Hoy El Mundo publica una noticia, acompañada de la correspondiente factura, que no por esperada, deja de arrojar luz sobre el obsceno saqueo que ha sido practicado sistemáticamente a la sombra de los gobiernos de Bono y Barreda en Castilla la Mancha.
Caja Castilla la Mancha, regida por el ahora imputado Juan Pedro Hernández Moltó, amigo de Bono desde los tiempos del colegio de jesuitas, organizaba viajes de lujo, gratia et amore, para sus consejeros, directivos y políticos de cobertura, como el propio José María Barreda. Ahora, una de las facturas de esos viajes ha salido a la luz.
En 2001 unos 144 directivos y consejeros de la Caja fueron agasajados con un viaje a Egipto. Dicho viaje, de cinco días de duración, costó 54 Millones de Pts. y en “extras”, sobre todo anotados a la cuenta de restaurantes de lujo, la quebrada CCM pagó más de tres millones y medio de Pts., de las cuales un millón setecientas mil pesetas fueron en bebidas.
Dado que de los invitados al viaje, “sólo los consejeros y un reducido grupo de gestores tenía permiso para ‘pasar’ a la caja la factura de los gastos extras realizados durante el viaje”, la insultante procacidad adquiere proporciones de acto propio de canallas.
El hecho o el conjunto de hechos similares no son nada comparados con los cientos de millones de Euros “perdidos” en el aeropuerto de Ciudad Real; o en la financiación al “malayo” Luis Portillo, a Aurelio González Villarejo, a Domingo Díaz de Mera, etc. en su asalto a Inmobiliaria Colonial; o a los doscientos millones prestados a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo o a Enrique Ventero Terleira, todos ellos estrellas que brillan con luz propia en el caso Malaya, pero da idea de la calaña de quienes, con vientre diez veces insaciable, gustan de lo mucho con tanta voracidad como de lo poco.
No obstante, insulta a la razón, la atropella, el silencio que se guarda, precisamente, sobre los cientos de millones con los que CCM ha financiado a la “organización criminal” –cito textualmente el auto de imputación del Juzgado nº 5 de Marbella– de Juan Antonio Roca Nicolás y sus secuaces.
Uno de los episodios, no el menos lacerante, es el de la finca Alcalvín de Bargas (Toledo). Adquirida en extrañas circunstancias a un argentino –Juan Francisco Lata Ríos, primero señorito de compañía de una adinerada y anciana viuda, propietaria de la finca, y luego su marido– por Pedro Román, Juan María López Alvarez y por una sociedad del prestigioso bufete Cuatrecasas.
Como ya se ha dicho aquí, CCM concedió a PUERTA ORO TOLEDO, sociedad participada por todos esos, un crédito de 200 Millones de Euros garantizados con una finca cuyo proyecto de urbanización ya había sido calificado por Medio Ambiente como “inviable”. Ese crédito se renovó, sin que se hubiera liquidado un céntimo de él, en dos ocasiones, la última días antes de la intervención de la Caja.
La operación es en sí misma tan aberrante que una vez que el Juzgado nº 5 de Marbella tuvo conocimiento de ella, dio orden a la UDYCO de investigar los tentáculos del caso Malaya en Toledo. Dicha investigación, no obstante, se ha ahogado debido a la falta de jurisdicción del citado Juzgado en Castilla la Mancha. Sin embargo, ahora que Hernández Moltó está siendo investigado por la Audiencia Nacional cabría esperar que estos hechos volvieran, con carácter prioritario, a la mesa del Juez Instructor.
No parece que sea así. Según las noticias que se conocen, la investigación del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional se está centrando en el caso del aeropuerto de ciudad real, de El Reino de Don Quijote o de las operaciones financiadas a gente como Luis Portillo o los Sanahuja.
Bien, es posible que ninguna de las acusaciones haya reparado o tenga interés en remover este tentáculo del caso CCM y es posible que la documentación relativa a estos hechos no obre en las diligencias que se siguen contra Moltó. Habrá que poner remedio a eso. Digo más, se pondrá remedio a eso.
La dureza de los términos de ese artículo no es lo sorprendente, es la que corresponde y es consustancial a los hechos ocurridos y a su insultante gravedad, lo sorprendente es que sea El País quien de esta manera y a escasos días de que Moltó comparezca ante la Audiencia Nacional para declarar como imputado por delitos de estafa, falsedad documental, falsedad contable, etc., adorne con alfombra roja la escalinata del patíbulo que ya está preparado para el amigo de Bono, el consigliere de su Gobierno regional, el autócrata de CCM, el antaño inquisidor de corruptos enquistados en el Banco de España, el arrogante –aunque puede que ya no tanto– Juan Pedro Hernández Moltó.
Es muy probable que a lo largo de esta mañana de domingo, a Moltó le empieze a resultar molesta la presión que ejerce el nudo de la corbata y sienta la necesidad de ahuecarse el cuello de la camisa con el dedo índice de su mano derecha o de su mano izquierda, pues el artículo de El País suena a sentencia inapelable, a condena a infamia y muerte civil, a abandono del hasta ahora protegido Moltó –recordemos que cuando ya se sabía de su imputación, hace escasas semanas, Bono aún se dejaba fotografiar saludándole efusivamente– ante las consecuencias de sus actos.
Moltó no cantará, no lo hará como no lo ha hecho ninguno de los hasta ahora cogidos en flagrante delito. Siempre hay más que perder que ganar si se delata a los poderosos por mucho que ante el recuerdo de las favores hechos y las órdenes cumplidas estos, con el cinismo que corresponde a su condición, salgan con eso de que Roma non solvet proditoribus.
Sin embargo, no es la suerte que aguarde a Moltó, ni los motivos por los que El País publica su artículo de hoy, ni la duda sobre si Moltó hablará o no hablará ante el Juez y el Fiscal de lo que sabe y de lo que ha hecho y de por orden de quién lo ha hecho, lo que llama la atención.
Lo que asombra del artículo de hoy es algo que ya viene siendo habitual desde que estalló el caso CCM. El silencio unánime de políticos y periodistas sobre el papel jugado por CCM y por Moltó en la trama de la Operación Malaya.
Nuevamente, en la relación de hechos a los que se refiere hoy El País, no hay la menor referencia a financiación con no menos de 200 Millones de Euros prestada por CCM a sujetos como Juan Antonio Roca Nicolás, Pedro Román Zurdo o Enrique Ventero Terleira.
Es cierto que en el citado artículo sí aparece una referencia al procesado en la Operación Malaya Enrique Ventero. De él se dice que ha habido “avales cruzados con la Caja de Ahorros de la Inmaculada a favor del grupo Ventero Muñoz –Ventero Muñoz, son los hijos de Ventero Terleira– que ha supuesto un fallido de 13 millones”.
Sin embargo, nadie encontrará ni una palabra sobre el procesamiento por graves delitos de corrupción presuntamente cometidos por el tal Ventero Terleira en Marbella; nadie encontrará ni una palabra de los negocios de este Ventero en Los Alcázares (Murcia) en la vecindad más estrecha de otros negocios que el “malayo” Roca también tenía en esa localidad; nadie encontrará una palabra sobre las sospechas que la UDYCO tenía de que en esos asuntos de Los Alcázares, Ventero pudiera estar actuando como testaferro de Roca; nadie encontrará una palabra sobre el hecho de que en LAS LOMAS DEL POZUELO, sociedad de Ventero con la que éste actuaba en el citado pueblo murciano, también participaba como socio CCM, representada por José Luis Rodríguez Holgado y por Juan Tomás Vidal, antiguo alto cargo de los gobiernos de Bono; nadie encontrará una palabra sobre el Palacio de Saldaña, adquirido por Roca con dinero de CCM; o sobre los préstamos a MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, empresas de Roca; nadie podrá enterarse de nada de lo relativo a la finca Alcalvín de Bargas y al préstamo inexplicable en términos lícitos, de 30 Millones de Euros concedido ahí por CCM al “malayo” Pedro Román; etc. etc.
El PSOE toledano guarda silencio sobre todos estos hechos, es lógico, pero también permanece mudo el PP. ¿También es lógico su silencio?. Las dimensiones de lo “malayo” no están ni mínimamente establecidas aún, pero esta omertà que se extiende sobre sus ramificaciones toledanas da cierta idea de cuáles son.
Por cierto, no sólo se guarda silencio sobre la implicación de CCM en las tramas “malayas”. Hay otra cosa que no se menciona –puede que porque no esté muy alejada de tales tramas– la financiación de CCM a El Pocero de Seseña.
Por supuesto, tampoco encontrará nadie ahí información sobre otro crédito fallido de no menos de 10 Millones de Euros en el campo de golf de Carranque (Toledo) donde también participaba CCM, representada por los citados José Luis Rodríguez Holgado y Juan Tomás Vidal, junto al grupo local PEYBER.
Carranque no es un lugar señalado y, además, un Juzgado de Illescas ya cerró las actuaciones seguidas por ese asunto contra el alcalde Alejandro Pompa y otros porque ninguno de ellos había tenido “conciencia y voluntad” de cometer las ilicitudes que el Juzgado no negó que existieran.
Finalmente, Hernández Moltó, el “inquisidor” de Mariano Rubio, el recto hombre político que podía sostener la mirada a cualquiera, el amigo íntimo de José Bono, el ex diputado, el ex consejero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el destituido presidente de CCM; está imputado a causa de los presuntos delitos cometidos durante lo que bien se puede llamar el saco de la caja de ahorros manchega.
Esta imputación trae cuenta del informe elaborado por los inspectores del Banco de España y remitido hace algunos meses a la Fiscalía Anticorrupción. Parte de ese informe –que se puede descargar desde este enlace– se ha filtrado a la prensa y en él tienen protagonismo muy señalado los habituales nombres que llevan años merodeando por los pasillos del palacio de Fuensalida: Domingo Díaz de Mera, los hermanos Barco Fernández, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo e incluso la laureada Petra Mateos Aparicio.
Simplificando las cosas, lo que en el citado documento se destapa es la servidumbre sistemática del aparato financiero dominado por la Junta de Bono y Barreda –es decir, de CCM– hacia las operaciones de esos personajes, todos los cuales mantienen una pública, manifiesta y reconocida cercanía personal a los citados Bono y Barreda.
Coincidiendo con eso, la atención de la política regional, ante el fiasco de la Caja, se ha centrado en asuntos tan turbios como el demencial aeropuerto de Ciudad Real o el misterioso agujero de la Fundación Virtus. En menor medida y sólo debido al impulso dado a la causa por IU y especialmente por Cayo Lara, también en el caso del Pocero de Seseña, donde por no faltar, no falta ni la mafia calabresa, la ‘Ndrhangheta.
Sin embargo son más las cosas destapadas en Castilla-La Mancha y más concretamente en Toledo, que provocan una acuciante preocupación. Recordemos algunos de las más señaladas.
Allá por las postrimerías de 2006 Notitia Criminis reveló que el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, José Manuel Tofiño Pérez había impulsado un proyecto de privatización del mantenimiento de las carreteras de la provincia, del cual había resultado la concesión a una de las empresas del grupo PEYBER de una contrata de 27 millones de €. Al mismo tiempo, los propietarios del mencionado grupo crearon otra empresa –SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS– en la que participaba como socio el hijo del señor Tofiño, un joven con los estudios de arquitectura recién terminados. Denunciado el caso por IU, la Fiscalía de Toledo consideró que no había nada que investigar en este asunto. Por su parte, Tofiño y Gregorio Fernández Vaquero, otro alto cargo del PSOE toledano, se apresuraron a contratar los servicios del bufete Garrigues para intentar –inútilmente, a la vista está– silenciar a este modesto blog.
También se ha revelado aquí otro hecho que induce, inevitablemente, una viva sospecha. Se trata de la presencia en el pueblo toledano de Layos de la llamada “Trama Vasca” o “Trama Vasco-Malaya”, un enrevesado y complejísimo entramado empresarial en el cual relumbran nombres como el de Javier Arteche Tarascón –presunto testaferro de Juan Antonio Roca e imputado en piezas separadas del caso Malaya– Luis Maya Galarraga, Maria Eugenia Yeregui Kinkel, Ignacio Lasa Georgas, etc. En este caso, no sólo la Fiscalía ha considerado irrelevante el asunto, sino que toda, repito, toda la prensa, ha guardado un reverencial silencio, pudiera ser porque asociado con esos personajes aparece ahí –concretamente en la mercantil LAYOS CASA CAMPO– el apellido Oriol e Ibarra.
La generosa financiación dada por la Caja capitaneada por Hernández Moltó a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo y a Enrique Ventero Terleira, es otro de los hechos escalofriantes acaecidos en el entorno político-económico de la Junta manchega. Ya dije aquí que CCM, según documentación que consta en el sumario del caso Malaya, había financiado a Roca la compra del palacio de Saldaña en Madrid, pero también, como en su día revelaron Alejandra Ramón y Javier Romera en El Economista, CCM ha prestado a algunos de los cabecillas de la trama Malaya –entre ellos al propio Roca– no menos de 200 Millones de €. Esta circunstancia no ha merecido la atención de la Fiscalía y, parece ser, tampoco de la inspección del Banco de España o, lo que es más sorprendente, de la oposición regional.
