NOTITIA CRIMINIS

La imputación de Hernández Moltó, las zonas oscuras de CCM y las nuevas formas de corrupción

Posted in Barreda, CCM, Hernández Moltó, Uncategorized by Die Rote Kapelle on 12 enero 2011

Barreda, la consejera Araujo y el imputado Moltó

Finalmente, Hernández Moltó, el “inquisidor” de Mariano Rubio, el recto hombre político que podía sostener la mirada a cualquiera, el amigo íntimo de José Bono, el ex diputado, el ex consejero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el destituido presidente de CCM; está imputado a causa de los presuntos delitos cometidos durante lo que bien se puede llamar el saco de la caja de ahorros manchega.

Esta imputación trae cuenta del informe elaborado por los inspectores del Banco de España y remitido hace algunos meses a la Fiscalía Anticorrupción. Parte de ese informe –que se puede descargar desde este enlace– se ha filtrado a la prensa y en él tienen protagonismo muy señalado los habituales nombres que llevan años merodeando por los pasillos del palacio de Fuensalida: Domingo Díaz de Mera, los hermanos Barco Fernández, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo e incluso la laureada Petra Mateos Aparicio.

Simplificando las cosas, lo que en el citado documento se destapa es la servidumbre sistemática del aparato financiero dominado por la Junta de Bono y Barreda –es decir, de CCM– hacia las operaciones de esos personajes, todos los cuales mantienen una pública, manifiesta y reconocida cercanía personal a los citados Bono y Barreda.

Coincidiendo con eso, la atención de la política regional, ante el fiasco de la Caja, se ha centrado en asuntos tan turbios como el demencial aeropuerto de Ciudad Real o el misterioso agujero de la Fundación Virtus. En menor medida y sólo debido al impulso dado a la causa por IU y especialmente por Cayo Lara, también en el caso del Pocero de Seseña, donde por no faltar, no falta ni la mafia calabresa, la ‘Ndrhangheta.

Sin embargo son más las cosas destapadas en Castilla-La Mancha y más concretamente en Toledo, que provocan una acuciante preocupación. Recordemos algunos de las más señaladas.

Allá por las postrimerías de 2006 Notitia Criminis reveló que el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, José Manuel Tofiño Pérez había impulsado un proyecto de privatización del mantenimiento de las carreteras de la provincia, del cual había resultado la concesión a una de las empresas del grupo PEYBER de una contrata de 27 millones de €. Al mismo tiempo, los propietarios del mencionado grupo crearon otra empresa –SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS– en la que participaba como socio el hijo del señor Tofiño, un joven con los estudios de arquitectura recién terminados. Denunciado el caso por IU, la Fiscalía de Toledo consideró que no había nada que investigar en este asunto. Por su parte, Tofiño y Gregorio Fernández Vaquero, otro alto cargo del PSOE toledano, se apresuraron a contratar los servicios del bufete Garrigues para intentar –inútilmente, a la vista está– silenciar a este modesto blog.

También se ha revelado aquí otro hecho que induce, inevitablemente, una viva sospecha. Se trata de la presencia en el pueblo toledano de Layos de la llamada “Trama Vasca” o “Trama Vasco-Malaya”, un enrevesado y complejísimo entramado empresarial en el cual relumbran nombres como el de Javier Arteche Tarascón –presunto testaferro de Juan Antonio Roca e imputado en piezas separadas del caso Malaya– Luis Maya Galarraga, Maria Eugenia Yeregui Kinkel, Ignacio Lasa Georgas, etc. En este caso, no sólo la Fiscalía ha considerado irrelevante el asunto, sino que toda, repito, toda la prensa, ha guardado un reverencial silencio, pudiera ser porque asociado con esos personajes aparece ahí –concretamente en la mercantil LAYOS CASA CAMPO– el apellido Oriol e Ibarra.

La generosa financiación dada por la Caja capitaneada por Hernández Moltó a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo y a Enrique Ventero Terleira, es otro de los hechos escalofriantes acaecidos en el entorno político-económico de la Junta manchega. Ya dije aquí que CCM, según documentación que consta en el sumario del caso Malaya, había financiado a Roca la compra del palacio de Saldaña en Madrid, pero también, como en su día revelaron Alejandra Ramón y Javier Romera en El Economista, CCM ha prestado a algunos de los cabecillas de la trama Malaya –entre ellos al propio Roca– no menos de 200 Millones de €. Esta circunstancia no ha merecido la atención de la Fiscalía y, parece ser, tampoco de la inspección del Banco de España o, lo que es más sorprendente, de la oposición regional.

Así mismo, y relacionado con lo anterior, ha sido mínimo el revuelo levantado por el descubrimiento de que CCM participaba en varias sociedades con el imputado en Malaya, Enrique Ventero Terleira y con el también imputado en pieza separada del caso, Luis Portillo, el artífice de la quiebra de Inmobiliaria Colonial.

No obstante, si hay un caso flagrante en relación con esta vinculación de CCM con las tramas de corrupción marbellíes, es el de la finca Alcalvín de Bargas, tres millones de metros cuadrados adquiridos en sospechosas circunstancias por la mercantil PUERTA ORO TOLEDO y recalificada parcialmente bajo la autoridad del alcalde de la localidad, Gustavo Figueroa Cid, vicepresidente de la Diputación toledana y mano derecha e izquierda de su presidente, José Manuel Tofiño.

Sobre la mitad de esta finca, cuyo proyecto de urbanización está calificado como “medioambientalmente inviable” se constituyó una primera hipoteca a favor de CCM por valor de unos 30 millones de €. El plazo era de dos años. Transcurrido dicho plazo sin que PUERTA ORO TOLEDO hubiera pagado a CCM ni un céntimo del capital o los intereses del crédito, la Caja de Hernández Moltó lo renovó el 15 de mayo de 2007 en las mismas condiciones y por otros dos años. Esos dos años volvieron a transcurrir sin que los propietarios de la finca pagaran absolutamente nada del crédito recibido y así, el 13 de mayo de 2009, dos días antes del nuevo vencimiento y con CCM manifiestamente en quiebra, la Caja presidida por Moltó volvió a renovar el crédito de 30 millones en idénticas condiciones y sin ninguna penalización o ampliación de garantías.

Pero si esta operación en sí misma es turbia, el hecho adquiere un significado preciso cuando sabemos que los propietarios de PUERTA ORO TOLEDO son, ni más ni menos, que el “malayo” Pedro Román Zurdo, el socio de Roca y del citado Román, Juan María López Alvarez, la constructora SACYR y uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Europa, el bufete Cuatrecasas.

El caso mereció un amplio artículo en El Mundo firmado por Cristina Caballero, pero ni la Fiscalía, ni la oposición ni –por lo que se sabe hasta ahora– la Inspección del Banco de España, han considerado la cosa digna de investigación.

Esta no es una relación exhaustiva. Existen otros hechos que ensombrecen toda la política urbanística de Castilla-La Mancha y, especialmente, de la comarca toledana de La Sagra, fronteriza con la provincia de Madrid; hechos que atañen a Illescas, a Carranque, a Borox, a Chozas de Canales, a Casarrubios del Monte, por supuesto a Seseña, etc. etc., ninguno de los cuales parece tener la suficiente relevancia penal ni reclamar una investigación judicial o policial.

Pedro Román esposado a Roca

No obstante, para quienes consideran –y yo lo considero así– que la situación española ha alcanzado un estado de “corrupción endémica” tal y como la ha definido el Parlamento Europeo en el Informe Auken y que, por lo tanto, es obligación cívica sospechar, investigar y denunciar; lo conocido hasta ahora en Castilla-La Mancha –aunque no sólo ahí– dibuja una evolución preocupante en las estructuras de corrupción política. Si habitualmente se identifica corrupción con cohecho, es decir, con soborno, los datos disponibles pergeñan un esquema sustancialmente distinto y mucho más perfeccionado.

Ya no se trata de que un constructor tenga que pagar un soborno a un alcalde o a un responsable político dentro de su ámbito de poder, sino de la creación de zonas geográficas de monopolio a favor de determinadas empresas o grupos empresariales vinculados más o menos abiertamente a los poderes políticos de esos territorios. Tales grupos no solamente se benefician de su privilegio monopolístico, sino de la disponibilidad incondicional e ilimitada del crédito por parte de los gobernantes regionales a través de las cajas de ahorro y, si llega el caso y así es necesario, de la potestad de estos para modificar la legislación aplicable y convertir en jurídicamente viable lo ilícito, si es que no lo decididamente delictivo.

La crisis y el fiasco ladrillesco, además de haber puesto al país al borde de la intervención y de la liquidación del Estado Social, también han enervado estos nuevos esquemas de corrupción que amenazan con barrer el Estado de Derecho porque parten, precisamente, del mismo poder legislativo que los debería combatir; pero no los han hecho desaparecer. Permanecen donde estaban, a la espera de que vuelvan los buenos viejos tiempos, y sólo una más que improbable reacción civil podrá estorbar el desmoronamiento definitivo de la más elemental decencia pública.

Entre tanto, el actual alcalde de Toledo, eterno delfín de Bono, Emiliano García Paje, ha asegurado a la prensa que Hernández Moltó “no está imputado por corrupción”. ¿No?.

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El Banco de España denuncia a Hernández Moltó ante la Fiscalía

Posted in Barreda, Bono, CCM, Hernández Moltó by Die Rote Kapelle on 19 julio 2010

Molstó y Barreda

La institución que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez aprecia indicios de delito en la actuación de Juan Pedro Hernánde Moltó al frente de CCM y trasladará a la Fiscalía el tanto de culpa. La noticia la hace pública hoy El Mundo.

Lo que, en atención al contenido del Pliego de Cargos redactado por el Banco de España, parecía inevitable o, al menos, legalmente exigible, se ha producido, pero 16 meses después de aquella intervención. Esto no es cosa vana puesto que en ese casi año y medio los presuntos responsables de los delitos detectados han contado con un tiempo inestimable para alterar pruebas, para difuminarlas o para dificultar en extremo la investigación judicial. A pesar de ello, el material recopilado por los Inspectores y el aportado por investigaciones periodísticas no deja de ser abrumador.

Al hilo de esto, hay que recordar que el 24 de octubre de 2008, bastante antes de la intervención, El Confidencial publicó un artículo titulado “Los Agujeros de Caja Castilla la Mancha”. Ahí se decía lo siguiente:

“Entre sus actuaciones –las de CCM– se incluyen el aeropuerto de Ciudad Real, necesitado de socios financieros a una semana de su inauguración, a proyectos inmobiliarios con conocidos imputados en operaciones contra la corrupción como Malaya”.

A esas afirmaciones, “un portavoz de la entidad”, contestó diciendo: “Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocidaNadie de esta casa está imputadoSomos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”.

Ese “portavoz” también recordará –permítaseme la pedantería– un comentario hecho ese día a la periodista que le había telefoneado: eso son calumnias esparcidas por un blog, pero “ya le hemos denunciado”.

Pues bien, señor “Portavoz” de la ahora desaparecida CCM, hasta aquí hemos llegado y ya veremos hasta dónde llegamos en el futuro.

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Caso del Pocero: “O grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos” por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha

Posted in Barreda, Bono, El Pocero by Die Rote Kapelle on 5 julio 2010

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La información que publica hoy El Mundo –que se puede descargar íntegramente pulsando sobre la imagen– hace entrar el caso del Pocero de Seseña en un nuevo estado, cualitativamente distinto y de alcance aún difícil de calcular.

