NOTITIA CRIMINIS

DII, TALEM TERRIS AVERTITE PESTEM

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La imputación de Hernández Moltó, las zonas oscuras de CCM y las nuevas formas de corrupción

Barreda, la consejera Araujo y el imputado Moltó

Finalmente, Hernández Moltó, el “inquisidor” de Mariano Rubio, el recto hombre político que podía sostener la mirada a cualquiera, el amigo íntimo de José Bono, el ex diputado, el ex consejero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el destituido presidente de CCM; está imputado a causa de los presuntos delitos cometidos durante lo que bien se puede llamar el saco de la caja de ahorros manchega.

Esta imputación trae cuenta del informe elaborado por los inspectores del Banco de España y remitido hace algunos meses a la Fiscalía Anticorrupción. Parte de ese informe –que se puede descargar desde este enlace– se ha filtrado a la prensa y en él tienen protagonismo muy señalado los habituales nombres que llevan años merodeando por los pasillos del palacio de Fuensalida: Domingo Díaz de Mera, los hermanos Barco Fernández, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo e incluso la laureada Petra Mateos Aparicio.

Simplificando las cosas, lo que en el citado documento se destapa es la servidumbre sistemática del aparato financiero dominado por la Junta de Bono y Barreda –es decir, de CCM– hacia las operaciones de esos personajes, todos los cuales mantienen una pública, manifiesta y reconocida cercanía personal a los citados Bono y Barreda.

Coincidiendo con eso, la atención de la política regional, ante el fiasco de la Caja, se ha centrado en asuntos tan turbios como el demencial aeropuerto de Ciudad Real o el misterioso agujero de la Fundación Virtus. En menor medida y sólo debido al impulso dado a la causa por IU y especialmente por Cayo Lara, también en el caso del Pocero de Seseña, donde por no faltar, no falta ni la mafia calabresa, la ‘Ndrhangheta.

Sin embargo son más las cosas destapadas en Castilla-La Mancha y más concretamente en Toledo, que provocan una acuciante preocupación. Recordemos algunos de las más señaladas.

Allá por las postrimerías de 2006 Notitia Criminis reveló que el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, José Manuel Tofiño Pérez había impulsado un proyecto de privatización del mantenimiento de las carreteras de la provincia, del cual había resultado la concesión a una de las empresas del grupo PEYBER de una contrata de 27 millones de €. Al mismo tiempo, los propietarios del mencionado grupo crearon otra empresa –SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS– en la que participaba como socio el hijo del señor Tofiño, un joven con los estudios de arquitectura recién terminados. Denunciado el caso por IU, la Fiscalía de Toledo consideró que no había nada que investigar en este asunto. Por su parte, Tofiño y Gregorio Fernández Vaquero, otro alto cargo del PSOE toledano, se apresuraron a contratar los servicios del bufete Garrigues para intentar –inútilmente, a la vista está– silenciar a este modesto blog.

También se ha revelado aquí otro hecho que induce, inevitablemente, una viva sospecha. Se trata de la presencia en el pueblo toledano de Layos de la llamada “Trama Vasca” o “Trama Vasco-Malaya”, un enrevesado y complejísimo entramado empresarial en el cual relumbran nombres como el de Javier Arteche Tarascón –presunto testaferro de Juan Antonio Roca e imputado en piezas separadas del caso Malaya– Luis Maya Galarraga, Maria Eugenia Yeregui Kinkel, Ignacio Lasa Georgas, etc. En este caso, no sólo la Fiscalía ha considerado irrelevante el asunto, sino que toda, repito, toda la prensa, ha guardado un reverencial silencio, pudiera ser porque asociado con esos personajes aparece ahí –concretamente en la mercantil LAYOS CASA CAMPO– el apellido Oriol e Ibarra.

La generosa financiación dada por la Caja capitaneada por Hernández Moltó a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo y a Enrique Ventero Terleira, es otro de los hechos escalofriantes acaecidos en el entorno político-económico de la Junta manchega. Ya dije aquí que CCM, según documentación que consta en el sumario del caso Malaya, había financiado a Roca la compra del palacio de Saldaña en Madrid, pero también, como en su día revelaron Alejandra Ramón y Javier Romera en El Economista, CCM ha prestado a algunos de los cabecillas de la trama Malaya –entre ellos al propio Roca– no menos de 200 Millones de €. Esta circunstancia no ha merecido la atención de la Fiscalía y, parece ser, tampoco de la inspección del Banco de España o, lo que es más sorprendente, de la oposición regional.

Así mismo, y relacionado con lo anterior, ha sido mínimo el revuelo levantado por el descubrimiento de que CCM participaba en varias sociedades con el imputado en Malaya, Enrique Ventero Terleira y con el también imputado en pieza separada del caso, Luis Portillo, el artífice de la quiebra de Inmobiliaria Colonial.

