José Bono brama ante el desmantelamiento de su tinglado manchego

A la misma hora en que José Manuel Tofiñó era desalojado de la alcaldía de Illescas, Bono, viendo impotente el colapso de su régimen en Castilla la Mancha, no ha podido contener al jesuita iracundo que lleva en si.

Refiriéndose a los acontecimientos de Illescas ha declarado a la prensa “que Izquierda Unida va a quedar reducida ‘a lo más sectario del Partido Comunista’ y, además, sin disciplina porque ‘el caso que le hacen a Cayo Lara -ha añadido- es el mismo que hacen en mi pueblo a la Cipriana en los títeres’.

Esto lo dice el individuo de la Hípica Almenara; el de la floreciente red de empresas familiares; el de las obras hechas por El Pocero y pagadas aún no sabe nadie por quién; el del caso Seseña; el de la permuta de los apartamentos de lujo en Estepona; el del fabuloso patrimonio inmobiliario; el que alegremente recibe regalos de su amigo el constructor Rafael Santamaría; el amigo íntimo del detenido en la operación Astapa Antonio Barrientos; el que puso al frente de CCM a Hernández Moltó; el que no ha evitado y quizás haya instigado, el préstamo de más de 200 millones de € a los “malayos” Roca, Pedro Román y Enrique Ventero; el del aeropuerto de Ciudad Real; el del Reino de Don Quijote; el postulante a ingresar en la “Guardia de Franco”; el que besuquea manos de cardenales y obispos cuando le conviene; el…

¿Le duele a Bono la “pinza”? Pues suponiendo que haya “pinza”, que no la hay, deberá saber este Lerroux moderno que puesto que la corrupción es, además de repugnante, una intolerable sobreexplotación del pueblo del que él se alimenta, si fuera necesario, contra ésta, contra la corrupción, no pinzas, sino tenazas se habrán de utilizar.

El Juzgado de Instrucció nº 6 de Toledo investiga a Bono por falsedad contable y delito societario

La noticia ha aparecido en ABC:

El Auto del Juzgado nº 6 de Toledo se puede descargar desde aquí.

Un juez de toledo ha admitido a trámite una querella por delito societario y falseamiento de cuentas anuales contra cuatro administradores de la mercantil Hípica Almenara, de la que el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, es accionista mayoritario. En el auto explica que es necesario abrir una investigación para «verificar» los hechos denunciados, pues «a priori no se puede excluir el carácter delictivo de las conductas atribuidas a los querellados».

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo admite la querella en contra del criterio de la Fiscalía, que rechaza que los hechos sean constitutivos de delito así como que pueda existir un perjuicio para «el interés generál», pues el socio mayoritario de Hípica Almenara (con un 80 por ciento de las acciones) es «una sola persona física». Es decir, José Bono.

En contra del fiscal, el juez asegura que este caso, aparte del perjuicio que el presunto falseamiento de las cuentas haya podido causar a los socios, «atañe a la transparencia que debe imperar en toda sociedad democrática en tanto en cuanto el socio mayoritario de Hípica Almenara es actualmente un alto dignatario de Estado». Esta circunstancia no es «baladí», añade el auto, pues se trata de «la actividad privada de un gestor público».

La Audiencia Nacional investigará los presuntos delitos cometidos por Juan Pedro Hernández Moltó

José Bono muestra su apoyo a Moltó el pasado 16 de octubre

El cerco judicial se estrecha sobre Juan Pedro Hernández Moltó, el que fuera presidente de la quebrada CCM, ahora destituído e investigado por Anticorrupción y por la Audiencia Nacional.

Ha llovido mucho desde que, a finales del 2006, Notitia Criminis empezó a revelar sospechosas vinculaciones entre CCM y determinadas operaciones inmobiliarias –como la del campo de golf de Carranque o la de la finca Alcalvín de Bargas, ambas localidades toledanas– algunas de ellas realizadas en Madrid, Toledo y Murcia por los procesados en la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, Pedro Román o Enrique Ventero.

Los hechos, sin embargo, han comenzado a precipitarse a partir del 8 de septiembre del corriente año cuando el diario “El Mundo” publicó que el Banco de España había remitido un voluminoso informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre los hechos detectados durante la intervención de la Caja.

En dicho informe, al que ha tenido acceso Notitia Criminis –cuya parte filtrada a la prensa se puede descargar desde aquí– aparecen nombres habituales en esta página: Petra Mateos Aparicio-Morales, Domingo Díaz de Mera, Luis Portillo, los hermanos Barco Fernández, Juan María López Alvarez, etc. y además se describe concienzudamente lo que bien podría llamarse “el saco” de CCM consumado durante los meses previos a su intervención por parte del Banco de España.

Posteriormente, el 22 de septiembre apareció la noticia de la apertura de diligencias contra Moltó y otros miembros del Consejo de la difunta Caja por parte de la Fiscalía Anticorrupción; y el día 17 de octubre de este mismo año el diario digital “Noticias de Castilla-La Mancha” informó sobre una reunión de importantes dirigentes del PSOE toledano, encabezados por José Bono, con Hernández Moltó en lo que fue una manifiesta muestra pública de apoyo dada a un hombre al que seguramente se le deba mucho y que, sin duda, también sabe mucho.

En la mencionada reunión Bono fue sorprendido, como se puede apreciar en la fotografía que acompaña a este artículo, saludando efusivamente a Moltó, pero el próspero Presidente del Congreso de los Diputados y atinado empresario hípico, no fue el único asistente. Otros personajes cuyos nombres no sorprenderán a quien haya seguido las informaciones publicadas aquí, acompañaron ese día Moltó. Tal es el caso de José Manuel Tofiño, presidente de la Diputación Provincial de Toledo y alcalde de Illescas, Emiliano García Paje, actual alcalde de Toledo y eterno delfín de Bono, o Antonio Guijarro, diputado regional y secretario general del PSOE de Toledo.

No obstante, este despliegue de públicas amistades no ha impedido que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 asuma la competencia para investigar los posibles delitos cometidos por Moltó y otros consejeros y directivos de la quebrada Caja Castilla-La Mancha.

Según el Auto dictado por el Juez Pablo Ruz, los 7.100 Millones de € que ha necesitado CCM para paliar los efectos de su quiebra “evidencia de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”, razón por la cual se deducen suficientes indicios como para investigar presuntos delitos defraudatorios cometidos contra una “generalidad de personas” afectadas por el perjuicio patrimonial y que serían “los depositantes y acreedores” de la Caja.

Sigue, pues, de esta manera, desvelándose lenta pero inevitablemente, la verdad de lo ocurrido en Castilla-La Mancha, primero bajo el cetro de José Bono y ahora bajo el de José María Barreda.

La Gaceta vincula a Bono con una mansión en Somosaguas y un piso de lujo en Rosales

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En la memorable fecha del 13 de abril de 2010, con número de registro 201000008899 tenía entrada en la Fiscalía General del Estado una denuncia de José Bono contra el grupo Intereconomía.

En el párrafo segundo del escrito el de Salobre informa al Fiscal que “no es la primera vez que el Grupo Intereconomía ha iniciado campañas difamatorias contra su persona. Por poner sólo un ejemplo, baste citar la Revista EPOCA de fecha 2004-09-24. en la que decían: ‘Bono RicachónEl Ministro de Defensa se ha comprado un piso de 300 metros cuadrados en Pintor Rosales… más de un millón de pesetas el metro cuadrado… Pagará más de tres millones de euros…’

Luego continuaba: “Ni el dicente (dígase Bono) ni ningún miembro de su familia cercana o lejana jamás han sido propietarios o arrendatarios de un piso en el mencionado Paseo de Rosales”.

Bono no mentía si nos atenemos a los datos públicos. Sin embargo, el tracto registral de la vivienda en cuestión, situada en el número 38 del Pº Pintror Rosales de Madrid es, cuando menos, singular y si no nos creemos sin más las protestas de aquilatada honradez de quienes manejan el poder y los presupuestos públicos, sospechoso.

La información la daba el 26 de abril de este año El Extraconfidencial y hoy la repite, con más detalle, La Gaceta. La vivienda de Rosales fue adquirida en 2004, pocas semanas después de que Bono llegara a Defensa, por la mercantil SADEPROM, propiedad de Aurelio González Villarejo, conocido por formar parte de la dotación de presa que acompañó a Luis Portillo en su abordaje de Inmobiliaria Colonial, por ser el constructor del chalet de Bargas puesto a nombre de una de las sociedades de los Bono, por su actividad inmobiliaria en Bargas y en Carranque, por ser uno de los principales deudores de la quebrada CCM, y por el uso habitual de botines de tacón cubano que le elevan varios centímetros sobre el suelo.

En octubre de 2005, González Villarejo, a través de SADEPRON, vendió esa misma vivienda a la mercantil INDO MA RENTA, controlada por otro príncipe manchego, Domingo Díaz de Mera, hombre que ha recibido especial atención en el informe que el Banco de España ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción al hilo de los presuntos delitos cometidos por Juan Pedro Hernández Moltó y otros directivos de CCM. Finalmente, la vivienda ha acabado escriturada a nombre de la señora esposa de Domingo Díaz de Mera, Inmaculada Lamarca Maján.

Nada pues, relaciona a Bono con esa vivienda salvo las informaciones aparecidas sobre las declaraciones del portero de la finca y de distintos vecinos que, según la prensa, veían a Bono ocupándose habitualmente de las obras de reforma y de la decoración de la casa.

Sin embargo, hoy La Gaceta añade un nuevo dato especialmente significativo: “La Comisaría General de Seguridad Ciudadana realizó el informe de seguridad de la calle donde se ubica, ante la llegada de José Bono y de su familia como nuevos inquilinos de la casa de Pintor Rosales. Lo hizo a instancias del Ministerio del Interior, una vez que Defensa comunicó la intención de José Bono de trasladarse”.

En consecuencia, de confirmarse estos datos, los reiterados indicios que vinculan a Bono con la vivienda de Pintor Rosales adquieren una nueva dimensión, porque en tan temprana fecha como 2004, los Bono ya disponían de no menos de 3 millones de € para adquirir el inmueble y eso, teniendo en cuenta las declaraciones de bienes rentas y patrimonio que constan, era mucho dinero.

No menos significativo que la disponibilidad de esa cantidad de efectivo en fecha tan temprana es la presencia de los dos constructores áulicos más destacados de la región que fue gobernada por Bono hasta el 2004. Ambos, Aurelio González Villarejo y Domingo Díaz de Mera parecen cumplir siempre con la condición de satélites en órbita al rededor del complejo de poder formado por Bono y Barreda y su brillo sólo lo empaña la preeminencia del otro constructor de probada prodigalidad en lo que a los Bono se refiere: Rafael Santamaría.

A propósito de Santamaría, mayor importancia que lo anterior puede tener las informaciones relativas a una mansión de 5.000 metros cuadrados situada en Somosaguas, que aún constando en los Registros a nombre de una de las sociedades de éste, era reformada y decorada bajo la estrecha supervisión y órdenes directas, siempre según el diario citado, del actual presidente del Congreso de los Diputados.

Digo que mayor importancia tiene esto, porque la situación deja pocas alternativas: o Bono trabaja como decorador e interiorista de sus poderosos amigos o la mansión en conflicto le pertenecía, le iba a pertenecer o le pertenece, razón por la cual estaba en condiciones de realizar actos dispositivos sobre la ella.

El contrato de fiducia se remonta hasta el Derecho romano, pero por Dios que desde entonces ha tapado cosas y cosas habrá de tapar que harían hablar a las piedras.

El Extraconfidencial: “Bono defraudó casi 25.000 euros en impuestos por las obras de Hípica Almenara”

Solicitud de licencia de obras para Hípica Almenara

El Extraconfidencial publica hoy la noticia que se reproduce a continuación. Los documentos, a los que ha tenido acceso Notitia Criminis, parecen dejar poco lugar a las dudas y salvo que el “entorno de Bono” o el propio Bono presenten prueba documental de la existencia de autoliquidaciones complementarias que desmientan el fraude denunciado por el Extraconfidencial, el hecho resulta claramente definidor de lo que ha sido el bonismo en Castilla-La Mancha.

Como detalle a tener en cuenta, la solicitud de obras está firmada por Francisco Javier Montalvo, hombre que además de aparecer como administrador en varias de las mercantiles que componen el complejo empresarial de los Bono, ya se publicó que aparece ligado a los negocios de otro amigo de la familia: Rafael Santamaría Trigo, presidente de Reyal-Urbis.

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Al Presidente del Congreso se le perdieron por el camino 20.806,44 euros que dejó de abonar en concepto de impuestos

El Ayuntamiento de Toledo tendría que haber percibido 25.061,44, euros por lo que dejó de ingresar 24.848,69 euros

Ha saltado a la luz pública casi cada detalle de las famosas obras que el constructor Francisco Hernando, alias El Pocero, realizó para la hípica de José Bono, Presidente del Congreso. Sin embargo, existe un detalle, que, aunque menor, no deja de ser un auténtico escándalo de cara a los contribuyentes y a la situación de sequía económica que viven actualmente Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Casi 25.000 euros dejó de pagar Bono al Ayuntamiento de Toledo en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y tasas por licencia urbanística.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, el Presidente del Congreso, solicitó al Ayuntamiento de Toledo una licencia menor para “instalar gradas prefabricadas, asfaltar el aparcamiento y vallado de madera”. El coste de esas obras, que pagaron los patrocinadores de Hípica Almenara y que ejecutó El Pocero, fue declarado por la sociedad en 29.960,45 euros y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), a facturar por el consistorio ascendió a 1.093,56 euros. Hasta ahí todo correcto. El problema es que esos datos no eran del todo ciertos.

Una jugada maestra

La multitud de noticias que ha provocado la relación, ahora inexistente, entre Bono y El Pocero, ha supuesto también una fuente de información. Gracias a ello, toda España sabe que las obras de la famosa Hípica rondaron los 600.000 euros y, por tanto, el impuesto que Bono tendría que haber abonado al Consistorio, ascendería a 21.900 euros, el 3,65 por ciento del importe total. Es decir, al ex presidente de Castilla La Mancha se le perdieron por el camino 20.806,44 euros que dejó abonar en concepto de impuestos.

La licencia fue emitida en febrero de 2004, por tanto, el posible delito de defraudación ya está prescrito. Sin embargo, según las fuentes consultadas por este periódico, podría haber sido detectado y evitado por el Ayuntamiento si el Ayuntamiento hubiese realizado una inspección de las obras que se estaban realizando. Todos los constructores de la zona consultados aseguran que el presupuesto que se declaró “era imposible ante la transformación que sufrió la Hípica”. Por otro lado, si las auténticas cantidades se hubiesen dado a conocer con anterioridad el Consistorio podría haber solicitado otra autoliquidación e imponer una sanción a la compañía. Pero nada de eso sucedió.

Todo un ejemplo

A la cantidad ya analizada, hay que añadir la tasa por licencia urbanística. Según consta en la solicitud de la licencia, la tasa se calculaba en 2004 en función del número de veces que la cantidad de 6.010,12 euros se encontraba en el presupuesto total y el resultado se multiplicaba por 42,55 euros. Por los 29.960,45 euros que se declararon en el Ayuntamiento de Toledo como “coste estimado de las obras”, Hípica Almenara abonó 212,75 euros en concepto de “tasa por licencia urbanística”; sin embargo, por los 600.000 euros que Bono aseguró que habían costado las obras, se tendrían que haber pagado 4.255 euros. En este caso, por el camino se quedaron 4.042,25 que el Presidente del Congreso dejó de abonar.

Por lo tanto, la cuantía total que, tanto por tasas como por ICIO, tendría que haber sido satisfecha al Consistorio suma 25.061,44 euros. Si a esta cantidad le restamos lo que realmente fue entregado al Ayuntamiento, éste dejó de percibir casi 25.000 euros, concretamente, 24.848,69 euros. Y aunque se trate de una cantidad pequeña, lo cierto es que con la situación actual de asfixia financiera que sufren los Ayuntamientos, en la que cualquier cantidad es bienvenida para invertir en servicios públicos, sienta mal que la posición de un ciudadano -en aquellas fechas Bono era presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha-, sirva para ir, poco a poco, disminuyendo las arcas públicas. Todo un ejemplo.

El Banco de España denuncia a Hernández Moltó ante la Fiscalía

Molstó y Barreda

La institución que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez aprecia indicios de delito en la actuación de Juan Pedro Hernánde Moltó al frente de CCM y trasladará a la Fiscalía el tanto de culpa. La noticia la hace pública hoy El Mundo.

Lo que, en atención al contenido del Pliego de Cargos redactado por el Banco de España, parecía inevitable o, al menos, legalmente exigible, se ha producido, pero 16 meses después de aquella intervención. Esto no es cosa vana puesto que en ese casi año y medio los presuntos responsables de los delitos detectados han contado con un tiempo inestimable para alterar pruebas, para difuminarlas o para dificultar en extremo la investigación judicial. A pesar de ello, el material recopilado por los Inspectores y el aportado por investigaciones periodísticas no deja de ser abrumador.

Al hilo de esto, hay que recordar que el 24 de octubre de 2008, bastante antes de la intervención, El Confidencial publicó un artículo titulado “Los Agujeros de Caja Castilla la Mancha”. Ahí se decía lo siguiente:

“Entre sus actuaciones –las de CCM– se incluyen el aeropuerto de Ciudad Real, necesitado de socios financieros a una semana de su inauguración, a proyectos inmobiliarios con conocidos imputados en operaciones contra la corrupción como Malaya”.

A esas afirmaciones, “un portavoz de la entidad”, contestó diciendo: “Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocidaNadie de esta casa está imputadoSomos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”.

Ese “portavoz” también recordará –permítaseme la pedantería– un comentario hecho ese día a la periodista que le había telefoneado: eso son calumnias esparcidas por un blog, pero “ya le hemos denunciado”.

Pues bien, señor “Portavoz” de la ahora desaparecida CCM, hasta aquí hemos llegado y ya veremos hasta dónde llegamos en el futuro.

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Caso del Pocero: “O grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos” por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha

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La información que publica hoy El Mundo –que se puede descargar íntegramente pulsando sobre la imagen– hace entrar el caso del Pocero de Seseña en un nuevo estado, cualitativamente distinto y de alcance aún difícil de calcular.

El citado periódico desvela un “informe confidencial” fechado el 11 de mayo de 2007 y remitido por la Intervención General del Estado a la teniente fiscal Belén González Patín, quien actúa ahora como acusación pública contra José Luis Martín, alcalde de Seseña durante la aprobación del PAU del Pocero.

Para la Intervención General del Estado, la actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sólo puede explicarse como “grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos” y eso sitúa al que entonces era Consejero del ramo, Alejandro Gil al borde del precipicio y a punto de dar un gran paso al frente; pero no sólo a Gil, sino también a quienes, por encima de él presidían el Gobierno regional del que formaba parte: José Bono y José María Barreda sucesivamente.

Únase a esta información, un presunto miembro de la mafia calabresa –Giovanni Piero Montaldo– detenido durante la operación Malaya y también imputado en la operación Astapa, pagando al ex alcalde José Luis Martín 700.000 € por razones que todavía se desconocen.

Únase a ambas cosas, que ese presunto mafioso actuaba en Marbella como apoderado de APEX 2000 (Iberdrola Inmobiliaria) en cuyo consejo de administración aparece Rafael Santamaría Trigo, gran amigo de Bono y benefactor, según las últimas informaciones de prensa, de aquél y su familia con diversas dádivas de muy considerable cuantía.

Añádase que el mismo Rafael Santamaría compartió sociedad (Royal Mediterránea) con con el abogado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas.

Finalmente, téngase muy presente el artículo que Enrique Gimbernat –un penalista sobresaliente y, sin duda, un sabio de rango europeo en materia de dogmática penal– publica hoy, también, en El Mundo, sobre el cohecho impropio.

El Tribunal de Cuentas desmonta la estrategia de Bono y Barreda en el caso del Pocero

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Hace ya tiempo que la estrategia seguida por el PSOE toledano en el caso del Pocero pasó del manifiesto apoyo a un aparente repudio.

En 2004 la Ejecutiva Federal del PSOE, para entendernos, Ferráz, no Toledo, forzó la disolución de la agrupación socialista de Seseña, a todas luces ya entonces, demasiado sospechosa.

En noviembre de 2007 Hernández Moltó, refiriéndose a la retirada del crédito que CCM venía proveyendo al Pocero, hizo unas notablemente indiscretas declaraciones recogidas por el diario Las Provincias: “el que la hace que la pague y que la pague rápido y suficientemente. Considera que al negocio no le van bien los exhibicionistas, la ostentación es un mal aliado del empresario”.

Esto no siempre ha sido así. En julio de 2006, apenas unas horas antes de que se hiciera pública que la Fiscalía Anticorrupción abría diligencias de investigación sobre el asunto del Pocero, Barreda aseguró en rueda de prensa que El Quiñón era “transparente, legal e impecable”.

Ahora, en 2010 parece que ya no está dispuesto a repetir esas declaraciones, pero hay un incidente en la ya larga historia del PAU del Pocero que hace sospechar seriamente sobre la sinceridad de Barreda en aquel momento.

Según describen detalladamente Alejandra Ramón y Ruth Ugalde en “El Pocero de Seseña”, corriendo el otoño de 2003, con el ahora imputado José Luis Martín de alcalde, “Ante la gravedad de los acontecimientos IU decidió convocar un pleno para solicitar una fiscalización de las cuentas del consistorio desde el año 1990. El grupo municipal del PSOE… votó a favor, mientras que el PP se abstuvo. La decisión socialista sorprendió a todos los presentes y entre los militantes de IU empezaron a temer que los socialistas hubiesen actuado así porque tenían la seguridad de que la Junta rechazaría la petición. Y los malos augurios se cumplieron. Pasados unos meses, el síndico de cuentas de Castilla-La Mancha dio carpetazo al asunto tras alegar que “no ve ningún ningún motivo para realizar la fiscalización”.

Siete años después, el Tribunal de Cuentas, una de las pocas instituciones españolas en las que aún se puede confiar, desmiente al Síndico de CASTILLA-LA MANCHA, desmiente a Barreda e, igualmente, desmiente a Bono, todos los cuales han insistido e insisten en la absoluta legalidad de la tramitación del PAU del Pocero o, en todo caso, en la absoluta legalidad de su propia actuación.

Pero, además, ese mismo informe, que pone de manifiesto la evidente omisión de las obligaciones de inspección y control que la Ley imponía a los gobiernos de Bono y Barreda y que, dependiendo de hasta dónde lleguen las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas, bien podría hacer entrar en juego al artículo 11 del Código Penal; desmiente la fatigosa estrategia defensiva de José Bono, él sí, incansable a la hora de denunciar la “campaña de difamación de que es víctima”.

Si alguien difama a Bono, son los hechos y lo malo para él, es que son sus hechos y los hechos de su sucesor, Barreda. En fin, léase con atención el artículo que publica hoy Carlos Segovia en El Mundo. Se puede descargar pulsando sobre la imagen.

El Ayuntamiento de Toledo recalifica la hípica de Bono y le genera más de 17 millones de euros en plusvalías

Hay hombres encadenados a la calamidad. Bono es uno de ellos pues está visto que no puede evitar que Fortuna, imperatrix mundi, ampute sus pretensiones de alcanzar la presidencia del Gobierno de España, mediante un constante y sostenido diluvio de millones de Euros.

La última noticia apareció ayer en El Munto Televisión. El Ayuntamiento de Toledo, hoy presidido por Emiliano García Paje, criado a los pechos de Bono y del que éste ha dicho que es “como un hijo”, ha aprobado una ampliación del polígono industrial de Benquerencia, en Toledo, que absorbe los terrenos de Hípica Almenara. Esta recalificación proporcionará a Bono, según los precios manejados por la Empresa Regional del Suelo y la Vivienda, unas plusvalías no inferiores a 17.000.000 de €.

Es cierto que la iniciativa de la recalificación de suelos no ha partido de Emiliano García, sino que fue solicitada en 2004 por la Cámara de Comercio de Toledo, cuando al frente del Ayuntamiento de la ciudad se encontraba José Manuel Molina, militante del PP, pero eso no disminuye las dudas que se ciernen sobre la operación, sino que las acrecienta.

La Cámara de Comercio de Toledo está presidida por Fernando Jerez Alonso, propietario de numerosas empresas ―que, por cierto, están pisando peligrosamente, el borde de la quiebra― unido a Bono por una notoria y manifiesta amistad, tan notoria y manifiesta como la que une al propio Bono con José Manuel Molina.

Una de las ocasiones donde más a la vista ciencia y paciencia del público se hizo alarde de esta relación fue el 17 de octubre de 2009. Ese día, la hija de José Manuel Molina se casó en el monasterio de San Juan de los Reyes, sitio que iba a ser la tumba toledana de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Allí estaban Bono acompañado de su próspera esposa y de la nieta de Romanones; el destituido muñidor de la quiebra de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó; el propio Emiliano García Paje; el presidente de la Cámara de Comercio, Fernando Jerez Alonso; y como no podía ser de otra manera, también, Rafael Santamaría.

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La implicación de Fernando Jerez con empresas de la trama Gürtel

Pero, al margen de celebraciones, hay otro hecho más significativo. El 4 de enero de 2006, el diario Cinco Días titulaba: “Toledo asiste a un polémico concurso de 238 millones para la gestión del agua”. Horas antes de que el Ayuntamiento de Toledo hiciera pública cuál de las licitadoras había resultado adjudicataria de esa contrata, este periódico informaba que varios de los licitadores había elevado alegaciones al Ayuntamiento ante “la impresión” de que la concesión fuera a parar a la UTE formada por GRAVESA, propiedad de Fernando Jerez, y por FACSA.

Según esas alegaciones, las empresas que se preveían ganadoras carecían de la solvencia y experiencia exigidas por el pliego de condiciones y, además, su oferta presumía un crecimiento del consumo en la ciudad del 6% que, de no cumplirse, repercutiría el lucro cesante de la UTE Gravesa-Facsa, en el Ayuntamiento.

Ni que decir tiene que la concesión, con o sin alegaciones, recayó en esa misma Unión Temporal de Empresas y que la previsión del aumento de consumo ha resultado “erronea”, produciéndose, no su aumento, sino su descenso en un 0,1%.

Ahora se sabe que FACSA es una de las empresas valencianas directamente implicadas en la trama Gürtel. FACSA aparece entre los clientes de EASY CONCEPT y simultáneamente llegó a pagar a ORANGE MARKET hasta 200.000 € por conceptos que aún están por determinar. En sentido contrario FACSA facturó a la Generalitat valenciana más de 13 millones de €.

De modo que lo que tenemos aquí es una concesión del Ayuntamiento de Toledo presidido por José Manuel Molina, sospechosa desde antes de que se hiciera pública su resolución, que recae en una UTE formada por la empresa de un amigo personal del tal Molina, Fernando JerezGRAVESA― y por otra sociedad ―FACSA― que ha resultado estar implicada en la trama de corrupción y blanqueo de capitales de Francisco Correa.

También tenemos que José Bono, hasta el 2004 presidente de Castilla-La Mancha y aún hoy, presidente del PSOE de esa misma región ―a más de persona que mantiene estrecha relación tanto con José Manuel Molina como con Fernando Jerez― se beneficia de una recalificación, pedida a Molina por el mencionado Jerez; que le reportará, como mínimo, unas ganancias de no menos de 17 millones de Euros.

Y por si esto no fuera suficiente para empañar el escenario, como ya puse de manifiesto aquí y como ha subrayado el reportaje de El Munto Televisión, Fernando Jerez Alonso, también es uno de los patrocinadores, a través de su empresa CERATRES, de la hípica de Bono, la cual en lugar de denominarse Almenara, debería llamarse “Midas”, tan grandes y desorbitados son los beneficios que arroja.

Horas después de que se levantara el secreto del sumario del caso Gürtel, Jesús Gregorio Fernández Vaquero, tan hombre fuerte del bonismo toledano, como personaje incontinente en sus declaraciones, no se pudo contener y dijo que “ocho folios del sumario Gürtel se han escrito en Castilla-La Mancha”.

Alguien, más astuto y enterado que él, se debió apresurar a cerrarle la boca con una orden tajante porque esos ocho folios eran los relativos a FACSA y, por tanto, llevaban implícitos los nombres de José Manuel Molina, de Fernando Jerez Alonso y, por sindéresis, también el de José Bono.

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Algunos asistentes a la boda de la hija de José Manuel Molina, ex alcalde de Toledo

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Una de las empresas patrocinadoras que pagaron las obras del Pocero en la hípica de Bono está vinculada a la trama vasco-malaya

Bono hablando con alguien

Mientras IU se niega a participar en los actos del día de Castilla-La Mancha, denunciando la impostura del plan de austeridad de Barreda y el fraude intolerable que supone la ley electoral de la región ―véase aquí la nota de Luís Ángel Aguilar Montero, coordinador de IU de Albacete― la situación de José Bono se está volviendo cada día más explosiva.

El pasado miércoles 19, La Gaceta confirmaba que una de las compañía patrocinadoras que pagaron las obras hechas por El Pocero en Hípica Almenara ―el próspero negocio de venta de publicidad que poseen los Bono― fue Hoteles Beatriz, precisamente la propietaria del Cigarral del Santo Angel Custodio, donde se celebró la boda de la hija de Bono.

El jueves siguiente, El País, en un artículo firmado por José María Irujo ―se puede descargar íntegro pulsando sobre la imagen― desveló gran parte del misterio que se viene arrastrando desde el 2004, cuando IU hizo público el vídeo de las máquinas de Francisco HernandoEl Pocero” trabajando en la hípica de Bono.

Seis años después de aquella denuncia y, sin duda, forzado por las informaciones que desde hace semanas estrechan el círculo en torno al predestinado calvinista de Salobre, Bono ha aceptado que aquellos trabajos, valorados por él mismo en 600.000 € corrieron a cargo de Hoteles Beatriz, Porcelanosa, Seguros Pelayo y en la parte restante, de la propia Hípica Almenara.

A modo de excusatio el presidente del Congreso y antes de Castilla-La Mancha, asegura que esos patrocinadores no los buscó él, «los buscó una empresa que se dedica a eso» pero se guarda de dar el nombre de la entidad que se «dedica a eso».

Por otro lado, en lo que parece un intento de desvincularse del Pocero, asegura que «estos patrocinadores pidieron autorización a la hípica y contrataron directamente las obras para colocar su publicidad» cosa que contradice la propia información del artículo en el que textualmente se lee: «Los contratos se firmaron entre la empresa de El Pocero y tres patrocinadores: Porcelanosa, Seguros Pelayo y Hoteles Beatriz. Un cuarto contrato se firmó con la propia hípica», lo cual quiere decir que si las demás empresas contrataron directamente con El Pocero, también, directamente, contrató con éste el propio Bono.

Por su lado, el Pocero o portavoces del Pocero, aseguran que hizo las obras «en el complejo de Bono porque se lo pidieron» aunque nos dejaba sin saber, todavía, quién se lo pidió; ignorancia a la que hay que añadir la de la identidad de todos los patrocinadores que le pagaron: «Un portavoz de ONDE 2000 ha declinado facilitar quiénes fueron los patrocinadores que les pagaron las obras».

Esa ignorancia ha durado poco y al día siguiente, viernes, La Gaceta volvió a desmentir a Bono citando a un portavoz de la constructora del Pocero: «fue la administración de Hípica Almenara la que llamó a nuestra empresa para averiguar si éramos capaces de llevar a cabo una serie de trabajos en su recinto».

Un mal día este viernes 21 de mayo para el próspero empresario seguidor de «La Etica Protestante y el Espíritu del Capitalismo», porque a eso se han añadido otras dos informaciones de hechos graves.

Según El Confidencial, «El Pocero presumió de haber regalado un Porsche de 80.000 € a la mujer de Bono» y aunque Paco Hernando ha desmentido tajantemente tal cosa, como no podía ser de otra manera, la Sra Bono sí se pasea por Olías del Rey y por otros sitios en un llamativo Porsche Cayenne. Pero es que, el mismo digital asegura que «fue el presidente del Congreso quien persiguió con ahínco la relación con Hernando ―El Pocero― para lo que pidió ayuda a otros empresarios, especialmente a Justino Pérez Rodríguez, director general de Beatriz Hoteles».

Teniendo en cuenta que esa noticia había sido precedida por otras dos según las cuales «el constructor Santamaría también regaló a Bono caballos para su hípica» y, a su vez «Bono compró un caballo con billetes de 500 € envueltos en periódicos», lo dicho por El Confidencial sobre el Porsche de la Sra. Bono plantea una curiosa situación.

Resulta que el consejero delegado de El Confidencial, José Antonio Sánchez, hombre estrechamente ligado a Zaplana, ―cuya amistad con Bono es tan íntima, si no más, como la que éste mantiene con Santamaría― a su vez tiene en Alfonso Sánchez a su más estrecho colaborador y da la casualidad de que este segundo Sánchez fue el predecesor de Urdaci junto al Pocero; de manera que, o entre estos caballeros ha llegado el momento de ajustar cuentas o el propio Paco Hernando está molesto porque quienes tanto le prometieron ahora dicen que no le conocen.

Pero como no hay dos sin tres, para acabar de picar el vino, Periodista Digital publicó el mismo 21 de mayo que «José Bono disfrutó de un crucero de lujo ―en el Queen Mary II― que pagó Porcelanosa», la cual como desveló El País, pechó con una buena porción de las obras del hipódromo de Bono.

Seguros Pelayo y la Trama Vasco-Malaya.

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Pero volvamos a la lista de contribuyentes destapada por El País. Aunque ésta no sea completa, entre ellos destaca llamativamente Seguros Pelayo. El día 17 de julio de 2006, El Confidencial publicó un artículo titulado «La trama vasca de Marbella está relacionada con el socio de Corulla tiroteado en Madrid». El titular se refería a Severino Martínez Izquierdo y en el artículo se leía lo siguiente:

«Se cierra el círculo. El abogado Severino Martínez Izquierdo, socio de Montserrat Corulla ―la presunta testaferro de Juan Antonio Roca― en la inmobiliaria El Ángel de Tepa, es consejero de la Mutua de Seguros Pelayo, que a su vez ha tenido relaciones mercantiles con uno de los socios de la trama vasca de empresarios que opera en algunas provincias andaluzas, Murcia y Madrid.

En concreto, el empresario Ignacio Lasa Georgas fue liquidador en 2002, junto al presidente de Pelayo, José Boada, de la sociedad inmobiliaria Mupelsa, creada por la aseguradora en 1999. Lasa Georgas ha sido apoderado de una sociedad ya disuelta denominada Promociones de Edificaciones Industriales, en la que también actuaban como presidente y vicepresidente, respectivamente, los empresarios Luis Maya Galarraga y Francisco Javier Arteche Tarascón, cuyos nombres aparecen en la famosa agenda del ex gerente del Ayuntamiento de Marbella.

Maya y Arteche son los administradores de las sociedades mercantiles Lubide e Inversan, además de la empresa Yeregui, que promueve al 50% (con la Kutxa de San Sebastián) el polémico proyecto urbanístico Lo Poyo, situado en tierras de Cartagena (Murcia). Lubide es la sociedad que pagaba las facturas de Masdevallia, cuya gerente era Monserrat Corulla, la presunta testaferro de Roca, que permanece internada en la prisión de Alhaurin (Málaga) tras la primera redada de la Operación Malaya».

Sobre quiénes son los Lasa Georgas, la noble plutocracia con la que se relacionan y las operaciones en las que aparecen implicados, ya he citado aquí dos artículos imprescindibles de Ciudadanos de Espartinas: La Nephila Vasca I y II. Además, y al hilo de la reciente imputación de Javier Arteche y de Luis Portillo en una derivada del caso Malaya, en el mismo blog se ha vuelto publicar más información vital sobre los socios vascos de Roca: «Malaya, Rossell, Portillo, Arteche y el Armario de la Trama Vasca». Remito, encarecidamente, a esos textos y los doy por reproducidos aquí.

