El hijo de Méndez Pozo: “volveremos a invitar a aquellos políticos y técnicos municipales que nos han demostrado colaboración leal”

Miguel Antonio Méndez Pozo

Ayer, Periodista Digital, publicaba que el Grupo Promecal, es decir, el buen amigo de Bono y Barreda, «Michel» Méndez Pozo, cerraba sus cabeceras de La Tribuna de Cuenca y Guadalajara y ponía en la calle, de momento, a 90 trabajadores.

Con esta medida, Méndez Pozo dice que «intenta consolidar la actividad y el compromiso adquirido con Castilla-La Mancha ―l’État c’est moi, que dirían Bono o Barreda― manteniendo el mayor número posible de puestos de trabajo en esta Comunidad Autónoma».

Miguel Antonio Méndez Pozo, es un conocido empresario de la construcción en las dos Castillas desde que, condenado en 1992 ―un auténtico pionero, en esto― por el «caso de la construcción» de Burgos, ingresó en prisión.

En los últimos tiempos, tras resurgir espectacularmente de las cenizas del presidio, ha adquirido notoriedad en Castilla-La Mancha, no sólo por su estrecha relación con Barreda y con el propio José Bono, quien llegó a decir, según publicó El Semanal Digital, «que le hubiese gustado conocerle de niño para jugar a las canicas con él», sino por su presencia en los negocios del aeropuerto de Ciudad Real y de «El Reino de Don Quijote» y por dominar, junto a sus socios Domingo Díaz de Mera y Aurelio González Villarejo, buena parte de los medios regionales de información.

José Luis Ulibarri, imputado en la Operación Gürtel

Sin embargo, desde aquel 1992, sus actuaciones han venido rayando lo discutible, lo muy discutible e, incluso, los sospechoso. Con los pies firmemente apoyados en las dos orillas de la política española, en Burgos, bajo la autoridad regional del PP, ha resultado adjudicatario de la concesión de televisión digital de Castilla y León asociado con José Luis Ulibarri, el imputado en la Operación Gürtel.

En Castilla-La Mancha, con un gobierno de aparente signo contrario, a más de optar también a la concesión de una televisión digital y de mantener, como vengo diciendo, una pública y notoria cercanía a José María Barreda, se acaba de ver favorecido por una modificación ad hoc de la Ley del Suelo regional que le permitirá convertir ―a él y a sus socios― el «Proyecto de Singular Interés» del aeropuerto de Ciudad Real en un saneado negocio de venta de parcelas industriales, previamente expropiadas a los labradores del lugar al atractivo precio de 54 céntimos el metro cuadrado.

Ahora, la recesión y el fiasco inmobiliario están poniendo en peligro la buena fortuna conseguida por Méndez Pozo tras su salida de prisión. Sin embargo no hay que confiar mucho en el efecto profiláctico de la crisis. El favor político puede, muy bien, invertir el proceso de «selección natural» que desde los tiempos de Adam Smith se atribuyen a aquélla, pues no tienen por qué sobrevivir los más aptos, sino lo más protegidos y Méndez Pozo sabe cómo buscar el cobijo necesario o, al menos, eso parece desprenderse de los siguientes hechos.

El 6 de agosto de 2006 El Semanal Digital se hacía eco de unas declaraciones de Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Méndez Pozo. Durante la inauguración de un tramo de la circuvalación de Burgos adjudicado a una UTE en la que participaba una de las empresas de su padre, el hijo tomó la palabra y declaró:

«El próximo año yo calculo que por el mes de marzo o mes de abril nueve amigos de esta ciudad y empresarios nos volveremos a marchar de viaje aprovechando como disculpa una Feria de Construcción, un algo de Urbanismo, alguna cosa, y si Dios quiere volveremos a invitar a aquellos políticos y técnicos municipales que nos han demostrado colaboración leal y honestidad hasta… hasta el infinito, porque además las empresas que participamos en estas UTES no sabemos agradecerles su dedicación de otra forma».

Dos meses antes, eso mismo, «agradecerles su dedicación» es lo que este grupo de empresarios, incluido Miguel Méndez Pozo, había hecho al invitar al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Javier Lacalle, y a los técnicos de su departamento a pasar, gratia et amore, tres días en la Riviera francesa.