El citado periódico desvela un “informe confidencial” fechado el 11 de mayo de 2007 y remitido por la Intervención General del Estado a la teniente fiscal Belén González Patín, quien actúa ahora como acusación pública contra José Luis Martín, alcalde de Seseña durante la aprobación del PAU del Pocero.

Para la Intervención General del Estado, la actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sólo puede explicarse como “grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos” y eso sitúa al que entonces era Consejero del ramo, Alejandro Gil al borde del precipicio y a punto de dar un gran paso al frente; pero no sólo a Gil, sino también a quienes, por encima de él presidían el Gobierno regional del que formaba parte: José Bono y José María Barreda sucesivamente.

Únase a esta información, un presunto miembro de la mafia calabresa –Giovanni Piero Montaldo– detenido durante la operación Malaya y también imputado en la operación Astapa, pagando al ex alcalde José Luis Martín 700.000 € por razones que todavía se desconocen.

Únase a ambas cosas, que ese presunto mafioso actuaba en Marbella como apoderado de APEX 2000 (Iberdrola Inmobiliaria) en cuyo consejo de administración aparece Rafael Santamaría Trigo, gran amigo de Bono y benefactor, según las últimas informaciones de prensa, de aquél y su familia con diversas dádivas de muy considerable cuantía.

Añádase que el mismo Rafael Santamaría compartió sociedad (Royal Mediterránea) con con el abogado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas.

Finalmente, téngase muy presente el artículo que Enrique Gimbernat –un penalista sobresaliente y, sin duda, un sabio de rango europeo en materia de dogmática penal– publica hoy, también, en El Mundo, sobre el cohecho impropio.

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El Tribunal de Cuentas desmonta la estrategia de Bono y Barreda en el caso del Pocero

Posted in Barreda, Bono, El Pocero by Die Rote Kapelle on 4 julio 2010

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Hace ya tiempo que la estrategia seguida por el PSOE toledano en el caso del Pocero pasó del manifiesto apoyo a un aparente repudio.

En 2004 la Ejecutiva Federal del PSOE, para entendernos, Ferráz, no Toledo, forzó la disolución de la agrupación socialista de Seseña, a todas luces ya entonces, demasiado sospechosa.

En noviembre de 2007 Hernández Moltó, refiriéndose a la retirada del crédito que CCM venía proveyendo al Pocero, hizo unas notablemente indiscretas declaraciones recogidas por el diario Las Provincias: “el que la hace que la pague y que la pague rápido y suficientemente. Considera que al negocio no le van bien los exhibicionistas, la ostentación es un mal aliado del empresario”.

Esto no siempre ha sido así. En julio de 2006, apenas unas horas antes de que se hiciera pública que la Fiscalía Anticorrupción abría diligencias de investigación sobre el asunto del Pocero, Barreda aseguró en rueda de prensa que El Quiñón era “transparente, legal e impecable”.

Ahora, en 2010 parece que ya no está dispuesto a repetir esas declaraciones, pero hay un incidente en la ya larga historia del PAU del Pocero que hace sospechar seriamente sobre la sinceridad de Barreda en aquel momento.

Según describen detalladamente Alejandra Ramón y Ruth Ugalde en “El Pocero de Seseña”, corriendo el otoño de 2003, con el ahora imputado José Luis Martín de alcalde, “Ante la gravedad de los acontecimientos IU decidió convocar un pleno para solicitar una fiscalización de las cuentas del consistorio desde el año 1990. El grupo municipal del PSOE… votó a favor, mientras que el PP se abstuvo. La decisión socialista sorprendió a todos los presentes y entre los militantes de IU empezaron a temer que los socialistas hubiesen actuado así porque tenían la seguridad de que la Junta rechazaría la petición. Y los malos augurios se cumplieron. Pasados unos meses, el síndico de cuentas de Castilla-La Mancha dio carpetazo al asunto tras alegar que “no ve ningún ningún motivo para realizar la fiscalización”.

Siete años después, el Tribunal de Cuentas, una de las pocas instituciones españolas en las que aún se puede confiar, desmiente al Síndico de CASTILLA-LA MANCHA, desmiente a Barreda e, igualmente, desmiente a Bono, todos los cuales han insistido e insisten en la absoluta legalidad de la tramitación del PAU del Pocero o, en todo caso, en la absoluta legalidad de su propia actuación.

Pero, además, ese mismo informe, que pone de manifiesto la evidente omisión de las obligaciones de inspección y control que la Ley imponía a los gobiernos de Bono y Barreda y que, dependiendo de hasta dónde lleguen las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas, bien podría hacer entrar en juego al artículo 11 del Código Penal; desmiente la fatigosa estrategia defensiva de José Bono, él sí, incansable a la hora de denunciar la “campaña de difamación de que es víctima”.

Si alguien difama a Bono, son los hechos y lo malo para él, es que son sus hechos y los hechos de su sucesor, Barreda. En fin, léase con atención el artículo que publica hoy Carlos Segovia en El Mundo. Se puede descargar pulsando sobre la imagen.

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Barreda se sirve de una treta para poner 140 Millones de € públicos a disposición de los socios del quebrado aeropuerto de Ciudad Real

Posted in Barreda, Díaz de Mera by Die Rote Kapelle on 10 junio 2010

¿Qué debe José María Barreda a Domingo Díaz de Mera, a Aurelio González Villarejo y a Antonio Miguel Méndez Pozo? ¿Qué vasallaje le obliga hacia esos hombres?.

No diré que sea insólito, porque la maniobra se esperaba, pero la desvergüenza es de tal enormidad, tan soberbio es el desparpajo con el que ya actúa el Gobierno de Castilla-La Mancha, que el asombro es inevitable.

Finalmente, a pesar de la declaración de quiebra, a pesar de la escandalosa trayectoria del negocio fraguado entorno al aeropuerto de Ciudad Real, Barreda, valiéndose de una treta de buhonero con malas mañas, va a poner a disposición de los socios ―suspendidos por el Juzgado de sus facultades de administración y disposición― de ese fracasado aeropuerto 140.000.000 de € sacados de los fondos públicos.

La martingala se ha consumado de la siguiente forma: Hoy el parlamento regional ha aprobado la creación de una empresa pública que se hará cargo de la “gestión” ―no de la propiedad― de las “infraestructuras aeroportuarias”. Dicha empresa pública será la que ponga a disposición del mencionado aeropuerto, es decir, a disposición de Domingo Díaz de Mera y de sus socios, el aval de 140.000.000 de €.

Lo que no se atrevió a hacer directamente, tres días antes de que se conociera el Auto que declaraba la quiebra de CR AEROPUERTOS, Barreda lo hace hoy interponiendo una pantalla societaria que sólo puede ocultar la realidad a los necios o a los cómplices.

La situación creada hoy en el Parlamento de Castilla-La Mancha ha permitido a los parlamentarios del PP hablar de Mafia y de prácticas mafiosas y les ha permitido también denunciar que distintos medios de comunicación han sido amenazados con la retirada de fondos provistos por el Gobierno Manchego.

No importa, Barreda estará tranquilo porque en Castilla-La Mancha impera el principio de intervención ínfima del Derecho penal, según el cual principio, sólo algunos pobres diablos, cuando por su propia ignorancia y descuido, son pescados con las manos en la masa, pueden temer acabar en manos del brazo secular.

Pongo a continuación la crónica publicada por Europa Press de lo sucedido hoy en el Parlamento de Castilla-La Mancha:

TOLEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) –

«El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó este jueves, con los únicos votos del PSOE y la ausencia del Partido Popular, que abandonó la Cámara regional, la creación de una empresa pública de gestión de infraestructuras aeroportuarias, con el debate de la concesión de 140 millones de euros a la sociedad del aeropuerto de Ciudad Real como fondo.

Durante el debate, que centró tres puntos de la sesión plenaria, el diputado del PP, Leandro Esteban, insistió en pedir la retirada de la Proposición de Ley, rechazando que se dé dinero a una empresa pública cuando “no hay un solo informe que diga que esta propuesta es viable”, y avanzando que su grupo va a solicitar la creación de una comisión de investigación sobre los efectos que puedan originar la aprobación de la iniciativa.

Desde el PSOE, el diputado José Manuel Caballero, insistió en que esta es “la mejor propuesta” para el aeropuerto de Ciudad Real, y señaló que los socialistas no están “en contra” de las auditorías que sean necesarias ―”no tres sino 33″― en este caso, aunque defendió que primero hay que crear la empresa pública, pues “no tiene lógica empezar la casa por el tejado”.

Antes de la votación, el presidente regional, José María Barreda, tomó la palabra ―mientras los diputados del PP abandonaban el salón de plenos― con la intención de preguntarle a la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, su opinión sobre este tema, algo que no pudo hacer estando ella ya ausente, lo que Barreda calificó como una “falta de cortesía parlamentaria” y un “déficit democrático grave”.

Decisiones en el marco de la ley

Aseguró que el aval de 140 millones de euros que se concederá a la sociedad del aeropuerto ―empresa cuyo riesgo de solvencia ha sido declarado por un juez“― “significa que cada ciudadano tendría que poner 70 euros”, convencido de que en este tema “casi todo huele a podrido” y por eso en el PP “no vamos a pasar por ese aro” pues “alguien tiene que tener la dignidad de hacer que se esclarezca la verdad y señalar a los culpables“.

Están protegiendo a sus amigos, no al aeropuerto, sólo a sus amigos“, aseveró Leandro Esteban a continuación, para rechazar que sea “el señor Díaz de Mera” ―”el que domina medios de comunicación“― quien tiene que dar explicaciones por recibir 140 millones de euros y, sin embargo, es el que manda que nos callemos todos los demás“.

La trilogía del mal

Una vez aprobada la toma en consideración de la Proposición de Ley, con los votos en contra del PP, se procedió al debate de la misma ―tras tramitarse por el procedimiento de lectura única―, pidiendo nuevamente el diputado del PP que en vez de cometer “este disparate”, el PSOE accediera a su retirada.

Advirtió en este punto Leandro Esteban de la relación entre el aeropuerto, Caja Castilla La Mancha (CCM) y el auto del concurso de acreedores, donde se detalla “que se han renegociado y ampliado operaciones vencidas que deberían haber sido ejecutadas y eso no se ha hecho“.

Acto seguido, agregó que el aeropuerto “no se va a deslocalizar” pues los administradores judiciales “han asegurado que el aeropuerto va a seguir funcionando de manera perfecta”, preguntándose “qué temen sus señorías que suceda si se conoce la verdad de este agujero” y consciente de que hoy “escribimos el tercer volumen de la trilogía del mal“, el formado por CCM, la Fundación Virtus y el aeropuerto de Ciudad Real.

Lo que se pretende aquí es echar toneladas de tierra encima para que no se sepa qué ha ocurrido, y no estamos dispuesto a asumirlo, pero hay que tener la suficiente gallardía para ponerse enfrente y decir basta. Hasta aquí hemos llegado“, subrayó el parlamentario del PP, que defendió un informe de auditoría que calcule “el alcance de la deuda real”.