Así mismo, y relacionado con lo anterior, ha sido mínimo el revuelo levantado por el descubrimiento de que CCM participaba en varias sociedades con el imputado en Malaya, Enrique Ventero Terleira y con el también imputado en pieza separada del caso, Luis Portillo, el artífice de la quiebra de Inmobiliaria Colonial.
No obstante, si hay un caso flagrante en relación con esta vinculación de CCM con las tramas de corrupción marbellíes, es el de la finca Alcalvín de Bargas, tres millones de metros cuadrados adquiridos en sospechosas circunstancias por la mercantil PUERTA ORO TOLEDO y recalificada parcialmente bajo la autoridad del alcalde de la localidad, Gustavo Figueroa Cid, vicepresidente de la Diputación toledana y mano derecha e izquierda de su presidente, José Manuel Tofiño.
Sobre la mitad de esta finca, cuyo proyecto de urbanización está calificado como “medioambientalmente inviable” se constituyó una primera hipoteca a favor de CCM por valor de unos 30 millones de €. El plazo era de dos años. Transcurrido dicho plazo sin que PUERTA ORO TOLEDO hubiera pagado a CCM ni un céntimo del capital o los intereses del crédito, la Caja de Hernández Moltó lo renovó el 15 de mayo de 2007 en las mismas condiciones y por otros dos años. Esos dos años volvieron a transcurrir sin que los propietarios de la finca pagaran absolutamente nada del crédito recibido y así, el 13 de mayo de 2009, dos días antes del nuevo vencimiento y con CCM manifiestamente en quiebra, la Caja presidida por Moltó volvió a renovar el crédito de 30 millones en idénticas condiciones y sin ninguna penalización o ampliación de garantías.
Pero si esta operación en sí misma es turbia, el hecho adquiere un significado preciso cuando sabemos que los propietarios de PUERTA ORO TOLEDO son, ni más ni menos, que el “malayo” Pedro Román Zurdo, el socio de Roca y del citado Román, Juan María López Alvarez, la constructora SACYR y uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Europa, el bufete Cuatrecasas.
El caso mereció un amplio artículo en El Mundo firmado por Cristina Caballero, pero ni la Fiscalía, ni la oposición ni –por lo que se sabe hasta ahora– la Inspección del Banco de España, han considerado la cosa digna de investigación.
Esta no es una relación exhaustiva. Existen otros hechos que ensombrecen toda la política urbanística de Castilla-La Mancha y, especialmente, de la comarca toledana de La Sagra, fronteriza con la provincia de Madrid; hechos que atañen a Illescas, a Carranque, a Borox, a Chozas de Canales, a Casarrubios del Monte, por supuesto a Seseña, etc. etc., ninguno de los cuales parece tener la suficiente relevancia penal ni reclamar una investigación judicial o policial.
Pedro Román esposado a Roca
No obstante, para quienes consideran –y yo lo considero así– que la situación española ha alcanzado un estado de “corrupción endémica” tal y como la ha definido el Parlamento Europeo en el Informe Auken y que, por lo tanto, es obligación cívica sospechar, investigar y denunciar; lo conocido hasta ahora en Castilla-La Mancha –aunque no sólo ahí– dibuja una evolución preocupante en las estructuras de corrupción política. Si habitualmente se identifica corrupción con cohecho, es decir, con soborno, los datos disponibles pergeñan un esquema sustancialmente distinto y mucho más perfeccionado.
Ya no se trata de que un constructor tenga que pagar un soborno a un alcalde o a un responsable político dentro de su ámbito de poder, sino de la creación de zonas geográficas de monopolio a favor de determinadas empresas o grupos empresariales vinculados más o menos abiertamente a los poderes políticos de esos territorios. Tales grupos no solamente se benefician de su privilegio monopolístico, sino de la disponibilidad incondicional e ilimitada del crédito por parte de los gobernantes regionales a través de las cajas de ahorro y, si llega el caso y así es necesario, de la potestad de estos para modificar la legislación aplicable y convertir en jurídicamente viable lo ilícito, si es que no lo decididamente delictivo.
La crisis y el fiasco ladrillesco, además de haber puesto al país al borde de la intervención y de la liquidación del Estado Social, también han enervado estos nuevos esquemas de corrupción que amenazan con barrer el Estado de Derecho porque parten, precisamente, del mismo poder legislativo que los debería combatir; pero no los han hecho desaparecer. Permanecen donde estaban, a la espera de que vuelvan los buenos viejos tiempos, y sólo una más que improbable reacción civil podrá estorbar el desmoronamiento definitivo de la más elemental decencia pública.
Entre tanto, el actual alcalde de Toledo, eterno delfín de Bono, Emiliano García Paje, ha asegurado a la prensa que Hernández Moltó “no está imputado por corrupción”. ¿No?.
El Juzgado Central de Instrucción número 5 la Audiencia Nacional ha citado a declarar al ex presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y ex diputado socialista, Juan Pedro Hernández Moltó, el próximo 1 de febrero como imputado por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la caja, según confirmaron fuentes jurídicas.
El juez Pablo Ruz también ha pedido la comparecencia, el mismo día, del ex director general de CCM, Ildefonso Ortega. Ambas citaciones se producen a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la entidad.
El pasado 3 de diciembre, Ruz aceptó su competencia para investigar a los antiguos directivos de CCM, ante la inhibición presentada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cuenca donde había recaído la denuncia presentada por seis consejeros de la caja pertenecientes al Partido Popular.
En su auto de admisión de competencias, Ruz concluyó que la cuantía de 7.100 millones de euros que la entidad necesitó para ser rescatada evidencia “de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”.
Además, el juez considera que existen suficientes indicios para investigar un presunto delito defraudatorio contra una «generalidad de personas» afectadas por el «perjuicio patrimonial», como son «los depositantes y los acreedores» de la caja de ahorros.
Los antiguos directivos de la caja manchega están acusados de presuntos delitos de administración desleal, negativa o impedimento a los socios del ejercicio de sus derechos, falsedad contable y falsedad en documento mercantil.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción remitió a la Audiencia Nacional las conclusiones sobre la investigación abierta contra Moltó y los antiguos gestores de la entidad manchega, a petición del Banco de España.
Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España tras la intervención de la entidad que tuvo lugar el 29 de marzo de 2009 y al advertir las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.
El auto del juez recuerda cómo el domingo 29 de marzo de 2009 el Consejo de Ministros se reunió de urgencia para ordenar la intervención de CCM y que, dadas las circunstancias «extraordinarias», avaló su rescate con 9.000 millones de euros de dinero público.
Además, añade, que el Banco de España tuvo que aportar 1.300 millones de euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos y otros 1.150 millones de euros con garantía de un aval del Estado.
El pasado mes de julio, el Ministerio de Economía y Hacienda ratificó la sanción impuesta por el Banco de España a Moltó de 155.000 euros y cinco años de inhabilitación. El organismo también multó e inhabilitó al ex director general de CCM, Ildefonso Ortega.
Los denunciantes, todos ellos antiguos representantes del PP en el consejo de administración de CCM, son Constatino Berruga, José Miguel Imedio, Juan José Alcalá, José Aceituno, Jaime Ramos y Fernando Torres.
La institución que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez aprecia indicios de delito en la actuación de Juan Pedro Hernánde Moltó al frente de CCM y trasladará a la Fiscalía el tanto de culpa. La noticia la hace pública hoy El Mundo.
Lo que, en atención al contenido del Pliego de Cargos redactado por el Banco de España, parecía inevitable o, al menos, legalmente exigible, se ha producido, pero 16 meses después de aquella intervención. Esto no es cosa vana puesto que en ese casi año y medio los presuntos responsables de los delitos detectados han contado con un tiempo inestimable para alterar pruebas, para difuminarlas o para dificultar en extremo la investigación judicial. A pesar de ello, el material recopilado por los Inspectores y el aportado por investigaciones periodísticas no deja de ser abrumador.
Al hilo de esto, hay que recordar que el 24 de octubre de 2008, bastante antes de la intervención, El Confidencial publicó un artículo titulado “Los Agujeros de Caja Castilla la Mancha”. Ahí se decía lo siguiente:
“Entre sus actuaciones –las de CCM– se incluyen el aeropuerto de Ciudad Real, necesitado de socios financieros a una semana de su inauguración, a proyectos inmobiliarios con conocidos imputados en operaciones contra la corrupción como Malaya”.
A esas afirmaciones, “un portavoz de la entidad”, contestó diciendo: “Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocida… Nadie de esta casa está imputado… Somos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”.
Ese “portavoz” también recordará –permítaseme la pedantería– un comentario hecho ese día a la periodista que le había telefoneado: eso son calumnias esparcidas por un blog, pero “ya le hemos denunciado”.
Pues bien, señor “Portavoz” de la ahora desaparecida CCM, hasta aquí hemos llegado y ya veremos hasta dónde llegamos en el futuro.
Según informa hoy El Mundo, el que fuera fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, en nombre y representación de 6 de los representantes del PP en Caja Castilla-La Mancha, presentó ayer en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cuenca una denuncia por estafa, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito societario, contra Juan Pedro Hernández Moltó y contra otras personas que puedan aparecer como responsables en el curso de la investigación, lo que podría acabar enredando en el caso a José Bono y a José María Barreda, al menos, por el incumplimiento de las obligaciones de control, inspección y sanción que competen al Gobierno manchego.
Aunque a esta hora, desconozco si en esa denuncia se hace mención de la participación de CCM en en las mercantiles LAS LOMAS DEL POZUELO y PROMOCIONES MIRALSUR, donde la Caja presidida por Moltó se asoció con el detenido y procesado en el caso Malaya, Enrique Ventero Terleira; o si se hace referencia a los créditos –40 Millones de €, según informaciones aparecidas hasta ahora– concedidos por esa misma Caja a empresas de la cabeza más visible del caso Malaya, Juan Antonio Roca; o si entre los presuntos delitos imputados a Moltó por el PP se incluyen datos sobre el asombroso crédito de 30.000.000 € –novado por dos veces, la última en vísperas de la intervención– concedido a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO –propiedad del procesado en el caso Malaya, Pedro Román Zurdo y del investigado en esas mismas actuaciones Juan María López Alvarez– para una promoción, declarada “inviable”, en la finca Alcalvín de Bargas… Aunque desconozco esto, decía, puede que la denuncia presentada ayer por el PP tenga la virtud de dar acceso a sótano en el que Barreda custodia ferozmente la realidad de lo sucedido en CCM.
La presión del PP, no sin motivo, se ha centrado en el caso del aeropuerto de Ciudad Real y los multimillonarios créditos dados a CR AEROPUERTOS, propiedad de Domingo Díaz de Mera, de Aurelio González Villarejo y de Antonio Miguel Méndez Pozo, entre algunos otros; pero las zonas oscuras de CCM no terminan ahí, como acabo de decir, y no deja de ser muy preocupante que el PP ignore, si así es el caso, que la Caja presidida por Moltó se convirtió en una generosa fuente de financiación para la trama –presuntamente, que no se me olvide– delictiva de Roca.
De todas maneras, la investigación está ahora en manos del Juzgado nº 2 de Cuenca y, por supuesto, de la Fiscalía. En consecuencia, ya veremos si lo sucedido alcanza relevancia penal o si, por el contrario, no se ve en ello otra cosa que no sean infracciones administrativas más o menos graves.
Entre el oficio periodístico circula habitualmente un dicho: “perro no come perro”. Falso de toda falsedad. Desde los griegos y en realidad desde mucho antes, el perro es símbolo de la incapacidad para discriminar, entre otras cosas, el alimento. Por eso Antístenes o Diógenes de Sinope se tenían por “cínicos”, es decir, por enemigos de las distinciones de la Polis y partidarios de la confusión, que más allá de los muros de la Ciudad, imperaba en la selva.
Yo no he sido, ha sido ese
Si a día de hoy algo ilustra con nitidez esta verdad: que “perro sí come perro”, es la estrategia defensiva que están utilizando Juan Pedro Hernández Moltó y los que fueran sus hombres de confianza en CCM y en CCM CORPORACIÓN.
Según informa hoy El Mundo, Ildefonso Ortega, ex director general de la Caja, ha declarado en el Juzgado de lo Social nº 1 de Cuenca que “Moltó estaba allí presente, conocía la operación y salió que sí”. Por su lado, otro testigo, el actual secretario general de la Caja corroboró esta declaración.
