Diario Público: Los Bono acumulan un patrimonio inmobiliario de mil millones de pesetas

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El diario Público ha salido hoy con un excelente y quirúrgico artículo sobre el patrimonio de la familia Bono. Según se deduce de esa información, José Bono y su familia inmediata acumulan bienes inmuebles valorados en no menos de 6.000.000 de €, unos mil millones de Pts.

El artículo no entra en polémicas sobre la valoración de lo descubierto hasta ahora, es más, no sólo lo calcula a la baja, sino que incluso acepta que la vivienda de la C/ San Justo de Madrid, cercana al Palacio Real, haya valido 450.000 €, como ha declarado Bono, si bien advierte lo evidente: “salvo que el inmueble esté destrozado, es imposible comprar en esa zona a dicho precio. Según el portal inmobiliario Idealista, el metro cuadrado en el centro de Madrid cuesta 4.090 €”, lo que teniendo en cuenta que esa vivienda tiene 160 m2 de cabida, arrojaría un más que prudente predio de 662.580 €.

Pero la importancia de la información aparecida hoy en Público no radica en esto, que ya había sido desvelado en gran parte por La Gaceta, sino en los datos que el diario destapa sobre nuevos inmuebles descubiertos en manos de las hijas mayores de Bono, Ana y Amelia; y sobre la permuta con REYAL-URBIS que permitió a la mercantil AHORROS FAMILIARES SAJA, administrada por Ana Rodríguez Mosquera, la esposa de Bono, hacerse con la propiedad de dos áticos de lujo en Estepona.

Amelia Bono Rodríguez escrituró en 2005 a su nombre una vivienda de “130 m2 más azotea de uso propio de 34 m2 y dos plazas de garaje” en la lujosa urbanización Montepardo de Madrid. Cuando la hija de Bono registró esa propiedad tenía 24 años. Al año siguiente, su hermana Ana, también escrituró al suyo otro piso en Madrid y en 2009 esta misma Ana Bono liquidó acciones de la mercantil SAJA y a cambio recibió una nueva vivienda, contigua a la anterior, más plaza de garaje, que la empresa SAJA valoró en 171.399 € (28.517.879 Pts).

En definitiva y según toda la información publicada hasta el momento, la acumulación patrimonial de los Bono se aceleró a partir del año 2000 disparándose exponencialmente, ya sin recato, a partir del año 2004, cuando Bono abandonó la presidencia de Castilla-La Mancha para ocupar el ministerio de Defensa.

Pero, como he dicho, el dato más inquietante de los aparecidos hoy, y de consecuencias jurídicas y personales para los Bono difíciles de predecir, es el de la permuta realizada con REYAL-URBIS, propiedad del amigo de la familia, Rafael Santamaría.

Público titula el epígrafe sobre este hecho como “sorprendente operación”. Es cierto, la operación es tan sorprendente como sospechosa:

“La operación inmobiliaria más inusual realizada por los Bono se cerró en julio de 2006. ese mes, la promotora Reyal, de Rafael Santamaría, un empresario muy ligado a Castilla-La Mancha y amigo personal de Bono, y la sociedad AHORROS FAMILIARES SAJA acordaron una permuta inmobiliaria. De acuerdo con los datos de la escritura, a la que ha tenido acceso Público, Saja recibió dos áticos de lujo de nueva construcción en el municipio costero de Estepona (Málaga), cuya superficie techada suma 267 m2 y que Reyal valoró en 925.000 €. A cambio, la sociedad patrimonial de la familia Bono entregó a Reyal un piso de 136 m2 localizado en la madrileña colonia de Mirasierra y por el que el matrimonio Bono había pagado 35.000 € en 1982.

El piso de Mirasierra, una zona de clase media alta en el norte de la capital madrileña, tiene plaza de garaje. Los áticos de Estepona, levantados en la urbanización Las Náyades, a 150 m de la playa, dan a sus propietarios el derecho al uso y disfrute exclusivo de los siguientes bienes y equipamientos: dos plazas de garaje de 26 y 28 m2; dos azoteas solarium de 32 y 146 m2; y otras tres terrazas e 20, 71 y 2,6 m2. Entre los elementos comunes de la urbanización figuran piscinas, club social y gimnasio con sauna.

A efectos de la permuta, y sin tener en cuenta el garaje, el piso de Mirasierra se valoró en 6.343 €/m2 . El precio medio del metro cuadrado en Mirasierra, en el segundo trimestre de 2006, era de 4.131 €/m2, según la tasadora Tasamadrid.

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La permuta está rodeada de incógnitas. Las promotoras difícilmente acuden a esa fórmula, sobre todo en época de boom inmobiliario. Además, no estaba aquí en juego el cambio de unos terrenos por otros, sino el de dos áticos de nueva construcción por un piso de segunda mano, con 25 años de antigüedad y situado en un bloque de viviendas” que además tenía un contrato de arrendamiento, el cual aún sigue en vigor.

La permuta, sin duda, es inverosímil y sospechosa, no sólo porque Estepona, en el 2006 estuviera gobernada por el detenido y amigo personal de Bono, Antonio Barrientos, que ya sabemos que daba un trato excepcional a Ana Rodríguez Mosquera, cargando –el Ayuntamiento o Valle Romano, una de las sociedades del “malayo” Javier Arteche Tarascóncon las clases de golf que ésta recibía en la ciudad malagueña; sino porque el insólito intercambio –ruinoso para REYAL-URBIS, si en el negocio jurídico no hay estipulaciones secretas– se celebra con una mercantil propiedad de la Familia de José Bono, que no sólo es el ex presidente de la región en el que la constructora de Santamaría tiene intereses multimillonarios, sino que sigue presidiendo el partido Socialista en Castilla-La Mancha, es decir, que en modo alguno carece de poder e influencia en el palacio de Fuensalida, sede del gobierno manchego.

Pero, hablando de los amigos de Bono. Hoy se ha conocido la noticia de la imputación de Javier Arteche Tarascón, de Luis Portillo y de los hijos del difunto Jesús Gil, a causa de una operación de compra de créditos del Ayuntamiento de Marbella en la que, según la Agencia Tributaria, se habrían blanqueado más de 6.000.000 de €.

No hay que recordar que en la maniobra de abordaje lanzada por Luis Portillo sobre INMOBILIARIA COLONIAL, luego conducida por éste y sus hombres a la quiebra, tuvo un papel fundamental el constructor toledano –que no conquense– Aurelio González Villarejo, también amigo personal de Bono y Barreda y constructor de la urbanización El Vergel de Bargas, en la que recientemente el hijo jinete de Bono ha adquirido uno de los chalets que el propio González Villarejo anuncia al precio de 300.000 €.