No obstante, si hay un caso flagrante en relación con esta vinculación de CCM con las tramas de corrupción marbellíes, es el de la finca Alcalvín de Bargas, tres millones de metros cuadrados adquiridos en sospechosas circunstancias por la mercantil PUERTA ORO TOLEDO y recalificada parcialmente bajo la autoridad del alcalde de la localidad, Gustavo Figueroa Cid, vicepresidente de la Diputación toledana y mano derecha e izquierda de su presidente, José Manuel Tofiño.

Sobre la mitad de esta finca, cuyo proyecto de urbanización está calificado como “medioambientalmente inviable” se constituyó una primera hipoteca a favor de CCM por valor de unos 30 millones de €. El plazo era de dos años. Transcurrido dicho plazo sin que PUERTA ORO TOLEDO hubiera pagado a CCM ni un céntimo del capital o los intereses del crédito, la Caja de Hernández Moltó lo renovó el 15 de mayo de 2007 en las mismas condiciones y por otros dos años. Esos dos años volvieron a transcurrir sin que los propietarios de la finca pagaran absolutamente nada del crédito recibido y así, el 13 de mayo de 2009, dos días antes del nuevo vencimiento y con CCM manifiestamente en quiebra, la Caja presidida por Moltó volvió a renovar el crédito de 30 millones en idénticas condiciones y sin ninguna penalización o ampliación de garantías.

Pero si esta operación en sí misma es turbia, el hecho adquiere un significado preciso cuando sabemos que los propietarios de PUERTA ORO TOLEDO son, ni más ni menos, que el “malayo” Pedro Román Zurdo, el socio de Roca y del citado Román, Juan María López Alvarez, la constructora SACYR y uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Europa, el bufete Cuatrecasas.

El caso mereció un amplio artículo en El Mundo firmado por Cristina Caballero, pero ni la Fiscalía, ni la oposición ni –por lo que se sabe hasta ahora– la Inspección del Banco de España, han considerado la cosa digna de investigación.

Esta no es una relación exhaustiva. Existen otros hechos que ensombrecen toda la política urbanística de Castilla-La Mancha y, especialmente, de la comarca toledana de La Sagra, fronteriza con la provincia de Madrid; hechos que atañen a Illescas, a Carranque, a Borox, a Chozas de Canales, a Casarrubios del Monte, por supuesto a Seseña, etc. etc., ninguno de los cuales parece tener la suficiente relevancia penal ni reclamar una investigación judicial o policial.

Pedro Román esposado a Roca

No obstante, para quienes consideran –y yo lo considero así– que la situación española ha alcanzado un estado de “corrupción endémica” tal y como la ha definido el Parlamento Europeo en el Informe Auken y que, por lo tanto, es obligación cívica sospechar, investigar y denunciar; lo conocido hasta ahora en Castilla-La Mancha –aunque no sólo ahí– dibuja una evolución preocupante en las estructuras de corrupción política. Si habitualmente se identifica corrupción con cohecho, es decir, con soborno, los datos disponibles pergeñan un esquema sustancialmente distinto y mucho más perfeccionado.

Ya no se trata de que un constructor tenga que pagar un soborno a un alcalde o a un responsable político dentro de su ámbito de poder, sino de la creación de zonas geográficas de monopolio a favor de determinadas empresas o grupos empresariales vinculados más o menos abiertamente a los poderes políticos de esos territorios. Tales grupos no solamente se benefician de su privilegio monopolístico, sino de la disponibilidad incondicional e ilimitada del crédito por parte de los gobernantes regionales a través de las cajas de ahorro y, si llega el caso y así es necesario, de la potestad de estos para modificar la legislación aplicable y convertir en jurídicamente viable lo ilícito, si es que no lo decididamente delictivo.

La crisis y el fiasco ladrillesco, además de haber puesto al país al borde de la intervención y de la liquidación del Estado Social, también han enervado estos nuevos esquemas de corrupción que amenazan con barrer el Estado de Derecho porque parten, precisamente, del mismo poder legislativo que los debería combatir; pero no los han hecho desaparecer. Permanecen donde estaban, a la espera de que vuelvan los buenos viejos tiempos, y sólo una más que improbable reacción civil podrá estorbar el desmoronamiento definitivo de la más elemental decencia pública.

Entre tanto, el actual alcalde de Toledo, eterno delfín de Bono, Emiliano García Paje, ha asegurado a la prensa que Hernández Moltó “no está imputado por corrupción”. ¿No?.

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Written by Die Rote Kapelle

12 enero 2011 at 18:09

El Banco de España denuncia a Hernández Moltó ante la Fiscalía

Molstó y Barreda

La institución que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez aprecia indicios de delito en la actuación de Juan Pedro Hernánde Moltó al frente de CCM y trasladará a la Fiscalía el tanto de culpa. La noticia la hace pública hoy El Mundo.