Ambos se referían a la concesión de un aval “irregular” de más de 10 Millones de € a la quebrada DHO, cuando la constructora ya estaba en situación preconcursal. El mencionado aval se enmascaró con la denominación de confort letter o “carta de patrocinio”, pero sus efectos, devenida finalmente la quiebra de DHO son los mismos. El crédito que esta constructora formalizó con Banco Espírito Santo gracias al aval de CCM, tendrá ahora que ser pagado por la Caja.
Frente a esto, dando una clara idea, que no hace falta calificar, del tipo de personajes de los que se han rodeando José Bono primero y Barreda después, lo que Hernández Moltó ha venido afirmando es que “su cargo no era ejecutivo” y que fue víctima de “engaños” de sus directivos que son los que cometieron las “irregularidades”. Curiosamente, esta misma argumentación fue la esgrimida por el propio Barreda y por su Consejera de economía tras la intervención de la Caja, sólo que ellos cargaban el engaño sobre el propio Hernández Moltó, cuya actuación al frente de CCM, decían, permaneció desconocida por el Gobierno manchego.
El revelador silencio sobre la financiación a las tramas delictivas de Marbella
Tal y como afirma El Mundo, y así consta en el pliego de cargos del Banco de España contra los consejeros de CCM, una de las operaciones “más turbias” de las ejecutadas por Moltó y su equipo directivo fue la concesión del mencionado aval a DHO. Sin embargo, las hay más turbias, más sospechosas y más inquietantes.
Voy a citar sólo algunas de las ya mencionadas aquí: 1.- Crédito a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del malayo Pedro Román Zurdo, de 30 Millones de € (no de 10, como en el caso DHO) renovado por Moltó días antes de la intervención. 2.- Crédito a la trama empresarial del malayo Juan Antonio Roca para la adquisición del palacio de Villa Gonzalo, en Madrid. 3.- Participación y financiación a una de las empresas del malayo Enrique Ventero, en Los Alcázares, Murcia. 4.- Financiación con, al menos, 40 millones de € a las empresas de Roca, ONE PROPERTIES y MASDEVALLIA…
Sobre estas operaciones de Hernández Moltó y sus consejeros no consta ni una sola palabra en el pliego de cargos del Banco de España; no consta, tampoco, que exista la menor actividad judicial o fiscal, a parte de la iniciada, tras recibir cierta información, por el Juzgado nº 5 de Marbella el cual, por otro lado, carece de jurisdicción en Castilla-La Mancha; y no consta, tampoco, que exista el menor propósito de investigar esta financiación, que según El Economista, alcanza una cuantía no inferior a 200 Millones de €, financiación concedida a una trama calificada por el Juez instructor del caso Malaya, como “organización criminal”.
¿Por qué no se investiga esto? ¿Tampoco hay aquí suficientes indicios de relevancia penal? ¿Quizás, por el contrario, es que hay indicios de demasiada relevancia penal?
El pasado día 21 del presente mes y año Juan Pedro Hernández Moltó tuvo una larga comida —duró hasta cerca de las cinco menos veinte de la tarde— con un afamado periodista: Raúl Heras. Dicha comida se celebró en el “Café Hispano” un local que pretende, declaradamente, ser remedo del Rick’s Cafe de Casablanca y situado en el 78 del Pº de la Castellana de Madrid, al lado del monumento a la Constitución y a tiro de piedra del Hotel Intercontinental, al que se ve que Moltó tiene cierta querencia.
La reunión entre Moltó y el periodista Raúl Heras no deja de tener relevancia. Parece harto dudoso que el artífice de la quiebra de CCM estuviera dando entrevista alguna y menos cuando se conoce que la Fiscalía Anticorrupción está investigando las operaciones sospechosas de CCM, entre las que seguro que está el crédito de 30 Millones de € concedido, sobre un terreno de Bargas (Toledo) al “malayo” Pedro Román Zurdo y renovado por dos veces, la última días antes de la intervención de la Caja.
Por otro lado, esa comida tiene lugar en los días en que hemos conocido datos que acreditan el meteórico enriquecimiento de José Bono y su familia, y también en los días en los que el presidente del Congreso y su entorno, han movilizado cuantos poderes, influencias y conocimientos les asisten para silenciar tal información.
Prueba de ello son los cualificados defensores que han acudido en ayuda de Bono: Luis María Ansón; Juan Costa, el hermano de Ricardo Costa que tanto ha tenido que ver con la trama valenciana del caso Gürtel; José Manuel Molina ex alcalde del PP de Toledo que dio la concesión de la gestión del agua de esa ciudad a una UTE formada por FACSA, también enredada en trama Gürtel, y GRAVESA, sociedad de Fernando Jeréz Alonso, presidente de la Cámara de Comercio de Toledo y hombre situado en la órbita de Barreda; o el propio Alberto Ruiz Gallardón sobre quien, muy a su pesar, sigue pendiendo la sombra de su relación con Montserrat Corulla, la testaferro de Roca.
Finalmente, y teniendo en cuenta este contexto, hay que recordar que el periodista Raúl Heras Planel fue llamado a declarar como testigo en relación con el caso Gürtel ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y no sin motivo, puesto que diversos documentos y declaraciones que obran en el sumario del citado caso, revelan que la trama de Francisco Correa anotó en su contabilidad la entrega de, al menos, un “sobre” al citado Raúl Heras con 15.000 € en su interior.
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Pese al “rotundo”, como no podía ser de otra forma, desmentido lanzado ayer por CR AEROPUERTOS, la edición de hoy de ABC da por hecho la existencia de la operación mediante la cual se pretende vender el aeropuerto de Ciudad Real para la instalación de una base ligada a las operaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio: “El Ministerio de Defensa ―dice ABC― que encabeza Carme Chacónestudia con recelo dar luz verde a la venta del aeropuerto de Ciudad Real a un fondo de pensiones ligado al Ejército norteamericano… Defensa teme que la venta pueda transformar al aeropuerto de Ciudad Real en una base logística del Ejército norteamericano en la que pueda llegar a repetirse un escándalo similar al de los vuelos de la CIA”.
La noticia publicada el pasado día 31 fue acogida con sorpresa y escepticismo. La enormidad que supondría la cesión, de facto, del territorio español para la instalación de una base militar al margen del Parlamento y del tratado bilateral que ampara la existencia de las instalaciones militares americanas de Torrejón, Rota y Morón; restaba credibilidad a la información.
A más de esto, los rumores de una inminente venta del aeropuerto ya había sido propalados en anteriores ocasiones por los propios implicados en el negocio, probablemente como intento de presionar a algún potencial comprador y hacerle temer que se le escapara de las manos un “chollo” de semejante envergadura, lo cual hacía sospechar que en esta ocasión estuviéramos ante una maniobra similar.
Sin embargo, ayer un responsable de SPANISH AMERICAN STRATEGIC ALLIANCE (SASA) en declaraciones hechas a algún medio de comunicación, reconocía la celebración de la reunión el el Hotel Intercontinental, la presencia de periodistas a los que se les negó la entrada porque se trataba de “una reunión privada” y que Hernández Moltó ―que, por cierto, el pasado domingo estaba de cacería con los hermanos Cutillas en una finca propiedad de estos― había sido “invitado”a participar en el proyecto.
Por otra parte, también ayer, la compañía del aeropuerto, en la que están implicados Domingo Díaz de Mera, los hermanos Barco Fernández, Aurelio González Villarejo, CCM y algún otro constructor áulico de Castilla-La Mancha, aseguraba que las informaciones sobre la operación del aeropuerto eran falsas pero añadía, no sé si dándose cuenta o no de la contradicción en que estaba incurriendo, que CR AEROPUERTOS “siempre ha tenido entre sus objetivos el incorporar nuevos socios del ámbito internacional”.
Hoy ABC confirma la existencia de la operación, a la que sólo le faltaría la determinación final del precio, sin que nada se oponga a ella salvo las reticencias del Ministerio de Defensa y lo cierto es que una maniobra de esta naturaleza tiene la suficiente consistencia como para que se la tome muy en serio.
El papel de las bases españolas en las guerras emprendidas por Estados Unidos en Oriente Medio ha sido vital en todas las ocasiones, por no hablar del uso del territorio español como lugar de escala para los vuelos que transportaban prisioneros hacia el campo de concentración de Guantánamo.
La política americana, sobre todo durante la invasión de Irak, ha venido entregando a empresas privadas aspectos relativos a la logística y el suministro de las tropas, pero también concernientes a las propias operaciones armadas, como es el caso de lo sucedido con la compañía BLACKWATER, un auténtico ejército privado del que se ha publicado que dispone, al menos, de 20 aviones de guerra y unos 20.000 mercenarios en nómina y cuya presencia en Irak sólo salió a la luz después de que cuatro de sus hombres fueran linchados en una emboscada en Faluya en marzo del 2004.
Tampoco ofrece muchas dudas, que en esta línea de “privatización” de la guerra, el Pentágono tenga interés en la libertad de movimientos que le ofrecería actuar a través de la tapadera de una compañía privada, propietaria de un aeropuerto situado en un punto estratégico y sometido al derecho civil, ajeno por tanto, a las restricciones y controles a que están sujetas sus bases militares en España.
Finalmente ¿para qué, si no es para una maniobra de esta naturaleza, podría tener utilidad un aeropuerto situado en medio de un páramo desierto, en el que ni los grajos muestran interés por tomar tierra y que se ha demostrado un fiasco desde sus inicios?
El hecho es sumamente preocupante y extraordinariamente grave y si llega a materializarse, independientemente de que Hernández Moltó haya desplegado sus habilidades de muñidor o no en el asunto e independientemente de que haya cobrado o no una comisión de 70 u 80 Millones de Euros por ello, el fraude de ley, la burla al Derecho español y a la soberanía del Estado, alcanzaría tal magnitud que superaría con mucho lo tolerable a este Gobierno o a cualquier otro.
La soberanía del Estado español está de almoneda. Si se confirma la información publicada hoy 31 de enero de 2010, España habría vuelto a ceder su territorio para la instalación de una nueva base del ejército norteamericano en el actual aeropuerto de Ciudad Real.
Según La Gaceta, el muñidor de esta operación sería Juan Pedro Hernández Moltó, que habría actuado a través de una sociedad denominada SPANISH AMERICAN STRATEGIC ALLIANCE (SASA) ―perteneciente al holding WOLTAN CONSULTING― en la que el artífice de la quiebra de CAJA CASTILLA-LA MANCHA ostenta el cargo de General Partner.
Fuentes de CR AEROPUERTOS citadas por La Gaceta consideran «que es más que probable que este holding sea el encargado de gestionar la venta del aeropuerto a una compañía americana. Algunos de los actuales propietarios creen que esta venta ya se ha consumado por un importe de 625 millones de euros… Al acuerdo únicamente le faltaría la firma de algunos documentos para quedar definitivamente formalizado».
La intervención de Hernández Moltó habría reportado a SASA una cantidad cercana a los 80 millones de euros y el destino que la «compañía americana» daría al aeropuerto sería el de la instalación de «una nueva base del ejército americano que le sirva de apoyo a sus actividades bélicas en Irak y Afganistán y otros puntos calientes».
Dada la cesión de soberanía que esto supone, la operación se habría fraguado, en secreto, con el visto bueno del Gobierno y supondría también «la construcción de una gran zona de actividades logísticas» en la que ya estaría fijada la atención del Hernández Moltó y del holding WOLTAN.
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La presentación en sociedad de Spanish American Strategic Alliance
El destituido y expedientado Hernández Moltó
La presentación, al parecer semi secreta o que se habría deseado secreta, de la compañía SASA, según continúa informando La Gaceta, tuvo lugar el pasado jueves 28 «en un céntrico hotel de Madrid», es decir, en el Hotel Intercontinental, concretamente, cuyo penúltimo director, el Sr. Jordá, que siempre ha alardeado de su amistad con Petra Mateos Aparicio, lo había sido antes del Riz. A ella asistieron José Luis Muñoz Ibáñez, administrador único de estas sociedades en las que Moltó es general partner, el propio Hernández Moltó, Noemí Hinojosa en representación de ESTRADA HINOJOSA INVESTMENT BANKERS y también socia de SASA, el embajador de Méjico Jorge Zermeño y el ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
Durantae esa reunión, siempre según La Gaceta, Hernánde Moltó hizo el siguiente comentario: «fijaos lo que dice la prensa de mi ¡una inmobiliaria!». Probablemente, el destituido presidente de la primera y hasta ahora única caja de ahorros llevada a la quiebra se refería al artículo aparecido en El Economista titulado «Vuelve el ex presidente de CCM: Hernández Moltó crea una inmobiliaria»
Entre los socios de SASA se encuentran «el Estado de Texas, Austin Bank, Frost Bank, Estrada Hinojosa, Energy and Resource Consulting Group y Oppenheimer Blend, una potente firma de abogados de Texas».
