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DII, TALEM TERRIS AVERTITE PESTEM

Fernández Vaquero pide respeto por la presunción de inocencia

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El día 10 de julio de este 2008 que corre, Europa Press hacía pública una nota sobre las primeras manifestaciones de la “Dirección” del PSOE de Toledo en relación con la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra José Luis Martín Jiménez, alcalde de Seseña hasta 2003 y responsable inmediato de la aprobación inicial del PAU del Quiñón, el promovido por Francisco Hernando.

Una vez más, el encargado de hacer esa primera valoración fue Jesús Fernández Vaquero quien, en este caso, pidió “prudencia” e insistió en que se “deje actuar a la Justicia y se respete la presunción de inocencia”.

Además añadió que la investigación no ha acabado “ya que puede haber más personas implicadas” (lo que parece indudable) y, cosa muy significativa, también expresó el deseo de la dirección toledana del partido de que “se clarifique la situación del PAU”, lo que también es muy comprensible porque es ahí, en esos bloques de viviendas, donde está el dinero y donde se tambalea la inversión de Caja del Mediterráneo y de Caja Castilla-La Mancha. Finalmente, no se olvidó de subrayar que la Dirección Provincial disolvió la agrupación socialista de Seseña en 2003 “porque había una serie de puntos en los que no estábamos en sintonía”.

Muy atrás quedaba el ímpetu de Fernández Vaquero mostrado el día 15 de marzo de 2007 cuando ante la denuncia que entonces presentó I.U. por hechos relacionados con Carranque e Illescas y de los que pronto habrá noticias, dijo que se había visto en la “obligación de comparecer” ante la pretensión de algunos, a los que tachó de “cuadrilla de bandoleros” de convertir la comarca de la Sagra “en un programa de salsa rosa”.

Hoy el tono es de “prudencia”, como ya he dicho, pues no parece ser muy correcto incluir al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo y, también, Fiscal Anticorrupción, en las filas de aquella “cuadrilla de bandoleros” que querían convertir la Sagra en “un programa de salsa rosa”.

Pero si a día de hoy, el ímpetu de Fernández Vaquero ha amainado, pues así lo aconseja la prudencia, el de Tofiño, que también compareció ante la prensa aquel 15 de marzo junto a Vaquero, no es que haya amainado, es que ni existe pues al parecer el presidente de la Diputación de Toledo no tiene nada que decir de los últimos acontecimientos.

Quien sí ha hecho declaraciones, como es lógico, ha sido Cayo Lara, coordinador de IU en Castilla-La Mancha: Manifestó la intención de la Coalición de personarse en la causa como acusación popular “porque queremos participar de forma activa en el proceso de instrucción, porque se ha abierto alguna puerta, pero quedan otras cerradas y muchas cuestiones por conocer, y nosotros disponemos de muchos datos”.

También hizo algunas preguntas que tienen difícil respuesta por parte de Fernández Vaquero o de la “Dirección Provincial”. La primera es, si hay una sola persona que pudo delinquir o si hay más, porque el PAU del Pocero fue inicialmente aprobado con el voto de José Luis Martín, pero también de todos los otros concejales de su grupo y porque “si hay cohecho, alguien tiene que estar al otro lado del ovillo”, es decir, que para que alguien cobre un soborno, alguien tiene que pagarlo.

Por último añadió que si en “El Quiñón” se cometió delito contra la Hacienda Pública” habrá que preguntarse dónde estaba la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. “Pensamos, dijo, que amparaban al anterior alcalde que se presentaba a las elecciones apoyado por el PSOE, cuando los hechos según dice el fiscal ya estaban pasando”.

Esta cuestión es, sin duda, la de más difícil respuesta por parte de Barreda y los hombres de la “Dirección Provincial” de Toledo. Los portavoces del Gobierno de Barreda no han dudado en dar por demostrada, a la vista de la denuncia de la Fiscalía, que la actuación de la Junta ha sido absolutamente respetuosa con la Ley y que sólo José Luis Martín, haciendo oídos sordos a los informes de legalidad de la Comisión Provincial de Urbanismo, delinquió, si es que, finalmente, se demuestra que delinquió.

Pero la cosa es más complicada que eso. La tramitación de un PAU, según el Texto Refundido de la LOTAU tiene pocos hitos importantes:

  1. En primer lugar, el aspirante a “agente urbanizador” debe presentar en el Ayuntamiento que corresponda, una “consulta previa” sobre las posibilidades de lanzar el PAU sobre una porción determinada de suelo municipal.
  2. Llegados a este punto, entra en juego un control de legalidad supramunicipal, el de la Comisión Provincial de Urbanismo, entidad dependiente del Gobierno Regional. Su función es emitir informe de legalidad, constatando que en el PAU aprobado por el Ayuntamiento, se ha dado cumplimiento a lo previsto en la LOTAU y que, además, están disponibles y en orden, cuantos informes y estudios son preceptivos en relación a las Administraciones Públicas afectadas.
  3. Con el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo, se llega al final de la tramitación. El Ayuntamiento aprueba definitivamente el PAU y el avispado ciudadano que lo presentó, bien por sí mismo o por persona jurídica interpuesta, puede empezar a trabajar.

