernández o de Miguel Méndez Pozo, ya no pueden garantizar a Barreda el silencio sobre aquellos asuntos escabrosos que hasta ahora sólo parecían existir como «rumores».

Y de todas las noticias que han salido a la luz y que van a seguir saliendo a partir de ahora, se desprende una conclusión necesaria que no puede ser eludida: Si Juan Pedro Hernández Moltó ha sido el artífice más visible del fiasco de CCM, Bono y Barreda han sido los artífices del propio Hernández Moltó.

La modificación de la Ley de Cajas de Castilla la Mancha, impuesta por José Bono, todavía Presidente del Congreso de los Diputados, creó un control directo y rígido de CCM por parte del Gobierno regional. Aquello, que entonces fue una concentración de poder formidable en manos de Bono, hoy se ha convertido en una culata humeante por la que acaba de salir el tiro, a cañón tocante, de Hernández Moltó y, precisamente por eso, va a ser muy difícil para Barreda conseguir que las responsabilidades que se deriven del asunto terminen en el vasallo y no alcance al señor.

Por eso tiene razón Cayo Lara al atribuir, según el despacho de agencia difundido hoy, «al Gobierno regional -primero con José Bono, actual presidente del Congreso, y ahora con José María Barreda-, la responsabilidad de la situación… en la que se halla la entidad porque ha fomentado un modelo de desarrollo urbanístico ‘insostenible’ y ha legislado en función de este modelo».

Por supuesto, también tiene razón, porque tiene datos que lo acreditan, «que algunas de las empresas a las que la Caja Castilla-La Mancha ha dado créditos están relacionadas con… Juan Antonio Roca, que fue encarcelado por el ‘caso Malaya‘ y está de nuevo en prisión por el caso ‘Saqueo 1‘ o de las facturas falsas«.

Esas sociedades son MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, pero como bien saben los lectores de Notitia Criminis, no son esas las únicas implicaciones de la Caja que hasta el domingo presidía Hernández Moltó con la Operación Malaya. También participa con el detenido e imputado Enrique Ventero, en Los Alcázares; ha prestado 30 millones (renovados el pasado día 13, en vísperas de la intervención) Al también detenido e imputado en el mismo caso, Pedro Román; Financió la compra del Palacio de Saldaña a Roca; y tiene sociedades en común con Juan María López Alvarez quien a su vez era socio de Roca y lo sigue siendo de Pedro Román.

En resumen, que hasta ahora se sepa, Ventero disfruta de 101 Millones de Euros prestados por Moltó; Roca hizo lo propio con 40 millones en sus sociedades murcianas, más otra cantidad millonaria, que aún no se conoce pero que se conocerá, para la compra del Palacio de Saldaña; y Pedro Román y su socio Juan María López Alvarez, también gracias a la generosidad de Hernández Moltó, disponen de 30 Millones de Euros en la mercantil PUERTA ORO TOLEDO.

En definitiva, el dinero que CCM tiene comprometido en los negocios de conocidos e importantísimos «malayos», hasta el momento suma considerablemente más de 171 Millones de Euros y digo más porque, como he señalado, ahí no se contabiliza el préstamo del Palacio de Saldaña.

Va a ser curioso ver cómo José María Barreda alega ignorancia sobre este asunto, sobre todo ahora que las lenguas ya parecen no estar amordazadas.

Tras el fiasco de Caja Castilla-La Mancha es hora de las responsabilidades incluidas las penales si ese fuera el caso

Prensa sobre el caso CCM
Prensa sobre el caso CCM

Se ha consumado el fiasco de CAJA CASTILLA-LA MANCHA. El «agujero» que según el ministro de economía no existe, necesita un billón quinientos mil millones de pesetas para ser cubierto o garantizado, como se quiera. El estado de la Caja ha resultado inasumible para cualquier otra entidad. Los últimos meses de Hernández Moltó han ido revelando operaciones sospechosas: Una concentración de créditos intolerable en media docena de individuos que, a la vista ciencia y paciencia de la ciudadanía, de la prensa y de cualquiera que lo quisiera ver, tenían como principal virtud la cercanía estrecha a José María Barreda y a José Bono; la financiación de personajes imputados en casos paradigmáticos de corrupción como la Operación Malaya; la asociación directa en entidades mercantiles con esos mismos personajes junto a los cuales se sentaban, hasta ayer al menos, hombres de la «plena confianza» de Moltó como Juan Tomás Vidal, Rodríguez Holgado o Rodríguez Romo, por sólo citar algunos; la renovación en el último segundo de un crédito de 30 millones a una sociedad del «malayo» Pedro Román y de su socio Juan María López Alvarez que, como vengo repitiendo, también lo era de Roca hasta su entrada en prisión; la presencia junto a ese mismo Juan María Lopez Alvarez de la singular Petra Mateos Aparicio Morales en una sociedad «durmiente» o fantasma llamada ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE de la que en cuanto se serene un poco la actualidad hablaré detenidamente, lo que no es poca cosa debido a la condición de mujer de plena confianza, tanto de Bono como de Barreda que tiene esta Petra Mateos, presidenta de la sociedad pública TELECOM CASTILLA LA MANCHA, presidenta de HISPASAT y de HISPASAT CANARIAS, consejera de CCM CORPORACIÓN, miembro del Consejo de Buen Gobierno de CCM, y cuyo nombre salió a relucir en relación con el Caso Banesto, el Caso Ibercorp, el Caso Alfaro, el Caso Fondos Reservados, el Caso Atocha, etc.

Todo esto y cuánto a partir de ahora se vaya conociendo despide un intenso fumus malus iuris, un acuciante mal olor que exige perentoriamente investigación y responsabilidades, en su caso, penales; pero no nos engañemos. Cualquiera que haya sido el papel de Hernández Moltó, él no es el último responsable. Los créditos de especial cuantía y riesgo como los que han llevado al fracaso de CCM, necesitan, por imperativo legal, el visado del Gobierno de Barreda. Así pues, nada de lo que ha estado y está pasando en Castilla-La Mancha es ajeno al control directo que la Ley de Cajas modificada por Bono concedió a la Junta de Comunidades y, por esa misma razón, nada de esto es ajeno a la responsabilidad de Barreda y del propio José Bono.

Ahora es el tiempo de someter a escrutinio todas y cada una de esas operaciones, las grandes y las de aparente menor calado, como la del campo de golf de Carranque, donde 9 Millones de Euros se han consumido por VILLA ROMANA GOLF (en la que CCM tiene un 25%) sin que aún se haya movido una sola piedra de ese PAU. Es el tiempo en el que Hernández Moltó nos ha de mirar de frente y a los ojos, si se atreve, y dar respuesta a todo esto.

Los tentáculos toledanos del caso Malaya y su relación con Caja Castilla-La Mancha llegan al Parlamento regional

Pedro Román y Roca esposados y conducidos por la policía
Pedro Román y Roca esposados y conducidos por la policía

La localidad toledana de Bargas empieza a adquirir una celebridad inesperada a causa de la finca Alcalvín y de las relaciones entre CAJA CASTILLA-LA MANCHA y el imputado en el Caso Malaya, Pedro Román Zurdo.

Como ya ha informado El Mundo, en Bargas viene actuando la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del citado Pedro Román y de su habitual socio, Juan María López Alvarez, entre otros.

El pasado 24 de marzo El Economista publicaba que la Caja de Hernández Moltó acababa de renovar por segunda vez y dos días antes de su vencimiento, el crédito de 30 millones de Euros que en 2005 concedió a la sociedad del «malayo» Pedro Román para la compra de la finca Alcalvín, de Bargas, cuyo proyecto de urbanización está paralizado por ser «ambientalmente inviable»

Las reacciones no se hicieron esperar mucho y Ana Guarinos mencionó el asunto en rueda de prensa. Hoy, según un despacho de Europa Press «la portavoz del Grupo Popular criticó que la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, no contestase durante el pleno al hecho de que se haya renovado un crédito de 30 millones de euros a una sociedad relacionada con el caso Malaya «con su consentimiento» y no haya dado ninguna explicación».

Paralelamente, la diputada regional anunció que su partido «presentará hoy una solicitud de comisión de investigación sobre Caja Castilla La Mancha (CCM) en las Cortes regionales, para exigir responsabilidades políticas a los gobernantes socialistas de la Comunidad Autónoma, para que se desvelen datos, propuestas y decisiones, y para conocer «por qué se ha tenido que llegar a una absorción de la entidad»».

Se diría que la sombra de Mariano Rubio, vindicativa y fantasmal, empieza a gravitar sobre la cabeza de Juan Pedro Hernández Moltó, penúltimo (porque el último es Barreda) responsable de este crédito; de los 40 millones dados a las empresas de Roca en Murcia; o de los 101 Millones concedidos a las empresas del también imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero.

Ana Guarinos pide explicaciones a Barreda por la renovación del crédito de 30 millones concedido por CCM al «malayo» Pedro Román Zurdo

Pedro Román, saludando afectuosamente a Julián Muñóz
Pedro Román, saludando afectuosamente a Julián Muñóz

La noticia publicada ayer por El Economista sobre la renovación del crédito hipotecario concedido por CAJA CASTILLA-LA MANCHA a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad, entre otros, de uno de los más importantes imputados en la Operación Malaya: Pedro Román Zurdo, parece haber roto, definitivamente, el silencio que ha reinado en Castilla-La Mancha sobre la presencia y las actividades de importantes imputados en la trama de corrupción marbellí, y sobre los negocios que estos personajes están realizando con CCM.

Según han informado las agencias SERVIMENDIA y EUROPA PRESS, «la portavoz popular se refirió «al empeño del presidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, de conceder un crédito de 100 millones de euros a la inmobiliaria Martinsa Fadesa y la renovación de otro crédito a la sociedad Puerta Oro Toledo, participada por Pedro Román, imputado en la Operación Malaya«»

Guarinos añadió que «casualmente, los 30 millones de euros en los que se cifraban los supuestos beneficios de CCM en 2008 coinciden en la misma cantidad de la renovación del crédito a la sociedad participada por Pedro Román«» y preguntó «si el Gobierno de Castila-La Mancha conocía la operación de la sociedad Puerta de Toledo y si avaló la renovación del crédito de 30 millones de euros.

«Exigimos al Gobierno que nos diga si conocía la operación y si la avalaron; tan grave sería una cosa como la contraria porque esto significaría que se habría permitido que el agujero de 3.000 millones de euros que tiene CCM fuera cada día haciéndose mayor y que se pusiera en peligro a impositores, ahorradores y a los 3.000 puestos de trabajo que dependen de la entidad financiera», argumentó».

Dudo mucho que la Sª Guarinos obtenga ninguna respuesta, ni del Gobierno regional, ni de los responsables de CCM.