No obstante, sí hay que subrayar que la Trama Vasca, a través de PROINSA (Promoción de Edificaciones Industriales, SA) está implicada en el caso del Hotel Senator de Marbella, el cual tras varias operaciones en las que intervinieron dos notarios imputados en las operaciones contra el blanqueo de capitales Hidalgo y Ballena Blanca, acabó en manos de Luis Portillo, factotum de la quiebra de Colonial y socio, en esta última hazaña y en algunas otras, de Aurelio González Villarejo, uno de los concesionarios PAU de veinte mil viviendas en Illescas (Toledo), y de los PAUs de Las Montanillas en Carranque, también Toledo, y el mismo que vendió a una de las sociedades de los Bono el chalet de la urbanización El Vergel de Bargas, en esa misma localidad toledana.

Tampoco hay que olvidar que Luis Portillo estaba igualmente asociado al «malayo» Enrique Ventero y a CCM en Los Alcázares (Murcia) cosa que sigue incidiendo en la vinculación, tanto de Portillo como de la CCM de Hernández Moltó, al entramado de la operación Malaya.

La Trama Vasca y el campo de golf de Layos (Toledo)

Publicidad de Iberdrola en la hípica de Bono

Como ya informé aquí hace algún tiempo, el arquitecto que firmó el proyecto del campo de golf de Carranque (Toledo) está asociado en el negocio del campo de golf de Layos ―LAYOS CASA CAMPO, SA― a Javier Arteche Tarascón y a Luis María Maya Galarraga, ambos hilos principales de la telaraña vasco-malaya.

Pese a lo suculento de la información, hasta la fecha ningún medio de comunicación ha fijado su mirada en este hecho. La razón parece evidente. Ese arquitecto es Miguel de Oriol e Icaza, consejero de la mercantil LAYOS CASA CAMPO, presidida por su padre, Miguel de Oriol e Ybarra, primo de Lucas María de Oriol y López Montenegro, hombre que hasta su reciente jubilación ha presidido el consejo de IBERDROLA, propiedad desde antaño de la familia Oriol.

Iberdrola es una de las compañías que mayor presencia tienen en las vallas publicitarias de la hípica de Bono y, por lo tanto, una de las que más han debido de contribuir a la insólita prosperidad de ese negocio, pero además la mercantil LAYOS CASA CAMPO, es decir, el negocio inmobiliario de Miguel de Oriol y de Javier Arteche, no deja de estar directamente vinculado con las élites del bonismo manchego, especialmente a través de Juan Ignacio de Mesa Ruiz, ex alcalde de Toledo y hombre de CCM que en julio de 2004 fue nombrado presidente del Club de Layos y encargado de las relaciones entre los socios del campo de golf y la empresa de Oriol; y de Julio Rodríguez Arauzo, ex delegado provincial en Toledo de la Consejería de Obras Públicas del gobierno manchego y que después de pasar por la constructora COPCISA, reapareció en el centro de los negocios toledanos de la Trama Vasca como apoderado de LC RES, como apoderado de LAS ERAS DE LAYOS y como apoderado de LAYOS CASA CAMPO.

Por otro lado, hay que recordar que Iberdrola también es la empresa que, en su filial IBERDROLA INMOBILIARIA (APEX 2000) tiene o tenía como apoderados a Giovanni Piero Montaldo y a Rafael Santamaría Trigo, y que si este último se ha mostrado extravagantemente generoso con Bono, que se regala en no poca medida con el dinero de Santamaría y de sus empresas; el primero ha aparecido de lleno en el caso Seseña.

Giovanni Piero Montaldo, que consta en los archivos policiales como miembro de la mafia calabresa (‘Ndrangheta) no sólo pagó 700.000 € al ex alcalde de Seseña José Luis Martín, no se sabe por qué, ni por cuenta de quién; sino que una de las sociedades controlada o participada por él: PONTE TRESA, comparte contable con el tinglado mercantil creado por ese mismo José Luis Martín.

El nombre de esa sociedad tiene su importancia. Ponte Tresa es una localidad situada en la frontera italo-suiza cercana a Varese y a unos 100 Km en línea recta de Pinerolo, cuna de Giovanni Piero Montaldo. En esta zona de Lombardía ―veáse ‘Ndrangheta, de Francesco Forgione― opera la ‘ndrina de los Ferrazo, originaria de Mesoraca (Crotone) a la cual una sentencia del Juzgado Penal de Catanzaro de 24 de marzo de 2004, define como «Sociedad de la ‘Ndrangheta calabresa, compuesta por gran número de afiliados y con sede en Mesoraca; suele interferir en las obras públicas que se llevan a cabo en las zonas limítrofes y posee ramificaciones dedicadas al crimen (atracos, tráfico de armas y de droga) en Lombardía y Lavena Ponte Tresa, así como en otros municipios de la frontera italo-suiza y en la propia Suiza».

Miguel de Oriol e Ybarra, Carlos Falcó Fernández de Córdoba, la fundación Metrópoli y la piovra vasco-malaya.

Constanza Vergara Jaakkola y Vicente Estebaranz Parra

La sección vasca del caso Malaya no está, ni mucho menos, falta de cobertura institucional y política cuando actúa en Castilla-La Mancha. Vamos a ver algunas de esas vías de infiltración.

El 12 de junio del 2009, El Mundo publicaba un artículo sobre cierto proyecto con el que se pretendía ajardinar la Gran Vía de Madrid y construir debajo unas 3.000 plazas de aparcamiento que se querían vender a unos 6.000 € la unidad. La idea estaba promovida, sine pecunia, por Miguel de Oriol e Ybarra y por «algunos amigos» como Carlos Falcó Fernández de Córdoba, marqués de Griñón; el periodista ―o lo que sea― Alfredo Amestoy o el músico Atón García Abril.

Carlos Falcó no solamente cría vinos con la ayuda del capital de CCM. También se sienta en el consejo de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN junto a Petra Mateos Aparicio, Ignacio de Mesa Ruiz, Cristian Abelló Gamazo, Manuel Sánchez Pingarrón ―hermano de Julián, el actual Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha―, José Luis Rodríguez Holgado, el del campo de golf de Carranque, etc. etc. Bien, pues retengamos el apellido Falcó, porque vamos a dar comienzo a un recorrido circular fatigoso pero interesante.

Como ya ha señalado Ciudadanos de Espartianas, en la Avda de la Libertad, 17, 4º de San Sebastián estuvo domiciliada la mercantil YEREGUI DESARROLLOS, uno de los cados de la trama vasco-malaya, que además tenía registrado a su nombre el piso de la C/ Goya, nº 59, 4º B, según el Auto de procesamiento de la Operación Malaya, la guarida madrileña de Juan Antonio Roca. En ese mismo número 17, 4º de la Avda de la Libertad de San Sebastián, también tuvieron su domicilio CIALT ASESORES ―antes ALT NORTE― y ASMOA ZERO.

La mercantil CIALT tuvo como administrador a Jesús Jiménez Oruña que ahora la sigue presidiendo pero a través de persona jurídica interpuesta: IGARA CONSULTING SL, en la que, por cierto, hasta el 8 de junio del 2004 figuraba, con cargo de apoderado, José Victor Arrizabalaga Goñi, una pieza reiterada en la telaraña empresarial vasco-malaya. Así, por ejemplo, el tal Arrizabalaga aparece en los consejos de LAYOS CASA CAMPO, LC RES, CIALT ASESORES, LA MARINA DE PROINSA, BURNIBERRI, YEREGUI SIGLO XXI, OBARINSA, PROINSA DESARROLLO SIGLO XXI o LAS ERAS DE LAYOS.

Pero volviendo a Jiménez Oruña, hay que subrayar que además de estar implicado en el caso «Víctor Bravo», figuraba como administrador único de PROMONAGÜELES junto a los testaferros de Roca, los hermanos Sánchez Dalp, cosa que alimenta los indicios de que la enmarañada organización de Arteche y los otros está sólidamente anudada a la de Roca, aunque lo que debería decirse es que Roca es uno de los hilos de esa trama, porque lo pequeño, por definición, sólo puede estar incluido en lo grande.

Por su parte, ASMOA ZERO ―no olvidemos que compartía domicilio con YEREGUI DESARROLLOS y con CIALT ASESORES― pertenece a un viejo conocido de Notitia Criminis: Alfonso Vegara Gómez, socio de Petra Mateos en Aranjuez y patrono junto a su mujer, Ana Celia Gorroño Arrizabalaga ―diputada del PNV por Vizcaya hasta 1986― de la Fundación Metrópoli.

En esa fundación, junto a Alfonso Vegara y a Ana Gorroño, encontramos otro nombre de interés: Vicente Estebaranz Parra. El 27 de Enero del 2009 el diario expansión publicó que este último y Constanza Vergara Jaakkola habían sido nombrados socios del bufete de José Pedro Pérez-Llorca.

Constanza Vergara casó el 24 de mayo del 2003 con Luis Carvajal Hoyos, hijo Jaime Carvajal y Urquijo, marqués de Isasi y presidente del consejo del Banco Urquijo, otro de cuyos hijos, Jaime Carvajal Hoyos está casado, a su vez, con Alejandra Falcó y Girod, hija de Carlos Falcó y Fernández de Córdoba, marqués de Griñón, administrador de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN y presente en los consejos de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, participada por el gobierno de Barreda y por CCM y presidida por Petra Mateos; TRANVÍA DE PARLA, dos de cuyos directivos fueron detenidos durante la operación Malaya; ISOLUX, condimento de todas las salsas en Aranjuez; EL REINO DE DON QUIJOTE, anexo inmobiliario del aeropuerto de Ciudad Real y con participación de todos los empresarios áulicos de la corte de Barreda: Domingo Díaz de Mera, Aurelio González Villarejo y Antonio Miguel Méndez Pozo; o de INMOBILIARIA PARQUESOL.

En el caso de PARQUESOL hay que detenerse. Uno de sus consejeros es José María Irisarri Núñez, el cual comparte vocalía en la fundación CODESPA con Antonio Camuñas Baena y con Manuel Pinto Martelo, pieza clave de los casos Forum y Afinsa a través de GRUPO UNIDO DE PROYECTOS Y OPERACIONES, a su vez relacionado con el prófugo Carlos Llorca, uno de los más turbios y siniestros personajes de las tramas de corrupción españolas.

Al ocuparme aquí de las vinculaciones entre la constructora PEYBER, concesionaria del PAU del campo de golf de Carranque, y la familia Amézaga-Travesedo, ya puse de manifiesto las relaciones entre los hermanos Adrián y Alfonso de la Joya Ruiz de Velasco, por un lado, y Eduardo Eraso Campuzano, blanqueador de la trama Gürtel; y la familia Camuñas, por otro; pero para lo que ahora interesa, repetiré que si en CODESPA aparecen Antonio Camuñas Baena junto a Manuel Pinto Martelo; en la fundación ANTONIO CAMUÑAS, cuyo presidente es Antonio Camuñas Solís, nos encontramos a José Mª Aguirre González y a Miguel de Oriol e Ybarra, ambos vocales de la fundación. ¿Extrañará en estas circunstancias que uno de los patrocinadores de la fundación Camuñas sea REYAL-URBIS cuyo presidente, Rafael Santamaría, cultiva con tanta largueza la amistad de Bono?

Inmobiliaria RIOFISA, el punto de encuentro entre la piovra vasco-malaya, Luis Portillo, la fundación Metrópoli y el caso Pretoria

Eduardo Aznar Berruezo

Pero volvamos a la fundación Metrópoli, en donde paran Alfonso Vegara y Vicente Estebaranz Parra, el nexo con Constanza Vergara Jaakkola y los Falcó y Fernández de Córdoba.

En Murcia hay una vasta finca a la que la Kutxa, Roca y Arteche y sus socios han hecho famosa: La Zerrichera. En ese proyecto ―construcción de 3.000 viviendas, hotel de lujo y el ineludible campo de golf― participaba la Kutxa, los vasco-malayos, la promotora C-15, Mogran Stanley y RIOFISA.

En julio del 2006 RIOFISA, presidida por Mario Losantos Ucha, lanzó una oferta pública de acciones y como consejeros entonces de la constructora nos encontramos entre otros a Eduardo Aznar Berruezo, representado a PROCAM, la inmobiliaria de Caixa Catalunya que todavía preside el ex ministro de defensa Nacis Serra, y a Alfonso Vegara Gómez. Finalmente RIOFISA acabó en manos ―parece que el destino nos condena a encontrarnos continuamente con los mismos― de Luis Portillo, que la compró a través de COLONIAL.

Sin embargo, ahora lo importante es que a través de Eduardo Aznar Berruezo y Caixa Catalunya toda esta madeja va a dar en el centro del caso Pretoria, sin olvidarnos del caso Terres Cavades, el mayor escándalo de corrupción de la provincia de Tarragona hasta la fecha.

El 4 de noviembre del 2009, El Mundo publicó la siguiente noticia: «Caixa Catalunya pagó 1.5 millones de comisión a Prenafeta, Alavedra y “Luigi”», es decir, a los tres principales imputados del caso Pretoria.

Esa comisión, que se repartieron los citados Prenafeta, Alavedra y Luis García Sáez “Luigi”, era el 5% del precio de venta de la mercantil BADALONA BUILDING WATERFRONT, vendida por Caja Navarra en representación de la cual figuraba Francisco Pretrus Labayen, uno de los hermanos Pretrus que han dado nombre a la operación anticorrupción y que ya estuvo imputado en el caso BBV PRIVANZA. Cuando esa venta se consumó, en el consejo de la citada BADALONA etc. aparecieron Lluís Casamitjana, otro de los detenidos durante la operación Pretoria, y Eduardo Aznar Berruezo.

No es necesario recordar que Arteche Tarascón y sus socios también estuvieron implicados en el caso BBV PRIVANZA. Para los detalles sobre esto, nuevamente, hay que remitir a Ciudadanos de Espartinas: «Los Tentáculos de la Trama Vasca I».

Recapitulando

Carlos Falcó Fernández de Córdoba

Hemos partido de la presencia de SEGUROS PELAYO como patrocinador de la hípica de Bono, donde pagó parte de las obras que el Pocero hizo allí y hemos visto la que aseguradora estuvo estrechamente asociada a la llamada trama vasco-malaya a través de Javier Arteche Tarascón, de Luis María Maya Gallarraga y del fideicomisario del «malayo» Pedro Román, Severino Martínez Izquierdo.

Por otra parte, sabemos que la piovra de Arteche y sus demás socios ha arraigado en Toledo cobijada bajo la influyente sombra de Miguel de Oriol e Ybarra; de un ex delegado de urbanismo del gobierno manchego: Julio Rodríguez Arauzo; y de uno de los consejeros de CCM CORPORACIÓN: Carlos Falcó y Fernández de Córdoba.

Otra de las vías de infiltración de la Trama Vasca en el tejido político e institucional toledano ha sido la fundación Metrópoli, de Alfonso Vegara Gómez. En esa fundación está Vicente Estebaranz Parra que, a su vez, es socio en el bufete de José Pedro Pérez-Llorca, de Constanza Vergara Jaakkola, cuñada de la hija del citado Carlos Falcó, el cual es uno de los consejeros de INMOBILIARIA PARQUESOL.

Partiendo de PARQUESOL, los hilos de José María Irisarri Núñez y de las fundaciones CODESPA y ANTONIO CAMUÑAS, en la que volvemos a encontrar a Miguel de Oriol y a Rafael Santamaría, conducen hasta el caso Fórum, hasta Carlos Llorca y hasta el caso de La Zerrichera (Murcia) y con La Zerrichera el círculo se cierra a la par que se encadena con otra de las tramas de corrupción más importantes descubiertas hasta la fecha: El caso Pretoria.

En el negocio de La Zerrichera participaron la Kutxa, la Trama Vasca y también la inmobiliaria RIOFISA, que acabó en manos de Luis Portillo, ahora imputado junto a Javier Arteche en uno de los apéndices del caso Malaya.

Finalmente, desde RIOFISA, a través de Eduardo Aznar Berruezo y de Caixa Catalunya, presidida por Narcis Serra, vamos a meternos, de hoz y coz, en el centro de la trama del caso Pretoria, descubierto a partir de las investigaciones iniciadas en el caso BBV PRIVANZA, en el que también apareció implicada la flor y nata de la trama vasco-malaya.

Inquietante ¿no?.

Bono utilizó a la secretaria pagada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como administradora de sus empresas privadas

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El nombre de Alicia Cilleruelo Berdon, secretaria asignada por el Gobierno manchego a José Bono en tanto que ex presidente de la región, ya ha salido a relucir últimamente, sin embargo, lo que parece que ha pasado desapercibido es que esta secretaria, además de cumplir con sus obligaciones de funcionaria pública adscrita a la condición institucional de Bono y pagada con los presupuestos de la Comunidad de Castilla-La Mancha, también ha sido utilizada por éste para administrar sus lucrativos negocios familiares.

De hecho, la presencia de la funcionaria Alicia Cilleruelo consta en los consejos de administración de las siguientes empresas de los Bono:

Hípica Almenara: Su nombramiento como administradora solidaria junto a Ramón Navas Barchino, chófer del de Salobre cuando éste presidía Castilla-La Mancha, está registrado el 20 de diciembre de 2007 y su cese en el cargo se produjo el 18 de mayo de 2009.

Attack-84: En esta empresa, a nombre de la cual los Bono han puesto el chalet construido y vendido por Aurelio González Villarejo –amigo de la familia– en Bargas (Toledo), Alicia Cilleruelo aparece como administradora desde el 12 de noviembre de 2008 hasta el 4 de septiembre de 2009.

Atalaya-52: En esta otra mercantil de los Bono dedicada, según el objeto social declarado, a la “elaboración, publicación y comercialización de trabajos literarios, colaboración con radio, televisión y prensa escrita en todas sus modalidades”, y que ahora tiene como administrador único a un hombre tan manifiestamente entendido en tales materias como es el ex chófer Ramón Navas Barchino; la secretaria institucional de Bono tuvo el cargo de administradora desde el 31 de marzo de 2008 y el 18 de mayo de 2009.

Pero además de lo anterior y puesto que la señorita Cilleruelo ostenta su condición de funcionaria en tanto que cargo de confianza de José Bono –tan de confianza que en las elecciones municipales de 2003 estaba incluida como suplente en la lista del PSOE de Palomeque (Toledo)– está obligada a presentar declaraciones de bienes, rentas y actividades conforme a la ley 6/94 de Castilla-La Mancha.

Debido a eso, el 7 de noviembre de 2004 el Diario Oficial de la Comunidad publicó la citada declaración correspondiente al ejercicio 2003. En ella, Alicia Cilleruelo afirmó cobrar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como “secretaria de ex presidente”, un total neto de 27.175 € (4.521.539 de Pts.).

A partir de 2004, Bono abandonó la presidencia regional para ocupar la titularidad del Ministerio de Defensa pero Alicia Cilleruelo Berdon continuó desempeñando el cargo público de secretaria de aquél y cobrando a costa de los presupuestos de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, en cumplimiento de la obligación legal que le afecta, también continuó presentando las oportunas declaraciones de bienes, rentas y actividades.

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Así, en la publicada en el D.O.C.M de 11 de octubre de 2008, relativa al ejercicio 2007, la “secretaria del ex presidente” declaró, como única fuente de ingresos, una retribución de 30.466 € pagados por la Junta de Comunidades.

Sorprendentemente, a pesar de que desde el 20 de diciembre de 2007 consta como administradora de Hípica Almenara, el apartado de “Declaración de Actividades”, está en blanco. No obstante, teniendo en cuenta que a esas fechas sólo faltaban diez días para que concluyera el año 2007, podría considerarse que la omisión del cargo desempeñado en la empresa hípica de Bono carece de relevancia y que, muy bien, la señorita Cilleruelo podría haber cumplimentado el impreso antes de tener noticia de su nombramiento como administradora de Hípica Almenara.

Sin embargo, en la declaración que presentó en 2009, correspondiente al ejercicio 2008 y publicada en el D.O.C.M de 21 de noviembre del mismo año, la secretaria del ex presidente vuelve a incluir, como única retribución neta, 33.118 € –casi tres mil € más que en el año anterior– que le paga la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero también vuelve a dejar completamente en blanco el apartado de “Declaración de Actividades”, a pesar de que durante ese año había ocupado cargos en los órganos de administración de Hípica Almenara, Attack-84 y Atalaya-52, todas ellas sociedades de la familia Bono.

No queda aquí la cosa. La señorita Cilleruelo no sólo omitió declarar su actividad en las empresas privadas de los Bono, sino también, la retribución que, muy probablemente, obtuvo de esta actividad porque al menos durante el ejercicio 2008 Hípica Almenara sí pagó a los miembros de su órgano de administración.

Concretamente, en la “Memoria Abreviada” de esa mercantil constan como “importes recibidos por el órgano de administración”, en el apartado “sueldos, dietas y otras remuneraciones”, un total de 22.521.19 € sobre lo que, además, se especifica que “La remuneración consiste en percepciones salariales por motivos laborales. El cargo de administrador no se encuentra retribuido”.

Queda ahora por determinar si la secretaria del ex presidente Bono, además de compatibilizar su función pública con su actividad gestora de los intereses privados de la familia Bono, también utilizaba para ello los bienes inmuebles y muebles que la Junta de Comunidades tiene asignados a José Bono en Olías del Rey, en el recinto de la academia de policía municipal, donde se sitúa la oficina del próspero ex presidente.

Público: «Bono niega trato de favor en la permuta de Estepona. El constructor Rafael Santamaría le dio dos áticos de lujo a cambio de un piso de 25 años»

La ahora quebrada CCM, patrocinando la hípica de Bono en 2008

“El presidente del Congreso, José Bono, admite que su familia acumula un patrimonio inmobiliario superior a 6,5 millones de euros, pero subraya que el origen del dinero “está perfectamente acreditado”.

Así comienza el artículo del Diario Público aparecido hoy y firmado por Manuel Rico y Alicia Gutiérrez. Contando exclusivamente lo declarado por Bono a El Mundo, a El País y a Público, esta sería la tercera versión que el de Salobre da sobre su patrimonio, el cual, en cada una de ellas ha ido aumentando.

Pongamos dos ejemplos. En el Mundo, las “fuentes cercanas a bono” –pero que según “fuentes cercanas” a ese periódico, no eran otras que el propio Bono– afirmaron que la familia tenía un ático en Estepona y la intención de comprar un apartamento en Campello. Semanas después, cuando la información publicada ya había contradicho tales declaraciones, El País, que sí cita a Bono y no a las “fuentes cercanas”, acepta que los apartamentos de Estepona son dos y que el apartamento del Campello ya estaba comprado.

Sea como sea, Bono asegura haberse “desnudado” como ningún otro político lo ha hecho hasta ahora. Falso. Bono no ha hecho tal cosa, no se ha “desnudado”, le han “desnudado”, muy a su pesar a juzgar por la desgana y retraso con el que se ha visto obligado a ir reconociendo públicamente ser propietario de lo que es propietario, él o su familia, que viene a ser lo mismo.

Asegura haber aclarado nítidamente el origen de su patrimonio, pero eso tampoco es cierto. Bono ha situado el origen de ese patrimonio en las ganancias asombrosas de dos sociedades y en un contrato no menos asombroso que la firma Tous ha suscrito con su señora esposa. Nadie ha visto esas facturas. Nadie ha visto el contrato entre Tous y Ana Rodríguez Mosquera. Nadie, salvo los protagonistas, claro está, conoce cuanto y por qué le han pagado los patrocinadores de Hípica Almenara, entre los que está –al menos ocasionalmente– la quebrada Caja Castilla-La Mancha, cuando estaba presidida por su íntimo Hernández Moltó. Lo que sí hemos podido ver son los documentos que acreditan los abultados regalos recibidos de manos del constructor Rafael Santamaría, con unos cuantos millones de metros cuadrados recalificados en Castilla-La Mancha; y lo que también se sabe es que, si asombrosas son las ganancias de las empresas de Bono, no menos asombrosas son las bicocas que encuentra a la hora de comprar inmuebles. El piso de la calle San Justo de Madrid, por poner un ejemplo, le costó, según él dice, 450.000 €, la mitad siendo generosos con él, de lo que las estadísticas oficiales marcan para el precio de la vivienda en esa zona.

Sin embargo, si algo de lo dicho por Bono sume en la más paralizante perplejidad, es su convencida afirmación de que la permuta del piso de Mirasierra por los dos áticos de Estepona no le favoreció. Al respecto, léase el artículo aparecido hoy en Público y júzguese, si es que la devotio ibérica lo permite:

A. G. / M. R. MADRID 11/05/2010 06:00 Actualizado: 11/05/2010 06:12

Una parte significativa de las operaciones inmobiliarias de la familia Bono se ha canalizado a través de tres sociedades: Hípica Almenara, Ahorros Familiares Saja y Attack 84, esta última creada en 2008 por los hermanos José y Ana Bono. Apenas constituirse, Attack compró el chalet adquirido en Bargas (Toledo) para José Bono hijo, quien a su vez trabaja como encargado de Hípica Almenara. Esta empresa, que en 2008 anotó 316.100 euros de beneficio neto, no ha repartido nunca dividendos. Ahorros Familiares Saja los distribuyó (456.000 euros) en 2008 por primera vez.

Almenara es la propietaria de los valiosos terrenos de la explotación equina. Y, también, del nuevo apartamento comprado por la familia en El Campello (Alicante). Pero es Saja, gestora de las franquicias de Tous obtenidas por Ana Rodríguez, la gran protagonista de una operación clave: la adquisición, mediante permuta con la inmobiliaria Reyal, de dos áticos localizados en una urbanización de lujo de Estepona (Málaga). El intercambio se produjo en julio de 2006, tres meses después de que Bono cesara como ministro de Defensa. Los Bono se hicieron con los áticos permutándolos por un piso de más de 25 años situado en la colonia madrileña de Mirasierra. La permuta de productos finales constituye una figura extraña en el mercado inmobiliario, máxime en tiempos de bonanza, como lo era todavía 2006.

Otras tasaciones en el mismo complejo difieren bastante de la de Bono

La propietaria de los áticos era la empresa inmobiliaria Reyal, propiedad de Rafael Santamaría, amigo de Bono y cuya esposa amadrinó a la benjamina de la familia, Sofía. A efectos de permuta, el piso de Mirasierra y su correspondiente plaza de garaje se valoraron en 925.000 euros. El piso tiene 137 metros cuadrados , se ubica en un edificio de viviendas y fue aportado en 2004 a Ahorros Familiares Saja por el matrimonio Bono.

Para la permuta, Reyal aplicó la misma valoración, 925.000 euros, a los dos áticos, cuya superficie techada suma 267 metros cuadrados y que otorgan a su propietario el uso y disfrute exclusivo de los siguientes bienes: dos plazas de garaje de 26 y 28 metros, dos azoteas-solarium de 32 y 146 metros y otras tres terrazas de 20, 71 y 2,6 metros.

Tasación en la escritura

Cedió en 2006 un crédito a su hija Ana por importe de 342.000 euros

Bono afirma que la tasación de los dos lotes sujetos a intercambio se incorporó a la escritura de permuta y niega cualquier trato de favor. La comparación con los precios de otros inmuebles de la zona es, sin embargo, llamativa. Reyal valoró en 395.900 euros el ático de menor tamaño (114 metros de superficie techada). Una nota registral recabada por Público confirma que otro ático de idénticas dimensiones (114 metros de superficie techada) y encuadrado en el mismo complejo, Las Náyades, se valoró en 566.864 euros cuando su propietario lo hipotecó en diciembre de 2005.

Sin bienes en común

Hasta el año 2006, Ahorros Familiares Saja ostentó la titularidad de todos los bienes adquiridos por José Bono y Ana Rodríguez (salvo los que él heredó a la muerte de sus padres). El 14 de abril de 2004, pocos días antes de que Bono jurase como ministro de Defensa, el matrimonio pasó a estar en régimen de separación de bienes. Y dos años más tarde, en febrero de 2006, la pareja decidió repartirse los bienes para no tener ninguno en común. Para ello, Saja reestructuró su accionariado, del que salió Bono.

A cambio de las acciones de la empresa, el entonces ministro de Defensa recuperó para sí la propiedad exclusiva de la casa de Olías (Toledo) y se hizo acreedor de Saja, que pasó a adeudarle 342.000 euros. Bono cedió el crédito a su hija Ana. Y, en febrero de 2009, Saja liquidó con ella la deuda entregándole la propiedad de un piso en Toledo y de otro en Madrid.

En cifras: Un salto espectacular a partir de 2003

2,7 millones Declaraciones a hacienda

Los ingresos totales declarados a Hacienda por José Bono y Ana Rodríguez, entre 1983 y 2008, ascienden a 2,7 millones de euros. Pero en los últimos cinco años se multiplicaron de forma significativa, especialmente porque Ana Rodríguez empieza a ingresar sueldos de seis cifras gracias a la gestión de las tiendas de Tous. Con el cambio de milenio, los Bono también pusieron en marcha sus dos empresas, montadas en 2001 y 2004.

2,5 millones Empresas muy rentables

Las dos sociedades de los Bono, Hípica Almenara y Ahorros Familiares Saja, han generado importantes ganancias. Ambas tuvieron pérdidas moderadas en su primer ejercicio, pero desde entonces acumulan más de 2,5 millones de euros en beneficios. Eso sí, han sido muy prudentes a la hora de repartir dividendos. Únicamente Saja, en 2008, entregó a sus accionistas algo más de 450.000 euros.

2,2 millones Carga hipotecaria

Los Bono tienen deudas hipotecarias que superan los dos millones de euros. Una pesada carga que les obliga a pagar miles de euros en intereses mensuales.

El “entorno de Bono” admite las dádivas de Santamaría y la información de Público y la Gaceta

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Mientras ayer, Gaspar Llamazares, como persona que tiene la maleta hecha hace tiempo, se situaba de lleno bajo la sombra de Bono; Cayo Lara, Coordinador Federal de Izquierda Unida, declaró que éste tiene que dar “las explicaciones suficientes” sobre su patrimonio porque, a su juicio, uno como el de Bono no se consigue “únicamente con salarios”. Por su parte, Manuel Rico, subdirector de Público, exige hoy que Bono de explicaciones y se deje de “poesía”.

No es para menos. Patético está empezando ya a resultar el affaire Bono. También ayer este hombre, se ve que después de recuperar el resuello tras el artículo de Público, abordó a los periodistas en el Congreso para decirles: “no sé por qué van contra mí… Tengo 60 años. Mi patrimonio político es la honradez y el económico, lo sabe todo el mundo”. Previamente, en entrevista dada a El Mundo el 18 de abril de este año, Bono aseguró que su patrimonio era el siguiente:

Bono: «Es cierto y se lo repito: tengo la casa en la que nací y 2,5 hectáreas, herencia de mis padres; la casa en la que vivo y 80 participaciones en la sociedad hípica»

Entrevistador: «Y qué propiedades raíces tiene la hípica»

Bono: «17 hectáreas en Toledo y un apartamento de 75 m2 en Alicante. No le dé más vueltas. Vivo con Ana, tengo separación absoluta de bienes, y ella tiene su propia empresa de la que yo no formo parte…».

En esa entrevista Bono, que como he dicho, aparenta tener hechos de bolo, pero no lo es, omitió hablar de las propiedades de su mujer e hijos y de las empresas controladas por ellos, escudándose en el velo societario para no mentir, pues es cierto que el resto del patrimonio familiar, conocido hasta la fecha, está escriturado a nombre de sociedades, de los hijos o de la esposa.

También evitó explicar porqué había asegurado que tenía intención de comprar el apartamento de Alicante, cuando tal apartamento ya era de su propiedad. Tampoco explicó por qué las “fuentes cercanas” que informaron a El Mundo sobre la documentación que aquel aportó a la Fiscalía, hablaron de “un apartamento en Estepona”, cuando el Registro de la Propiedad acredita que son dos y no uno. Tampoco se le ocurrió advertir que su amigo Rafael Santamaría le había hecho, a él o a su familia, sustanciosos regalos para la decoración de sus casas y, por supuesto, no dio ningún dato sobre la naturaleza de la permuta o de los bienes permutados cuando su familia adquirió los dos áticos de Estepona.

Bono no mentía en esa entrevista a El Mundo porque, acogiéndose a la disolución formal de la sociedad conyugal de gananciales, a la personalidad jurídica de las empresas familiares y a la física de sus hijos, ciertamente lo que estaba escriturado a su nombre era lo que él decía, al margen de que pueda o no surgir algún que otro ático, finca, local, cortijo o garaje que no conste en los Registros por estar estipulada su compraventa en contrato privado y no en escritura pública.

No obstante, la estrategia del de Salobre la ha desbaratado Público. Mientras en Shanghai, Bono andaba con la agudeza de las avispas y los frutos, en Madrid se valoraba, prudentemente a la baja, el patrimonio de los Bono en mil millones de Pts. acumulado, en su mayor parte, entre 2004 y 2010; se confirmaba, por la propia “decoradora” que el amigo Rafael Santamaría había corrido con los gastos de la decoración de la casa de Salobre y de las habitaciones de la de Olías; y se hacía público que la familia Bono había cambiado a ese mismo Santamaría dos áticos de lujo en Estepona, por una vivienda en una zona media de Madrid, con una antigüedad de 25 años y, además, con inquilino incluido.

Hoy, otra vez, “fuentes cercanas al entorno de Bono” –que no el propio Bonohan recurrido a El Mundo para dar respuesta a lo que ya empieza a no necesitar ninguna explicación más. Según este diario, dichas “fuentes”, aseguran que “el presidente del Congreso nunca ha ordenado ni facilitado adjudicaciones a Reyal-Urbis”. “Sí admite el entorno de Bono varios de los obsequios que le hizo Santamaría, pero, según la versión de estas fuentes, siempre respondieron exclusivamente a la amistad que les une y, en ningún caso a cambio de contratos con la Junta de Castilla-La Mancha”. “Reconocen que el constructor pagó la decoración de la habitación de la hija de Bono en su casa en Olías del Rey (Toledo), pero señalan que lo hizo porque la esposa de Santamaría es la madrina de la niña”.

Continúa “el entorno de Bono” por boca de El Mundo, diciendo que “igualmente, el entorno del presidente del Congreso admite que Santamaría le envió mobiliario para decorar la casa de Bono en Salobre, pero asegura que los muebles nunca llegaron a utilizarse. A Bono le gustaron, pero a su mujer, Ana Rodríguez, no, así que los devolvieron”

No es esto todo. El campanazo llega con las explicaciones que “el entorno de Bono” da sobre la permuta de los áticos de Estepona, que ya se admite que son dos y no uno: “En cuanto a la permuta de un piso en Madrid por dos áticos en Estepona que supuestamente valían casi el doble, las fuentes consultadas aseguran que lo adquirido en la localidad malagueña tienen un valor mucho menor, porque la mayoría de las viviendas de la promoción fueron vendidas finalmente a precios irrisorios”.

Admito que esta última simpleza del “entorno de Bono” supone una explicación contundente, definitiva y que cierra todas las dudas que puedan existir sobre los motivos por los que REYAL-URBIS se encuentra en estos momentos intervenida de facto por los bancos acreedores, tras renegociar a la desesperada una deuda de más de 4.580 Millones de Euros, para entendernos, bastante más de setecientos mil millones de Pesetas, algo demasiado próximo al millón de millones.

No obstante, vamos prosperando. Ya parece que “el entorno de Bono” no pone en duda que Rafael Santamaría mantiene con el ex presidente de Castilla-La Mancha una estrechísima amistad; que Bono y su familia reciben generosas dádivas de ese Santamaría; que sí eran dos y no uno, los áticos permutados en Estepona; y que tras esa permuta, que según documentación registral es de duros por pesetas, no hay nada sospechoso porque los apartamentos de “Las Náyades” acabaron sufriendo posteriormente el fiasco del gremio inmobiliario.

Me temo que el atento lector, a estas alturas, estará pensando que “el entorno de Bono”, no solamente tiene hechos de bolo, sino que lo es y que por tales nos toma a los demás.

Diario Público: Los Bono acumulan un patrimonio inmobiliario de mil millones de pesetas

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El diario Público ha salido hoy con un excelente y quirúrgico artículo sobre el patrimonio de la familia Bono. Según se deduce de esa información, José Bono y su familia inmediata acumulan bienes inmuebles valorados en no menos de 6.000.000 de €, unos mil millones de Pts.