Amenazas

En un momento de su intervención en el debate, Leandro Esteban reprochó a Caballero que tuviera “mucha cara” para justificar determinadas cosas cuando es el que “amenaza” a “algunos medios diciendo que les va a retirar fondos que son de la Junta de Comunidades“. “Mafia“, le espetó, advirtiendo de que “si me obliga a dar nombres de medios, los daré”, acusando tanto al parlamentario socialista como “de paso” también al presidente regional, José María Barreda, “que consiente esas prácticas mafiosas“.

Caballero, en un turno posterior, apremió a Esteban a que “demuestre que yo amenazo a medios de comunicación” y a acudir a los juzgados, algo que –auguró– no va a hacer “porque son especialistas de acusar sin pruebas” y “tiene que ir al juzgado y presentar pruebas”.

“Si su señoría no reconoce lo que ha hecho con los medios, me voy a ver obligado a decir quién”, aclaró en respuesta el diputado del PP, al subir de nuevo a la tribuna, y señaló que uno de los medios “amenazados” ha sido la revista Ecos y, en concreto, su directora, Mar G. Illán. Caballero volvió a señalar que sin pruebas no se puede acusar e instó al PP o a la persona mencionada a ir a los tribunales ».

Quiebra del aeropuerto de Ciudad Real ¿la consumación de un fiasco o un golpe bien planeado que ha salido mal?

Posted in Barreda, Díaz de Mera by Die Rote Kapelle on 2 junio 2010

Barreda junto a Díaz de Mera

Llamemos a las cosas por su nombre. El negocio del aeropuerto de Ciudad Real y el de su anexo inmobiliario: El Reino de Don Quijote, ha despedido desde sus inicios un vapor irrespirable, ha inducido a vehementes sospechas.

El Gobierno de Barreda declaró el proyecto “de singular interés” y desde sus inicios vertió en él importantes cantidades de fondos públicos, sin contar con la participación suicida de CCM, a las órdenes de Hernández Moltó.

La declaración de singular interés tuvo la virtud de facilitar y acelerar las expropiaciones de los terrenos, que se pagaron a 54 céntimos el secano y a 1 € y 20 céntimos el regadío; y de justificar las citadas inversiones públicas en el busisness o, mejor dicho, en favor de sus principales beneficiarios: Domingo Díaz de Mera y su sombra societaria, los hermanos Barco Fernández, vinateros venidos a la crianza de hormigones; Antonio Miguel Méndez Pozo, como ya he señalado aquí, un ex presidiario plenamente reinsertado en la sociedad, sobre todo en la de Castilla-La Mancha; el ahora quebrado Ramón Sanahuja; y el inevitable Aurelio González Villarejo, que igual que construye casitas de poliespam ―esto es real, no irónico― en Carranque, asfalta pistas de aterrizaje en las tierras de la Orden de Calatrava.

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Todos estos son hombres de manifiesta amistad con José Bono y con José María Barreda y digo que estos fueron los principales beneficiarios porque la operación se diseñó de la siguiente manera: CCM, por sí o a través de CCM CORPORACIÓN, participó directamente en el proyecto con un 36,43% del capital pero, además, financió la inversión de sus otros socios en una cuantía que según el informe emitido por el Banco de España tras la intervención de la Caja, llegó a los 204 Millones de € una vez descontadas las pérdidas por los deterioros de los activos.

A cambio, Díaz de Mera y los demás garantizaron esos créditos, no con activos tangibles o intangibles de su propiedad, sino con las acciones de la misma cosa financiada por la caja acreedora, es decir, que recibieron billetes de banco de curso legal y, a cambio, entregaron unas estampitas rotuladas como «acciones al portador» que bien podían haber sido impresas en la librería-papelería de la esquina.

De paso, estos importantes empresarios, «constructores áulicos de Castilla-La Mancha», ya que dominaban el consejo de administración de CR AEROPUERTOS y ya que eran expertos constructores, devinieron en contratistas y proveedores de sí mismos en el aeropuerto, de modo que la inversión cuyo dinero partió de las arcas de CCM fue dirigida, con un flujo constante de facturas, hacia las otras empresas de esos mismos consejeros, contratadas, por supuesto, al margen de cualesquiera garantías administrativas puesto que el aeropuerto de Ciudad Real era un negocio privado y al Derecho privado había que estarse. Tal fue el caso, como luego veremos, de la mercantil MONTREAL PROYECTOS Y REALIZACIONES SA, controlada por Domingo Díaz de Mera a través de RUTESO APLICACIONES.

No es posible concebir que Barreda o los otros pudieran creer, por muy esponjados que estuvieran en Moët & Chandon ese día, que un aeropuerto en medio del páramo ciudadrealeño, donde ni las abubillas demuestran interés por aterrizar, fuera un negocio; y como no lo creían ―posiblemente inspirándose en el gángster Bugsy Siegel, el hampón visionario que con el hotel Flamingo dio origen a lo que hoy son Las Vegas― unieron el destino del aeropuerto a un complejo de tugurios de lujo donde organizar timbas internacionales, de zonas residenciales, de parques de atracciones y del obsesivo y patético campo de golf, emblema del esnobismo de la década ominosa de la corrupción inmobiliaria española; cosa a la que llamaron «El Reino de Don Quijote».

La idea debía funcionar porque el apoyo político de Barreda estaba garantizado y el financiero, a través de Hernández Moltó, también parecía inagotable, pero si Bugsy Siegel cayó asesinado por orden de Lucky Luciano, Caja Castilla-La Mancha fue llevada a la quiebra por Hernández Moltó y sus generosos préstamos, no sólo hacia los socios del aeropuerto o hacia los propios consejeros de la Caja, sino también, por ejemplo, hacia otro hampón más castizo, pero no menos ambicioso: Juan Antonio Roca Nicolás, titular junto con alguno más de sus socios «malayos» de créditos ―que se sepa― por cuantía no inferior a los 200.000.000 de €.

Los intentos de Barreda por resucitar al difunto han sido tan desvergonzados como patéticos, incluida la modificación in privos lata de la LOTAU, hecha para que los amigos en apuros ―en atención a la importancia de su proyecto para la región, por supuesto― pudieran fragmentar los suelos expropiados a 54 céntimos el metro cuadrado y venderlos a 600; o también, el último intento de proveer a CR AEROPUERTOS con un aval de 140.000.000 de €, retirado del orden del día en el mismo Pleno de las cortes regionales del 27 de mayo de este año, donde estaba prevista su aprobación.

Esa decisión de Barreda sorprendió a propios y ajenos, sobre todo a los ajenos al Auto que tres días después ha evacuado el Juez Amalio de Juan Casero declarando el concurso necesario de acreedores de la mercantil CR AEROPUERTOS.

Sin embargo, la postura del presidente de Castilla-La Mancha no podía ser otra. No albergo dudas de que el día del Pleno Barreda tenía ciencia del contenido del mencionado Auto. Haber comprometido 140.000.000 de € en favor de Díaz de Mera y sus socios horas antes de que el beneficiario de ese aval fuera declarado en quiebra, con el Estado y el sistema financiero español no menos quebrado y días después de que Rodríguez Zapatero hiciera saltar por los aires, con su decreto de medidas de reducción del déficit, el Preámbulo y medio Título Primero de la Constitución; hubiera sido algo peligroso incluso para unos maestros de la impostura política como son el discípulo de Bono y sus consejeros.

Pero con la declaración de quiebra llegamos al punto más truculento de toda la turbia historia de ese aeropuerto, en el que sólo opera una línea aérea y eso por que ha sido convencida para ello mediante una subvención pública.

Dossier de prensa sobre el aeropuerto de Ciudad Real

La primera demanda de concurso de acreedores fue presentada por José Angel González Tausz, en nombre y representación de la mercantil MONTREAL PROYECTOS Y REALIZACIONES SA. No obstante, como he dicho, esa empresa está controlada mayoritariamente por Domingo Díaz de Mera a través de RUTESO APLICACIONES ―51% del capital social, frente al 49 % que tenía González Tausz― de forma y manera que, en realidad, el concurso lo reclamaba Díaz de Mera acreedor, contra Díaz de Mera deudor, pero sólo aparentemente, porque para esas fechas, CCM estaba intervenida y sumando a su participación en el capital, los créditos incobrables comprometidos en el aeropuerto, el único propietario de ese fiasco, era CCM, es decir, el Banco de España, es decir, la res publica española o, para entendernos aún mejor, los presupuestos del Estado que se nutren con los impuestos de los ciudadanos que no pueden constituir SICAVs, las cuales tributan por el capital eludido en ellas al 1 % y no al 24, 28 o 53 % como los mortales comunes que sólo hacen declaración de IRPF.

A fechas de presentación de la demanda de concurso, el aeropuerto adeudaba a Montreal unos 17 millones de €. Si el concurso prosperaba, Díaz de Mera cargaba, en su condición de socio del aeropuerto, no con pérdidas, sino con lucro cesante, pero a cambio obligaba a CCM-Banco de España, propietaria de facto del engendro aeroportuario, a seguir volcando billetes de curso legal en las fauces de ese perro ―me refiero a la empresa, no al empresario― de vientre dos veces insaciable.

Había, además, otra ventaja. Ante la situación de emergencia, Barreda tenía la oportunidad, como así ha sucedido o habría sucedido si los acontecimientos no se hubieran precipitado, de justificar la entrega de otra subvención multimillonaria; 140.000.000 de €.

También pudiera ser que González Tausz, harto de los enjuagues que han rodeado la vida del aeropuerto y en previsión de que la CCM intervenida no fuera tan dócil como lo había sido Hernández Moltó, no quisiera esperar más por la parte de esos 17 millones que le correspondía; sin embargo hay indicios que hacen que me incline más por la posibilidad de que estemos ante un plan al que sólo los imponderables han hecho fracasar, suponiendo que haya fracasado, cosa que habrá que ver aún.

Cuando González Tausz presentó la demanda de concurso, los socios mayoritarios de Montreal reaccionaron airadamente y denunciaron al citado por coacciones y por realización arbitraria del propio derecho, pero tal denuncia no podía ni puede prosperar, porque interponer una demanda no es coaccionar a nadie, sino ejercer un derecho; y porque el tipo incluido en el artículo 455 del Código Penal, el de la realización arbitraria del propio derecho, exige que se actúe «fuera de las vías legales» y demandar en los Tribunales no está fuera de las vías legales; y que, además, se emplee «violencia, intimidación o fuerza en las cosas» y no me imagino al Sr. Tausz intimidándose a sí mismo con un cuchillo cebollero o con una Walter 99, para obligarse a ir al Juzgado.

Como Díaz de Mera, no solamente tiene un hermano letrado de reconocido prestigio en Marbella, sino que se gasta sus buenos cuartos en picapleitos de trajes de alpaca y despachos en la milla de oro de Madrid, esto lo sabía y, por tanto, también sabía que estaba tirando con salvas.

Es cierto que RUTESO APLICACIONES, la sociedad de Díaz de Mera que controlaba MONTREAL, quitó la presidencia a González Tausz, socio minoritario, y lo sacó del consejo sin contemplaciones, pero no es menos cierto que, ya sin las «coacciones» del destituido y, por tanto, completamente en manos de Díaz de Mera, MONTREAL no desistió de su demanda.