Cosas veredes, amigo Sancho, que harán fablar las piedras, pero esta les hace clamar. Según informa hoy El Mundo, Juan Pedro Hernández Moltó, no sólo encabeza el recurso que los consejeros han presentado ante el Ministerio de Economía asegurando que son inocentes de todo y que el equipo directivo de CCM les engañó falseando sostenidamente la contabilidad de la Caja, sino que prepara contra ellos una querella criminal.
El Mundo entrecomilla varios párrafos del recurso presentado por Moltó y los demás consejeros que merecen ser resaltados aquí:
Los directivos «engañaron y falsearon las cuentas de la caja».
«El Banco de España ha procedido con la resolución impugnada a premiar a los directivos expertos en engañar y falsear las cuentas de CCM, a sabiendas del propio Banco de España de la comisión de ese engaño o fraude contable a lo largo de de todo el ejercicio 2008»
«La lógica del Banco de España para la sociedad es clara. Si usted es un directivo de una caja de ahorros y falsea la contabilidad y engaña a su consejo de administración, no se preocupe… pues aunque el Banco de España esté supervisando la caja y las actas de los órganos de gobierno y por tanto sea consciente de esa falsedad documental, el supervisor cesará al consejo engañado y les mantendrá en sus puestos de trabajo y dirección, e incluso les confirmará en ellos».
En esta línea, los consejeros de CCM, con Hernández Moltó a la cabeza, preparan una querella criminal que, dicen, presentarán ante los tribunales próximamente, aunque advierten ―esto no es una amenaza― que antes tratarán que la ministra de Economía «conozca su versión de los hechos».
Finalmente responsabilizan del «engaño» y la «falsedad contable» al equipo directivo capitaneado por el destituido Ildefonso Ortega, señalando especialmente a:
José Luis Rodríguez Romo.
Juan Tomás Vidal.
Francisco Hernánz Manzano.
Alejandro López Hernández.
Francisco Javier Saiz.
Miguel Angel Martínez.
Juan Manuel Díaz Crespo.
Independientemente de que es incomprensible, si no intolerable, que todas esas personas y algunas otras que faltan en la lista, como José Luis Rodríguez Holgado, José Miguel Físico Cabañas o Florencio Fernández Gutiérrez, continúen en sus puestos y no hayan sido fulminantemente cesados, ya que no denunciados inmediatamente ante la Fiscalía; resulta realmente sarcástico que el consejo de administración en pleno y el propio presidente de la entidad, Hernández Moltó ―que ahora dice que era «presidente no ejecutivo»― pretendan haber vivido engañados durante más de una año.
¿No leían estos señores la prensa? ¿No les habían llegado noticias de que el desastre se estaba precipitando? ¿No se habían enterado de que la Caja estaba «haciendo negocios» con gente poco recomendable y muy sospechosa como varios imputados en la Operación Malaya e, incluso, con el propio Juan Antonio Roca?
Bueno, admitamos que en los despachos de CCM no se leen los periódicos, pero ―permítaseme la vanidad― lo que me consta que sí se lee asidua y atentamente, es Notitia Criminis. Demasiada atención han prestado a mi modesta persona estos honorables caballeros, legos en contabilidad financiera, para vivir tan engañados como dicen que vivían.
Y la Fiscalía Anticorrupción ¿qué opina de todo esto?
Pese a la dimisión como consejeros de CR AEROPUERTOS de Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo y los Barco Fernández ―según manifestaciones del propio Díaz de Mera, para que su presencia no perjudique el proyecto― la modificación de la LOTAU aprobada por Barreda y su partido para posibilitar la venta de los suelos del Aeropuerto de Ciudad Real, sigue atrayendo la atención sobre Castilla-La Mancha.
Mientras, como se puede comprobar en la siguiente grabación, Domingo Díaz de Mera continúa manteniendo su tesis, coincidente con la de Barreda, de que tras las noticias que están apareciendo sobre el aeropuerto de Ciudad Real sólo hay una campaña orquestada por Dolores de Cospedal, por El Mundo y por una de sus periodistas en particular, Cristina Caballero, a la que sutilmente advierte que sabe que es natural de Albacete.
Sin embargo, a pesar de las explicaciones dadas por el importante empresario manchego, el senador del PP Agustín Conde ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia del gobernador del Banco de España para que explique por qué se ha dado orden a la nueva dirección de CCM de no ejecutar los créditos vencidos que le adeudan los socios del aeropuerto.
Ahora bien, puestos a exigir explicaciones, el grupo popular del Senado también debería exigir a Miguel Angel Fernández Ordóñez que haga pública, de una vez por todas, la lista de créditos de riesgo concedidos por Hernández Moltó y su equipo.
Debería exigirle que explique en qué situación se encuentra el crédito de 30.000.000 € concedido a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del «malayo» Pedro Román Zurdo y del socio de Roca, Juan María López Alvarez, que la Caja renovó dos días antes de su vencimiento y apenas una semana antes de la intervención.
José María Barreda
Debería pedir explicaciones al gobernador del Banco de España sobre la cantidad exacta de dinero prestado a imputados en la trama de corrupción marbellí y que la prensa ha cifrado en 200 Millones de Euros. Debería pedir explicaciones sobre la situación de las sociedades que CCM comparte con detenidos e imputados en la Operación Malaya o con personajes cercanos y asociados a estos, como es el caso de Enrique Ventero o Juan María López Alvarez, sobre el dinero invertido en esas sociedades y, sobre todo, debería exigir explicaciones de por qué continúan en su puesto directivos como Juan Tomás Vidal o José Luis Rodríguez Holgado, que han compartido y comparten asiento en distintos consejos de administración con estos personajes.
Tampoco estaría de más preguntar qué sabía de la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, el alcalde de Bargas (Toledo) que, además, es vicepresidente de la Diputación Provincial, Gustavo Figueroa Cid; y si en el «campo de golf de Layos (Toledo) donde han aparecido el «malayo» Javier Arteche Tarascón y el letrado detenido e imputado en la Operación Astapa, Luis Fernando Linares Torres, están o han estado comprometidos préstamos o inversiones de CCM.
A dos meses de la intervención de la Caja, la oscuridad sigue reinando sobre todas estas cuestiones y todo apunta a que el Bando de España no tiene ninguna intención de encender la luz.
Hernández Moltó, la noche de la intervención de CCM
El portavoz del Grupo Territorial de Senadores del PP, Agustín Conde, anunció hoy que su grupo va a pedir la comparencia en la Cámara Alta del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, «ante la sorpresa inaudita de que los nuevos gestores de CCM han decidido no ejecutar los préstamos impagados que tienen en relación con el aeropuerto de Ciudad Real, para permitir que sus propietarios puedan venderlo y terminar de hacer negocio».
Así lo adelantó el senador ‘popular’ en la rueda de prensa que ofreció hoy en Toledo, en la que se preguntó si la nueva dirección de Caja Castilla La Mancha «va a tener esta actitud con todo el mundo, o es que hay ciudadanos de primera y de segunda».
Según defendió Conde, «hay empresarios que deben cientos de millones de euros a CCM, y que probablemente han causado el mayor quebranto patrimonial que ha tenido la caja y su falta de solvencia, que no ejecutan los préstamos. Pero la caja sí que embarga a pequeños ahorradores y clientes», criticó.
Aludió en su comparecencia a los cientos de pequeños propietarios a los que se les expropiaron sus tierras «pagándoles medio euro por metro para construir un aeropuerto, cuyos dueños, ahora, lo van a revender haciéndose multimillonarios a costa de las tierras que por cuatro duros obtuvieron de los pequeños agricultores de la comarca», algo que calificó de «intolerable».
Dicho esto, el portavoz del Grupo Territorial de Senadores del PP aseveró que lo natural es que los pequeños propietarios que fueron expropiados empiecen a agruparse como afectados e inicien el procedimiento de reversión de terrenos contra la Junta, apostillando que con este tipo de actitud, «se está creando una inseguridad jurídica tremenda en relación con el aeropuerto, porque ¿quién va a correr el riesgo de comprarlo sabiendo que cientos de propietarios pueden reclamar su parte?».
Asimismo, Agustín Conde defendió que el PP «ha sido un gran defensor del aeropuerto, pues desde su inicio, hemos creído que esta infraestructuras en Ciudad Real contribuiría al desarrollo de la provincia y de la región. Pero nos duele ver que aquello que fue una buena idea y un proyecto ilusionante, se va a convertir en un pelotazo que van a pegar unos cuantos con la inestimable ayuda que la Junta».
Por último, el senador toledano recordó que acompañó al presidente regional, José María Barrera y a los consejeros del ramo, cuando era ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos, para que desbloqueara determinados aspectos de ese aeropuerto, «pero jamás pude imaginar que iba a convertirme en pretexto para que unos cuantos amigos del poder dieran el pelotazo de su vida».
Por ello, apuntó que la administración pública ha de atender los intereses generales, «y no facilitar negocios particulares para que algunos salven de la quema de su ruina algunos de los activos que tienen gracias a la actuación del poder público», finalizó.
«El director general de Caja Castilla La Mancha (CCM), Ildefonso Ortega (en la foto) cesó hoy de sus funciones, asumiendo su cargo Gorka Barrondo Agudín, quien hasta la fecha ocupaba el puesto de subdirector general de Finanzas y de Gestión de Activos en la caja.
Así lo confirmaron a Europa Press fuentes cercanas a la entidad, que también precisaron que ha sido admitida, al cumplir los requisitos de la normativa, la jubilación parcial de Ildefonso Ortega en la categoría previa a su nombramiento como director general.
Ortega se marcha de la caja sin percibir ninguna indemnización dineraria en especie o derivada de su cese. Los trabajadores de Caja Castilla La Mancha ya han recibido la noticia, precisaron, finalmente, las mismas fuentes».
No es suficiente. Ad cautelam deben ser cesados de todas sus responsabilidades en CCM o en cualquiera de las sociedades participadas, fulminantemente y sin esperar ni un día más, José Luis Rodríguez Romo, Florencio Fernández Gutierrez, Petra Mateos Aparicio Morales, José Miguel Físico Cabañas, Alejandro López Hernández, Juan Tomás Vidal y JoséLuis Rodríguez Holgado. No son los únicos, pero sí aquellos a los que más urge apartar de sus puestos.
Por otro lado, que el sustituto de Ildefonso Ortega sea quien hasta ahora ha gestionado los «activos» de CAJA CASTILLA-LA MANCHA, resulta un poco demasiado sarcástico.
Ayer, en el pleno del Parlamento regional de Castilla-La Mancha el habitual tono lírico del presidente Barreda se endureció un poco. Afirmó que «el PP quiere un escándalo en CCM» y con palabras extraídas casi textualmente de la «carta abierta» que el presidente del Aeropuerto de Ciudad Real, Juan Antonio León Triviño, envió ayer a María Dolores de Cospedal, aseguró que «el Partido Popular no quiere una solución, quiere un escándalo» para erosionar a su Gobierno y a él mismo.
Lo cierto es que, al margen de lo que quiera o no quiera el PP, el escándalo de CCM no hay que buscarlo ni quererlo porque ya está encontrado y producido y sus artífices no son otros que quienes dirigen la Caja y quienes dirigen a los que dirigen la Caja, unos abiertamente, como Barreda y Hernández Moltó y otros por persona interpuesta, como es el caso de Bono, cuya preeminencia en la región coloca a Barreda en una posición vicaria apenas disimulada.
Hoy, El Confidencial, citando fuentes del Banco de España, asegura que el «agujero» en el que la gestión de Hernández Moltó ha sumido a CCM podría llegar a los 4.000 Millones de € –665.000 millones de Pts., es decir, bastante más allá del medio billón de Pts.- «de confirmarse como fallidas determinadas contingencias de riesgo contraídas por la entidad» y añade que, también según las mismas fuentes, eso no es lo más preocupante. El mayor problema de CCM es que, como consta en las cuentas del ejercicio 2008 que están en poder del Banco de España, el «margen de intermediación de la Caja «fue prácticamente nulo» lo cual quiere decir que CCM no gana un céntimo con la actividad normal de cualquier entidad financiera, es decir, captando depósitos y prestando dinero.
Según las fuentes de El Confidencial, CCM debe a otras entidades 9.500 Millones de Euros -un billón y medio, largo, de Pts.- prácticamente la mitad de los créditos que ella misma ha concedido; es decir, que la Caja de Hernández Moltó ha estado dando créditos con dinero ajeno contrayendo una deuda que ahora se come el beneficio normal de su negocio haciéndola totalmente inviable.
Pero como además CCM se ha endeudado de esa forma para financiar a un contado círculo de constructores que bajo la protección pública y, al menos aparentemente, incondicional de Barreda han llegado a constituir un oligopolio de facto en la región -estoy hablando de Méndez Pozo, de los hermános Díaz de Mera, de Aurelio González Villarejo y de los Sanahuja, pero también de los malayos Juan Antonio Roca, Pedro Román Zurdo, Enrique Ventero, etc.- La cuestión que se plantea sobre la mesa es si en el fiasco y la inviabilidad de CCM sólo ha concurrido una gravísima negligencia o una actuación dolosa que exige la presencia de los fiscales y los jueces de la jurisdicción penal.
