Bono se “retira” con una paga de cerca de dos millones de pesetas al mes a cargo de los presupuestos públicos

Bono, percibirá, anualmente, 154.080,48 euros brutos, unos 11.000 euros mensuales y tendrá, además, derecho a otros privilegios como un asistente y escolta de seguridad a cargo del presupuesto de la propia Cámara durante cuatro años. A esto hay que sumar las otras sinecuras de las que disfruta como ex presidente de Castilla-La Mancha.
Conviene recordar, además, que su patrimonio familiar, aflorado hasta la fecha, alcanza como ya determinó el diario Público, una cantidad no menor de séis millones de Euros.
Este próspero empresario, responsable último, por ejemplo, del presunto saqueo de Caja Castilla la Mancha, es uno de los que piden sacrificios en esta hora calamitosa, en estos tiempos en que, diariamente, se ejecutan más de doscientos desahucios, en los que doscientas familias se quedan todos los días sin techo. ¿He de decir qué es lo que la Justicia urge a hacer con él?
Hace no mucho salió a la luz una noticia sin gran repercusión. El Extraconfidencial afirmaba (y aquí, además, aportábamos la documentación) que Bono había defraudado al Ayuntamiento de Toledo 25.000 € en licencias de obras para su Hípica Almenara.
La cantidad no era gran cosa, acostumbrados como ya estamos a saqueos multimillonarios, pero ante el hecho, lo que hay que preguntarse es que si eso hace por 25.000 € ¿qué será lo que es capaz de hacer por 25 millones?.
En cualquier otro lugar civilizado una cosa así habría acabado definitivamente con el futuro político y público del culpable. En España a estos no se les procesa, no se les castiga… ¡Se les recompensa!.
Recuérdese esto cuando el nuevo Gobierno anuncie que otra vez diezmará las nóminas de funcionarios y empleados de empresas públicas, cuando la legislación laboral se diluya, cuando el despido se abarate, cuando se hagan posibles salarios de 400 €, cuando la protección de los convenios colectivos desaparezca, cuando cualquier empleado por cuenta ajena tenga que “negociar” sus condiciones laborales en términos de “esto es lo que hay y si no, que pase el siguiente”… Cuando todo eso ocurra y se anuncie el próximo lunes 19 de diciembre, recuérdese que el empobrecimiento creciente, que la miseria desatada, que las penurias de esta calamidad que no ha hecho más que empezar se está causando, se está imponiendo para rellenar los pozos sin fondo de la corrupción endémica de España, de una corrupción, conocida, consentida y, demasiadas veces, aplaudida.

Bono trajina para que se le nombre embajador en el Vaticano

A principios de septiembre de este año que se termina llegó la noticia de que Islandia había procesado a su ex primer ministro por su responsabilidad dolosa en la crisis económica del país. Ahora se sabe que el que fuera consejero delegado del banco Glitnir también ha sido detenido por su responsabilidad en la quiebra de la entidad.

No es la revolución social, no es un gobierno de bolcheviques o desatados anarquistas el que está haciendo esto en Islandia. Es, por el contrario, la más elemental democracia, la aplicación del simple principio de igualdad ante la Ley, pero la mengua de los tiempos en que vivimos, su consustancial corrupción, la podredumbre que apolilla todas las estructuras institucionales que gobiernan el Mundo, al menos el occidental, convierten a esta rutinaria y evidente aplicación del Derecho en un suceso asombroso y si asombrosa es la cosa en general, en España más parecen éstas, historias de un universo paralelo.

No es que no nos quepa ni soñar con ver a un presidente de gobierno sentado en el banquillo aunque sólo sea por su insufrible negligencia, por su canallesca ignorancia, por ser un pasmado recalcitrante en tiempos de urgencia; es que aún los casos de corrupción que han llegado a las audiencias no hacen otra cosa que vegetar a la espera de la prescripción o de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Así, en España, los responsables de la miseria de cinco millones de personas, los mismos individuos que han atesorado fortunas considerando, alegremente, no ya que el patrimonio público sea una res nulius, sino una res derelicta de la que se podía apropiar el primero que la tuviera al alcance, se siguen paseando por los palacios y alardeando de un poder que consiste, simplemente, en su privilegiada posición en el circuito de las influencias, las zalemas, los favores y los secretos inconfesables.