El artículo no entra en polémicas sobre la valoración de lo descubierto hasta ahora, es más, no sólo lo calcula a la baja, sino que incluso acepta que la vivienda de la C/ San Justo de Madrid, cercana al Palacio Real, haya valido 450.000 €, como ha declarado Bono, si bien advierte lo evidente: “salvo que el inmueble esté destrozado, es imposible comprar en esa zona a dicho precio. Según el portal inmobiliario Idealista, el metro cuadrado en el centro de Madrid cuesta 4.090 €”, lo que teniendo en cuenta que esa vivienda tiene 160 m2 de cabida, arrojaría un más que prudente predio de 662.580 €.

Pero la importancia de la información aparecida hoy en Público no radica en esto, que ya había sido desvelado en gran parte por La Gaceta, sino en los datos que el diario destapa sobre nuevos inmuebles descubiertos en manos de las hijas mayores de Bono, Ana y Amelia; y sobre la permuta con REYAL-URBIS que permitió a la mercantil AHORROS FAMILIARES SAJA, administrada por Ana Rodríguez Mosquera, la esposa de Bono, hacerse con la propiedad de dos áticos de lujo en Estepona.

Amelia Bono Rodríguez escrituró en 2005 a su nombre una vivienda de “130 m2 más azotea de uso propio de 34 m2 y dos plazas de garaje” en la lujosa urbanización Montepardo de Madrid. Cuando la hija de Bono registró esa propiedad tenía 24 años. Al año siguiente, su hermana Ana, también escrituró al suyo otro piso en Madrid y en 2009 esta misma Ana Bono liquidó acciones de la mercantil SAJA y a cambio recibió una nueva vivienda, contigua a la anterior, más plaza de garaje, que la empresa SAJA valoró en 171.399 € (28.517.879 Pts).

En definitiva y según toda la información publicada hasta el momento, la acumulación patrimonial de los Bono se aceleró a partir del año 2000 disparándose exponencialmente, ya sin recato, a partir del año 2004, cuando Bono abandonó la presidencia de Castilla-La Mancha para ocupar el ministerio de Defensa.

Pero, como he dicho, el dato más inquietante de los aparecidos hoy, y de consecuencias jurídicas y personales para los Bono difíciles de predecir, es el de la permuta realizada con REYAL-URBIS, propiedad del amigo de la familia, Rafael Santamaría.

Público titula el epígrafe sobre este hecho como “sorprendente operación”. Es cierto, la operación es tan sorprendente como sospechosa:

“La operación inmobiliaria más inusual realizada por los Bono se cerró en julio de 2006. ese mes, la promotora Reyal, de Rafael Santamaría, un empresario muy ligado a Castilla-La Mancha y amigo personal de Bono, y la sociedad AHORROS FAMILIARES SAJA acordaron una permuta inmobiliaria. De acuerdo con los datos de la escritura, a la que ha tenido acceso Público, Saja recibió dos áticos de lujo de nueva construcción en el municipio costero de Estepona (Málaga), cuya superficie techada suma 267 m2 y que Reyal valoró en 925.000 €. A cambio, la sociedad patrimonial de la familia Bono entregó a Reyal un piso de 136 m2 localizado en la madrileña colonia de Mirasierra y por el que el matrimonio Bono había pagado 35.000 € en 1982.

El piso de Mirasierra, una zona de clase media alta en el norte de la capital madrileña, tiene plaza de garaje. Los áticos de Estepona, levantados en la urbanización Las Náyades, a 150 m de la playa, dan a sus propietarios el derecho al uso y disfrute exclusivo de los siguientes bienes y equipamientos: dos plazas de garaje de 26 y 28 m2; dos azoteas solarium de 32 y 146 m2; y otras tres terrazas e 20, 71 y 2,6 m2. Entre los elementos comunes de la urbanización figuran piscinas, club social y gimnasio con sauna.

A efectos de la permuta, y sin tener en cuenta el garaje, el piso de Mirasierra se valoró en 6.343 €/m2 . El precio medio del metro cuadrado en Mirasierra, en el segundo trimestre de 2006, era de 4.131 €/m2, según la tasadora Tasamadrid.

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La permuta está rodeada de incógnitas. Las promotoras difícilmente acuden a esa fórmula, sobre todo en época de boom inmobiliario. Además, no estaba aquí en juego el cambio de unos terrenos por otros, sino el de dos áticos de nueva construcción por un piso de segunda mano, con 25 años de antigüedad y situado en un bloque de viviendas” que además tenía un contrato de arrendamiento, el cual aún sigue en vigor.

La permuta, sin duda, es inverosímil y sospechosa, no sólo porque Estepona, en el 2006 estuviera gobernada por el detenido y amigo personal de Bono, Antonio Barrientos, que ya sabemos que daba un trato excepcional a Ana Rodríguez Mosquera, cargando –el Ayuntamiento o Valle Romano, una de las sociedades del “malayo” Javier Arteche Tarascóncon las clases de golf que ésta recibía en la ciudad malagueña; sino porque el insólito intercambio –ruinoso para REYAL-URBIS, si en el negocio jurídico no hay estipulaciones secretas– se celebra con una mercantil propiedad de la Familia de José Bono, que no sólo es el ex presidente de la región en el que la constructora de Santamaría tiene intereses multimillonarios, sino que sigue presidiendo el partido Socialista en Castilla-La Mancha, es decir, que en modo alguno carece de poder e influencia en el palacio de Fuensalida, sede del gobierno manchego.

Pero, hablando de los amigos de Bono. Hoy se ha conocido la noticia de la imputación de Javier Arteche Tarascón, de Luis Portillo y de los hijos del difunto Jesús Gil, a causa de una operación de compra de créditos del Ayuntamiento de Marbella en la que, según la Agencia Tributaria, se habrían blanqueado más de 6.000.000 de €.

No hay que recordar que en la maniobra de abordaje lanzada por Luis Portillo sobre INMOBILIARIA COLONIAL, luego conducida por éste y sus hombres a la quiebra, tuvo un papel fundamental el constructor toledano –que no conquense– Aurelio González Villarejo, también amigo personal de Bono y Barreda y constructor de la urbanización El Vergel de Bargas, en la que recientemente el hijo jinete de Bono ha adquirido uno de los chalets que el propio González Villarejo anuncia al precio de 300.000 €.

Sobre esta noticia, una vez más, es imprescindible leer con atención los siguientes artículos publicados por Ciudadanos de Espartinas:

Malaya, Rossell, Portillo, Arteche y el Armario de la Trama Vasca

Los tentáculos de la Trama Vasca (I)

Los tentáculos de la Trama Vasca (II)

La nephila vasca (I)

Reyal-Urbis también pagó a Bono la decoración de la casa de Salobre

Días antes —si es que no fue la misma víspera— de que apareciera la noticia del piso del millón de Euros que Bono regaló a su hijo en la C/ San Justo de Madrid, TVE le dedicaba un programa de la serie “Volver Con…” al presidente del Congreso. En ese reportaje Bono mostró su casa de Salobre, pero no toda. Sólo el patio y un sótano en el que guardaba algunas enternecedoras reliquias.

La información de hoy explica esa precaución aunque su causa no fuera el temor a que se desvelaran los albaranes y facturas con la firma de Rafael Santamaría que acreditan que una empresa propiedad de REYAL-URBIS cargó con los gastos de la decoración de la casa paterna de Bono.

No parece muy probable que el avisado político y empresario temiera, entonces, que esos papeles salieran a la luz pública. Se me antoja que el cuidado en no hacer alarde de los lujos de la familia, tenía más que ver con el hábito político de velar la realidad pública con el simulacro vano de lo risueño, lo memo y lo simple.

Sea como sea, las facturas han aparecido y no sé que resulta más preocupante de ellas, si el indicio de cohecho que conllevan o el desparpajo con el que el millonario Bono acepta la dádiva.

“Todo está claro”, ha contestado Bono cuando un periodista le ha preguntado por el asunto de su copioso catálogo de inmuebles y lo cierto es que puede que pocas veces el ex presidente de Castilla-la Mancha haya sido más sincero.

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Reyal-Urbis paga la decoración de la casa de Bono

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La estrecha relación entre Rafael Santamaría y José Bono está empezando a despedir un fumus malus iuris muy preocupante… para Bono. Hoy La Gaceta publica que una de las sociedades de Rafael Santamaría se hizo cargo de las facturas de la decoración de varias habitaciones de la “Casa de Olías” por excelencia, es decir, de la casa de Bono en Olías del Rey (Toledo).

La cuantía de la dádiva —que significa “cosa que se da gratuitamente” por contraposición a “acometer con dádiva” que quiere decir “intentar o pretender cohecho o soborno”— en total 1.276.000 Pts., no justifica la fortuna de la familia Bono, pero delata una promiscuidad patrimonial que junto a la presencia de Ana Rodríguez Bono en el consejo de administración de REYAL-URBIS, puesto que abandonó precipitadamente cuando su padre aceptó volver a la política; los dos apartamentos de Estepona; la construcción de la “Casa de Olías” al fiado, al menos en parte; o la cercanía de empresas del grupo Reyal en el asunto del piso de la C/ San Justo; son cosas que ponen valor monetario a la estrecha amistad entre Santamaría y Bono, la cual tiene otra cara en los negocios inmobiliarios emprendidos por ese mismo Santamaría en Castilla-La Mancha, el más evidente de ellos, el otro engendro —el primero es el del Pocero en Seseña— inmobiliario de la región: Ciudad Valdeluz.

¿Por qué le paga Santamaría a Bono los gastos de decoración de su casa? ¿Por qué Bono acepta la dádiva con tanta desenvoltura? ¿Por qué se falsea el concepto de la factura y se escribe en ella “decoración piso piloto”? ¿No tiene Bono para pagar unos cuantos cojines de corazón y unas cuantas litografías con los conejitos de Beatrix Porter? ¿Por qué un “contable” estrechamente ligado a Santamaría —Fernando Montalvo Llanos— actúa como administrador de las empresas de Bono? ¿Pagó Bono su estancia o sus estancias en el hotel de Santamaría en Baqueira? ¿Utiliza otros inmuebles propiedad de Santamaría, gratia et amore, para su recreo y el de su familia? ¿Qué pintaba la veinteañera Ana Bono Rodríguez en el consejo de administración de un gigante inmobiliario como Reyal-Urbis? ¿Por qué tanta prisa en abandonarlo cuando su padre aceptó volver a la política? ¿Tuvieron los apartamentos de Estepona un precio de amigo? ¿Quién está pagando las reformas de la casa de la C/ San Justo y la estancia de los albañiles en Madrid? ¿Cuántas dádivas más tiene Bono que agradecer al amigo Santamaría? ¿Cómo ha correspondido Bono a tanta largueza y liberalidad si es que no tiene por hábito comer, vivir y regalarse a costa ajena?

Estas cuestiones son escabrosas, pero las hay aún más urgentes. Sabemos que Rafael Santamaría consta en el consejo de APEX 2000 como apoderado, la misma entidad en la que también estaba con el mismo cargo Giovanni Piero Montaldo quien, según informes de la UDYCO, pasa por ser el representante de la mafia calabresa en España.

Sabemos, también, que ese Giovanni Piero Montaldo pagó al ex alcalde de Seseña 700.000 € en las fechas en las que se aprobaba el PAU del Pocero, manifiestamente apoyado por el gobierno, primero de Bono y después de Barreda; y estamos enterados de que Rafael Santamaría y José Luis Sanz Arribas, el abogado y socio del Pocero, tenían negocios juntos durante el periodo que cubría la aprobación del PAU de Seseña, y que además les vinculaban con el escándalo de Terra Mítica, asunto que, por cierto, salpicó de lleno a Eduardo Zaplana, otro de los íntimos de Bono.

Por consiguiente, no está de más esta otra pregunta: ¿Ha tenido algo que ver APEX 2000 en los hechos de Seseña que investiga el Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas?

Hoy, La Gaceta, aseguraba que un ejecutivo de Génova —es decir, de la sede del PP en Madrid— ha recibido por vía de tres “mensajeros” distintos un inquietante aviso: “A nadie, tampoco a vosotros, conviene remover nada”.

Falso. Es posible que al PP no le convenga “remover nada”, es seguro que a Bono no le conviene. Hasta es posible —aunque lo dudo mucho— que tampoco le convenga al PSOE, pero a quienes sí nos conviene es a los ciudadanos, que no somos ni vasallos, ni siervos, sino que somos tanto como Bono y todos juntos más que Bono.

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Un hombre de Rafael Santamaría, dueño de Reyal-Urbis, administra los negocios de los Bono

Fernando Montalvo Llanos, administrador de varias de las empresas de los Bono

Juan Luis Galiacho desvela hoy en el Extraconfidencial un dato fundamental para el esclarecimiento de lo que está pasando con José Bono y el hipertrofiado patrimonio del que disfrutan él y su familia. Al margen de que el actual administrador de Hípica Almera, Ramón Navas Barchino, fuera en su día el chófer asignado a Bono por la Junta de Cominidades de Castilla-La Mancha, uno de los nombres que más habitualmente aparecen entre los administradores del holding empresarial de los Bono, es Fernando Montalvo Llanos, un personaje del que hasta ahora se sabía poco o nada.

Según Galiacho, este “administrador” es una persona inmediatamente vinculada a los negocios de Rafael Santamaría Trigo, presidente de REYAL-URBIS, el mismo que construyó, al fiado, la casa que Bono tiene en Olías del Rey, en Toledo; el mismo que promovió la urbanización las Náyades, donde los Bono tienen dos áticos; y el mismo que se sentó en el consejo de administración de Reyal-Urbis junto a la joven hija de Bono, la cual accedió a ese puesto, aún no se sabe por qué o en representación de quién, si es que no fue en representación de su propio paquete de acciones.

Pero de los datos que destapa hoy el Extraconfidencial, hay uno que llama vehementemente la atención. Una de las principales actividades del mencionado Fernando Montalvo Llanos es el negocio geriátrico, es decir, el de los asilos para ancianos.

Teniendo en cuenta las pocas —o ninguna— veces que Alejandro Pompa, alcalde bonista de Carranque (Toledo) da puntadas sin hilo y recordando su grotesca pretensión de instalar una residencia de ancianos junto al cementerio municipal, habrá que estar muy atentos a quién es el que está detrás de la ocurrencia del luctuoso asilo con tanatorio y cementerio incorporado.

En cualquier caso, por su evidente relevancia, incluyo íntegro, el artículo de Galiacho:

Fernando J. Montalvo Llanos ha sido administrador de varias sociedades de la familia Bono-Rodríguez y realiza las gestiones de liquidación tras la compra-venta de la mayoría de los pisos en Madrid de Reyal Urbis

Montalvo Llanos está hoy en día vinculado a todo tipo de negocios geriátricos y los viajes de la tercera edad han siempre sido uno de los principales propósitos de José Bono

La segunda hija del presidente del Congreso, Ana, trabajó en la asesoría jurídica y figuró como apoderada de Reyal Urbis.

La relación de Reyal Urbis, la inmobiliaria de Rafael Santamaría, con el hoy presidente del Congreso de los Diputados, José Bono Martínez, es muy estrecha. Desde pasar año nuevo en el lujoso Hotel de su cadena Rafael Hoteles en Baqueira Beret, construir su chalet en Olías del Rey, colaborar en el Centro Hípico de Toledo, permutarle los dos áticos en Estepona, mantener alojados en su Hotel Rafael Pirámides a los trabajadores que realizan la rehabilitación de su nuevo piso en el Madrid de los Austrias o nombrar a Ana Bono Rodríguez apoderada de la inmobiliaria con tan sólo 25 años (aunque por tan sólo tres semanas), ahora extraconfidencial.com desvela que Fernando J. Montalvo Llanos, administrador de varias de las empresas de la familia Bono (Hípica La Almenara y Saja Ahorros Familiares), es también quien a través de su empresa Gestoría Montalvo realiza “obligatoriamente” las gestiones de liquidación tras la compra-venta de la mayoría de los pisos en Madrid de Reyal-Urbis.

La sociedad Gestoría Montalvo ya ha sido reclamada en diferentes ocasiones por “alargar” la devolución de provisiones para pagos de impuestos y liquidación de gastos de compraventa de los pisos de Reyal Urbis. Por ejemplo, en el caso de una promoción de Madrid, de tan sólo 121 vecinos, llegó a tener más de dos años inmovilizados más de 110.000 euros para liquidar el incremento del valor de los terrenos al Ayuntamiento de Madrid, coste que además por Ley debería haber pagado la inmobiliaria, pero que Reyal Urbis cargó a sus compradores pasando la gestión a Montalvo, que también cobró de éstos por realizar este trámite.

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Vinculaciones íntimas con Gestoría Montalvo

Fernando Navas Barchino, antes chófer de Bono y ahora administrador de su hípica

La Gestoría Montalvo además de ser pieza fundamental en el engranaje de la constructora de Santamaría, está muy vinculada con la familia Bono. Así, en su empresa Ahorros Familiares SAJA SL, con domicilio en el madrileño Barrio de Salamanca, en la calle del Conde de Peñalver, número 47, aparece como administrador, junto a Ana Rodríguez Mosquera, Francisco García Herrera, que a su vez figura como presidente en ese mismo domicilio de otra empresa denominada Gestoría Montalvo II SL, dedicada a los “servicios de gestión administrativa”. Pero la principal coincidencia es que el anterior administrador de esta sociedad inmobiliaria de los Bono, Francisco Javier Montalvo Llanos, también ha sido administrador único en otro de los grandes negocios de la familia del conocido político socialista: el Centro Hípico de Toledo, que regenta la sociedad mercantil Hípica La Almenara SL, de la que han sido consejeros la esposa y los hijos del ex ministro de Defensa.

Entre las muchas sociedades vinculadas a Francisco Javier Montalvo aparecen: MJK Asesoría Geriátrica S.L., Red de Residencias de Mayores S.L., Centro de Mayores Murcia-Abanilla S.L., Edad Dorada 1 S.L., Confort Señor Residencial S.L., Confortedade S.L., Consultoría Europea de Gestión y Estudios de Residencias de Mayores S.L, etc.

Por su parte, Reyal Urbis, la empresa de Rafael Santamaría, consiguió que el Gobierno de Bono en Castilla-La Mancha, aprobara la construcción de Ciudad Valdeluz en Yebes, Guadalajara, una “ciudad” de 9.500 viviendas que un principio iba a alojar a 35.000 personas en un pueblo que no llegaba a los 400 habitantes, por el sólo hecho de conocer que la estación del AVE en Guadalajara se iba a situar en este término municipal. Actualmente, la ciudad está deshabitada, con gran parte de los servicios mínimos sin cubrir y donde muchas de las viviendas han sido permutadas por deudas el constructor Santamaría con el Grupo Santander. No hace tantos años que la inmobiliaria de Rafael Santamaría, entonces sólo Reyal, presentó su proyecto estrella en La Mancha de Bono, región en la que durante 21 años ininterrumpidos ha sido su presidente y único mandamás.

Hoy, el panorama de Valdeluz es el de una ciudad semidesierta, similar a la de otro viejo amigo de José Bono, el constructor Francisco Hernando, más conocido como Paco El Pocero, y su macro ciudad en Seseña (Toledo), con una imagen desalentadora y de difícil venta y cuyo plan de actuación urbanística, “El Quiñón”, también fue aprobado durante el Gobierno de José Bono en Castilla-La Mancha. No hay que olvidar que Francisco Hernando y su constructora Onde 2000 realizaron las obras de mejora y acondicionamiento del Hipódromo que la familia Bono tiene a las afueras de Toledo y valoradas en unos 600.000 euros.

En el consejo de administración de la inmobiliaria Reyal Urbis figuran o han figurado también nombres muy bien relacionados: desde el ex-alcalde de Madrid y presidente de IFEMA, José María Álvarez del Manzano, al ex ministro de Economía, Miguel Boyer, o el primo del Rey Juan Carlos, Carlos de Borbón Dos Sicilias y Borbón-Parma.

Juan Luis Galiacho

Continúa el goteo de nuevas propiedades de los Bono y aparece en escena Antonio Miguel Méndez Pozo

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No sólo no han dejado de aparecer nuevos inmuebles puestos a nombre de unos u otros de los miembros de la familia de José Bono o de sus sociedades, sino que los hechos y las “explicaciones” que sobre ellos se están filtrando —ya sea por el propio Bono o por su entorno— no despejan, sino que acrecientan las sospechas.

Según lo publicado por El Mundo, el ex presidente de Castilla-La Mancha, ex ministro de Defensa y ahora Presidente de la Cámara Baja, tenía intención de comprar una vivienda en Campello (Alicante) pero ha resultado que tal afirmación era falsa, porque como informa otra vez La Gaceta, esa vivienda, cuyo precio según la publicación asciende a 360.000 €, ya estaba comprada a través de la mercantil Hípica Almenara.

No es posible afirmar si la falsedad en cuestión hay que atribuírsela a El Mundo o a Bono, pues los datos parten de una filtración sin autor conocido y un jesuítico trapisonda siempre podría decir que los datos aportados a la Fiscalía eran correctos y los publicados por El Mundo, erróneos o falsos, pero como Bono podría haberlo desmentido y no lo ha hecho y como, además, podría acallar cualquier duda entregando a la prensa copia de los papeles llevados a la Fiscalía, y tampoco lo ha hecho, habrá que aceptar que Bono, en esa documentación, ha faltado intencionadamente a la verdad.

Es más, en la oportuna entrevista que hoy domingo 18 de abril de 2010, Bono ha concedido a El Mundo, el astuto político dice lo siguiente:

Bono: «Es cierto y se lo repito: tengo la casa en la que nací y 2,5 hectáreas, herencia de mis padres; la casa en la que vivo y 80 participaciones en la sociedad hípica»

Entrevistador: «Y qué propiedades raíces tiene la hípica»

Bono: «17 hectáreas en Toledo y un apartamento de 75 m2 en Alicante. No le dé más vueltas. Vivo con Ana, tengo separación absoluta de bienes, y ella tiene su propia empresa de la que yo no formo parte…».

Aquí, Bono, debería haber añadido: «tengo argumentos de bolo, pero no lo soy». El enriquecimiento familiar ya es innegable, sea con separación de bienes o sin ella, con sociedades interpuestas o sin ellas. La argucia formal de la disolución de la sociedad conyugal de gananciales y la consiguiente separación de bienes, no elimina el hecho evidente de que los intereses económicos de la familia continúan indisolublemente unidos. Siguen tan unidos que el propio Bono no espera que la treta sea bastante y por eso, también dice haber aportado datos del patrimonio e ingresos de su señora esposa, Ana Rodríguez Mosquera.

En definitiva, que eso de poner los bienes a nombre de esposas, hijos o sociedades mercantiles, es un formalismo demasiado elemental e insostenible tras la consolidación de la doctrina jurídica del “levantamiento del velo”.

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Aparece Antonio Miguel Méndez Pozo

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Sin embargo, más importantes que las protestas de honradez de Bono, son ciertos datos que fácilmente pueden pasar desapercibidos en la noticia sobre la nueva vivienda de Campello. Uno de los promotores de la urbanización en la que está la vivienda de Campello es CONSTRUCCIONES MORENO Y ROLDAN y se da la circunstancia, a estas alturas nada sorprendente, de que esa constructora está asociada a PROMECAL en la urbanización de La Losilla, en Chinchilla (Albacete).

La mercantil PROMECAL tiene como vicepresidente a Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo que además de haber ingresado en prisión condenado por el “caso de la construcción de Burgos”, mantiene intereses multimillonarios en Castilla-La Mancha y deudas, igualmente multimillonarias, con la quebrada CCM. El 80% de PROMECAL pertenece a la sociedad RIO DE LOS AUSINES SL, también propiedad de Antonio Miguel Méndez Pozo y administrada por el hijo de éste.

El 10 de noviembre de 2006, El Confidencial publicaba una noticia titulada “La Junta de Castilla-La Mancha respalda un ‘minialbacete’ con chalés sin agua potable”. En ese artículo se decía lo siguiente:

«La Losilla carece aún del visto bueno de la Conferencia Hidrográfica del Júcar para determinar el suministro de agua y tiene en contra a varios municipios colindantes. Sin embargo, cuenta con el total respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Prueba de ello son las apariciones de Alejandro Gil, consejero de Urbanismo y Vivienda, junto a los promotores para presentar el proyecto.

Quien ostenta la promoción de los 1,2 millones de metros cuadrados de secarral donde se levantará La Losilla es una UTE (Unión Temporal del Empresas) donde Antonio Méndez Pozo, presidente del grupo mediático Promecal y muy cercano al ex presidente de la Junta José Bono, participa con un 25% junto a Moreno y Roldán, SL, promotor y constructor destacado en Albacete. En el grupo de Méndez Pozo apuntaron a este diario que “mantienen muy buenas relaciones” con los propietarios de esta empresa».

Además de que Alejandro Gil tiene un papel muy destacado en el caso de la urbanización de El Pocero en Seseña, que tan de cerca ha tocado a Bono, el de La Losilla guarda más similitudes con el aberrante PAU del Quiñón.

Igual que en Seseña, Izquierda Unida denunció el caso; igual que en Seseña, la Comisión Provincial de Urbanismo consideró inviable la aprobación de la urbanización sin informe favorable y vinculante del organismo competente, que garantizara el suministro de agua potable; e igual que en Seseña, el alcalde y los concejales de obediencia bonista que gobernaban el Ayuntamiento, ignoraron tal exigencia legal y aprobaron la urbanización de Méndez Pozo y Construcciones Moreno y Roldán.

Por el contrario, a diferencia de lo ocurrido en Seseña, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número de 2 de Albacete ha anulado el plan de reparcelación aprobado por el Ayuntamiento de Chinchilla y, además, plantea elevar una cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para la anulación de todo el PAU.

Días atrás escribí aquí , hablando de la vinculación de los amigos de Bono, Rafael Santamaría y Aurelio González Villarejo a sus nuevas adquisiciones inmobiliarias, que “ya veremos si no acaban apareciendo los de Domingo Díaz de Mera y Antonio Miguel Méndez Pozo”. No ha pasado una semana y ya tenemos el nombre de Méndez Pozo revoloteando cerca del abultado patrimonio inmobiliario de los Bono.

Bono reacciona. Admite que es multimillonario

Bono cumulgando en Vallecas

El Mundo publicó ayer datos concretos sobre los ingresos y patrimonio que Bono ha reconocido en la documentación aportada a la Fiscalía. La conclusión es simple. El presidente del Congreso es millonario, incluso multimillonario y el éxito en los negocios emprendidos le sonríe tanto a él como a su exposa, es más, les sonríe mucho.

Bono goza de su remuneración como Presidente de la Cámara Baja, el cual, además de elevado es público y accesible; de los beneficios netos del negocio hípico, unos 800.000 € en los últimos tres años —también accesible públicamente en su cifra total, aunque, desde luego no lo sean el detalle de la facturación, los contratos suscritos, las entidades o personas físicas a las que se ha facturado, los movimientos bancarios, etc.— y de un anticipo de 220.000 € de un total de 700.000, derivados de su contrato con la editorial Planeta para la futura publicación de sus memorias, que es posterior a las últimas compras de inmuebles.

Su esposa, Ana Rodríguez Mosquera, no tiene menos éxito en los negocios, sino más, y las franquicias de Tous que, según El Mundo, ya suponen seis tiendas puestas a nombre de la mercantil AHORROS FAMILIARES SAJA, la han reportado en los últimos tres años —siempre según El Mundo— más de 1.000.000 de € de beneficios.

En cuanto al patrimonio inmobiliario El Mundo dice que Bono declara ser propietario 2,5 hectáreas de suelo rústico en Salobre, resto que le queda después de sucesivas ventas de la herencia paterna, algo más de 11 hectáreas igualmente rústicas; del 80% de las participaciones de Hípica Almenara que ocupa 17 hectáreas en las afueras de Toledo a más de las instalaciones construidas ahí; la casa paterna de Salobre; y de la casa de Olías, sobre la que el periódico no especifica si se trata del pleno dominio de esa vivienda o del 50% que le correspondería antes de la separación de bienes del matrimonio, la cual se produjo en el 2004.

Si la información de El Mundo es exacta o, mejor dicho, exhaustiva, Bono asegura no tener ningún piso en Madrid y que “la sociedad de su esposa, SAJA, tiene como propiedad un piso en Estepona”. Al decir de Bono, según cita El Mundo, es falsa “la información publicada según la cual sería propietario de dos áticos en el pueblo malagueño”, aunque con las notas registrales publicadas hoy, lo que se demuestra falso es el desmentido de Bono en este punto.

Por último, Bono acepta haber proporcionado el dinero a su hijo para la compra del piso de la C/ San Justo, 200.000 € como donación y 240.000 como préstamo y afirma que el precio de compra de esa vivienda ha sido de 450.000 €. El ático de la C/ Ayala de Madrid no se menciona en absoluto.

Bien, estos datos, si corresponden puntualmente a todo lo declarado y justificado en la documentación que Bono ha entregado a la Fiscalía, presentan algunas inconsistencias importantes que se irán exponiendo aquí, si es que otros no lo hacen antes, pero eso ahora es secundario. Lo esencial es que, tal y como se desprendía de la información publicada por La Gaceta la fortuna de los Bono experimenta un crecimiento exponencial a partir de 2004, un crecimiento tan rápido que, en torno a 2006 esa familia ya puede considerarse sobradamente millonaria.

Esto no demuestra, naturalmente, que Bono sea un ladrón. Entre lo irreprochable, lo ética o políticamente reprochable, lo ilícito y el delito hay trechos importantes que separan cada categoría. La insistencia con la que Bono está tratando de presentarse ante la opinión pública como víctima de acusaciones de delito es, con toda probabilidad, una estrategia comunicativa que le permite ponerse, para citar a D. Latino de Hispalis otra vez, “estupendo”.

El patrimonio de Bono que está apareciendo no es un patrimonio oculto, es decir, no se ha descubierto a nombre de sociedades off shore domiciliadas en paraísos fiscales, ni a nombre de testaferros, ni se trata de cuentas bancarias secretas en las islas Caimán. Era un patrimonio discretamente silenciado o hurtado al conocimiento del gran público, pero religiosamente inscrito en los registros públicos.

Bono no es un hombre tonto —si fuera toledano, bien podría decir: “tengo hechos de bolo, pero no lo soy”— todo lo contrario, es muy listo y dotado de una sobresaliente astucia jesuítica. Su apariencia, que ha cultivado cuidadosamente a lo largo de los años, de paisano bobalicón y obsecuente, es una gran impostura. Por eso, para cualquiera algo enterado de las cosas habría sido una sorpresa mayúscula descubrir a Bono o a su familia directa escriturando inmuebles que no estuvieran cubiertos por sus ingresos declarados o, por lo menos, declarados a Hacienda; aunque tener ingresos multimillonarios no basta para explicar las disposiciones de liquidez concretas. También hay que decir de qué sociedades o qué cuentas bancarias ha salido el dinero, cuándo y en concepto de qué.

El fulgurante enriquecimiento de la familia Bono y su colección de inmuebles de lujo no demuestra que Bono sea un delincuente o un corrupto, pero si da al traste con su apostura de pobre de espíritu heredero del reino de los cielos.

Lo del piso de San Justo, lo de los de Estepona, lo de los millones que proporcionan los brutos de silla, lo de las joyerías lucrativísimas, lo de la vivienda de Ayala… todo eso, es un barreno que hace saltar por los aires la filistea representación del hombre que, con mueca de beata introspección, se va a tomar la comunión con pan candeal a Vallecas.

Sin embargo, ahí no queda la cosa. Al verse obligado a reconocer públicamente que él y su familia se han convertido en millonarios en un considerablemente corto espacio de tiempo, Bono no “zanja”, como decía ayer el editorial de El Mundo, la cuestión. En realidad sólo la desplaza a sus verdaderos orígenes y ahí sigue habiendo preguntas a las que no se ha respondido, ni parece que se vaya a responder.

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Sigue habiendo preguntas porque alrededor de esa riqueza —obtenida sobre todo mediante establecimientos abiertos al público, incluida la hípica— vienen revoloteando nombres inquietantes. Sobre el Pocero —que ya le advirtió que se guardara de decir que no le conocía— poco que añadir cuando es el propio Bono el que reniega de él; pero es que también están los de Rafael Santamaría y Aurelio González Villarejo —y ya veremos si no acaban apareciendo los de Domingo Díaz de Mera y Antonio Miguel Méndez Pozo— y ambos tienen intereses vitales y multimillonarios en Castilla-La Mancha y, además, ya los tenían cuando Bono presidía la región.

José Bono entró discretamente pobre en la política y ahora se ha convertido en rico con una extraña celeridad. Eso, ya de por sí, en él o en cualquier otro, alerta; pero si además se paseaba en el transatlántico de recreo del Pocero; si su hija aparece en el consejo de administración de Reyal-Urbis, no se sabe por qué o en representación de quién; si les compra casas a sus amigos González Villarejo y Santamaría, si se va a esquiar a la casa de Vaqueira de ese mismo Santamaría, si los “patrocinadores” le pagan obras en su negocio y si no son éstos, él mismo se las paga al Pocero… ¿De qué demonios se extraña si la sospecha cae sobre él?

Los políticos tienden mucho a considerar sus cargos como un derecho patrimonial. Desde hace algún tiempo, también se aprecia en ellos una inquietante inclinación a reclamar para sí un derecho subjetivo a la hagiografía. Pues bien, como Bono ha corrido a la Fiscalía y como el actual Fiscal General del Estado es D. Cándido Conde-Poumpido Ferreiro, que antes fue magistrado del Tribunal Supremo, viene muy al caso citar la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 26 de noviembre de 1993 —nº de recurso 3388/1992— de la que éste fue ponente.

Se trataba de un caso de injurias y calumnias en el que el acusado hablaba de tramas de corrupción y afirmaba que el querellante “ha robado a este pueblo 70 millones de Pts.”, acusación que el Tribunal considera como no probada.

Al respecto, la mencionada sentencia, de la que como he dicho era ponente el actual Fiscal General, dice lo siguiente:

«Aunque esas expresiones puedan resultar penosas y hasta hirientes para el querellante, es evidente que toda persona que ostenta un cargo o responsabilidad pública tiene que soportar esa clase de críticas, cuando adopta decisiones o se adoptan por personas que le son políticamente afines, que de algún modo, directa o indirectamente, le favorecen o aparentan favorecerle. Por ello las personas públicas vienen obligadas a ser más cuidadosas que los particulares con sus comportamientos y la diafanidad de sus decisiones, en especial aquellas que pueden incidir en su entorno vital y económico, para evitar suspicacias que puedan atribuirle el que tales decisiones, en lugar o a la vez que por los intereses generales, están influidas por los propios o los partidarios».

Es de prever que Conde-Poumpido aplique ahora su propia doctrina y le conteste a Bono que si quiere evitar suspicacias, sea más cuidadoso con sus comportamientos y con sus relaciones personales.

Cayo Lara dice que Bono deberá dar muchas explicaciones de cómo ha conseguido su patrimonio

Por Agencia EFE

Madrid, 13 abr (EFE).- El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha dicho hoy que el presidente del Congreso, José Bono, «va a tener que dar muchas explicaciones de cómo ha conseguido su patrimonio», que ha calificado de «excesivo», si realmente se confirma lo publicado por un medio de comunicación.

En un receso de las Jornadas de Estudio que celebra hoy en Madrid el grupo de la Izquierda Unitaria (GUE/NGL) en la Eurocámara, Cayo Lara ha respondido así a la pregunta sobre el incremento del patrimonio del presidente de la Cámara Baja, publicado por el diario La Gaceta.

«Si es así, va a tener que dar muchas explicaciones de cómo ha conseguido exactamente su patrimonio» Bono, ha dicho Cayo Lara.

Aunque ha destacado que hasta el momento no tiene más detalles sobre este asunto que los publicados por los medios de comunicación, Cayo Lara ha comentado que «a la gente de la calle», en principio, le parece un «patrimonio excesivo» para haber sido «acumulado por un representante público».

Por último, Cayo Lara ha recordado que ha tenido con Bono «una relación directa» por sus «propias raíces políticas en Castilla-La Mancha».