Lo que, en atención al contenido del Pliego de Cargos redactado por el Banco de España, parecía inevitable o, al menos, legalmente exigible, se ha producido, pero 16 meses después de aquella intervención. Esto no es cosa vana puesto que en ese casi año y medio los presuntos responsables de los delitos detectados han contado con un tiempo inestimable para alterar pruebas, para difuminarlas o para dificultar en extremo la investigación judicial. A pesar de ello, el material recopilado por los Inspectores y el aportado por investigaciones periodísticas no deja de ser abrumador.

Al hilo de esto, hay que recordar que el 24 de octubre de 2008, bastante antes de la intervención, El Confidencial publicó un artículo titulado “Los Agujeros de Caja Castilla la Mancha”. Ahí se decía lo siguiente:

“Entre sus actuaciones –las de CCM– se incluyen el aeropuerto de Ciudad Real, necesitado de socios financieros a una semana de su inauguración, a proyectos inmobiliarios con conocidos imputados en operaciones contra la corrupción como Malaya”.

A esas afirmaciones, “un portavoz de la entidad”, contestó diciendo: “Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocidaNadie de esta casa está imputadoSomos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”.

Ese “portavoz” también recordará –permítaseme la pedantería– un comentario hecho ese día a la periodista que le había telefoneado: eso son calumnias esparcidas por un blog, pero “ya le hemos denunciado”.

Pues bien, señor “Portavoz” de la ahora desaparecida CCM, hasta aquí hemos llegado y ya veremos hasta dónde llegamos en el futuro.

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Written by Die Rote Kapelle

19 julio 2010 at 9:01

Caso del Pocero: “O grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos” por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha

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La información que publica hoy El Mundo –que se puede descargar íntegramente pulsando sobre la imagen– hace entrar el caso del Pocero de Seseña en un nuevo estado, cualitativamente distinto y de alcance aún difícil de calcular.

El citado periódico desvela un “informe confidencial” fechado el 11 de mayo de 2007 y remitido por la Intervención General del Estado a la teniente fiscal Belén González Patín, quien actúa ahora como acusación pública contra José Luis Martín, alcalde de Seseña durante la aprobación del PAU del Pocero.

Para la Intervención General del Estado, la actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sólo puede explicarse como “grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos” y eso sitúa al que entonces era Consejero del ramo, Alejandro Gil al borde del precipicio y a punto de dar un gran paso al frente; pero no sólo a Gil, sino también a quienes, por encima de él presidían el Gobierno regional del que formaba parte: José Bono y José María Barreda sucesivamente.

Únase a esta información, un presunto miembro de la mafia calabresa –Giovanni Piero Montaldo– detenido durante la operación Malaya y también imputado en la operación Astapa, pagando al ex alcalde José Luis Martín 700.000 € por razones que todavía se desconocen.

Únase a ambas cosas, que ese presunto mafioso actuaba en Marbella como apoderado de APEX 2000 (Iberdrola Inmobiliaria) en cuyo consejo de administración aparece Rafael Santamaría Trigo, gran amigo de Bono y benefactor, según las últimas informaciones de prensa, de aquél y su familia con diversas dádivas de muy considerable cuantía.

Añádase que el mismo Rafael Santamaría compartió sociedad (Royal Mediterránea) con con el abogado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas.

Finalmente, téngase muy presente el artículo que Enrique Gimbernat –un penalista sobresaliente y, sin duda, un sabio de rango europeo en materia de dogmática penal– publica hoy, también, en El Mundo, sobre el cohecho impropio.

Written by Die Rote Kapelle

5 julio 2010 at 8:23

Publicado en Barreda, Bono, El Pocero

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El Tribunal de Cuentas desmonta la estrategia de Bono y Barreda en el caso del Pocero

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Hace ya tiempo que la estrategia seguida por el PSOE toledano en el caso del Pocero pasó del manifiesto apoyo a un aparente repudio.

En 2004 la Ejecutiva Federal del PSOE, para entendernos, Ferráz, no Toledo, forzó la disolución de la agrupación socialista de Seseña, a todas luces ya entonces, demasiado sospechosa.

En noviembre de 2007 Hernández Moltó, refiriéndose a la retirada del crédito que CCM venía proveyendo al Pocero, hizo unas notablemente indiscretas declaraciones recogidas por el diario Las Provincias: “el que la hace que la pague y que la pague rápido y suficientemente. Considera que al negocio no le van bien los exhibicionistas, la ostentación es un mal aliado del empresario”.

Esto no siempre ha sido así. En julio de 2006, apenas unas horas antes de que se hiciera pública que la Fiscalía Anticorrupción abría diligencias de investigación sobre el asunto del Pocero, Barreda aseguró en rueda de prensa que El Quiñón era “transparente, legal e impecable”.

Ahora, en 2010 parece que ya no está dispuesto a repetir esas declaraciones, pero hay un incidente en la ya larga historia del PAU del Pocero que hace sospechar seriamente sobre la sinceridad de Barreda en aquel momento.