Caja Castilla-La Mancha renueva un crédito de 30 Millones al “malayo” Pedro Román dos días antes de su vencimiento

Pedro Román Zurdo, detenido e imputado durante la Operación Malaya
Pedro Román Zurdo, detenido e imputado durante la Operación Malaya

Si ayer El Mundo informaba de la concesión, por parte de CCM, a la quebrada MARTINSA-FADESA de un crédito de 100 Millones de Euros tres meses antes de que esta empresa presentara concurso de acreedores; hoy El Economista publica la noticia de la renovación de un crédito hipotecario de 30 Millones, también de euros, claro está, a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, una sociedad que pertenece al «malayo» Pedro Román Zurdo; a uno de sus socios en MOLA-15 y en EL AGEL DE TEPA, donde también lo fue de Roca, el salmantino Juan María López Alvarez; y a Luis del Rivero, es decir, a SACYR.

El crédito en cuestión, lo concedió la Caja presidida por Hernández Moltó sobre la finca llamada «Alcalvín» situada en la localidad toledana de Bargas, con una cabida de tres millones de metros cuadrados de los cuales sólo la mitad está declarada urbanizable.

El proyecto de recalificación de ese millón y medio de metros cuadrados se encuentra paralizado por ser «ambientalmente inviable» y esto a pesar del firme apoyo que el proyecto ha tenido por parte del alcalde de Bargas, Gustavo Figueroa Cid, que también es vicepresidente de la Diputación Provincial de Toledo y mano derecha de José Manuel Tofiño, a su vez alcalde de Illescas.

Dicho proceso comenzó en 1990 cuando el Ayuntamiento presidido entonces por Eugenio Rodríguez Pérez, inició el procedimiento de modificación de las normas urbanísticas para convertir en urbanizable la finca. En 1993, por Orden de 9 de febrero de ese año, se publica la «Declaración de Impacto Ambiental con carácter desfavorable» y, por esa razón la Comisión Provincial de Urbanismo denegó la modificación de las normas subsidiarias que afectaban a la finca. Para esas fechas el alcalde de la localidad era Luis M. Seguí Pantoja.

Diario El Economista de 24 de marzo del 2009
Diario El Economista de 24 de marzo del 2009

Recurrida esa resolución y recurrida con éxito, la citada Comisión aprobó la polémica modificación puntual el 17 de diciembre de 1996. Desde esa fecha no hay nuevas actuaciones administrativas sobre la finca hasta agosto de 2005, con Gustavo Figueroa Cid ya en la alcaldía; pero lo que sí se produce es la muerte de la propietaria de la finca, pasando ésta, por sucesión hereditaria, a manos de su entonces marido, un individuo nacido en Buenos Aires que atiende al nombre de Juan Francisco Lata Ríos, casado en segundas nupcias con la fallecida, venido al mundo el mismo día en el que la dueña de la finca contraía su primer matrimonio, y sin fortuna conocida hasta ese momento.

La escritura de aceptación de la herencia se otorgó el 14 de marzo de 2005. Ese mismo día se produjo la venta de Alcalvín a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO y al día siguiente el negocio se formalizó en escritura pública constituyéndose, además, una hipoteca a favor de CAJA CASTILLA LA MANCHA por valor de 29.841.692,55 €; es decir, que ese mismo día CCM otorga a los socios de PUERTA ORO TOLEDO un crédito hipotecario de casi 30 Millones de Euros y por plazo de dos años del que respondía una finca, urbanizable, es cierto, pero que ni siquiera tenía presentado y menos aprobado, el imprescindible PAU, necesario para ser urbanizada.

Es aquí, justamente, donde empiezan a ponerse de manifiesto las extrañas circunstancias que rodean a la finca de Bargas. Como ya se sabe, los propietarios de PUERTA ORO TOLEDO no son otros que el «malayo» Pedro Román Zurdo, su socio y también de Roca, Juan María López Alvarez, SACYR DIVISIÓN PROMOCIÓN, esto es, Luis del Rivero y una entidad llamada SEROBE XXI que actualmente tiene como administrador único al hijo de Juan María López Alvarez, Juan María López Martí, pero que en realidad es propiedad del muy prestigioso despacho de abogados Cuatrecasas el cual, por cierto, apareció relacionado en la prensa con el caso FORUM-AFINSA.

El nombre de la sociedad en cuestión es en sí mismo significativo porque el argentino Juan Francisco Lata Rios había tenido la precaución de registrar a su nombre la marca «PUERTA ORO DE TOLEDO» el 1 de marzo de 1998, constituyéndose la sociedad PUERTA ORO TOLEDO SL el día 4 de febrero del 2005 (esto es, poco más de un mes antes de escriturarse la compraventa en cuestión) en la que el citado Lata Rios no aparece por ninguna parte.

Sin embargo, más importante es lo que entonces no sabían, aunque quizás si imaginaban, Pedro Román, Juan María López Alvarez y sus otros socios: que estaban siendo investigados y que pronto la cárcel de Alahurín abriría sus puertas para recibir a varios de ellos.

Juan Pedro Hernández Moltó, aún presidente de CCM
Juan Pedro Hernández Moltó, aún presidente de CCM

En el transcurso de esa investigación, la de la Operación Malaya, el SEPBLAC (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales) remitió al Juzgado nº 5 de Marbella un informe fechado el 6 de noviembre de 2006, que consta en los folios 16.545 y siguientes del Sumario Malaya, en el que se da cuenta de las actividades de Juan Antonio Roca, Pedro Román, Juan Germán Hoffmann, Bruno Baumann, Gabriele Burgio, Roberto Chollet Ibarra (presidente y alto directivo de NH HOTELES respectivamente) SACYR DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU y Fernando Agulló Díaz Varela (un hombre ligado a la Fundación Hogar del Empleado) en la sociedad MOLA-15.

En ese informe se da cuenta de una trasferencia hecha por INVERSIONES PADUANA, la empresa a través de la que actuaba Pedro Román, de 550.000 €. Dicha trasferencia se hace desde la cuenta que INVERSIONES PADUANA tenía en el BANCO POULAR a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO. La fecha de este movimiento es, justamente, la de 15 de marzo de 2005, es decir, la misma en que se escritura la compraventa y el crédito hipotecario de los 30 millones concedido a esa entidad por CAJA CASTILLA-LA MANCHA.

Adquirida la finca por la empresa de Pedro Román, Juan María López Alvarez y sus otros socios, el día 19 de agosto del 2005, es decir, cinco meses después de los hechos relatados hasta aquí, entra en escena la mercantil UFISA INVERSIONES S.L. que presenta en el Ayuntamiento de Bargas un PAU sobre la finca Alcalvín. Se da la curiosísima coincidencia de que UFISA está administrada por Santiago Mateo Sahuquillo y por Ricardo López Rivera. Santiago Mateo es un socio habitual de Domingo Díaz de Mera y de los hermanos Barco Fernández. Así, por ejemplo, comparte consejo de administración con los citados en EL DIA DE CUENCA, EL DIA DE ALBACETE, EL DIA DE TOLEDO, EL DIARIO DE CIUDAD REAL, etc. etc.

El 30 de marzo de 2006, el Pleno del Ayuntamiento de Bargas deniega el PAU a UFISA y el 20 de abril del mismo año, a penas un mes después, quien presenta nuevo PAU ya es PUERTA ORO TOLEDO, en este caso con éxito puesto que es aprobado por el Ayuntamiento que preside el Vicepresidente de la Diputación de Toledo, Gustavo Figueroa Cid.

Tras la aprobación inicial del PAU de Pedro Román y de los otros, el 25 de julio del 2006 tiene entrada en la Dirección General de Evaluación Ambiental una nueva modificación de las Normas Subsidiarias que afectaban a la finca Alcalvín con la que se pretende aumentar la densidad de la edificación prevista allí.

Gustavo Figueroa Cid, alcalde de Bargas y vicepresidente de la Diputación de Toledo
Gustavo Figueroa Cid, alcalde de Bargas y vicepresidente de la Diputación de Toledo

Concretamente, lo que se proponen con esa modificación el Alcalde Gustavo Figueroa Cid, desde la Administración municipal y Pedro Román y sus socios como Agentes Urbanizadores, es pasar de 400 viviendas, que eran las que estaban aprobadas, a 1.590, con edificación en altura, a lo que se añadía un campo de golf de 60 hectáreas.

La resolución de 2 de mayo del 2008 de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, puso fin, al menos de momento, a las pretensiones del «malayo» Pedro Román, de sus socios y del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bargas, que había promovido la modificación.

Dicha resolución es tajante. En ella (DOCM nº 107 de 26 de mayo del 2008) se dice textualmente «que la Modificación Puntual es ambientalmente inviable si se cumplen las conclusiones que se determinan en la misma».

Así termina, hasta la fecha, el negocio de Pedro Román y sus socios en Bargas (Toledo) pero no la implicación de CCM en el asunto. Recordemos que el crédito de 30 Millones concedido inicialmente a PUERTA ORO TOLEDO tenía un plazo de dos años. La Caja de Hernández Moltó, supongo que tras ver que el asunto se complicaba, renovó la hipoteca el 15 de marzo de 2007 por otros dos años más. Entonces, de esos treinta millones no se había pagado ni un céntimo pero, no obstante, Hernández Moltó no exigió nuevas garantías, no penalizó a la empresa de Pedro Román y no tuvo inconveniente alguno en dilatar el plazo de vencimiento hasta el pasado 15 de marzo de 2009.

Con el «negocio» de Alcalvín paralizado y con CCM en situación de quiebra tratando de que UNICAJA se haga cargo de sus despojos, podía pensarse que Hernández Moltó ejecutaría la hipoteca impagada y trataría de resarcir a la Caja, al menos en parte, de la pérdida de los 30 Millones que él, con tanta temeridad, había causado.

Sin embargo, lo que ha sucedido ha sido todo lo contrario. Hernández Moltó y los actuales consejeros de la entidad, en un nuevo alarde de largueza han vuelto, por tercera vez, a renovar la hipoteca que en el 2005 concedieron al «malayo» Pedro Román, a Juan María López Alvarez y a los demás.

El informe de Pricewaterhouse ratifica el «agujero» de 3.000 Millones en Caja Castilla-La Mancha

Barreda junto a Hernández Moltó, que ahora pretende una vicepresidencia tras la absorción de CCM
Barreda junto a Hernández Moltó, que ahora pretende una vicepresidencia tras la absorción de CCM

El Confidencial publica hoy el artículo de Jesús Cacho que reproduzco a continuación. Por su parte, El Mundo, desvela que Hernández Moltó consiguió prestar 100 Millones de Euros a MARTINSA-FADESA en vísperas de la quiebra de ésta.