Inmediatamente después de este viaje, los generosos empresarios tuvieron la suerte de resultar adjudicatarios de la construcción de un túnel en la calle Islas Baleares, de Burgos. La oferta, aún siendo la más cara, fue informada favorablemente en tanto que incluía una alternativa de tráfico durante la construcción. No obstante, concedida ya la obra, los adjudicatarios presentaron una modificación del proyecto, que les fue aprobada, en la que esta ventaja, decisiva para la adjudicación, fue suprimida.

¿Es o ha sido CCM instrumento de financiación de la corrupción inmobiliaria?

Diario El Mundo, 16 de marzo de 2009

La respuesta a la pregunta de si CCM ha servido o aún sirve como instrumento financiero de una red de corrupción o de negocios corruptos, la tendrán que dar los tribunales cuando los hechos, como parece más probable cada día que pasa, que han llevado a CAJA CASTILLA-LA MANCHA a su actual quiebra, sean sometidos al escrutinio de los Tribunales.

Lo que hasta ahora conocemos es una acumulación notable de coincidencias que levantan vivas sospechas y hacen que crezca, día a día, la presunción de que en el estado actual de CCM concurre algo más que una imperdonable negligencia.

En este sentido, la información que hoy publica El Mundo es especialmente significativa. Según este periódico, que cita un informe de la Inspección del Banco de España, estos serían los créditos concedidos por CCM a constructores cercanos o que mantienen pública y notoria amistad con Barreda:

Aurelio González Villarejo disfruta de 220 Millones de Euros (36.604.920.000 de Pts.) Este dinero fue utilizado, en su mayor parte, para acompañar a Luis Portillo en su apresamiento de INMOBILIARIA COLONIAL, entre otros, junto a Domingo Díaz de Mera y Juan Gracia Jiménez (relacionado en Murcia con el malayo Ventero Terleira y, presuntamente, con Juan Antonio Roca en el Plan Parcial Torre del Rame.

González Villarejo también es uno de los constructores relacionados con el PAU de las 24.000 viviendas y el soterramiento de la vía férrea en Illescas (Toledo) y con los PAUs de las Montanillas en Carranque, igualmente de la provincia de Toledo.

Enrique Ventero Tereleira, es decir, VEMUSA y asociadas, debe a CCM la discreta cantidad de 101 Millones de Euros (16.804.986.000 Pts.). Ventero, además de deudor de la Caja, es socio de ésta. Recordemos a Juan Tomás Vidal y a José Luis Rodríguez Holgado, hombres de confianza de Hernández Moltó, en el consejo de administración de LAS LOMAS DEL POZUELO, en Los Alcázares, escenario de la Operación Ninette, donde son vecinos de Juan Antonio Roca. Recordemos también que Enrique Ventero Terleira fue detenido durante la Operación Malaya y está en libertad bajo una de las fianzas más altas del caso. Recordemos, igualmente, que Ventero participa entre otros muchos negocios, en el asunto de los terrenos del Vicente Calderón y de la fábrica de cervezas Mahou, junto al prófugo indultado Marc Rich y junto a los herederos de Jesús Gil.

Domingo Díaz de Mera, constructor y magnate de la prensa regional

Domingo Díaz de Mera debe a CCM, por un lado, 110 Millones de Euros (18.302.460.000 de Pts.) Por otro, a través de la instrumental GLOBAL CONSULTING PARTNERS en donde participa con los hermanos Barco Fernández y con Román Sanahuja, debe 163 Millones de Euros (27.120.918.000 de Pts.). Este constructor ciudadrealeño, además de ser amigo declarado de Barreda, está imputado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, por el caso El Monte y, en concreto, por la venta a precio artificiosamente disminuido, según la Fiscalía, de las acciones que esta caja tenía en HC.

Ignacio Barco Fernández, además de ser un socio habitual de Domingo Díaz de Mera, debe por su cuenta a CCM unos 343 Millones de Euros (57.070.398.000 Pts.). De momento Ignacio Barco no está imputado en ninguna causa abierta, sin embargo aparece relacionado, aunque indirectamente, con la Finca de Bargas propiedad de PUERTA ORO TOLEDO, sociedad en la que participan el malayo Pedro Román Zurdo, su socio y también socio de Roca, Juan María López Alvarez, SACYR VALLEHERMOSO y la mercantil SEROBE XXI.