Según describen detalladamente Alejandra Ramón y Ruth Ugalde en “El Pocero de Seseña”, corriendo el otoño de 2003, con el ahora imputado José Luis Martín de alcalde, “Ante la gravedad de los acontecimientos IU decidió convocar un pleno para solicitar una fiscalización de las cuentas del consistorio desde el año 1990. El grupo municipal del PSOE… votó a favor, mientras que el PP se abstuvo. La decisión socialista sorprendió a todos los presentes y entre los militantes de IU empezaron a temer que los socialistas hubiesen actuado así porque tenían la seguridad de que la Junta rechazaría la petición. Y los malos augurios se cumplieron. Pasados unos meses, el síndico de cuentas de Castilla-La Mancha dio carpetazo al asunto tras alegar que “no ve ningún ningún motivo para realizar la fiscalización”.

Siete años después, el Tribunal de Cuentas, una de las pocas instituciones españolas en las que aún se puede confiar, desmiente al Síndico de CASTILLA-LA MANCHA, desmiente a Barreda e, igualmente, desmiente a Bono, todos los cuales han insistido e insisten en la absoluta legalidad de la tramitación del PAU del Pocero o, en todo caso, en la absoluta legalidad de su propia actuación.

Pero, además, ese mismo informe, que pone de manifiesto la evidente omisión de las obligaciones de inspección y control que la Ley imponía a los gobiernos de Bono y Barreda y que, dependiendo de hasta dónde lleguen las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas, bien podría hacer entrar en juego al artículo 11 del Código Penal; desmiente la fatigosa estrategia defensiva de José Bono, él sí, incansable a la hora de denunciar la “campaña de difamación de que es víctima”.

Si alguien difama a Bono, son los hechos y lo malo para él, es que son sus hechos y los hechos de su sucesor, Barreda. En fin, léase con atención el artículo que publica hoy Carlos Segovia en El Mundo. Se puede descargar pulsando sobre la imagen.

Written by Die Rote Kapelle

4 julio 2010 at 11:11

Publicado en Barreda, Bono, El Pocero

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Barreda se sirve de una treta para poner 140 Millones de € públicos a disposición de los socios del quebrado aeropuerto de Ciudad Real

¿Qué debe José María Barreda a Domingo Díaz de Mera, a Aurelio González Villarejo y a Antonio Miguel Méndez Pozo? ¿Qué vasallaje le obliga hacia esos hombres?.

No diré que sea insólito, porque la maniobra se esperaba, pero la desvergüenza es de tal enormidad, tan soberbio es el desparpajo con el que ya actúa el Gobierno de Castilla-La Mancha, que el asombro es inevitable.

Finalmente, a pesar de la declaración de quiebra, a pesar de la escandalosa trayectoria del negocio fraguado entorno al aeropuerto de Ciudad Real, Barreda, valiéndose de una treta de buhonero con malas mañas, va a poner a disposición de los socios ―suspendidos por el Juzgado de sus facultades de administración y disposición― de ese fracasado aeropuerto 140.000.000 de € sacados de los fondos públicos.

La martingala se ha consumado de la siguiente forma: Hoy el parlamento regional ha aprobado la creación de una empresa pública que se hará cargo de la “gestión” ―no de la propiedad― de las “infraestructuras aeroportuarias”. Dicha empresa pública será la que ponga a disposición del mencionado aeropuerto, es decir, a disposición de Domingo Díaz de Mera y de sus socios, el aval de 140.000.000 de €.

Lo que no se atrevió a hacer directamente, tres días antes de que se conociera el Auto que declaraba la quiebra de CR AEROPUERTOS, Barreda lo hace hoy interponiendo una pantalla societaria que sólo puede ocultar la realidad a los necios o a los cómplices.

La situación creada hoy en el Parlamento de Castilla-La Mancha ha permitido a los parlamentarios del PP hablar de Mafia y de prácticas mafiosas y les ha permitido también denunciar que distintos medios de comunicación han sido amenazados con la retirada de fondos provistos por el Gobierno Manchego.

No importa, Barreda estará tranquilo porque en Castilla-La Mancha impera el principio de intervención ínfima del Derecho penal, según el cual principio, sólo algunos pobres diablos, cuando por su propia ignorancia y descuido, son pescados con las manos en la masa, pueden temer acabar en manos del brazo secular.

Pongo a continuación la crónica publicada por Europa Press de lo sucedido hoy en el Parlamento de Castilla-La Mancha:

TOLEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) –

«El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó este jueves, con los únicos votos del PSOE y la ausencia del Partido Popular, que abandonó la Cámara regional, la creación de una empresa pública de gestión de infraestructuras aeroportuarias, con el debate de la concesión de 140 millones de euros a la sociedad del aeropuerto de Ciudad Real como fondo.