Cotizalia/Jesús Cacho

El informe preliminar de PwC sobre CCM ratifica un agujero de 3.000 millones

Pricewaterhouse Coopers (PwC) hará hoy entrega del informe preliminar sobre la revisión completa que está efectuando de las cuentas de Caja Castilla La Mancha (CCM) cerradas a 31 de diciembre de 2008, en el marco del acuerdo de fusión por absorción de la caja manchega por Unicaja aprobado por los consejos de ambas entidades. De acuerdo con fuentes conocedoras de la operación, la revisión de las cuentas de CCM se está efectuando «a distancia», desde la sede operativa que Unicaja tiene en la calle Caballero de Gracia de Madrid, puesto que el presidente de CCM, Hernández Moltó ha impuesto que no se realizara en la sede social de Cuenca.

Para abordar esta revisión, PwC se ha servido de la información suministrada por los Servicios de Supervisión del Banco de España, complementada por la suministrada por el Área de Planificación y Control de Gestión de CCM que dirige Juan Manuel Díaz Crespo. Fuentes próximas al Banco de España aseguran que este primer informe de PwC, que será completado en días sucesivos, ratificará la magnitud del «agujero» patrimonial de la caja castellano manchega que ya fijó en enero en no menos de 3.000 millones de euros, en un informe de la misma PwC efectuado a petición de la aragonesa Ibercaja, y del que en su día dio cuenta este diario.

Diario El Mundo de 23 de marzo de 2009
Diario El Mundo de 23 de marzo de 2009

Con semejante agujero, la operación Unicaja-CCM se pone muy cuesta arriba si tenemos en cuenta que el Banco de España, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, sólo ha comprometido 500 millones de euros en ayudas a la Caja resultante, cantidad con la que ésta no alcanzaría ni de lejos el reequilibrio patrimonial. Y es que la diferencia existente entre el déficit patrimonial de CCM (los citados 3.000 millones), y las ayudas ofrecidas por el Banco de España-FGD (500 millones) es, como mínimo, de 2.500 millones de euros, cantidad equivalente a los fondos propios que Unicaja contabilizaba al cierre del ejercicio 2008; es decir, que la entidad resultante de la fusión nacería con un coeficiente de solvencia cero.

Lo cual es tanto como decir que la integración de ambas Cajas se llevaría a cabo a costa de la solvencia de Unicaja, un sacrificio en todo caso inútil puesto que la caja resultante no alcanzaría el mínimo coeficiente de garantía exigido. Consecuentemente, la «brillante» operación de rescate ideada por el PSOE-Banco de España no sólo no arreglaría el desfase patrimonial de CCM, sino que pondría a Unicaja al borde del abismo. ¿Qué beneficio, si alguno, y a favor de quién, reporta esta fusión en semejantes condiciones?

Las reacciones políticas no se han hecho esperar antes incluso de que PwC entregue su primer informe. Seguramente porque ya conoce -bien a través del Banco de España o del propio Braulio Medel, presidente de Unicaja- las líneas maestras de ese informe preliminar, Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, manifestó el pasado martes en Málaga que «no puede producirse una carga sobre Unicaja que no pueda ser soportada y que perjudique a los intereses de los ahorradores y de los depositantes de la entidad».

Conviene aclarar que el verdadero interés del presidente de la Junta andaluza no es salvar CCM de la quiebra, sino hacer realidad su viejo proyecto de fusión Cajasol-Unicaja, como punto de partida de una hipotética Gran Caja única andaluza. En estas circunstancias, ¿será capaz, víctima de las presiones del PSOE a nivel nacional, de sacrificar la solvencia de Unicaja para tapar las responsabilidades de la desastrosa gestión socialista en CCM, renunciando con ello a hacer realidad esa caja única que lleva años auspiciando?

En el mismo sentido se ha pronunciado Javier Arenas (PP), al manifestar en Granada y en la misma fecha que «las conversaciones entre la caja andaluza y la manchega, por una decisión política, no pueden acabar en un perjuicio de la saneada económicamente», lo cual parece adelantar un escollo difícilmente salvable para la operación. Y es que el PSOE no podría alcanzar la mayoría cualificada en las asambleas generales de ambas cajas sin los votos de los representantes del Partido Popular. En cuyo caso, el vodevil solo habría servido para una cosa: para diferir la solución del desequilibrio patrimonial de CCM, haciendo que su saneamiento cueste más dinero al Estado por cualquiera de las vías posibles.

Quiebra Global Cartera de Valores. Un nuevo golpe para Domingo Díaz de Mera y Caja Castilla-La Mancha

Domingo Díaz de Mera celebrando algo junto a José María Barreda
Domingo Díaz de Mera celebrando algo junto a José María Barreda

El Juzgado de lo mercantil nº 1 de Madrid ha declarado en concurso voluntario de acreedores a GLOBAL CARTERA DE VALORES, la empresa que reúne en su consejo a Domingo Díaz de Mera, los hermanos Antonio e Ignacio Barco Fernández, a Luis Delso, presidente de ISOLUX y a CCM.

Según informa la Agencia EFE, la sociedad será liquidada debido a la situación irrecuperable en la que se encuentra al acumular deudas próximas a los 290 Millones de Euros (48.251.940.000 de Pts.)

Esta quiebra es una consecuencia más del desembarco de Luis Portillo en INMOBILIARIA COLONIAL. En esa operación, junto al sevillano de Dos Hermanas venido a peor fortuna, participaron constructores estrechamente ligados a José María Barreda como Aurelio González Villarejo y el propio Domingo Díaz de Mera, pero también otros personajes como Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-97 que se ha visto relacionado con el Caso Malaya a través de su intervención en el Plan Parcial Torre del Rame, donde participó en la venta de suelo a Enrique Ventero Terleira, imputado y detenido en la citada operación el cual, a su vez, está asociado en ese mismo negocio con CAJA CASTILLA-LA MANCHA.

Sin duda, en el desmoronamiento de la sociedad de Domingo Díaz de Mera también tiene notable influencia la ruinosa situación del Aeropuerto de Ciudad Real y del complejo urbanístico «El Reino de Don Quijote» al que ni la presencia de ese aeropuerto, ni la aprobación por parte del Gobierno de Barreda de una estación del AVE, han podido sacar de la situación crítica en la que se encuentra.

Por otro lado, la quiebra de GLOBAL CARTERA DE VALORES viene a ser un nuevo golpe, ya veremos si definitivo, a la agónica situación de CCM, que al ritmo al que se están produciendo los acontecimientos, bien pudiera verse abocada a la intervención antes de que se consume la fusión con UNICAJA.

Lo acuciante de la situación de la Caja (hace dos días, sin ir más lejos, venció la hipoteca de 30 Millones de Euros que CCM le tenía concedida a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del malayo Pedro Román Zurdo y de su socio Juan María López Alvarez) Estaría en el trasfondo de la comunicación hecha hoy por UNICAJA según la cual, se espera que la auditoría de CCM esté terminada a finales de esta misma semana.

CCM: Tres mil millones de euros irrecuperables, las Islas Caimán y la “salida honrosa” de Hernández Moltó y sus hombres de confianza

Diario El Mundo
Diario El Mundo

El pasado lunes 9 de marzo, Carlos Segovia publicaba en El Mundo un artículo titulado «los créditos perdidos de CCM«. En total, según la Dirección General de Inspección del Bando de España, la cuantía de tales créditos superaría de largo el medio BILLÓN de Pts. Ese medio billón consumiría todos los activos de la Caja y, aún así, faltarían entre 900 y 1.000 millones de Euros.

En tal situación, según informa el mismo periódico, Hernández Moltó, el mismo que antaño hiciera de Inquisidor Mayor, martillo de herejes y azote de brujas ante un ya agónico Mariano Rubio, está negociando una «salida honorable» para él y sus hombres de confianza en la nueva entidad que surja cuando UNICAJA consume la absorción de CCM.

La lista del «círculo de confianza» de Hernández Moltó, la podemos hacer aquí con bastante exactitud: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, no sólo miembros del consejo de administración de VILLA ROMANA GOLF en Carranque, sino también «socios» del malayo Enrique Ventero; José Luis Rodríguez Romo; Jesús Dionisio Ballesteros; Petra Mateos Aparicio-Morales; Alejandro López Hernández; José Miguel Físico Cabañas; Florencio Fernández Gutiérrez, alcalde de Urda (Toledo) y alguno que otro más, desde luego no muchos más.

Esta tropa de personajes, con Hernández Moltó a la cabeza, son los responsables de fiascos, habrá que ver si imprudentes o dolosos, como los del Aeropuerto de Ciudad Real (fracaso que ahora, Barreda, quiere paliar mediante una modificación ad hoc de la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha) El del «Reino de Don Quijote» o el asalto a INMOBILIARIA COLONIAL, llevada a una de las más tempranas quiebras de la crisis actual por sujetos de la talla de Luis Portillo, Domingo Díaz de Mera, Aurelio González Villarejo, Esther Koplowitz o Juan Gracia Jiménez, todos ellos metidos, más o menos directamente, en situaciones comprometidas, como por ejemplo la del Plan Parcial Torre del Rame, en Los Alcázares, escenario de la Operación Ninette y con los «malayos» Roca y Arteche por medio; o el Caso Ibiza.

Sin embargo, si estos asuntos son los más voluminosos, Hernández Moltó y sus hombres de confianza -los demás que se libren del naufragio como su ingenio les de a entender- Los mismos que ahora negocian o mendigan, quién sabe, una canonjía discreta en la nueva Caja; han protagonizado otras calamitosas empresas muy lucrativas, naturalmente no para la Caja, sino para ciertos clientes.

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La finca de Bargas, el malayo Pedro Román y su socio López Alvarez

José María Barreda
José María Barreda

Así por ejemplo, el socio de Roca y de Pedro Román Zurdo, el salmantino natural de Güijuelo, Juan María López Alvarez, un individuo que injustamente no disfruta de la fama que merece, recibió 30 millones de Euros en un crédito hipotecario a dos años (luego novado por otros dos) sobre una finca en Bargas (Toledo) que sólo podría alcanzar algo lejanamente parecido a ese valor sin el desplome inmobiliario y sin estar el proyecto de urbanización paralizado por inviable.

Como sabemos, dicho crédito se otorgó a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, empresa en cuyo consejo de administración conviven el tal López Alvarez, Pedro Román Zurdo, Luis del Ribero (el de Sacyr y Repsol) y el hijo de López Alvarez, Juan María López Martí, que capitanea una sociedad interesantísima que gira bajo la denominación SEROBE XXI SL y que, mucho me temo, en breve llamará la atención de la prensa nacional.

El próximo día 15, vence la hipoteca concedida tan alegremente por CCM a tan señalados dignatarios y, con toda probabilidad, la Caja se encontrará con una espléndida finca rústica de tres millones de metros cuadrados bordeada por el Guadarrama y con 30 millones menos en su cuenta de resultados.

Ahora bien, que CCM no consiga recuperar el crédito, no quiere decir, que ese dinero haya desaparecido. El dinero, en términos parecidos a los de la energía, ni aparece ni desaparece, sólo cambia de bolsillos y los bolsillos en los que esos treinta millones están son en los de un inquietante personaje nacido en Buenos Aires, llamado Juan Francisco Lata Ríos, en los de Pedro Román, en los de «Juanmari» -como le llamaba familiarmente Montserrat Corulla- López Alvarez, en los de Luis del Ribero y en los de… Este dato, de momento, me lo callo, para no estropearle la exclusiva a nadie.