Y en este contexto de cosas, ahí tenemos a José Bono intrigando, primero para presidir un “gobierno de concentración nacional”, luego para colocar a un famulus o colocarse él al frente de un PSOE despreciado en las urnas por su insolente impostura y ahora para que le nombren embajador en el Vaticano, donde la maquinación aduladora, el poder omnímodo y el mal, contrastan de forma hiriente con la escena del Juicio Final de la Sixtina.

Nada hay que decir del caso Seseña y del demoledor informe del Tribunal de Cuentas o de los evidentes indicios de la presencia de la ‘Ndrangheta calabresa en ese pueblo. Nada importa la ultrajante y multimillonaria estafa del aeropuerto de Ciudad Real, con narcotraficantes incluidos rondando sus lindes. Carece de relevancia los préstamos de CCM a los cabecillas de la trama “malaya”, los favores del Pocero, los cambalaches con Rafael Santamaría, la milagrosa fortuna aflorada a la vista pública, el fiasco causado en una región que tiene la primera universidad pública quebrada… El personaje continúa moviendo sus hilos, mostrándose en público –manifiesto aviso a navegantes– con su amigo el director del CNI, dando por hecho que continuará viviendo de los dineros públicos y exigiendo una canonjía millonaria para su uso y disfrute.

“Vuelven los Borgia”, dice Al Pacino en una escena de “El Padrino III”. No sé si son los Borgia quienes vuelven a Roma, pero el que sí quiere instalarse en el palacio Monaldeschi es Bono, otra cosa es que le dejen.

CCM prestó 50 millones de euros a uno de los implicados en la trama de narcotraficantes que quiso comprar el aeropuerto de Ciudad Real

José Luis Rodríguez Romo, subdirector de CCM en los tiempos de Moltó.

Hace algunos días fue noticia la llamada “Operación Eden” y el aeropuerto de Ciudad Real. Un matón de barrio dedicado al antiguo oficio de dar “protección” a los garitos de la noche madrileña y a romper las piernas de los que rechazaban ofertas que no debían rechazar, había sido detenido y con su detención se desveló otro de los pintorescos asuntos que han envuelto al aeropuerto de los amigos de Barreda, un lugar en el que ya ni los grajos aterrizan.

Según las publicaciones de prensa conocidas hasta ahora, la trama de este sujeto, pretendía comprar el mencionado aeropuerto a través de la mercantil Transworld Cargo & Handling SA. Las gestiones, siempre según lo publicado hasta ahora, tuvieron un mediador singular encargado de allanar las dificultades que pudieran surgir en relación con la Junta presidida por Barreda: Juan José Avila González, apoderado de CCM CORPORACIÓN en los buenos viejos tiempos en que Hernández Moltó hacía y deshacía –más deshacía– cuanto le venía en gana al frente de CCM.

Sin embargo, lo que deja atónito de esta noticia es que un hampón barriobajero pretendiera idear, organizar, proveer y llevar a término una operación de este volumen en la que no sólo se iba a comprar el aeropuerto, sino que se iba a hacer para que en él aterrizara semanalmente un DC-8 procedente de Perú cargado con dos o tres toneladas de cocaína.

Juan José Ávila González, apoderado de CCM Corporación e intermediario "político" entre los narcos y la Junta

Como Laurentino Sánchez Serrano, así se llama el de la “protección” a los tugurios madrileños, no parece ser sujeto con el cuajo necesario para este negocio, mejor vamos a dirigir nuestra atención a los administradores de Transworld Cargo & Handling SA.

Según la información registral disponible, la sociedad comenzó sus operaciones el 14 de septiembre de 2010 y aunque su nombre indica que se dedica a actividades de transporte aéreo, el objeto que declara es el de adquisición, compra, enajenación…construcción, etc. de toda clase de fincas, edificios, locales e inmuebles en general. Tiene su domicilio en Madrid, en el Pº de la Castellana, 259, D, Planta 20N y como administradores mancomunados constan Sergio Martínez Herrero y Francisco Martín-Sierra Balibrea.