Concretamente la constructora UFISA INVERSIONES está administrada por Ricardo López Rivera y por Santiago Mateo Sahuquillo quien también es un socio habitual de Domingo Díaz de Mera y de Ignacio Barco Fernández.

Esta mercantil, UFISA, hizo público el 29 de agosto de 2005 el PAU sobre la finca Alcalvín Bajo, en Bargas, adquirida, meses antes, por PUERTA ORO TOLEDO, es decir, por Pedro Román, por Juan María López Alvarez, etc. Posteriormente, UFISA intentó desistir de su condición de agente urbanizador de Alcalvín por lo que se tuvo que enfrentar a un pleito interpuesto por el Ayuntamiento de Bargas, regido por Gustavo Figueroa Cid que además es vicepresidente de la Diputación de Toledo y mano derecha de José Manuel Tofiño Pérez, el presidente de dicha diputación y alcalde de Illescas. Finalmente, la propia PUERTA ORO TOLEDO se hizo cargo de ese PAU el día 20 de abril de 2006.

Román Sanahuja, el mismo que acaba de perder METROVACESA, tiene créditos concedidos por CCM que ascienden a 121 Millones de Euros (20.132.706.000 Pts.). Además, se encuentra imputado, junto a Domingo Díaz de Mera, José María Bueno Lidón y José Selfa de la Gándara, por el caso El Monte o Cajasol, al que ya he hecho referencia antes.

Antonio Miguel Méndez Pozo a su salido de la prisión de Burgos

Antonio Miguel Méndez Pozo, otro de los que públicamente muestran su amistad y cercanía con José María Barreda, también ha sido agraciado con créditos de la CCM por valor de 115 Millones de Euros (19.134.390.000 Pts.). Méndez Pozo es hoy un reconocido empresario de la construcción y de la prensa regional que casi ha hecho olvidar su condición de condenado a prisión por el «Caso de la Construcción de Burgos».

Actualmente, no sólo participa en negocios ruinosos como el del Aeropuerto de Ciudad Real, sino también en otros menos conocidos como el del PAU que comparte en Cuenca, en las proximidades del apeadero del AVE, con el consejero del PP en CCM, Germán Chamón, el mismo que, rompió la disciplina de su partido y permaneció junto a Hernández Moltó en el Consejo de la Caja.

Así se podría seguir, según El Mundo, hasta un máximo de 20 constructores que acaparan en créditos 3.136 millones de Euros, medio billón largo de pesetas. Los citados aquí son, sin duda, los más significativos y los de mayor relevancia en lo que se refiere a la cuantía de la deuda y a la cercanía al poder político de Toledo, pero hay otros que a pesar de no acaparar cifras tan fabulosas, merecen ser tenidos en cuenta.

Jesús Mª G. Peinado, socio de Peyber y Villa Romana Golf

En Carranque, Toledo, la mercantil VILLA ROMANA GOLF, de la que es socio el amigo íntimo del alcalde Pompa, a la par que aparejador municipal (en excedencia últimamente) Jesús María G. Peinado está participada en un 25% por CCM.

Esta sociedad, que se alzó con la concesión del PAU del campo de golf de ese pueblo en un tiempo récord y en medio de las fiestas de navidad, tiene dos líneas de crédito concedidas por CCM que juntas ascienden a 9.500.000 € (1.580.667.000 Pts.) de los que ya ha dispuesto de 9.450.172,54 €.

En los terrenos del campo de golf de Carranque aún no se ha movido una piedra de su sitio. Es más, con la plena comprensión del alcalde Pompa (que, por cierto, tiene causa penal abierta por la concesión de ese mismo PAU) La mercantil VILLA ROMANA GOLF ha conseguido que el Ayuntamiento le aplace, sin garantías y sin intereses, cerca de tres millones de euros en distintas tasas e impuestos, a más de tener por no aprobado definitivamente el PAU, lo que permite a la empresa de CCM y del aparejador municipal, retrasar el pago a los propietarios de suelo que comprometieron sus terrenos mediante contratos de arras.