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Las Cabezadas de Aranjuez

Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez
Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez

Otro caso curioso, que igualmente sirve de ejemplo para ilustrar los criterios profesionales de Hernández Moltó y de los otros que ahora «negocian» una «salida honorable», es el de LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ. En esta sociedad, que pretendía o dijo pretender, edificar 7.000 pisos al calor del «Canal de Remo» que se iba a construir para las olimpiadas en esa ciudad, ISOLUX CORSAN participa con un 40% y CCM con un 60%.

El dato, de por sí, resulta equívoco porque CCM, a su vez, también tiene una fortísima participación en ISOLUX, pero siguiendo su plan habitual, el inicio de la tramitación para expropiar las huertas de la rivera del Tajo, no la inició CCM, sino ISOLUX, pasando después la Caja a pagar a dicha empresa la friolera de 60 millones de Euros por participar en el negocio.

Lo que ocurre es que esos 60 millones se pagaron a una entidad que no era aún propietaria del suelo, un suelo que, además, ni siquiera tenía aprobado el correspondiente PAU. Es decir, Hernández Moltó autorizó el pago de 10.000 millones de Pts. sobre la única y exclusiva base de la aprobación inicial del PAU por el Ayuntamiento de Aranjuez, primer trámite de una larga serie de ellos.

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Constructora Hispánica, la trama vasca y el Caso Gürtel

Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel
Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel

En la actualidad, el de Las Cabezadas de Aranjuez es un proyecto paralizado y los 60 millones de Euros han desaparecido de las arcas de CCM y han reaparecido en las de ISOLUX CORSAN. Esta última sociedad, como casi todas en las que participa CCM, llama poderosamente la atención por muchos motivos. Uno de ellos es que está asociada a CONSTRUCTORA HISPÁNICA y esta última, a su vez, tiene el 10% de PROMOCIONES TAVINOVA SL.

Por su parte, PROMOCIONES TAVINOVA tiene en su accionariado a la mercantil VITANOVA PROMOCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL y en el Consejo de Administración de ésta figuran, como consejero CONSTRUCTORA HISPÁNICA, como Consejero Delegado Luis Fernando Linares Torres y como consejera María Eugenia Yeregui Kinkel.

El letrado Luis Fernando Linares Torres ha conocido recientemente la cárcel y el frío tacto de los grilletes en sus muñecas puesto que fue detenido, y está imputado, a raíz de la Operación Astapa. Además, tanto Linares Torres como Mª Eugenia Yeregui han sido inscritos por la prensa en la llamada «Trama Vasca» de la Operación Malaya.

Pero aún hay más. CONSTRUCTORA HISPÁNICA también ha salido a relucir en medio del Caso Gürtel. Según informó El País el pasado día 9 de marzo de 2009, «Agentes de la Policía Judicial han acudido al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) para reunir documentación en el marco de la operación Gürtel que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Según fuentes consultadas por este periódico, los agentes están en la planta tercera, donde se encuentran el alcalde y el teniente alcalde, y buscan documentación de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) la Empresa de adjudicación de contratos e información sobre la CONSTRUCTORA HISPÁNICA, investigada por el magistrado por las obras del Parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte» .

Estos son sólo algunos ejemplos de los tipos de negocios en los que han intervenido Hernández Moltó y sus hombres de confianza. En ellos se percibe un claro pluralismo político que permite a CCM hacer negocios, tanto con imputados en la Operación Malaya, como con imputados o investigados en la Operación Gürtel, pero lo que ahora interesa es el valor que estos datos tienen para explicar otro hecho del que daba cuenta El Mundo en el artículo citado arriba.

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Gran Caimán

Mapa de los paraísos fiscales
Mapa de los paraísos fiscales

Según este diario, desde el año 2001 -cuando Hernández Moltó llevaba dos años al frente de la Caja- CCM utilizó una sociedad instrumental domiciliada en las Islas Caimán -uno de los más «prestigiosos» paraísos fiscales del Mundo como todo narcotraficante, terrorista, defraudador internacional o traficante de armas sabe- Para poder emitir acciones preferentes de forma rentable, es decir, libre de las obligaciones fiscales españolas.

Esto, advierte el artículo del El Mundo, no solamente no es delito, sino una práctica habitual de las entidades financieras. Ahora bien, que sea una práctica habitual de los bancos o que el motivo alegado por estos en general o por la Caja en particular, aproveche un vacío legal en el Ordenamiento español para eludir impuestos, no impide que las oficinas que CCM tenga en alguno de los bonitos y funcionales edificios de Gran Caimán, se utilicen para más cosas.

Puede que sí o puede que no, pero lo cierto es que un nutrido grupo de clientes de CCMJuan Antonio Roca o Pedro Román entre ellos- Así como el malogrado fin al que ha sido arrojada la Caja tras desviar sus inversiones a negocios que más merecerían el calificativo de «enjuagues», hace concebir ciertas sospechas, sospechas que no se difuminan, sino que se consolidan cada vez que un nuevo dato rompe el hermetismo de la cúpula de CCM y del Gobierno regional.

Los hechos empiezan a ser clamorosos y claman, no al Cielo, sino a la Fiscalía. De ahí el silencio de Barreda porque ante lo inexplicable sólo cabe el silencio o la quejumbrosa afirmación de que todo esto no tiene otro propósito que dañar a Barreda y a su Gobierno.

En esto último hay algo de verdad. Los datos dañan a Barreda y especialmente porque el último responsable de lo que ha pasado y está pasando con la Caja, no es Hernández Moltó, sino el propio José María Barreda.

No poco del fracaso que ha llevado a la quiebra de CCM se debe al trato especialmente «comprensivo» que han recibido media docena de constructores muy cercanos al Presidente. El es quien manda en CCM en virtud de la Ley de Cajas de la Comunidad, modificada en su momento precisamente para consolidar el control político del Gobierno regional sobre estas entidades híbridas.

CCM y Unicaja anuncian su acuerdo de fusión, un manto de invisibilidad para el Portador de Secretos Hernández Moltó

Diario El Mundo de 3 de marzo de 2009
Diario El Mundo de 3 de marzo de 2009

En abril de 1994, tras la comparecencia del ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio en la comisión de investigación abierta en el Congreso de los Diputados por el caso Ibercorp, Pedro J. Ramírez publicó un durísimo artículo sobre el hasta entonces desconocido Juan Pedro Hernández Moltó, titulado «Cuando la mano de Dios ya no pasa por este perro».

El Mundo fue el periódico que destapó el Caso Ibercorp y el que, por tanto, acabó con los días de poder y arrogancia del citado Mariano Rubio. No obstante, el interrogatorio al que fue sometido por el entonces diputado Hernández, llevó a Pedro J. Ramírez a escribir lo siguiente:

«No recuerdo haber visto jamás comportarse a nadie en el Parlamento de un modo tan repelente y despreciable. Su intervención en la sesión urgente de la Comisión de Economía del viernes fue un modelo de cinismo, hipocresía y deshonestidad. Hubo tanta falacia, doblez y mendacidad en sus palabras que en algún momento llegué a sentir arcadas al escucharle. Lo peor de la vida pública quedó reflejado en su burdo oportunismo, en su inmoral huida hacia adelante, en su intolerable pretensión de camuflar sus responsabilidades bajo la pantalla de unas palabras huecas y engoladas.

No estoy hablando de Mariano Rubio, sino del portavoz socialista Juan Pedro Hernández Moltó, el hombre que hace dos años sirvió reiteradamente de alfombra al todavía poderoso gobernador del Banco de España y anteayer se ensañó con el pobre guiñapo que le pusieron delante, transgrediendo las más elementales normas de la cortesía parlamentaria. Hernández Moltó es un tipo peligroso que llegará lejos, pues quintaesencia la falta de escrúpulos del «homo felipista»: alguien capaz de pasar del sonrojante servilismo a la más descarnada invectiva, sin solución de continuidad y con la misma eficacia escénica».

No tengo ni idea de si Hernández Moltó ha llegado ya tan lejos como le es posible, ni creo que nadie pueda saberlo porque el presidente de CCM es, sobre todo, un «portador de secretos» y no es posible predecir cuándo perderá su valor la mercancía con la que carga el todabía presidente de CCM.

Juan Pedro Hernández Moltó
Juan Pedro Hernández Moltó

Muchos de esos secretos ya han sido arrojados a la plaza pública por la prensa; alguno que otro he desvelado en Notitia Criminis -y aquí, para ser ecuánime, tengo que manifestar mi reconocimiento a Alejandro Pompa, alcalde de Carranque, sin cuyo, aunque muy a su pesar, poderoso acicate y constante estímulo, esta investigación nunca habría llegado tan lejos- Pero las alfombras de los despachos de CCM guardan muchos más, tantos que sólo intuyendo que es así se puede entender que en el breve espacio de dos días se despache en precario la absorción, que no fusión, de CCM por UNICAJA.

Según informa El Confidencial, esas «negociaciones» aunque cortas, no ha sido pacíficas. Braulio Medel ha hecho un último intento de eludir el destino que le han asignado el Ministerio de Economía y el Banco de España. De hecho, el pasado viernes 27, Medel rompió las negociaciones con el Banco de España: «La resistencia de Unicaja llegó a provocar que durante toda la jornada del viernes 27 de febrero se intensificaran los contactos entre el Banco de España y la CECA (patronal de las cajas de ahorro), orientadas a la búsqueda de algún potencial candidato alternativo a la caja andaluza, según fuentes próximas al organismo supervisor. Sin embargo, ninguno de los nombres barajados satisfizo a la casa del gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez».

El resultado fue el falso anuncio de «acuerdo de fusión» que se lanzó a los cuatro vientos ayer lunes. Digo que el acuerdo fue falso, no porque fuera mentira, sino porque en realidad no fue acuerdo o, mejor dicho, era una acuerdo condicionado a la aportación por el Gobierno o por el Banco de España, del dinero necesario para tapar el «agujero» creado en CCM por Moltó y sus hombres.

En tal sentido, la imposición de Solbes, también según El Confidencial, pasa por un primer pago de 1.000 millones de euros, la permanencia de Braulio Medel al frente de la nueva Caja y la posibilidad futura de usar el Decreto de Apoyo a la Banca, que permite al Gobierno dar dinero público a las entidades financieras en quiebra o en peligro de quiebra.

Sin embargo, como también informa hoy El Mundo, la herida se ha tapado en falso y la gangrena gaseosa que ha quedado dentro aún está por salir: «El primer paso ahora será… la realización de una due dilligence (auditoría aexhaustiva) y el aseguramiento de las garantías financieras… Tras esa frase se esconde la aportación de recursos por parte del Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorros».