Lógicamente, el tal Francisco Martín Sierra tiene un pasado. Según el BOE de 6 de agosto de 1997, nº 187, este individuo, condenado a tres años de prisión por un delito de estafa, fue indultado por el Gobierno de Aznar cuando al frente del Ministerio de Justicia estaba Margarita Mariscal de Gante y Mirón. Tras el indulto diversas informaciones de medios de comunicación guineanos, vinculan a un Francisco Sierra del que se sospecha que es el mismo Francisco Martín-Sierra Balibrea, con el caso AIR GUINEA, con el narco peruano Fernando Zevallos y con uno de sus pilotos dedicado al transporte de cocaína, Felipe del Aguila Vela.

Sergio Martínez Herrero, "empresario" detenido durante la operación policial.

Por su parte, el otro administrador mancomunado de Transworld Cargo & Handling SA resulta más interesante aún que el indultado Francisco Martín-Sierra, porque Sergio Martínez Herrero es un hombre del que consta una antigua y estrecha vinculación a CCM.

El 3 de abril de 2009 se publicó una noticia –“Todo queda en ‘casa’: Un director de CCM coloca a su familia en los chiringuitos ladrilleros del ex CEO de King Sturge”– cuya transcendencia entonces no se podía apreciar en todo su alcance:

“ José Luis Rodríguez Romo, director general adjunto de la entidad, consejero de CR AEROPUERTOS y consejero delegado de su brazo inmobiliario, Plainsa, ha colocado pertinentemente a su hija y a su prima en Promogedesa e Inmofiban, los chiringuitos inmobiliarios de Sergio Martínez Herrero, a la sazón ex CEO de King Sturge Spain, consultora inmobiliaria londinense que se fue al traste en nuestro país”.

Entonces, Martínez Herrero se apresuró a enviar una nota a “El Confidencial” para precisar que “la hija de José Luis Rodríguez Romo trabaja en su empresa pero sólo como becaria”. Fuera becaria o no la hija de Rodríguez Romo, el incidente reveló otros datos de mucho mayor alcance.

CCM, la Caja presidida por Hernández Moltó y de la que Rodríguez Romo era director general adjunto había hecho un préstamo de 50.000.000 de Euros a la mercantil PROMOGEDESA –sociedad recién creada y con un capital de 300.000 euros– en la que la Caja participaba a través de su brazo ladrillesco: PLAINSA, la cual también tenía como consejero delegado al mismo Rodríguez Romo:

“Sergio Martínez –continaba diciendo El Confidencial– que ha salido tarifando con los ingleses, comparte accionariado y riesgos con Planes e Inversiones CLM, SA (Plainsa), en Promogedesa, chiringuito ladrillero inmerso en varios pleitos judiciales. En el año 2002, Sergio Martínez contactó con Caja Castilla-La Mancha, con la que se aprestó a crear una inmobiliaria de nuevo cuño que llevaba por nombre Promogedesa, donde participaban Plainsa (CCM) con Romo y Santiago García a la cabeza, y Sergio Martínez (Urbamaxi). Para ello, decidieron contar con el know how de Joaquín Sánchez Garrido, abogado cuyo mérito residía en conocer los planes parciales de La Mancha por haber sido alcalde de Toledo”.

Por tanto, si Moltó y Rodríguez Romo ya fueron tan generosos –CCM, se entiende– de prestar 50 millones, contra una garantía de 300 mil euros, a la empresa de Sergio Martínez en 2002, resulta natural ver como, llegado el momento, la trama de narcotraficantes recurriera a sus antiguos contactos en la Caja manchega para desbrozar de inconvenientes la compra del aeropuerto de Ciudad Real, en cuyo consejo de administración, por cierto, tampoco faltaba un sitio para Rodríguez Romo.