Teniendo esto en cuenta, según la denuncia de la Fiscalía, José Luis Martín aprobó el PAU del Quiñón, por su cuenta y riesgo y sin la autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo y es aquí donde se produce una situación misteriosa que, no obstante, será fácil para los Tribunales, aclarar.

¿Cómo es posible, en estas circunstancias, que en el páramo de Seseña, desafiando en munificencia a la generosa altura del torreón del castillo de Puñoenrostro, se eleven los esperpentos de “Residencial Francisco Hernando”? ¿Cómo es posible que los organismos competentes de la Junta de Comunidades, es decir, del Gobierno de José Bono y, después, de Barreda, no tomaran las acciones legales oportunas para paralizar ese grotesco delirio? ¿Tuvo esto algo que ver con el hecho de que la financiación del pasmoso engendro urbanístico corriera a cargo de la CCM, entidad presidida por Hernández Moltó, Consejero de Hacienda, en su día, del gobierno de Bono y de la CAM, tan relacionada, desde sus inicios, con Eduardo Zaplana, el mismo que dio por buena la concesión a Francisco Hernando de la medalla al mérito en el trabajo y que tan públicamente mantiene estrecha amistad con el propio Bono?

Entre tanto, Cayo Lara, también añadió, en la rueda de prensa citada, que “Fernández Vaquero fue el primero en defender ‘la presunción de inocencia‘ de los inculpados, a los que siguió apoyando desde la Diputación (organismo que preside José Manuel Tofiño) y desde las Cortes” donde Fernández Vaquero tenía puesto relevante en Mesa de la Cámara. Añadió, además, que fue Fernández Vaquero quien, desde la Secretaría Primera de la Mesa, impidió “que se fiscalizaran las cuentas del Ayuntamiento de Sesena en el periodo 1999 – 2003”, fechas en las que el Ayuntamiento estaba gobernado por José Luis Martín, el denunciado por la Fiscalía.

Ahora, el Tribunal de Cuentas audita el Ayuntamiento de Seseña desde el año 1996, lo que sin duda debe estar trastornando el sueño de más de uno y, además, comienza la investigación judicial sobre el caso del “El Pocero”.

Estos hechos dan una nueva resonancia a las declaraciones de José Manuel Tofiño Pérez del día 11 de abril del 2008. El Presidente de la Diputación de Toledo y alcalde de Illescas “expresó su deseo de que la Justicia ‘dicte ya sentencia’, en relación al cruce de acusaciones… entre el alcalde Manuel Fuentes, y… Francisco Hernando Contreras… ‘porque hay que dejar claro quién ha actuado mal y quién es inocente (se ve que Tofiño no tiene una opinión hecha sobre la cuestión) aunque en este caso creo que la sentencia no va a declarar ni a todos culpables, ni a todos inocentes‘”.

Desconozco la competencia jurídica de José Manuel Tofiño y también desconozco si sus cualidades proféticas están acreditadas o no, pero opino que en ese día 11 de abril de 2008 Tofiño desperdició una gran ocasión de quedarse tranquilamente en la soledad de su despacho, con la única compañía de su fax.

Y, a todo esto, Francisco Hernando anuncia más querellas contra Manuel Fuentes y más reclamaciones multimillonarias contra el Ayuntamiento de Seseña, acercándose, día a día, a la posibilidad de una condena por uso más que temerario del Derecho.

Es un fenómeno extraño el de este hombre. Reconozco que no puedo evitar cierta simpatía por él. Se diría que allá donde el “Pocero” aparece, el Estado de Derecho y la Civilización ceden terreno a la jungla. Podría decirse que “Paco el Pocero” es un depredador incapaz de comprender otra ley que no sea la de la selva, la de esos lugares donde “el fuerte hace lo que puede y el débil soporta lo que debe”. Pero si Paco el Pocero es un depredador, lo es con la inocencia primordial del instinto. No puede ser de otra manera y a nadie se le puede pedir lo que no tiene.

Por eso me pregunto si el instinto de este hombre no le advierte que no es Manuel Fuentes quien le está dando caza, sino aquellos que le garantizaron el éxito y que a día de hoy no le conocen y si le conocen es para decir, como dijo Hernández Moltó, el socio de VEMUSA en Los Alcázares, que “el que la haga, que la pague”.

Según El País de hoy, “gente que le conoce, y que prefirió no dar su nombre, asegura que El Pocero está preocupado por la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que no consigue dormir y que ha preguntado si creen que le pillarán en esta. Esas mismas personas aseguran también que el empresario se ha cubierto bien las espaldas y tiene “una habitación repleta de cintas de audio y vídeo que comprometerían a personajes conocidos”.

Pues si es así, amigo Paco, consulte con sus abogados, infórmese de las posibilidades de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y con las acusaciones, colabore con la Justicia, deje en paz a Manuel Fuentes y ponga esas cintas que dicen que tiene sobre la mesa del Juez. Créame, no le han dado mejor consejo en toda su vida que este.

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Written by Die Rote Kapelle

11 julio 2008 a 14:09

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