También es verdad que el hombre propone y Dios dispone y que, en este caso, Dios a través de una de las entidades financieras de su Iglesia, Cajasur, a la que el aeropuerto adeuda unos 18 millones de €, dispuso por su cuenta, y la Caja andaluza ―ahora también intervenida― se sumó a la demanda de concurso, liando la madeja considerablemente.

Es lo que tienen los planes, aún los minuciosos, que siempre están sujetos a imponderables, en este caso al de Cajasur y al de la indecisión de Barreda que le ha hecho perder un tiempo precioso en la tramitación de los 140.000.000 de € que pretendía poner a disposición de los socios del aeropuerto.

Por otro lado, para acabar de nublar el escenario, a pesar de que la letrada que representaba al aeropuerto, se dedicó el día de la vista a lanzar airados ataques contra Cajasur y Montreal, dicha defensa no se planteó nunca en términos económicos.

La joven letrada contratada por Díaz de Mera para actuar contra sí mismo, alegó el apoyo político brindado al aeropuerto, pero de forma absurda, según el Auto del Juez Amalio de Juan, pretendió hacer valer la solvencia de la empresa sin presentar «prueba documental de la contabilidad oficial… No aporta ―dice el Juez― los libros contables cuya llevanza se impone imperativamente para todo empresario viniendo además a admitir tácitamente que con anterioridad al inicio de su actividad en diciembre de 2008 sus resultados eran negativos con pérdidas que ascienden a la cifra de 2.737.990 € en 2005, 9.204.209 € en 2006 y 1.785.449 € en 2007».

En fin, que algo huele a podrido en Castilla-La Mancha con mucha más intensidad que en Dinamarca, pero en lo que a esta región concierne, está visto que la Fiscalía Anticorrupción sigue fiel al principio de intervención mínima del Derecho penal, aunque se me antoja que lo suyo más parece fidelidad al principio de intervención nula.

Quiebra el aeropuerto de Ciudad Real

Posted in Barreda, Díaz de Mera by Die Rote Kapelle on 1 junio 2010

Barreda, el principal protector del negocio aeroportuario de Díaz de Mera, Méndez Pozo y Aurelio González Villarejo

Ciudad Real, 1 jun (EFE).-

Un juzgado de Ciudad Real ordenó hoy la suspensión de CR Aeropuertos S.L. en sus “facultades de administración y disposición sobre su patrimonio” y decretó el inicio de un concurso necesario de acreedores (antigua suspensión de pagos) por el impago de sus deudas.

Los actuales administradores del primer aeropuerto privado de España quedan sustituidos en su ejercicio por tres administradores concursales: un abogado, un auditor-economista y un acreedor que, en este último caso, es la Caja de Ahorros de Córdoba, CajaSur.

La decisión judicial ha sido adoptada por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, Amalio de Juan Casero.

La decisión judicial se ha conocido oficialmente en el mismo momento en que PSOE y PP celebraban una reunión a puerta cerrada en las Cortes regionales, en Toledo, para decidir sobre el futuro del aeropuerto, que atraviesa una grave crisis financiera.

El auto judicial decreta la “suspensión del deudor (CR Aeropuertos) en sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sustituido en su ejercicio por los administradores concursales”.

El concurso necesario de acreedores fue solicitado inicialmente por Montreal Montajes y Realizaciones S.A., a la que se sumó luego CajaSur, que declararon el “estado de insolvencia” de la sociedad propietaria del aeropuerto, CR Aeropuertos S.L., “al no poder cumplir regularmente sus obligaciones”.

Montreal Montajes reclama una deuda de 16,9 millones de euros que CR Aeropuertos se comprometió a abonar en dos pagarés “con vencimientos sucesivos y que a la postre no se entregaron”, dice el auto.

CajaSur se sumó a la demanda en marzo pasado, al reclamar una póliza de crédito vencida en cuenta corriente con fecha 1 de septiembre de 2009 por un saldo de 18,8 millones de euros, que fue reclamado “extrajudicialmente y no satisfecho”, según el auto del juez de lo Mercantil.

Los demandantes aportaron como prueba “deudas exigibles e impagadas” de otros acreedores “suficientemente significativas” para respaldar la petición de concurso necesario de acreedores.

En este sentido, el auto cita la deuda que CR Aeropuertos mantiene con Caja Castilla-La Mancha por un importe de 50,6 millones de euros y 33,9 millones de euros como consecuencia de la ejecución de avales por parte de Isolux Wat, S.A.-Sacyr S.A. U.T.E. y Credit Suisse Internacional, respectivamente.

Igualmente, la deuda que mantiene con Isolux Wat, S.A.-Sacyr S.A. U.T.E., que asciende a 20,7 millones de euros; el débito que presenta con Caixa Catalunya por importe de 2 millones de euros y los debitos reclamados por los acreedores Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid y Airon Consultores S.L.P. personados en el mismo procedimiento concursal que ascienden a 48.720 euros y 24.669 euros, respectivamente, dice el auto del juez.

Barreda no quiere “criminalizar el sector del ladrillo” y pone “todos los fondos” de la Ley de Economía Sostenible a su disposición

Posted in Barreda, Bono, Uncategorized by Die Rote Kapelle on 30 marzo 2010

Pulsar sobre la imagen para descargar el informe

Reproduzco a continuación la nota de prensa emitida por la asociación “Salvemos Las Rozas”, una prueba más de que el fiasco inmobiliario y la situación de “corrupción endémica” –términos utilizados por el “Informe Auken” relativo a España y aprobado por el Parlamento Europeo– no han hecho cambiar nada. Los escualos, responsables en mucho, si no en todo, de la calamidad pública y económica actual, siguen planeando retomar el festín donde lo dejaron.

Lo que según este comunicado se pretende hacer en Las Rozas, es plenamente aplicable a cualquier otro lugar, léase Illescas, donde el PAU de 24.000 viviendas sigue vigente; Carranque donde sólo dos PAUs adjudicados a PEYBER (campo de golf) y a la empresa de Aurelio González Villarejo prevén tres mil nuevas viviendas en una localidad que no llega a 3.000 habitantes; Cebreros (Avila) donde a Enrique Ventero, uno de los principales “malayos” se le ha adjudicado otro PAU en condiciones similares, etc. etc.

Los citados, son sólo ejemplos de una actuación sistemática encubierta y protegida por los poderes públicos que afecta a cualquier región –por supuesto, muy especialmente al norte Toledo– a la que se considere zona de expansión demográfica.

De hecho, el pasado 27 de marzo, El Digital de Castilla-La Mancha publicaba que Barreda, con una sinceridad digna de mejor desvergüenza, “dentro de las negociaciones del pacto contra la crisis y la Ley de Economía Sostenible, se ofreció a reunirse con los constructores y aprovechar todos los fondos que correspondan a la región en este tema”, es decir, se ofrecía a verter esos fondos en un “plan de choque” para la recuperación del sector de la construcción en Castilla-La Mancha, porque Barreda no quiere “criminalizar al sector del ladrillo”.

No hace falta recordar que los “constructores” de referencia en Castilla-La Mancha son una hermandad muy selecta con la que, tanto José Bono como José María Barreda, han demostrado mantener lazos muy estrechos: Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo o los hermanos Barco Fernández, y eso sin contar a algunas estrellas emergentes en la región, como Javier Arteche Tarascón en Layos y Argés, los hermanos Bermejo-Peinado (PEYBER) en Carranque o Pedro Román Zurdo y su socio Juan María López Alvarez en Bargas.

Esa ha sido y pretende seguir siendo, la política urbanística española: poner “todos los fondos” a disposición de personajes sospechosos unos o delincuentes convictos otros. Recordemos, por ejemplo, que ahora que se cumple un año de la intervención de CCM, aún no se ha dado ninguna explicación de porqué la entidad quebrada decidió prestar a Juan Antonio Roca Nicolas y sus secuaces, no menos de 200 Millones de €.

En fin, como he dicho, reproduzco a continuación el comunicado de prensa de la asociación “Salvemos Las Rozas” y de la “Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio”.

SALVEMOS LAS ROZAS HACE UN LLAMAMIENTO A TODASLAS ORGANIZACIONES DE “SALVEMOS LA SIERRA”, “CIUDADANOS CONTRA LA ESPECULACIÓN” Y LA “COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO” PARA SUMARSE A LA PROTESTA Y LA CAMPAÑA DE ALEGACIONES CONTRA EL PGOU DE LAS ROZAS

Asociación SALVEMOS LAS ROZAS

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid – num: 27.303 – CIF: G84227701. Tel: 687 558 436, www.salvemoslasrozas.org

ACTO DE PROTESTA:

SÁBADO 3 DE ABRIL A LAS 11’30

Frente al AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

INFORMACIÓN Y DESCARGA DE ALEGACIONES EN:

www.salvemoslasrozas.org

La asociación Salvemos Las Rozas denuncia que el documento actualmente en exposicion pública, que se propone para aprobación definitiva del PGOU de Las Rozas, es un atentado contra los intereses ciudadanos, un ejemplo de urbanismo salvaje, especulativo y depredador.

Esta versión del PGOU es aun más agresiva que la realizada en 2006 en la aprobación inicial, a que aumenta la edificabilidad en los nuevos sectores, añadiendo 11.300 viviendas en vez de 10.000, lo que supone añadir una población de 40.000 habitantes. Además incluye una enorme depuradora comarcal en suelo protegido de alto valor ecológico del Parque del Rio Guadarrama y dos nuevos campos de golf.

En Las Rozas hay cerca de 6.000 viviendas vacías en la actualidad y otras 2.500 aun pendientes de construir del PGOU de 1994. Estas 8.500 viviendas supondrán ya un aumento de población de más de 30.000, sobre los 85.000 actuales. Si a estas sumamos las nuevas viviendas propuestas en el PGOU nos encontramos con que la población de las Rozas se duplicaria en unos años, pasando de 85.000 a 160.000 habitantes.

Esto supone una masificación y una perdida definitiva y total de la calidad de vida en el municipio, y la consolidación de un modelo altamente insostenible de ocupación intensiva del territorio, contrario a todo criterio de ordenación territorial, especialmente teniendo en cuenta la actual saturación de infraestructuras básicas, especialmente de saneamiento, y la escasez de servicios, como institutos u hospitales.

A su vez la cantidad de viviendas vacías y pendientes de construir subrayan la absoluta injustificación de este nuevo PGOU y sus 11.300 nuevas viviendas. Esto implica un flagrante incumplimiento de la ley estatal de suelo, que exige la plena justificación de los desarrollos previstos y demanda la DESCLASIFICACIÓN de aquellos suelos urbanizables de anteriores PGOUs que no se hallan urbanizado y que no estén justificados.

Dado que hay 6.000 viviendas vacías en Las Rozas es evidente que no hay demanda de nuevas viviendas. Dado también que las obras en sectores como la Marazuela están paradas desde hace uno o dos años por efecto de la crisis económica y de la carencia de demanda la asociación exige la DESCLASIFICACION como suelo urbano de las parte no construidas del sector de a Marazuela y la no inclusión de nuevos sectores urbanizables.

La inclusión de dos nuevos campos de golf, con la consiguiente demanda de agua es otro ejemplo más de urbanismo insostenible y especulativo.