Bono y su familia también tienen viviendas en Estepona por un valor cercano al millón de euros

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Continúa el goteo de inmuebles pomposos en poder de José Bono o de sociedades controladas por éste y su familia. Ahora —según La Gaceta— aparecen dos apartamentos contiguos, adquiridos en 2006, que suman un total de 267 m2, situados en la urbanización “Las Náyades”, en Estepona y cuyo precio de venta asciende a 854.000 €.

Los apartamentos parecen tener todo cuanto el esnobismo más exquisito puede ambicionar: mármol travertino en los baños, hilo musical en las habitaciones, una piscina cubierta que, como quintaesencia de lo kitsch, emula poco menos que a la Domus Aurea de Nerón, un lago artificial como el del Pocero, etc. etc.

Parece, en definitiva, que ya se ha vuelto un hábito en Bono ir adquiriendo bienes raíces a golpes de millón, pero más habitual aún está resultando que esas adquisiciones se negocien con magnates de la construcción con los que el presidente del Congreso, y antes de Castilla-La Mancha, mantiene una amistad muy notoria: Rafael Santamaría o Aurelio González Villarejo, de momento… porque curiosamente, todavía no ha aparecido en este embrollo Domingo Díaz de Mera…

Otra vez más, resulta que el promotor del complejo residencial de Estepona es un viejo conocido: Rafael Santamaría Trigo, presidente de Reyal Urbis, el mismo que, con menos ruido que el Pocero, pero no con menos ímpetu, se lanzó a construir una ciudad de 9.500 viviendas en Valdeluz (Guadalajara) al amparo de un trazado ad hoc de la línea del AVE, coincidiendo en el tiempo con el despegue económico de la familia Bono, es decir, con el punto álgido de la burbuja inmobiliaria.

Mal asunto este, porque si hay un lugar en el que los pies de Bono deambulen sobre el filo de amenazantes navajas barberas, ese es Estepona.

El viernes 18 de mayo de 2007 —poco después de escriturar los dos apartamentos de la urbanización “Las Náyades”— Bono participó en uno de los mítines de la campaña electoral de su íntimo amigo Antonio Barrientos, entonces alcalde de esa localidad, y ahí Bono dijo de él cosas como estas:

“El bienestar de los vecinos vale más que el PSOE. Tú (por Barrientos) No has sido cónsul del Gobierno andaluz en Estepona, sino el representante del municipio en el Gobierno andaluz. Eres rebelde con causa”.

Además, Bono siguió destacando la “honradez, honestidad y los bolsillos de cristal” de Barrientos: “Antonio (dijo) es un valor seguro que honra el carnet del PSOE”; “es un buen alcalde que defiende a quienes menos tienen”.

Momentos antes, el ex alcalde de la localidad Antonio Caba había terminado su intervención diciendo que “Estepona está como nunca, porque la senda del progreso no se trunca”.

No habían transcurrido muchos meses, cuando el 18 de junio de 2008, el alabado Antonio Barrientos salía preso del ayuntamiento de Estepona, camino de los sótanos del Juzgado. Desde entonces, la metáfora que tan feliz le parecía a Bono, la de los “bolsillos de cristal”, ha caído en desuso.

Pero, atentos todos al constructor y al promotor de la urbanización “Las Náyades”. Guardan sorpresas.

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Aparece otra vivienda de un millón de € en el barrio de Salamanca a nombre de una sociedad de José Bono. El ex postulante a la Guardia de Franco se la compró a un constructor imputado por corrupción

Bono y Cañizares

Un ático de 106 m2, piscina climatizada, seguridad privada durante las veinticuatro horas del día y situado en la C/ Ayala, en el barrio de Salamanca, la zona más exclusiva del centro de Madrid. Esa es la última propiedad, hasta ahora, que se descubre en manos de José Bono y su familia.

La vivienda, puesta a la venta por algo menos de un millón de €, está escriturada a nombre de la mercantil AHORROS FAMILIARES SAJA, la sociedad que según la declaración de bienes, rentas y actividades presentada por Bono en 2004, el último año que permaneció como presidente de Castilla-La Mancha, se constituyó para absorber los inmuebles del matrimonio Bono-Rodríguez tras su separación de bienes.

Eso, sin embargo, no quiere decir que el piso de la C/ Ayala estuviera en su poder en aquellas fechas. Por el contrario su adquisición se realizó en 2009 y se elevó a escritura pública unos dos meses antes de que Bono comprara otra de sus nuevas viviendas de lujo: el piso de la C/ San Justo de Madrid, cuyo precio declarado también fue de un millón de €, aunque el inmueble estuviera a la venta por un millón ochocientos mil €.

El constructor del edificio, vinculado a la trama vasco-malaya y al caso de corrupción de Mercasevilla

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Al margen de que, a medida que se investiga a Bono, crece vertiginosamente el número de los inmuebles de los que son titulares él, su familia directa o alguna de las cinco sociedades de las que se tiene constancia que le pertenecen, llama vivamente la atención el hecho de que el promotor del edificio de la C/ Ayala sea la constructora SANDO, la mayor de Andalucía y propiedad de José Luis Sánchez Dominguez, imputado junto a su hijo, Luis Sánchez, por presunta corrupción en el caso Mercasevilla.

La constructora SANDO, al decir de la magistrada Mercedes Ayala, se hizo, en el contexto de ese caso —la noticia se puede descargar desde aquí— con unos terrenos, de forma «ilegal» y «antieconómica» por 52 Millones de € menos de lo que ofrecía otro de los licitadores.

De la constructora SANDO y de José Luis Sánchez Domínguez, ya se habló en Notitia Criminis hace algún tiempo. La familia Sánchez Dominguez, que mantiene amistad pública e íntima con Magdalena Alvarez, le ex ministra de Fomento de infausta memoria, tiene presencia dominante, junto a CONSTRUCTORA HISPÁNICA, en la mercantil EXPLOTADORA DEL HOSPITAL DEL TAJO, en Aranjuez. Sobre eso, en su día, escribí lo siguiente:

Esta empresa tiene una fuerte participación en EOC DE OBRAS Y SERVICIOS y también participa con un 10% en PROMOCIONES TAVINOVA SL, a su vez, vinculada a EOC DE OBRAS Y SERVICIOS, a AZARBE OBRAS Y SERVICIOS y, además, presente en el Consejo de Administración de VITANOVA PROMOCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL. La administración de ésta última corresponde a las siguientes personas y entidades.

Presidente: PROMOCIONES TAVINOVA S L (Que está presidida por VITANOVA.

Consejero delegado: LUIS FERNANDO LINARES TORRES (Trama Vasco-Malaya)

Consejero: CONSTRUCTORA HISPANICA SA (Caso Gürtel)

Consejero: MARIA EUGENIA YEREGUI KINKEL (Trama Vasco-Malaya)

Consejero: JOSE IGNACIO SANCHEZ BARANDA

Consejero: EOC DE OBRAS Y SERVICIOS SA

Con estos datos, baste recordar que Luis Fernando Linares Torres, socio de María Eugenia Yeregui Kinkel en varios bufetes y, por supuesto, en numerosas sociedades, fue detenido durante la Operación Astapa y se encuentra en libertad bajo fianza de 500.000 €. No hay que recordar que la presencia de Bono en Estepona es constante desde hace años.

Por lo tanto, el Hospital del Tajo, uno de los proyectos estrella de la nueva sanidad madrileña, ocultaba sorpresas en su interior. Pero las sorpresas no acaban aquí. Ocurre que Fernando Linares y Eugenia Yeregui no son los únicos que tienen intereses mercantiles relacionados con ese hospital. Parte del dinero de su construcción también ha ido a parar a las cuentas consolidadas de CCM.

La mercantil GERENS HILL INTERNATIONAL realiza lo que, con el habitual esnobismo de los negocios modernos, se denomina “Project & Construction Management” (la dirección de proyectos y construcciones) de varios hospitales por un valor de 1.000 millones de Euros. Entre esos hospitales, como habrá adivinado el lector, está el Hospital del Tajo.

Esta empresa, GERENS HILL, no es desconocida en NOTITIA CRIMINIS. Apareció por primera vez en el capítulo VIII de “La Conexión Malaya”, ligada al campo de golf de los Oriol, de Javier Arteche, de Maya Galarraga etc. Ahí se decía lo siguiente: “En esta empresa dedicada a la gerencia de proyectos, aunque tampoco hace ascos a la construcción; participan varias cajas de ahorro de las cuales, las principales son Caja Avila —también asociada a Enrique Ventero en sus proyectos de Los AlcázaresEL MONTE-Caja Sol, cuyas conexiones con implicados en la Operación Malaya han sido ampliamente puestos de manifiesto por los medios de Comunicación y, como al parecer no podía ser de otra manera, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN, entidad dependiente de CCM, la misma Caja asociada a Ventero en Los Alcázares, la misma que prestó 40 millones de € a las empresas MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, ambas propiedad de Roca, y la misma que, también, prestó el dinero a Roca para la compra del Palacio de Saldaña, en Madrid”.

Bono y la Guardia de Franco

Brazalete con la insignia de la Guardia de Franco

Me cuentan —y aunque tengo a la fuente por muy fiable, la cosa no me consta más que testimonialmente— que Bono anda estos días abordando por los pasillos del Congreso a diversos diputados del PP para interesarse por la tripa que se le ha roto a La Gaceta. El Presidente del Congreso no comprende a qué vienen las últimas informaciones de ese periódico, si «yo —dice— nunca le he hecho nada a los de Intereconomía», y añade: «Debe ser por lo del aborto».

Sin embargo, en público, lo que Bono ha dicho es que está siendo objeto de calumniosos ataques por parte de la ultraderecha, dada su condición de «socialista».

Al margen de que los «ataques» más bien se los debería achacar a los registradores de la propiedad, el conocimiento que Bono tiene de la ultraderecha es profundo, y no sólo porque su padre fuera falangista.

Como cuando el diablo no tiene qué hacer, con el rabo mata moscas, ha querido la mala fortuna que por estas fechas se ponga a la venta el libro del periodista Sebastián Moreno titulado «Camaleones, Desmemoriados y Conversos».

En la página 52 de ese texto se recogen unas declaraciones de Bono que vienen a decir lo siguiente: «Yo entré en política —dice nuestro héroe— cuando no tenía cerca ser ministro, ni ser alcalde, ni ser presidente autonómico, lo único que tenía cerca era la cárcel por ser socialista y por luchar contra Franco, y de esa política no me echó Franco y no me echa nadie”.

Pero, al parecer, la realidad era bien distinta. Precisamente por aquélla época José Bono no estaba luchando contra Franco, sino inscrito en su Guardia como postulante, razón por la cual, esa organización selecta de Falange, en concreto la Lugartenencia de la Guardia de Franco de Albacete, le pagó un viaje a Mallorca para participar en un concurso de mandos de la citada organización falangista.

La Guardia de Franco no era —como bien dice Sebastián Moreno— ni la Guardia Mora, que escoltaba a caballo su Rolls Royce, ni unos soldaditos que pasaban las noches en las garitas del Pardo, sino —o al menos eso quiso ser— el trasunto español de las Schultz Staffel, las SS del partido Nazi, es decir, una organización de élite dentro de la quintaesencia falangista, el cuerpo inquisitorial de la Falange, encargado de aquilatar el rigor doctrinal del Régimen y de personificar la devotio iberica hacia el general; y es que, cuando Bono apunta, apunta alto.

Se desvela un insólito patrimonio de José Bono y su familia

El 23 de febrero de este 2010 José Bono convocó a los pezzi da novanta de los medios de comunicación españoles a una comida. El pretexto era la conmemoración del golpe del 23-f, la causa real resultó ser una desvergonzada petición de respeto por la omertà.

Según informó El Confidencial Digital, lo que Bono hizo fue solicitar a los jerifaltes mediáticos silencio sobre el sueldo y patrimonio de diputados y senadores: “José Bono —dice el citado confidencial— se mostró preocupado porque los periódicos, radios y televisiones están transmitiendo a la ciudadanía que sus señorías cobran mucho y trabajan poco. El tono que empleó, señalan las mismas fuentes, fue de gran inquietud por la imagen de la clase política que está calando entre la ciudadanía”.

La preocupación de Bono estaba muy justificada. Aunque no se conocía entonces, lo cierto es que para esas fechas, el Presidente del Congreso ya era propietario de una nueva vivienda en Madrid, en la C/ San Justo, número 1, en un edificio en el centro histórico de la ciudad.

La compraventa se formalizó en diciembre del pasado 2009 y el piso fue adquirido al Opus Dei —léase a una empresa ligada al Opus, pues la Obra, formalmente, carece de patrimonio— por una cantidad declarada de un millón de €, si bien, como informa La Gaceta, el piso estaba puesto a la venta por 1.800.000 €.

Hoy, se levanta el velo sobre una nueva propiedad inmobiliaria. Un chalet de 254 m2 en una parcela de otros 424 m2 más una cuota parte de la piscina de la urbanización. La casa, inscrita a nombre de la mercantil ATTACK 84, en la que figura como apoderado el hijo jinete de José Bono, está situada en la urbanización “El Vergel de Bargas”, en la localidad toledana del mismo nombre.

Aurelio González Villarejo aplaudido por sus amigos Bono y Barreda

El promotor de la urbanización es uno de los constructores áulicos del presidente Barreda: Aurelio González Villarejo, de quien se ha hablado en Notitia Criminis en lo atinente a su vinculación con Luis Portillo; con Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA 97, ligada a actuaciones en Los Alcázares donde se mezclan los nombres de Enrique Ventero, Roca, CCM y varios de los implicados en la operación Ninette; con Enrique Ortiz Selfa, cuyo nombre también ha salido a relucir en la trama valenciana del caso Gürtel; y por supuesto, con el aeropuerto de Ciudad Real, el PAU de las 25.000 viviendas de Illescas (Toledo) o los PAUs de “Las Montanillas” en Carranque, también de la provincia de Toledo.

El chalet de Bono o del hijo de Bono, tiene suscrita una hipoteca por valor de 120.500 € pero su precio de venta es de 300.000 €. Por otro lado, la cuota parte de la piscina comunitaria adquirida a nombre de la sociedad ATTACK 84, carga con otra hipoteca de 182.160 € y, además, al decir de empleados de la propia promotora, las calidades y construcción interior de la vivienda en cuestión, han tenido un tratamiento especial.

En este contexto, el pasado lunes 5 de abril del 2010 asistimos a un día mongráfico en TVE dedicado a Bono, por la mañana a una entrevista en “Los Desayunos de TVE” y por la noche a una risueña y rural vuelta a Salobre.

En el programa de la mañana Bono, indirectamente, dio respuesta a las informaciones que hasta ese día se habían publicado sobre la compra de la vivienda de la C/ San Justo y sobre la declaración omitida en el Congreso de su participación y beneficios en la mercantil Hípica Almenara. Esa respuesta fue hecha en la línea acostumbrada en Castilla-La Mancha: esto son calumnias de la extrema Derecha y, cuando no lo son de los fascistas —esto fue dicho en otra ocasión— lo son “del comunista” y aclaro que para Bono “el comunista” por antonomasia es Cayo Lara.

La reacción se veía venir. Las informaciones sobre sus nuevas adquisiciones han sido publicadas por La Gaceta, del Grupo Intereconomía, de forma que Bono ha despachado el asunto con un desdeñoso: son de extrema derecha; aunque también es cierto que de igual forma se veía venir la contestación de La Gaceta: “de extrema derecha será su padre”, lo cual en este caso es, dicho con todo el respeto, literalmente cierto, como parece que también es cierto que el propio Bono lo fue, al menos cuando realizó las pruebas para ingresar en la Guardia de Franco.

Ahora bien, no discutamos que La Gaceta es un medio de comunicación cercano al sector más derechista del PP o, incluso, si Bono lo prefiere, a la carcunda española. Pero una vez concedido eso:

¿No es cierto que Bono ha adquirido un piso en la C/ San Justo de Madrid por precio declarado de un millón de €? Sí, es cierto.

¿No es cierto que ese piso de la C/ San Justo ha sido adquirido a una empresa ligada al Opus Dei? Sí, es cierto.

¿No es verdad que la vecina basílica pontificia de San Miguel, iglesia cedida al Opus Dei, ha autorizado el uso de su aparcamiento a las empresas que están trabajando en la reforma del piso de Bono? Sí, es verdad.

¿No es verdad que al menos una de las empresas que están haciendo los trabajos de reforma en esa vivienda, está ligada a Reyal Urbis, la constructora del íntimo amigo de Bono, Rafael Santamaría? Eso no lo puedo afirmar, pero sí es verdad que las cuadrillas de esas empresas se alojan en uno de los hoteles de Santamaría.

¿No es cierto que una sociedad de Bono o de su hijo ha comprado un chalet valorado en 300.000 € a su amigo y constructor Aurelio González Villarejo? Sí, es cierto.

¿No es verdad que Bono es propietario de la mercantil Hípica Almenara y que la construcción de sus instalaciones fue hecha por el citado Rafael Santamaría? Si, es verdad

¿No es verdad que en los tres últimos ejercicios de los que se conocen cuentas, esa mercantil ha arrojado unos beneficios netos cercanos al millón de €? Sí, es verdad.

¿No es verdad que “El Pocero” hizo trabajos en esa hípica cuando Bono era presidente de Castilla-La Mancha y, por tanto, tenía competencias e influencias sobre el PAU del Quiñón, el esperpento urbanístico de Francisco Hernando en Seseña? Sí es verdad.

¿No es verdad que “El Pocero” ha declarado a la prensa que esas obras no las pagó Bono, sino los patrocinadores de la Hípica, entre los que estaban Iberdrola y Reyal? Sí, es verdad.

¿No es verdad que Bono ha omitido incluir su participación y beneficios en la mercantil Hípica Almenara en la declaración de bienes rentas y actividades que está obligado a presentar en el Congreso de los Diputados? Sí, es verdad.

Todo eso es verdad, y a un servidor, que no es ni ha sido falangista, ni tiene padres, abuelos, tararabuelos, ni ascendiente, ni descendiente alguno que lo sea o haya sido, ni de cerca ni de lejos, y que no pretendió ser ni cura ni guardia de Franco, se le da un ardite en todas las tautologías, afirmaciones de principio o aporías que a Bono se le han ocurrido, se le ocurren o se le ocurran, porque ninguna de ellas elude los hechos que están aflorando y que van a seguir saliendo a la luz.

Después de que Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana presentara unas cuentas que le acreditan como indigente o que Manuel Chaves, ex presidente de la Comunidad Andaluza y ahora ministro de algo, declarara un patrimonio no menos paupérrimo, la utilidad de las «declaraciones de bienes, rentas y actividades» presentadas por los cargos públicos habrá que tomárselas en lo que valen, que es bien poco. No obstante, alguna pista pueden dar.

En 1998, José Bono, entonces presidente de Castilla-La Mancha, y su señora esposa —la misma que últimamente recibía clases de golf en Estepona por gentileza, según presunción de la UDYCO, de Valle Romano, una de las empresas de la trama vasco-malaya— admitían los siguientes ingresos:

Bono declaró —la documentación citada se puede descargar desde aquí— 7.588.150 Pts anuales y netos como remuneración por su cargo de Presidente de la Junta de Comunidades más 1.800.000 Pts en dietas. 15.088 Pts. anuales pagados como intereses por el saldo mantenido en cuenta corriente, y 4.252.280 Pts. como rentas recibidas por alquileres y derechos de autor.

Para esas fechas su patrimonio inmobiliario, al jurar de D. José Bono, se reduce a la «casa de Salobre», la «casa de Olías», un piso en Madrid y un piso en Toledo. Hay dos fincas rústicas en Salobre que declara vendidas en el 95 para pagar la casa de más de 400 m2 de Olías y también declara vendidos en el 85 y el 94 otros dos pisos adquiridos, respectivamente en el 75 y el 79 —uno de los cuales, por cierto, se olvida de incluir en la relación de patrimonio previo a la toma de posesión de su cargo público—. Por otra parte, el salo medio de su cuenta corriente en el Banco Popular, como todo el mundo sabe, también del Opus Dei, fue de 612.974 Pts.

Con esos ingresos y esos inmuebles, admitió ser deudor de 10 Millones de Pts. «al constructor de la casa de Olías», constructor que atiende al nombre de Rafael Santamaría Trigo y que, como buen amigo que es de Bono, se ve que le trabajó al fiado. Además debía al Banco Popular un crédito personal de 2.400.000 Pts.

Por su parte, Ana Rodríguez Mosquera, a más del 50% de los bienes y deudas declarados por su señor marido, como consecuencia de la participación de ésta en la sociedad conyugal de gananciales, admite unos ingresos de 2.347.306 Pts. anuales y netos pagados por el PSOE.

Ninguno de los dos cónyuges declara ningún otro ingreso, ningún otro inmueble y ni ninguna participación en sociedades. No existen, por tanto, las empresas en las que posteriormente aparecen como titulares él, su esposa y sus hijos. Hípica Almenara SL, se constituyó en el 2001, Atalaya 52 SL en 2007, Attack 84 SL —por cierto, domiciliada en la C/ Concepción Arenal, 1 de Bargas, Toledo— fue creada en el 2008, Opalo 81, en febrero del 2007 y Ahorros Familiares SAJA SL, está constituida en 2004.

Resumiendo, la familia, a esas fechas, dispone de unos ingresos anuales de, más o menos, 16 millones de Pts que aún no siendo poco, si nos creemos las informaciones aportadas en la declaración de bienes, rentas y actividades, no permiten a los Bono-Rodriguez ahorrar un ardite. Recordemos que el saldo medio de la cuenta corriente es de poco más de medio millón de Pts.

Demos ahora un corto salto en el tiempo, hasta el año 2004, último del que se conocen datos patrimoniales de José Bono. Seis años después de que la familia declarara un patrimonio relativamente magro, las cosas han cambiado un poco.

Ya no aparecen las deudas contraídas con el amigo Rafael Santamaría, ni con el Banco Popular. Bono declara como ingresos —seguimos en pesetas para que la comparación sea más fácil— 8.063.898 Pts más 1.830.246 Pts en concepto de remuneraciones y dietas por su cargo de Presidente de Castilla-La Mancha; 64.225 Pts como beneficios en su faceta de productor de aceite; 1.064.870 Pts de dividendos provenientes de Hípica Almenara SL; 13.144 Pts de intereses por los saldos en cuenta corriente; y 4.271.960 Pts por colaboraciones periodísticas y arrendamiento de dos viviendas.

Como al parecer, por entonces, el Sr Bono había disuelto la sociedad de gananciales con su esposa, según declara, «con el fin de no tener participación patrimonial ni intereses económicos en la tienda de su esposa denominada Tous Toledo», el patrimonio inmobiliario que reconoce se limita a la casa de Salobre y a una finca rústica de 2 hectáreas en esa misma localidad.

Estas dos hectáreas de suelo rústico en Salobre presentan graves dificultades de comprensión. Si nos volvemos a la declaración de 1998 veremos que Bono asegura haber vendido «varias fincas heredadas de su madre para financiar la casa de Olías» y como las únicas fincas que declara heredadas ese año y los demás son los dos terrenos rústicos de caber 1,97 Has. en Salobre adquiridas en 1981 por «herencia de padres» —dice— habrá que concluir que esas casi dos hectáreas fueron las vendidas.

Sin embargo, en 2004 hacen su repentina aparición otras 2 hectáreas que también se declaran adquiridas a título de herencia, pero esta vez en 1967, de forma que o bien se trata de las mismas 1,97 Has. que dice vendidas para pagar la casa de Olías, o bien, lo que es más probable, se trata de otra finca, también rústica, heredada a la muerte de su madre, en cuyo caso, Bono tuvo el descuido de no incluirla nunca en sus declaraciones hasta el año 2004

El resto de los inmuebles, siempre según Bono, pasó a formar parte del capital de Ahorros Familiares SAJA SL, el cual, a fecha de constitución era de 658.000 € (109.481.988 Pts)

Esta es una sociedad muy curiosa y rentabilísima. Curiosa porque si bien se constituye como sociedad patrimonial para absorber los inmuebles del matrimonio después de la separación de bienes, su objeto social es el inmobiliario; y extraordinariamente rentable porque según sus cuentas los beneficios obtenidos en 2007 alcanzaron la cifra de 462.830 € (77.008.432) es decir, casi el 100% de su capital social, cosa que asombra más si recordamos que se trata, supuestamente, de una sociedad patrimonial sin más actividad que la tenencia de los inmuebles familiares. De esta sociedad Bono tiene un total de 6.328 participaciones que representan un valor de 632.800 € (105.289.061 Pts).

Pero si Ahorros Familiares Saja SL, llama la atención, el caso de Hípica Almenara hunde en la perplejidad. La parte de esa entidad que Bono declara poseer es de 40 participaciones por un valor de 6.000 tristes euros. Puesto que Bono es un hombre «familiar» pero no tonto, según los datos que obran en el Registro Mercantil, la cuota parte que éste se ha reservado para sí en la empresa es del 80% y como el capital suscrito, según las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004, es de 15.000 €, el dato confesado por Bono es incierto.

Ello no tiene mucha importancia porque, en cualquier caso, estos números se refieren al «capital social» es decir a una suma para la que la legislación mercantil fija un mínimo en razón de la forma social y que actúa como garantía de acreedores, pero que no tiene nada que ver con el valor total de la entidad.

Por eso, en el capítulo de «Inmovilizaciones Materiales» (terrenos, edificaciones, etc) los números son algo más elevados: 1.022.879,46 €, no obstante, cantidad demasiado magra, me da la impresión, para un complejo hípico de 110.000 m2 a tiro de piedra del centro de Toledo con pistas, graderíos, cuadras, picaderos cubiertos, habitaciones para mozos, etc.

Para adquirir el complejo hípico, Bono dice haber hipotecado dos viviendas a consecuencia de lo cual obtuvo un crédito de 899.857 €, cosa que también llama la atención, porque si el patrimonio inmobiliario de la familia Bono-Rodriguez ha pasado a formar parte del capital de Ahorros Familiares SAJA SL, habrá que concluir que el valor de dicho patrimonio —completo (vivienda en Toledo, vivienda en Madrid y caso de Olías) y no sólo de las “dos viviendas” hipotecadas— es el del capital de esa sociedad, es decir, como se ha visto, 658.000 € y eso dice mucho a favor de la largueza, seguramente, del Banco Popular, porque las cuentas que a esas fechas mantiene la familia en entidades bancarias sólo son dos: una en Caja Rural y otra en el banco del Opus, las dos, aquejadas de tanto raquitismo, que a Bono le faltaría liquidez para afrontar, siquiera, una avería grave de su automóvil.

Bono y el detenido ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos

No obstante, al igual que Ahorros Familiares SAJA SL., el hipódromo también es extraordinariamente rentable. En tres años ya ha dado un millón de € de beneficios netos, aunque esto tampoco es tan raro teniendo en cuenta que, por ejemplo, las obras que Francisco “El Pocero” Hernando le hizo ahí, no las pagó Bono —al decir del propio Pocero— sino los «patrocinadores» y no hay que asombrarse de que los beneficios sean muchos cuando los gastos los pagan otros.

Volviendo a la declaración de 2004, la consorte de Bono reconoce unos ingresos por su trabajo en la nomenclatura del PSOE de 16.606 € (2.763.005 Pts.) otros 6.400 en concepto de dividendos por su participación en Hípica Almenara, y 13.912 por ingresos derivados de inmuebles arrendados. En el resto de conceptos se repiten las cantidades declaradas por su marido por lo que habrá que entender que le corresponde el 50% de esas cantidades aunque la sociedad conyugal de gananciales estuviera disuelta desde marzo de ese mismo año 2004.

Lo que sí declara como propias Ana Rodríguez Mosquera son 420 participaciones de la «franquicia de Tous» —una cadena de joyerías que vende figurillas de simpáticos oseznos para colgar del cuello— por un valor total de 25.684 €

En conclusión, que sin entrar a analizar detalladamente las inconsistencias de unas declaraciones que nadie se toma muy en serio, incluidos los propios declarantes, entre 1998 y 2004 la familia Bono-Rodríguez ya ha recorrido el camino que separa la vida acomodada de la riqueza y, desde entonces hasta la fecha, han aparecido entre cinco o seis —dependiendo de las fuentes de información— joyerías franquiciadas por la firma Tous; cinco sociedades mercantiles: Hipica Almenara, SAJA, Attack 84, Atalaya 52 y Opalo 8; posee un patrimonio inmobiliario un tanto protéico pero que incluye la finca de 110.000 m2 en que está instalado el negocio de la hípica; el nuevo piso de la C/ San Justo de Madrid; el nuevo chalet de Bargas; tiene otra vivienda de considerables proporciones en Toledo; la soberbia casa de Olías; otro piso más en Madrid, etc. etc. y dejo esto en suspenso porque tengo la viva sospecha de que los descubrimientos relativos a la riqueza de José Bono y familia no han terminado.

Todo esto se ha forjado, si nos creemos los dicho por Bono en sus declaraciones, con la venta de 20.000 m2 suelo rústico en Salobre, cuyo precio no pudo ser superior a unos 20.000 € (algo más de 3 Millones de Pts.) porque a fecha de hoy el suelo rústico en Alcaraz, localidad relativamente cercana a Salobre, pero de mucha mayor importancia y mucho más próxima a Albacete, oscila entre el Euro y los cincuenta céntimos el m2; un crédito de 899.857 € y la venta en los años 85 y 94 de dos pisos adquiridos respectivamente en el 75 y el 79 por lo que, evidentemente, no debían tener ningún parecido con la vivienda de la C/ San Justo de Madrid o con las casas de Bargas y Olías.

Me resulta realmente difícil pensar en alguien que supere en industria y tino inversor a José Bono, pero, para acabar, conviene recordar una información aparecida en el libro de Alejandra Ramón y Ruth Ugalde: El Pocero de Seseña, un texto imprescindible para comprender la historia nocturna de Castilla-La Mancha. En su página 160 se lee lo siguiente:

Verano de 2006. A las puertas del despacho de la ministra de Vivienda, un consejero de una de las mayores inmobiliarias españolas esperaba reunirse con María Antonia Trujillo… Tras las formalidades de turno, Trujillo empezó a contarle una extraña trama de intereses inmobiliarios y supuestos favores políticos en Seseña que salpicaba directamente a José Bono. Moncloa no tenía pruebas, pero sospechaba que las acusaciones eran ciertas y esa podía ser la gran oportunidad para desterrar definitivamente al ministro de Defensa de la política.

Nadie ha desmentido esto.

Barreda no quiere “criminalizar el sector del ladrillo” y pone “todos los fondos” de la Ley de Economía Sostenible a su disposición

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Reproduzco a continuación la nota de prensa emitida por la asociación “Salvemos Las Rozas”, una prueba más de que el fiasco inmobiliario y la situación de “corrupción endémica” –términos utilizados por el “Informe Auken” relativo a España y aprobado por el Parlamento Europeo– no han hecho cambiar nada. Los escualos, responsables en mucho, si no en todo, de la calamidad pública y económica actual, siguen planeando retomar el festín donde lo dejaron.

Lo que según este comunicado se pretende hacer en Las Rozas, es plenamente aplicable a cualquier otro lugar, léase Illescas, donde el PAU de 24.000 viviendas sigue vigente; Carranque donde sólo dos PAUs adjudicados a PEYBER (campo de golf) y a la empresa de Aurelio González Villarejo prevén tres mil nuevas viviendas en una localidad que no llega a 3.000 habitantes; Cebreros (Avila) donde a Enrique Ventero, uno de los principales “malayos” se le ha adjudicado otro PAU en condiciones similares, etc. etc.

Los citados, son sólo ejemplos de una actuación sistemática encubierta y protegida por los poderes públicos que afecta a cualquier región –por supuesto, muy especialmente al norte Toledo– a la que se considere zona de expansión demográfica.

De hecho, el pasado 27 de marzo, El Digital de Castilla-La Mancha publicaba que Barreda, con una sinceridad digna de mejor desvergüenza, “dentro de las negociaciones del pacto contra la crisis y la Ley de Economía Sostenible, se ofreció a reunirse con los constructores y aprovechar todos los fondos que correspondan a la región en este tema”, es decir, se ofrecía a verter esos fondos en un “plan de choque” para la recuperación del sector de la construcción en Castilla-La Mancha, porque Barreda no quiere “criminalizar al sector del ladrillo”.

No hace falta recordar que los “constructores” de referencia en Castilla-La Mancha son una hermandad muy selecta con la que, tanto José Bono como José María Barreda, han demostrado mantener lazos muy estrechos: Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo o los hermanos Barco Fernández, y eso sin contar a algunas estrellas emergentes en la región, como Javier Arteche Tarascón en Layos y Argés, los hermanos Bermejo-Peinado (PEYBER) en Carranque o Pedro Román Zurdo y su socio Juan María López Alvarez en Bargas.

Esa ha sido y pretende seguir siendo, la política urbanística española: poner “todos los fondos” a disposición de personajes sospechosos unos o delincuentes convictos otros. Recordemos, por ejemplo, que ahora que se cumple un año de la intervención de CCM, aún no se ha dado ninguna explicación de porqué la entidad quebrada decidió prestar a Juan Antonio Roca Nicolas y sus secuaces, no menos de 200 Millones de €.

En fin, como he dicho, reproduzco a continuación el comunicado de prensa de la asociación “Salvemos Las Rozas” y de la “Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio”.

SALVEMOS LAS ROZAS HACE UN LLAMAMIENTO A TODASLAS ORGANIZACIONES DE “SALVEMOS LA SIERRA”, “CIUDADANOS CONTRA LA ESPECULACIÓN” Y LA “COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO” PARA SUMARSE A LA PROTESTA Y LA CAMPAÑA DE ALEGACIONES CONTRA EL PGOU DE LAS ROZAS

Asociación SALVEMOS LAS ROZAS

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid – num: 27.303 – CIF: G84227701. Tel: 687 558 436, www.salvemoslasrozas.org

ACTO DE PROTESTA:

SÁBADO 3 DE ABRIL A LAS 11’30

Frente al AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

INFORMACIÓN Y DESCARGA DE ALEGACIONES EN:

www.salvemoslasrozas.org

La asociación Salvemos Las Rozas denuncia que el documento actualmente en exposicion pública, que se propone para aprobación definitiva del PGOU de Las Rozas, es un atentado contra los intereses ciudadanos, un ejemplo de urbanismo salvaje, especulativo y depredador.

Esta versión del PGOU es aun más agresiva que la realizada en 2006 en la aprobación inicial, a que aumenta la edificabilidad en los nuevos sectores, añadiendo 11.300 viviendas en vez de 10.000, lo que supone añadir una población de 40.000 habitantes. Además incluye una enorme depuradora comarcal en suelo protegido de alto valor ecológico del Parque del Rio Guadarrama y dos nuevos campos de golf.

En Las Rozas hay cerca de 6.000 viviendas vacías en la actualidad y otras 2.500 aun pendientes de construir del PGOU de 1994. Estas 8.500 viviendas supondrán ya un aumento de población de más de 30.000, sobre los 85.000 actuales. Si a estas sumamos las nuevas viviendas propuestas en el PGOU nos encontramos con que la población de las Rozas se duplicaria en unos años, pasando de 85.000 a 160.000 habitantes.

Esto supone una masificación y una perdida definitiva y total de la calidad de vida en el municipio, y la consolidación de un modelo altamente insostenible de ocupación intensiva del territorio, contrario a todo criterio de ordenación territorial, especialmente teniendo en cuenta la actual saturación de infraestructuras básicas, especialmente de saneamiento, y la escasez de servicios, como institutos u hospitales.

A su vez la cantidad de viviendas vacías y pendientes de construir subrayan la absoluta injustificación de este nuevo PGOU y sus 11.300 nuevas viviendas. Esto implica un flagrante incumplimiento de la ley estatal de suelo, que exige la plena justificación de los desarrollos previstos y demanda la DESCLASIFICACIÓN de aquellos suelos urbanizables de anteriores PGOUs que no se hallan urbanizado y que no estén justificados.