Mil seiscientos millones de pesetas no son veinte mil, ni once mil, ni diecinueve mil millones, pero no hay que restar valor a esa cantidad.

Tampoco deben caer en el olvido los 40 millones prestados a Roca en Murcia, los millones que hayan sido, no pocos sin duda, los prestados a este mismo Roca para que comprara el Palacio de Saldaña o los 30 millones prestados a Pedro Román Zurdo, Juan María López Alvares y sus otros socios para hacerse con la finca de Bargas llamada Alcalvín.

Tengo la impresión de que algún que otro dignatario toledano y no toledano empieza a pensar que, quizás, no habría estado tan mal que el alcalde Pompa perdiera las elecciones de 2007.

La red de las televisiones

Un oligopolio frustrado.

Según publicó en su momento el diario “El Mundo”, el 9 de marzo del 2000 se celebró una reunión en el Palacio de Funsalida, sede del Gobierno regional de Castilla-La Mancha. A dicha reunión asistieron el que entonces era vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, José María Barreda; el presidente de Caja Castilla-La Mancha, que lo sigue siendo en la actualidad, Juan Pedro Hernández Moltó y cinco empresarios propietarios de medios de comunicación en la región, a saber:

José Vicente García Palazón (Televisión Albacete)

Domingo Díaz de Mera (Televisión Ciudad Real)

Santiago Mateo (Tele-Cuenca)

Francisco Castellanos (Surco TV, de Tomelloso)

Javier Busnadiego (Tele-Toledo)

Estos, sin embargo, no fueron los únicos presentes. Además de ellos, también estaba allí el constructor Aurelio González Villarejo, ya entonces socio de Domingo Díaz de Mera según informaba “El Mundo”.

El proyecto que José Bono, a la sazón presidente de la Comunidad, quería poner en marcha, con José María Barreda como “mandatario, era la creación de un grupo de comunicación que uniera a esas cinco televisiones en la órbita del poder regional.

En tal sentido, de la reunión salió un “protocolo” de intenciones para la futura creación del holding televisivo. A dicho holding mediático, los que se adhirieran al acuerdo, cederían el 51% de las participaciones que tuvieran en sus respectivas televisiones. Esa adquisición se formalizaría mediante compra o ampliación de capital y tras ella, la participación que mantendría cada uno de los cinco grupos en la nueva sociedad, no podría superar el 20%.

Por su parte, Hernández Moltó, asistía al conciliábulo en calidad de garante de la financiación necesaria, naturalmente, con el dinero de la CCM.

La noticia continuaba diciendo que “según ha podido saber ‘El Mundo’, José Vicente García Palazón, Domingo Díaz de Mera y Aurelio González Villarejo apoyaron decididamente el proyecto”.

Sin embargo y como era de esperar, la oposición saltó como granizo en albarda. Miguel Angel Monserrat, en aquel momento portavoz del PP en el parlamento regional, pidió que José María Barreda «informe qué hay de cierto sobre este asunto y qué pretende con este hantaje a todas luces impresentable».

Barreda no informó de nada y, en su lugar, un portavoz del gobierno regional negó a “El Mundo” que la propuesta de la creación del “holding” partiera de la Vicepresidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, es decir, de Barreda.

Una nueva oportunidad. Los canales de televisión digital.

Ahí terminó el proyecto o, mejor dicho, terminó hasta fechas recientes porque el 16 de enero de 2008 “El Digital de Castilla-La Mancha” publicaba una noticia sobre la concesión de dos nuevos canales regionales de televisión digital. En relación con esto, los “licitadores” con mayores posibilidades de éxito, según este diario, eran Domingo Díaz de Mera, José Vicente García Palazón y Antonio Miguel Méndez Pozo, por este orden.

De estos tres, recordemos, tanto Domingo Díaz de Mera como José Vicente García Palazón, asistieron a la reunión del año 2000 con Barreda, Hernández Moltó y González Villarejo, y apoyaron firmemente el proyecto. Por el contrario, Antonio Miguel Méndez Pozo, más conocido como “Michel” Méndez Pozo, entonces ni estaba, ni se le esperaba.