El PGOU es expresión máxima de todo aquello que el Parlamento Europeo critica duramente en su Informe AUKEN de 2009, sobre el urbanismo salvaje en España, informe en el que insta a la retirada de fondos europeos a España, por el modelo insostenible de desarrollo y las vulneraciones europeas que se cometen a través de él. El PGOU de Las Rozas prevé una enorme planta depuradora en suelo protegido y el municipio incumple las normativas europeas de saneamiento con un sistema de colectores deficitario y tecermundista, por lo que puede contribuir a la retirada de fondos europeos a España.

Tal como afirma el informe AUKEN, ha sido el modelo económico del ladrillo lo que ha inducido la crisis de especial gravedad que se vive actualmente en España, un suicidio económico del pais que se perpetua y se intensifica con este PGOU. La respuesta a la crisis no puede ser más ladrillo, sino la diversificación radical de la economía, anteponiendo ante todo la sostenibilidad ambiental y social.

La asociación lamenta que el ayuntamiento halla hecho oídos sordos a las quejas y alegaciones de cientos de ciudadanos que defendian un desarrollo sostenible, social y medioambiental y que lejos de ello, halla hecho una redacción aun más agresiva que la anterior, destinada a destruir definitivamente el municipio y atentar contra los intereses ciudadanos, la calidad de vida y el medioambiente.

La asociación denuncia también las dificultades a la participación ciudadana que se ha experimentado durante el proceso de aprobación del PGOU y el secretismo con el que el ayuntamiento ha querido sacarlo adelante. La asociación cuenta a eso efectos con un informe del Defensor del Pueblo que denuncia el ocultamiento de información que se produjo

La asociación exige la retirada del PGOU, la eliminación de todos los nuevos sectores urbanizables, de la depuradora comarcal en suelo protegido y de los dos campos de golf previstos, así como la desclasificación de suelo urbano o urbanizable pendiente de desarrollar del PGOU de 1994.

La asociación anuncia acciones legales, por la via contencioso-administrativa y en Europa, principalmente en función de los siguientes motivos:

  • ocultamiento de información en la aprobación inicial y dificultades a la participación ciudadana
  • incumplimiento de la ley estatal de suelo e injustificación de los nuevos desarrollos y necesidad de desclasificar suelo urbanizable.
  • vulneraciones de directivas europeas de saneamiento y espacios protegidos

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Contacto: Jaime del Val: Tel: 687 558 436

Barreda “estudia” represalias contra los sindicatos que han denunciado prácticas “inconfesables” en la Administración de Castilla-La Mancha

Posted in Alejandro Pompa, Barreda, CCM, Seseña by Die Rote Kapelle on 23 diciembre 2009

El imputado Alejandro Pompa junto a Barreda, en Carranque (Toledo)

La gravedad de los hechos denunciados unánimemente por todos los sindicatos presentes en la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración de Castilla-La Mancha ―algunos de lo cuales podrían ser constitutivos de delito como por ejemplo la recepción de regalos, de origen y destino desconocido― ha provocado la inmediata reacción de José María Barreda.

Según una nota de prensa difundida por el Gobierno Regional, como lo dicho por las organizaciones sindicales sólo «intenta confundir a la opinión pública» el Gobierno de Barreda, no para defender su precaria posición, sino, faltaría más, «a los trabajadores y trabajadoras públicos ―aquí debería decir “públicos y públicas, pienso yo― de la Administración Regional» va a ordenar inmediatamente «a los servicios jurídicos de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia que estudien si las falsedades sobre la profesionalidad del personal de la Junta de Comunidades difundidas durante los últimos días pueden ser causa de acciones legales».

Eso lo dice un Gobierno presidido por un hombre que, por ejemplo, tiene como asesor personal a Agustín Jiménez, el alcalde de Noblejas, condenado por golpear a una de sus propias concejalas; lo dice un Gobierno presidido por quien se pasea públicamente con Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque,  condenado por agredir a un anciano de 82 años y sobre el que pesa la imputación de más de una veintena de delitos relacionados con la corrupción; lo dice un Gobierno presidido por quien amparó a Hernández Moltó mientras CCM financiaba con más de 200 millones de € a los principales cabecillas de la trama delictiva de Marbella; lo dice un Gobierno que tiene por presidente a quien se carteaba y recibía con abrazos al Pocero al tiempo que un investigado por su posible pertenencia a la mafia calabresa e imputado en los casos Malaya y Astapa, Giovanni Piero Montaldo, pagaba más de 700.000 € al ex alcalde de Seseña y militante de su partido; lo dice un Gobierno presidido por quien es amigo personal de un personaje como Domingo Díaz de Mera, imputado por graves delitos a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla y cuya situación judicial despertó la alarma entre los cabecillas de la trama Gürtel; etc. etc. etc.

No me parece a mi que Barreda y su Gobierno estén en situación de prodigarse en bravatas.

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Respuesta del CSI-F a la nota del Gobierno de Barreda

Ana Guarinos pide a Barreda que ponga coto a la corrupción

Denuncia sindical en Castilla-La Mancha contra la situación de clientelismo y beneficios inconfesables que se vive en la Administración de Barreda

Posted in Barreda, Corrupción by Die Rote Kapelle on 21 diciembre 2009

Bono y Barreda

El mismo día en que José María Barreda, con una desfachatez insólita, declaraba en el diario Público que en Castilla-La Mancha no hay corrupción: “aquí podemos meter la pata pero no la mano. Tenemos una tradición de claridad, transparencia y control”, fueron sus palabras exactas; todos los sindicatos con representación en los Servicios Centrales de la Administración regional han hecho público un manifiesto denunciando el desprestigio creciente de dicha Administración “aumentado considerablemente por los clientelismos políticos, los beneficios particulares inconfesables o de algunas empresas vinculadas invariablemente con concesiones u otras decisiones administrativas”.

Estas son las prácticas, si no corruptas, al menos escandalosas que CCOO, UGT, USO, CSI-CSIF y STAS, han denunciado en el día de ayer:

Manifiesto por la dignidad de los empleados públicos en Castilla-La Mancha

José María Barreda, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, viene incumpliendo sistemáticamente su palabra para justificar su elevado sueldo o aclarar el destino de sus honorarios.

Se recoloca, en puestos en algunas ocasiones mejor remunerados, a los cesados, con el populista argumento de la reestructuración para reducir gastos, que evidentemente no suponen ahorro alguno a las arcas públicas.

La oposición y los grupos políticos guardan un preocupante silencio en torno a estos temas, en lo que parece un gran pacto de carácter económico, muy alejado de las verdaderas preocupaciones que afectan a los castellano-manchegos.

Se argumenta la profesionalidad para dar cobertura a muchas contrataciones con elevados sueldos, cuando la realidad es que han sido ellos los que nos han sumido en la actual crisis global y en la más que probable desaparición de Caja Castilla La Mancha, emblema regional, tal y como la conocemos.

La creación de Fundaciones, Sociedades Públicas y Empresas creadas a la sombra de organismo públicos, sólo buscan la duplicidad de los órganos administrativos, sobresueldos, beneficios personales y vías para escabullirse de los límites legales y la fiscalización y vigilancia de los empleados públicos, que tiene el deber moral de velar por los intereses generales.

Se alientan privatizaciones o externalizaciones que provocan pérdidas de puestos de trabajo, modelos de contratos en precario e inestabilidad en el empleo

Se mantienen índices de temporalidad en el empleo de casi el 25% (23,91% a 1/09/2009), apoyados en numerosas ocasiones en excesivas comisiones de servicio, que pervierten el sentido de los concursos de traslados.

Se guarda un riguroso secreto sobre las gratificaciones concedidas. Se evita hacerlas públicas y, ni siquiera, se incluye tal posibilidad en el articulado de la Ley de Presupuestos.

Se aceptan regalos sin un registro de los mismos, que en las fechas navideñas se multiplican escandalosamente, sin que nadie conozca su procedencia o su destino final.

Se multiplican sin control los puestos de asesores, que sirven para recolocar a cargos políticos en su mayoría, siendo significativo el número de asesores docentes en educación (más de 100) que desempeñan puestos de funcionarios de administración general.

El número de designaciones a dedo crece sin medida. Si sumamos a las más de 2000 comisiones de servicio, los puestos de libre designación y concurso específico (libre designación encubierta) nos acercamos a la escandalosa cifra de más de 3000 puestos de trabajo.

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El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, condenado por agredir a una concejal, cobra más de 7 millones de pesetas como asesor de Barreda

Posted in Barreda by Die Rote Kapelle on 1 septiembre 2009

El alcalde Agustín Jiménez (en la foto) antiguo parlamentario regional; amigo personal de José Bono; relacionado en su condición de munícipe con ciertos negocios, por ahora frustrados, vinculados a Miguel Antonio Méndez Pozo ―otro amigo personal de Barreda― y como veremos en breve, también a gente estrechamente relacionada con la trama vasco-malaya; condenado como autor de una agresión contra la concejal de su propio partido, Belén Gutierrez, a la que propinó varios puñetazos delante de las cámaras de seguridad del Ayuntamiento, no sólo no ha sido reprobado por su partido, el PSOE de Castilla-La Mancha, sino que, además, ostenta el cargo de “Asesor de Presidencia” en la Junta de Comunidades, cargo por el que recibe 44.199 € anuales en concepto de retribución.

En otras palabras, este individuo cuyo destino lógico ―atendiendo a la más elemental ética, a la presunta postura de su partido y a la, no menos presunta, del propio Barreda― habría sido la expulsión inmediata; no solamente no ha sufrido ningún tipo de sanción, ni ha sido expulsado, ni ha recibido ninguna reprobación pública, sino que disfruta de la condición de “asesor” directo de José María Barreda, lo que le reporta, según su propia “declaración de actividades, bienes y rentas” de 2008, año en en fue condenado ―y en la que, por cierto, no se recoge ni un sólo céntimo de sus ingresos como alcalde de Noblejas― la sabrosa cantidad de más de 7 Millones de Pts. Anuales.

La enormidad de este cinismo y en general de la hipocresía que informa la política institucional en Toledo, se puede atisbar con cierta claridad comparando estos hechos con una de las últimas declaraciones de Barreda relativas a la violencia de género, incluidas en su blog personal, porque Barreda también tiene un blog:

«La violencia de género es una lacra a la que todos, hombres y mujeres, debemos plantar cara. Es inaceptable que en pleno siglo XXI sigan existiendo seres humanos que quieren abusar de otros seres humanos, que se creen en el derecho de poner la mano de encima, de lanzar un puñetazo contra alguien, sea hombre o sea mujer»

Fdo. José María Barreda, magister dixit et non facit y, además, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, personalmente asesorado por Agustín Jiménez, condenado por golpear a una mujer.

Barreda modifica la Ley del Suelo a petición de Díaz de Mera y de sus socios. La operación les reportará más de 3.000 Millones en plusvalías

Posted in Barreda, Díaz de Mera by Die Rote Kapelle on 21 abril 2009

El Mundo, 21 de abril del 2009

El Mundo, 21 de abril del 2009

Hoy El Mundo publica que la modificación solicitada -y concedida o en proceso de concederse- por los socios del aeropuerto de Ciudad Real, entre los que están los amigos de Barreda, Domingo Díaz de Mera y “Michel” Méndez Pozo además de CCM, les reportará a estos plusvalías superiores a los 3.000 Millones de €. La reacción de la oposición regional no se ha hecho esperar y como la verdad es la verdad, la digan Agamenón o su porquero, o el Gobierno o la oposición, reproduzco aquí el siguiente despacho de Europa Press:

TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) –

«El secretario de Acción Parlamentaria del Grupo Popular, Leandro Esteban, pidió hoy al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que explique urgentemente cuánto dinero público se ha invertido en el aeropuerto de Ciudad Real, “y que hoy algunos califican de proyecto de auténtico pelotazo“.