Sobre esta noticia, una vez más, es imprescindible leer con atención los siguientes artículos publicados por Ciudadanos de Espartinas:

Malaya, Rossell, Portillo, Arteche y el Armario de la Trama Vasca

Los tentáculos de la Trama Vasca (I)

Los tentáculos de la Trama Vasca (II)

La nephila vasca (I)

Domingo Díaz de Mera, imputado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en el caso “El Monte”, pretende querellarse contra el periodista Carlos Otto

Domingo Diaz de Mera
Domingo Díaz de Mera

Hago un paréntesis en los textos sobre el negocio urdido en torno a los terrenos del estadio «Vicente Calderón» para recoger la noticia aparecida ayer en el Diario Público.

Carlos Otto, periodista que fue despedido fulminantemente del diario «El Día de Ciudad Real» tras la publicación del artículo que se puede leer pulsando en este enlace, acaba de recibir varias demandas de conciliación, acto previo a la presentación de las querellas por injurias y calumnias, instadas por Domingo Díaz de Mera, Juan Antonio León Triviño y Carmen García de la Torre, esta última, gerente del citado diario «El Día de Ciudad Real«.

La base jurídica en la que los demandantes pretenden sustentar su acción se centra en la expresión «capo culipardo«, cuyo significado ignoro, utilizada en el artículo de Carlos Otto y referida a Díaz de Mera; además de en varios términos usados en comentarios de terceros a la entrada del blog del periodista: Modus Tolens. Según «Público«, en algunos de dichos comentarios aparecían expresiones como «mafioso«, «ladrón«, «corrupto«, «terco«, «cafre«, «cutre«, «mangantes» o «caciques«; de forma que los querellantes pretenden trasladar la responsabilidad de tales comentarios al administrador del blog tratando de que se le apliquen los criterios preconstitucionales de la Ley de Prensa de Fraga.

Así las cosas, conviene precisar que DIARIO (o Día) DE CIUDADREAL S.A. pertenece en un 75% a GREEN PUBLICIDAD Y MEDIOS S.A., la cual, a su vez, pertenece en un 100% de su capital a GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL, cuyo Consejo de Administración está formado por Domingo Diaz de Mera Lozano (presidente) Ignacio Barco Fernández, Pablo Usandizaga Usandizaga y Ana Burgos de María. Son de señalar, también, algunos de los cargos de la Sociedad, ya cesados. Así, por ejemplo, Vicepresidente hasta diciembre de 2008 lo fue Román Sanahuja Pons. Igualmente fueron consejeros Miguel Roca Mas, Antonio Manuel Bustamante León y Alberto Alonso Lobo.

Además, hay que hacer otra precisión. A pesar de lo que se especifica en el citado diario, la empresa propietaria de la cabecera es, salvo cambios de denominación de última hora, EL DIARIO DE CIUDAD REAL (A13359690), cosa que tiene relevancia a la hora de cotejar los datos en los correspondientes registros mercantiles, sobre todo, teniendo en cuenta que no es este el único negocio relativo a medios de comunicación en el que están implicados los hermanos Domingo y Antonio Díaz de Mera.

Estas personas también participan en INICIATIVAS RADIOFÓNICAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A. con Alberto González Tostado, hijo de Aurelio González Villarejo, en el Consejo de Administración; en GRUPO DE COMUNICACIÓN Y TELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA S.A.; en SOCIEDAD DE EDICIONES Y COMUNICACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA S.A. donde también es consejero Aurelio González Villarejo; o en ZOCODOVER MULTIMEDIA, en la que Domingo Díaz de Mera comparte administración, otra vez, con Aurelio González Villarejo.

De entre todas ellas, ZOCODOVER MULTIMEDIA, tiene un interés especial. Está participada en un 25% por GRUPO DE EMPRESAS HC y, a su vez, HC ha sido el instrumento societario mediante el cual Domingo Díaz de Mera, Román Sanahuja, José Selfa de la Gándara y José María Bueno Lidón consumaron los hechos por los que ahora se encuentran imputados tras las querellas presentadas contra ellos por la delegación de Sevilla de la Fiscalía Anticorrupción.

Los hechos tuvieron lugar entre los años 2004 y 2005. En ese momento José María Bueno Lidon era, con plenos poderes, Presidente del Consejo de Administración de EL MONTE, el grupo industrial de lo que ahora se denomina CAJASOL. José Selfa de la Gándara, por su parte, era miembro de ese mismo Consejo.

Tras las correspondientes inspecciones, el BANCO DE ESPAÑA advirtió a CAJASOL sobre la necesidad de iniciar un proceso de ventas de activos ante la concentración «inapropiada» de riesgos en el sector inmobiliario. Iniciado tal proceso, CAJASOL decidió deshacerse de su participación en GRUPO DE EMPRESAS HC. Dicha entidad pertenecía, inicialmente, a Domingo Díaz de Mera en un 60% y en el restante 40% a EL MONTE.

En esta situación comienzan varios movimientos accionariales durante el año 2004. En julio, Domingo Díaz de Mera vendió el 29,99% a CRESA PATRIMONIAL, empresa instrumental de los Sanahuja, entonces ya con una posición preponderante en METROVACESA. En noviembre del mismo año, EL MONTE vendió el 10% de su participación a LESEPA INVERSIONES SL. Esta entidad, a través de GRUPO DE NEGOCIOS URBAJA SL y de SOLVENTIA CORPORATIVA es propiedad de Ignacio Barco Fernández y de su familia y aquí hay que hacer una advertencia. Los hermanos Ignacio y Antonio Barco Fernández aparecen casi sistemáticamente en todas las múltiples sociedades de Domingo Díaz de Mera, entre ellas GLOBAL CONSULTING PARTNERS, lo cual es relevante para el caso que aquí se trata como se verá enseguida.

Román Sanahuja
Román Sanahuja

En definitiva, después de estos trasiegos de acciones, la propiedad de GRUPO DE EMPRESAS HC, quedó de la siguiente manera: EL MONTE, mantenía el 30,03% de las acciones y en representación de este porcentaje, José María Bueno Lidón y José Selfa de la Gándara, estaban presentes en su Consejo. CRESA PATRIMONIAL, la sociedad de los Sanahuja, el 29,99%. CORPORACIÓN INDO MA, la sociedad controlada por Domingo Díaz de Mera, otro 29,99%. Finalmente, LESEPA INVERSIONES, propiedad de los Barco Fernández, tenía un 10%.

Ahora bien, esta distribución accionarial era engañosa y oculta una unidad de acción y propósito mucho más estrecha de lo que aparentemente se podría pensar porque CORPORACIÓN INDO MA participa en otra de las empresas de Domingo Díaz de Mera, a saber: GLOBAL CONSULTING PARTNERS y resulta que en esta última también son accionistas los Sanahuja, a través de SACRESA y los Barco Fernández, a través de la ya conocida LESEPA. En definitiva, que todo queda en casa o cerca de ella.