Dado que hay 6.000 viviendas vacías en Las Rozas es evidente que no hay demanda de nuevas viviendas. Dado también que las obras en sectores como la Marazuela están paradas desde hace uno o dos años por efecto de la crisis económica y de la carencia de demanda la asociación exige la DESCLASIFICACION como suelo urbano de las parte no construidas del sector de a Marazuela y la no inclusión de nuevos sectores urbanizables.

La inclusión de dos nuevos campos de golf, con la consiguiente demanda de agua es otro ejemplo más de urbanismo insostenible y especulativo.

El PGOU es expresión máxima de todo aquello que el Parlamento Europeo critica duramente en su Informe AUKEN de 2009, sobre el urbanismo salvaje en España, informe en el que insta a la retirada de fondos europeos a España, por el modelo insostenible de desarrollo y las vulneraciones europeas que se cometen a través de él. El PGOU de Las Rozas prevé una enorme planta depuradora en suelo protegido y el municipio incumple las normativas europeas de saneamiento con un sistema de colectores deficitario y tecermundista, por lo que puede contribuir a la retirada de fondos europeos a España.

Tal como afirma el informe AUKEN, ha sido el modelo económico del ladrillo lo que ha inducido la crisis de especial gravedad que se vive actualmente en España, un suicidio económico del pais que se perpetua y se intensifica con este PGOU. La respuesta a la crisis no puede ser más ladrillo, sino la diversificación radical de la economía, anteponiendo ante todo la sostenibilidad ambiental y social.

La asociación lamenta que el ayuntamiento halla hecho oídos sordos a las quejas y alegaciones de cientos de ciudadanos que defendian un desarrollo sostenible, social y medioambiental y que lejos de ello, halla hecho una redacción aun más agresiva que la anterior, destinada a destruir definitivamente el municipio y atentar contra los intereses ciudadanos, la calidad de vida y el medioambiente.

La asociación denuncia también las dificultades a la participación ciudadana que se ha experimentado durante el proceso de aprobación del PGOU y el secretismo con el que el ayuntamiento ha querido sacarlo adelante. La asociación cuenta a eso efectos con un informe del Defensor del Pueblo que denuncia el ocultamiento de información que se produjo

La asociación exige la retirada del PGOU, la eliminación de todos los nuevos sectores urbanizables, de la depuradora comarcal en suelo protegido y de los dos campos de golf previstos, así como la desclasificación de suelo urbano o urbanizable pendiente de desarrollar del PGOU de 1994.

La asociación anuncia acciones legales, por la via contencioso-administrativa y en Europa, principalmente en función de los siguientes motivos:

  • ocultamiento de información en la aprobación inicial y dificultades a la participación ciudadana
  • incumplimiento de la ley estatal de suelo e injustificación de los nuevos desarrollos y necesidad de desclasificar suelo urbanizable.
  • vulneraciones de directivas europeas de saneamiento y espacios protegidos

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Contacto: Jaime del Val: Tel: 687 558 436

Chozas de Canales: una moción de censura, un tránsfuga y la venda antes de la pedrada en la frente de Jesús Gregorio Fernández Vaquero

Fernández Vaquero

Ya es público. Los concejales de obediencia bonista unidos a un tránsfuga del PP van a presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo) y como siempre, para desvelar o atisbar la realidad que subyace en este asunto hay que despreciar el velo de ciertas banderías políticas y chercher l’argent, seguir la pista del dinero, de la guita, del botín en definitiva.

La situación de Chozas de Canales fue objeto de un amplio reportaje en la revista Interviú en el cual se ponía de manifiesto que los protagonistas y el procedimiento seguido por ellos ha venido siendo el habitual en Castilla-La Mancha: Un ayuntamiento: el de Chozas de Canales; un alcalde, en este caso ya ex alcalde: Antonio Antúnez y un constructor áulico o adscrito a la corte municipal: Felipe Barbarroja.

Leer el resto del artículo en Tercera Información

Parte la Marcha Contra la Corrupción ¿El PSOE de Castilla-La Mancha no tiene nada que decir?

Bono celebrando algún comentario de Cañizares

Entre doscientas y trescientas personas ―según el medio informativo― han iniciado hoy en Seseña la Marcha Contra la Corrupción. Para ello ha sido necesario que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Castilla-La Mancha ratificaran el derecho fundamental a la libertad de manifestación de los convocantes. Tanto la Delegación del Gobierno ―antiguo “gobernador civil”― de Madrid, como la de Toledo habían prohibido la citada marcha con el peregrino argumento de que el reglamento de tráfico prohibía la circulación de peatones por las autovías.

Sin embargo, como bien señala la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, la ocupación de la vía pública es consustancial al ejercicio del derecho constitucional de manifestación y este sólo puede ser prohibido cuando existan “razones fundadas de alteración del orden público con peligro para las personas y bienes”, cosa que, por supuesto, las respectivas Delegaciones del Gobierno, ni argumentaron ni probaron.

El incidente, sin embargo, sería irrisorio si previamente el PSOE de Castilla-La Mancha y especialmente algunas de sus figuras más destacadas en Toledo no hubieran iniciado una sostenida campaña de propaganda para desprestigiar y desnaturalizar el sentido de la protesta convocada por IU.

Así, en declaraciones a ABC aparecidas hoy, un miembro de la agrupación socialista de Seseña, afirmaba lo siguiente:

Desde el 13 de diciembre en que se conoció la decisión de la dirección nacional del Partido Comunista de convocar una marcha contra la corrupción desde Seseña a Madrid, el PSOE ha venido manifestando su posición con absoluta nitidez… La corrupción siempre tendrá en mí a un enemigo. Ahora bien, una cosa es denunciar los casos de corrupción, cuyas culpas tendrán que pagar los corruptos, y otra muy distinta es situar a Seseña en el centro del mapa de la corrupción en España.

Este señor del PSOE de Seseña citaba casi textualmente las palabras del vicesecretario provincial Jesús Gregorio Fernández Vaquero, quien ya dijo que no estaba dispuesto a que “se situara a Seseña en el epicentro (sic) del mapa de la corrupción”.

Web de la agrupación del PSOE en Seseña

En este tono se ha venido sucediendo la campaña del PSOE manchego: IU pretende que se tenga a Seseña por una población corrupta. Ellos se preocupan por su bonito pueblo y por su soberbio castillo y no comprometen el futuro de la localidad. Hay que dejar tranquilos a los tribunales y pasar página. Hay, en definitiva, que olvidar el caso de Seseña y olvidar aún más al Pocero.

Pero Seseña no es el centro, el epicentro, el vértice, el epítome o lo que sea, de la corrupción, es el símbolo de la resistencia contra la corrupción y la demostración de que un hombre normal, de cualidades normales, no un Buenaventura Durruti, ni un Ernesto Guevara, sino un Manuel Fuentes Revuelta, puede elevarse contra una podredumbre cuyo alcance y poder se están apenas vislumbrando a raíz de las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación.

Diría, como en el viejo Libro, que “a vosotros, porque no sois ni fríos ni calientes, sino tibios, os vomitaré de mi boca”, pero no lo digo porque la tibieza del PSOE manchego en el asunto de la corrupción en general, y del caso Seseña en particular, es mera apariencia. No hay tibieza ahí, sino una manifiesta beligerancia en favor del silencio, beligerancia que no se ha visto estorbada ni cuando se documentó gráficamente cómo el Pocero le trabajaba a José Bono en su hipódromo, ni cuando los medios de comunicación han desvelado cómo la Mafia ―un presunto miembro de la Mafia calabresa― hizo millonario al ex alcalde de Seseña y militante del PSOE toledano, José Luis Martín.

Ni Barreda, ni Paje, ni Fernández Vaquero, ni Tofiño, ni nadie relevante o irrelevante en el PSOE, han dicho una sola palabra sobre estos hechos. A ninguno de ellos parece preocuparles que gente vinculada al crimen organizado internacional, a la ‘Ndrangheta, haya tenido ―y puede que tenga― algún papel en el caso Seseña; lo que les preocupa es que una manifestación contra la corrupción se inicie en Seseña.

Información relacionada:

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Un mafioso pagó 700.000 Euros al alcalde que ayudó a “El Pocero”

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Las relaciones del Pocero con José Bono

Denuncia sindical en Castilla-La Mancha contra la situación de clientelismo y beneficios inconfesables que se vive en la Administración de Barreda

Bono y Barreda

El mismo día en que José María Barreda, con una desfachatez insólita, declaraba en el diario Público que en Castilla-La Mancha no hay corrupción: “aquí podemos meter la pata pero no la mano. Tenemos una tradición de claridad, transparencia y control”, fueron sus palabras exactas; todos los sindicatos con representación en los Servicios Centrales de la Administración regional han hecho público un manifiesto denunciando el desprestigio creciente de dicha Administración “aumentado considerablemente por los clientelismos políticos, los beneficios particulares inconfesables o de algunas empresas vinculadas invariablemente con concesiones u otras decisiones administrativas”.

Estas son las prácticas, si no corruptas, al menos escandalosas que CCOO, UGT, USO, CSI-CSIF y STAS, han denunciado en el día de ayer:

Manifiesto por la dignidad de los empleados públicos en Castilla-La Mancha

José María Barreda, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, viene incumpliendo sistemáticamente su palabra para justificar su elevado sueldo o aclarar el destino de sus honorarios.

Se recoloca, en puestos en algunas ocasiones mejor remunerados, a los cesados, con el populista argumento de la reestructuración para reducir gastos, que evidentemente no suponen ahorro alguno a las arcas públicas.

La oposición y los grupos políticos guardan un preocupante silencio en torno a estos temas, en lo que parece un gran pacto de carácter económico, muy alejado de las verdaderas preocupaciones que afectan a los castellano-manchegos.

Se argumenta la profesionalidad para dar cobertura a muchas contrataciones con elevados sueldos, cuando la realidad es que han sido ellos los que nos han sumido en la actual crisis global y en la más que probable desaparición de Caja Castilla La Mancha, emblema regional, tal y como la conocemos.

La creación de Fundaciones, Sociedades Públicas y Empresas creadas a la sombra de organismo públicos, sólo buscan la duplicidad de los órganos administrativos, sobresueldos, beneficios personales y vías para escabullirse de los límites legales y la fiscalización y vigilancia de los empleados públicos, que tiene el deber moral de velar por los intereses generales.

Se alientan privatizaciones o externalizaciones que provocan pérdidas de puestos de trabajo, modelos de contratos en precario e inestabilidad en el empleo

Se mantienen índices de temporalidad en el empleo de casi el 25% (23,91% a 1/09/2009), apoyados en numerosas ocasiones en excesivas comisiones de servicio, que pervierten el sentido de los concursos de traslados.

Se guarda un riguroso secreto sobre las gratificaciones concedidas. Se evita hacerlas públicas y, ni siquiera, se incluye tal posibilidad en el articulado de la Ley de Presupuestos.

Se aceptan regalos sin un registro de los mismos, que en las fechas navideñas se multiplican escandalosamente, sin que nadie conozca su procedencia o su destino final.

Se multiplican sin control los puestos de asesores, que sirven para recolocar a cargos políticos en su mayoría, siendo significativo el número de asesores docentes en educación (más de 100) que desempeñan puestos de funcionarios de administración general.

El número de designaciones a dedo crece sin medida. Si sumamos a las más de 2000 comisiones de servicio, los puestos de libre designación y concurso específico (libre designación encubierta) nos acercamos a la escandalosa cifra de más de 3000 puestos de trabajo.

La trama vasco-malaya pagó, presuntamente, las clases de golf a la mujer de José Bono

Dádivas a la mujer de Bono
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Según publica hoy “La GacetaAntonio Barrientos, ex alcalde de Estepona, hecho preso durante la Operación Astapa, el mismo al que José Bono atribuyó “bolsillos de cristal”, se encargó de proporcionar gratuitamente un coche oficial y un chofer a Ana Rodríguez Mosqueracuya sobrina carnal fue parte del equipo de gobierno de Barrientos– esposa de Bono. También hizo las gestiones oportunas para que la señora Rodríguez Mosquera recibiera clases de golf en el campo “Valle Romano” a cargo, presuntamente, de sociedades de la trama vasco-malaya.

Tal y como consta en el sumario Astapa “en conversación mantenida entre Antonio Barrientos y Ana –esposa de Bono– Antonio le comenta que al final le van a dar clases de golf en el campo de Valle Romano; que cuando venga que le llame y que él manda a alguien a recogerla… Al día siguiente, Antonio realiza una llamada a uno de sus escoltas, a las 10:33;26 y le dice que vaya a buscar a Ana y que la lleve a Valle Romano, que una vez allí pregunte por Juan Carlos Piñero, que es profesor de golf y la está esperando”.

Los informes policiales que obran en el sumario continúan diciendo que “se tiene conocimiento de que a través de esta sociedad –J. C. PIÑERO SL, empresa del mencionado Piñero– numerosas personas del entorno del Ayuntamiento de Estepona, están recibiendo clases de golf. Esta mercantil recibe pagos del entorno de Valle Romano, por lo que se podría concluir que VALLE ROMANO podría estar financiando las clases de golf de todas estas personas”.

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La Trama Vasca en Estepona

Valle Romano es una promoción inmobiliaria de lujo que, en la actualidad, pertenece plenamente a la KUTXA, pero que desde su inicio estuvo directamente ligada con algunos de los cabecillas de la llamada Trama Vasca de la Operación Malaya, los cuales también fueron detenidos durante la Operación Astapa.

Uno de esos detenidos fue Luis Fernando Linares Torres, del despacho de abogados LINARES & KINKEL, el cual, como su propio nombre indica, comparte con Maria Eugenia Yeregui Kinkel, otra de las personas que habitualmente aparecen asociadas al “malayo” Javier Arteche Tarascón, a Luis María Maya Galarraga, a Aguirre Iguíñiz y a los demás miembros de la trama vasco-malaya.

Linares Torres fue consejero delegado de VALLE ROMANO hasta marzo de 2008, fecha en que la KUTXA, una vez destapada su asociación con estos individuos en Murcia –fincas de Lo Poyo y La Cerrichera– inició varios movimientos de aparente desvinculación de la “Trama Vasca”.

Por su parte, María Eugenia Yeregui Kinkel, que desempeñó el cargo de presidenta de VALLE ROMANO, también fue consejera de OBARINSA, sociedad investigada en la Operación Malaya y presidida por el imputado Francisco Javier Arteche Tarascón.

Según las investigaciones policiales que obran en el Sumario Astapa, las dádivas hechas a personas ligadas al Ayuntamiento de Estepona provenientes del entramado societario de “LuisferLinares Torres y de Eugenia Yeregui, eran habituales.

Así, por ejemplo, en el Tomo VI, pag 54 de las previas 1030/2007, es decir, del citado sumario se lee lo siguiente: “En relación a los regalos que Daniel, supuestamente en representación del entorno de Valle Romano (y mas concretamente del entramado societario ligado a Luis Fernando LINARES TORRES, Meyluna SL ( CIF B20859476), Linares and Kinkel SL(CIF B83071381), etc, está encargado de repartir y distribuir, se ha observado lo siguiente:

En llamada del 13.12.07 a las 18:05, Daniel conversa con José Ignacio SÁNCHEZ BARANDA, el cual ocupa diversos cargos en sociedades vinculadas a Luis Fernando LINARES TORRES, acerca de las personas del Ayuntamiento y en general de la vida Esteponera a las que se les va a hacer un ‘regalo navideño’.

Además de hacer un listado de los beneficiados comentan, supuestamente en relación a lo ‘buenas ó malas‘ que han sido esas personas, si este año los regalos van a ser al alza o la baja.

Es de suponer que los criterios utilizados para realizar esta ‘calificación’, estarán basados en lo proclives o reluctantes que hayan podido estar hacia los intereses empresariales de Valle Romano, las personas que aparecen en la lista”.

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La conexión toledana

De la presencia de la Trama Vasca en Toledo ya se ha hablado aquí detenidamente. En la localidad de Layos, en una finca propiedad del arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra, se ha desarrollado un ambicioso proyecto inmobiliario con el inevitable campo de golf. La sociedad responsable de este proyecto es la mercantil LAYOS CASA CAMPO en cuyo consejo de administración aparecen, entre otros, además de Miguel de Oriol e Ybarra y de su hijo, Miguel de Oriol e Icaza –el arquitecto que firmó el proyecto del campo de golf de Carranque a causa del cual el alcalde de esta localidad está imputado por varios delitos de corrupción– el mismísimo Javier Arteche Tarascón.

Pero también, como apoderado de esa sociedad, consta el nombre de Julio Rodríguez Arauzo, que además de haber sido Delegado Provincial Obras Públicas de Toledo durante los gobiernos de José Bono y bajo la correspondiente consejería ocupada primero por Emiliano García Paje y, después, por Alejandro Gil, ha trabajado o realizado funciones de representación para la contratista catalana COPCISA, empresa que junto a la constructora del aparejador –en excedencia ahora– del Ayuntamiento de Carranque, se alzó con la adjudicación del mantenimiento de las carreteras de Toledo por más de 27 millones de €.

La precipitada “dimisión” de Saiz deja al frente del CNI a otro hombre cercano a José Bono

José Bono
José Bono

Ya es pública la «dimisión» de Alberto Saiz, el hombre puesto al frente del CNI por su primo putativo y padrino político, José Bono. Con el cese de este perito agrónomo, estoqueado por un pez espada y rematado por una granizada de patatas gallegas, el Estado recupera la normalidad, pero es más dudoso que en Moncloa se comprenda el alcance del acontecimiento o, mejor dicho, el alcance de lo que el acontecimiento enseña.

Esta es la tercera vez que el Gobierno de España tropieza en la piedra toledana. En la primera de ellas, Rodríguez Zapatero tuvo que «dimitir» a Bono poco después de haberle nombrado Ministro de Defensa. Sus lazos con el Pocero eran ya demasiado manifiestos, igual que manifiesto era el fumus malus iuris que desprendía el escándalo de Seseña, un asunto que se disputa el título de paradigma de la corrupción política, con el caso Malaya.

Cuando aún no habían terminado, ni mucho menos, las consecuencias de la aparición del Pocero en Seseña ―donde hay un imputado por corrupción y ninguno por corruptor― otro de los hombres de confianza de José Bono y consejero de sus gobiernos manchegos, Juan Pedro Hernández Moltó, llevaba a la quiebra a Caja Castilla-La Mancha y se descubría que en ese fiasco tenían un considerable papel la financiación de CCM a sociedades y personajes del hampa marbellí.

Ahora, lejos aún de que los asuntos de Seseña y de CCM estén resueltos, el grotesco episodio de Alberto Saiz tiene que liquidarse a mano airada sin poder esperar, ni siquiera, a agosto como esta misma mañana decía un medio de comunicación que iba a ocurrir.

Sin embargo este apresuramiento es delator y huele a componenda. El País publica esta tarde que el sustituto de Saiz, el general Sanz Roldán, es un «hombre de Bono y del respeto de Zapatero» lo cual es decir mucho sin decir nada.

Las cabezas trocadas. El día de pesca de Alberto Saiz
Las cabezas trocadas. El día de pesca de Alberto Saiz

Otra vez, como ya ocurrió tras la primera dimisión de Bono, Zapatero se ve obligado a suministrar oxígeno a su enemigo. El leal Saiz «dimite» antes de lo previsto pero, a cambio, José Bono no se queda completamente «sordo», no pierde por completo su influencia en los servicios secretos. La ve debilitada ―porque no me imagino al general Sanz asumiendo la servicial actitud del primo político― pero no destruida.

El miedo, una vez más, ha hecho temblar la mano de Zapatero frente a Bono y con ese temor y temblor incuba gravísimos problemas; lo mismo que hace María Dolores de Cospedal, a quien el sentido común le está pidiendo a gritos que depure urgentemente su partido en Castilla-La Mancha mientras el temor o la prudencia la tienen paralizada.

Los dos, Zapatero y Cospedal tienen un trabajo pendiente en Toledo. Allá ellos si se empeñan en dilatar lo inevitable. De momento el Tomo VI del sumario del Caso Astapa, el primero del que se levanta el secreto, parece traer interesantes revelaciones. Estudiaremos ese sumario con detenimiento.

El entorno de Bono continúa desmoronándose. Las empresas de Aurelio González Villarejo podrían estar al borde de la quiebra

Diario Negocio
Diario Negocio

Hoy el diario NEGOCIO dedica un amplio artículo a lo que, a todas luces, parecen ser las vísperas de la quiebra ―actualmente se llama concurso de acreedores― del GRUPO G.V., es decir, de la trama, tejido o urdimbre empresarial creada por Aurelio González Villarejo, hombre de orígenes similares a los del Pocero, pero que al contrario de éste, está generosamente adornado por la virtud de la discreción.

Al constructor, fiel amigo de José Bono, las cosas se le están poniendo realmente difíciles y no sólo por el fiasco de su participación, junto a Luis Portillo, en el asalto y posterior demolición de INMOBILIARIA COLONIAL, sino porque también está siendo arrastrado por el fracaso de su aventura ciudadrealeña en el aeropuerto de esa capital y en el complejo residencial aledaño: El Reino de Don Quijote.

Estos, no obstante, no son los únicos negocios del empresario conquense que amenazan ruina. Otros de menor volumen, como el PAU de Las Montanillas en Carranque (Toledo) ya están en situación de semiabandono o de abandono completo, lo cual no es raro teniendo presente el endeudamiento insostenible que reflejan las cuentas de DESARROLLOS URBAPLANING, la sociedad de González Villarejo con la que éste actúa en el citado PAU y también, con la que pretendía trabajar en el de las 24.000 viviendas de Illescas, también en Toledo.

Los propietarios de terrenos afectados por los PAUs de González Villarejo en Carranque deberían ir preocupándose seriamente de su situación si es que aún no han cobrado íntegramente el precio de los suelos que le vendieron. Las fauces de los bancos acreedores ya están abiertas y si, según informa NEGOCIO, el propio González Villarejo no contempla la inmediata presentación del concurso de acreedores, muy bien pudiera pasar que un tercero sí lo presentara.

De paso, también deberían hacer lo propio aquellos otros labradores que vendieron suelo en el campo de golf de PEYBER y que acordaron el aplazamiento de pagos, porque ese PAU hace tiempo que fue aprobado definitivamente y, por lo tanto, está cumplida la condición que dejaba en suspenso los últimos plazos de las compraventas acordadas con VILLA ROMANA GOF la cual, si aún no ha liquidado esas deudas, podría estar violando sus obligaciones contractuales.

En cualquier caso, lo que esta noticia pone de manifiesto es el rápido resquebrajamiento de la maquinaria de poder económico y político construida por, o en torno a, José Bono. La dentellada de los acreedores no sólo amenaza a González Villarejo. Méndez Pozo, Díaz de Mera, los Nozaleda… Están sufriendo la misma maldición causada por las aventuras megalómanas, dicen que de Luis Portillo, aunque no tengo para mí que sea Luis Portillo el cerebro de tales aventuras, sino tal vez, su instrumento.

En el terreno político la situación no es mejor y hoy mismo El País publica el acta de defunción ―en sentido figurado, se entiende― del director del CNI. Como sabemos, Alberto Saiz es un leal hombre de Bono, puesto al frente de los servicios de espionaje españoles por el propio Bono y que, además, tiene lazos familiares con él.

Desolación en el PAU de González Villarejo en Carranque (Toledo)
Desolación en el PAU de González Villarejo en Carranque (Toledo)

Si algo proporciona poder en este mundo, eso es la información y más aún, la información confidencial o secreta. Bono, que será lo que sea, pero en modo alguno una persona corta de entendederas, sino todo lo contrario, más listo, muy de largo, que el hambre; según llegó a Madrid y ocupó el Ministerio de Defensa, se apresuró a tomar posiciones en cotas estratégicas. HISPASAT, ahora presidida por Petra Mateos, fue una, pero sobre todo, ante todas las cosas, se enseñoreó del CNI poniendo allá, no sólo a un familiar, sino a quien le debía todo, a quien había pasado desde la gris existencia de un perito agrónomo hasta una de las consejerías del gobierno de Castilla-La Mancha y eso gracias a la decisión de su primo político.

Como ya he dicho, cuando Bono se cayó del Ministerio de Defensa, empujado por el ímpetu arrollador del Pocero, consiguió salvar los bártulos en su práctica totalidad. Su primo político continuó al frente del CNI; el satélite de comunicaciones español, en las diestras manos de Petra Mateos; y las fastuosas tajadas urbanísticas de Castilla-La Mancha, firmemente aferradas por el estrecho círculo de sus amigos constructores: Díaz de Mera, Méndez Pozo, Barco Fernández y Aurelio González Villarejo, todos ellos subvencionados o financiados, con generosidad autodestructiva, a costa de los dineros de CAJA CASTILLA LA MANCHA, ésta también en manos de otro leal de Bono: Juan Pedro Hernández Moltó.

Pero he aquí que de repente Hernández Moltó ha sido puesto de patitas en la calle por el Banco de España; los constructores aúlicos de Castilla-La Mancha parecen deambular cual almas enajenadas sin acabar de comprender lo que les está pasando; al Director del CNI, al primo político, le hacen pasar por la plancha y ahora, en el agua, chapotea un poco antes de hundirse. Para colmo, se ha sabido de las extrañas asociaciones mercantiles de Petra Mateos Aparicio-Morales con un socio de Juan Antonio Roca Nicolás, el paradigma de la delincuencia económica española y aunque es cierto que nadie parece reparar en la presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, tampoco nadie debería apostar a que en ese cielo, no truene en cualquier momento.

Todos estos y algunos otros, seguro que en su día pensaron, muy satisfechos de sí mismos, que quien tiene padrino se bautiza. La cosa, ahora, está en saber qué piensa hacer ese padrino. Aún no se le ha oído «ni mu» en relación con el asunto de Alberto Saiz, pero del Pocero sí tiene declarado que no le conoce.

¿Pretende el Banco de España volver a poner Caja Castilla-La Mancha en manos de Barreda cuando quede saneada la entidad?

José María Barreda
José María Barreda

El pasado día 30 de abril Cayo Lara, coordinador de IU, reclamó que la Fiscalía Anticorrupción investigue los posibles “indicios delictivos” que están sacando a la luz la prensa y la intervención de CCM por parte del Banco de España.

Lara se refirió, específicamente, a la concesión por parte de CCM de un crédito de 30 millones de € (5.000 Millones de Pts.) sobre unas garantías de 5, a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, propiedad, entre algunos otros, del “malayo” Pedro Román Zurdo y de su socio y también de Roca, el salmantino Juan María López Alvarez.

Ese crédito, correspondiente a una finca ―Alcalvín Bajo― situada en la localidad toledana de Bargas cuyo alcalde, Gustavo Figueroa Cid, es también vicepresidente de la Diputación Provincial de Toledo, fue renovado íntegramente por Hernández Moltó y por su equipo directivo días antes de su vencimiento y apenas dos semanas antes de la intervención de la Caja, en una operación cuyo apresuramiento y protagonistas hacen, cuando menos, sospechosa.

No es este, sin embargo, el único vínculo que une la gestión de Hernández Moltó y su equipo directivo con varios de los más significativos imputados en la Operación Malaya, una trama de corrupción cuyos hilos superan, con mucho, los límites locales y políticos de Málaga.

Sabemos, por las noticias que en su momento publicó El Economista, que el capital prestado por CCM a Juan Antonio Roca, a Pedro Román y a Enrique Ventero Terleira ―a sus sociedades, se entiende― está próximo, si es que no supera, los 200 Millones de € (unos 34 mil millones de Pts.) una cantidad fabulosa que hace muy difícil creer que, en este caso, no estemos ante una “colaboración” sistemática, consciente, planificada y sostenida en el tiempo entre estos individuos y la dirección de CCM.

Ahora, el informe de la Inspección del Banco de España no viene, precisamente, a despejar las sombras de sospecha sobre actuaciones peor que negligentes en la gestión de CCM. Según El País, en su edición de este 1 de mayo de 2009, dicho Informe es “demoledor”. En él se ponen de manifiesto “graves errores y carencias” tales como:

  1. Una estructura organizativa sin “líneas de responsabilidad claras y definidas”.
  2. Carencia de política de seguimiento de las inversiones.
  3. Concentración de riesgos en el sector inmobiliario.
  4. Superación de la inversión crediticia del límite del 35% marcado por el propio Consejo de CCM en el 2005.
  5. Identidad o confusión de intereses los responsables del “análisis de riesgos” y la sociedad solicitante, destacando, dice El País, “operaciones en las que se financia la práctica totalidad de la inversión para adquirir participaciones en sociedades relacionadas con la entidad y operaciones concedidas a personas vinculadas con la entidad en otros proyectos por un importe de riesgo elevado en relación con su capacidad de devolución”.
  6. Seguimiento de la inversión crediticia hecho con retraso y sin profundidad: desatención de la auditoría interna; etc. etc.

Mucho más grave que esto, es el hecho puesto de manifiesto por la Inspección del Banco de España, de que los clientes de CCM con créditos de más de 16 Millones de € eran, solamente, 125 y que de estos créditos, entre los que, como he dicho, están los concedidos a Roca, Pedro Román y Ventero, el 30% se consideran dudosos, el 34% están calificados como “subestándar” y el otro 20% son tan sospechosos que el Banco de España considera que requieren “un seguimiento especial”.

No conocemos aún la lista de esos 125 clientes en su totalidad, pero sí algunos de los nombres más significativos cuyas sociedades están incluidas en ella: Domingo Díaz de Mera, Antonio e Ignacio Barco Fernández, Antonio Miguel Méndez Pozo, Román Sanahuja, Enrique Ventero, Pedro Román Zurdo o Juan Antonio Roca.

Dolores de Cospedal y Barreda
Dolores de Cospedal y Barreda

Con independencia de las relaciones que puedan conectar a Moltó y sus hombres con el entramado “malayo”, sí es conocida y pública la estrecha relación personal que une a Domingo Díaz de Mera y a Antonio Miguel Méndez Pozo con José María Barreda, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y con esto llegamos al meollo de la cuestión, pues el Gobierno de Barreda ahora y el de Bono antes, no sólo estaban obligados por ley a controlar lo que sucedía en la Caja, sino que colocaron en ella a Hernández Moltó como hombre de confianza y le mantuvieron al frente de la entidad aún cuando era vox populi la inminencia del desastre, precisamente como garantía de docilidad y control de CCM.

En definitiva, que si Moltó mandaba en la Caja, Bono primero y Barreda después, mandaban en Moltó y parece inimaginable que Hernández Moltó actuara por cuenta propia, sin las órdenes o al menos el consentimiento de quienes le habían puesto donde estaban y de quienes, de un plumazo, le podían quitar de ahí.

Por eso tiene razón Cayo Lara cuando responsabiliza a Bono y a Barreda de lo ocurrido y no como últimos responsables, sino como responsables inmediatos, tan inmediatos como lo es el propio Moltó, y también tiene razón al extender esa responsabilidad a los dirigentes del PP en la región, que durante décadas han guardado un discreto y cómplice silencio, no sé si bien alimentado por la Caja y por la propia Junta, aunque casos como los del consejero de CCM, Germán Chamón, (a una de cuyas sociedades ―que, por cierto, comparte con Méndez PozoCCM le concedió un crédito de 9 Millones de €) proporcionan ciertas pistas sobre las razones de ese silencio.

Durante lustros, en Castilla-La Mancha no ha habido oposición al Gobierno. Las modificaciones introducidas por Bono en la Ley electoral de la región eliminaron toda posibilidad de que IU tuviera representación parlamentaria y, por otro lado, los hombres del PP en Toledo fueron tratados con mimo maternal, tanto que, por ejemplo, Arturo García Tizón fue puesto al frente del “Comité para el Buen Gobierno y la Responsabilidad Social Corporativa de CCM”.

Las infiltración del bonismo, a lo largo de las últimas décadas, ha fermentado tanto en el PP de Toledo (y en el de la región en general) que si ahora Cospedal quiere recuperar el control de su partido en la región, es más que posible que necesite recurrir a medidas draconianas y ya veremos si está en condiciones de hacerlo. Barreda lo sabe y sus mensajes advirtiendo que si él se hunde, se hunden todos, son constantes.

Estando así las cosas, la pregunta ahora es simple ¿piensa el Bando de España devolver CCM a las mismas manos que han provocado su quiebra y han utilizado la entidad de una forma que desprende un intenso olor a delito? Vamos todos listos si cuando se llene el agujero provocado en la Caja se devuelve el control de ésta a Barreda. La ratificación en sus puestos de hombres como Juan Tomás Vidal, Físico Cabañas o José Luis Rodríguez Holgado y el nombramiento como director general de un ex directivo de la Kutxa, estrechamente relacionada, también, con el Caso Malaya; no son datos que produzcan mucha tranquilidad

Tras la epidemia de los campos de golf, la pandemia de los aeropuertos. García Page, plenipotenciario del PSOE para el caso de “El Pocero”, impulsará “sigilosamente” uno en Toledo

Bono, Barreda y García Page
Bono, Barreda y García Page

No hay límites para los hombres que piensan en términos de continentes. Los campos de golf se han convertido ya en una minucia irrelevante y ahora, de lo que se trata es de sembrar el suelo de aeropuertos.

La aventura parece descabellada pero a diferencia de los desheredados segundones y bastardos que en el siglo XV se adueñaron de mundos nuevos y viejos poniendo en el envite vidas, ya que no haciendas; los tahúres de la modernidad juegan con las cartas políticas marcadas. No hay «aventura», es decir, empresa de final incierto, sino confusión entre la Ley y el negocio y entre el Legislador y los limitados protagonistas del favor político.

En fin, a lo que iba, que para los próximos años, en un radio escaso de treinta kilómetros a partir de Madrid, están previstos o se pretenden tres nuevos aeropuertos. El pasado día 22 «El Mundo» daba la noticia de que el de El Alamo-Casarrubios comenzará a construirse en el 2010 y eso una vez que José Blanco, el nuevo Ministro de Fomento haya desbloqueado los proyectos de Esperanza Aguirre.

En la misma noticia también se hace referencia a la intención de la Comunidad de Madrid de tener preparado y en marcha el aeropuerto de Campo Real, a unos cuantos kilómetros al sur de Alcalá de Henares, para el 2020

Por otra parte ABC, hoy mismo, recoge unas declaraciones de Emiliano García Page (con ge, lo cual no es puntualización baladí, porque como él muy bien sabe, en su familia existe cierta polémica con la ge y con la jota que se viene arrastrando desde hace tiempo por los registros civiles) Precedidas por otras de José Manuel Tofiño, alcalde de Illescas y presidente de la Diputación de Toledo -que parece estar perdiendo la fe en Rumanía- Según las cuales él, Page, no sólo apoyará, sino que intentará «alentar» la construcción de otro aeropuerto en Toledo, inicialmente en el ya castigado triángulo que forman Illescas, Carranque y El Viso de San Juan.

Al respecto, las declaraciones de este hombre, que en su día fue designado plenipotenciario del PSOE toledano para el caso de «El Pocero«, son un ejemplo magistral, no sé si de amenaza, de coacción o de la más descarnada sinceridad.

Dice Page, hablando de su apoyo y aliento a este nuevo proyecto: «No sólo apoyo un aeropuerto para la provincia de Toledo, sino que lo voy a intentar alentar. Pero con mucho sigilo, porque ahora los aviones ya no hacen ruido, ni al despegar ni al aterrizar. Desde luego sobra ruido en esto, porque no ayuda. Vamos a intentar que el procedimiento sea como un vuelo sin motor, silencioso, sigiloso…»

No sé, tampoco, si la metáfora del vuelo sin motor es la más apropiada a la vista de lo que está sucediendo con el Aeropuerto de Ciudad Real. Puede que más exacto sea decir que va a intentar que el procedimiento sea como una alimaña que acecha a su presa «silenciosa, sigilosa…»

En cualquier caso, pocas veces un «responsable político» alcanza cotas tan altas de desabrida franqueza porque lo que Page está diciendo es que el derecho fundamental a la libre información, a la participación en los asuntos públicos y a la publicidad de la actuación de las Administraciones, no ayuda, sino que estorba y que, por eso, aunque la Ley obligue a esas Administraciones a respetar en sus relaciones con los ciudadanos los principios jurídicos de transparencia y de participación, él va a procurar que todo el procedimiento transcurra «sigilosamente» es decir, a oscuras, sin publicidad y sin participación.