El diputado regional del PP se hizo eco de la información publicada hoy por el diario El Mundo, que indica que el PSOE de Castilla-La Mancha cambiará la ley del suelo para propiciar la venta del aeródromo y que la modificación legal multiplicará el valor de los terrenos hasta 3.000 millones de euros.

En este sentido, Esteban fue contundente y aseguró que el presidente regional “debe explicar lo que sabe, hasta dónde llega esta situación, y debe explicar cuánto dinero público se ha invertido en lo que al parecer, y algunos hoy califican, como un proyecto no de ley sino de proyecto de auténtico pelotazo”.

A renglón seguido, el parlamentario tachó de “intolerable” que el Gobierno regional se niegue a dar explicaciones y que presione con la ley del suelo y calificó de “abyecto” que se utilice esta norma “que dice pretender dar vivienda a quienes lo necesitan para proporcionar lo que algunos hoy califican como pelotazo”.

José María Barreda y Domingo Díaz de Mera en entusiasta camaradería

José María Barreda y Domingo Díaz de Mera en entusiasta camaradería

“Nos gustaría que el Gobierno regional hubiera tenido la decencia política de dar explicaciones a todos los ciudadanos”, indicó el diputado ‘popular’, quien aseveró que si él fuese gobierno en Castilla-La Mancha “ya estaría dando hoy explicaciones claras sobre el particular, si es que las tengo”.

El Gobierno regional, destacó, debe dar muchas explicaciones en relación con este asunto, y debe explicar por qué hay que cambiar una ley para que funcione un aeropuerto que ya funciona. Asimismo, le pidió que explique por qué se quiere vender un aeródromo que en su día fue declarado de utilidad pública.

Según afirmó, “parece ser, presuntamente, que detrás de esto hay intereses poco claros, intereses que no son del beneficio de la región y, que sin embargo, pueden estar centrados en el beneficio de unos pocos”. Por ello, insistió en que los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen derecho a conocer qué hay detrás de este proyecto.

El diputado dudó de cuáles son los verdaderos intereses del PSOE en este proyecto y destacó que el Gobierno regional “tiene mucha prisa en permitir que por medio de un instrumento legal, la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), se puedan permitir operaciones como las que hoy se denuncian”.

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INTERESES TURBIOS

Barreda y Antonio Miguel Méndez Poxo

Barreda y Antonio Miguel Méndez Poxo

“Me parece que el Gobierno de Castilla-La Mancha no quiere contestar y, si no quiere contestar, es porque tiene mucho que callar y, si tiene mucho que callar, los demás tenemos derecho a dudar de su rectitud en este asunto, y de que no haya más que intereses turbios alrededor del aeropuerto de Ciudad Real”, subrayó.

El secretario de Acción Parlamentaria del Grupo Popular recalcó que la noticia publicada hoy en “El Mundo” no contribuye a generar confianza en un momento de crisis y “revelan la verdadera cara de un gobierno, que tiene mucha preocupación por algunas cosas, y muy pocas por algunas otras”, indicó.

“Hoy más que nunca -dijo- es necesario investigar la trama de Caja Castilla La Mancha, ya que hoy son nuevos interrogantes que plantean muchos millones de euros en relación con este asunto”. Además, apuntó que “en un momento de crisis vemos la auténtica cara del Gobierno regional, cuyas recetas contra la crisis consisten en liquidar la caja para beneficiar a unos pocos privilegiados”.

Así, retó al presidente de Castilla-La Mancha y al PSOE a calificar lo que hoy aparece publicado en relación al aeropuerto. “¿Lo calificaría como intolerable, como falso, hipócrita, como corrupción en todos los sentidos?, se preguntó el diputado, quien señaló que “hoy algunos están empezando a quedar en su lugar”.

“Resulta paradójico como algunos ante estas situaciones con el beneplácito del Gobierno utilizan los puestos de trabajo y las inversiones en nuestra región como auténticos escudos humanos, no para generar bienestar y riqueza, sino para protegerse a sí mismos, utilizando actitudes que con el beneplácito del Gobierno resultan mezquinas“, remachó.»

Me imagino que Barreda y Bono, tras décadas de gobierno sin oposición, deben estar preguntándose qué diablos ha pasado aquí y lamentando tanta ingratitud, pero los portavoces de la recién nacida oposición en Castilla-La Mancha tienen más preguntas que hacer y sobre ellas han pasado de puntillas.

Barreda también debe dar explicaciones de por qué tres de los principales imputados en la Operación Malaya, el caso más paradigmático de corrupción en España -concretamente Juan Antonio Roca, Pedro Román Zurdo y Enrique Ventero Terleirahan recibido más de 200 Millones de Euros en créditos de CCM, créditos autorizados por Hernández Moltó pero también consentidos, si es que no propiciados, por Barreda.

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¿Tiene arte o parte Caja Castilla-La Mancha en el nombramiento de un hombre del “malayo” Ventero como Consejero Delegado de Inmobiliaria Colonial?

Posted in Aurelio González Villarejo, Barreda, CCM, Conexión Malaya, Ventero by Die Rote Kapelle on 24 febrero 2009

José María Barreda y Juan Pedro Hernández Moltó

(more…)

La red de las televisiones

Posted in Barreda, Díaz de Mera, García Palazón, Méndez Pozo by Die Rote Kapelle on 1 agosto 2008

Un oligopolio frustrado.

Según publicó en su momento el diario “El Mundo”, el 9 de marzo del 2000 se celebró una reunión en el Palacio de Funsalida, sede del Gobierno regional de Castilla-La Mancha. A dicha reunión asistieron el que entonces era vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, José María Barreda; el presidente de Caja Castilla-La Mancha, que lo sigue siendo en la actualidad, Juan Pedro Hernández Moltó y cinco empresarios propietarios de medios de comunicación en la región, a saber:

José Vicente García Palazón (Televisión Albacete)

Domingo Díaz de Mera (Televisión Ciudad Real)

Santiago Mateo (Tele-Cuenca)

Francisco Castellanos (Surco TV, de Tomelloso)

Javier Busnadiego (Tele-Toledo)

Estos, sin embargo, no fueron los únicos presentes. Además de ellos, también estaba allí el constructor Aurelio González Villarejo, ya entonces socio de Domingo Díaz de Mera según informaba “El Mundo”.

El proyecto que José Bono, a la sazón presidente de la Comunidad, quería poner en marcha, con José María Barreda como “mandatario, era la creación de un grupo de comunicación que uniera a esas cinco televisiones en la órbita del poder regional.

En tal sentido, de la reunión salió un “protocolo” de intenciones para la futura creación del holding televisivo. A dicho holding mediático, los que se adhirieran al acuerdo, cederían el 51% de las participaciones que tuvieran en sus respectivas televisiones. Esa adquisición se formalizaría mediante compra o ampliación de capital y tras ella, la participación que mantendría cada uno de los cinco grupos en la nueva sociedad, no podría superar el 20%.

Por su parte, Hernández Moltó, asistía al conciliábulo en calidad de garante de la financiación necesaria, naturalmente, con el dinero de la CCM.

La noticia continuaba diciendo que “según ha podido saber ‘El Mundo’, José Vicente García Palazón, Domingo Díaz de Mera y Aurelio González Villarejo apoyaron decididamente el proyecto”.

Sin embargo y como era de esperar, la oposición saltó como granizo en albarda. Miguel Angel Monserrat, en aquel momento portavoz del PP en el parlamento regional, pidió que José María Barreda «informe qué hay de cierto sobre este asunto y qué pretende con este hantaje a todas luces impresentable».

Barreda no informó de nada y, en su lugar, un portavoz del gobierno regional negó a “El Mundo” que la propuesta de la creación del “holding” partiera de la Vicepresidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, es decir, de Barreda.

Una nueva oportunidad. Los canales de televisión digital.

Ahí terminó el proyecto o, mejor dicho, terminó hasta fechas recientes porque el 16 de enero de 2008 “El Digital de Castilla-La Mancha” publicaba una noticia sobre la concesión de dos nuevos canales regionales de televisión digital. En relación con esto, los “licitadores” con mayores posibilidades de éxito, según este diario, eran Domingo Díaz de Mera, José Vicente García Palazón y Antonio Miguel Méndez Pozo, por este orden.

De estos tres, recordemos, tanto Domingo Díaz de Mera como José Vicente García Palazón, asistieron a la reunión del año 2000 con Barreda, Hernández Moltó y González Villarejo, y apoyaron firmemente el proyecto. Por el contrario, Antonio Miguel Méndez Pozo, más conocido como MichelMéndez Pozo, entonces ni estaba, ni se le esperaba.

Con este dato sobre la mesa, bien se podría pensar que el dinero de “MichelMéndez Pozo compite en esta adjudicación con el de los dos hombres de la órbita bonista: Díaz de Mera y García Palazón, tanto más cuanto que los medios de comunicación propiedad de Mendez Pozo en Burgos son especialmente ácidos con el PSOE, a más de que los inicios de “Michel” están estrechamente ligados al PP de Castilla y León en general y a José María Aznar en particular, desde los tiempos en que éste fuera presidente de esa Comunidad Autónoma.

Éxito de la reinserción social.

Esta suposición puede ser demasiado arriesgada si ponemos un poco de atención en la persona de Méndez Pozo. Empresario de la construcción y propietario de un número considerable de medios de comunicación (15 cabeceras de periódico en Castilla y León y Castilla-La Mancha y tres canales de televisión regionales) Es persona que conoce la cárcel, concretamente la Prisión Provincial de Burgos en donde ingresó el 23 de septiembre de 1994 después de que el Tribunal Constitucional no admitiera a trámite el recurso de amparo presentado por sus abogados.

Hasta la cárcel le había llevado una condena por estafa dictada a raíz del llamado “Caso de la Construcción” de Burgos en el que se mezclaba, según dijeron entonces los periódicos, el enriquecimiento particular de un alcalde, de varios concejales, del propio “Michel” y la financiación del PP regional.

La sentencia fue de 7 años de prisión, pero Méndez Pozo no estuvo tanto tiempo entre rejas. De hecho, el 15 de junio de 1995 se le concedía el tercer grado y podía volver a poner los pies en la calle.

La decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria fue muy acertada porque, la trayectoria posterior del constructor y empresario de la comunicación demostró, sin dejar lugar a dudas, el éxito de las medidas de reinserción social puestas en marcha por Instituciones Penitenciarias.

A día de hoy, Antonio Miguel Méndez Pozo es un muy respetado empresario con los pies sólidamente cimentados en cada una de las orillas de la política española o, mejor dicho, en cada una de las dos Castillas.

Pongamos un ejemplo ilustrativo: el día 28 de abril de 2006, se inauguró en Burgos la nueva sede de su grupo empresarial de Mendez Pozo (PROMECAL). A este evento no sólo acudieron los Príncipes de Asturias. Allí estuvo, por supuesto, Juan Vicente Herrera, Presidente del la Comunidad de Castilla y León, y Monseñor Antonio Cañizares, pero tampoco faltaron José María Barreda y Hernández Moltó, presidente de la CCM, entidad que financia buena parte de los negocios de Méndez Pozo y que comparte sociedades con él. Faltó José Bono, quien mantiene o hasta ahora ha mantenido una muy estrecha y pública amistad con “Michel”.