En este contexto, los Sanahuja, con la intención de ampliar su posición de dominio en METROVACESA, se interesan por las participaciones de ésta en poder de HC, lo que parece ser el inicio de toda la operación porque, según la Fiscalía Anticorrupción, paralelamente, en el seno de HC se toman dos decisiones de alcance que, a la luz de los hechos posteriores, se pueden considerar preparatorias del plan trazado.

En la Junta Extraordinaria de HC celebrada el 29 de marzo del 2004, con la presencia y voto faborable de Bueno Lidon y Selfa de la Gándara, se acuerda la supresión del derecho de adquisición preferente entre socios de las acciones de la compañía, transformándose éstas en acciones al portador sin ningún tipo de limitación para su transmisión a terceros. Al mismo tiempo entran en el Consejo tres miembros del grupo de los Sanahuja. Como he dicho, este acuerdo se revela, a la luz de los hechos posteriores, como fundamental para impedir cualquier reacción defensiva por parte de CAJASOL.

Posteriormente, en la Junta de 30 de septiembre de 2005, también con la participación y voto de Bueno Lidon y Selfa de la Gándara, se elimina otro obstáculo o se facilita la futura venta de la sociedad, acordándose la escisión de ésta con la consiguiente reducción de capital.

A partir de aquí, los hechos se precipitan. La venta de la participación de EL MONTE en HC se consumó el 5 de octubre de 2005, es decir, días después del último de los acuerdos de Junta citados, pero dicha venta se enmascara en un supuesto contrato, no de compraventa, sino de opción de compra, lo que resulta fundamental para cubrir el presunto engaño del que iban a ser, también presuntamente, víctimas los otros órganos de CAJASOL con competencia para decidir sobre esa venta.

Es decir, pese al nomen iuris: «contrato de opción de compra», los términos y las obligaciones contenidos y que se derivaban de dicho contrato, convertían la venta de las acciones de HC que poseía EL MONTE en un hecho consumado, y anulaban o pretendían anular, cualquier reacción de los órganos competentes de la Caja. Veamos cómo.

El contrato en cuestión se establece entre OLDNEW INVESTMENT SL, una sociedad instrumental de los Sanahuja, y José Selfa de la Gándara en representación de EL MONTE. Hasta ahí todo bien, salvo que a Selfa de la Gándara no le estaban permitidos actos dispositivos, es decir, ventas, de valores mobiliarios de EL MONTE, sin la autorización previa de su Consejo de Administración, cuando el valor de esos valores superara los 6.000.000 de € y este era, precisamente, el caso.

Esto, no obstante, no afectaba a la validez del contrato con los Sanahuja o, si se quiere, con OLDNEW INVESTMENT, puestos que estos se cubrían en una aparente «tercería de buena fe» que no podía verse perjudicada porque el mandatario de EL MONTE, es decir, Selfa de la Gándara, hubiera actuado sobrepasando el límite de su mandato. Selfa de la Gándara, de ser descubierto, respondería ante su mandante del hipotético daño patrimonial causado por excederse en su mandato y actuar sin la autorización requerida, pero EL MONTE no podría ir contra el «tercero de buena fe«, es decir contra los Sanahuja, anulando el contrato porque, en principio, estos no tenían por qué conocer las normas internas de EL MONTE ni saber que Selfa estaba yendo más allá de lo que podía. Dicho de otra manera, porque los Sanahuja eran o pretendían pasar por «terceros de buena fe».

Así, el contrato de supuesta «opción de compra» adquirió apariencia de plena eficacia y es ahora cuando llegamos al meollo del asunto. Según los términos del contrato, las partes se otorgaban opción de compra y opción de venta recíprocas y coincidentes, lo cual no es otra cosa que marear la perdiz porque la supuesta opción de venta recíproca de EL MONTE en realidad no era otra cosa que la obligación de la entidad de vender siempre que los Sanahuja quisieran comprar. Además, para su ejercicio, no se estableció prima alguna y el incumplimiento de OLDNEW INVESTMENT carecía de penalizaciones.

El precio del paquete de acciones de HC (el 30,02% de su capital social) en poder de EL MONTE se estableció en 32.000.000 de €. Las acciones que HC tenía de METROVACESA (el verdadero objetivo de los Sanahuja) incluidas en su capital social y que formaban parte del total de los 32 millones citados, se fijó en 41,2 € por unidad y es aquí cuando la cosa se pone verdaderamente interesante porque, a fecha del contrato, el valor en bolsa de esas acciones era de 57,6 €, evidentemente, muy superior al acordado por las partes.

Además, para evitar sorpresas, una de las cláusulas del contrato se acordó que el precio acordado sería inalterable «cualquiera que sea la evolución de la cotización en bolsa, de las acciones de METROVACESA. Las partes, además, se sometían a algo imprescindible en la operación: un «estricto compromiso de confidencialidad». Es evidente que sin un riguroso secreto el castillo que se estaba construyendo se derrumbaría irremediablemente.

Hechos estos preparativos, aún quedaba una parte esencial de la maniobra por culminar. He dicho antes que, al amparo de la tercería de buena fe, el contrato adquiría apariencia de plena validez y eso, junto con los preparativos previos hechos en el seno del consejo de HC, blindaba el contrato contra posibles reacciones de los órganos de CAJASOL.

Sin embargo, la apariencia de tercero de buena fe no hacía por completo inatacable el conjunto de la operación. Selfa de la Gándara tenía que saber, perfectamente, que estaba actuando fuera de su mandato, es decir, sin autorización y, también, tenía que saber que así las cosas y a la vista de la dramática minusvaloración de las acciones de METROVACESA en poder de HC, alguien en el seno de CAJASOL o, incluso, de EL MONTE podía empezar a pensar que la jurisdicción penal quizás tuviera algo que decir. Dicho de otra manera, ahora había que conseguir que los órganos administrativos competentes de CAJASOL y EL MONTE estuvieran y pasaran, mansamente y sin algarabía, por la operación planeada.

Para ello, el compromiso de secreto era más que necesario, pero no bastaba. Para evitar, presuntamente, que los hechos adquirieran todos los visos de una estafa, en el contrato se añadió una cláusula que condicionaba la validez del contrato a la «ratificación» del Consejo de Administración de EL MONTE. Nótese aquí que dicha cláusula utilizaba el término «ratificación», es decir, que el Consejo se encontraba, sorpresivamente, ante un plato de lentejas, que podía tomar o dejar, pero en modo alguno aderezar.

Aún así, este era un peligro que había que sortear. Según la Fiscalía Anticorrupción, si bien esa cláusula existía, también era cierto que se habían eludido todos los trámites de «aprobación previa» imprescindibles según las normas internas de la Caja y que garantizaban el conocimiento y estudio necesario por parte de los órganos competentes de la entidad. De hecho, también según la Fiscalía y los auditores que analizaron la operación posteriormente, las acciones de HC, incluyendo el paquete de METROVACESA, nunca fueron sometidas «a un estudio, valoración o tasación previa, por instancias terceras independientes, para garantizar mínimas condiciones razonables de venta, conforme a precio de mercado».