Durante el debate, que centró tres puntos de la sesión plenaria, el diputado del PP, Leandro Esteban, insistió en pedir la retirada de la Proposición de Ley, rechazando que se dé dinero a una empresa pública cuando “no hay un solo informe que diga que esta propuesta es viable”, y avanzando que su grupo va a solicitar la creación de una comisión de investigación sobre los efectos que puedan originar la aprobación de la iniciativa.

Desde el PSOE, el diputado José Manuel Caballero, insistió en que esta es “la mejor propuesta” para el aeropuerto de Ciudad Real, y señaló que los socialistas no están “en contra” de las auditorías que sean necesarias ―”no tres sino 33″― en este caso, aunque defendió que primero hay que crear la empresa pública, pues “no tiene lógica empezar la casa por el tejado”.

Antes de la votación, el presidente regional, José María Barreda, tomó la palabra ―mientras los diputados del PP abandonaban el salón de plenos― con la intención de preguntarle a la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, su opinión sobre este tema, algo que no pudo hacer estando ella ya ausente, lo que Barreda calificó como una “falta de cortesía parlamentaria” y un “déficit democrático grave”.

Decisiones en el marco de la ley

Aseguró que el aval de 140 millones de euros que se concederá a la sociedad del aeropuerto ―empresa cuyo riesgo de solvencia ha sido declarado por un juez“― “significa que cada ciudadano tendría que poner 70 euros”, convencido de que en este tema “casi todo huele a podrido” y por eso en el PP “no vamos a pasar por ese aro” pues “alguien tiene que tener la dignidad de hacer que se esclarezca la verdad y señalar a los culpables“.

Están protegiendo a sus amigos, no al aeropuerto, sólo a sus amigos“, aseveró Leandro Esteban a continuación, para rechazar que sea “el señor Díaz de Mera” ―”el que domina medios de comunicación“― quien tiene que dar explicaciones por recibir 140 millones de euros y, sin embargo, es el que manda que nos callemos todos los demás“.

La trilogía del mal

Una vez aprobada la toma en consideración de la Proposición de Ley, con los votos en contra del PP, se procedió al debate de la misma ―tras tramitarse por el procedimiento de lectura única―, pidiendo nuevamente el diputado del PP que en vez de cometer “este disparate”, el PSOE accediera a su retirada.

Advirtió en este punto Leandro Esteban de la relación entre el aeropuerto, Caja Castilla La Mancha (CCM) y el auto del concurso de acreedores, donde se detalla “que se han renegociado y ampliado operaciones vencidas que deberían haber sido ejecutadas y eso no se ha hecho“.

Acto seguido, agregó que el aeropuerto “no se va a deslocalizar” pues los administradores judiciales “han asegurado que el aeropuerto va a seguir funcionando de manera perfecta”, preguntándose “qué temen sus señorías que suceda si se conoce la verdad de este agujero” y consciente de que hoy “escribimos el tercer volumen de la trilogía del mal“, el formado por CCM, la Fundación Virtus y el aeropuerto de Ciudad Real.

Lo que se pretende aquí es echar toneladas de tierra encima para que no se sepa qué ha ocurrido, y no estamos dispuesto a asumirlo, pero hay que tener la suficiente gallardía para ponerse enfrente y decir basta. Hasta aquí hemos llegado“, subrayó el parlamentario del PP, que defendió un informe de auditoría que calcule “el alcance de la deuda real”.

Amenazas

En un momento de su intervención en el debate, Leandro Esteban reprochó a Caballero que tuviera “mucha cara” para justificar determinadas cosas cuando es el que “amenaza” a “algunos medios diciendo que les va a retirar fondos que son de la Junta de Comunidades“. “Mafia“, le espetó, advirtiendo de que “si me obliga a dar nombres de medios, los daré”, acusando tanto al parlamentario socialista como “de paso” también al presidente regional, José María Barreda, “que consiente esas prácticas mafiosas“.

Caballero, en un turno posterior, apremió a Esteban a que “demuestre que yo amenazo a medios de comunicación” y a acudir a los juzgados, algo que –auguró– no va a hacer “porque son especialistas de acusar sin pruebas” y “tiene que ir al juzgado y presentar pruebas”.

“Si su señoría no reconoce lo que ha hecho con los medios, me voy a ver obligado a decir quién”, aclaró en respuesta el diputado del PP, al subir de nuevo a la tribuna, y señaló que uno de los medios “amenazados” ha sido la revista Ecos y, en concreto, su directora, Mar G. Illán. Caballero volvió a señalar que sin pruebas no se puede acusar e instó al PP o a la persona mencionada a ir a los tribunales ».

Written by Die Rote Kapelle

10 junio 2010 at 18:41

Quiebra del aeropuerto de Ciudad Real ¿la consumación de un fiasco o un golpe bien planeado que ha salido mal?

Barreda junto a Díaz de Mera

Llamemos a las cosas por su nombre. El negocio del aeropuerto de Ciudad Real y el de su anexo inmobiliario: El Reino de Don Quijote, ha despedido desde sus inicios un vapor irrespirable, ha inducido a vehementes sospechas.