Como Emiliano García Page no ha sido obligado a dimitir fulminantemente de todos sus cargos políticos y públicos, ni lo va a ser, debo concluir que hombres de su talla son los que estos tiempos de oscuridad demandan y merecen.

“Tierra Comunera” presenta ante la Fiscalía Anticorrupción otra denuncia contra Hernández Moltó, Barreda y María Luisa Araujo

Hernández Moltó tras ser destituido de su cargo
Hernández Moltó tras ser destituido de su cargo

Anticorrupción estudiará la denuncia contra el ex presidente de CCM por múltiples delitos económicos. Así titula hoy la agencia Europa Press el despacho que puede leerse desde este enlace. La agencia de noticias se hace eco de la aparecida hoy en El Economista bajo el titular «Anticorrupción sigue los pasos de Hernández Moltó, ex presidente de CCM» y que se refiere a la denuncia interpuesta contra el citado Hernández Moltó por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, tal y como adelanté en Notitia Criminis el pasado 20 de abril.

Pero esta no es la única denuncia que tendrá que estudiar la Fiscalía Anticorrupción y que deberá afrontar Hernández Moltó. Hoy mismo el diario digital SOITU, citando a la Agencia EFE, publica que el PCAS (Partido Castellano) Antiguo «Tierras Comuneras«, ha presentado, también, otra denuncia en Anticorrupción contra Hernández Moltó. Por su evidente interés, reproduzco el texto del citado artículo a continuación:

«Toledo.- El Partido Castellano (PCAS), antigua Tierra Comunera, ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia para que investigue si los anteriores gestores de Caja Castilla La Mancha (CCM) o los políticos responsables de controlar las actuaciones de la entidad han cometido algún delito.

Así lo ha explicado a Efe el coordinador del PCAS en Castilla-La Mancha, Pedro Manuel Soriano, quien ha apuntado la posible comisión de ocho delitos por los gestores de la Caja, los miembros de su Consejo de Administración y otros órganos de la entidad, el presidente regional, José María Barreda, y la responsable de Economía del Gobierno, María Luisa Araújo.

El PCAS ha tomado esta medida al considerar que las explicaciones del Banco de España sobre los motivos de la intervención de la entidad no son suficientes y que el Gobierno de Castilla-La Mancha no asume su responsabilidad en lo ocurrido.

En concreto, Soriano ha indicado que los gestores de la entidad podrían ser responsables de delitos de estafa, apropiación indebida, delito societario, insolvencia punible o manipulación contable en las cuentas de 2008.

También ha manifestado que María Luisa Araújo podría haber incumplido la responsabilidad de control e inspección de la caja que le atribuye la legislación autonómica.

«Queremos que la Fiscalía aclare qué ha ocurrido», ha dicho a Efe Soriano, quien ha advertido que esas investigaciones también deben afectar a los miembros del Consejo de Administración durante los últimos cinco años, incluidos los propuestos por el PP que presentaron su dimisión en febrero de este año.

El coordinador del PCAS ha criticado que el Ejecutivo regional aún no haya dado explicaciones sobre lo ocurrido y que aún no haya sido cesado el director general de Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM), Jordi García Candau, por ocultar 24 horas la intervención del Banco de España.

También ha reprochado al PP que no haya tenido el «valor y el coraje» de llevar a la Fiscalía este caso y ha recalcado su apoyo a los trabajadores de la entidad, verdaderos perjudicados por «este embrollo político-financiero».

En cuanto al futuro de la entidad, ha confiado en que no se lleve a cabo su liquidación y subasta y ha propuesto que, en el caso de que no posible su saneamiento y funcionamiento independiente, sea absorbida por Caja Madrid, la entidad que más relación tiene con Castilla-La Mancha».

Emilio Sanz y Rosa Romero, ex consejeros de CCM, dispuestos a denunciar a Hernández Moltó ante la Fiscalía

Los consejeros de CCM con Hernández Moltó al frente
Los ex consejeros de CCM con Hernández Moltó al frente

El diario El Mundo publica hoy la noticia del envío de una carta al Banco de España por parte de los ex consejeros de CCM, Emilio Sanz y Rosa Romero (en la foto junto a Moltó y los demás) en la que aseguran que Hernández Moltó y los directivos de la Caja les ocultaron información esencial o, en términos más coloquiales, les engañaron.

En concreto, se refieren a la documentación enviada a dichos consejeros por los directivos de CCM con ocasión de la celebración del Consejo de Administración de 28 de enero pasado, según la cual la entidad habría obtenido en el ejercicio 2008 unos beneficios de 92,07 millones de Euros. Al respecto aseguran que esos datos, que se han demostrado falsos tras la intervención, fueron corroborados por el equipo directivo y que, contrariamente a lo habitual, en la documentación remitida faltaban información sobre los recursos propios y, consecuentemente, sobre el ratio de solvencia de la entidad.

Además, tanto Emilio Sanz como Rosa Romero, por cierto, alcaldesa de Ciudad Real, han asegurado que están dispuestos «a enviar al Banco de España toda la documentación que obra en su poder «para que se depuren todo tipo de responsabilidades». Así mismo aseguran que están dispuestos a acudir a la Fiscalía para que investigue los hechos».

El periódico citado añade que «aunque hasta ahora sólo estos dos ex consejeros han hecho denuncias abiertamente, los demás miembros del consejo están igualmente indignados y molestos con el proceder de los directivos» especialmente «después de que el Banco de España decidiera expedientar a los 15 miembros como corresponsables de la gestión irregular que llevó a la intervención de la entidad».

En esta teoría del falseamiento de la información o de la ocultación de datos esenciales sobre la situación de CCM, los consejeros expedientados coinciden con «fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha» que, como publicó El Economista, también aseguraron que Moltó les engañó o les ocultó información esencial.

Diario El Mundo de 15 de abril del 2009
Diario El Mundo de 15 de abril del 2009

En el caso del Gobierno de Barreda la excusa es inútil porque la Ley de Cajas de Castilla-La Mancha obligaba a éste a supervisar la actuación de Moltó, de los consejeros y de los directivos de la entidad. La Consejería de Economía debía exigir cuantos datos considerada relevantes y relevantes parecían muchos datos cuando la agonía de CCM era vox populi desde hacía, al menos, un año.

La posición de los consejeros no parece mucho mejor, incluida la de Jesús Bárcenas, el primero de los miembros del Consejo que dimitió y que se negó a firmar las cuentas de la Caja; y no parece mucho mejor porque si Hernández Moltó les ocultaba información tan evidente como la del ratio de solvencia, estaban obligados a exigirla y si se les negaba, estaban obligados a presentar denuncia o querella porque el artículo 293 del Código Penal dice que «los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán castigados con la pena de multa de seis a doce meses» y ello sin olvidarnos de lo dispuesto en los artículos 290, 291, 295, etc. etc. del mismo Código.

Esto lo sabe Barreda y, por eso, su letanía y la de sus portavoces en las últimas semanas consiste en recordar a los potenciales denunciantes, es decir, a los consejeros de la Caja, que ellos votaron afirmativamente los acuerdos tomados en ese Consejo y que -esto no lo dicen, pero lo dejan entender- con esas premisas «si me hundo yo, nos hundimos todos».

La tesis de Barreda parece plausible, desde luego, pero para tener éxito, para forzar el silencio o la complicidad por omisión de aquellos que saben y que hasta ahora han callado, se encuentra con un grave inconveniente. Resulta que los consejeros de la Caja ya están expedientados y al margen de las posibles multas, se enfrentan a 10 años de inhabilitación y eso suponiendo que los instructores del expediente, como manda la ley, no se vean obligados a trasladar a los tribunales el tanto de culpa que aprecien en los hechos que investigan.

En definitiva, que si alguna salida les queda a Emilio Sanz, a Rosa Romero y al resto de los miembros del Consejo de Administración de Caja Castilla-La Mancha, es precisamente la que están intentando tomar: o cantan cuanto saben o están hundidos.

Petra Mateos, persona de confianza de Bono, acerca el Caso Malaya hasta las puertas del despacho de José María Barreda

Petra Mateos
Petra Mateos

La presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, de HISPASAT, consejera de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN y miembro del Consejo de Buen Gobierno de CCM, Petra Mateos Aparicio, participa en la mercantil ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE junto a Juan María López Alvarez -socio de Juan Antonio Roca y de Pedro Román Zurdo– al que ya hemos visto en Bargas (Toledo) con el citado Pedro Román, recibiendo un dudoso crédito de 30 millones de Euros de manos de Hernández Moltó, renovado in extremis cuando apenas faltaba una semana para la intervención de la Caja.

Pero la presencia de Petra Mateos, persona de la máxima confianza de José Bono (quien, por otro lado, la impuso al frente de HISPASAT desde el Ministerio de Defensa) sólo es un elemento más de los extraños negocios que se están desarrollando en Aranjuez, relacionados con CCM y con algunos sospechosos constructores, como es el caso de Javier Arteche Tarascón, imputado en una de las piezas separadas del Caso Malaya y uno de los miembros más conocido de la llamada Trama Vasca.

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Petra Mateos y la sociedad durmiente de Aranjuez

Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez
Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez

Petra Mateos Aparicio-Morales, natural de La Solana, es una mujer con un alarmante pasado. Tan es así que cuando José Bono, entonces Ministro de Defensa, se empeñó en colocarla como presidenta de HISPASAT, una empresa estratégica y de interés militar, los periódicos se hicieron eco de ciertas reservas en el interior del PSOE, donde destacados personajes se sintieron preocupados por las futuras consecuencias de tal nombramiento.

Ese inquietante pasado tiene que ver con el prófugo indultado Marc Rich, con Jacques Hachuel, con el Caso Banesto y Mario Conde, con el Caso Ibercorp, con el Caso Fondos Reservados, con el Caso Casino Costa Blanca, con el Caso Alfaro y con el Caso Atocha que implicó directamente a Virgilio Cano, figura que ha vuelto a cobrar relevancia con el caso de los espías de la CAM.

De hecho, supone una notable ironía que Petra Mateos, clienta privilegiada de Ibercorp y por tanto beneficiaria, en lo que cabe presumir, de la estrecha relación que unía a Manuel de la Concha con Mariano Rubio, haya encontrado cobijo al amparo de Juan Pedro Hernández Moltó, el mismo que adquirió fama tras el gratuito, feroz e histriónico interrogatorio al que sometió en el Congreso a un consumido Rubio y que despertó la repugnancia de no pocos testigos.

Sin embargo, la actualidad de Petra Mateos no es menos truculenta. Como presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, entre ella y el Gobierno regional de José María Barreda no hay solución de continuidad puesto que esta empresa está participada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir por el Gobierno regional, en un 45%, y por CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN en un 20%.

Ahora bien, tampoco hay solución de continuidad entre la Sra. Mateos y Juan María López Alvarez, un sujeto lábil que aparece repetidamente en el sumario del Caso Malaya e incluso en el Auto de Imputación de 18 de julio de 2007, y que poco a poco va alcanzando la notoriedad que merece.

Este Juan María López formaba parte del consejo de administración de EL ANGEL DE TEPA, está en el de MOLA-15, ambas sociedades propiedad, en la parte alícuota correspondiente, de Roca y de Pedro Román respectivamente. Está también en el de PUERTA ORO TOLEDO, junto a Pedro Román y en NH DOMO DISEÑO, sociedad integrada en la cadena hotelera NH HOTELES, salpicada más de lo conveniente por la corrupción marbellí como ha puesto de manifiesto la prensa.

Así las cosas, el eslabón que constituye Petra Mateos entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la maraña de empresas y socios de Juan Antonio Roca y de Pedro Román se materializa en una sociedad durmiente o «fantasma» denominada ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE S.L. (B84848951) que hasta el ejercicio 2006 -único del que existen cuentas presentadas- no tenía o no parecía tener actividad.

Esta entidad está presidida por ECOPROYECT 22 SL, es decir, por Juan María López Alvarez, y entre sus consejeros, todos ellos muy significativos como luego veremos, está otra sociedad: ALTKOCA SA (A78961869) cuya administradora única es Petra Mateos Aparicio-Morales.

Para ser una empresa sin actividad desde su constitución, el 29 de septiembre del 2006, su capital, 60.000 €, se encuentra muy lejos de los habituales 3.000 € con los que se suelen crear estas sociedades acechantes o de mera apariencia.

También contrasta la falta de funcionamiento con su domicilio, situado en el número 7 de la C/ Alfonso XI, una de las zonas más espléndidas de Madrid, cuya significación se multiplica al descubrir que ese también es el domicilio del ATALIA GRUPO PATRIMONIAL SL., es decir, de la empresa de David Marjaliza Villaseñor.

Pero sobre todo, si algo resulta contradictorio con esa aparente inactividad, es el febril dinamismo de la mayor parte de las sociedades que integran el consejo de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE y precisamente, como no podía ser de otro modo, en Aranjuez.

Según ya he dicho, la presidencia corresponde a ECOPROYECT 22 SL, la empresa de «Juanmari» -como familiarmente le llamaba Motserrat Corulla- López Alvarez. Los consejeros son INOVACIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO SL, entidad ligada a Alfonso Vegara Gómez, patrono de la FUNDACIÓN METRÓPOLI; ALTKOCA, la empresa de Petra Mateos; y ATALIA GRUPO PATRIMONIAL, propiedad de David Marjaliza Villaseñor, que últimamente ha adquirido popularidad por su relación con Francisco Granados -sobre todo a causa de la venta a éste de una vivienda en Marbella- y que también está relacionado con Domingo Díaz de Mera y los hermanos Barco Fernández.

Estas empresas están representadas por Petra Mateos, Juan María López Alvarez, José Benito Soto Losa (uno de los socios de cabecera de López Alvarez) por Alfonso Vegara Gómez y, también con la condición de «representante», en ella aparece José Antonio Alonso Conesa.

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José Antonio Alonso Conesa, el ex alcalde de Cartagena.

José Antonio Alonso Conesa
José Antonio Alonso Conesa

Aquí volvemos a encontrar un hecho significativo. Salvo este José Antonio Alonso Conesa, todos los demás pertenecen a los respectivos consejos de las sociedades que, a su vez, forman el consejo de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE. Por el contrario, José Antonio Alonso no consta como órgano administrador de ninguna de esas empresas y aquellas en las que sí está (Tresalón, Ibero-Americana Interactive Networks, Residencial Puerta Nueva Cartagena, Izen Innovación (fuertemente participada por CCM) etc. etc. no tienen una relación, visible al menos, con ARANJUEZ ECOCIUDAD.

El que sí forma parte del consejo de ATALIA, la empresa de David Marjaliza, y por tanto está relacionado con ARANJUEZ ECOCIUDAD, es su hermano Agustín y esto no puede ser irrelevante porque los hermanos Alonso Conesa no son nada irrelevantes.

José Antonio Alonso Conesa está ligado estrechamente a Murcia, tanto que fue alcalde de Cartagena (1991 – 95) al tiempo que su hermano, Eduardo Alonso Conesa, dirigía la televisión murciana. Tras abandonar esa alcaldía, ahora, José Antonio aparece como administrador o consejero de un buen número de sociedades, la mayor parte dedicada a la construcción.

Su hermano Eduardo también dejó hace tiempo la televisión murciana y desempeñó los cargos de subdirector de informativos en TVE, director de informativos en TELEMADRID y presidente de VIA DIGITAL, entre otros muchos en distintos medios de comunicación.

En la actualidad es Director General Adjunto de Análisis y Planificación de Marketing de TELEFÓNICA, es decir, miembro destacado del equipo de César Alierta, como también es miembro destacado de ese equipo (concretamente es el responsable de seguridad de TELEFÓNICA) el detenido e imputado en la Operación Malaya, Florencio San Agapito, un comisario de policía ya jubilado que estuvo mezclado en los casos GAL, Fondos Reservados y ahora en Malaya.

Hay, además, otra empresa realmente curiosa ligada a los hermanos Alonso Conesa: LOLA 2002, en la que Eduardo Alonso Conesa hace negocios junto a José Ramón Carabante (que recientemente ha comprado a Trinitario Casanova, entre otras cosas, la finca La Zerrichera, en Murcia) y junto a José Luis Sanz Arribas, abogado de «El Pocero«, de Al-Kassar o del mafioso corleonés Giovanello Greco entre otros señalados personajes, y cuyo nombre, probablemente, aparece en la agenda de Roca del año 1995.

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Los terrenos de la fábrica de Agfa

Eduardo Alonso Conesa
Eduardo Alonso Conesa

Volviendo a Aranjuez y establecido que José Antonio Alonso Conesa puede ser tenido como el representante de ATALIA en ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, hay que subrayar que la empresa de David Marjaliza Villaseñor (Atalia) actúa allí prácticamente en régimen de oligopolio junto a CCM.

Los grandes proyectos urbanísticos de Aranjuez durante la legislatura 2003-07 se desplegaron sobre los terrenos de la antigua fábrica de AGFA y en los PAUs Puente Largo y Las Cabezadas.

Las Cabezadas es botín privativo de CCM (o lo era hasta la defenestración de Hernández Moltó) y de ISOLUX CORSAN (Luis Delso, para entendernos) aliados en Aranjuez en la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ SL. La participación de CCM ahí se hace a través de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN en cuyo consejo de administración está Petra Mateos Aparicio, de forma que es pruedente considerar a ésta como el nexo entra el PAU de las Cabezadas y ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE.

Relacionada con los terrenos de la antigua fábrica de AGFA es donde, inicialmente, aparece YEREGUI DESARROLLOS SL y por tanto PROINSA, la empresa del imputado en la Operación Malaya, FranciscoJavier Arteche Tarascón. YEREGUI DESARROLLOS es posteriormente sustituida por AGFA ARANJUEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS, un mero cambio de nomen iuris, menos llamativo y conocido por la prensa, porque ésta sigue perteneciendo en un 100% a PROINSA.

Arteche y los demás miembros de la llamada «Trama Vasca» salen pronto de los terrenos de Agfa mediante una permuta de suelo hecha a la sombra de los acuerdos de recolocación de los ex trabajadores de Agfa y del asentamiento en el municipio de un centro logístico de CORTEFIEL. A partir de ahí lo que se produce es la asignación de las parcelas de esos terrenos a una serie de empresas y cooperativas, tras las cuales, reiteradamente, aparece ATALIA y personajes ligados al PSOE de Aranjuez y al Ayuntamiento gobernado por Jesús Dionisio Ballesteros.

Según lo contrastado hasta ahora, la adjudicación de las parcelas en el suelo de la antigua fábrica de Agfa (por cierto, un suelo contaminado durante 50 años por sustancias extremadamente tóxicas como los iones de plata, cianuros, plomo, cadmio, etc. y, posiblemente también, por material radioactivo puesto que en la planta existía una instalación con tres fuentes de americio 241) correspondió a las entidades:

Inmobiliaria Egido

Novasera Habitat SCL

Metroges

Asturcovi Siglo XXI

Sol Naciente SCL

Vancouver Gestión SL

Proyectos y Soluciones Gestión 10

Ribereña de Vivienda Social

Extrabajadores de Agfa SOC. COOP.

De estas nueve empresas o cooperativas, Sol Naciente, Rivereña de Vivienda Social, Extrabajadores de Agfa y Vancouver Gestión; están directamente relacionadas con ATALIA, es decir, con David Marjaliza Villaseñor y con los hermanos Alonso Conesa.

La entidad RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL tiene actualmente como administradores a José Antonio Merino Victoria, miembro de la Ejecutiva Local del PSOE de Aranjuez y secretario, también local, de relaciones institucionales; a Antonio Pérez Martín, ex concejal del PSOE; y a Moisés García-Bueno Pérez.

Ninguno de estos aparece en los consejos de Administración de ATALIA o de otras empresas directamente relacionadas con ella, pero para descubrir la verdad hay que retroceder un poco en el tiempo.

El día 25 de enero de 2008 se produjeron cambios en el Consejo de Administración de RIVEREÑA etc. Ese día cesaron, como presidente Antonio Cuerpo Carrera; como consejero delegado el ahora administrador José Antonio Merino Victoria; también como consejero delegado, Moisés García Bueno Pérez, actualmente administrador; e igualmente, como consejero delegado ATALIA GRUPO PATRIMONIAL S.L.

El cambio en la composición y estructura del Consejo, por tanto, tiene como efecto mantener equivalente control administrativo pero haciendo desaparecer de la vista pública tanto a Antonio Cuerpo Carrera (que está presente en Aranjuez a través de TAJO SOLAR SL, empresa con el mismo domicilio social que ATALIA y que ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE) como a ATALIA.

La razón de esto, sin ninguna duda o con ínfimas dudas, está en las denuncias de que fue objeto esta adjudicación antes y después de las pasadas elecciones de mayo del 2007 por parte del Grupo Municipal ACIPA, del PP y la CCPA. Tan es así, que la adjudicación prevista para las vísperas de las citadas elecciones quedó suspendida y sólo se ha consumado con posterioridad a ellas, cuando el alcalde Jesús Dionisio confirmó su mayoría absoluta en el Ayuntamiento.

Las Cooperativas Sol Naciente y Extrabajadores de Agfa están igualmente relacionadas con ATALIA porque la gestión corresponde a RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL cosa que no es meramente accidental ya que la «gestión» no se hace gratis et amore, sino por un buen precio y porque la construcción de las viviendas de esas cooperativas la ha asumido, también, RIVEREÑA etc., de modo que, a través de ella, ATALIA participa, como promotora de facto y como constructora, en los beneficios generados por la adjudicación de los terrenos.

En cuanto a VANCOUVER GESTIÓN SL está administrada por ARAUNA CORPORACIÓN Y CONSULTING SL, y por DEVADAI SL. ARAUNA pertenece por completo a David Marjaliza Villaseñor, de forma que tiene presencia en el consejo de administración de ATALIA GRUPO PATRIMONIAL junto a DEVADAI SL.

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El PAU de Puente Largo

El destituido Hernández Moltó
El destituido Hernández Moltó

En el caso de PUENTE LARGO la situación no es muy distinta con la salvedad de que aquí ya se hace presente, de forma abierta, CAJA CASTILLA-LA MANCHA representada por José Miguel Físico Cabañas y por Alejandro López Hernández, ambos hombres de la máxima confianza del destituido y expedientado por el Banco de España, Juan Pedro Hernández Moltó.

El PAU, para el que están previstas (o estaban) unas 2.000 viviendas, tiene como adjudicataria a la mercantil H2 PUENTE LARGO. Desde abril de 2005 su consejo de administración está compuesto por los citados Físico Cabañas y López Hernández más la entidad PROYECTOS INMOBILIARIOS HELIO 2, propiedad Heliodoro Martínez Tirado y familia, un hombre interesante en sí mismo porque, por ejemplo, también participa en GIZA INVERSIONES SL cuyo accionariado se reparte entre VANCOUVER GESTIÓN (La sociedad a través de la cual David Marjaliza hace negocios en los terrenos de Agfa) ARAUNA CORPORACIÓN, que también hemos visto que pertenece íntegramente al tal Marjaliza, y PROMODICO, parte del quebrado Grupo DICO cuyos propietarios están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción en Madrid y Almería.

Pero sean cuales sean los que ahora aparecen en el órgano de administración de H2 PUENTE LARGO, aquí nuevamente, para descubrir quiénes están implicados en esa sociedad y en sus negocios, hay que retroceder algo en el tiempo, concretamente hasta el 8 de abril del 2005. En esa fecha se producen cambios en el consejo de administración y de él desaparecen ARAUNA CORPORACIÓN y BELICE 2002. Ya sabemos que ARAUNA es David Marjaliza y BELICE 2002 también, porque esta sociedad es el resultado de la fusión por absorción, aprobada el 15 de octubre del 2007, entre VANCOUVER y ATALIA.

En resumen, que en PUENTE LARGO, están implicados, además de quienes han llevado a CCM a la quiebra, los mismos que nos han aparecido en los terrenos de Agfa, es decir, David Marjaliza y José Antonio Alonso Conesa, socios a su vez de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE.

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David Marjaliza, los Alonso Conesa y el Grupo DICO

Reportaje de Interviú sobre la trama Dico-Harinsa-Hobrum
Reportaje de Interviú sobre la trama Dico-Harinsa-Hobrum

Hay, según la información disponible, más actividad de Marjaliza y de los Alonso Conesa en Aranjuez, relacionada con el quebrado GRUPO DICO, como he dicho, investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Así, por ejemplo, en el «Desarrollo Urbanístico de la Montaña» aparecen como promotores RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL, SOL NACIENTE SCL, la SOCIEDAD LOCAL SUELO Y VIVIENDA (que es la empresa municipal a través de la cual se gestionan las demás adjudicaciones) el GRUPO ALFADEL y LAZORA-LARCOVI. En todas esas promociones actúan como constructoras RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL y OBRUM.

Con respecto a OBRUM hay que hacer alguna precisión. Esta sociedad ha sido la encargada de la construcción de la «Ciudad Deportiva» de Aranjuez, una obra municipal que se inició con un presupuesto de 14.000.000 de €. Esta «Obrum» puede ser la matriz incluida en DICO-HARINSA-OBRUM (DHO) o, seguramente, OBRUM CLM. Si es así, la cosa sigue siendo reiterativa porque en su consejo de administración están presentes ARAUNA y DEVADAI, es decir, por sociedad interpuesta, David Marjaliza y los Alonso Conesa, además de algunos otros.

En cualquier caso, la duda, que se aclarará en breve, no es especialmente relevante porque en Aranjuez se ha producido otra actuación urbanística más grave en la que el Grupo DICO está implicado: la del pretendido recinto ferial del Raso de la Estrella, junto a la fachada del Palacio Real, un suelo declarado Patrimonio de la Humanidad y dotado con la máxima protección.

Dichas obras fueron objeto de una denuncia de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico, contra el Ayuntamiento de Aranjuez por presuntos delitos de desobediencia y contra el patrimonio histórico.

Los trabajos que se estaban desarrollando en el Raso de la Estrella se adjudicaron a la mercantil GRABITUM y esta empresa pertenece en un 100% a OBRUM URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SL, es decir, está incluída en el Grupo DICO, lo mismo que lo está OBRUM CLM, donde participan Marjaliza y los Alonso Conesa.

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Alfonso Vegara, el prestigioso arquitecto preocupado por el medio ambiente

Alfonso Vegara Gómez
Alfonso Vegara Gómez

Otro de los socios de ARANJUEZ ECOCIUDAD, como hemos visto, es Alfonso Vegara Gómez. Las relaciones de este hombre son notables. Es presidente de la Asociación Internacional de Urbanistas, premio Jaime I en su edición de 2007, dice ser doctor arquitecto, economista y sociólogo y es fundador y patrono de la Fundación Metrópoli a la cual, según el propio Alfonso Vegara, aparece adscrito un sonoro International Advisory Conunsil que, según la propia publicidad de la Fundación, «constituye la base de la red internacional de la Fundación Metrópolis» y que está constituido por «personalidades, expertos y profesores del máximo prestigio internacional» tales como Iñaki Urdangarín, «que están aportando ideas, conocimiento, apoyos y contactos estratégicos para hacer viable el desarrollo de los programas de la Fundación«. En este punto, desde luego, más sinceridad no se puede pedir.

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La Fundación Metrópoli y el club Malaga Valley

Uno de los «programas» de esa fundación tiene que ver algo con el llamado club empresarial MALAGA VALLEY, del que el portavoz municipal del PSOE en Málaga afirmó que «detrás del club Málaga Valley y del proyecto de ciudad presentado por la Fundación Metrópoli puede esconderse una gran operación de especulación urbanística».

Según la revista El Observador, esta hipótesis se confirmaría por el apoyo prestado al proyecto por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que vio «con buenos ojos» la posibilidad de convertir la autopista A-7 en un «ecobulevar» -todo en el caso de la Fundación Metrópolis es «eco» algo- lo que haría urbanizables los terrenos que quedan al otro lado de la ronda que forma dicha autopista.

Por otro lado, los proyectos relacionados en Málaga con el club empresarial en cuestión: «Distrito de la creatividad», «puerto digital», «ciudad tecnoindustrial», «fusion hubs», «avenida de la tecnología», «ecosistemas de inovación», etc. fueron calificados por personalidades malagueñas y por distintos medios de comunicación, según la citada revista, de «tomadura de pelo», «campaña publicitaria», «humo», «fantasmada»…

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Alfonso Vegara, Javier Cremades y el imputado en la Operación Gürtel José Luis Ulibarri

Javier Cremades
Javier Cremades

En este club de empresas llamado MALAGA VALLEY, y que según sus responsables pretende o pretendía hacer de la ciudad andaluza el Silicon Valley español, la fundación de Alfonso Vegara Gómez tiene intereses comunes con el prestigioso letrado Javier Cremades de Cremades & Calvo Sotelo y, precisamente a través de este abogado, es como se produce una curiosa coincidencia pues resulta que el constructor José Luis Ulibarri, amigo de Francisco Camps y de José Luis Rodríguez Zapatero al tiempo que imputado en el Caso Gürtel; apareció en Málaga de la mano, precisamente, de este mismo Javier Cremades y de Alfonso Vegara Gómez.

Según informó en su día El Observador, Ulibarri y Javier Cremades fueron los impulsores del congreso del club MALAGA VALLEY que tuvo lugar en el crucero Visión Athena entre los días 8 y 10 de abril del 2007 y por el cual el ayuntamiento de Málaga pagó 150.000 €. Además hay que añadir que Ulibarri, el imputado en la Operación Gürtel, tiene importantes intereses urbanísticos en Malaga donde construye tanto vivienda de protección como privada.

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Alfonso Vegara y la trama vasco-malaya

Otra de las sociedades interesantes en las que participa Alfonso Vegara Gómez es la denominada ECOCIUDADES DE NAVARRA S.A. (A31886955) uno de cuyos administradores, el más llamativo seguramente, es Luis María Maya Galarraga, miembro muy señalado de la «Trama Vasca» de la Operación Malaya, junto a Francisco Javier Arteche Tarascón.

No obstante, los negocios de Alfonso Vegara Gómez con Juan María López Alvarez y con Luis María Maya Galarraga no son sus únicos nexos con la Operación Malaya. Un despacho de la agencia Europa Press del 5 de noviembre de 2007 daba la noticia de que Manuel Chaves, el ahora vicepresidente tercero del Gobierno, «respalda el proyecto de Eco Ciudad del Deporte de Sevilla en Bollullos de la Mitación«. El titular, sin más, dice poco, pero resulta que la citada ecociudad del deporte es un proyecto promovido por José María del Nido, presidente del Sevilla F.C., abogado del malayo de las «bolsas de basura» Julián Muñoz e imputado en el caso tras la querella que Anticorrupción presentó contra él, contra Muñoz y contra Roca el 26 de julio del 2006 por presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos.

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La Fundación Metrópoli y los «malayos» Julián Muñoz y José María del Nido

Los "malayos" Julián Muñoz y José María del Nido
Los "malayos" Julián Muñoz y José María del Nido

Según la Fiscalía, Julián Muñóz y José María del Nido habrían llegado a un acuerdo de voluntades para distraer de los fondos públicos, en concepto de servicios jurídicos, al menos un millón y medio de Euros del Ayuntamiento de Marbella y un millón seiscientos mil Euros de distintas empresas municipales.

Pues bien, este prestigioso letrado sevillano, como ya habrá adivinado el avisado lector, no patrocina en solitario el proyecto de la Ecociudad del Deporte, sino que tiene como «socio tecnológico» (sic) a la Fundación Metrópoli, es decir, a Alfonso Vegara Gómez.

El proyecto, jerigonzas «ecológicas» al margen, supone según explicó el propio José María del Nido, 600.000 metros cuadrados de edificabilidad. De lo que se guardó mucho fue de determinar cuántas viviendas se incluirían en esa superficie. Lo que sí declaró fue que: «nos ha agradado mucho que sea el propio presidente de la Junta quien nos haya dicho que busquemos los mecanismos necesarios para que los técnicos de los socios, el Ayuntamiento de Bollullos y la Junta puedan salvar los obstáculos que puedan encontrarse con la mayor celeridad posible» y en eso debe estar ocupado ahora el «socio tecnológico» de del Nido, en salvar obstáculos.

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La Fundación Metrópoli y las 70.000 viviendas en Casarrubios del Monte

Noemí López, ex alcaldesa de Casarrubios
Noemí López, ex alcaldesa de Casarrubios

La actividad inmobiliaria de la Fundación Metrópoli, no termina aquí, ni mucho menos. Similares negocios están en marcha o ya se han consumado en Teruel, en Elche, en Alicante, en Navarra, en Asturias, etc., pero, con toda seguridad, el más delirante de los proyectos que han tenido su origen en esta «Fundación» es el que pretendía construir entre 50.000 y 70.000 viviendas en la localidad toledana de Casarrubios del Monte.

El 2 de abril del 2006, durante la legislatura ominosa del urbanismo municipal, ABC publicaba un artículo titulado «un misterioso proyecto urbanístico revoluciona Casarrubios«. Según esa noticia, los promotores de «Ciudad de las Artes» o «Ciudad Arte» o «Ecociudad Arte«, es decir la Fundación Metrópoli, preparaba la construcción de las citadas 50 o 70 mil viviendas con la urbanización Calypo-Fado como centro. La nueva ciudad, que dejaba a la altura de en una minúscula pedanía el engendro de El Pocero en Seseña, fagocitaría, los territorios del propio Casarrubios, de Valmojado y de Méntrida, y de forma similar a lo que se pretendía con «El Reino de Don Quijote» y el aeropuerto de Ciudad Real, su inmenso organismo se alimentaría del nuevo aeropuerto de Madrid que se estaba proyectando en la zona.

La realidad de este asunto siempre fue turbia. Desde la Fundación Metrópoli nunca se llegó a especificar nada, so pretexto de que se trataba de «información sensible«. La entonces alcaldesa de Casarrubios, Teresa de Paz, reconoció tener noticia del proyecto por haber sido informada «de manera extraoficial» por fuentes de la Junta de Comunidades (Gobierno regional, para entendernos) y se refirió a un proyecto de «ecociudad» llamada «Arte» que había presentado una «empresa privada» en la Consejería de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha.

Los promotores, entre los que estaba, también como «socio tecnológico», la Fundación Metrópoli, no sólo habían presentado el proyecto en la Consejería de Vivienda, sino que, como informó la prensa en su momento, estaban intentando que el Gobierno de José María Barreda les concediera la declaración de «Proyecto Singular de Interés Regional«.

Esto hubiera supuesto que los terrenos, unos 10 millones de metros cuadrados, se habrían adquirido, como mucho, a una cuarta parte del valor que habrían alcanzado en el caso de una tramitación ordinaria. La argucia del negocio radicaba en que Casarrubios no tenía aprobado Plan de Ordenación Urbana y con esa premisa, las 1.000 hectáreas no se podían declarar como urbanizables, lo que habría obligado a sus propietarios a venderlos a precio de suelo rústico. Por otro lado, los promotores también habrían visto menguada de una manera formidable sus gastos en tasas, participaciones e impuestos municipales, porque la declaración de «singular interés» dejaba al Ayuntamiento fuera del tema.

De todas formas, tal y como apareció, la «Ecociudad del Arte» o como quiera que se llamara, desapareció en la noche y en la niebla y desde el Gobierno presidido por José María Barreda se llegó a negar, incluso, que hubiera ninguna tramitación formal en relación con ella.

Sin embargo el tinglado fue cierto y real y lo demuestra el despacho de Europa Press de 26 de febrero del 2007. Ese día se daba la noticia de que el entonces Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos había hecho entrega de los premios «Reconocimientos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía«. Dicho premio, en la categoría de urbanismo, correspondió a al Plan Parcial «Ensanche Sur» de Alcorcón. Junto a esa localidad madrileña también estaban «nominadas» para el premio Zaragoza y «la Ecociudad Arte de Castilla-La Mancha«.

La alcaldesa María Teresa de Paz perdió las elecciones de 2007. A la alcaldía llegó Noemí López, ahora procesada después de una querella de la Fiscalía Anticorrupción relacionada con unos presupuestos falsos relativos a la compra por el Ayuntamiento de cinco mil llaveros publicitarios. Tras su imputación, parte de su equipo de gobierno, en una rocambolesca (aunque a la vista de esta información, quizás no tanto) maniobra, apoyó una moción de censura que ha llevado a la alcaldía, nuevamente, a María Teresa de Paz, de modo que posiblemente en un futuro indeterminado se vuelva a oír hablar de la «Ecociudad del Arte de Castilla-La Mancha«.