Además, según las normas de inversión de la Caja, una desinversión de este volumen, debía ser precedida por los informes y aprobación de la «Comisión de Grupo Empresarial y Mercados» y de la «Comisión de Inversiones«. Pues bien, la operación se presentó, por primera vez, a la Comisión de Grupo Empresarial etc., el día 17 de octubre del 2005, doce días después de que Selfa y la sociedad de los Sanahuja firmaran el contrato de «opción de compra». En consecuencia, deduce la Fiscalía, se hurtó la posibilidad de que los órganos técnicos y de asesoramiento de la Caja, tuvieran conocimiento y capacidad de estudio de la operación, que cuando se les presentó, se les presentó ya consumada.

No quedó aquí la cosa, no solamente se presentaron hechos consumados, sino que Selfa, cuando lo hizo, lo hizo como «una mera propuesta de venta susceptible de ser negociada con posterioridad«, lo que era radicalmente incierto puesto que recordemos que se había estipulado la inmodificabilidad del precio pactado y la plena validez del contrato a expensas, sólo, del último de los trámites de aprobación en el Consejo de CAJASOL.

Bueno Lidón tras declarar como imputado en los Juzgados de Sevilla
Bueno Lidón tras declarar como imputado en los Juzgados de Sevilla

Los miembros de la comisión creyeron en lo que Selfa de la Gándara les decía, esto es, que se trataba de una mera «propuesta» y, por eso, encargaron al citado Selfa que estudiara la posibilidad de adquirir las acciones, para lograr la mayoría en HC y poder actuar luego libremente, bien ejercitando el derecho de adquisición preferente u otras vías. Estas personas, por supuesto, ignoraban que el contrato no era una «propuesta», sino un contrato «plenamente negociado y rubricado» y que, además, previamente, en el Consejo de HC, los consejeros (recordemos: Díaz de Mera; sus socios habituales los hermanos Barco Fernández; los Sanahuja, evidentes beneficiarios de la operación; y los propios Selfa de la Gándara y Bueno Lidón) habían convertido las acciones de nominativas a al portador y habían suprimido todos los derechos de suscripción preferente entre socios.

En esa misma reunión de 17 de octubre de 2005, el avisado Sr. Selfa de la Gándara, también presentó como una mera «propuesta» la posibilidad de una escisión parcial de HC y la venta de la participación de EL MONTE en esta mercantil por valor de 32.000.000 €, con lo cual, volvía a faltar radicalmente a la verdad, porque esa escisión parcial, recordémoslo, ya había sido aprobada en el seno del Consejo de HC con los votos favorables de Selfa y Bueno Lidón.

Días después, el 21 de octubre del 2005, Selfa se presenta en la reunión del «Comité del Grupo Empresarial El Monte» presionando a los otros miembros y diciendo que lo que, conforme con el encargo hecho el anterior día 17, lo que entonces era mera propuesta, se había convertido ya en una oferta firme y rubricada por las partes, lo cual volvía a ser incierto o puramente falso, porque el acuerdo firme y rubricado no se había consumado entre los días 17 y 21, sino mucho antes, el día 5, y sin conocimiento alguno por parte del Comité.

Tres días después, el 24, se reunió la «Comisión de Inversiones», órgano con competencia para tomar decisiones sobre el caso, pero Selfa retiró del orden del día el asunto de HC «al no estar culminados los detalles de la operación«, lo cual, con cierta ironía, era cierto, porque no eran los detalles los que estaban culminados, sino la propia operación.

El siguiente paso se dio el 14 de noviembre, cuando se reúne el Comité de Dirección de EL MONTE» presidido por Bueno Lidón y con la asistencia de Selfa de la Gándara. Este órgano no tenía competencia, al contrario que la «Comisión de Inversiones» para decidir o informar sobre la operación, pero no obstante así se hizo, arteramente al parecer, dentro del epígrafe «Asuntos Varios«. En ese momento Bueno Lidón advirtió a los presentes de «la necesidad de culminar la operación en las condiciones anunciadas».

La cosa, negocio o, para algunos, «enjuague» estaba terminada. Con la colaboración necesaria de Domingo Díaz de Mera y sus habituales socios, los hermanos Barco Fernández, en los actos preparatorios decididos en el Consejo de Administración de HC, y con la colaboración aún más necesaria de José María Bueno Lidón y José Selfa de la Gándara en el interior de «EL MONTE«, los Sanahuja consiguieron hacerse con las acciones de METROVACESA propiedad de HC a un precio más que «ventajoso» y, además, cinco meses antes de que estos lanzaran una OPA hostil por el 20% de METROVACESA, provocando que se disparara el precio de las acciones.

Mejor dicho, la cosa habría estado terminada si el Banco de España no hubiera detectado esta y otras operaciones similares en el transcurso de una inspección. En ella, el daño patrimonial causado a CAJASOL por la infravaloración de las acciones de METROVACESA se cifró en 19,3 millones de Euros.

Tras la inspección, el Banco de España remitió requerimiento a la Dirección de la Caja advirtiendo la «irregularidad» detectada y solicitando que se encargara una «revisión» del procedimiento de venta, la cual debería ser realizada por firmas de auditoría de reconocido prestigio y que no hubieran tenido relaciones profesionales con la Caja en los últimos 5 años.

En atención a este requerimiento la Caja encargó dicha revisión a PRICE WHATERHOUSE COOPERS, ERNEST & YOUNG y a Javier Vega Fernández e Ildefonso del Castillo Tono. Con ligeras diferencias, todos los auditores coinciden en la lesión patrimonial de la Caja y en la irregularidad de la actuación de Bueno Lidón y Selfa de la Gándara.

PRICE WHATERHOUSE COOPERS fijó el daño patrimonial sufrido por la entidad en un intervalo que iba de 13.420.504 € a 19.441.951 €. Javier Vega Fernández estimó la lesión patrimonial en 17.988.870 €, cantidad idéntica a la reclamada por la Caja en su demanda inicial.

Es cierto que, inicialmente, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, admitida a trámite por los Juzgados de Sevilla, se dirigió, únicamente, contra los directivos de CAJASOL, Bueno Lidón y Selfa de la Gándara. Sin embargo, como era de esperar, el 12 de noviembre del 2008 se hacía pública la noticia de que el Juzgado de Sevilla que llevaba el caso había imputado a Román Sanahuja y a Domingo Díaz de Mera tras la ampliación de la denuncia presentada contra ellos por la Fiscalía. Ni que decir tiene que los abogados de los Sanahuja se apresuraron a declarar que la causa no tenía pies ni cabeza porque afectaba a sujetos particulares y que estaban «muy tranquilos».