José Mª Barreda con Antonio Miguel Méndez Pozo, a la derecha de la foto
José Mª Barreda con Antonio Miguel Méndez Pozo, a la derecha de la foto

Sin embargo, como ese Fondo -en estos momentos su dotación ronda los 4.500 millones de euros- sería engullido en su práctica totalidad por el «agujero» de CCM, se está pensando en dos posibilidades: «por un lado -se dice en el artículo de El Mundo- que el Banco de España adelante dinero… que posteriormente le sea devuelto; por otro, utilizar el punto del decreto de apoyo a la banca que permite al Gobierno inyectar capital en entidades en dificultades».

En definitiva, que puesto que nada está hecho, ni la auditoría, ni la localización del dinero con el que se ha de tapar el socavón de CCM, el anuncio ayer del «preacuerdo» o del «principio de acuerdo», sólo puede tener como objetivo presentar ante la opinión pública unos supuestos hechos consumados que terminen con el escrutinio al que está siendo sometida la actuación de Juan Pedro Hernández Moltó y de José María Barreda, porque el único objetivo cierto que puede tener la absorción de la Caja, no es ahorrar dinero público, ya que el Gobierno tendrá que pagar la negligencia o el dolo de Moltó y Barreda; ni asegurar los puestos de trabajo de los empleados de la Caja, que no estarían ni más ni menos inseguros con la absorción que con la intervención; sino proteger al «portador de secretos», a los secretos en sí mismos y, sobre todo, a los protagonistas de esos secretos.

El Banco de España quiere fuera de CCM a Hernández Moltó y a su ejecutiva antes de tapar el “agujero” de la Caja

El Economista
El Economista

Según publicó El Economista el pasado 27 de febrero del 2009, la posición del Banco de España con respecto a la actual cúpula directiva de CCM es que ésta «no debe permanecer en el grupo financiero fusionado y tiene previsto exigir su salida».

Hernández Moltó, en arranque insólito de abnegación, ha hecho oídos sordos a esta prevista exigencia del Banco de España y ha declarado a los medios de comunicación que es él el que está dispuesto a irse para facilitar la «fusión» con UNICAJA.

En realidad es irrelevante que Hernández Moltó, Juan Tomás Vidal, Rodríguez Holgado, etc. se vayan o les despidan con cajas destempladas. La salida de estos personajes es una medida de higiene elemental y no exenta de obligación legal, aunque no sea más que por analogía, pues igual que el comerciante quebrado padece inhabilitación para el ejercicio del comercio, el presidente y la directiva de una Caja llevada a la quiebra no deberían permanecer al frente de ésta y, no digamos, al frente de la entidad que absorbe sus despojos para evitar, en lo posible, no sólo el escándalo, sino también, la intervención de los Tribunales.

Entre tanto, José María Barreda, que cuando no está lírico, está épico, se puso épico ayer en el Parlamento regional y se refirió a las declaraciones de Carmen Riolobos, que le había acusado de «mangonear» la Caja «para hacer ricos a sus amigos», calificándolas de «barbaridad difamatoria e injurias» -que digo yo que lo que querría decir es «barbaridad difamatoria e injuriosa»- Y añadió que el PP «no quiere una solución, sino un escándalo» con el objetivo «miserable» de deteriorar al Gobierno, cuando «lo que no ayuda nada es introducir desconfianza y alarma».

Aquí acabaron las explicaciones de Barreda sobre la situación de CCM. No contestó a las preguntas de la oposición, pero lo significativo es que esa oposición tampoco le preguntó sobre ciertas cosas que exigen respuestas y, desde luego, responsabilidades, no sé si penales, pero indudablemente, políticas.

Juan Pedro Hernández Moltó
Juan Pedro Hernández Moltó

¿Sabía o no sabía, Barreda, que la Caja presidida por Hernández Moltó, antiguo consejero de Hacienda de Bono, está asociada con uno de los principales imputados en la Operación MalayaEnrique Ventero– en Los Alcázares, en el proyecto Torre del Rame, en el que concurren fundadas sospechas de la participación de Juan Antonio Roca?

¿Sabía o no sabía o consintió por acción u omisión, Barreda, que la Caja presidida por Hernández Moltó había financiado con 40 Millones de € a Juan Antonio Roca?

¿Sabía o no sabía o consintió por acción u omisión, Barreda, que la Caja presidida por Hernández Moltó financió a Roca la compra del Palacio de Saldaña en Madrid?

¿Sabía o no sabía o consintió por acción u omisión, Barreda, que la Caja presidida por Hernández Moltó, prestó 30 Millones de €, a dos años, prorrogados por otros dos más sin ninguna otra garantía o penalización, a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del «malayo» Pedro Román Zurdo y de su socio de confianza y fiduciario mientras duró la fuga de aquél, Juan María López Alvarez?

¿Sabía o no sabía o consintió por acción u omisión, Barreda, que la Caja presidida por Hernández Moltó está asociada con el referido Juan María López Alvarez, socio de Pedro Román y de Roca, en otras entidades como son CLAUDIA ZAHARA 22 y CORTIJO DEL MORO?

¿Sabía o no sabía o consintió por acción u omisión, Barreda, que la Caja presidida por Hernández Moltó está asociada a otras mercantiles del imputado en la Operación Malaya Enrique Ventero, como por ejemplo GESTIONES HERVEMU?

¿Sabe o no sabe Barreda si hay otros personajes importantes relacionados con CCM y con el propio Gobierno regional que estén asociados con el citado Pedro Román o con su socio Juan María López Alvarez?

¿Sabe o no sabe Barreda, o consintió por acción u omisión, que Javier Arteche Tarascón, imputado en pieza separada del Caso Malaya, así como otros miembros señalados de la llamada «trama vasca», han hecho y están haciendo negocios junto al arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra en las localidades toledanas de Layos y Argés?

¿Sabe o no sabe, Barreda, si los negocios de estos miembros de la «trama vasca» han sido financiados en todo o en parte por CCM?

¿Sabe o no sabe, Barreda, qué está haciendo la Caja presidida por Hernández Moltó y otras empresas asociadas a ella, en Aranjuez, en la vecindad de los negocios del imputado Javier Arteche Tarascón, de Luis Maya Galarraga y de otros socios de la llamada «trama vasca»?

¿Sabe o no sabe, Barreda, quién es Alejandro Pompa y lo que está haciendo CCM en el campo de golf de Carranque?

En los próximos días y semanas, sin duda, surgirán más preguntas y ya veremos si todos o algunos de estos otrora arrogantes dignatarios, como en su día lo fue Mariano Rubio, no tienen que acabar escuchando a alguien gritarles: «míreme a la cara, señor… ».

El colapso de Caja Castilla-La Mancha y los intereses urbanísticos del consejero “transfuga” Germán Chamón

Diario El Mundo
Diario El Mundo

Ayer, en el pleno del Parlamento regional de Castilla-La Mancha el habitual tono lírico del presidente Barreda se endureció un poco. Afirmó que «el PP quiere un escándalo en CCM» y con palabras extraídas casi textualmente de la «carta abierta» que el presidente del Aeropuerto de Ciudad Real, Juan Antonio León Triviño, envió ayer a María Dolores de Cospedal, aseguró que «el Partido Popular no quiere una solución, quiere un escándalo» para erosionar a su Gobierno y a él mismo.

Lo cierto es que, al margen de lo que quiera o no quiera el PP, el escándalo de CCM no hay que buscarlo ni quererlo porque ya está encontrado y producido y sus artífices no son otros que quienes dirigen la Caja y quienes dirigen a los que dirigen la Caja, unos abiertamente, como Barreda y Hernández Moltó y otros por persona interpuesta, como es el caso de Bono, cuya preeminencia en la región coloca a Barreda en una posición vicaria apenas disimulada.

Hoy, El Confidencial, citando fuentes del Banco de España, asegura que el «agujero» en el que la gestión de Hernández Moltó ha sumido a CCM podría llegar a los 4.000 Millones de € –665.000 millones de Pts., es decir, bastante más allá del medio billón de Pts.- «de confirmarse como fallidas determinadas contingencias de riesgo contraídas por la entidad» y añade que, también según las mismas fuentes, eso no es lo más preocupante. El mayor problema de CCM es que, como consta en las cuentas del ejercicio 2008 que están en poder del Banco de España, el «margen de intermediación de la Caja «fue prácticamente nulo» lo cual quiere decir que CCM no gana un céntimo con la actividad normal de cualquier entidad financiera, es decir, captando depósitos y prestando dinero.

Según las fuentes de El Confidencial, CCM debe a otras entidades 9.500 Millones de Euros -un billón y medio, largo, de Pts.- prácticamente la mitad de los créditos que ella misma ha concedido; es decir, que la Caja de Hernández Moltó ha estado dando créditos con dinero ajeno contrayendo una deuda que ahora se come el beneficio normal de su negocio haciéndola totalmente inviable.

Pero como además CCM se ha endeudado de esa forma para financiar a un contado círculo de constructores que bajo la protección pública y, al menos aparentemente, incondicional de Barreda han llegado a constituir un oligopolio de facto en la región -estoy hablando de Méndez Pozo, de los hermános Díaz de Mera, de Aurelio González Villarejo y de los Sanahuja, pero también de los malayos Juan Antonio Roca, Pedro Román Zurdo, Enrique Ventero, etc.- La cuestión que se plantea sobre la mesa es si en el fiasco y la inviabilidad de CCM sólo ha concurrido una gravísima negligencia o una actuación dolosa que exige la presencia de los fiscales y los jueces de la jurisdicción penal.

En este sentido, El Mundo publica hoy que el consejero de Caja Castilla-La Mancha Germán Chamón, representante del PP en la Caja que se ha negado a dimitir de su cargo según la postura de ese partido, disfruta de un crédito de 9 millones de Euros concedido por CCM del que aún faltan por liquidar 5 millones.

José María Barreda y Antonio Miguel Méndez Pozo
José María Barreda y Antonio Miguel Méndez Pozo

Dicho crédito está concedido a la mercantil VERDE DESARROLLO URBANOS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A. en la que Chamón dice tener un 20% y que pertenece mayoritariamente a Antonio Miguel Mendez Pozo, condenado a prisión por el «Caso de la Construcción de Burgos». El consejero delegado de la empresa es Perfecto Alvarez Muñoz, que también ocupa el cargo de director general del área comercial y de marketing de CCM y es tío carnal de Héctor Alvarez, gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Cuenca.

No acaban aquí los nexos del tal Perfecto Alvarez. Resulta que además de ser tío de su sobrino, director general de CCM y socio del consejero transfuga Augusto Germán Chamón Arribas, también es socio de CONSTRUCCIONES VILLAREJO SA y apoderado de PROMOCIONES GONZÁLEZ SA, es decir, también es socio de Aurelio González Villarejo.