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Los negocios de la Fundación Metrópoli en Aranjuez

Miguel Angel López Toledano
Miguel Angel López Toledano

Como no podía ser de otra manera, la Fundación Metrópoli también está muy activa en Aranjuez. Según su propia publicidad, ha «desarrollado una investigación urbanística global del municipio y ha propuesto diversos proyectos de diseño urbano, arte y territorio, paisaje y estructura urbana, para orientar el urbanismo futuro de la ciudad«.

Según fuentes locales, la realidad de esa investigación y proyectos consiste en su participación en el negocio de Las Cabezadas y en su aparición, durante el año 2006 con una cosa llamada «Proyecto Ciudad» cuyo contenido se limitaba a poner nombres en «germanía» ecológica a actuaciones urbanizadoras de miles de viviendas.

Así, la llamada «Ciudad Olímpica» no era otra cosa que el proyecto de las Cabezadas, con 7.000 viviendas; la «Ecociudad del Paisaje» no es sino Puente Largo, con 6.800 viviendas; el llamado «Bulevar de Madrid» no es más que el acceso a Aranjuez por el Puente de la Reina; el «Bulevar de Toledo» no es otra cosa que la zona desde la bajada del Puente de la Estación hasta las Infantas; el «Bulevar del Ferrocarril» es el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de la Estación, donde también se incluían viviendas; etc. etc.

Un sentido bastante más práctico tiene la participación de la Fundación Metrópoli en el PAU de las Cabezadas, el adjudicado a CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN (la misma en cuyo consejo está Petra Mateos Aparicio) y a ISOLUX.

Consta documentación que acredita la actuación de la Fundación de Alfonso Vegara Gómez en este asunto y de ella es necesario subrayar una adenda al proyecto de las Cabezadas presentada en febrero de este mismo 2009, en la que aparece la Fundación Metrópoli junto a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez, y junto a la mercantil EQUIPO REDACTOR MALT SL, ésta supuestamente contratada por el concesionario del PAU, es decir, por LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ SL.

Página de la adenda a la memoria del PAU de las Cabezadas
Página de la adenda a la memoria del PAU de las Cabezadas

La sociedad EQUIPO REDACTOR MALT SL pertenece a Miguel Angel López Toledano, un ingeniero de caminos que es todo un personaje en Madrid y Toledo. Concretamente este hombre fue Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Leguina y, también, Director General de Urbanismo de la Rioja y, entre otros muchos, ha redactado los planes generales de urbanismo de Brunete o de Albacete donde, por cierto, la Fundación Metrópoli fue la encargada de redactar el «Plan Estratégico de la Diputación Provincial».

Ahora bien, al margen de la mucha demanda que tienen los servicios urbanísticos del Sr. López Toledano en los ayuntamientos de Castilla-La Mancha de Alicante y de Valencia, en relación al negocio de las Cabezadas de Aranjuez hay un extremo que debe ser resaltado.

Hasta el día 26 de junio del 2008 el administrador único de EQUIPO REDACTOR MALT no era López Toledano, sino José Luis Zaldúa Azurmendi. Ese día el Sr. Zaldúa desaparece del órgano de administración de MALT y en su lugar ocupa el puesto de administrador único Miguel Angel López Toledano que hasta esa fecha había sido apoderado de la sociedad.

Paralelamente nos encontramos a José Luis Zaldúa con el cargo de apoderado de LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ. El nombramiento se produce el 23 de julio del 2007 donde con anterioridad, también había desempeñado los de Consejero y Secretario.

No hay que repetir nuevamente que en LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ participa CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN con un 60% del capital y que en el consejo de administración de esta entidad está Petra Mateos, la misma que también está presente en ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, junto al socio de Roca y de Pedro Román, Juan María López Alvarez.

Así pues, como decía, todos los que forman el órgano de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, una empresa sin actividad, tienen por el contrario, una actividad febril y sostenida en Aranjuez. Forman un estrecho círculo de personas que surgen, inevitablemente, cuando se levanta el velo de una tupida red de sociedades mercantiles y de cooperativas con las que, probablemente, no se pretende otra cosa que dar apariencia de diversidad y de rectitud en las adjudicaciones de suelo y en los contratos públicos realizados por el Ayuntamiento que preside Jesús Dionisio Ballesteros. Todos salvo uno: Juan María López Alvarez, el socio de los «malayos» Roca y Pedro Román; el mismo al que CCM, días antes de la intervención, renovó un crédito de 30 Millones de € en Bargas (Toledo) donde comparte sociedad con Pedro Román; el mismo que simultáneamente es socio de la cadena hotelera NH HOTELES y de SACYR-VALLEHRMOSO.

Esta es una anomalía que necesita una explicación y esa explicación se buscará y se encontrará, pero ahora no me resisto a terminar este largo texto sin mencionar la relación existente entre Alfonso Antonio Vegara Gómez y los «rotarios«, una logia que aglutina a cuantos personajes puede, siempre que sean de reconocido prestigio y éxito en sus actividades, con el fin de promover el bienestar y el servicio a la comunidad y entre cuyas filas cabe mencionar a tan destacados filántropos como George W. Bush jr., Margarete Thacher, Cesar Augusto Pinochet o el príncipe Bernardo de Holanda, también conocido por ser uno de los fundadores del Club Bildelberg, otro de esos cenáculos a los que gustan de acudir los personajes realmente poderosos de este universo mundo.

El pasado día 17 de marzo de este 2009, se publicó la noticia de que Alfonso Vegara había sido el «invitado de honor de las habiutales reuniones de los lunes» que organiza los rotarios de Elche, donde explicó las líneas generales del «Plan Estratégico de la Provincia de Alicante» que le ha sido encargado por la Diputación Provincial.

El Banco de España abre expediente por falta muy grave a Hernández Moltó y al resto de los consejeros de CCM

El Mundo de 4 de abril del 2009
El Mundo de 4 de abril del 2009

Todo parece indicar que a Juan Pedro Hernández Moltó le están convirtiendo, con inclemente desparpajo, en el chivo expiatorio del fiasco de CCM, en un trasunto del fallecido Mariano Rubio.

Según informa hoy El Mundo, junto a la carta en la que se les anuncia (por si aún no lo sabían) la destitución a Moltó y al resto de los consejeros de la Caja, también les ha llegado la notificación de la apertura de expediente por falta muy grave. Tal expediente trae causa de diversas infracciones, entre ellas las de falsear las cuentas haciendo aflorar unos beneficios inexistentes y las de ocultar información.

El Consejo de Administración de CCM se enfrenta, de momento, a multas de 150.000 € y a 10 años de inhabilitación, lo que ha hecho declarar a uno de los miembros de ese consejo, según El Mundo, que «al consejo nos llegaban todas las operaciones aprobadas por la correspondiente división de riesgos, nosotros no aprobábamos nada«.

Es evidente, visto que el propio Gobierno de Barreda ya se ha desmarcado de Moltó asegurando que éste les oculto «información vital», y que el Banco de España no parece muy dispuesto a ejercitar la clemencia con Moltó, con Germán Chamón, con Florencio Fernández, con Tomás Martín-Peñato, etc. etc.; que entre estos dignatarios financieros empieza a cundir una seria preocupación por su destino o, lo que es lo mismo, empieza a gravitar el peso de las acciones penales, que cada día parecen más ineludibles. Así las cosas, todos levantan su dedo trémulo y señalan al hasta el domingo pasado muy adulado presidente: ¡Ha sido ése!.

Ciertamente, «ha sido ése», pero también ellos y también José María Barreda y sus consejeros y Bono, que puso a «ése» donde ahora está. Han sido ellos porque que pretendan alegar ignorancia es tan patético como inverosímil.

Que estos personajes no supieran lo que estaba haciendo Moltó y lo que estaba pasando con la Caja es imposible, primero por imperativo legal y, segundo porque hay cosas que no se pueden hacer en secreto y sin la complicidad del poder político.

José Bono
José Bono

Pongamos un ejemplo. Según la revista Tiempo, Moltó y sus consejeros a través de CCM CORPORACIÓN (cuyo consejo presenta una nutrida colección de sonoros nombres como los de Cristian Abelló Gamazo o Carlos Falcó y Fernández de Córdoba; o el de Petra Mateos Aparicio-Morales, algo más plebeyo que los otros pero no por eso menos significativo) se asociaron con la inmobiliaria GEDECO para crear el GRUPO NATURA.

Organizado el aparato empresarial, compraron 19 millones de metros cuadrados de suelo rústico en lugares como Fuentes de Ebro, Antequera, Talamanca, Seseña, Illescas, Borox, Puertollano o Sanlúcar de Barrameda. En ellos, con las recalificaciones aseguradas por la subordinación o la complicidad política, pretendían construir 200.000 nuevas viviendas agrupadas en ciudades de nueva planta more pocerica. En Borox la población habría aumentado hasta los 34.000 vecinos, en Illescas, sólo con los planes de CCM y sin contar a González Villarejo y a los demás del PAU de las 24.000 viviendas; hasta los 22.000; etc. etc.

Estas monstruosidades, de las que El Pocero sólo fue la avanzadilla experimental, hoy un residuo de aquella jactanciosa audacia; no podían ocultarse a los Gobiernos regionales. Barreda estaba al cabo de la calle de esto, lo mismo que lo estaba del tinglado de Francisco Hernando en Seseña.

Su colaboración, igual que la colaboración de los alcaldes de los pueblos elegidos por Moltó y sus hombres, era imprescindible y no sólo porque, tanto Ayuntamientos como Gobierno regional, tienen competencias necesarias en la recalificación de esos suelos, sino porque tales acumulaciones humanas necesitan infraestructuras, por mínimas que sean, y tales infraestructuras entran de lleno en la competencia gubernamental.

La aventura es de tal magnitud que en realidad resulta inconcebible que a ella se lanzara, a su propio riesgo y ventura, el Presidente de una Caja de Ahorros. Digo más, con el control del Gobierno (el regional, se entiende) vuelto implacable tras las modificaciones introducidas por Bono en la Ley de Cajas de Castilla-La Mancha, lo que es inconcebible es que Juan Pedro Hernández Moltó sea otra cosa que el instrumento de otros y esos otros sólo pueden ser Bono y Barreda.

Hernández Moltó tras recibir la noticia de su destitución
Hernández Moltó tras recibir la noticia de su destitución

Claro está que Moltó ahora no puede escudarse en la «obediencia debida«. Eso no les sirvió ni a los nazis en Nüremberg y menos le va a servir a él, pero podemos estar más que razonablemente seguros de que obediencia hubo, porque «eliminado lo imposible, lo que queda es la verdad», así que no ha sido sólo «ese», habéis sido vosotros.

Es más, no han sido sólo los consejeros. Hay ejecutivos de la Caja cuyo papel ha de ser desentrañado porque los lugares que ocupan en la trama de sociedades de CCM producen una viva sospecha. ¿Qué están haciendo Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado en la administración de LAS LOMAS DEL POZUELO junto al «malayo» Ventero Terleira?.

Esa sociedad opera en Los Alcázares y en concreto en el Plan Parcial Torre del Rame, y según confesó Roca en los Juzgados de San Javier al declarar por el Caso Ninette, los terrenos los compró con Arteche Tarascón; y con Ventero Terleira. Lo que pasa es que el abulense no estaba sólo y, por tanto, lo que efectivamente dijo en ese momento Roca es que Torre del Rame lo compró con Arteche, con Ventero y con Hernández Moltó, es decir, con CCM.

¿Fue lo delicado de esta situación lo que llevó a Moltó a colocar ahí a Juan Tomás Vidal, su antiguo Director General de Hacienda? ¿Es ese el motivo de que en los despachos de CCM existiera tanta preocupación o tanta curiosidad (que me consta y tengo documentada) por averiguar si aparecía alguna noticia que relacionara a tal Juan Tomás Vidal con Luis Maya Galarraga, una de las cabezas más señaladas, junto a Arteche, de la Trama Vasco-Malaya?

Los archivos de CCM son un polvorín y si Barreda quiere arrojar el cuerpo de Moltó sobre los explosivos con la esperanza de amortiguar la deflagración, concibe vanas esperanzas.

El Gobernador del Banco de España culpa a Hernández Moltó por la quiebra de Caja Castilla-La Mancha

Juan Pedro Hernández Moltó tras serle notificada su destitución
Juan Pedro Hernández Moltó tras serle notificada su destitución

Ayer Miguel Angel Fernández Ordóñez, a la sazón Gobernador del Banco de España, culpó a los gestores de CAJA CASTILLA-LA MANCHA de la «quiebra» de la entidad. Según Fernández Ordóñez a esta situación se llegó por su la «inadecuada gestión de los riesgos» llevada a cabo por Hernández Moltó y por sus hombres de confianza, y también por las «disputas políticas» que derivaron en el «deterioro de la situación».

Sin pretender saber qué pasaba por la cabeza del Sr. Gobernador del Banco de España en ese momento, creo no equivocarme al considerar que con la expresión «disputas políticas» se refería a la quiebra en el sistema de silencio que había permitido conocer, antes de lo «conveniente» la situación insostenible de la Caja, un conocimiento que puso de manifiesto, públicamente, un estado de cosas insostenible.

Digo esto porque, por ejemplo, el pasado 2 de abril, El Mundo publicaba que Moltó había ocultado a UNICAJA 1.000 Millones de Euros de créditos morosos en un intento desesperado por hacer creer a los andaluces que absorbiendo CCM hacían el negocio de su vida.

La artimaña, más propia de «trileros» que de otra cosa, por supuesto respaldada hasta el último segundo por el Gobierno de Barreda, fracasó y la «inadecuada gestión» de Moltó salió a la luz antes de que Braulio Medel «picara».

Ahora la cuestión está en dilucidar si la actuación de Hernández Moltó fue «inadecuada» o, por el contrario, obedecía a un plan preestablecido, a un envite arriesgado pero consciente, que no puede haberse originado en otro sitio que en las maquinaciones de José Bono y de José María Barreda.

Dos días después de la Intervención de la Caja, una «fuente cercana al Gobierno regional» aseguraba que Hernández Moltó les había ocultado la información vital sobre los créditos de la Caja. En ese momento el otrora arrogante Moltó debió tomar conciencia de que había sido designado como chivo expiatorio del fiasco.

Moltó tiene culpa de lo que ha pasado ¿quién lo puede discutir? Pero también es indiscutible que ese hombre, que decía que ningún comportamiento deshonesto, de ser conocido, iba a quedar impune, no podía actuar por propia iniciativa en ciertas cosas, como por ejemplo en estas a las que se refería El Confidencial el pasado 31 de marzo:

La trama manchega de la Operación Malaya: CCM prestó a Corulla 15 Millones para un pelotazo en Los Alcázares

Fátima Martín.

Juan Antonio Roca, cliente de CCM
Juan Antonio Roca, cliente de CCM

«Nozaleda, Luis Delso, Sergio Martínez, Domingo Díaz de Mera, los Barco, Sanahuja… La exposición al ladrillo de la intervenida Caja Castilla-La Mancha (CCM) es ingente. Pero de todos los riesgos asumidos, ninguno es tan tóxico como el que la vincula directamente al Caso Malaya. Sus implicaciones son variadas y sorprendentes: van desde Enrique Ventero (Vemusa) hasta Pedro Román, pasando por Montserrat Corulla, mascarón de proa de la trama vasca. CCM hipotecó 12 fincas en Los Alcázares (Murcia) a nombre de Masdevallia, una sociedad de la testaferro de Roca, por 11,5 millones de euros, según el sumario del Caso Malaya. Éste no fue el único trato que cerró con ella.

«Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocida», reconoció a El Confidencial un portavoz de Caja Castilla-La Mancha al ser preguntado por su vinculación con imputados en el Caso Malaya. Ahora bien, dejó claro que «nadie de esta casa está imputado. Somos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales», añadió.

La entidad gestionada hasta el domingo por Hernández Moltó aparece en dos ocasiones vinculada a la popular Montserrat Corulla en el sumario malayo. En una de ellas, CCM prestó 5 millones de euros a Condeor para la adquisición de un palacete sito en la Calle Ortega y Gasset, 32 de Madrid.

CCM emerge en el ‘Caso Ninette’

La otra operación tiene más enjundia. La sociedad Masdevallia, gestionada por Corulla, recibió de Caja Castilla-La Mancha un préstamo hipotecario de casi 15 millones de euros por 16 fincas que forman parte de un pelotazo urbanístico denominado Nueva Ribera en la localidad murciana de Los Alcázares.

«El lugar para invertir es Murcia. Tendrías que ver lo que tengo yo allí. Lo que interesa es invertir en Murcia. Murcia es la hostia», comentó Juan Antonio Roca a otro empresario en Madrid. Gracias al Caso Ninette, que investigaba las ramificaciones de la corrupción malaya en Murcia, pudimos conocer frases como ésta.

Y lo que Roca atesoraba en Los Alcázares era algo más que unas inversiones con futuro. Era su jardín secreto. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que desencadenaron la Operación Malaya, los mismos que después continuaron con la Ninette, encontraron en esa vasta propiedad cámaras fotográficas antiguas, un gran número de joyas, así como tres vehículos antiguos de la marca Mercedes, un autobús antiguo de línea regular en perfectas condiciones y 30 cuadros de diferentes autores de renombre, entre los que se encuentran ocho pinturas de Miró, y también una pieza única de gran valor correspondiente a De la Serna. La finca también contaba con un helipuerto, tres naves industriales y un palacete que escondía todas estas joyas.

Los hombres de Bono

Y Bono ¿qué opina de esto?
Y Bono ¿qué opina de esto?

Ninette también sacó a la luz los complejos Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf, comercializados por la firma One Properties, en los que se iban a desarrollar sendas urbanizaciones de lujo. Asimismo, se supo que Roca era el dueño de una considerable extensión de terrenos en el proyecto urbanístico estrella de Los Alcázares: Torre del Rame. En esta urbanización, situada a pocos metros del mar, se estaban construyendo unas 5.000 viviendas junto a un campo de golf.

Roca admitió ante la juez de San Javier que compró el proyecto Torre del Rame junto a amigos vascos y un abulense. Los amigos vascos no son otros que los miembros de la trama vasca de Javier Arteche (Obarinsa) y el abulense, el imputado malayo Enrique Ventero Terleira (Vemusa). Lo que Malaya y Ninette no desvelaban era la implicación directa de Caja Castilla-La Mancha en Las Lomas de Pozuelo, una de las principales propietarias de Torre del Rame.

Y en Las Lomas de Pozuelo comparten accionariado, además de Ventero, CCM inmobiliaria del Sur y Promociones Miralsur. Vinculados a estas sociedades aparecen dos hombres de Caja Castilla-La Mancha: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado. Da la casualidad de que Juan Tomás Vidal ha desempeñado a lo largo de una década altos cargos en los Gobiernos de José Bono, actual presidente del Congreso de los Diputados, como el de Director General de Hacienda cuando el consejero del ramo era Hernández Moltó, presidente de Caja Castilla-La Mancha hasta hace, literalmente, dos días. Como curiosidad, como ex administrador de Las Lomas aparece en 2004 Luis Portillo, el sevillano que quiso comerse el mundo con Colonial y terminó de nuevo en Dos Hermanas».

Por cierto, y Bono ¿qué opina de esto?

CCM prestó más de 200 millones a los principales imputados en el ‘caso Malaya’

El Economista, 2 de abril de 2009
El Economista, 2 de abril de 2009

Reproduzco íntegramente el artículo publicado hoy en El Economista. Poco hay que añadir a él:

Alejandra Ramón / Javier Romera | 6:00 – 2/04/2009

«CCM Concedió 85 millones al cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y a sus dos principales testaferros. Ventero Terleira ha reconocido ante el juez que ha hecho negocios con la caja como socia

Las relaciones peligrosas de CCM, la primera caja intervenida en España, van más allá de empresarios con proyectos inmobiliarios de dudoso final. De hecho, sus relaciones con imputados en la Operación Malaya superan lo que se podría considerar una simple coincidencia, ya que continúan vinculados con ellos e incluso les han renovado créditos recientemente de elevadísimo riesgo. En total, la entidad financiera que presidía hasta ahora Juan Pedro Hernández Moltó ha prestado más de 200 millones de euros a los implicados en la trama marbellí.

CCM concedió un crédito de 40 millones de euros a dos de las empresas más importantes del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que están actualmente en concurso de acreedores, además de facilitarle financiación para adquirir el Palacio de Saldaña, en Madrid.

Aunque en esta ocasión no existía una relación directa entre la entidad y el jefe de los malayos, las relaciones de la caja con algunos de sus testaferros están más que acreditadas.

En el caso de Pedro Román, mano derecha de Roca, CCM decidió renovar hace apenas unos días el crédito de 30 millones de euros que había concedido a la compañía Puerta Oro Toledo. Esta sociedad, en la que también aparece el investigado actualmente por la Udyco (Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado de la Guardia Civil), Juan María López Álvarez, era propietaria de un solar de 324 hectáreas en la localidad de Bargas (Toledo). El problema es que en ese solar no se puede construir, puesto que Medio Ambiente decidió considerar «ambientalmente inviable el proyecto».

Petra Mateos Aparicio Morales
Petra Mateos Aparicio Morales

A pesar de esos datos, CCM, en lugar de pedir la ejecución de la hipoteca para librarse de una partida del pasivo tan arriesgada, decidió la renovación. Juan María López Álvarez, está, además, vinculado a CCM a través de otras empresas de construcción, que operan en nuestro país, como Aranjuez Ecociudad Inteligente, una de cuyas administradoras es Petra Mateos Aparicio (en la foto) miembro del consejo de la Corporación Empresarial de CCM. El mayor beneficiado, en cualquier caso, fue Enrique Ventero Terleira, acusado de pagar comisiones a Roca y cuya fianza para evitar la prisión alcanzó los 300.000 euros. El ya retirado ex presidente del Grupo Vemusa recibió un total de 101 millones de euros para sus empresas.

La Udyco está investigando ahora la sociedad Las Lomas de Pozuelo, creada en 2004 por Luis Portillo y Enrique Ventero para acometer negocios juntos, especialmente en la región de Murcia. La sociedad se adjudicó, de hecho, gran parte del desarrollo urbanístico junto al Mar Menor, en la localidad de Los Alcázares, en la que también tiene intereses el propio Roca. De acuerdo con las declaraciones de Ventero Terleira ante el juez Torres, Las Lomas de Pozuelo estaría participada también por Caja Castilla-La Mancha.

En Los Alcázares, la caja facilitó asimismo la financiación por, al menos 15 millones, a Montserrat Corulla, otra de las personas ligadas a Roca y considerada por el juez como una de sus testaferros. Corulla está acusada además de ser la principal intermediaria de los negocios del cerebro de la trama en Madrid».

CAJA CASTILLA-LA MANCHA en la prensa de hoy.

El Mundo: Primera denuncia contra el Presidente de CCM en la Audiencia Nacional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha dice ahora que Hernández Moltó les engañó

José María Barreda y Hernández Moltó
José María Barreda y Hernández Moltó

Sic transit gloria mundi, Roma non solvet proditoribus, etc. etc. A Juan Pedro Hernández Moltó le están borrando de las agendas a toda velocidad y teniendo en cuenta que ya Fernández Ordóñez se ha mostrado partidario de exigir responsabilidades a los gestores de CCM, es muy probable que para mañana nadie que pueda hacerlo reconozca haber cruzado palabra con un tal Juan Pedro, hasta el domingo pasado arrogante y jactancioso presidente de CCM y hombre imprescindible de José María Barreda.

Es más, la noticia que publica hoy El Economista, además de ser una prueba irrefutable del cinismo infinito de las cosas de la política, supone un torpedo en medio de la santabárbara del tinglado toledano.

A José María Barreda le han bastado dos días para abjurar tres y treinta veces del hombre que le ha sido imprescindible para poner en marcha su asalto a la economía regional. Según «fuentes próximas al Ejecutivo autonómico» que cita El Economista «la Caja no facilitó toda la información necesaria y ocultó datos de vital importancia . De haber sabido lo que se conoce ahora, nunca se hubiera permitido la concesión de estos préstamos«.

La gravedad de estas declaraciones es difícil de evaluar en su completa magnitud. O bien el Gobierno de Castilla-La Mancha miente y con ello está admitiendo, a contrario, su responsabilidad directa en lo intolerable; o bien dice la verdad y, por tanto, lo que es intolerable es que los letrados del Gobierno autonómico no estén, en este momento, aporreando la puerta de la Fiscalía Anticorrupción de Toledo para interponer, inmediatamente, la oportuna querella criminal.

El Economista de 1 de abril de 2009
El Economista de 1 de abril de 2009

¿Pero, de verdad, puede pretender José María Barreda que nos creamos que ignoraba lo que estaban haciendo Hernández Moltó, Ildefonso Ortega, José Luis Rodríguez Romo, Juan Tomás Vidal o José Luis Rodríguez Holgado, entre algunos otros?

A priori esto no parece muy posible pero es que, además la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha, hace que sea prácticamente imposible que tal ignorancia pueda alegarse con unos mínimos visos de credibilidad.

Según el artículo 58 de la citada Ley 4/1997, de 10 de julio «1.- La Junta de Comunidades ejercerá sus competencias administrativas en materia de supervisión y control de la actividad económica, financiera y benéfico-social de las Cajas de Ahorros a través de la Consejería competente y en el marco de la legislación básica estatal. 2.- La consejería competente ejercerá en esta materia todas las competencias que no se atribuyan expresamente a otros órganos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha».

No termina aquí la regulación de esta Ley. El artículo 59 establece que «1.- La Consejería competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con carácter general, podrá someter a autorización previa las inversiones de las Cajas de Ahorro en inmuebles, acciones, participaciones u otros activos materiales y a la concesión de grandes créditos o la concentración de riesgos en una persona o grupo, todo ello dentro de las competencias que le correspondan. 2.- El sometimiento a autorización previa se desarrollará reglamentariameante».

Finalmente, el artículo 63 es aún más contundente en cuanto al tema que aquí se trata: «1.- Las Cajas de Ahorro remitirán a la Consejería competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la forma que reglamentariamente se determine, cuantos datos, balances, estados financieros e informaciones sobre su actividad y gestión sean necesarios para el ejercicio de su competencia. 2.- En todo caso, las Cajas de Ahorro facilitarán a la Consejería competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuantos datos e información remitan al Banco de España en cumplimiento de la normativa dictada por éste».

Naturalmente, ahora Barreda y sus Consejeros dirán que no se han desarrollado las normas reglamentarias a las que se refiere la Ley. Triste excusa si es esta la que utilizan, primero porque ya ha llovido y se ha secado desde 1997 y ha sobrado tiempo para aprobar esos reglamentos. Segundo, porque la ausencia de reglamento no exime del cumplimiento de las obligaciones de supervisión y control que esta Ley impone al Gobierno de Barreda.

La intolerable negligencia o el sostenido dolo de Barreda y sus Consejeros ha costado a la ciudadanía, de momento, un billón quinientos mil millones de pesetas (9.000 Millones de €) y ha permitido que la CCM financie con bastante más de 170 Millones de Euros (28.000 Millones de pesetas) a muy señalados imputados en la Operación Malaya, la más paradigmática trama de corrupción del Estado español. No seré yo quien discuta la responsabilidad directa del caído Hernández Moltó en los hechos, pero la pretensión de Barreda de que le tengamos por víctima de los engaños de Moltó entra de lleno en lo grotesco y si hacemos caso a lo escrito por Arthur Conan Doyle, lo grotesco frecuentemente enmascara el crimen.

Alejandro Pompa, alcalde de Carranque, también tiene su «papel» en el caso de Caja Castilla-La Mancha

Alejandro Pompa y José María Barreda
Alejandro Pompa y José María Barreda

En el texto anterior he dicho que el colapso de CCM y la destitución de Hernández Moltó había provocado un aluvión de informaciones y había soltado las lenguas, parece que inevitablemente. El siguiente artículo (parte del cual reproduzco) publicado en El Confidencial, es un ejemplo de hasta qué punto eso es así.

«Ah, pero, ¿este no era el mejor sistema financiero del mundo?

@Federico Quevedo – 31/03/2009
Y no solo eso. El PP tiene la obligación de pedir que se investigue hasta las entrañas de CCM, eje de la corrupción socialista en Castilla-La Mancha y Andalucía. Viendo cómo se las ha gastado el Gobierno en el asunto de la trama de corrupción llamada ‘Operación Gürtel‘, no cabe en la cabeza de nadie que desde Génova no se esté ya apuntando con todas las baterías a Hernández Moltó, a Barreda, a Chaves y a Bono, presidente del Congreso y el hombre que puso a Hernández Moltó donde está y le facilitó la red de contactos con la que, con la Caja como epicentro, se ha montado la tupida telaraña de corrupción y financiación ilegal del Partido Socialista. Aquel portavoz socialista del que estos días todos los medios recordaban su famosa frase dirigida a Mariano Rubio -«míreme a la cara, señor Rubio»-, hoy está en el centro de la polémica por su nefasta gestión que ha llevado a CCM a la quiebra. Aunque solo sea por eso, Moltó debería dar cuenta ante la Justicia como la dio Mario Conde por el ‘caso Banesto’, pero es que, encima, hay más. Mucho más.

El PP ya debería estar pidiendo una comisión de investigación, y no solo en el Parlamento regional castellano-manchego. También en la Carrera de San Jerónimo. Una Comisión en la que se expliquen la relaciones de Moltó y la CCM con los empresarios Díaz de Mera, González VillarejoUrbaplaning-, Ventero Muñoz -preso por la Operación Malaya-, Michel Pozo, Dico… Sobre todo Dico y sus ramificaciones en Andalucía, especialmente en Vera. CCM se ha dedicado a financiar las operaciones fraudulentas de todos estos amigos de Barreda y Bono, ha inflado créditos para operaciones cuando menos sospechosas en Illescas, Carranque, Bargas, Maqueda, Chozas de Canales, Talavera de la Reina… En algunos de estos municipios hay imputados por corrupción como Alejandro Pompa Mingo, alcalde de Carrenque, al que sin embargo Barreda no suspende de militancia en el PSOE porque es uno de los recaudadores de Moltó. Y, como no podía ser de otra manera, en la red aparece un nombre por todos conocido, Petra Mateos, presidenta de Hispasat y consejera de CCM, mujer de confianza de Barreda y Bono, socia en una sociedad fantasma llamada Aranjuez Ecociudad Inteligente de Juan María López Alvarez que, a su vez, fue socio de Juan Antonio Roca y lo es ahora de Pedro Román implicado también en la Operación Malaya y a cuya sociedad -de ambos- la CCM renovó un crédito de 30 millones de euros en el último minuto antes de la intervención.

Hay muchas cosas que explicar en todo esto. Demasiadas. Moltó tiene que mirar a los ojos de mucha gente y aclarar todos los extremos de la situación de la caja que preside. Y quienes le han puesto al frente de ella, con más motivo. ¡Panda de chorizos…!»

Cayo Lara, Coordinador de Izquierda Unida, señala al Gobierno de Castilla-La Mancha como responsable del «agujero» de CCM

José Bono
José Bono

El día de hoy ha roto todos los diques que contenían la información de lo que está sucediendo y ha estado sucediendo en Castilla La Mancha. Los medios de comunicación regionales, propiedad en su práctica totalidad, de Domingo Díaz de Mera, de los hermanos Barco Fernández o de Miguel Méndez Pozo, ya no pueden garantizar a Barreda el silencio sobre aquellos asuntos escabrosos que hasta ahora sólo parecían existir como «rumores».

Y de todas las noticias que han salido a la luz y que van a seguir saliendo a partir de ahora, se desprende una conclusión necesaria que no puede ser eludida: Si Juan Pedro Hernández Moltó ha sido el artífice más visible del fiasco de CCM, Bono y Barreda han sido los artífices del propio Hernández Moltó.

La modificación de la Ley de Cajas de Castilla la Mancha, impuesta por José Bono, todavía Presidente del Congreso de los Diputados, creó un control directo y rígido de CCM por parte del Gobierno regional. Aquello, que entonces fue una concentración de poder formidable en manos de Bono, hoy se ha convertido en una culata humeante por la que acaba de salir el tiro, a cañón tocante, de Hernández Moltó y, precisamente por eso, va a ser muy difícil para Barreda conseguir que las responsabilidades que se deriven del asunto terminen en el vasallo y no alcance al señor.

Por eso tiene razón Cayo Lara al atribuir, según el despacho de agencia difundido hoy, «al Gobierno regional -primero con José Bono, actual presidente del Congreso, y ahora con José María Barreda-, la responsabilidad de la situación… en la que se halla la entidad porque ha fomentado un modelo de desarrollo urbanístico ‘insostenible’ y ha legislado en función de este modelo».

Por supuesto, también tiene razón, porque tiene datos que lo acreditan, «que algunas de las empresas a las que la Caja Castilla-La Mancha ha dado créditos están relacionadas con… Juan Antonio Roca, que fue encarcelado por el ‘caso Malaya‘ y está de nuevo en prisión por el caso ‘Saqueo 1‘ o de las facturas falsas«.

Esas sociedades son MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, pero como bien saben los lectores de Notitia Criminis, no son esas las únicas implicaciones de la Caja que hasta el domingo presidía Hernández Moltó con la Operación Malaya. También participa con el detenido e imputado Enrique Ventero, en Los Alcázares; ha prestado 30 millones (renovados el pasado día 13, en vísperas de la intervención) Al también detenido e imputado en el mismo caso, Pedro Román; Financió la compra del Palacio de Saldaña a Roca; y tiene sociedades en común con Juan María López Alvarez quien a su vez era socio de Roca y lo sigue siendo de Pedro Román.

En resumen, que hasta ahora se sepa, Ventero disfruta de 101 Millones de Euros prestados por Moltó; Roca hizo lo propio con 40 millones en sus sociedades murcianas, más otra cantidad millonaria, que aún no se conoce pero que se conocerá, para la compra del Palacio de Saldaña; y Pedro Román y su socio Juan María López Alvarez, también gracias a la generosidad de Hernández Moltó, disponen de 30 Millones de Euros en la mercantil PUERTA ORO TOLEDO.

En definitiva, el dinero que CCM tiene comprometido en los negocios de conocidos e importantísimos «malayos», hasta el momento suma considerablemente más de 171 Millones de Euros y digo más porque, como he señalado, ahí no se contabiliza el préstamo del Palacio de Saldaña.

Va a ser curioso ver cómo José María Barreda alega ignorancia sobre este asunto, sobre todo ahora que las lenguas ya parecen no estar amordazadas.

Tras el fiasco de Caja Castilla-La Mancha es hora de las responsabilidades incluidas las penales si ese fuera el caso

Prensa sobre el caso CCM
Prensa sobre el caso CCM

Se ha consumado el fiasco de CAJA CASTILLA-LA MANCHA. El «agujero» que según el ministro de economía no existe, necesita un billón quinientos mil millones de pesetas para ser cubierto o garantizado, como se quiera. El estado de la Caja ha resultado inasumible para cualquier otra entidad. Los últimos meses de Hernández Moltó han ido revelando operaciones sospechosas: Una concentración de créditos intolerable en media docena de individuos que, a la vista ciencia y paciencia de la ciudadanía, de la prensa y de cualquiera que lo quisiera ver, tenían como principal virtud la cercanía estrecha a José María Barreda y a José Bono; la financiación de personajes imputados en casos paradigmáticos de corrupción como la Operación Malaya; la asociación directa en entidades mercantiles con esos mismos personajes junto a los cuales se sentaban, hasta ayer al menos, hombres de la «plena confianza» de Moltó como Juan Tomás Vidal, Rodríguez Holgado o Rodríguez Romo, por sólo citar algunos; la renovación en el último segundo de un crédito de 30 millones a una sociedad del «malayo» Pedro Román y de su socio Juan María López Alvarez que, como vengo repitiendo, también lo era de Roca hasta su entrada en prisión; la presencia junto a ese mismo Juan María Lopez Alvarez de la singular Petra Mateos Aparicio Morales en una sociedad «durmiente» o fantasma llamada ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE de la que en cuanto se serene un poco la actualidad hablaré detenidamente, lo que no es poca cosa debido a la condición de mujer de plena confianza, tanto de Bono como de Barreda que tiene esta Petra Mateos, presidenta de la sociedad pública TELECOM CASTILLA LA MANCHA, presidenta de HISPASAT y de HISPASAT CANARIAS, consejera de CCM CORPORACIÓN, miembro del Consejo de Buen Gobierno de CCM, y cuyo nombre salió a relucir en relación con el Caso Banesto, el Caso Ibercorp, el Caso Alfaro, el Caso Fondos Reservados, el Caso Atocha, etc.