Debe ser verdad que tanto Domingo Díaz de Mera como Román Sanahuja y todos sus abogados están muy tranquilos. Es público y notorio el efecto narcotizante que producen las querellas criminales sobre personajes de esta condición, pues no hay uno sólo que, una vez imputado, no se apresure a declarar a los medios de comunicación lo tranquilo que está.

Una última cosa de interés o, incluso, de mucho interés. Resulta que CAJASOL , antes Caja de Sevilla y San Fernándo, compró las acciones de METROVACESA, según se lee en esta página, donde se cita un artículo de El Mundo, «en una adquisición concertada con el empresario sevillano Luis Portillo, empresario andaluz conectado esencialmente con el PSOE andaluz y el clan Toscano de Dos Hermanas; y el Grupo HC. El vendedor de ese 7% fue el fondo de inversión ADIA, de Abu Dhabi». En definitiva, que otra vez todos juntos, Luis Portillo, Díaz de Mera, Aurelio González Villarejo, etc. etc. La vis atractiva de Marbella parece ser irresistible.

Pero volvamos, para terminar, a Carlos Otto y a su blog MODUS TOLENS. Ni que decir tiene que cuanta documentación e información obra en poder de NOTITIA CRIMINIS, publicada o aún por publicar, que no es poca, está a su entera disposición y no sólo porque esté convencido de que Carlos Otto, primero, no ha hecho más que ejercer legítimamente un derecho fundamental y, segundo, no sea responsable de lo que terceros hayan podido manifestar en los comentarios a su blog; sino porque también estoy convencido de que el Sr. Díaz de Mera haría bien en preocuparse de defenderse en los Tribunales, que falta le hace y más que le hará, en lugar de perder su tiempo tratando de silenciar críticas o informaciones que no le gustan o que, incluso, le disgustan. Si lo que quiere es que lo que de él se publique sean hagiografías, debería haberse dedicado a buscar la santidad y no el lucro en el gremio de la construcción.

La conexión Malaya VII. Luis Portillo, Ventero, Díaz de Mera y CCM

Luis Portillo, autor en compañía de algunos socios privilegiados como Domingo Díaz de Mera y Aurelio González Villarejo, del fiasco de la inmobiliaria COLONIAL, tiene documentada cierta implicación con varios protagonistas del caso Malaya. También tiene abiertas diligencias en los juzgados penales de Marbella (1001/2000) Y su nombre ha salido a relucir en Marbella por su implicación en el caso de la sociedad PLAZA DE TOROS DE MARBELLA S.A. y de la construcción del edificio Puerta Grande.

La estrecha relación mercantil que mantiene con Aurelio González Villarejo, que preside el GRUPO G.V. dentro del cual está DESARROLLOS URBAPLANING S.L., la concesionaria de dos PAUs en Carranque, de caber cerca del millón de metros cuadrados, es un dato público y bastante conocido desde que juntos y en compañía de otros, lograron que las acciones de COLONIAL perdieran, en el plazo de un año, el 97% de su valor.

Menos conocido es el hecho de que Luis Portillo fuera fundador, junto a Enrique Ventero Terleira (a través de sus respectivas sociedades, claro está) De la Compañía LAS LOMAS DEL POZUELO S.L., entidad con la que el Grupo VEMUSA, la Caja Castilla-La Mancha y los directivos de ésta, Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado (vicepresidente y consejero de VILLA ROMANA GOLF, la empresa del grupo PEYBER, concesionaria del PAU del campo de golf en Carranque; actúan en la localidad murciana de Los Alcázares, escenario de la Operación Ninette.

La fuga de Colonial.

Luis Portillo ya no preside COLONIAL. Después de vender “oportunamente” importantes paquetes de sus acciones en vísperas del hundimiento, finalmente los Bancos acreedores, especialmente el Banco Popular y la Caixa, se han quedado con sus acciones como dación en pago por las deudas contraídas durante su abordaje a la citada inmobiliaria.

Con Portillo, también han salido de COLONIAL quienes le acompañaron en ese abordaje y constituyeron la “dotación de presa” que llevó a la entidad hasta uno de los más sonados y tempranos fiascos empresariales de la actual crisis inmobiliaria, a saber: Aurelio González Villarejo, Domingo Díaz de Mera Lozano, Luis Emilio y Clara Nozaleda Arenas, Alberto Cortina Koplowitz, Gema solas Navas, josé Ramón Carabante Plaza, Oscar Fanjul Martín, etc.

La “fuga” de Portillo se consumó en plenas navidades, concretamente a las 19.31 horas del día de Nochevieja del 2007, momento en el que él remitió la comunicación del “hecho relevante” a la CNMV. En su huida, cubierta por la inactividad de las bolsas, cerradas por vacaciones, fue acompañado por sus socios más fieles: los Nozaleda, Oscar Fanjul, Domingo Díaz de Mera y Alberto Cortina Koplowitz (hijo de Alicia Koplowitz). Luego, ya en la noche del ese día 31 también se conoció que otros tenía pactada la salida, entre ellos Aurelio González Villarejo.

Entre tanto, se había producido una venta masiva de acciones que, por supuesto, contribuyó a desplomar la cotización de la inmobiliaria, en medio de la más absoluta indefensión de los pequeños accionistas.

Las relaciones con Juan Antonio Roca Nicolás.

El apellido Portillo aparece en fechas muy tempranas relacionado con Roca. En su agenda de 1994, hay diversas anotaciones como es el caso de los documentos incluidos en la imagen. Por otra parte, la UDYCO Costa del Sol, aporta a las diligencias del caso Malaya, un informe fechado el 6 de noviembre de 2006 en el que se analiza la identidad de los distintos implicados en los pagos y cobros centralizados en la “Caja B” de Juan Antonio Roca.

En dicho informe, que consta en el Tomo LIX, folios 17.289 y siguientes, de las Previas 4796/2005, es decir, del “Sumario Malaya” se hace referencia a una lista incautada en el despacho de la secretaria de Roca (María José) Donde se da cuenta de las personas invitadas “por nosotros”, es decir, por Roca, al Marbella Meeting Point.

Se diría que esa lista es la de los empresarios detenidos o imputados en el transcurso de la Operación Malaya. Allí están José Avila Rojas, Fidel San Román, Tomás Olivo, Mario Curto, Javier Arteche, etc. pero también hay varios nombres que no aparecen en el Auto de imputación. Por ejemplo Ramón Rodríguez, de FADESA, José Ramón Lacasa, de INMOBILIARIA OSUNA y, por supuesto Luis Portillo.

Los negocios de Luis Portillo en Marbella.

Las casas del Hotel Senator.

Es cierto que, de momento, el Caso Malaya ha pasado de puntillas sobre Luis Portillo Muñoz, quien desde la mínima posición de un subcontratista de Dos Hermanas, consiguió llevar a una de las más importantes inmobiliarias europeas, Colonial, al borde de la absoluta ruina y eso sin empobrecerse personalmente o, al menos, sin empobrecerse mucho. No obstante, sí tiene algunos conflictos pendientes en Marbella..