En este sentido, El Mundo publica hoy que el consejero de Caja Castilla-La Mancha Germán Chamón, representante del PP en la Caja que se ha negado a dimitir de su cargo según la postura de ese partido, disfruta de un crédito de 9 millones de Euros concedido por CCM del que aún faltan por liquidar 5 millones.
José María Barreda y Antonio Miguel Méndez Pozo
Dicho crédito está concedido a la mercantil VERDE DESARROLLO URBANOS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A. en la que Chamón dice tener un 20% y que pertenece mayoritariamente a Antonio Miguel Mendez Pozo, condenado a prisión por el «Caso de la Construcción de Burgos». El consejero delegado de la empresa es Perfecto Alvarez Muñoz, que también ocupa el cargo de director general del área comercial y de marketing de CCM y es tío carnal de Héctor Alvarez, gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Cuenca.
No acaban aquí los nexos del tal Perfecto Alvarez. Resulta que además de ser tío de su sobrino, director general de CCM y socio del consejero transfuga Augusto Germán Chamón Arribas, también es socio de CONSTRUCCIONES VILLAREJO SA y apoderado de PROMOCIONES GONZÁLEZ SA, es decir, también es socio de Aurelio González Villarejo.
El Sr. Chamón ha negado que los 5 millones de Euros a los que se refiere El Mundo condicionen en absoluto su criterio sobre la situación de CCM y que esa sea la causa que le ha llevado a romper la disciplina de su partido, una de las cosas más difíciles de romper en España, como todo el mundo sabe.
Lo que ocurre es que sobre la voluntad y buen criterio del Sr. Chamón, probablemente, no sólo pesan los 5 millones del crédito que le ha concedido Hernández Moltó. También tiene considerable vis atractiva su asociación empresarial con Antonio Miguel Méndez Pozo, con Perfecto Alvarez Muñoz y, aunque sea indirectamente a través de este último, con Aurelio González Villarejo, a más claro está, de los intereses inmobiliarios que le conciernen en la provincia de Cuenca y que dependen de decisiones políticas que pueden ser poderosamente influidas, si es que no están directamente en sus manos, por el Gobierno regional de Barreda.
La sociedad VERDE DESARROLLOS URBANOS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A. en la que Germán Chamón participa junto a Antonio Miguel Méndez Pozo, según informa «El Cronista Independiente de Cuenca«, ha presentado diversos PAUs en localidades que circundan la ciudad de Cuenca. El negocio, naturalmente, radica en la compra de suelo rústico a precios ínfimos y su posterior recalificación; lo que ocurre es que con la recalificación ni Germán Chamón ni «Michel» Méndez Pozo se dan por satisfechos.
Por ejemplo, uno de los PAUs de VERDE DESARROLLOS es el presentado en la localidad conquense de Villar de Olalla donde se pretende construir 1.100 viviendas. El PAU, en sí mismo, puede ser un buen o mal negocio pero si junto a él se sitúa la estación del AVE, no cabe duda de que la revalorización del suelo se disparará, incluso, en medio del hundimiento del gremio inmobiliario. Pues bien, eso es lo que La Tribuna de Cuenca, periódico propiedad de Méndez Pozo ha estado defendiendo, con éxito, desde un principio.
Augusto Germán Chamón Arribas
La estación del AVE tenía dos posibilidades. Llegar hasta la propia ciudad de Cuenca o quedarse a 6 Km de allí, en el paraje de la Estrella, junto a los intereses urbanísticos de Germán Chamón y de Méndez Pozo y de Perfecto Alvarez.
El pasado 20 de junio del 2008, El Economista publicaba que el alcalde de Cuenca, Francisco Pulido, defendiendo la parada del AVE en la ciudad, dijo: «y para eso la estación tendrá que estar en el paraje de la Estrella», afirmación rotunda con la que estuvo de acuerdo el Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Barreda, José Luis Martínez Guijarro.
Las plusvalías generadas al establecer una estación del AVE junto a su PAU y el apoyo a tal pretensión del Gobierno de Castilla la Mancha, es un poderoso y cualificado acicate para inclinar su voluntad hacia las posturas mantenidas por ese mismo Gobierno y por Hernández Moltó en lo que se refiere a la absorción de CCM por UNICAJA, pero Augusto Germán Chamón asegura que quien crea que una cosa así le puede influir a él, es que no le conoce.
A su vez, si a la estación del AVE se suman, como también defiende y procura La Tribuna de Cuenca otras infraestructuras como el nuevo hospital y un futuro polígono industrial, las plusvalías de los PAUs de Méndez Pozo y Germán Chamón, aumentarían aún más y eso parece otro importante motivo para apoyar, aún en contra del propio partido, a Juan Pedro Hernández Moltó y al Gobierno de Castilla la Mancha.
Pero es que, además, en estos asuntos urbanísticos de la llamada «Corona de Cuenca» los intereses de la mercantil VERDE DESARROLLOS etc. se mezclan con los del consorcio DAVECON. Según «El Cronista Independiente de Cuenca«, una de las empresas que lo integran es DALPA y de ella fue socio Gonzalo Igualada -que aún sigue ligado a la empresa- ingeniero jefe del área de Obras y Planificación del ayuntamiento de la ciudad.
Gonzalo Igualada fue quien redactó un informe, esencial para dar por buena la localización de la estación del AVE en el paraje de la Estrella, que modificaba los datos de la cartografía oficial y contradecía otro informe presentado por el también ingeniero de caminos del Ayuntamiento, Vicente Belinchón Carlavilla. Se da la circunstancia, según el grupo Independientes por Cuenca, que el informe del ingeniero Vicente Belinchón fue ocultado por el entonces alcalde Martínez Cenzano durante la negociación del «Pacto por Cuenca», un acuerdo político favorable a la estación del AVE en la Estrella.
El consorcio de empresas DAVECON tuvo también protagonismo en una oscura operación urbanística en Cuenca: la del recinto ferial de la que se hablará aquí en breve. Aquél caso puso ya de relieve las muy estrechas relaciones entre las empresas que integran DAVECON y el Ayuntamiento de Cuenca en el cual Héctor Alvarez, sobrino carnal de Perfecto Alvarez Muñóz, el ejecutivo de CCM y socio de Chamón y Mendez Pozo, ocupa el cargo de Gerente de Urbanismo.
DAVECON está integrada por las siguientes constructoras: CONSTRUCCIONES DALPA SA, CONSTRUCCIONES CONCA SL, CONSTRUCCIONES VERLIZ SA, CONSTRUCCIONES TRIGUERO HERMANOS SL y EDDENCA SL.
El ingeniero de caminos municipal, Gonzalo Igualada Puerta¸ a quien me he referido antes, fue accionista y administrador de construcciones Dalpa. En la actualidad es presidente de la Fundación Dalpa de la que es vicepresidente el administrador único de CONSTRUCCIONES DALPA.
Manuel Ángel Carrascosa García, aparejador municipal en excedencia, tiene vinculaciones familiares con accionistas y responsables de CONSTRUCCIONES CONCA SL. En concreto, tanto él como su mujer figuran como apoderados y sus dos hermanos como administradores.
Pablo Martínez Pando, técnico urbanista municipal, es vicepresidente de la empresa PROMOCIONES VERMA S.A. de la cual es presidente, el presidente de CONSTRUCCIONES VERLIZ SA.
Ni que decir tiene que la primera piedra del Recinto Ferial de Cuenca fue colocada por José María Barreda.
Según publica hoy El Mundo, CCM estaría enmascarando su «agujero» cercano, si es que no superior, a los 3.000 Millones de Euros, medio billón de Pts., mediante una sociedad instrumental, sin personal ni oficinas, destinada a adquirir «activos tóxicos» para evitar tener que contabilizarlos en las cuentas de la Caja.
Para Juan Pedro Hernández Moltó y para los «voceros» del Gobierno de Barreda, el desvelamiento de estos datos son parte de una «campaña brutal» contra CCM. También serían parte de esa «brutal campaña» las noticias aparecidas sobre la financiación a dos sociedades del «malayo» Juan Antonio Roca, con 40 Millones de €; la financiación de la compra del Palacio de Saldaña en Madrid, también a Roca; la financiación a Pedro Román Zurdo -teniente de alcalde de Jesús Gil y también detenido e imputado en la Operación Malaya– Y a su socio, que igualmente lo es o ha sido de Roca, Juan María López Alvarez, con 30 Millones de € como crédito hipotecario a dos años sobre una finca de Bargas, Toledo; la participación en LAS LOMAS DEL POZUELO con el detenido e imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira; la participación con un 25% en VILLA ROMANA GOLF, en Carranque, Toledo, cuyo Alcalde, Alejandro Pompa Mingo está imputado, junto al consejero de la mercantil, Jesús María Gallego Peinado -aparejador municipal del Ayuntamiento y amigo íntimo de Pompa– por 9 presuntos delitos cometidos durante la tramitación de ese PAU, etc. etc. porque no termina aquí la lista de las operaciones «dudosas», si es que no simplemente sospechosas, de las que existen datos absolutamente contrastados.
Alejandro Pompa, a la derecha de Tofiño
Con esto a la vista y con lo que queda por ver, Hernández Moltó, lo que debería hacer en primer lugar, es no confundir su persona con la Entidad a la que ha llevado a una situación de quiebra virtual. En segundo lugar debería explicar quién, si es que él no ha sido, ha hecho que CCM se convierta en el instrumento financiero de una presunta organización de delincuentes, y utilizo la expresión «organización de delincuentes» para referirme a la trama «malaya» porque es así como el Auto de imputación de 18 de julio del 2007 dictado por el Juez Miguel Angel Torres calificó a la urdimbre de sociedades y testaferros de Roca.
Mientras esperamos sentados a que Hernández Moltó conteste a estas cuestiones, no estaría de más preguntarse también si toda esta información no está despertando el interés de la Fiscalía Anticorrupción.
En fin, para amenizar la espera reproduzco a continuación el artículo de El Mundo publicado hoy y firmado por Cristina Caballero y por Carlos Segovia, el cual se puede descargar íntegro desde aquí.
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CCM desvía sus activos «tóxicos» a una sociedad para contener la morosidad
Caja Castilla-La Mancha ha transferido ya 450 millones de euros en créditos dudosos.
Cristina Caballero/Carlos Segovia.
Juan Antonio Roca
La deteriorada situación financiera de Caja Castilla-La Mancha (CCM) le ha llevado a transferir algunos de sus activos tóxicos -préstamos impagados o dudosos- a una sociedad creada ex profeso con el objetivo de contener su morosidad.
Según ha podido saber este periódico de fuentes internas de la entidad, la sociedad, denominada Midamarta, actúa como un banco malo, es decir, compra a CCM los préstamos impagados y los créditos que antes del vencimiento tengan muchas posibilidades de ser calificados como morosos. La caja se libera así de esos activos y contiene su ratio de morosidad oficial en niveles menos espectaculares. CCM constituyó Midamarta a finales de diciembre de 2006, y durante los dos últimos años ha estado adquiriendo activos dudosos procedentes de su entidad matriz. Su saldo asciende ya a 450 millones de euros, aunque la actividad de este banco malo se intensificará probablemente este año.
La caja manchega se encuentra en plenas negociaciones con Unicaja para una eventual fusión, y necesita presentarse lo más saneada posible. Hoy está previsto que el consejo de la entidad autorice al presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, a iniciar conversaciones formales con la caja andaluza.
Todas las operaciones que ya están clasificadas como morosas entran en Midamarta, de modo que esos préstamos dudosos desaparecen de la gestión normal de la caja y figuran en esa sociedad. «Cuando llegue el vencimiento del préstamo Dios dirá, pero por ahora la caja se quita el problema de encima», asegura la fuente consultada. A medio plazo, la caja tendría varias opciones: vender la sociedad, forzar la suspensión de pagos o capitalizarla. Un portavoz de CCM admitió a este diario la existencia de esta sociedad y la justificó diciendo que «hay muchos bancos que también lo están haciendo». Fuentes bancarias reconocen que la creación de este tipo de sociedades ha proliferado en los últimos tiempos.
Sin embargo, la peculiaridad de CCM es que la tasa de morosidad de la caja manchega ha crecido peligrosamente durante el último año, hasta situarse en la segunda más alta del sector, por encima del 4,5%. Teniendo en cuenta que hay muchos préstamos impagados en Midamarta que la caja no contabiliza en su estructura convencional, esa tasa podría ser en realidad superior, incluso más del doble, según las fuentes consultadas. El agujero de CCM podría ascender a casi 3.000 millones. La caja tiene unos 1.200 millones declarados como morosidad real. Además, cuenta con cerca de 500 millones comprometidos en operaciones de refinanciación.