El Gobierno de Barreda declaró el proyecto “de singular interés” y desde sus inicios vertió en él importantes cantidades de fondos públicos, sin contar con la participación suicida de CCM, a las órdenes de Hernández Moltó.

La declaración de singular interés tuvo la virtud de facilitar y acelerar las expropiaciones de los terrenos, que se pagaron a 54 céntimos el secano y a 1 € y 20 céntimos el regadío; y de justificar las citadas inversiones públicas en el busisness o, mejor dicho, en favor de sus principales beneficiarios: Domingo Díaz de Mera y su sombra societaria, los hermanos Barco Fernández, vinateros venidos a la crianza de hormigones; Antonio Miguel Méndez Pozo, como ya he señalado aquí, un ex presidiario plenamente reinsertado en la sociedad, sobre todo en la de Castilla-La Mancha; el ahora quebrado Ramón Sanahuja; y el inevitable Aurelio González Villarejo, que igual que construye casitas de poliespam ―esto es real, no irónico― en Carranque, asfalta pistas de aterrizaje en las tierras de la Orden de Calatrava.

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Todos estos son hombres de manifiesta amistad con José Bono y con José María Barreda y digo que estos fueron los principales beneficiarios porque la operación se diseñó de la siguiente manera: CCM, por sí o a través de CCM CORPORACIÓN, participó directamente en el proyecto con un 36,43% del capital pero, además, financió la inversión de sus otros socios en una cuantía que según el informe emitido por el Banco de España tras la intervención de la Caja, llegó a los 204 Millones de € una vez descontadas las pérdidas por los deterioros de los activos.

A cambio, Díaz de Mera y los demás garantizaron esos créditos, no con activos tangibles o intangibles de su propiedad, sino con las acciones de la misma cosa financiada por la caja acreedora, es decir, que recibieron billetes de banco de curso legal y, a cambio, entregaron unas estampitas rotuladas como «acciones al portador» que bien podían haber sido impresas en la librería-papelería de la esquina.

De paso, estos importantes empresarios, «constructores áulicos de Castilla-La Mancha», ya que dominaban el consejo de administración de CR AEROPUERTOS y ya que eran expertos constructores, devinieron en contratistas y proveedores de sí mismos en el aeropuerto, de modo que la inversión cuyo dinero partió de las arcas de CCM fue dirigida, con un flujo constante de facturas, hacia las otras empresas de esos mismos consejeros, contratadas, por supuesto, al margen de cualesquiera garantías administrativas puesto que el aeropuerto de Ciudad Real era un negocio privado y al Derecho privado había que estarse. Tal fue el caso, como luego veremos, de la mercantil MONTREAL PROYECTOS Y REALIZACIONES SA, controlada por Domingo Díaz de Mera a través de RUTESO APLICACIONES.

No es posible concebir que Barreda o los otros pudieran creer, por muy esponjados que estuvieran en Moët & Chandon ese día, que un aeropuerto en medio del páramo ciudadrealeño, donde ni las abubillas demuestran interés por aterrizar, fuera un negocio; y como no lo creían ―posiblemente inspirándose en el gángster Bugsy Siegel, el hampón visionario que con el hotel Flamingo dio origen a lo que hoy son Las Vegas― unieron el destino del aeropuerto a un complejo de tugurios de lujo donde organizar timbas internacionales, de zonas residenciales, de parques de atracciones y del obsesivo y patético campo de golf, emblema del esnobismo de la década ominosa de la corrupción inmobiliaria española; cosa a la que llamaron «El Reino de Don Quijote».

La idea debía funcionar porque el apoyo político de Barreda estaba garantizado y el financiero, a través de Hernández Moltó, también parecía inagotable, pero si Bugsy Siegel cayó asesinado por orden de Lucky Luciano, Caja Castilla-La Mancha fue llevada a la quiebra por Hernández Moltó y sus generosos préstamos, no sólo hacia los socios del aeropuerto o hacia los propios consejeros de la Caja, sino también, por ejemplo, hacia otro hampón más castizo, pero no menos ambicioso: Juan Antonio Roca Nicolás, titular junto con alguno más de sus socios «malayos» de créditos ―que se sepa― por cuantía no inferior a los 200.000.000 de €.

Los intentos de Barreda por resucitar al difunto han sido tan desvergonzados como patéticos, incluida la modificación in privos lata de la LOTAU, hecha para que los amigos en apuros ―en atención a la importancia de su proyecto para la región, por supuesto― pudieran fragmentar los suelos expropiados a 54 céntimos el metro cuadrado y venderlos a 600; o también, el último intento de proveer a CR AEROPUERTOS con un aval de 140.000.000 de €, retirado del orden del día en el mismo Pleno de las cortes regionales del 27 de mayo de este año, donde estaba prevista su aprobación.

Esa decisión de Barreda sorprendió a propios y ajenos, sobre todo a los ajenos al Auto que tres días después ha evacuado el Juez Amalio de Juan Casero declarando el concurso necesario de acreedores de la mercantil CR AEROPUERTOS.