Como ya informó en su día “El Confidencial” uno de sus problemas lo constituyen las 99 viviendas construidas en un solar vecino al Hotel Senator, que la prensa califica como emblema de la corrupción marbellí. La propiedad de esas 99 viviendas corresponde a la mercantil INVERSIONES TURÍSTICAS Y HOTELERAS INMO S.L.

Portillo declaró su participación en INVERSIONES TURÍSTICAS Y HOTELERAS INMO S.L., según su informe de auditoría de 2005, como “representante del consejero delegado del GRUPO PORTIVAL S.L.”, si bien PORTIVAL pertenece también a Portillo, tanto que fue a través de ella, como se hizo con el 2% de EIFFAGE, una de las tres o cuatro primeras constructoras francesas que, además, tiene a SACYR-VALLEHERMOSO como accionista principal.

Esto último es un dato de gran importancia que hay que retener y sobre el que habrá que volver de forma explícita y detallada, porque VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A.U., entidad dependiente de la anterior, tiene una cuota de participación del 20% en una peculiar empresa denominada MOLA 15 S.L. en la cual también participan Gabriele Burgio, presidente de NH HOTELES S.A.; Roberto Chollet Ibarra, director financiero de la misma compañía; ECOPROYECT 22 S.L. (empresa administrada por un tal Juan María López Alvarez, socio de Montserrat Corulla, tanto daría decir de Roca, y de Severino Martínez Izquierdo, el abogado, alto funcionario de la Inspección de Hacienda, autor de un libro titulado “Breve Historia de los Delitos contra la Hacienda Pública” y al que un sicario tiroteó en la calle Virtudes de Madrid en el año 2005 con mala fortuna para el sicario y muy buena para Severino, que sobrevivió a tres disparos a bocajarro) INVERSIONES GRANCASA S.A.; y, lo que aún es más significativo, la mercantil domiciliada en Suiza VERAM A.G.

Esta última empresa, VERAM A.G. Posee el 20% de MOLA 15, está domiciliada en kriens, Suiza y tiene por administrador único a Bruno Baumann, (uno de los nombres que gravitan alrededor de Juan Herman Hoffmann) Si bien, según consta en el Sumario Malaya, el SEPBLAC atribuye su entera propiedad a Pedro Román Zurdo, el teniente de alcalde de Jesús Gil, con numerosas causas pendientes y al que Montserrat Corulla apodaba como “ Bienpeinado”.

En cualquier caso, la historia del solar contiguo al Hotel Senator es significativa por sí misma. El terreno en el que se levanta el citado hotel, fue cedido al Ayuntamiento de Marbella por los propietarios de la urbanización ALHAMBRA DEL MAR, para equipamiento público. En 1998 el Ayuntamiento lo vendió a la mercantil PROINSA por 2.600.000 € (entonces en pesetas, por supuesto)

PROINSA, que consiguió licencia del Ayuntamiento para construir un edificio de 150 apartamentos, locales y garajes, es una de las sociedades de Francisco Javier Arteche Tarascón, miembro, como ya se sabe aquí, de la “trama vasca”, amigo y socio de Roca y, también, socio de la KUTXA en los proyectos murcianos de Lo Poyo y la Cerrichera.

En el 2000 PROINSA vendió, por un total de 15 millones de Euros, a HOTELES PLAYA S.A. el mismo solar que había comprado por 2.600.000 € en el 98.

Dos años después, el directivo de HOTELES PLAYA S.A., y ex Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner Roselló, presentó un proyecto para construir cien viviendas y un hotel de cuatro estrellas. Este proyecto, no visado por el Colegio de Arquitectos de Málaga, fue aprobado por Julián Muñoz en el asombroso plazo de 3 días.

Conseguida la aprobación del proyecto, HOTELES PLAYA S.A. lo segrega en dos partes y vende el solar destinado a la edificación de las cien viviendas a la empresa de Portillo, INVERSIONES TURÍSTICAS HOTELERAS S.L. por un total de 9.495.000 €.

Además, en estas operaciones intervinieron dos notarios imputados en la Operación Ballena Blanca y que acabaron siendo detenidos en el curso de la Operación Hidalgo, relacionada con el blanqueo de dinero procedente de actividades de tráfico de armas, delito fiscal, narcotráfico etc.

La Plaza de Toros de Marbella.

En las agendas de Roca, correspondientes a los años 1994 y 1995, además del apellido Portillo, también aparece, con asiduidad considerable, el nombre de Carlos Corbacho, empresario taurino y de la construcción, igual que Fidel San Román, y que fue socio de Luis Portillo Muñóz en la mercantil PLAZA DE TOROS DE MARBELLA S.A., la cual ha estado investigada o lo está siendo aún, a causa de uno de los más farragosos y turbios asuntos que se hayan tramitado en el Ayuntamiento de Marbella.

Relacionados con esta entidad se suceden una cantidad considerable de convenios urbanísticos desde el año 1996. El 16 de febrero de ese año, PLAZA DE TOROS DE MARBELLA S.A., aún sin Luis Portillo pero sí con su socio Carlos Corbacho, firma un convenio con el Ayuntamiento de Marbella en razón del cual éste adquiere la sociedad y todo su patrimonio por un total de 260 millones de pesetas.

En diciembre del 96 el Ayuntamiento vuelve a firmar un acuerdo con Carlos Corbacho, según el cual la Corporación arrienda la plaza de toros al citado Corbacho a cambio de que éste efectúe las obras de remodelación de la plaza de toros. En el 97 el Ayuntamiento, a la vista de las obras realizadas, da por pagado el arrendamiento.

En el 98 el Ayuntamiento de Marbella vuelve a firmar con la entidad PLAZA DE TOROS DE MARBELLA S.A. un convenio de aprovechamientos urbanísticos sobre la Hacienda llamada La Esperanza, que ya era propiedad de la mercantil en el 96 cuando, supuestamente, la Corporación marbellí adquiere, por título de compraventa, la entidad PLAZA DE TOROS DE MARBELLA S.A. incluido todo su patrimonio, por tanto, también, “La Esperanza”. El contenido de este nuevo convenio viene a suponer una revisión del PGOU del que se deriva un incremento del aprovechamiento urbanístico que le venía correspondiendo al propietario del terreno, aparentemente PLAZA DE TOROS etc. y la calificación de dicho terreno como “urbano de actuación directa”, es decir, libre de cesiones al municipio. A cambio, PLAZA DE TOROS etc. cede al Ayuntamiento una parte de la Hacienda la Esperanza y 45.000.000 de pesetas.

En el 99 Corbacho y Julián Muñoz firman un nuevo contrato de arrendamiento que modifica el del 96 y en 1999 aparece en el consejo de administración de PLAZA DE TOROS etc. la entidad EXPO AN S.A. con el cargo de consejero delegado de PLAZA DE TOROS. Esta mercantil, que pertenece a Luis Portillo Muñoz, adquiere en el 2000 el 100% de las acciones de PLAZA DE TOROS.