En el presente estado de las investigaciones no es posible afirmar que en 2001 el tal Martínez Herrero ya estuviera en contacto con el gang de Laurentino Sánchez Serrano o con los cárteles peruanos vinculados a éste, y menos que José Luis Rodríguez Romo o Juan José Avila González, estuvieran al corriente de la intención de ese sujeto de convertir el aeródromo “culipardo” en una base logística para la importación de toneladas de cocaína. Sin embargo, las misiones acometidas por Romo en representación de CCM, en demasiadas ocasiones resultan turbias o vinculadas a gente turbia.

Rodríguez Romo ocupó los cargos de presidente de PROMOGEDESA y PROMOGEDESA VILLAVICIOSA; también fue –si es que aún no lo es– presidente de las CABEZADAS DE ARANJUEZ de la que ya nos hemos ocupado en Notitia Criminis y una de las entidades que intervienen en los hechos por los que ahora el ex alcalde de Aranjuez Jesús Dionisio Ballesteros está imputado por corrupción; fue consejero de CR AEROPUERTOS, la sociedad del aeropuerto de Ciudad Real; y ha desempeñado o desempeña aún, el cargo de vicepresidente en las mercantiles CLAUDIA ZAHARA 22, SL., y CORITIJO DEL MORO, SA.

Estas dos últimas tienen especial relevancia puesto que si estuvieron hasta recientes fechas participadas por SACYR VALLEHERMOSO, otro de sus socios es Juan María López Alvarez, miembro del consejo de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE junto a Petra Mateos Aparicio Morales, asociado al “malayo” Juan Antonio Roca Nicolas en EL ÁNGEL DE TEPA y al lugarteniente de Gil en Marbella, Pedro Román Zurdo en MOLA 15, también participada hasta hace pocos meses por SACYR.

Hay que recordar, otra vez, que este mismo Juan María López Alvarez también es, junto a Pedro Román, socio de la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, la propietaria de la finca Alcalvín de Bargas y a la que CCM prestó, de forma incomprensible en términos legales, 30 millones de Euros, crédito que renovó, por segunda vez, días antes de la intervención sin que de él se hubiera pagado un sólo céntimo.

https://manuelmarlasca.wordpress.com/2011/11/21/la-mafia-es-mafia-cuando-llega-a-los-centros-de-poder/

http://www.transicionestructural.com/las-cloacas-del-sistema/la-gran-cloaca-%28iv%29-mafias-de-la-noche-madrilena/15/

Bono sigue postulándose como jefe del PSOE

Ha dicho que para acaudillar al PSOE quiere "alguien que sea español sin complejos, que no le de vergüenza decir '¡viva España!'"

Bono quiere, para acaudillar al PSOE, “un español sin complejos”, él por ejemplo

Ahora que gasta tupida pelambre, el Salobreño anda desbocado. Con la guedeja al viento, sin vergüenza ni prudencia, ha dicho que el jefe del PSOE… tiene que ser “un español sin complejos”.

Siendo España un huerto tan ubérrimo en majaderos y malvados, busco en los libros, repaso índices, hago memoria de la historia castiza de nuestra infamia y escrutinio de la genealogía de cuanto tonto en vísperas ha dejado crónica de sus hechos, y no encuentro símil ni semejanza que convenga a la desmedrada jauría que se ha afincado en las magistraturas y audiencias de esta triste España.

Había en mi pueblo un tipo al que, por fin, un paisano le advirtió que su consorte no estaba dejando mozo en pie ni pajar que no tuviera algo que contar. El hombre contestó al avisador: “Si, si, es un poco puta, pero toas tien algo”.

Un poco demasiado de eso nos ha salido España y, lo que es peor, con mal tino y más barato trato. Por eso, con cierta ingenua esperanza de que la rapaza se corrija, se me viene a la cabeza “La Regenta” de Clarín: “Ana volvió a la vida rasgando las nieblas de un delirio que le causaba náuseas. Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo”.

¿Osaremos, de una maldita vez, hacer callar al Salobreño?