Una comida en el hotel NH Palacio de la Merced.

No acaban aquí las coincidencias interesantes de la celebración. Tras la correspondiente visita a la Catedral, hubo comida que corrió a cargo de los presupuestos de la Junta de Castilla y León y no pesó, como cabría esperar, sobre el Grupo PROMECAL.

El almuerzo tuvo lugar en un hotel significativo: el NH PALACIO DE LA MERCED, es decir, en uno de los hoteles de la Cadena NH, la misma que negociaba con Montserrat Corulla la compra del Beti Jai en Madrid; la misma para la que trabaja Heraclio Lópe-Sevillano, invitado junto a su esposa al menos a una fiesta de Juan Antonio Roca y la misma para la que trabajan Gabriele Burgio y Roberto Chollet Ibarra, socios de la mercantil MOLA 15 S.L. cuyos otros administradores son, además de los citados Burgio y Chollet, las sociedades VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A.U (Grupo SACYR-VALLEHERMOSO) ECOPROYECT 22 S.L. (administrada por Juan María López Alvarez, socio de Montserrat Corulla y de otros en EL ANGEL DE TEPA), VERAM A.G. (domiciliada en Suiza, administrada por Bruno Baumann, a quien en el contexto de la investigación de la Operación Malaya se le tiene por testaferro de Pedro Román Zurdo) e INVERSIONES GRANCASA S.A. (algunos de cuyos consejeros poseen acciones o cargos de representación en la mercantil EL TIRO DE MURCIA S.L., de la que también es accionista ECOPROYECT 22 S.L.) En definitiva, la misma CADENA NH en la que aparecen como consejeros los nombres de Antonio y Domingo Díaz de Mera.

La comunidad de intereses entre Méndez Pozo, Díaz de Mera y González Villarejo.

A estas alturas, por tanto, ya se puede decir que la asignación a “MichelMéndez Pozo de uno de los dos canales de televisión digital de Castilla-La Mancha no es algo que, precisamente, preocupe al Presidente Barreda o al Consejero Vitalicio José Bono o a alguno de los otros licitadores con posibilidades de éxito. Sin embargo, las amistades personales no son la única cosa que debilita la libre competencia en la concesión de estos canales. Resulta, además, que Antonio Miguel Méndez Pozo y Domingo Díaz de Mera son socios.

En Ciudad Real se está desarrollando un fabuloso proyecto inmobiliario que hace palidecer al ya famoso de “Terra Mitica”, el cual comprenderá zonas residenciales, un parque temático, un hotel casino, digna imitación de los esperpentos del desierto de Nevada, el inevitable campo de golf etc.

En concreto, el grupo estadounidense HARRAH (casinos en Las Vegas, entre otras cosas) Tiene previsto poner en funcionamiento no más allá del 2010, un casino y un hotel que superará las 800 habitaciones. En este proyecto el Grupo HARRAH mantiene un 60% y el otro 40% es propiedad de la mercantil EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA S.A., en cuyo consejo de administración están Domingo Díaz de Mera como vicepresidente y Antonio Miguel Méndez Pozo, como administrador, entre otros, naturalmente, pues tras este proyecto ciclópeo levantado sobre la finca Valcansado, a poco más de tres kilómetros de Ciudad Real, están o han estado AVANTIS-GEDECO, entidad relacionada con el Grupo DICO, el Grupo NATURA, relacionado con ARICAM, URBANIZACIONES BURGALESAS, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACION S.A. (por lo tanto, también a Aurelio González Villarejo, socio de esta entidad) IBERDROLA INMOBILIARIA SA, etc.

Los negocios de Antonio Miguel Méndez Pozo, Domingo Díaz de Mera y Aurelio González Villarejo.

A propósito de Aurelio González Villarejo, quien fue pionero en apoyar el control económico y político de las televisiones en Castilla-La Mancha no podía estar muy lejos del actual proyecto. De hecho Méndez Pozo y González Villarejo también son socios o si ya no lo son, lo han sido hasta hace muy poco.

GLOBAL CARTERA DE VALORES S.A. es una sociedad estrechamente relacionada con Domingo Díaz de Mera, aunque ni él ni su hermano Antonio, aparezcan en el Consejo de Administración. Con un capital social de 200.000.000,00 €, de los cuales están desembolsados 190.000.000,00 €, la entidad está presidida por Ignacio Barco Fernández, socio de Díaz de Mera en la mayor parte de sus compañías. En su consejo de administración también aparecen, desde el 29 de enero de 2008, entre otros, la CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA y Alberto González Tostado, es decir, el hijo de Aurelio González Villarejo y administrador, junto a Román Conde Alonso, de DESARROLLOS URBAPLANING S.L., como ya se sabe, promotora de los PAUs de “Las Montanillas” en Carranque.

Pero quienes constaban como administradores de la empresa antes de esta fecha y que aún pueden ser accionistas aunque no tengan cargo en el consejo, tienen igualmente un considerable interés:

IGNACIO BARCO FERNANDEZ, socio de Domingo Díaz de Mera, como se acaba de decir.

LUIS ANTONIO DELSO HERAS

GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL, es decir, Domingo Díaz de Mera.

ANTONIO MIGUEL MENDEZ POZO, que cesó como consejero el 25 de febrero de 2008

VISTA BV

En definitiva, todo parece indicar que Aurelio González Villarejo, Domingo y Antonio Díaz de Mera, “Michel” Méndez Pozo y los hombre de la CCM forman una gran familia cuyos intereses confluyen y en absoluto entran en conflicto. No acaban aquí las coincidencias puesto que, como veremos en breve, muchos de los que aquí se citan, también son próximos de otro importante empresario con serios intereses y algunos problemas en Marbella: Luis Portillo.

Así que “miere vuestra merced que aquellos que a allí se parecen no son molinos de viento, sino gigantes”.

Las viviendas público-privadas de Barreda más caras que las de renta libre

Posted in Aurelio González Villarejo, Barreda, Bono, Carranque, Illescas by Die Rote Kapelle on 19 mayo 2008

Ahora resulta que la “ocurrencia” social de Barreda para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda oculta una notable subida de los precios de éstas con respecto a las de renta libre y con el añadido de garantizar a unos pocos, y muy conocidos en Notitia Crimins, promotores inmobiliarios el buen fin de su negocio, puesto que es el propio gobierno regional el que se compromete a comparles tales viviendas si éstas no se venden.

La cosa tiene una lógica aplastante. En la región existen, más o menos, unas 84.000 viviendas que están resultando imposibles de vender, más aquellas otras en proyecto o en vías de construcción. Un plan de vivienda que realmente abaratara el precio en relación con las de renta libre o la construcción de las 50.000 viviendas protegidas que Barreda ofreció en su campaña electoral, entrarían en competencia directa y desigual con las urbanizaciones del conquense Aurelio González Villarejo, con las de Carlos Durán Sánchez, con las de PEYBER, con las de Menchero, con las del Pocero o con las de Domingo Díaz de Mera, por citar algunos nombres significativos y aceleraría su defunción económica.

Una cosa así significaría arrojar a demasiada gente conocida a la trituradora del “concurso de acreedores”. Limpiaría con escoba de hierro las excrecencias de especuladores inclinados a jugar en el mercado sólo cuando se les garantiza una ventaja segura y eso, precisamente, es lo que Barreda parece estar dispuesto a evitar a toda costa y a cualquier precio.

No es otro el efecto del invento de Barreda. Mientras las viviendas “público privadas” garantizan la actividad y el beneficio de estas promotoras en los tiempos magros, los “campos de golf” podrán permanecer en conserva a la espera de mejor fortuna. ¿Es esto una malversación fabulosa de fondos públicos? No, sólo es un acto político amparado por la discrecionalidad, también política, del Gobierno de Barreda que, desde luego, no comparte intereses económicos con estos promotores que he citado y con otros cuyos nombres, de momento, reservo, pero si los actos de los hombres delatan sus intenciones, este último acto de Barreda es muy util para revelar la verdadera intención de esta carta (para leerla correctamente, basta pinchar con el ratón sobre cada imagen) Dirigida por Barreda a Francisco Hernando “El Pocero” de Seseña y fechada el 22 de junio de 2006:

En fin, reproduzco aquí la noticia completa publicada por COTIZALIA sobre el tema:

“El Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha firmado el pasado lunes por la Junta que preside José María Barreda, la ministra del ramo, Beatriz Corredor, sindicatos y empresarios de la región es superado por la realidad del mercado. Sucede que las viviendas público-privadas (VIPP) que el pacto propone para que los jóvenes mileuristas accedan a una vivienda digna son más caras que las libres. ¿Supone este plan una socialización encubierta de las pérdidas para ladrilleros y sus financiadores?

El precio del metro cuadrado de cada vivienda VIPP oscila entre los 1.857 y los 2.142 euros. Precio sensiblemente superior a los 1.447,5 euros por metro cuadrado que costaba de media en la región la vivienda libre en el primer trimestre de 2008, según el propio Ministerio de Vivienda que dirige Corredor, firmante del pacto propuesto por Barreda. Los datos oficiales muestran cómo el metro cuadrado de vivienda libre en Guadalajara y Cuenca ya es más barato este año que en el trimestre anterior. El propio texto original, que pueden consultar aquí, sitúa el precio medio de la vivienda libre en Castilla-La Mancha en 1.519 euros por metro cuadrado.

Como quiera que las estadísticas del Ministerio de Vivienda son frecuentemente cuestionadas por los expertos, este diario ha comparado los precios de las viviendas subvencionadas de Barreda con los precios a la venta de viviendas de obra nueva en las localidades más pobladas de Castilla La Mancha en portales inmobiliarios. El resultado es que se pueden encontrar viviendas nuevas en Toledo capital por 1.063 euros por metro cuadrado, incluso en el casco histórico por 2.050 euros, menos aún que la parte alta de la horquilla de precios propuesta por Barreda. Lo mismo ocurre en Guadalajara, donde no es difícil hallar obra nueva a 1.617 euros por metro cuadrado. La media baja considerablemente a medida que las promociones se alejan de los centros de las capitales. Por ejemplo, el precio medio de la zona de La Sagra, área cercana a Madrid donde se levanta el Residencial Francisco Hernando de El Pocero en Seseña, está fijado en 1.769 euros por metro cuadrado.

PP: “No pueden ser los jóvenes los que paguen las pérdidas del ladrillo”

El Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha repite a lo largo de sus 21 folios el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna garantizado en el artículo 47 de la Constitución. Sin embargo, desde que se ha conocido el contenido del texto, las críticas han arreciado.

Especialmente virulenta ha sido la reacción del PP. El secretario general del Grupo Popular de las Cortes autonómicas, Marcial Marín, ha acusado a Barreda de contribuir a una escalada de precios “sin precedente” y de firmar la “pena de muerte” para la vivienda de protección oficial. En su opinión, los jóvenes de Castilla-La Mancha no pueden hipotecar el 87% de su sueldo durante cincuenta años. “No pueden ser ellos los que paguen las pérdidas del ladrillo. Barreda se burla de esta manera de todos ellos y de su escaso poder adquisitivo, máxime cuando se compara con su sueldo VIP, que es más de cien veces superior al de un joven castellano-manchego”, ha afirmado.