Las vicisitudes de PLAZA DE TOROS DE MARBELLA S.A. continúan hasta el estallido del Caso Malaya y la anulación por la Gestora del Ayuntamiento de los contratos de arrendamiento suscritos con Carlos Corbacho y también del acuerdo del Ayuntamiento que aprobó la compraventa de la sociedad en el año 96, pero lo que ahora importa subrayar es que un año después de la entrada de Luis Portillo Muñóz en el consejo de PLAZA DE TOROS y el mismo año en que éste se hace con el 100% de las acciones de la compañía, la organización ECOLOGISTAS EN ACCIÓN interpuso una querella criminal contra los administradores de la mercantil EXPO AN S.A. de las que se siguen diligencias (1001/2000) En el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella. Esta querella estaba motivada por la construcción de 287 viviendas en un solar contiguo a la plaza de toros de Marbella destinado a aparcamientos.

Pero, además, el extraño itinerario que sigue la titularidad de la mercantil PLAZA DE TOROS DE MARBELLA S.A. que, a juzgar por los distintos acuerdos suscritos entre la entidad y el Ayuntamiento, unas veces parece ser propiedad de éste y otras, continuar en manos de Corbacho y Portillo y a partir del 2000 en manos de Luis Portillo; cobra mayor significación al ponerla en relación con la querella criminal presentada por la Fiscalía Anticorrupción el 20 de marzo de 2003 contra Marisol Yagüe y su hermano, Juan Antonio Yagüe, Jesús Gil, Julián Muñoz y Pedro Román Zurdo, el presunto propietario de INVERSIONES PADUANA y también, presunto socio o propietario de MOLA 15; entre otros y hasta un total de 33 personas relacionadas con el Ayuntamiento de Marbella.

Según la querella de la Fiscalía, los Yagüe, Julián Muñoz y otros utilizaron una serie de sociedades ocultadas a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, para percibir cobros millonarios a cuenta de servicios nunca prestados o de los que no consta ningún dato que los acredite.

Según se denuncia en la querella «el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella mantuvo sociedades mercantiles municipales ocultas a la labor fiscalizadora o de las que no se remitió contabilidad, habiendo comunicado tan sólo la existencia de 25 de las mismas pese a tener constituidas 31».

Estas sociedades municipales opacas a la fiscalización son: Plaza de Toros de Marbella SA, Turismo en Marbella SA, Calidad de Marbella 2000 SL, Club Atlético Marbella SAD, Empresa Municipal de Limpiezas de Marbella SA y Tropicana Marbella SL.

La Fiscalía acusó a los querellados de delitos continuados de malversación, prevaricación y de sendos delitos contra la Seguridad Social y contra la Hacienda Pública. Según los datos aportados en la querella, estas sociedades habrían “servido” para contraer una deuda con la Seguridad Social de 90 millones de Euros y para dejar millones de euros sin justificar.

Portillo, fundador de “Las Lomas del Pozuelo S.L.”

En los capítulos I y IV de “La Conexión Malaya” se explicó que en la mercantil LAS LOMAS DEL POZUELO S.A., empresa del detenido en la Operación Malaya Enrique Ventero Terleira; participaba la CCM que tenía como representantes allí a Juan Tomás Vidal y a José Luis Rodríguez Holgado (vicepresidente y consejero de VILLA ROMANA GOLF en Carranque) Y también PROMOCIONES MIRALSUR, administrada por los citados Tomás Vidal y Rodríguez Holgado.

También se explicó cómo las actividades de Ventero Terleira y su sociedad en la localidad murciana de Los Alcázares (escenario de la Operación Ninette) Ponían al tal Ventero en relación estrecha con PEINSA-97, sociedad implicada en numerosos casos de corrupción denunciados en la zona y que PEINSA-97 mantenía, también, estrechas relaciones mercantiles con Aurelio González Villarejo.

Sin embargo, Enrique Ventero Terleira no es el único personaje que ha tenido algo que ver con Juan Antonio Roca Nicolás, y que está en relación con LAS LOMAS DEL POZUELO S.A. Esta sociedad, que se constituye en mayo de 2004 tiene como primeros administradores a Enrique Ventero Terleira y a Luis Portillo Muñóz.

Portillo cesó como administrador de la empresa el 4 de agosto de 2004 siendo sustituido por el hijo de Enrique Ventero, Joaquín Ventero Muñoz. Después, hasta el 6 de junio de 2005 no vuelve a haber una nueva inscripción en la hoja registral de la compañía. En ese día se modifica el órgano de administración y en él ya se hace visible la participación de CCM, de PROMOCIONES MIRALSUR y de los casi ubicuos Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, que son confirmados como representantes de PROMOCIONES MIRALSUR por José Miguel Físico Cabañas, a la fecha administrador único de la entidad citada y, también, uno de los altos cargos de CCM.

Pero PROMOCIONES MIRALSUR es una empresa algo peculiar. Se constituyó el 28 de diciembre de 2004 y quienes, en ese momento, actúan como administradores mancomunados son el ya conocido Guillermo García-Mauriño Ruiz-Berdejo, actual Director General de VEMUSA y que también ocupó diversos cargos en LAS LOMAS DEL POZUELO, e Ignacio López Picón, este último abogado afincado en Ávila y que ha prestado sus servicios al Grupo VEMUSA en diversas ocasiones.

Es decir, PROMOCIONES MIRALSUR surge como una sociedad que podemos considerar propiedad de Ventero, por lo menos, hasta el 24 de febrero de 2005, fecha en la que es nombrado administrador único José Miguel Físico Cabañas, como se acaba de decir, alto cargo de la CCM. Posteriormente, el 27 de junio del 2005, cesa Físico Cabañas y en su lugar ya aparecen como administradores solidarios Juan Tomás Vidal y Rodríguez Holgado.

Por otra parte, el 27 de marzo del 2006, el procurador de Enrique Ventero Terleira, presentó en el Registro de los Juzgados de Marbella, escrito de su representado con el que se pretendía demostrar que Juan Antonio Roca mintió al declarar que “también ha vendido terreno en Los Alcázares a Enrique Ventero”.

Entre esos documentos se aporta copia de los cheques bancarios librados por CCM a nombre de los vendedores y escritura de compraventa suscrita entre las mercantiles PROLIMAR S.L., INVERSIONES HIPOTECARIAS MEDITERRÁNEAS S.L., VILLAS DON QUIJOTE S.A. y CAPITAL HIPOTECARIO S.L., que venden, y LAS LOMAS DEL POZUELO S.L. que compra, determinadas parcelas incluidas en el Plan Parcial Torre del Rame, de Los Alcázares.