Con este dato sobre la mesa, bien se podría pensar que el dinero de “Michel” Méndez Pozo compite en esta adjudicación con el de los dos hombres de la órbita bonista: Díaz de Mera y García Palazón, tanto más cuanto que los medios de comunicación propiedad de Mendez Pozo en Burgos son especialmente ácidos con el PSOE, a más de que los inicios de “Michel” están estrechamente ligados al PP de Castilla y León en general y a José María Aznar en particular, desde los tiempos en que éste fuera presidente de esa Comunidad Autónoma.

Éxito de la reinserción social.

Esta suposición puede ser demasiado arriesgada si ponemos un poco de atención en la persona de Méndez Pozo. Empresario de la construcción y propietario de un número considerable de medios de comunicación (15 cabeceras de periódico en Castilla y León y Castilla-La Mancha y tres canales de televisión regionales) Es persona que conoce la cárcel, concretamente la Prisión Provincial de Burgos en donde ingresó el 23 de septiembre de 1994 después de que el Tribunal Constitucional no admitiera a trámite el recurso de amparo presentado por sus abogados.

Hasta la cárcel le había llevado una condena por estafa dictada a raíz del llamado “Caso de la Construcción” de Burgos en el que se mezclaba, según dijeron entonces los periódicos, el enriquecimiento particular de un alcalde, de varios concejales, del propio “Michel” y la financiación del PP regional.

La sentencia fue de 7 años de prisión, pero Méndez Pozo no estuvo tanto tiempo entre rejas. De hecho, el 15 de junio de 1995 se le concedía el tercer grado y podía volver a poner los pies en la calle.

La decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria fue muy acertada porque, la trayectoria posterior del constructor y empresario de la comunicación demostró, sin dejar lugar a dudas, el éxito de las medidas de reinserción social puestas en marcha por Instituciones Penitenciarias.

A día de hoy, Antonio Miguel Méndez Pozo es un muy respetado empresario con los pies sólidamente cimentados en cada una de las orillas de la política española o, mejor dicho, en cada una de las dos Castillas.

Pongamos un ejemplo ilustrativo: el día 28 de abril de 2006, se inauguró en Burgos la nueva sede de su grupo empresarial de Mendez Pozo (PROMECAL). A este evento no sólo acudieron los Príncipes de Asturias. Allí estuvo, por supuesto, Juan Vicente Herrera, Presidente del la Comunidad de Castilla y León, y Monseñor Antonio Cañizares, pero tampoco faltaron José María Barreda y Hernández Moltó, presidente de la CCM, entidad que financia buena parte de los negocios de Méndez Pozo y que comparte sociedades con él. Faltó José Bono, quien mantiene o hasta ahora ha mantenido una muy estrecha y pública amistad con “Michel”.

Una comida en el hotel NH Palacio de la Merced.

No acaban aquí las coincidencias interesantes de la celebración. Tras la correspondiente visita a la Catedral, hubo comida que corrió a cargo de los presupuestos de la Junta de Castilla y León y no pesó, como cabría esperar, sobre el Grupo PROMECAL.

El almuerzo tuvo lugar en un hotel significativo: el NH PALACIO DE LA MERCED, es decir, en uno de los hoteles de la Cadena NH, la misma que negociaba con Montserrat Corulla la compra del Beti Jai en Madrid; la misma para la que trabaja Heraclio Lópe-Sevillano, invitado junto a su esposa al menos a una fiesta de Juan Antonio Roca y la misma para la que trabajan Gabriele Burgio y Roberto Chollet Ibarra, socios de la mercantil MOLA 15 S.L. cuyos otros administradores son, además de los citados Burgio y Chollet, las sociedades VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A.U (Grupo SACYR-VALLEHERMOSO) ECOPROYECT 22 S.L. (administrada por Juan María López Alvarez, socio de Montserrat Corulla y de otros en EL ANGEL DE TEPA), VERAM A.G. (domiciliada en Suiza, administrada por Bruno Baumann, a quien en el contexto de la investigación de la Operación Malaya se le tiene por testaferro de Pedro Román Zurdo) e INVERSIONES GRANCASA S.A. (algunos de cuyos consejeros poseen acciones o cargos de representación en la mercantil EL TIRO DE MURCIA S.L., de la que también es accionista ECOPROYECT 22 S.L.) En definitiva, la misma CADENA NH en la que aparecen como consejeros los nombres de Antonio y Domingo Díaz de Mera.