Sin embargo, la postura del presidente de Castilla-La Mancha no podía ser otra. No albergo dudas de que el día del Pleno Barreda tenía ciencia del contenido del mencionado Auto. Haber comprometido 140.000.000 de € en favor de Díaz de Mera y sus socios horas antes de que el beneficiario de ese aval fuera declarado en quiebra, con el Estado y el sistema financiero español no menos quebrado y días después de que Rodríguez Zapatero hiciera saltar por los aires, con su decreto de medidas de reducción del déficit, el Preámbulo y medio Título Primero de la Constitución; hubiera sido algo peligroso incluso para unos maestros de la impostura política como son el discípulo de Bono y sus consejeros.

Pero con la declaración de quiebra llegamos al punto más truculento de toda la turbia historia de ese aeropuerto, en el que sólo opera una línea aérea y eso por que ha sido convencida para ello mediante una subvención pública.

Dossier de prensa sobre el aeropuerto de Ciudad Real

La primera demanda de concurso de acreedores fue presentada por José Angel González Tausz, en nombre y representación de la mercantil MONTREAL PROYECTOS Y REALIZACIONES SA. No obstante, como he dicho, esa empresa está controlada mayoritariamente por Domingo Díaz de Mera a través de RUTESO APLICACIONES ―51% del capital social, frente al 49 % que tenía González Tausz― de forma y manera que, en realidad, el concurso lo reclamaba Díaz de Mera acreedor, contra Díaz de Mera deudor, pero sólo aparentemente, porque para esas fechas, CCM estaba intervenida y sumando a su participación en el capital, los créditos incobrables comprometidos en el aeropuerto, el único propietario de ese fiasco, era CCM, es decir, el Banco de España, es decir, la res publica española o, para entendernos aún mejor, los presupuestos del Estado que se nutren con los impuestos de los ciudadanos que no pueden constituir SICAVs, las cuales tributan por el capital eludido en ellas al 1 % y no al 24, 28 o 53 % como los mortales comunes que sólo hacen declaración de IRPF.

A fechas de presentación de la demanda de concurso, el aeropuerto adeudaba a Montreal unos 17 millones de €. Si el concurso prosperaba, Díaz de Mera cargaba, en su condición de socio del aeropuerto, no con pérdidas, sino con lucro cesante, pero a cambio obligaba a CCM-Banco de España, propietaria de facto del engendro aeroportuario, a seguir volcando billetes de curso legal en las fauces de ese perro ―me refiero a la empresa, no al empresario― de vientre dos veces insaciable.

Había, además, otra ventaja. Ante la situación de emergencia, Barreda tenía la oportunidad, como así ha sucedido o habría sucedido si los acontecimientos no se hubieran precipitado, de justificar la entrega de otra subvención multimillonaria; 140.000.000 de €.

También pudiera ser que González Tausz, harto de los enjuagues que han rodeado la vida del aeropuerto y en previsión de que la CCM intervenida no fuera tan dócil como lo había sido Hernández Moltó, no quisiera esperar más por la parte de esos 17 millones que le correspondía; sin embargo hay indicios que hacen que me incline más por la posibilidad de que estemos ante un plan al que sólo los imponderables han hecho fracasar, suponiendo que haya fracasado, cosa que habrá que ver aún.

Cuando González Tausz presentó la demanda de concurso, los socios mayoritarios de Montreal reaccionaron airadamente y denunciaron al citado por coacciones y por realización arbitraria del propio derecho, pero tal denuncia no podía ni puede prosperar, porque interponer una demanda no es coaccionar a nadie, sino ejercer un derecho; y porque el tipo incluido en el artículo 455 del Código Penal, el de la realización arbitraria del propio derecho, exige que se actúe «fuera de las vías legales» y demandar en los Tribunales no está fuera de las vías legales; y que, además, se emplee «violencia, intimidación o fuerza en las cosas» y no me imagino al Sr. Tausz intimidándose a sí mismo con un cuchillo cebollero o con una Walter 99, para obligarse a ir al Juzgado.

Como Díaz de Mera, no solamente tiene un hermano letrado de reconocido prestigio en Marbella, sino que se gasta sus buenos cuartos en picapleitos de trajes de alpaca y despachos en la milla de oro de Madrid, esto lo sabía y, por tanto, también sabía que estaba tirando con salvas.

Es cierto que RUTESO APLICACIONES, la sociedad de Díaz de Mera que controlaba MONTREAL, quitó la presidencia a González Tausz, socio minoritario, y lo sacó del consejo sin contemplaciones, pero no es menos cierto que, ya sin las «coacciones» del destituido y, por tanto, completamente en manos de Díaz de Mera, MONTREAL no desistió de su demanda.