El Sr. Chamón ha negado que los 5 millones de Euros a los que se refiere El Mundo condicionen en absoluto su criterio sobre la situación de CCM y que esa sea la causa que le ha llevado a romper la disciplina de su partido, una de las cosas más difíciles de romper en España, como todo el mundo sabe.

Lo que ocurre es que sobre la voluntad y buen criterio del Sr. Chamón, probablemente, no sólo pesan los 5 millones del crédito que le ha concedido Hernández Moltó. También tiene considerable vis atractiva su asociación empresarial con Antonio Miguel Méndez Pozo, con Perfecto Alvarez Muñoz y, aunque sea indirectamente a través de este último, con Aurelio González Villarejo, a más claro está, de los intereses inmobiliarios que le conciernen en la provincia de Cuenca y que dependen de decisiones políticas que pueden ser poderosamente influidas, si es que no están directamente en sus manos, por el Gobierno regional de Barreda.

La sociedad VERDE DESARROLLOS URBANOS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A. en la que Germán Chamón participa junto a Antonio Miguel Méndez Pozo, según informa «El Cronista Independiente de Cuenca«, ha presentado diversos PAUs en localidades que circundan la ciudad de Cuenca. El negocio, naturalmente, radica en la compra de suelo rústico a precios ínfimos y su posterior recalificación; lo que ocurre es que con la recalificación ni Germán Chamón ni «Michel» Méndez Pozo se dan por satisfechos.

Por ejemplo, uno de los PAUs de VERDE DESARROLLOS es el presentado en la localidad conquense de Villar de Olalla donde se pretende construir 1.100 viviendas. El PAU, en sí mismo, puede ser un buen o mal negocio pero si junto a él se sitúa la estación del AVE, no cabe duda de que la revalorización del suelo se disparará, incluso, en medio del hundimiento del gremio inmobiliario. Pues bien, eso es lo que La Tribuna de Cuenca, periódico propiedad de Méndez Pozo ha estado defendiendo, con éxito, desde un principio.

Augusto Germán Chamón Arribas
Augusto Germán Chamón Arribas

La estación del AVE tenía dos posibilidades. Llegar hasta la propia ciudad de Cuenca o quedarse a 6 Km de allí, en el paraje de la Estrella, junto a los intereses urbanísticos de Germán Chamón y de Méndez Pozo y de Perfecto Alvarez.

El pasado 20 de junio del 2008, El Economista publicaba que el alcalde de Cuenca, Francisco Pulido, defendiendo la parada del AVE en la ciudad, dijo: «y para eso la estación tendrá que estar en el paraje de la Estrella», afirmación rotunda con la que estuvo de acuerdo el Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Barreda, José Luis Martínez Guijarro.

Las plusvalías generadas al establecer una estación del AVE junto a su PAU y el apoyo a tal pretensión del Gobierno de Castilla la Mancha, es un poderoso y cualificado acicate para inclinar su voluntad hacia las posturas mantenidas por ese mismo Gobierno y por Hernández Moltó en lo que se refiere a la absorción de CCM por UNICAJA, pero Augusto Germán Chamón asegura que quien crea que una cosa así le puede influir a él, es que no le conoce.

A su vez, si a la estación del AVE se suman, como también defiende y procura La Tribuna de Cuenca otras infraestructuras como el nuevo hospital y un futuro polígono industrial, las plusvalías de los PAUs de Méndez Pozo y Germán Chamón, aumentarían aún más y eso parece otro importante motivo para apoyar, aún en contra del propio partido, a Juan Pedro Hernández Moltó y al Gobierno de Castilla la Mancha.

Pero es que, además, en estos asuntos urbanísticos de la llamada «Corona de Cuenca» los intereses de la mercantil VERDE DESARROLLOS etc. se mezclan con los del consorcio DAVECON. Según «El Cronista Independiente de Cuenca«, una de las empresas que lo integran es DALPA y de ella fue socio Gonzalo Igualada -que aún sigue ligado a la empresa- ingeniero jefe del área de Obras y Planificación del ayuntamiento de la ciudad.

Gonzalo Igualada fue quien redactó un informe, esencial para dar por buena la localización de la estación del AVE en el paraje de la Estrella, que modificaba los datos de la cartografía oficial y contradecía otro informe presentado por el también ingeniero de caminos del Ayuntamiento, Vicente Belinchón Carlavilla. Se da la circunstancia, según el grupo Independientes por Cuenca, que el informe del ingeniero Vicente Belinchón fue ocultado por el entonces alcalde Martínez Cenzano durante la negociación del «Pacto por Cuenca», un acuerdo político favorable a la estación del AVE en la Estrella.

El consorcio de empresas DAVECON tuvo también protagonismo en una oscura operación urbanística en Cuenca: la del recinto ferial de la que se hablará aquí en breve. Aquél caso puso ya de relieve las muy estrechas relaciones entre las empresas que integran DAVECON y el Ayuntamiento de Cuenca en el cual Héctor Alvarez, sobrino carnal de Perfecto Alvarez Muñóz, el ejecutivo de CCM y socio de Chamón y Mendez Pozo, ocupa el cargo de Gerente de Urbanismo.

DAVECON está integrada por las siguientes constructoras: CONSTRUCCIONES DALPA SA, CONSTRUCCIONES CONCA SL, CONSTRUCCIONES VERLIZ SA, CONSTRUCCIONES TRIGUERO HERMANOS SL y EDDENCA SL.

El ingeniero de caminos municipal, Gonzalo Igualada Puerta¸ a quien me he referido antes, fue accionista y administrador de construcciones Dalpa. En la actualidad es presidente de la Fundación Dalpa de la que es vicepresidente el administrador único de CONSTRUCCIONES DALPA.

Manuel Ángel Carrascosa García, aparejador municipal en excedencia, tiene vinculaciones familiares con accionistas y responsables de CONSTRUCCIONES CONCA SL. En concreto, tanto él como su mujer figuran como apoderados y sus dos hermanos como administradores.

Pablo Martínez Pando, técnico urbanista municipal, es vicepresidente de la empresa PROMOCIONES VERMA S.A. de la cual es presidente, el presidente de CONSTRUCCIONES VERLIZ SA.

Ni que decir tiene que la primera piedra del Recinto Ferial de Cuenca fue colocada por José María Barreda.

El PP contesta al presidente de CR Aeropuertos que no acepta chantajes “de un individuo que acaba de demostrar su catadura moral”

Juan Antonio León Triviño, con traje claro junto a Barreda y Nemesio de Lara
Juan Antonio León Triviño, con traje claro junto a Barreda y Nemesio de Lara

Ayer, 25 de febrero del 2009, Juan Antonio León Triviño difundió una carta abierta a Mª Dolores de Cospedal (que se puede descargar desde aquí) En la que después de explicarle que con la actual Ley del Suelo de Castilla-La Mancha (LOTAU) «sería legalmente imposible construir en los suelos del aeropuerto un hotel o unas oficinas para una empresa que no fuese propiedad exclusiva del Aeropuerto de Ciudad Real. Sin la modificación de dicha LOTAU sería imposible seguir desarrollando el proyecto del aeropuerto»; añade, que le están llegando «comentarios muy negativos» que por supuesto no puede «creer ni entender», relacionados con Cospedal, comentarios de los que le da traslado para que Cospedal no permanezca en la inopia:

«Los comentarios que me llega, de tu entorno –dice León Triviño– Son de varios tipos y me permito trasladártelos:

Por un lado, según dicen, estás tratando de confundir a la gente de tu Partido (incluido Mariano Rajoy, Presidente de tu partido) -valga el pleonasmo, añado yo- Haciéndole llegar que en Castilla-La Mancha se está preparando una modificación de la LOTAU para que los amigos del Presidente regional puedan dar un pelotazo y ganar mucho dinero con el Aeropuerto»

Eso, según el Sr. León Triviño es rotundamente falso porque «el único objetivo común es desarrollar un proyecto que sea beneficioso para toda la región».

Que alguien pretenda atribuir al Sr. León Triviño, a Domingo Díaz de Mera y a algunos otros la pretensión de obtener beneficios multimillonarios, modificación de la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha por medio -algo inaudito, un desvarío sin duda- debe ser muy ominoso para unas personas que sólo piensan en el beneficio «para toda la región», pero es que ahí no queda la cosa.

Además, según le «comentan» a Juan Antonio León Triviño, «estásCospedal, se entiende- tratando de utilizar nuestro proyecto para desprestigiar a la Caja de Castilla-La Mancha y a los socios que participamos en él, marcándote como objetivo poder criticarnos… Para de esta forma buscar cómo responsabilizar a nuestro Presidente regional».

Finalmente, sin lugar a dudas para que Cospedal se entere de hasta qué punto hay gente mala, maledicente, insidiosa y de lengua tan ponzoñosa que de mordérsela caerían fulminados sin remedio, le dice que «no faltan comentarios que tienen que ver con otro tipo de relaciones personales que te afectan con un ex consejero -creo que aquí falta alguna coma o sobra algún anacoluto- de la Corporación de Caja Castilla-La Mancha que fue impuesto por ti en la misma en perjuicio de gentes de nuestra región que podrían haber defendido mejor los intereses de todos».

Domingo Díaz de Mera
Domingo Díaz de Mera

Con estas, Juan Antonio León Triviño acaba rogando a Cospedal que ella y su grupo parlamentario apoyen la modificación de la LOTAU sin la cual el negocio del Aeropuerto de Ciudad Real resultaría imposible, igual que el del aledaño complejo llamado El Reino de Don Quijote, y esto no por ánimo de lucro ni porque Díaz de Mera, León Triviño y sus otros socios pretendan que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha -Gobierno regional, dicho en corto- y el Parlamento de la Comunidad les confeccionen leyes a medida y les aprueben un urbanismo a demanda; sino por «el beneficio de toda la región».

Pues bien, resulta que las buenas intenciones del Sr. León han sido totalmente malinterpretadas por el PP y por María Dolores de Cospedal que, en lugar de tenerlas por lo que son, un afectuoso intento de advertir a Cospedal para que salga al paso de tanto rumor «muy negativo» que le «trasladan» a Juan Antonio León; han creído ver en la carta de éste una insidiosa amenaza, y a causa de ello el Comité de Dirección del PP ha contestado a la carta de marras en estos términos:

«… haciendo referencia a unos supuestos comentarios que, de una manera impropia de una persona seria y responsable y que también reúne en su persona la condición de presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, asegura que le han hecho y que, si no retira usted inmediatamente, deberá demostrar que efectivamente se los han hecho o que pudieran ser ciertos -que no los son, sin duda- delante de un juez.

Le diremos que esté Comité, que representa a más de 50.000 afiliados del Partido Popular de Castilla-La Mancha, jamás cederá a la presión o chantaje de cualquier tipo, venga de quien venga y menos de un individuo que acaba de demostrar su catadura moral con la carta que envía a los medios de comunicación, llena de insinuaciones, amenazas veladas o plena de mentiras burdas, las más de las veces. Así mismo, lamentamos profundamente que el cargo de presidente de la Cámara de Comercio sea detentado por una persona que no hace honor a la institución y que se dedica a hacer política, cuando no otras cosas.