Esta escritura está otorgada el 2 de diciembre de 2004, es decir, antes de que, en relación con LAS LOMAS DEL POZUELO, se hagan visibles Físico Cabañas, Juan Tomás Vidal y Rodríguez Holgado, poco después del cese de Luis Portillo Muñoz, que lo hace el 4 de agosto del 2004 y, lo que es más significativo y llama más la atención, días antes de que dos hombres de Ventero Terleira, es decir, Guillermo García-Mauriño Ruiz-Berdejo e Ignacion López Picón, constituyeran PROMOCIONES MIRALSUR S.L., empresa destinada a dar entrada a la CCM en el negocio, como luego se demostró.

Esto, en principio, desvela un protocolo de actuación de la CCM, muy similar al utilizado en Carranque, donde una empresa con aparente objeto agrícola y aspecto inocente: AGRICOLA SAGRA-MANCHEGA (por cierto, propiedad en la parte alícuota que le corresponde, del aparejador municipal del Ayuntamiento de Carranque) Y sin relación constatable con los hombres de CCM, hizo las primeras compras de suelo a precio rústico y encarriló los primeros y más peligrosos trámites administrativos, para después dar entrada en el consejo de administración a Juan Tomás Vidal y a José Luis Rodríguez Holgado, libres ya de responsabilidades por los actos de los primeros administradores de la sociedad aparentemente agrícola.

Pero lo más importante de esto, son los nombres de aquellos a los que Enrique Ventero compra los terrenos de Los Alcázares y que como tales constan en la escritura de 2 de diciembre de 2004:

Victoriano Manuel Villanueva Colomina y Félix Marín García, representantes de INVERSIONES HIPOTECARIAS MEDITERRÁNEAS S.L.

Joaquín Antonio Grau Pomares, representante de VILLAS DON QUIJOTE S.A.

Joaquín Martínez Nicolás, representante de PROLIMAR S.L.

Repito que la documentación en cuestión se entrega por el propio Ventero con intención evidentemente exculpatoria. Es decir, lo que pretende demostrar con ellos es que, a pesar de tenerle como vecino en el negocio, nunca compró terrenos a Juan Antonio Roca.

Esto lo hace en marzo de 2006 y, en esas fechas, la idea les debió parecer muy buena a Ventero y a sus abogados. El desencadenamiento de la OPERACIÓN NINETTE, estaba aún muy lejos. La detención del Alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, del arquitecto municipal Mariano Ayuso, del hermano de éste y de otros pocos más, no se produjo hasta enero de 2008.

Hoy se sabe, como ya se dijo aquí, que fue Félix Marín García quien constituyó DORMA GOLF S.L. que, a través de esa sociedad, adquirió 20.000 metros cuadrados de suelo en Torre del Rame, y que luego, con el Plan Parcial ya aprobado por el Ayuntamiento, cedió la sociedad con todo su patrimonio a Inmaculada Camacho, prima lejana del también detenido Juan Escudero y cuñada del arquitecto municipal Mariano Ayuso, igualmente detenido durante la Operación Ninette y habitual de las agendas de Roca.

También se conoce ya que dos días después de que Félix Marín García cediera DORMA GOLF a la cuñada de Mariano Ayuso, el Ayuntamiento presidido por Juan Escudero adjudicó de forma directa una parcela de 1.300 metros cuadrados y situada en el Plan Parcial La Dorada, a la mercantil MASDEVALLÍA S.L., según la investigación del Caso Malaya, propiedad de Juan Antonio Roca, quien a su vez, la cedió a DORMA GOLF S.L. que, por supuesto, a fecha de los hechos, ya estaba en manos de la cuñada del arquitecto municipal.

En cuanto a otro de los firmantes de la escritura, Joaquín Antonio Grau Pomares, la situación no cambia mucho, porque Grau Pomares también es socio de Félix Marín García en la mercantil CAPITAL HIPOTECARIO S.L.

Respecto a Joaquín Martínez Nicolás la cosa aún es más interesante puesto que, de una manera u otra, participa en la sociedad HORADADA GOLF CENTER S.L. y digo de alguna manera, ya que si bien no figura entre los órganos de administración de la entidad, fue representante de ésta en el “X Open de Golf” organizado por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.

Quienes sí figuran entre los órganos de administración de HORADADA GOLF CENTER S.L. son otras personas significativas: Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-97 y de quien ya se habló aquí y Santiago Martínez Esparza, también socio de Juan Gracia Jiménez, que en su día tuvo que declarar ante el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en relación con delitos de corrupción en el Ayuntamiento de San Javier.

A modo de curiosidad, habrá que añadir que Joaquín Martínez Nicolás también tiene negocios en Castilla-La Mancha. En concreto promueve una planta solar fotovoltaica en la pedanía de Agramón, en el término municipal de Hellín, Albacete.

Otros socios de Luis Portillo.

No es ninguna novedad que, junto a Luis Portillo, también abordaron la inmobiliaria COLONIAL otros conocidos empresarios. Entre ellos, Alicia Koplowitz y los Nozaleda, Aurelio González Villarejo y Domingo Díaz de Mera.

Ninguno de estos limita su relación con Portillo a sus intereses en COLONIAL. Portillo, a través de INMOCARAL, entró con cierta violencia en FCC.

Domingo Díaz de Mera, por su parte, está asociado con Portillo en varios negocios pero, sobre todo, comparten o compartieron intereses en la órbita de CAJASOL y METROVACESA y, desde luego ambos tuvieron algo que ver con las “desinversiones” del GRUPO EMPRESARIAL EL MONTE, dependiente de CAJASOL y presidido en su día por el ahora querellado Bueno Lindón, acusado de favorecer delictivamente en no menos de 17 millones de Euros a los Sanahuja, accionistas mayoritarios de METROVACESA; con la que, a través de CCM DESARROLLO INDUSTRIAL S.L. comparten consejo de administración Alberto González Tostado, hijo de Aurelio González Villarejo y administrador de DESARROLLOS URBAPLANING; y José Luis Rdríguez Holgado, consejero de VILLA ROMANA GOLF en Carranque y de LAS LOMAS DEL POZUELO en Los Alcázares, a más de directivo de la CCM.

Domingo Díaz de Mera sirve, a su vez, de nexo entre Portillo, Aurelio González Villarejo y Juan Tomás Vidal, es decir, la CCM. Existe una sociedad denominada DESARROLLOS URBANÍSTICOS VENECIOLA S.A. con un capital social de 60 Millones de Euros, cuyos accionistas conocidos son AL ANDALUS SECTOR INMOBILIARIO SA, es decir, CAJASOL y con participación de Portillo; GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR S.L. y GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL, propiedad de Díaz de Mera.

Entre los cargos de esta sociedad, por ahora, cabe destacar a Domingo Díaz de Mera, que actúa de presidente, a Juan tomás Vidal, administrador y a José Luis Rodríguez Holgado, también administrador.