«La refinanciación es un malabarismo que los bancos y cajas están haciendo para evitar calificar ese crédito como moroso, pero en su fuero interno saben que hay muchas posibilidades de que la mayoría no salga adelante y se quede finalmente sin pagar», explica una fuente bancaria. Las compañías a las que está refinanciando mayoritariamente la caja son empresas inmobiliarias, que ante la imposibilidad de pagar los créditos, piden tiempo para conseguir más dinero.
Por último, la caja manchega tiene otros 500 millones de euros en préstamos pendientes de vencimiento, la gran mayoría de ellos relacionados con el ladrillo. Sumadas todas estas cifras a los 450 millones de euros en préstamos «dudosos» que ya ha comprado Midamarta, el resultado asciende a 2.650 millones, que sería el agujero que tendrá que afrontar Unicaja si finalmente la fusión sale adelante.
La sociedad de activos tóxicos, que no tiene personal a su cargo ni tampoco oficinas, está presidida por el director general de CCM, Ildefonso Ortega. El consejo de Midamarta sólo lo componen dos personas más. Una es Javier Saiz Alonso, subdirector general de Riesgos de la caja manchega y consejero de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
Hernández Moltó sostiene que hay una «brutal campaña» contra CCM injustificada y ha dado garantías a los depositantes.
Expediente a los díscolos del PP
Hernández Moltó y Germán Chamón, consejero de CCM y socio de "Michel" Méndez Pozo
Los dos consejeros ‘díscolos’ propuestos por el PP que se negaron a abandonar el consejo de la caja manchega, desoyendo la petición del Partido Popular, serán expedientados. Así lo acordó ayer el Comité Ejecutivo regional del PP. Germán Chamón y Tomás Martín-Peñato fueron las dos únicas personas, de entre los nueve representantes que el PP tiene en los órganos de gobierno de la caja, que desobedecieron al partido y decidieron continuar en el consejo. El PP quería mostrar su desacuerdo con el proceso de fusión con Unicaja iniciado por la caja manchega «a espaldas del consejo, de los trabajadores y los impositores y en un proceso pilotado desde Ferraz», como denunció la formación política.
En ese sentido, el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Castilla-La Mancha aprobó ayer una resolución en la que pide al presidente regional, José María Barreda, que dé explicaciones en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre su «renuncia» a CCM. «Exigimos a Barreda que no renuncie a la mayor institución financiera regional, y que defienda un instrumento que tan preciso es para nuestra tierra». En el caso de que se produzca «un saneamiento público de CCM» el PP quiere que eso «sirva para que CCM siga en Castilla-La Mancha» y aclara que, si tal situación se produjese, demandará la asunción de responsabilidades «tanto por los gestores como por la entidad tutelante, es decir, el Gobierno regional». Caja Castilla-La Mancha tiene que quedarse en la región «y si se sanea, con más razón», apuntó ayer María Dolores de Cospedal, secretaria general de los ‘populares’.
La caja celebrará mañana un consejo en el que está previsto que se autorice al presidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, a iniciar conversaciones formales con Unicaja. Además, el consejo podría abordar la toma de posesión de Francisco Galán Polo y Emilio Loriente Piqueras como nuevos consejeros de este organismo, en sustitución de Rosa Romero y Emilio Sanz, respectivamente, los dos vocales que presentaron su dimisión la pasada semana.
Críticas desde las filas socialistas
Gaspar Zarrías, vicepresidente de la Junta andaluza, acusó ayer al PP de «intentar torpedear» la fusión entre Unicaja y CCM, una actitud que atribuyó «al grado de desesperación» política en la que se encuentra.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Moreno, indicó que no existen precedentes de una agresión «tan brutal» a una institución financiera.
Ruiz Gallardón, el alcalde de Madrid y amigo de José Bono, acaba de firmar el convenio que impulsa, definitivamente, una de las mayores operaciones urbanísticas de Madrid y que afecta a los terrenos del estadio «Vicente Calderón» y de la antigua fábrica de cerveza Mahou. En términos escuetos, dicha operación consiste en la creación de un parque en el suelo del estadio de fútbol y el traslado de su edificabilidad al solar, aledaño, de la cervecera.
El negocio relaciona a una sociedad anónima deportiva marcada por el signo de la corrupción desde que el finado Jesús Gil se hizo con el control del Atlético de Madrid, entidad aún controlada por sus herederos; y a la mercantil RTM DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y SOCIALES (CIF: A84030980) en la que participan personajes como Marc David Rich, famoso en ciertos círculos, sobre todo los del FBI y los de los Juzgados de Corcubión, donde se instruye el caso del Prestige; el «malayo» Enrique Ventero Terleira; el responsable de la quiebra de MARTINSA-FADESA, Fernando Martín; y últimamente la propia Esther Koplowitz, a través de FCC.
Además, las dos entidades, la deportiva y la promotora, no son ajenas entre sí. Mientras la Sociedad Anónima Deportiva, presidida por Enrique Cerezo Torres y controlada mayoritariamente por la familia Gil a través de las sociedades HOLDING DE INVERSIONES ATLÉTICAS y PROMOTORA INMOBILIARIA LA ALHAMBRA; tiene como administrador al «malayo» Enrique Ventero Terleira y como Secretario al letrado Pablo Jiménez de Parga Maseda; en la entidad RTM DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y SOCIALES aparece como secretario el mismo Pablo Jiménez de Parga y, como uno de los accionistas, la empresa VENTERO MUÑOZ S.A., es decir, una de las sociedades del imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira. Por otra parte en la sociedad ANDRIA INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A, perteneciente en un 65% al citado Marc Rich Wang a través de la empresa domiciliada en Amsterdam, DORSALIS BV, también consta como Secretario el citado Pablo Jeménez de Parga Maseda.
Sólo debido a la presencia de estos nombres o de algunos de estos nombres, la Fiscalía Anticorrupción debería sacar a relucir sus lupas más potentes pero es que, además, los números que se manejan en la operación inducen a la más vehemente de las sospechas.
Enrique Ventero Terleira, imputado en la Operación Malaya
Según informa El País, la venta del estadio fue puesta en marcha tras la muerte de Gil «no por iniciativa del Atlético de Madrid, sino a instancias de las inmobiliarias que están detrás de RTM DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y SOCIALES«. Esto, sin embargo, es cierto sólo en parte puesto que es sólida y evidente la unión de intereses entre el Club deportivo y RTM, al menos entre algunos de los consejeros de ambas entidades y, además, ambas están unidas en el negocio desde su origen.
Así, apenas algo más de un mes después de que Gil compareciera en su «juicio final», los accionistas mayoritarios del Club, que no son otros que la familia del difunto y Enrique Cerezo, constituyeron una sociedad que gira bajo la denominación DIVISIÓN INMOBILIARIA DEL CLUB ATLÉTICO DE MADRID. A dicha sociedad se les traspasó la propiedad del Estadio y en la misma operación se vendió, por 33,9 millones de Euros, a RTM el 10% de DIVISIÓN INMOBILIARIA etc., porcentaje que también correspondía a los futuros derechos urbanísticos. A esto se añadía una opción de compra del 5% y otro 5% para Caja Madrid.
En la actualidad, si los términos del convenio firmado por Gallardón (véase el artículo de Tiempo titulado Montserrat Corulla Confidencial) No cambian, la operación significará la construcción de unas 2.000 viviendas que, sensatamente, podrían suponer unos ingresos brutos de no menos de 800 millones de Euros los cuales, como bien dice «El País«, acabarían suponiendo unos beneficios netos no inferiores a los 100 millones de Euros, casi 17.000 millones de Pts. En otras palabras, se invierten 34 millones escasos y, firma de Ruiz Gallardón mediante, se obtienen 100 millones limpios.
Marc David Rich, el prófugo indultado que fuera socio de Petra Mateos-Aparicio Morales.
Marc David Rich Wang
Marc David Rich Wang, nacido en Amberes con el apellido Reich y emigró a Estados Unidos junto a sus padres ante la invasión nazi de Bélgica. Pertenece a esa clase de sujetos que como Mosser Alkassar o Kashougi, delinquen, presuntamente, en «términos de continentes».
Su vida empresarial independiente comenzó en el 74, asociado con Pincus Green y con Jacques Hachuel, que alcanzó fama en España durante el proceso del «Caso Banesto«, banco en el que compartía consejo de administración con Mario Conde y en el que el mismo Rich estuvo implicado junto a Petra Mateos, como luego se verá.
Rápidamente hace fortuna traficando internacionalmente con materias primas quebrantando el bloqueo estadounidense a la URSS y el de la ONU a la Sudáfrica racista. También se le atribuye un papel importante en el tráfico de armas , todo ello desde la sede de su empresa en Zug, Suiza.
El gran negocio comienza cuando a principios de los 80, ignorando el bloqueo de Estados Unidos a Irán, compra petróleo a Jomeini, a precio de saldo, y se lo vende a Israel. Esos negocios, difíciles de comprender sin la protección política del mismo gobierno cuyas leyes burlaba, el de Estados Unidos, no obstante, se convierten en su peor problema puesto que de paso, elude al fisco estadounidense no menos de 50 millones de dólares. Como una cosa es actuar de «agente» en el saqueo del petróleo iraní y otra muy distinta no pagar impuestos, el FBI comienza a perseguirle y en 1983 se le acusa formalmente. Para refugiarse de esa acusación, solicita y obtiene del gobierno de Calvo Sotelo, la nacionalidad española.
Petra Mateos-Aparicio Morales
Con Felipe González en el Poder, Rich se introduce en el negocio de los hoteles a través de la financiera RON INVESTMENT, donde se asocia con personajes esenciales del poder político de la época, aunque de aparente segunda fila: León Benelbás, el condenado y encarcelado Julián Sancristobal y, quien ahora más interesa, Petra Mateos-Aparicio Morales, jefa del gabinete de Miguel Boyer, especia que salpimentó algunos de los más importantes escándalos económicos de la época y, en la actualidad, persona integrada en el círculo íntimo de José Bono.
Por entonces Estados Unidos aún ofrecía una recompensa por la cabeza de Rich de 750.000 $ y continuaba acusado de evadir controles de precios y ganancias, de realizar transacciones falsas, de expedir recibos falsos, de fraude fiscal y «comercio con el enemigo», etc. etc.
En 1984, dentro de una campaña para «regularizar su situación» las empresas de Rich admitieron haber cometido 78 delitos, de los cuales, según publicó el diario argentino Clarín, «la mitad formaba pare de un plan para evitar los controles sobre sus ganancias y evadir impuestos». Esas empresas aceptaron pagar, entonces, multas por un montante cercano a 1000 millones de dólares.
La legalidad le llegó a Rich, nacido Reich, cuando Bill Clinton le concedió un indulto durante las últimas horas de presidencia. Ese indulto fue investigado porque venía precedido por valiosas aportaciones y regalos hechos por la ex esposa de Rich a la campaña electoral del citado Clinton y a él mismo. La investigación no llegó a mucho y el propio Bush ratificó el indulto. No en vano, Rich había compartido sillón en el consejo de la Twenty Century Fox (la mitad de la cual le pertenecía) con el expresidente Gerald Ford y con Henry Kissinger. Sin embargo, la campaña desplegada a favor de Rich ante la presidencia de Estados Unidos y en la que participaron personajes señalados como Camilo José Cela o el Presidente y el jefe de los servicios secretos de Israel e, incluso, el propio rey de España, vino a hacer pública otra faceta del peculiar Rich. También era un hombre ligado a los servicios secretos, aunque sería prácticamente imposible determinar con seguridad a qué servicios secretos, pues como en el caso de otros personajes similares, este hombre, posiblemente tenga la cualidad de agente doble, triple… o hasta quítuple.
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Próxima entrega: Algunos de los socios de Marc Rich.
En la medida en que la investigación avanza y los datos del entramado financiero y económico de la Operación Malaya se van desenredando a partir de un sumario que consta de 130 tomos y de 37.105 páginas; la relación de la Caja Castilla-La Mancha con implicados en el caso y con el propio Juan Antonio Roca, empieza a tomar dimensiones preocupantes.
Ya no son sólo los 40 millones de Euros prestados a la sociedad MASDEVALLÍA, propiedad de Juan Antonio Roca según ha reconocido el propio Roca. Ahora resulta que la Caja que preside Juan Pedro Hernández Moltó, también le prestó el dinero con el que su sociedad CONDEOR, administrada por Montserrat Corulla, compró el Palacio de Saldaña.
Así, al menos, lo afirmó la citada Montserrat Corulla Castro en la ampliación de declaración ante el Juzgado nº 5 de Marbella de 28 de agosto de 2006 y que, por supuesto, no ha sido desmentida ni por los demás implicados, ni por la propia CCM.
