EL AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS IMPLICADO EN LA OPERACIÓN “ENREDADERA”

La policía llevándose las cajas de documentación incautada en el Ayuntamiento de Illescas

 

Ayer, una vez iniciado el registro policial en el Ayuntamiento de Illescas, el portavoz de la corporación hacía, con voz manifiestamente alterada y audible fatiga, unas declaraciones de urgencia a Radio Illescas. En ellas el acalorado portavoz definía la intervención policial que se estaba produciendo en las dependencias municipales como un mero “requerimiento de información”.
Bien, cuando un Juzgado requiere información a una entidad o autoridad publica lo que hace es evacuar oficio solicitando que se haga lo que manda, en este caso que se le remita la documentación que considere necesaria. Lo que no hace es enviar un furgón policial y, al menos, otros dos vehículos policiales más, con orden de entrar en un ayuntamiento y requisar documentación a más de ordenadores, etc. Esto último es lo que sucedió ayer en Illescas. Es decir, estamos ante un registro, no ante un “requerimiento de información”, entre otras cosas porque es la policía la que entra en el lugar y recoge lo que considera oportuno. Cierto que las actuaciones están bajo secreto y que, de momento, sólo se pueden hacer conjeturas en cuanto a los indicios de delito que puedan pesar sobre los munícipes de Illescas y sobre su alcalde, José Manuel Tofiño, pero todo el asunto despide un hediondo fumus malus iuris.
Por otro lado, el referido portavoz, esta vez en declaraciones a lacadena Ser, hacía -ya con más aplomo en la voz- las siguientes puntualizaciones: El contrato con la filial de SACYR, centro de la trama investigada (esto del centro lo digo yo, no él) No se había adjudicado todavía. El contrato tenía por objeto la instalación de cámaras de vigilancia en el “Señorío de Illescas”, zona azotada por la delincuencia (aunque en mi opinión es Illescas y no sólo uno de sus barrios, el que lleva años azotado por la delincuencia). Sin estar seguro de la cuantía del contrato, Rodriguez sí señalaba una cifra aproximada: 100.000 €. Finalmente reiteraba que estaba “muy tranquilo” -me columbro que Tofiño también debe estar igual de tranquilo- porque el Juzgado sólo había requerido información y porque aún no había ningún contrato con la filial de SACYR.
Bien, para empezar, es muy posible que sea cierto que el contrato con la empresa investigada por los sobornos no esté adjudicado, pero eso no elimina las posibles responsabilidades penales pues los delitos pueden cometerse en grado de tentativa o, incluso, si los sobornos ya se han pagado, estar consumados aún a falta de ciertos trámites administrativos.
A unos 100.000 € aproximados, dice este hombre, que ascendía la dotación presupuestaria para el contrato de marras. Teniendo en cuenta, como cualquiera puede comprobar en la Red, que el coste de una cámara de vigilancia habitual en empresas y oficinas, es de unos 150 €, instalación incluída, Tofiño pretende o pretendía instalar en el “Señorío de Illescas”, unas 666 cámaras -justo el número de la Bestia- Seguramente más cámaras que ventanas tiene el barrio, algo que se antoja una afirmación hecha iocandi causa y no una realidad creible.
Por último, no tengo nada que decir sobre la tranquilidad de estos caballeros. Hacen bien en tranquilizarse, queda mucha instrucción por delante y muchas declaraciones de testigos y de imputados, que es posible que no estén tan tranquilos y sí considerando las ventajas de cantar como jilguerillos en su jaula. Veremos.
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