Todo esto y cuánto a partir de ahora se vaya conociendo despide un intenso fumus malus iuris, un acuciante mal olor que exige perentoriamente investigación y responsabilidades, en su caso, penales; pero no nos engañemos. Cualquiera que haya sido el papel de Hernández Moltó, él no es el último responsable. Los créditos de especial cuantía y riesgo como los que han llevado al fracaso de CCM, necesitan, por imperativo legal, el visado del Gobierno de Barreda. Así pues, nada de lo que ha estado y está pasando en Castilla-La Mancha es ajeno al control directo que la Ley de Cajas modificada por Bono concedió a la Junta de Comunidades y, por esa misma razón, nada de esto es ajeno a la responsabilidad de Barreda y del propio José Bono.

Ahora es el tiempo de someter a escrutinio todas y cada una de esas operaciones, las grandes y las de aparente menor calado, como la del campo de golf de Carranque, donde 9 Millones de Euros se han consumido por VILLA ROMANA GOLF (en la que CCM tiene un 25%) sin que aún se haya movido una sola piedra de ese PAU. Es el tiempo en el que Hernández Moltó nos ha de mirar de frente y a los ojos, si se atreve, y dar respuesta a todo esto.

El Banco de España toma el control Caja Castilla-La Mancha. Juan Pedro Hernández Moltó ha sido destituido

Juan Pedro Hernández Moltó, ya ex presidente de CCM
Juan Pedro Hernández Moltó, ya ex presidente de CCM

Definitivamente el Banco de España ha tomado el control de CCM, ha destituido a Juan Pedro Hernández Moltó junto al resto de los consejeros de la Caja y reconoce que será necesaria la aportació de 9.000 Millones de Euros y no de 3.000 como se venía barajando. Según publica El Periódico, Pedro Solbes ha confirmado este extremo:

Solbes ha confirmado la intervención de la entidad, cuyo Consejo de Administración ha sido sustituido por tres administradores mancomunados que se encargarán de encontrar una solución a la caja tras el fracaso de la fusión con Unicaja. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha insistido por su parte en enviar un «mensaje de tranquilidad» a toda la sociedad y en particular a los clientes de Caja Castilla-La Mancha. Solbes y Fernández de la Vega han hecho estas afirmaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo extraordinario de Ministros, que ha aprobado un decreto ley por el que se autoriza la concesión de garantías derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco de España a favor de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha.

La noticia en otros medios:

El País: El Banco de España interviene Caja Castilla-La Mancha

El Mundo: El Banco de España Interviene Caja Castilla-La Mancha

ABC: CCM, Cataclismo financiero y político

El Periódico de Cataluña: El Gobierno asegura que los ahorros de los clientes de CCM están garantizados. El Banco de España aportará 9.000 Millones de Euros

El Banco de España interviene CCM: tendrá un ‘super aval’ de hasta 9.000 millones

El Economista: La constructora Hispánica, bajo sospecha judicial por el embolso de 40 millones en adjudicaciones

Francisco Correa, antes y después de venir a peor fortuna
Francisco Correa, antes y después de venir a peor fortuna

La empresa CONSTRUCTORA HISPÁNICA ya había aparecido en Notitia Criminis relacionada con el Hospital del Tajo, con la «trama vasca» y con las actuaciones en Aranjuez de CCM. También, relacionado con la misma entidad, El Economista publicó el pasado día 14 el siguiente artículo:

Alejandra Ramón | 8:28 – 14/03/2009

La constructora Hispánica, investigada por Gürtel, se ha embolsado 40 millones en adjudicaciones de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo y Comunidad de Madrid. Además, fue la adjudicataria de los 48,4 millones para la ampliación del Hospital Costa del Sol en Marbella.

El lunes agentes de la Policía Judicial irrumpieron en la sede de Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte, en el marco de la operación Gürtel, para recabar información sobre la adjudicación a la Constructora Hispánica de la construcción del Parque del Deporte y la Salud en la localidad por casi 30 millones de euros, la inversión más importante del consistorio.

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Boadilla: presuntas irregularidades

Se eligió su oferta a través de un informe realizado por un cargo de confianza, Tomás Martín Morales, del ex alcalde, González Panero, que le otorgaba casi cinco puntos más que a su rival, Sacyr, preferida por los funcionarios municipales que realizaron otro informe paralelo. Baltasar Garzón, instructor del caso, acusa a Tomás Martín de ser el intermediario entre la empresa y el consistorio y le acusa de haber recibido dádivas por valor de 600.000 euros.

La empresa favorecida no sólo recibió jugosos contratos en Boadilla. Sus redes se extendían por más localidades de la sierra norte madrileña. Especialmente en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, cuyos Consistorios también se han visto envueltos en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, cabecilla de la organización. También fue escogida por varias consejerías de la Comunidad de Madrid, otro de los focos de atención de la Operación Gürtel.

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Otras adjudicaciones

Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez
Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez

En un año, de 2007 a 2008, la Constructora Hispánica fue la adjudicataria de dos contratos en Pozuelo y uno en Majadahonda por un importe total de 5,5 millones de euros.

En concreto, fue la elegida a través de un concurso abierto ordinario para realizar las obras de acondicionamiento de pavimentación y servicios en la lujosa urbanización La Cañada a las afueras de la localidad por 1,2 millones de euros. Por el mismo procedimiento fue escogida por el consistorio para encargarse del mantenimiento integral de la pavimentación y reparación de la red de saneamiento por un importe de 3,2 millones de euros desde el 31 de marzo de 2008.

En Majadahonda, resultó adjudicataria, en julio de 2008, por el mismo procedimiento administrativo, de las obras de red de pluviales de los viales de la urbanización Los Negrillos, presupuestado en 1 millón de euros.

Durante 2007 también fue escogida por la Comunidad de Madrid para realizar proyectos por un valor de 4,3 millones. Por el procedimiento de concurso abierto ordinario la consejería de presidencia de la Comunidad de Madrid le adjudicó a través de la empresa pública Arpegio las obras de la pista de atletismo y un campo de fútbol en una parcela municipal de Paracuellos del Jarama, localidad a las afueras de la capital por algo más de un millón de euros. Por otro lado, el servicio madrileño de salud de Atención Primaria escogió a la constructora para el mantenimiento en general de edificios, el importe de adjudicación era de prácticamente medio millón de euros.

Por el procedimiento negociado fue la encargada de realizar las obras de la variante de la polémica carretera comarcal M-501 a su paso por Pelayos de la Presa por una cantidad cercana al millón de euros. La consejería de transportes e infraestructuras fue la encargada de escoger la mejor opción de las presentadas para este proyecto. Y, por último, con carácter de urgencia fue la elegida, nuevamente por Arpegio, para encargarse de las obras de la estación de bombeo y nuevo colector entre el margen derecho de la nacional VI y la línea de ferrocarril Madrid-Irún, por un importe total de 2,1 millones.

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Costa del Sol

Bono junto a Antonio Barrientos, protagonista del caso Astapa
Bono junto a Antonio Barrientos, protagonista del caso Astapa

Pero sin lugar a dudas el mejor contrato de todo lo obtuvo en la Costa del Sol y en concreto en Marbella. En junio de 2007 la Constructora Hispánica a través de la UTE formada con la sociedad Inabensa se hizo con las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol con un presupuesto base inicial de 48,4 millones de euros.

La sociedad comenzó a realizar los trabajos necesarios para la construcción de un nuevo edificio de hospitalización y consultas externas, aparcamiento subterráneo e infraestructuras complementarias en el recinto del Hospital Costa del Sol en julio del año pasado. Con la concesión la UTE será la encargada, además de la explotación parcial de infraestructuras. La ampliación que se encuentra actualmente en construcción permitirá al Hospital disponer, una vez finalizadas las obras, de 550 habitaciones, 150 de las cuales, serán individuales.

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Relación con Astapa

De esta forma, la ahora investigada constructora Hispánica se ha embolsado en prácticamente un año un total de casi 40 millones de euros en obras adjudicadas desde los Ayuntamientos que actualmente están implicados en la Operación Gürtel que, de momento, cuenta con 37 imputados aunque todavía no han concluido las actuaciones. A esta cantidad hay que añadir los 48,4 millones de ampliación del Hospital del Sol de Marbella cuyo Ayuntamiento ha protagonizado el mayor caso de corrupción destapado en nuestro país y del que una pieza separada del sumario provocó la apertura de la Operación Astapa.

La relación con Gürtel queda acreditada a través del empresario José Romero, imputado por la corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Estepona. El dueño del Grupo Prasa y de Sanyres, según las grabaciones hechas públicas, iba a proporcionar al cerebro de la trama destapada por Garzón, Francisco Correa, «ganar un pastón». Además, en Gürtel también aparece como imputado el ex edil de Estepona Ricardo Galeote.

El Banco de España quiere fuera de CCM a Hernández Moltó y a su ejecutiva antes de tapar el “agujero” de la Caja

El Economista
El Economista

Según publicó El Economista el pasado 27 de febrero del 2009, la posición del Banco de España con respecto a la actual cúpula directiva de CCM es que ésta «no debe permanecer en el grupo financiero fusionado y tiene previsto exigir su salida».

Hernández Moltó, en arranque insólito de abnegación, ha hecho oídos sordos a esta prevista exigencia del Banco de España y ha declarado a los medios de comunicación que es él el que está dispuesto a irse para facilitar la «fusión» con UNICAJA.

En realidad es irrelevante que Hernández Moltó, Juan Tomás Vidal, Rodríguez Holgado, etc. se vayan o les despidan con cajas destempladas. La salida de estos personajes es una medida de higiene elemental y no exenta de obligación legal, aunque no sea más que por analogía, pues igual que el comerciante quebrado padece inhabilitación para el ejercicio del comercio, el presidente y la directiva de una Caja llevada a la quiebra no deberían permanecer al frente de ésta y, no digamos, al frente de la entidad que absorbe sus despojos para evitar, en lo posible, no sólo el escándalo, sino también, la intervención de los Tribunales.

Entre tanto, José María Barreda, que cuando no está lírico, está épico, se puso épico ayer en el Parlamento regional y se refirió a las declaraciones de Carmen Riolobos, que le había acusado de «mangonear» la Caja «para hacer ricos a sus amigos», calificándolas de «barbaridad difamatoria e injurias» -que digo yo que lo que querría decir es «barbaridad difamatoria e injuriosa»- Y añadió que el PP «no quiere una solución, sino un escándalo» con el objetivo «miserable» de deteriorar al Gobierno, cuando «lo que no ayuda nada es introducir desconfianza y alarma».

Aquí acabaron las explicaciones de Barreda sobre la situación de CCM. No contestó a las preguntas de la oposición, pero lo significativo es que esa oposición tampoco le preguntó sobre ciertas cosas que exigen respuestas y, desde luego, responsabilidades, no sé si penales, pero indudablemente, políticas.

Juan Pedro Hernández Moltó
Juan Pedro Hernández Moltó

¿Sabía o no sabía, Barreda, que la Caja presidida por Hernández Moltó, antiguo consejero de Hacienda de Bono, está asociada con uno de los principales imputados en la Operación MalayaEnrique Ventero– en Los Alcázares, en el proyecto Torre del Rame, en el que concurren fundadas sospechas de la participación de Juan Antonio Roca?

¿Sabía o no sabía o consintió por acción u omisión, Barreda, que la Caja presidida por Hernández Moltó había financiado con 40 Millones de € a Juan Antonio Roca?

¿Sabía o no sabía o consintió por acción u omisión, Barreda, que la Caja presidida por Hernández Moltó financió a Roca la compra del Palacio de Saldaña en Madrid?

¿Sabía o no sabía o consintió por acción u omisión, Barreda, que la Caja presidida por Hernández Moltó, prestó 30 Millones de €, a dos años, prorrogados por otros dos más sin ninguna otra garantía o penalización, a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del «malayo» Pedro Román Zurdo y de su socio de confianza y fiduciario mientras duró la fuga de aquél, Juan María López Alvarez?

¿Sabía o no sabía o consintió por acción u omisión, Barreda, que la Caja presidida por Hernández Moltó está asociada con el referido Juan María López Alvarez, socio de Pedro Román y de Roca, en otras entidades como son CLAUDIA ZAHARA 22 y CORTIJO DEL MORO?

¿Sabía o no sabía o consintió por acción u omisión, Barreda, que la Caja presidida por Hernández Moltó está asociada a otras mercantiles del imputado en la Operación Malaya Enrique Ventero, como por ejemplo GESTIONES HERVEMU?

¿Sabe o no sabe Barreda si hay otros personajes importantes relacionados con CCM y con el propio Gobierno regional que estén asociados con el citado Pedro Román o con su socio Juan María López Alvarez?

¿Sabe o no sabe Barreda, o consintió por acción u omisión, que Javier Arteche Tarascón, imputado en pieza separada del Caso Malaya, así como otros miembros señalados de la llamada «trama vasca», han hecho y están haciendo negocios junto al arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra en las localidades toledanas de Layos y Argés?

¿Sabe o no sabe, Barreda, si los negocios de estos miembros de la «trama vasca» han sido financiados en todo o en parte por CCM?

¿Sabe o no sabe, Barreda, qué está haciendo la Caja presidida por Hernández Moltó y otras empresas asociadas a ella, en Aranjuez, en la vecindad de los negocios del imputado Javier Arteche Tarascón, de Luis Maya Galarraga y de otros socios de la llamada «trama vasca»?

¿Sabe o no sabe, Barreda, quién es Alejandro Pompa y lo que está haciendo CCM en el campo de golf de Carranque?

En los próximos días y semanas, sin duda, surgirán más preguntas y ya veremos si todos o algunos de estos otrora arrogantes dignatarios, como en su día lo fue Mariano Rubio, no tienen que acabar escuchando a alguien gritarles: «míreme a la cara, señor… ».

El colapso de Caja Castilla-La Mancha y los intereses urbanísticos del consejero “transfuga” Germán Chamón

Diario El Mundo
Diario El Mundo

Ayer, en el pleno del Parlamento regional de Castilla-La Mancha el habitual tono lírico del presidente Barreda se endureció un poco. Afirmó que «el PP quiere un escándalo en CCM» y con palabras extraídas casi textualmente de la «carta abierta» que el presidente del Aeropuerto de Ciudad Real, Juan Antonio León Triviño, envió ayer a María Dolores de Cospedal, aseguró que «el Partido Popular no quiere una solución, quiere un escándalo» para erosionar a su Gobierno y a él mismo.

Lo cierto es que, al margen de lo que quiera o no quiera el PP, el escándalo de CCM no hay que buscarlo ni quererlo porque ya está encontrado y producido y sus artífices no son otros que quienes dirigen la Caja y quienes dirigen a los que dirigen la Caja, unos abiertamente, como Barreda y Hernández Moltó y otros por persona interpuesta, como es el caso de Bono, cuya preeminencia en la región coloca a Barreda en una posición vicaria apenas disimulada.

Hoy, El Confidencial, citando fuentes del Banco de España, asegura que el «agujero» en el que la gestión de Hernández Moltó ha sumido a CCM podría llegar a los 4.000 Millones de € –665.000 millones de Pts., es decir, bastante más allá del medio billón de Pts.- «de confirmarse como fallidas determinadas contingencias de riesgo contraídas por la entidad» y añade que, también según las mismas fuentes, eso no es lo más preocupante. El mayor problema de CCM es que, como consta en las cuentas del ejercicio 2008 que están en poder del Banco de España, el «margen de intermediación de la Caja «fue prácticamente nulo» lo cual quiere decir que CCM no gana un céntimo con la actividad normal de cualquier entidad financiera, es decir, captando depósitos y prestando dinero.

Según las fuentes de El Confidencial, CCM debe a otras entidades 9.500 Millones de Euros -un billón y medio, largo, de Pts.- prácticamente la mitad de los créditos que ella misma ha concedido; es decir, que la Caja de Hernández Moltó ha estado dando créditos con dinero ajeno contrayendo una deuda que ahora se come el beneficio normal de su negocio haciéndola totalmente inviable.

Pero como además CCM se ha endeudado de esa forma para financiar a un contado círculo de constructores que bajo la protección pública y, al menos aparentemente, incondicional de Barreda han llegado a constituir un oligopolio de facto en la región -estoy hablando de Méndez Pozo, de los hermános Díaz de Mera, de Aurelio González Villarejo y de los Sanahuja, pero también de los malayos Juan Antonio Roca, Pedro Román Zurdo, Enrique Ventero, etc.- La cuestión que se plantea sobre la mesa es si en el fiasco y la inviabilidad de CCM sólo ha concurrido una gravísima negligencia o una actuación dolosa que exige la presencia de los fiscales y los jueces de la jurisdicción penal.

En este sentido, El Mundo publica hoy que el consejero de Caja Castilla-La Mancha Germán Chamón, representante del PP en la Caja que se ha negado a dimitir de su cargo según la postura de ese partido, disfruta de un crédito de 9 millones de Euros concedido por CCM del que aún faltan por liquidar 5 millones.

José María Barreda y Antonio Miguel Méndez Pozo
José María Barreda y Antonio Miguel Méndez Pozo

Dicho crédito está concedido a la mercantil VERDE DESARROLLO URBANOS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A. en la que Chamón dice tener un 20% y que pertenece mayoritariamente a Antonio Miguel Mendez Pozo, condenado a prisión por el «Caso de la Construcción de Burgos». El consejero delegado de la empresa es Perfecto Alvarez Muñoz, que también ocupa el cargo de director general del área comercial y de marketing de CCM y es tío carnal de Héctor Alvarez, gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Cuenca.

No acaban aquí los nexos del tal Perfecto Alvarez. Resulta que además de ser tío de su sobrino, director general de CCM y socio del consejero transfuga Augusto Germán Chamón Arribas, también es socio de CONSTRUCCIONES VILLAREJO SA y apoderado de PROMOCIONES GONZÁLEZ SA, es decir, también es socio de Aurelio González Villarejo.

El Sr. Chamón ha negado que los 5 millones de Euros a los que se refiere El Mundo condicionen en absoluto su criterio sobre la situación de CCM y que esa sea la causa que le ha llevado a romper la disciplina de su partido, una de las cosas más difíciles de romper en España, como todo el mundo sabe.

Lo que ocurre es que sobre la voluntad y buen criterio del Sr. Chamón, probablemente, no sólo pesan los 5 millones del crédito que le ha concedido Hernández Moltó. También tiene considerable vis atractiva su asociación empresarial con Antonio Miguel Méndez Pozo, con Perfecto Alvarez Muñoz y, aunque sea indirectamente a través de este último, con Aurelio González Villarejo, a más claro está, de los intereses inmobiliarios que le conciernen en la provincia de Cuenca y que dependen de decisiones políticas que pueden ser poderosamente influidas, si es que no están directamente en sus manos, por el Gobierno regional de Barreda.

La sociedad VERDE DESARROLLOS URBANOS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A. en la que Germán Chamón participa junto a Antonio Miguel Méndez Pozo, según informa «El Cronista Independiente de Cuenca«, ha presentado diversos PAUs en localidades que circundan la ciudad de Cuenca. El negocio, naturalmente, radica en la compra de suelo rústico a precios ínfimos y su posterior recalificación; lo que ocurre es que con la recalificación ni Germán Chamón ni «Michel» Méndez Pozo se dan por satisfechos.

Por ejemplo, uno de los PAUs de VERDE DESARROLLOS es el presentado en la localidad conquense de Villar de Olalla donde se pretende construir 1.100 viviendas. El PAU, en sí mismo, puede ser un buen o mal negocio pero si junto a él se sitúa la estación del AVE, no cabe duda de que la revalorización del suelo se disparará, incluso, en medio del hundimiento del gremio inmobiliario. Pues bien, eso es lo que La Tribuna de Cuenca, periódico propiedad de Méndez Pozo ha estado defendiendo, con éxito, desde un principio.

Augusto Germán Chamón Arribas
Augusto Germán Chamón Arribas

La estación del AVE tenía dos posibilidades. Llegar hasta la propia ciudad de Cuenca o quedarse a 6 Km de allí, en el paraje de la Estrella, junto a los intereses urbanísticos de Germán Chamón y de Méndez Pozo y de Perfecto Alvarez.

El pasado 20 de junio del 2008, El Economista publicaba que el alcalde de Cuenca, Francisco Pulido, defendiendo la parada del AVE en la ciudad, dijo: «y para eso la estación tendrá que estar en el paraje de la Estrella», afirmación rotunda con la que estuvo de acuerdo el Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Barreda, José Luis Martínez Guijarro.

Las plusvalías generadas al establecer una estación del AVE junto a su PAU y el apoyo a tal pretensión del Gobierno de Castilla la Mancha, es un poderoso y cualificado acicate para inclinar su voluntad hacia las posturas mantenidas por ese mismo Gobierno y por Hernández Moltó en lo que se refiere a la absorción de CCM por UNICAJA, pero Augusto Germán Chamón asegura que quien crea que una cosa así le puede influir a él, es que no le conoce.

A su vez, si a la estación del AVE se suman, como también defiende y procura La Tribuna de Cuenca otras infraestructuras como el nuevo hospital y un futuro polígono industrial, las plusvalías de los PAUs de Méndez Pozo y Germán Chamón, aumentarían aún más y eso parece otro importante motivo para apoyar, aún en contra del propio partido, a Juan Pedro Hernández Moltó y al Gobierno de Castilla la Mancha.

Pero es que, además, en estos asuntos urbanísticos de la llamada «Corona de Cuenca» los intereses de la mercantil VERDE DESARROLLOS etc. se mezclan con los del consorcio DAVECON. Según «El Cronista Independiente de Cuenca«, una de las empresas que lo integran es DALPA y de ella fue socio Gonzalo Igualada -que aún sigue ligado a la empresa- ingeniero jefe del área de Obras y Planificación del ayuntamiento de la ciudad.

Gonzalo Igualada fue quien redactó un informe, esencial para dar por buena la localización de la estación del AVE en el paraje de la Estrella, que modificaba los datos de la cartografía oficial y contradecía otro informe presentado por el también ingeniero de caminos del Ayuntamiento, Vicente Belinchón Carlavilla. Se da la circunstancia, según el grupo Independientes por Cuenca, que el informe del ingeniero Vicente Belinchón fue ocultado por el entonces alcalde Martínez Cenzano durante la negociación del «Pacto por Cuenca», un acuerdo político favorable a la estación del AVE en la Estrella.

El consorcio de empresas DAVECON tuvo también protagonismo en una oscura operación urbanística en Cuenca: la del recinto ferial de la que se hablará aquí en breve. Aquél caso puso ya de relieve las muy estrechas relaciones entre las empresas que integran DAVECON y el Ayuntamiento de Cuenca en el cual Héctor Alvarez, sobrino carnal de Perfecto Alvarez Muñóz, el ejecutivo de CCM y socio de Chamón y Mendez Pozo, ocupa el cargo de Gerente de Urbanismo.

DAVECON está integrada por las siguientes constructoras: CONSTRUCCIONES DALPA SA, CONSTRUCCIONES CONCA SL, CONSTRUCCIONES VERLIZ SA, CONSTRUCCIONES TRIGUERO HERMANOS SL y EDDENCA SL.

El ingeniero de caminos municipal, Gonzalo Igualada Puerta¸ a quien me he referido antes, fue accionista y administrador de construcciones Dalpa. En la actualidad es presidente de la Fundación Dalpa de la que es vicepresidente el administrador único de CONSTRUCCIONES DALPA.

Manuel Ángel Carrascosa García, aparejador municipal en excedencia, tiene vinculaciones familiares con accionistas y responsables de CONSTRUCCIONES CONCA SL. En concreto, tanto él como su mujer figuran como apoderados y sus dos hermanos como administradores.

Pablo Martínez Pando, técnico urbanista municipal, es vicepresidente de la empresa PROMOCIONES VERMA S.A. de la cual es presidente, el presidente de CONSTRUCCIONES VERLIZ SA.

Ni que decir tiene que la primera piedra del Recinto Ferial de Cuenca fue colocada por José María Barreda.

¿Tiene arte o parte Caja Castilla-La Mancha en el nombramiento de un hombre del “malayo” Ventero como Consejero Delegado de Inmobiliaria Colonial?

José María Barreda y Juan Pedro Hernández Moltó
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La Agencia Fich califica la deuda de CCM como «bono basura» y el Banco de España mantiene a la Caja artificialmente viva

Hernández Moltó junto al consejero tránsfuga Germán Chamón
Hernández Moltó junto al consejero tránsfuga Germán Chamón

Desde luego, parece claro que la situación está acelerándose de tal forma que difícilmente la absorción de CCM por la andaluza UNICAJA podrá ser otra otra cosa que un mero acto formal. No hay tiempo para algo que no sea guardar unas precarias apariencias. Después vendrán los números, la evaluación del «agujero» creado en CCM por la gestión de Hernández Moltó, de Tomás Vidal, de Rodríguez Holgado, etc. etc. Ahora sólo es momento de cambiar el nomen iuris de la entidad, endosársela a los andaluces sin más tardanza y esperar que el dinero público tape las vergüenzas que, de salir a la luz, no es nada improbable que acabaran empujando a más de uno de esos gestores de lo ajeno, tan satisfechos y envanecidos por la contemplación de sus propias prendas, hasta el banquillo de los acusados.

Decía que el colapso de CCM va demasiado deprisa porque ayer la agencia FITCH calificó la deuda de CCM como «bono basura». Concretamente, la Caja pasó de una puntuación BBB+ a BB+, muy por debajo de como se encontraba el BANESTO de Mario Conde cuando fue intervenido.

Hoy, El Confidencial, viene a decir que la Caja de Hernández Moltó está en coma vegetativo y que su vida se mantiene artificialmente gracias a la «ventanilla de urgencia» del Banco de España. De hecho, este mismo diario cita fuentes del Banco de España según las cuales a CCM «se le presta lo imprescindible para seguir operando, teniendo en cuenta el riesgo asumido»

Las mismas fuentes, según El Confidencial, consideran «ridícula» la cifra de 900 o 1.000 millones de Euros que, según noticias aparecidas ayer, estaría exigiendo UNICAJA para poder iniciar la absorción, y no por excesiva, la cifra digo, sino por ínfima: «si esas fueran todas sus necesidades de recursos, CCM no sólo no tendría ninguna crisis, sino que estaría viviendo en el mejor de los mundos».

«La realidad -siguen diciendo las fuentes de El Confidencial- Es que Caja Castilla-La Mancha tendría que haber sido intervenida hace ya tiempo, desde luego nada más conocerse los datos de cierre del ejercicio 2008, porque estaba claro que entonces ya no cubría el coeficiente de solvencia».

Lo indiscutible es que, sin bien se han publicado noticias que aseguraban que Miguel Angel Fernández Ordóñez ya había advertido a CCM que no estaba dispuesto a esperar mucho más; la intervención no se ha producido.

Las razones que está dando la prensa de esto, parecen muy de sentido común. Básicamente se trataría de eludir el escándalo de ver en estos momentos «quebrar» a una entidad financiera ligada al partido del Gobierno y, además, gestionada por un hombre puesto allí por la decisión personal del actual Presidente del Congreso de los Diputados que, por si alguien no capta la indirecta, no es otro que José Bono.

Sin embargo la cuestión puede ser más compleja. La agencia FICH justificaba la devaluación en la calificación de la Caja, por la excesiva exposición al sector inmobiliario, pero CCM no se ha expuesto excesivamente a un indeterminado, general y abstracto «sector inmobiliario», sino a un sector inmobiliario que tiene nombres y apellidos conocidos: Enrique Ventero, Aurelio González Villarejo, Domingo Díaz de Mera, «Michel» Méndez Pozo, Luis Nozaleda, Román Sanahuja, Antonio e Ignacio Barco Fernández, Ricardo Díaz Bermejo y Jesús María Gallego Peinado, Juan Antonio Roca Nicolás, su socio Juan María López Alvarez…

Sabemos que solo tres nombres de la anterior lista: Domingo Díaz de Mera, Barco Fernández y Román Sanahuja ya consumían más del 40% de los recursos propios de la Caja. Sabemos que de los nombres citados, Díaz de Mera, Enrique Ventero, Gallego Peinado, Roca Nicolás y Román Sanahuja tienen procesos abiertos por algún tipo de corrupción política, urbanística o societaria y sabemos, además, que los negocios hechos con Juan Antonio Roca y con Enrique Ventero unen a CCM con el corazón del más escandaloso y sostenido en el tiempo caso de corrupción destapado en España, al menos hasta la Operación Gürtel.

Cuando hablamos de un genérico «sector inmobiliario» Hernández Moltó se nos aparece como uno de tantos gestores incompetentes, al parecer no dotados de órganos para la prudencia. Cuando descendemos hasta lo contingente, la pregunta a la que hay que dar respuesta es si Hernández Moltó y quienes le han colocado donde está y le han sostenido allí, lo que han hecho es convertir a CCM en el instrumento financiero de una organización de delincuentes, en un puchero de libre disposición para los amigos de Presidencia, en una res derelicta de la que cualquiera que pasara cerca podía agarrar cuanto se le antojara o en todo junto a la vez.

¡Ah, pero no! Aquí no pasa nada, Señora Baronesa. Todo esto sólo es una brutal y maledicente campaña de desprestigio y Hernández Moltó jamás ocupará el sitio que una vez ocupó Mariano Rubio.

El «agujero» de Caja Castilla-La Mancha podría ascender a tres mil millones de Euros

José María Barreda y Juan Pedro Hernández Moltó
José María Barreda y Juan Pedro Hernández Moltó

Poco a poco los datos van saliendo a la luz. Según el artículo que publica hoy El Mundo (se puede descargar desde aquí) Los técnicos de UNICAJA, presidida por Braulio Medel y que ha sido elegida para encubrir el fiasco de CCM; estiman que el agujero existente en Caja Castilla-La Mancha oscilaría entre 1.000 y 3.000 millones de Euros, es decir, entre unos ciento setenta mil millones y medio billón de Pts.

En esta situación, la condición de UNICAJA y, por tanto de Chaves y Zarrías, es que el Gobierno central, el Banco de España o los dos juntos, pongan antes de la absorción, al menos los 1.000 millones de € citados. «UNICAJA quiere un saneamiento previo, porque no quiere una operación que pueda contaminar sus cuentas» han manifestados fuentes de la dirección de la Caja andaluza.

Por su parte, el Ministro Solbes, sin fijar ningún compromiso, no descartó la aportación de dinero público para tapar ese agujero. El dinero podría salir también del Fondo de Garantía de Depósitos pero, como igualmente informa El Mundo, la cantidad disponible en el FGD es de 6.000 millones, de forma que tapar el quebranto originado por la dirección de Hernández Moltó en CCM diezmaría, grave o gravísimamente, esa cantidad en un momento en el que están empezando a aflorar los problemas en las entidades financieras, como ha puesto de manifiesto la negativa del SANTANDER a reembolsar, al menos durante los próximos cuatro años, los depósitos hechos en su fondo BANIF INMOBILIARIO; o la puesta a la venta de todas sus oficinas por parte del BBV; y todo esto sin contar con que aún está por llegar el golpe de las «hipotecas basura» españolas, es decir, de los «créditos de promotor» que tan compulsivamente se dieron confiando a ciegas en que con la recalificación de suelos rústicos comprados a precio miserable, el éxito del negocio estaba asegurado.

La situación es grave y alguna responsabilidad, digo yo, que se tendrá que derivar de esto, aunque no sea más que la exigible a «un ordenado comerciante», porque habrá que preguntar dónde está ese medio billón de pesetas y por qué y en función de qué intereses ha ido a parar a donde ahora está.

Pero entre tanto, el mismo artículo de El Mundo da ciertas claves de la forma en que se ha estado actuando en CCM o, mejor dicho, de la forma en que se ha procurado tener calladas las bocas de aquellos que podían haber hablado a tiempo.

Así por ejemplo, hoy se ha conocido la dimisión del consejero de CCM, Ignacio López del Hierro. Este señor, compañero sentimental, según el periódico, de María Dolores de Cospedal, ingresó en el Consejo de la caja en 2007 a instancias de Juan Pedro Hernández Moltó quien lo justificó diciendo que que el Sr. del Hierro «ha desarrollado una larga y destacada carrera profesional en el sector inmobiliario español, como consejero ejecutivo de BAMI y METROVACESA»

Lo cierto es que esa incorporación se produjo después de las últimas elecciones, cuando Cospedal arrancó 100.000 votos a Barreda y, además, fue acompañada del nombramiento de varias personas de confianza de la citada Cospedal.

Más significativa aún es la resistencia a dimitir, siguiendo las directrices de su partido, del consejero Germán Chamón y de algunos otros, cuya filiación no se cita, pero que pertenecerían al grupo de cargos del PP bien asentados antes de la llegada de Cospedal, en definitiva, al grupo de viejos compañeros de fatigas de José Bono.

Digo que esto es más significativo, porque al parecer, Germán Chamón tiene ciertos intereses inmobiliarios en Cuenca directamente ligados al amigo de Barreda, propietario de «La Tribuna» y ex presidiario «Michel» Méndez Pozo.

Cosas así bien podrían dar razón de por qué los consejeros del PP en CCM han tardado tanto en darse cuenta de lo que se estaba cociendo, cuando informaciones más que inquietantes llevan meses en los periódicos. Pero, claro, hay que comprenderlos, Hernández Moltó les había dicho que sólo se trataba de «rumores malintencionados». Sólo le faltó añadir: «propagados por una abominable página de Internet llamada Notitia Criminis».

Los consejeros del PP en Caja Castilla-La Mancha dimiten en bloque

Hernández Moltó
Hernández Moltó

Reproduzco esta noticia de última hora publicada por El Mundo

Cristina Caballero

Madrid.- Dimisión en bloque en Caja Castilla La Mancha. Los nueve consejeros de la entidad en representación del Partido Popular han presentado su dimisión en protesta por los planes de la caja presidida por Juan Pedro Hernández Moltó de fusionarse con la andaluza Unicaja.

Las conversaciones entre las dos cajas para una fusión vienen produciéndose desde hace varias semanas, y esta mañana el presidente de la Junta de Castilla La Mancha, José María Barreda, aseguraba que era una fusión «probable», mientras el presidente andaluz, Manuel Chaves, reconocía los contactos.

El PP denuncia que la operación se está haciendo a espaldas de los órganos de Gobierno de la caja, que serían los competentes para aprobar una fusión de estas características. Además quiere evitar una operación que supondría la entrega de la entidad manchega al Gobierno de Manuel Chaves.

El PP ha pedido a los consejeros propuestos en su día por este partido en los consejos de Administración, Comité de Control, Comisión Ejecutiva, Corporación de Empresas y Comité del Buen Gobierno que dimitan de sus cargos «para no ser cómplices de una situación gestada desde la sede del PSOE en Ferraz y con la participación de los dirigentes del Gobierno de Castilla-La Mancha y de la propia Caja, con absoluto desconocimiento por parte de los consejeros del PP y realizada de espaldas a los impositores, empleados y ahorradores, que pueden ser los graves perjudicados de todas estas actuaciones».

Además de pedir la dimisión de todos sus consejeros, el PP solicitará con carácter urgente la convocatoria de la Asamblea General de la caja, máximo órgano de la entidad, al que le corresponde, en última instancia, la ratificación de cualquier modificación en el régimen de la entidad.

Caja Castilla-La Mancha tiene problemas internos desde hace varios meses, que llevaron a Jesús Bárcenas a dimitir como vicepresidente de la caja a principios de este mes.