Concretamente, en la declaración citada, Montserrat Corulla dice que: “En cuanto al Palacio de Saldaña pertenecía a Dª María del Carmen González Baylin, que es la propietaria de CENTRO ASEGURADOR y que tenía necesidad de vender el inmueble y que se financió con dos pagarés que se pagaron con un préstamo de CAJA CASTILLA-LA MAHCHA y que tenía como garantía el mismo inmueble sin perjuicio de que se pagó una cantidad anteriormente más pequeña con un cheque cuando se compró el inmueble”
No me consta la cuantía de ese crédito, pero teniendo en cuenta que el palacio de Saldaña, situado en la C/ Ortega y Gasset de Madrid, posiblemente la más cara de la capital, fue adquirido por la familia Sanahuja (los accionistas mayoritarios de METROVACESA) a CONDEOR por quince millones y medio de Euros (casi 2.580 millones de Pts.) Se puede tener una cierta idea del montante inicial de la operación o, dicho de otra forma, del precio que Roca, a través de CONDEOR, pagó por el edificio y, en consecuencia, del volumen del crédito concedido por la CCM a Roca para esta compraventa.
Por otro lado, no deja de ser una coincidencia notablemente sospechosa que los Sanahuja, es decir, los propietarios mayoritarios de METROVACESA, hayan sido quienes finalmente adquirieron a Roca el Palacio de Saldaña, y digo esto porque los Sanahuja están estrechamente relacionados con Caja Sol, con su grupo industrial: “El Monte”, con sus ex directivos Bueno Lindón y Selfa de la Gándara, sobre quienes ahora pesa una querella criminal presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla (cuyo texto íntegro se puede descargar desde aquí) Precisamente por beneficiar a los Sanahuja de forma presuntamente delictiva con un buen puñado de millones de Euros; y con Domingo Díaz de Mera, Aurelio González Villarejo y Luis Portillo.
En consecuencia, resumiendo lo que hasta ahora es de dominio público en lo que se refiere a los negocios de Caja Castilla-La Mancha con Juan Antonio Roca y su entorno, sabemos que CCM participa estrechamente (tan estrechamente, que es su socio) Con Enrique Ventero en el Plan Parcial Torre del Rame en el término municipal de Los Alcázares (Murcia) cuyo alcalde acabó preso, hace unos meses, en compañía de otros dentro de la llamada Operación Ninette.
Sabemos, además, que la empresa que Ventero Terleira utiliza para sus negocios en los Alcázares, es decir, LAS LOMAS DEL POZUELO, tiene en su consejo de administración a dos hombres fuertes de CCM: José Luis Rodríguez Holgado y Juan Tomás Vidal, este último, alto cargo de los gobiernos de Bono en la región antes de pasar a la CCM de la mano de Hernández Moltó, que también fue consejero de Hacienda, en los gobiernos de Bono.
Sabemos que los citados Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, además de representar a la CCM en la empresa de Ventero Terleira, administran, a su cuenta, riesgo y ventura, la mercantil PROMOCIONES MIRALSUR, que también está en el consejo de LAS LOMAS DEL POZUELO, como administrador y cuya constitución corrió a cargo de hombres de Ventero.
Sabemos que en LAS LOMAS DEL POZUELO apareció, igualmente como administrador, Luis Portillo, el artífice del fiasco de INMOBILIARIA COLONIAL y el mismo que tiene ciertos problemas en Marbella ligados a la sociedad PLAZA DE TOROS DE MARBELLASA y a las viviendas aledañas al Hotel Senator.
Sabemos que Enrique Ventero, la CCM y, en particular Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, hicieron negocios en Los Alcázares, con un polémico personaje ligado a unos cuantos casos de denuncias de corrupción en la zona de Levante: Juan Gracia Jiménez, el mismo que aparece como socio de Aurelio González Villarejo y que participó junto a él y junto a Portillo en la OPA que este último lanzó, a través de INMOCARAL contra IMOBILIARIA COLONIAL en julio de 2006.
Se, y a partir de ahora lo sabemos todos, que las relaciones de Ventero con los entornos de Roca o que acabaron estando estrechamente vinculados a Roca, parecen remontarse muy lejos en el tiempo. Concretamente la empresa VENTERO MUÑOZ SA. tiene en su consejo de administración a un tal Pedro Viñolas Serra el cual, a su vez, es administrador de la mercantil BOLSA 8 AGENCIAS DE VALORES Y BOLSA SA de la cual fue Consejero Delegado Gonzálo Astorqui Zabala.
Astorqui Zabala, detenido durante la Operación Malaya, es considerado por el Auto de Imputación de 18 de julio de 2007 dictado por el Juez Miguel Angel Torres, como uno de los principales presuntos testaferros de Roca y destinado a sustituir a Sánchez Zubizarreta y a Soriano Pastor, los dos también detenidos y bajo la vehemente sospecha de ser la tapadera que pretendía ocultar el verdadero papel que Roca tenía en las empresas que administraban.
De Astorqui, por ejemplo, se dice en el citado Auto los siguiente: “Más importante es la aparición de Julio Blasco y sobre todo de Gonzalo Astorqui Zabala, que al inicio se encargan de dirigir bajo la supervisión de Roca las sociedades Masdevallía que promueve en Murcia. Ante la próxima jubilación de Manuel Sánchez Zubizarreta y mejorar de cara al futuro la organización, Gonzalo y su equipo van poco a poco asumiendo las funciones del Gabinete y de Manuel Sánchez y sustituyendo a este en la estructura que sigue recibiendo fondos de procedencia ilícita de lo que todos sus miembros son plenamente conscientes”.
También se sabe ya, que las compras de suelo hechas por Ventero en Torre del Rame, si hicieron con talones bancarios de la CCM; que en declaración prestada ante el Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier el 25 de febrero de 2008 Roca admitió que compró Torre del Rame en unión con Javier Arteche Tarascón y Enrique Ventero, es decir, junto a uno de los nombres más relevantes de la llamada “Trama Vasca” o “Trama Vasco-Malaya” y por el propio Ventero; y que la CCM prestó a la empresa MASDEVALLÍA, cuya propiedad reconoció el propio Roca, 40 millones de Euros que, ahora con la compañía en quiebra, la CCM volverá a ver el día del juicio.
En fin, sabemos ya demasiado y también son demasiados los negocios hechos por la Caja de Hernández Moltó con esta presunta “organización de delincuentes” que es la “Trama Malaya” como para que la afirmación de que Hernández Moltó no sabía con quién andaba en tratos, siga teniendo mucho peso.
Pero en esta complejísima madeja de empresas, alianzas económicas, dudosas actuaciones políticas y nombres más que relevantes gravitando en torno a Roca, se diría que nunca hay una sin dos, ni dos sin tres. Me temo que el lector puede apostar, confiadamente, a que no habrá tres sin cuatro.
Los criterios de inversión de CCM en empresas ajenas, según declara la entidad en su propia página web, es decir, los requisitos que exigen a las empresas en las que invierten son los siguientes: 1.- Equipo directivo cualificado e identificado con su proyecto empresarial. 2.- Proyecto atractivo y con perspectivas de rentabilidad. 3.- Estrategia producto-mercado claramente definida. 4.- Potencial de crecimiento. 5.-Socios de reconocida solvencia financiera y empresarial.
Todas estas exigencias las debían cumplir y con creces, las entidades MASDEVALLIA y ONE PROPERTIES, porque según acaba de publicar «El Economista» estas dos sociedades que operan en Los Alcázares (Murcia) Y, más concretamente, en el «Plan Parcial Torre del Rame» recibieron por parte de de la CCM un préstamo de 40 millones de €, bastante más de seis mil seiscientos cincuenta millones de Pts. y más del doble del beneficio bruto declarado por la CCM durante el primer trimestre de 2008.
Naturalmente, me imagino, nadie en CCM sabía que tras esas sociedades estaba Juan Antonio Roca Nicolás y, naturalmente, en CCM se dan prestamos de 40 millones de Euros confiando en la palabra de caballero del prestatario y sin hacer una investigación exhaustiva de éste y sin reparar en que esas sociedades, domiciliadas en Murcia y Madrid, también tenían oficinas abiertas en Marbella.
De haber sabido esto, es decir, que MASDEVALLIA y ONE PROPERTIES tenían algo que ver con Marbella, seguramente que Hernández Moltó no habría autorizado ese préstamo porque que Marbella era un centro que producía e irradiaba corrupción (o quizás todo lo contrario, que la atraía como atrae la podredumbre a los insectos) era vox populi desde los ya lejanos días en que Jesús Gil se hizo con el Ayuntamiento de la ciudad; y los bancos y los banqueros, medrosos por oficio y por beneficio, no necesitan más prueba que las sospechas para retraer sus créditos.
En cualquier caso, a la vista de los datos disponibles, la CCM confió «ciegamente» en la «reconocida solvencia financiera y empresarial» de los «presuntos» testaferros de Roca y de sus sociedades, sobre las cuales, en el Auto de Imputación del caso Malaya se puede leer lo siguiente:
La «COMPAÑÍA INMOBILIARIA MASDEVALLIA. Inicia su actividad el 19 de diciembre de 1.995 con un capital social de 500.000 pesetas suscritas al 50% por Juan Luis y Francisco Antonio Soriano Pastor, siendo el primero nombrado administrador. Su objeto social es «la compra, venta y explotación en régimen de arrendamiento de todo tipo de bienes inmuebles, rústicos, urbanos e industriales». Su administrador era el nuevo hombre fuerte de Roca, Gonzalo Astorqui Zabala.
El 5 de noviembre de 2.002 traslada su domicilio social a Príncipe de Vergara 47, domicilio profesional de Montserrat Corulla y Roca cuando va a Madrid. El 8 de marzo de 2.005 amplia su capital social en 300.000,68 euros que suscriben Juan Luis y Francisco Antonio Soriano Pastor a razón de 250 participaciones de 6 euros cada uno, y la entidad Lippizar Investment S.L. con 49.834 participaciones. Los teléfonos encriptados de Roca están a nombre de esta sociedad que se dedica a la promoción inmobiliaria en Murcia de la que Roca ha reconocido ser el único titular y de la que su responsable de seguridad, Jaime Hachuel, cobra su salario. Además realiza obras en la finca de La Caridad propiedad de Roca en San Pedro de Alcántara.
Es titular de fincas en los Alcázares, donde desarrolla las promociones de Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf y es titular de parcelas en Los Alcázares, Murcia y San Javier».
Por otro lado, de ONE PROPERTIES el mismo documento dice que:
«Pertenece en un 95% de su capital a Compañía Inmobiliaria Masdevallía y se constituye el 19 de diciembre de 2.003 con un capital social de 60.000 euros de los que dos empleados y testaferros de Roca, Ernesto Celdrán Gelabert suscribe el 30%, y Julio Blasco Bazo Garrido el 70%. Su domicilio social se sitúa en la Avenida Trece de octubre donde se desarrolla la promoción Nueva Ribera Golf Club de Masdevallía.
Además de ese domicilio, tiene oficinas en Avda. Ricardo Soriano 63 de Marbella y Centro Comercial Plaza Banús 8. El local de esta última oficina pertenece a la entidad Beauty Marbella que lo adquiere por 262.164,48 euros, y es el domicilio declarado de Marbella Clothes S.L, sociedad participada en un 65,22 por Jabor Magarpe constituida por José Luis Benavente Pérez, administrador único y en la que es apoderado Salvador Gardoqui Arias, y que tiene como objeto social la confección textil, fabricación, comercialización, exportación e importación y venta al por mayor y menor de productos textiles, artículos de complementos, marroquinería, joyería, perfumería y cosmética.. Obviamente Roca ha reconocido ser el titular real de Jabor Magarpe«.
Es decir, que ambas sociedades formaban parte principal del sistema de inversión y presunto blanqueo de Roca. Sin embargo no es esta la única coincidencia que demuestra el buen tino de Hernández Moltó a la hora de escoger colaboradores de «reconocida solvencia profesional y empresarial«. Ya he dicho que MASDEVALLIA y su consorte ONE PROPERTIES, operaban en Los Alcázares, en el Plan Parcial Torre del Rame y, como se ha visto aquí en los capítulos I y IV de «La Conexión Malaya«, la CCM no sólo ha financiado los proyectos de Roca en el lugar, sino que ha intervenido allí directamente como «socio» de Enrique Ventero Terleira, uno de los detenidos e imputados en el caso Malaya, a través de dos hombres de confianza de Hernández Moltó, a saber: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, vicepresidente y consejero de VILLA ROMANA GOLF, empresa que actúa en Carranque e inscrita en el grupo PEYBER.