Seguidamente le recordamos que sus amigos del PSOE, entre los que se encuentra «su presidente«, (con quien por cierto esta misma mañana ha estado usted, casualmente, departiendo amigablemente) pueden perfectamente aprobar esa Ley con la mayoría absoluta que le otorgaron las urnas».

Teniendo en cuenta que el Sr. Juan Antonio León Triviño es un hombre muy celoso de su buen nombre y reputación, no parece probable que acepte mansamente que se le llame «individuo», que se ponga en duda su «catadura moral», que se le tilde de «chantajista», propagador de «burdas mentiras», etc. etc.

Mucho me temo que los Tribunales de Toledo van a tener que presenciar en breve una conflagración formidable entre juristas de gran talla… O no, porque después de todo no es lo mismo enfrentarse al aparato jurídico del PP, que querellarse contra el periodista y blogger Carlos Otto Reuss, que fue despedido fulminantemente de «El Día de Ciudad Real», uno de los periódicos de Díaz de Mera, tras cometer la imponderable ofensa de llamarle -a Díaz de Mera, digo- «capo culipardo», lo que le ha valido que tanto éste como León Triviño pretendan presentar contra él sendas querellas por injurias y calumnias.

Por cierto, para entendernos: culipardo -que ya me he ilustrado sobre el término- es a ciudadrealeño, más o menos, lo que bolo a toledano, de forma que «capo culipardo» es algo así como «jefe ciudadrealeño»

Caja Castilla-La Mancha oculta sus activos tóxicos mediante una sociedad sin oficinas ni personal

Artículo de El Mundo
Artículo de El Mundo

Según publica hoy El Mundo, CCM estaría enmascarando su «agujero» cercano, si es que no superior, a los 3.000 Millones de Euros, medio billón de Pts., mediante una sociedad instrumental, sin personal ni oficinas, destinada a adquirir «activos tóxicos» para evitar tener que contabilizarlos en las cuentas de la Caja.

Para Juan Pedro Hernández Moltó y para los «voceros» del Gobierno de Barreda, el desvelamiento de estos datos son parte de una «campaña brutal» contra CCM. También serían parte de esa «brutal campaña» las noticias aparecidas sobre la financiación a dos sociedades del «malayo» Juan Antonio Roca, con 40 Millones de €; la financiación de la compra del Palacio de Saldaña en Madrid, también a Roca; la financiación a Pedro Román Zurdo -teniente de alcalde de Jesús Gil y también detenido e imputado en la Operación Malaya– Y a su socio, que igualmente lo es o ha sido de Roca, Juan María López Alvarez, con 30 Millones de € como crédito hipotecario a dos años sobre una finca de Bargas, Toledo; la participación en LAS LOMAS DEL POZUELO con el detenido e imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira; la participación con un 25% en VILLA ROMANA GOLF, en Carranque, Toledo, cuyo Alcalde, Alejandro Pompa Mingo está imputado, junto al consejero de la mercantil, Jesús María Gallego Peinado -aparejador municipal del Ayuntamiento y amigo íntimo de Pompa– por 9 presuntos delitos cometidos durante la tramitación de ese PAU, etc. etc. porque no termina aquí la lista de las operaciones «dudosas», si es que no simplemente sospechosas, de las que existen datos absolutamente contrastados.

Alejandro Pompa, a la derecha de Tofiño
Alejandro Pompa, a la derecha de Tofiño

Con esto a la vista y con lo que queda por ver, Hernández Moltó, lo que debería hacer en primer lugar, es no confundir su persona con la Entidad a la que ha llevado a una situación de quiebra virtual. En segundo lugar debería explicar quién, si es que él no ha sido, ha hecho que CCM se convierta en el instrumento financiero de una presunta organización de delincuentes, y utilizo la expresión «organización de delincuentes» para referirme a la trama «malaya» porque es así como el Auto de imputación de 18 de julio del 2007 dictado por el Juez Miguel Angel Torres calificó a la urdimbre de sociedades y testaferros de Roca.

Mientras esperamos sentados a que Hernández Moltó conteste a estas cuestiones, no estaría de más preguntarse también si toda esta información no está despertando el interés de la Fiscalía Anticorrupción.

En fin, para amenizar la espera reproduzco a continuación el artículo de El Mundo publicado hoy y firmado por Cristina Caballero y por Carlos Segovia, el cual se puede descargar íntegro desde aquí.

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CCM desvía sus activos «tóxicos» a una sociedad para contener la morosidad

Caja Castilla-La Mancha ha transferido ya 450 millones de euros en créditos dudosos.

Cristina Caballero/Carlos Segovia.

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Juan Antonio Roca

La deteriorada situación financiera de Caja Castilla-La Mancha (CCM) le ha llevado a transferir algunos de sus activos tóxicos -préstamos impagados o dudosos- a una sociedad creada ex profeso con el objetivo de contener su morosidad.

Según ha podido saber este periódico de fuentes internas de la entidad, la sociedad, denominada Midamarta, actúa como un banco malo, es decir, compra a CCM los préstamos impagados y los créditos que antes del vencimiento tengan muchas posibilidades de ser calificados como morosos. La caja se libera así de esos activos y contiene su ratio de morosidad oficial en niveles menos espectaculares.
CCM constituyó Midamarta a finales de diciembre de 2006, y durante los dos últimos años ha estado adquiriendo activos dudosos procedentes de su entidad matriz. Su saldo asciende ya a 450 millones de euros, aunque la actividad de este banco malo se intensificará probablemente este año.

La caja manchega se encuentra en plenas negociaciones con Unicaja para una eventual fusión, y necesita presentarse lo más saneada posible. Hoy está previsto que el consejo de la entidad autorice al presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, a iniciar conversaciones formales con la caja andaluza.
Todas las operaciones que ya están clasificadas como morosas entran en Midamarta, de modo que esos préstamos dudosos desaparecen de la gestión normal de la caja y figuran en esa sociedad. «Cuando llegue el vencimiento del préstamo Dios dirá, pero por ahora la caja se quita el problema de encima», asegura la fuente consultada. A medio plazo, la caja tendría varias opciones: vender la sociedad, forzar la suspensión de pagos o capitalizarla. Un portavoz de CCM admitió a este diario la existencia de esta sociedad y la justificó diciendo que «hay muchos bancos que también lo están haciendo». Fuentes bancarias reconocen que la creación de este tipo de sociedades ha proliferado en los últimos tiempos.

Sin embargo, la peculiaridad de CCM es que la tasa de morosidad de la caja manchega ha crecido peligrosamente durante el último año, hasta situarse en la segunda más alta del sector, por encima del 4,5%. Teniendo en cuenta que hay muchos préstamos impagados en Midamarta que la caja no contabiliza en su estructura convencional, esa tasa podría ser en realidad superior, incluso más del doble, según las fuentes consultadas. El agujero de CCM podría ascender a casi 3.000 millones. La caja tiene unos 1.200 millones declarados como morosidad real. Además, cuenta con cerca de 500 millones comprometidos en operaciones de refinanciación.

«La refinanciación es un malabarismo que los bancos y cajas están haciendo para evitar calificar ese crédito como moroso, pero en su fuero interno saben que hay muchas posibilidades de que la mayoría no salga adelante y se quede finalmente sin pagar», explica una fuente bancaria. Las compañías a las que está refinanciando mayoritariamente la caja son empresas inmobiliarias, que ante la imposibilidad de pagar los créditos, piden tiempo para conseguir más dinero.
Por último, la caja manchega tiene otros 500 millones de euros en préstamos pendientes de vencimiento, la gran mayoría de ellos relacionados con el ladrillo. Sumadas todas estas cifras a los 450 millones de euros en préstamos «dudosos» que ya ha comprado Midamarta, el resultado asciende a 2.650 millones, que sería el agujero que tendrá que afrontar Unicaja si finalmente la fusión sale adelante.

La sociedad de activos tóxicos, que no tiene personal a su cargo ni tampoco oficinas, está presidida por el director general de CCM, Ildefonso Ortega. El consejo de Midamarta sólo lo componen dos personas más. Una es Javier Saiz Alonso, subdirector general de Riesgos de la caja manchega y consejero de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Hernández Moltó sostiene que hay una «brutal campaña» contra CCM injustificada y ha dado garantías a los depositantes.

Expediente a los díscolos del PP

Hernández Moltó y Germán Chamón, consejero de CCM y socio de "Michel" Méndez Pozo
Hernández Moltó y Germán Chamón, consejero de CCM y socio de "Michel" Méndez Pozo

Los dos consejeros ‘díscolos’ propuestos por el PP que se negaron a abandonar el consejo de la caja manchega, desoyendo la petición del Partido Popular, serán expedientados. Así lo acordó ayer el Comité Ejecutivo regional del PP. Germán Chamón y Tomás Martín-Peñato fueron las dos únicas personas, de entre los nueve representantes que el PP tiene en los órganos de gobierno de la caja, que desobedecieron al partido y decidieron continuar en el consejo. El PP quería mostrar su desacuerdo con el proceso de fusión con Unicaja iniciado por la caja manchega «a espaldas del consejo, de los trabajadores y los impositores y en un proceso pilotado desde Ferraz», como denunció la formación política.

En ese sentido, el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Castilla-La Mancha aprobó ayer una resolución en la que pide al presidente regional, José María Barreda, que dé explicaciones en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre su «renuncia» a CCM. «Exigimos a Barreda que no renuncie a la mayor institución financiera regional, y que defienda un instrumento que tan preciso es para nuestra tierra». En el caso de que se produzca «un saneamiento público de CCM» el PP quiere que eso «sirva para que CCM siga en Castilla-La Mancha» y aclara que, si tal situación se produjese, demandará la asunción de responsabilidades «tanto por los gestores como por la entidad tutelante, es decir, el Gobierno regional». Caja Castilla-La Mancha tiene que quedarse en la región «y si se sanea, con más razón», apuntó ayer María Dolores de Cospedal, secretaria general de los ‘populares’.

La caja celebrará mañana un consejo en el que está previsto que se autorice al presidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, a iniciar conversaciones formales con Unicaja. Además, el consejo podría abordar la toma de posesión de Francisco Galán Polo y Emilio Loriente Piqueras como nuevos consejeros de este organismo, en sustitución de Rosa Romero y Emilio Sanz, respectivamente, los dos vocales que presentaron su dimisión la pasada semana.

Críticas desde las filas socialistas

Gaspar Zarrías, vicepresidente de la Junta andaluza, acusó ayer al PP de «intentar torpedear» la fusión entre Unicaja y CCM, una actitud que atribuyó «al grado de desesperación» política en la que se encuentra.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Moreno, indicó que no existen precedentes de una agresión «tan brutal» a una institución financiera.