Asimismo, ha estimado que si el Gobierno autonómico encargase construir viviendas VIPP para cada demandante registrado, tendría que presupuestar la cifra de 7.176 millones de euros adicionales para garantizar su venta a los promotores, el 81% del presupuesto regional. Marín ha puntualizado además que en la región existen 26.945 empresas que se dedican a la construcción y tienen el derecho de participar en este plan de construcción, “aunque el presidente autonómico se empeñe en que sólo unos 25 serán los promotores”.

Para el PP, Barreda, con este plan, va contra la autonomía y la financiación de los ayuntamientos, puesto que promoverá mediante concurso público, de carácter supramunicipal o de interés regional, transferencias y reclasificación de suelo desde la propia Junta, “quitando la financiación a los propios municipios. Creemos que financiar viviendas de promoción privada en suelo privado no es la labor de un gobierno”, ha señalado. Finalmente, ha destacado que es un plan “inexplicable” que oculta algunos intereses “que no nos quieren confesar””.

Las viviendas público privadas de Barreda

Posted in Aurelio González Villarejo, Barreda, Bono, Díaz de Mera, Méndez Pozo by Die Rote Kapelle on 18 mayo 2008

Alejandro Pompa no es un hombre “luminoso, pero sí un buen conductor de luz”. Iluminó la escena de Carranque, enseguida la de Illescas y su foco ya empieza a alumbrar las escalinatas del palacio de Funsalida.

Digo esto porque no estaría de más que, con la luz que refleja Pompa, se lea e interprete la “ocurrencia” de Barreda de promover “viviendas público-privadas” garantizando a los promotores la financiación y la compra con dinero público de sus promociones si estos no consiguen venderlas.

Cayo Lara, coordinador regional de IU en Castilla la Mancha considera esta “iniciativa” una forma de burlar el compromiso electoral de Barreda sobre vivienda protegida. Es cierto, pero hay que preguntarse por qué Barreda siente ese impulso tan irresistible, por qué necesita transformar en privado lo público, es decir, por qué necesita eludir las limitaciones y controles que impone la legislación sobre vivienda protegida. También, por supuesto, hay que preguntarse a quién beneficia el invento, cui prodest?

Este pacto por la vivienda, el “Pacto del Cigarral”, lo ha firmado Barreda con la Confederación de Empresarios de Castilla la Mancha, la misma organización, patronal o lobby, en la que tienen un papel muy destacado o dominante Aurelio González Villarejo o Domingo Díaz de Mera, ambas personas ligadas a José Bono y, por tanto, a Hernández Moltó, desde antiguo, como también lo puede estar otro “empresario”, Antonio Méndez Pozo, que alcanzó cierta notoriedad en Burgos hace algunos años y que, ahora, la está alcanzando en Castilla la Mancha.

El interés de estos y otros empresarios en el “Pacto del Cigarral” es comprensible. Lo que está en peligro no es sólo la inversión de la CCM o de la CAM en las 14.000 viviendas de “El Pocero” sino, por ejemplo, el tinglado de “El Reino de Don Quijote”, una mezcla de parque temático, gigantesca promoción inmobiliaria y acumulación de garitos de juego de azar; las 24.000 viviendas de Tofiño en Illescas; las 3.000 que, más o menos están en marcha en Carranque, el no inferior tinglado urbanístico de Borox, con alcaldesa consorte administrando una promotora inmobiliaria cuyo capital social alcanza, si no recuerdo mal, los doscientos millones de pesetas… Y todo esto cubierto por una impresionante madeja de “razones sociales” tras las cuales, siempre, acaban apareciendo, tenazmente, los mismos nombres y la misma estrecha relación, ya sea financiera o personal, con el poder político de la región.

La “ocurrencia” de las “viviendas público-privadas” puede interpretarse como una opción política, buena o mala, pero también como el síntoma de una infiltración irreversible del interés privado, en la cosa pública,de la transformación de la Cosa Pública en Cosa Nostra, de manera que “promotor” y “legislador” se confunden en un sistema perverso en el que la zorra cuida de las gallinas y en el que le ley se hace para garantizar sinecuras y canongías, beneficios, en definitiva, para los bolsillos privados de aquellos que hacen las leyes públicas.

Cayo Lara afirmaba, según publica Europa Press, que “esta medida tomada por el Ejecutivo regional es ‘una cortina de humo’ para incumplir los compromisos que adquirió en las elecciones de construir 50.000 VPO, ‘saliendo con la historia de las VIPP que fomentan la compra de viviendas libres’”.

También aseguró que “el ‘Pacto del Cigarral’, como lo llamamos nosotros, ha nacido muerto y es un fracaso urbanístico, porque ha sido impulsado por unos cuantos promotores“, y el apoyo de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, “es puramente testimonial, ya que ahí tenemos la opinión de Pedro Solbes, de no apoyar a los constructores que han estado especulando estos años, que tiene más peso en el Gobierno que la opinión de una ministra que acaba de llegar”.

Es, creo yo, mucho más que eso, es el aviso de un mundo obsceno, que amenaza con llegar, si es que no está llegado ya, en el que el robo no puede ser delito puesto que es el ladrón quien hace la ley. La cuestión es ¿quién puede vivir en un mundo así? Nadie, me parece a mí, porque hasta la Cosa Nostra siempre ha tenido sus leyes.

Riolobos se pregunta por los "intereses ocultos" de Barreda

Según un despacho de Europa Press hecho público hoy, Carmen Riolobos se pregunta por los “intereses ocultos” que hay tras la “ocurrencia” de Barreda (un presidente al que bien se podría tener como fiduciario del consejero vitalicio José Bono, dicho esto, siempre, en términos políticos, faltaría más) De comprar con dinero público, es decir, con el de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, las viviendas que los promotores castellano-manchegos no están consiguiendo vender.

La señora Riolobos se pregunta por los beneficiarios de la “ocurrencia” de Barreda y también si está en las intenciones de este señor, de Barreda quiero decir, comprar al “Pocero” las viviendas que vegetan en el PAU del Quiñón, en Seseña. Es una buena pregunta, sin duda: Cui prodest…, pero insuficiente. Hay que concretar más si es que el PP de Toledo quiere abandonar la preocupante conducta omisiva con la que ha tolerado lo intolerable durante el último lustro. Veamos alguna de esas preguntas “más concretas”:

¿Qué hacen Juan Tomás Vidal, antiguo Director General de Hacienda, bajo la responsabilidad de Hernández Moltó, consejero entonces del mismo ramo, durante los gobiernos de José Bono; compartiendo administración en varias de las empresas del Grupo VEMUSA, el de Enrique Ventero Terleira, detenido e imputado en la Operación Malaya?.

¿Qué hace ese mismo Juan Tomás Vidal, junto con José Luis Rodríguez Holgado, compartiendo consejo de Administración con los hermanos Bermejo-Peinado (PEYBER) En la mercantil VILLA ROMANA GOLF, en Carranque?

¿Por qué José Manuel Tofiño Arrogante, hijo de Tofiño Pérez, alcalde de Illescas y presidente de la Diputación de Toledo, creó una sociedad junto con los hermanos Bermejo-Peinado (PEYBER) De forma simultánea a la tramitación y adjudicación de la contrata de mantenimiento de carreteras de la zona 2 de Toledo por un montante de 27 millones de Euros?

¿Por qué Tofiño Pérez, alcalde de Illescas, ha permitido que el hormigón de su amigo Carlos Durán Sánchez y de PEYBER, destruya un yacimiento arqueológico visigodo en la zona del arroyo de Bohadilla, en Illescas?

¿Cuál es el papel, en Illescas y en Carranque, de Aurelio González Villarejo, empresario de la construcción, amigo personal de José Bono y estrechamente relacionado con Juan Gracia Jiménez, administrador de PEINSA-97, empresa que ha salido a relucir en los principales casos de corrupción denunciados en Murcia, también en los vinculados a la operación Malaya?

¿Por qué Tofiño Pérez y Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque ahora imputado por delitos de corrupción, han dado o están dando la gestión del agua de Illescas y de la Sagra Alta a AQUALIA, empresa del grupo FCC, el de Alicia Koplowitz, la misma que acompañó a Aurelio González Villarejo y a Domingo Díaz de Mera, en el desembarco en COLONIAL, de la mano del ahora “despedido” Luis Portillo?

¿Hay más relaciones entre González Villarejo y la CCM, es decir, Hernández Moltó, y cualquiera de los implicados en la Operación Malaya?

¿Tiene Tofiño Pérez o cualquiera de los miembros de su familia, alguna relación con la mercantil URBAN CASTILLA-LA MANCHA, una de las firmantes del convenio de soterramiento de la vía férrea de Illescas?

¿Tiene la CCM alguna vinculación con CAJA SOL o con alguna de sus empresas relacionadas, Caja de Ahorros esta, que ha sido vinculada por la prensa con la trama vasca de la Operación Malaya o con directos implicados en dicha Operación?

¿Tiene la mercantil URBAN CASTILLA-LA MANCHA algún nexo con las empresas incluidas en la llamada “trama vasca” del caso Malaya?

¿Piensa Barreda comprar algunas de las 24.000 viviendas que Tofiño impulsa en Illescas y cuyos promotores principales son CARVIER (Carlos Durán Sánchez) DESARROLOS URBAPLANING-Grupo G.V. (Aurelio González Villarejo) y URBAN CASTILLA-LA MANCHA (Miguel Angel González Resino, en la primera foto de esta página)?

Para responder a todas estas preguntas y a otras muchas que son pertinentes, ya he dado algunos datos en esta página, y daré más, sin la menor duda. Entre tanto copio aquí, la nota publicada por Europa Press:

“Riolobos criticó la demagogia del vicepresidente primero, Fernando Lamata, al decir que los beneficiados serán los demandantes, ‘cuando sólo él y el señor Barreda saben realmente quien se va a beneficiar. No quieren que se conozca la verdad’. Asimismo, se preguntó ‘qué esconde y qué oculta’ el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, detrás de ese documento, informó el PP en nota de prensa. ‘Firmar un plan sin que lo conozcan los legítimos representantes de la voluntad ciudadana –los diputados del Parlamento regional– no solamente es dudoso y malévolo, sino una práctica que repugna a la democracia y al derecho de los ciudadanos a conocer la verdad’, señaló Riolobos. La portavoz del PP se preguntó si en las viviendas que la Junta comprará a los promotores se incluyen también las viviendas de ‘El Pocero’ en Seseña (Toledo) que se han quedado sin vender y donde sobran ‘muchos miles‘, ya que, si el Ejecutivo autónomo se convierte en la mayor inmobiliaria de la región ‘hay muchas dudas en el aire y mucho interés oculto’ y los ciudadanos, también el medio millón de ellos que vota al PP, tienen derecho a conocer la verdad. ‘José María Barreda está gobernando de espaldas a las instituciones y a los ciudadanos, pasa de consentir el urbanismo salvaje de su amigo ‘El Pocero’ a actuar como promotor inmobiliario que venderá viviendas más caras que las VPO. ¿Por qué no hace viviendas protegidas, más baratas?. Actúa como cuando se subió el sueldo de forma escandalosa o cambió la Ley Electoral de manera unilateral para poder perpetuarse en el poder’, declaró“.