Resumiendo: que MASDEVALLIA y ONE PROPERTIES, disfrutaban de un préstamo de 40 millones de € concedido por la CCM; que estas sociedades de Roca, tenían y trabajaban con cuentas en la CCM; que Montserrat Corulla tambíen trabajaba con cuentas de la misma entidad; que CCM está asociada en el mismo proyecto en el que participa Roca, Torre del Rame, con Ventero Terleira, uno de los principales imputados del caso Malaya; que otros sujetos de polémico historial y cierta relación con los hechos de la Operación Ninette, que acabó con el Alcalde de Los Alcázares en prisión, como son Félix Marín García y Juan Gracia Jiménez, socio de Luis Portillo y de Aurelio González Villarejo, también reciben como medio de pago de los terrenos que le venden a Ventero Terleira (Las Lomas del Pozuelo) Talones bancarios expedidos por la CCM, porque se ve que Ventero también tiene cuenta abierta en la misma entidad… Que, en pocas palabras, CCM parece ser víctima de una atracción irrefrenable por personajes que acaban implicados en casos de corrupción en general y en el caso Malaya en particular.
Ahora, las dos sociedades de Roca en Los Alcázares, han presentado concurso de acreedores. Están en quiebra. El abogado de Roca, ese es su deber, acusa de la quiebra de las mercantiles a la desastrosa actuación de los administradores judiciales de las entidades (como si en la situación actual se pudiera encontrar a alguien lo suficientemente necio como para comprarle un chalet, por mucho campo de golf que tenga al lado, a Juan Antonio Roca o, incluso, a Enrique Ventero) pero lo indiscutible es que, por lo pronto, CCM se queda sin 40 millones de € de los que, andando el tiempo, cobrará lo que pueda… pero eso será, textualmente, el día del juicio.
Ahora, la pregunta es si es esta la única inversión de CCM relacionada con el núcleo duro del caso Malaya. Sería curioso encontrar a alguno de los más importantes «malayos» en Toledo. Si esto ocurriera, y no digo yo que no ocurra, también será curioso ver con quiénes están haciendo negocios.
En fin, me ratifico en lo que dije en cierto momento. Alejandro Pompa no es un hombre luminoso, pero sí es un extraordinario «conductor de luz».
Según un despacho de Europa Press hecho público hoy, Carmen Riolobos se pregunta por los «intereses ocultos» que hay tras la «ocurrencia» de Barreda (un presidente al que bien se podría tener como fiduciario del consejero vitalicio José Bono, dicho esto, siempre, en términos políticos, faltaría más) De comprar con dinero público, es decir, con el de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, las viviendas que los promotores castellano-manchegos no están consiguiendo vender.
La señora Riolobos se pregunta por los beneficiarios de la «ocurrencia» de Barreda y también si está en las intenciones de este señor, de Barreda quiero decir, comprar al «Pocero» las viviendas que vegetan en el PAU del Quiñón, en Seseña. Es una buena pregunta, sin duda: Cui prodest…, pero insuficiente. Hay que concretar más si es que el PP de Toledo quiere abandonar la preocupante conducta omisiva con la que ha tolerado lo intolerable durante el último lustro. Veamos alguna de esas preguntas «más concretas»:
¿Qué hacen Juan Tomás Vidal, antiguo Director General de Hacienda, bajo la responsabilidad de Hernández Moltó, consejero entonces del mismo ramo, durante los gobiernos de José Bono; compartiendo administración en varias de las empresas del Grupo VEMUSA, el de Enrique Ventero Terleira, detenido e imputado en la Operación Malaya?.
¿Qué hace ese mismo Juan Tomás Vidal, junto con José Luis Rodríguez Holgado, compartiendo consejo de Administración con los hermanos Bermejo-Peinado (PEYBER) En la mercantil VILLA ROMANA GOLF, en Carranque?
¿Por qué José Manuel Tofiño Arrogante, hijo de Tofiño Pérez, alcalde de Illescas y presidente de la Diputación de Toledo, creó una sociedad junto con los hermanos Bermejo-Peinado (PEYBER) De forma simultánea a la tramitación y adjudicación de la contrata de mantenimiento de carreteras de la zona 2 de Toledo por un montante de 27 millones de Euros?
¿Por qué Tofiño Pérez, alcalde de Illescas, ha permitido que el hormigón de su amigo Carlos Durán Sánchez y de PEYBER, destruya un yacimiento arqueológico visigodo en la zona del arroyo de Bohadilla, en Illescas?
¿Cuál es el papel, en Illescas y en Carranque, de Aurelio González Villarejo, empresario de la construcción, amigo personal de José Bono y estrechamente relacionado con Juan Gracia Jiménez, administrador de PEINSA-97, empresa que ha salido a relucir en los principales casos de corrupción denunciados en Murcia, también en los vinculados a la operación Malaya?
¿Por qué Tofiño Pérez y Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque ahora imputado por delitos de corrupción, han dado o están dando la gestión del agua de Illescas y de la Sagra Alta a AQUALIA, empresa del grupo FCC, el de Alicia Koplowitz, la misma que acompañó a Aurelio González Villarejo y a Domingo Díaz de Mera, en el desembarco en COLONIAL, de la mano del ahora «despedido» Luis Portillo?
¿Hay más relaciones entre González Villarejo y la CCM, es decir, Hernández Moltó, y cualquiera de los implicados en la Operación Malaya?
¿Tiene Tofiño Pérez o cualquiera de los miembros de su familia, alguna relación con la mercantil URBAN CASTILLA-LA MANCHA, una de las firmantes del convenio de soterramiento de la vía férrea de Illescas?
¿Tiene la CCM alguna vinculación con CAJA SOL o con alguna de sus empresas relacionadas, Caja de Ahorros esta, que ha sido vinculada por la prensa con la trama vasca de la Operación Malaya o con directos implicados en dicha Operación?
¿Tiene la mercantil URBAN CASTILLA-LA MANCHA algún nexo con las empresas incluidas en la llamada «trama vasca» del caso Malaya?
¿Piensa Barreda comprar algunas de las 24.000 viviendas que Tofiño impulsa en Illescas y cuyos promotores principales son CARVIER (Carlos Durán Sánchez) DESARROLOS URBAPLANING-Grupo G.V. (Aurelio González Villarejo) y URBAN CASTILLA-LA MANCHA (Miguel Angel González Resino, en la primera foto de esta página)?
Para responder a todas estas preguntas y a otras muchas que son pertinentes, ya he dado algunos datos en esta página, y daré más, sin la menor duda. Entre tanto copio aquí, la nota publicada por Europa Press:
«Riolobos criticó la demagogia del vicepresidente primero, Fernando Lamata, al decir que los beneficiados serán los demandantes, ‘cuando sólo él y el señor Barreda saben realmente quien se va a beneficiar. No quieren que se conozca la verdad’. Asimismo, se preguntó ‘qué esconde y qué oculta’ el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, detrás de ese documento, informó el PP en nota de prensa.‘Firmar un plan sin que lo conozcan los legítimos representantes de la voluntad ciudadana –los diputados del Parlamento regional– no solamente es dudoso y malévolo, sino una práctica que repugna a la democracia y al derecho de los ciudadanos a conocer la verdad’, señaló Riolobos.La portavoz del PP se preguntó si en las viviendas que la Junta comprará a los promotores se incluyen también las viviendas de ‘El Pocero’ en Seseña (Toledo) que se han quedado sin vender y donde sobran ‘muchos miles‘, ya que, si el Ejecutivo autónomo se convierte en la mayor inmobiliaria de la región ‘hay muchas dudas en el aire y mucho interés oculto’ y los ciudadanos, también el medio millón de ellos que vota al PP, tienen derecho a conocer la verdad.‘José María Barreda está gobernando de espaldas a las instituciones y a los ciudadanos, pasa de consentir el urbanismo salvaje de su amigo ‘El Pocero’ a actuar como promotor inmobiliario que venderá viviendas más caras que las VPO. ¿Por qué no hace viviendas protegidas, más baratas?. Actúa como cuando se subió el sueldo de forma escandalosa o cambió la Ley Electoral de manera unilateral para poder perpetuarse en el poder’, declaró«.
La generosa financiación dada por la Caja capitaneada por Hernández Moltó a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo y a Enrique Ventero Terleira, es otro de los hechos escalofriantes acaecidos en el entorno político-económico de la Junta manchega. Ya dije aquí que CCM, según documentación que consta en el sumario del caso Malaya, había financiado a Roca la compra del palacio de Saldaña en Madrid, pero también, como en su día revelaron Alejandra Ramón y Javier Romera en El Economista, CCM ha prestado a algunos de los cabecillas de la trama Malaya –entre ellos al propio Roca– no menos de 200 Millones de €. Esta circunstancia no ha merecido la atención de la Fiscalía y, parece ser, tampoco de la inspección del Banco de España o, lo que es más sorprendente, de la oposición regional.
MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) –
No me consta la cuantía de ese crédito, pero teniendo en cuenta que el palacio de Saldaña, situado en la C/ Ortega y Gasset de Madrid, posiblemente la más cara de la capital, fue adquirido por la familia Sanahuja (los accionistas mayoritarios de METROVACESA) a CONDEOR por quince millones y medio de Euros (casi 2.580 millones de Pts.) Se puede tener una cierta idea del montante inicial de la operación o, dicho de otra forma, del precio que Roca, a través de CONDEOR, pagó por el edificio y, en consecuencia, del volumen del crédito concedido por la CCM a Roca para esta compraventa.
Sabemos, además, que la empresa que Ventero Terleira utiliza para sus negocios en los Alcázares, es decir, LAS LOMAS DEL POZUELO, tiene en su consejo de administración a dos hombres fuertes de CCM: José Luis Rodríguez Holgado y Juan Tomás Vidal, este último, alto cargo de los gobiernos de Bono en la región antes de pasar a la CCM de la mano de Hernández Moltó, que también fue consejero de Hacienda, en los gobiernos de Bono.
Se, y a partir de ahora lo sabemos todos, que las relaciones de Ventero con los entornos de Roca o que acabaron estando estrechamente vinculados a Roca, parecen remontarse muy lejos en el tiempo. Concretamente la empresa VENTERO MUÑOZ SA. tiene en su consejo de administración a un tal Pedro Viñolas Serra el cual, a su vez, es administrador de la mercantil BOLSA 8 AGENCIAS DE VALORES Y BOLSA SA de la cual fue Consejero Delegado Gonzálo Astorqui Zabala.
Los criterios de inversión de CCM en empresas ajenas, según declara la entidad en su propia página web, es decir, los requisitos que exigen a las empresas en las que invierten son los siguientes: 1.- Equipo directivo cualificado e identificado con su proyecto empresarial. 2.- Proyecto atractivo y con perspectivas de rentabilidad. 3.- Estrategia producto-mercado claramente definida. 4.- Potencial de crecimiento. 5.- Socios de reconocida solvencia financiera y empresarial.
Según un despacho de Europa Press hecho público hoy, Carmen Riolobos se pregunta por los «intereses ocultos» que hay tras la «ocurrencia» de Barreda (un presidente al que bien se podría tener como fiduciario del consejero vitalicio José Bono, dicho esto, siempre, en términos políticos, faltaría más) De comprar con dinero público, es decir, con el de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, las viviendas que los promotores castellano-manchegos no están consiguiendo vender.
¿Cuál es el papel, en Illescas y en Carranque, de Aurelio González Villarejo, empresario de la construcción, amigo personal de José Bono y estrechamente relacionado con Juan Gracia Jiménez, administrador de PEINSA-97, empresa que ha salido a relucir en los principales casos de corrupción denunciados en Murcia, también en los vinculados a la operación Malaya?
«Riolobos criticó la demagogia del vicepresidente primero, Fernando Lamata, al decir que los beneficiados serán los demandantes, ‘cuando sólo él y el señor Barreda saben realmente quien se va a beneficiar. No quieren que se conozca la verdad’. Asimismo, se preguntó ‘qué esconde y qué oculta’ el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, detrás de ese documento, informó el PP en nota de prensa. ‘Firmar un plan sin que lo conozcan los legítimos representantes de la voluntad ciudadana –los diputados del Parlamento regional– no solamente es dudoso y malévolo, sino una práctica que repugna a la democracia y al derecho de los ciudadanos a conocer la verdad’, señaló Riolobos. La portavoz del PP se preguntó si en las viviendas que la Junta comprará a los promotores se incluyen también las viviendas de ‘El Pocero’ en Seseña (Toledo) que se han quedado sin vender y donde sobran ‘muchos miles‘, ya que, si el Ejecutivo autónomo se convierte en la mayor inmobiliaria de la región ‘hay muchas dudas en el aire y mucho interés oculto’ y los ciudadanos, también el medio millón de ellos que vota al PP, tienen derecho a conocer la verdad. ‘José María Barreda está gobernando de espaldas a las instituciones y a los ciudadanos, pasa de consentir el urbanismo salvaje de su amigo ‘El Pocero’ a actuar como promotor inmobiliario que venderá viviendas más caras que las VPO. ¿Por qué no hace viviendas protegidas, más baratas?. Actúa como cuando se subió el sueldo de forma escandalosa o cambió la Ley Electoral de manera unilateral para poder perpetuarse en el poder’, declaró«.
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