¿Tiene arte o parte Caja Castilla-La Mancha en el nombramiento de un hombre del “malayo” Ventero como Consejero Delegado de Inmobiliaria Colonial?

José María Barreda y Juan Pedro Hernández Moltó
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Alejandro Pompa oculta información sobre la situación financiera del Ayuntamiento de Carranque, Toledo

Alejandro Pompa, alcalde de Carranque y José Mª Barreda con Tofiño al fondo
Alejandro Pompa, alcalde de Carranque y José Mª Barreda con Tofiño al fondo

ABC

(Descarga del artículo)

TOLEDO. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Carranque, Marco Antonio Caballero, aseguró ayer que el alcalde, el socialista Alejandro Pompa, no permite al secretario-interventor facilitar a la oposición la información financiera sobre el Consistorio que los «populares» solicitaron a principios de esta semana.

El PP pidió datos acerca de las deudas con entidades bancarias y proveedores, además de las fianzas pendientes de devolver. Según los «populares», las deudas con los bancos ascienden a 5,5 millones de euros, mientras que las fianzas pendientes de devolver «ya están gastadas».

El plazo por ley para recibir la información expiró el jueves. Caballero afirmó que si el alcalde no se la da antes del lunes, el PP presentará una denuncia en los juzgados.

Los «populares» ya denunciaron la semana pasada la «caótica situación económica» del Ayuntamiento. El alcalde les llamó «marcianos» y calificó sus comentarios de «tonterías».

La Agencia Fich califica la deuda de CCM como «bono basura» y el Banco de España mantiene a la Caja artificialmente viva

Hernández Moltó junto al consejero tránsfuga Germán Chamón
Hernández Moltó junto al consejero tránsfuga Germán Chamón

Desde luego, parece claro que la situación está acelerándose de tal forma que difícilmente la absorción de CCM por la andaluza UNICAJA podrá ser otra otra cosa que un mero acto formal. No hay tiempo para algo que no sea guardar unas precarias apariencias. Después vendrán los números, la evaluación del «agujero» creado en CCM por la gestión de Hernández Moltó, de Tomás Vidal, de Rodríguez Holgado, etc. etc. Ahora sólo es momento de cambiar el nomen iuris de la entidad, endosársela a los andaluces sin más tardanza y esperar que el dinero público tape las vergüenzas que, de salir a la luz, no es nada improbable que acabaran empujando a más de uno de esos gestores de lo ajeno, tan satisfechos y envanecidos por la contemplación de sus propias prendas, hasta el banquillo de los acusados.

Decía que el colapso de CCM va demasiado deprisa porque ayer la agencia FITCH calificó la deuda de CCM como «bono basura». Concretamente, la Caja pasó de una puntuación BBB+ a BB+, muy por debajo de como se encontraba el BANESTO de Mario Conde cuando fue intervenido.

Hoy, El Confidencial, viene a decir que la Caja de Hernández Moltó está en coma vegetativo y que su vida se mantiene artificialmente gracias a la «ventanilla de urgencia» del Banco de España. De hecho, este mismo diario cita fuentes del Banco de España según las cuales a CCM «se le presta lo imprescindible para seguir operando, teniendo en cuenta el riesgo asumido»

Las mismas fuentes, según El Confidencial, consideran «ridícula» la cifra de 900 o 1.000 millones de Euros que, según noticias aparecidas ayer, estaría exigiendo UNICAJA para poder iniciar la absorción, y no por excesiva, la cifra digo, sino por ínfima: «si esas fueran todas sus necesidades de recursos, CCM no sólo no tendría ninguna crisis, sino que estaría viviendo en el mejor de los mundos».

«La realidad -siguen diciendo las fuentes de El Confidencial- Es que Caja Castilla-La Mancha tendría que haber sido intervenida hace ya tiempo, desde luego nada más conocerse los datos de cierre del ejercicio 2008, porque estaba claro que entonces ya no cubría el coeficiente de solvencia».

Lo indiscutible es que, sin bien se han publicado noticias que aseguraban que Miguel Angel Fernández Ordóñez ya había advertido a CCM que no estaba dispuesto a esperar mucho más; la intervención no se ha producido.

Las razones que está dando la prensa de esto, parecen muy de sentido común. Básicamente se trataría de eludir el escándalo de ver en estos momentos «quebrar» a una entidad financiera ligada al partido del Gobierno y, además, gestionada por un hombre puesto allí por la decisión personal del actual Presidente del Congreso de los Diputados que, por si alguien no capta la indirecta, no es otro que José Bono.

Sin embargo la cuestión puede ser más compleja. La agencia FICH justificaba la devaluación en la calificación de la Caja, por la excesiva exposición al sector inmobiliario, pero CCM no se ha expuesto excesivamente a un indeterminado, general y abstracto «sector inmobiliario», sino a un sector inmobiliario que tiene nombres y apellidos conocidos: Enrique Ventero, Aurelio González Villarejo, Domingo Díaz de Mera, «Michel» Méndez Pozo, Luis Nozaleda, Román Sanahuja, Antonio e Ignacio Barco Fernández, Ricardo Díaz Bermejo y Jesús María Gallego Peinado, Juan Antonio Roca Nicolás, su socio Juan María López Alvarez…

Sabemos que solo tres nombres de la anterior lista: Domingo Díaz de Mera, Barco Fernández y Román Sanahuja ya consumían más del 40% de los recursos propios de la Caja. Sabemos que de los nombres citados, Díaz de Mera, Enrique Ventero, Gallego Peinado, Roca Nicolás y Román Sanahuja tienen procesos abiertos por algún tipo de corrupción política, urbanística o societaria y sabemos, además, que los negocios hechos con Juan Antonio Roca y con Enrique Ventero unen a CCM con el corazón del más escandaloso y sostenido en el tiempo caso de corrupción destapado en España, al menos hasta la Operación Gürtel.

Cuando hablamos de un genérico «sector inmobiliario» Hernández Moltó se nos aparece como uno de tantos gestores incompetentes, al parecer no dotados de órganos para la prudencia. Cuando descendemos hasta lo contingente, la pregunta a la que hay que dar respuesta es si Hernández Moltó y quienes le han colocado donde está y le han sostenido allí, lo que han hecho es convertir a CCM en el instrumento financiero de una organización de delincuentes, en un puchero de libre disposición para los amigos de Presidencia, en una res derelicta de la que cualquiera que pasara cerca podía agarrar cuanto se le antojara o en todo junto a la vez.

¡Ah, pero no! Aquí no pasa nada, Señora Baronesa. Todo esto sólo es una brutal y maledicente campaña de desprestigio y Hernández Moltó jamás ocupará el sitio que una vez ocupó Mariano Rubio.

El «agujero» de Caja Castilla-La Mancha podría ascender a tres mil millones de Euros

José María Barreda y Juan Pedro Hernández Moltó
José María Barreda y Juan Pedro Hernández Moltó

Poco a poco los datos van saliendo a la luz. Según el artículo que publica hoy El Mundo (se puede descargar desde aquí) Los técnicos de UNICAJA, presidida por Braulio Medel y que ha sido elegida para encubrir el fiasco de CCM; estiman que el agujero existente en Caja Castilla-La Mancha oscilaría entre 1.000 y 3.000 millones de Euros, es decir, entre unos ciento setenta mil millones y medio billón de Pts.

En esta situación, la condición de UNICAJA y, por tanto de Chaves y Zarrías, es que el Gobierno central, el Banco de España o los dos juntos, pongan antes de la absorción, al menos los 1.000 millones de € citados. «UNICAJA quiere un saneamiento previo, porque no quiere una operación que pueda contaminar sus cuentas» han manifestados fuentes de la dirección de la Caja andaluza.

Por su parte, el Ministro Solbes, sin fijar ningún compromiso, no descartó la aportación de dinero público para tapar ese agujero. El dinero podría salir también del Fondo de Garantía de Depósitos pero, como igualmente informa El Mundo, la cantidad disponible en el FGD es de 6.000 millones, de forma que tapar el quebranto originado por la dirección de Hernández Moltó en CCM diezmaría, grave o gravísimamente, esa cantidad en un momento en el que están empezando a aflorar los problemas en las entidades financieras, como ha puesto de manifiesto la negativa del SANTANDER a reembolsar, al menos durante los próximos cuatro años, los depósitos hechos en su fondo BANIF INMOBILIARIO; o la puesta a la venta de todas sus oficinas por parte del BBV; y todo esto sin contar con que aún está por llegar el golpe de las «hipotecas basura» españolas, es decir, de los «créditos de promotor» que tan compulsivamente se dieron confiando a ciegas en que con la recalificación de suelos rústicos comprados a precio miserable, el éxito del negocio estaba asegurado.

La situación es grave y alguna responsabilidad, digo yo, que se tendrá que derivar de esto, aunque no sea más que la exigible a «un ordenado comerciante», porque habrá que preguntar dónde está ese medio billón de pesetas y por qué y en función de qué intereses ha ido a parar a donde ahora está.

Pero entre tanto, el mismo artículo de El Mundo da ciertas claves de la forma en que se ha estado actuando en CCM o, mejor dicho, de la forma en que se ha procurado tener calladas las bocas de aquellos que podían haber hablado a tiempo.

Así por ejemplo, hoy se ha conocido la dimisión del consejero de CCM, Ignacio López del Hierro. Este señor, compañero sentimental, según el periódico, de María Dolores de Cospedal, ingresó en el Consejo de la caja en 2007 a instancias de Juan Pedro Hernández Moltó quien lo justificó diciendo que que el Sr. del Hierro «ha desarrollado una larga y destacada carrera profesional en el sector inmobiliario español, como consejero ejecutivo de BAMI y METROVACESA»

Lo cierto es que esa incorporación se produjo después de las últimas elecciones, cuando Cospedal arrancó 100.000 votos a Barreda y, además, fue acompañada del nombramiento de varias personas de confianza de la citada Cospedal.

Más significativa aún es la resistencia a dimitir, siguiendo las directrices de su partido, del consejero Germán Chamón y de algunos otros, cuya filiación no se cita, pero que pertenecerían al grupo de cargos del PP bien asentados antes de la llegada de Cospedal, en definitiva, al grupo de viejos compañeros de fatigas de José Bono.

Digo que esto es más significativo, porque al parecer, Germán Chamón tiene ciertos intereses inmobiliarios en Cuenca directamente ligados al amigo de Barreda, propietario de «La Tribuna» y ex presidiario «Michel» Méndez Pozo.

Cosas así bien podrían dar razón de por qué los consejeros del PP en CCM han tardado tanto en darse cuenta de lo que se estaba cociendo, cuando informaciones más que inquietantes llevan meses en los periódicos. Pero, claro, hay que comprenderlos, Hernández Moltó les había dicho que sólo se trataba de «rumores malintencionados». Sólo le faltó añadir: «propagados por una abominable página de Internet llamada Notitia Criminis».