La comunidad de intereses entre Méndez Pozo, Díaz de Mera y González Villarejo.

A estas alturas, por tanto, ya se puede decir que la asignación a “Michel” Méndez Pozo de uno de los dos canales de televisión digital de Castilla-La Mancha no es algo que, precisamente, preocupe al Presidente Barreda o al Consejero Vitalicio José Bono o a alguno de los otros licitadores con posibilidades de éxito. Sin embargo, las amistades personales no son la única cosa que debilita la libre competencia en la concesión de estos canales. Resulta, además, que Antonio Miguel Méndez Pozo y Domingo Díaz de Mera son socios.

En Ciudad Real se está desarrollando un fabuloso proyecto inmobiliario que hace palidecer al ya famoso de “Terra Mitica”, el cual comprenderá zonas residenciales, un parque temático, un hotel casino, digna imitación de los esperpentos del desierto de Nevada, el inevitable campo de golf etc.

En concreto, el grupo estadounidense HARRAH (casinos en Las Vegas, entre otras cosas) Tiene previsto poner en funcionamiento no más allá del 2010, un casino y un hotel que superará las 800 habitaciones. En este proyecto el Grupo HARRAH mantiene un 60% y el otro 40% es propiedad de la mercantil EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA S.A., en cuyo consejo de administración están Domingo Díaz de Mera como vicepresidente y Antonio Miguel Méndez Pozo, como administrador, entre otros, naturalmente, pues tras este proyecto ciclópeo levantado sobre la finca Valcansado, a poco más de tres kilómetros de Ciudad Real, están o han estado AVANTIS-GEDECO, entidad relacionada con el Grupo DICO, el Grupo NATURA, relacionado con ARICAM, URBANIZACIONES BURGALESAS, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACION S.A. (por lo tanto, también a Aurelio González Villarejo, socio de esta entidad) IBERDROLA INMOBILIARIA SA, etc.

Los negocios de Antonio Miguel Méndez Pozo, Domingo Díaz de Mera y Aurelio González Villarejo.

A propósito de Aurelio González Villarejo, quien fue pionero en apoyar el control económico y político de las televisiones en Castilla-La Mancha no podía estar muy lejos del actual proyecto. De hecho Méndez Pozo y González Villarejo también son socios o si ya no lo son, lo han sido hasta hace muy poco.

GLOBAL CARTERA DE VALORES S.A. es una sociedad estrechamente relacionada con Domingo Díaz de Mera, aunque ni él ni su hermano Antonio, aparezcan en el Consejo de Administración. Con un capital social de 200.000.000,00 €, de los cuales están desembolsados 190.000.000,00 €, la entidad está presidida por Ignacio Barco Fernández, socio de Díaz de Mera en la mayor parte de sus compañías. En su consejo de administración también aparecen, desde el 29 de enero de 2008, entre otros, la CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA y Alberto González Tostado, es decir, el hijo de Aurelio González Villarejo y administrador, junto a Román Conde Alonso, de DESARROLLOS URBAPLANING S.L., como ya se sabe, promotora de los PAUs de “Las Montanillas” en Carranque.

Pero quienes constaban como administradores de la empresa antes de esta fecha y que aún pueden ser accionistas aunque no tengan cargo en el consejo, tienen igualmente un considerable interés:

IGNACIO BARCO FERNANDEZ, socio de Domingo Díaz de Mera, como se acaba de decir.

LUIS ANTONIO DELSO HERAS

GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL, es decir, Domingo Díaz de Mera.

ANTONIO MIGUEL MENDEZ POZO, que cesó como consejero el 25 de febrero de 2008

VISTA BV

En definitiva, todo parece indicar que Aurelio González Villarejo, Domingo y Antonio Díaz de Mera, “Michel” Méndez Pozo y los hombre de la CCM forman una gran familia cuyos intereses confluyen y en absoluto entran en conflicto. No acaban aquí las coincidencias puesto que, como veremos en breve, muchos de los que aquí se citan, también son próximos de otro importante empresario con serios intereses y algunos problemas en Marbella: Luis Portillo.

Así que “miere vuestra merced que aquellos que a allí se parecen no son molinos de viento, sino gigantes”.