También es verdad que el hombre propone y Dios dispone y que, en este caso, Dios a través de una de las entidades financieras de su Iglesia, Cajasur, a la que el aeropuerto adeuda unos 18 millones de €, dispuso por su cuenta, y la Caja andaluza ―ahora también intervenida― se sumó a la demanda de concurso, liando la madeja considerablemente.

Es lo que tienen los planes, aún los minuciosos, que siempre están sujetos a imponderables, en este caso al de Cajasur y al de la indecisión de Barreda que le ha hecho perder un tiempo precioso en la tramitación de los 140.000.000 de € que pretendía poner a disposición de los socios del aeropuerto.

Por otro lado, para acabar de nublar el escenario, a pesar de que la letrada que representaba al aeropuerto, se dedicó el día de la vista a lanzar airados ataques contra Cajasur y Montreal, dicha defensa no se planteó nunca en términos económicos.

La joven letrada contratada por Díaz de Mera para actuar contra sí mismo, alegó el apoyo político brindado al aeropuerto, pero de forma absurda, según el Auto del Juez Amalio de Juan, pretendió hacer valer la solvencia de la empresa sin presentar «prueba documental de la contabilidad oficial… No aporta ―dice el Juez― los libros contables cuya llevanza se impone imperativamente para todo empresario viniendo además a admitir tácitamente que con anterioridad al inicio de su actividad en diciembre de 2008 sus resultados eran negativos con pérdidas que ascienden a la cifra de 2.737.990 € en 2005, 9.204.209 € en 2006 y 1.785.449 € en 2007».

En fin, que algo huele a podrido en Castilla-La Mancha con mucha más intensidad que en Dinamarca, pero en lo que a esta región concierne, está visto que la Fiscalía Anticorrupción sigue fiel al principio de intervención mínima del Derecho penal, aunque se me antoja que lo suyo más parece fidelidad al principio de intervención nula.

Written by Die Rote Kapelle

2 junio 2010 at 19:47

Quiebra el aeropuerto de Ciudad Real

Barreda, el principal protector del negocio aeroportuario de Díaz de Mera, Méndez Pozo y Aurelio González Villarejo

Ciudad Real, 1 jun (EFE).-

Un juzgado de Ciudad Real ordenó hoy la suspensión de CR Aeropuertos S.L. en sus “facultades de administración y disposición sobre su patrimonio” y decretó el inicio de un concurso necesario de acreedores (antigua suspensión de pagos) por el impago de sus deudas.

Los actuales administradores del primer aeropuerto privado de España quedan sustituidos en su ejercicio por tres administradores concursales: un abogado, un auditor-economista y un acreedor que, en este último caso, es la Caja de Ahorros de Córdoba, CajaSur.

La decisión judicial ha sido adoptada por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, Amalio de Juan Casero.

La decisión judicial se ha conocido oficialmente en el mismo momento en que PSOE y PP celebraban una reunión a puerta cerrada en las Cortes regionales, en Toledo, para decidir sobre el futuro del aeropuerto, que atraviesa una grave crisis financiera.

El auto judicial decreta la “suspensión del deudor (CR Aeropuertos) en sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sustituido en su ejercicio por los administradores concursales”.

El concurso necesario de acreedores fue solicitado inicialmente por Montreal Montajes y Realizaciones S.A., a la que se sumó luego CajaSur, que declararon el “estado de insolvencia” de la sociedad propietaria del aeropuerto, CR Aeropuertos S.L., “al no poder cumplir regularmente sus obligaciones”.

Montreal Montajes reclama una deuda de 16,9 millones de euros que CR Aeropuertos se comprometió a abonar en dos pagarés “con vencimientos sucesivos y que a la postre no se entregaron”, dice el auto.

CajaSur se sumó a la demanda en marzo pasado, al reclamar una póliza de crédito vencida en cuenta corriente con fecha 1 de septiembre de 2009 por un saldo de 18,8 millones de euros, que fue reclamado “extrajudicialmente y no satisfecho”, según el auto del juez de lo Mercantil.

Los demandantes aportaron como prueba “deudas exigibles e impagadas” de otros acreedores “suficientemente significativas” para respaldar la petición de concurso necesario de acreedores.

En este sentido, el auto cita la deuda que CR Aeropuertos mantiene con Caja Castilla-La Mancha por un importe de 50,6 millones de euros y 33,9 millones de euros como consecuencia de la ejecución de avales por parte de Isolux Wat, S.A.-Sacyr S.A. U.T.E. y Credit Suisse Internacional, respectivamente.

Igualmente, la deuda que mantiene con Isolux Wat, S.A.-Sacyr S.A. U.T.E., que asciende a 20,7 millones de euros; el débito que presenta con Caixa Catalunya por importe de 2 millones de euros y los debitos reclamados por los acreedores Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid y Airon Consultores S.L.P. personados en el mismo procedimiento concursal que ascienden a 48.720 euros y 24.669 euros, respectivamente, dice el auto del juez.

Written by Die Rote Kapelle

1 junio 2010 at 22:37