Las viviendas público privadas de Barreda

Alejandro Pompa no es un hombre “luminoso, pero sí un buen conductor de luz”. Iluminó la escena de Carranque, enseguida la de Illescas y su foco ya empieza a alumbrar las escalinatas del palacio de Funsalida.

Digo esto porque no estaría de más que, con la luz que refleja Pompa, se lea e interprete la “ocurrencia” de Barreda de promover “viviendas público-privadas” garantizando a los promotores la financiación y la compra con dinero público de sus promociones si estos no consiguen venderlas.

Cayo Lara, coordinador regional de IU en Castilla la Mancha considera esta “iniciativa” una forma de burlar el compromiso electoral de Barreda sobre vivienda protegida. Es cierto, pero hay que preguntarse por qué Barreda siente ese impulso tan irresistible, por qué necesita transformar en privado lo público, es decir, por qué necesita eludir las limitaciones y controles que impone la legislación sobre vivienda protegida. También, por supuesto, hay que preguntarse a quién beneficia el invento, cui prodest?

Este pacto por la vivienda, el “Pacto del Cigarral”, lo ha firmado Barreda con la Confederación de Empresarios de Castilla la Mancha, la misma organización, patronal o lobby, en la que tienen un papel muy destacado o dominante Aurelio González Villarejo o Domingo Díaz de Mera, ambas personas ligadas a José Bono y, por tanto, a Hernández Moltó, desde antiguo, como también lo puede estar otro “empresario”, Antonio Méndez Pozo, que alcanzó cierta notoriedad en Burgos hace algunos años y que, ahora, la está alcanzando en Castilla la Mancha.

El interés de estos y otros empresarios en el “Pacto del Cigarral” es comprensible. Lo que está en peligro no es sólo la inversión de la CCM o de la CAM en las 14.000 viviendas de “El Pocero” sino, por ejemplo, el tinglado de “El Reino de Don Quijote”, una mezcla de parque temático, gigantesca promoción inmobiliaria y acumulación de garitos de juego de azar; las 24.000 viviendas de Tofiño en Illescas; las 3.000 que, más o menos están en marcha en Carranque, el no inferior tinglado urbanístico de Borox, con alcaldesa consorte administrando una promotora inmobiliaria cuyo capital social alcanza, si no recuerdo mal, los doscientos millones de pesetas… Y todo esto cubierto por una impresionante madeja de “razones sociales” tras las cuales, siempre, acaban apareciendo, tenazmente, los mismos nombres y la misma estrecha relación, ya sea financiera o personal, con el poder político de la región.

La “ocurrencia” de las “viviendas público-privadas” puede interpretarse como una opción política, buena o mala, pero también como el síntoma de una infiltración irreversible del interés privado, en la cosa pública,de la transformación de la Cosa Pública en Cosa Nostra, de manera que “promotor” y “legislador” se confunden en un sistema perverso en el que la zorra cuida de las gallinas y en el que le ley se hace para garantizar sinecuras y canongías, beneficios, en definitiva, para los bolsillos privados de aquellos que hacen las leyes públicas.

Cayo Lara afirmaba, según publica Europa Press, que “esta medida tomada por el Ejecutivo regional es ‘una cortina de humo’ para incumplir los compromisos que adquirió en las elecciones de construir 50.000 VPO, ‘saliendo con la historia de las VIPP que fomentan la compra de viviendas libres’”.

También aseguró que “el ‘Pacto del Cigarral’, como lo llamamos nosotros, ha nacido muerto y es un fracaso urbanístico, porque ha sido impulsado por unos cuantos promotores«, y el apoyo de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, «es puramente testimonial, ya que ahí tenemos la opinión de Pedro Solbes, de no apoyar a los constructores que han estado especulando estos años, que tiene más peso en el Gobierno que la opinión de una ministra que acaba de llegar”.

Es, creo yo, mucho más que eso, es el aviso de un mundo obsceno, que amenaza con llegar, si es que no está llegado ya, en el que el robo no puede ser delito puesto que es el ladrón quien hace la ley. La cuestión es ¿quién puede vivir en un mundo así? Nadie, me parece a mí, porque hasta la Cosa Nostra siempre ha tenido sus leyes.