Tras el tratado de 1536 entre el rey de Francia y el imperio turco, el emperador Carlos acudió a Roma y ante el Papa, sus cardenales y embajadores acusó a Francisco I de haber roto la paz de Europa, de ser infiel a su palabra y de estar conjurado con el Turco, al que azuzó contra Hungría y al que ayudaba en el Mediterráneo. Ese día, Carlos, desafió al fementido rey de Francia a duelo público para que sus vidas en liza dieran cuenta de la querella y se eludiera la guerra entre pueblos cansados e inocentes, pero el Habsburgo era un antiguo y el francés un moderno. No hubo duelo, pero sí guerra, pues es propio de los modernos considerar que los hombres son mercancía fungible y abundante y que en la guerra, en la política desplegada con otros medios, vale más una mula que un hombre.

Aprendió bien España aquello de que los hombres, como los garbanzos, se pueden contar por fanegas y no por sus apellidos, de modo que los dos conceptos que ha dado a la cultura universal son el del pícaro y el del guerrillero, y el guerrillero no deja de ser un pícaro en armas.

No hay porvenir en España para los listos, sino para los pícaros. No cabe lucidez ni decencia en una tierra que un gato podría cruzar, en todas las direcciones de la rosa de los vientos, saltando de tonto en tonto, si no fuera porque la cerrada espesura de los sinvergüenzas le obstruye el paso. España es una fulana que siempre decepciona y a sus gobernadores cabría decirles lo mismo que Mejía le dijo a Tenorio: “Don Juan, yo la amaba, sí; / mas con lo que en ella habéis osado, / imposible la hais dejado / para vos y para mí”.

Digo esto porque hoy me encuentro los periódicos salpicados, otra vez, por la política untuosa del “Salobreño”. Según cuentan, José Bono ha dicho: “Creo que debemos apostar a la grande, es decir por España y no a la chica, que son los territorios que integran España. Ésta es la clave por encima de cualquier otra consideración”

Pues no señor príncipe del reino de Trapisonda, lo que en España urge, “por encima de cualquier otra consideración”, es extirpar a los trileros de la res publica, mas me temo que a estas alturas, imposible hais dejado a la moza.

Juan Pedro Hernández Moltó, el hombre que recibía órdenes

Tofiño, número tres de la lista del PSOE toledano al Congreso, otra vez en los papeles

Desde que en 2006 Notitia Criminis aireó la estrecha relación del hijo de José Manuel Tofiño Pérez con la constructora PEYBER y la simultánea concesión a ésta, hecha por la Diputación que presidía, del mantenimiento de carreteras de la provincia (mas de 27 Millones de Euros) es mucho lo que ha llovido sobre el peso medio del bonismo toledano. Tanto que a día de hoy no sólo ha perdido la presidencia de la Diputación, sino también la alcaldía de Illescas, que tan cara a su corazón le resultaba.

También han sido muchos los titulares de prensa que “Jose” Tofiño ha protagonizado desde entonces. Ahora debe estar descubriendo, atónito, que ese protagonismo no ha terminado y no, precisamente, por optar a un escaño en el Congreso de los Diputados, sino por cosas bastante más feas. Seguro que, mientras un sombrío malestar anida en su espíritu, se estará preguntando: ¿a qué o a quién se debe esto?

El simple mecanismo de la podredumbre

Un banco o Caja presta millones al corrupto. El corrupto hace desaparecer el capital eludiendo impuestos y controles financieros y, sobre todo, el pago de las deudas contraídas. El banco se descapitaliza y entra en quiebra. El Estado rellena el agujero financiero con la liquidación del Estado Social y el aumento de las cargas impositivas sobre los salarios. Nadie pierde, salvo todos aquellos que carecen de poder.

En gran parte de los caso conocemos lo sucedido, conocemos los nombres, conocemos las empresas y conocemos las vías por las que, siempre con la complicidad política, se ha robado en cantidades no imaginables hasta le fecha. También conocemos la impunidad o cuasiimpunidad con la que esto ha sucedido… ¡Y lo seguimos tolerando! ¿Somos idiotas?.

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Izquierda Unida desmiente categoricamente que vaya a votar a favor del carpetazo parlamentario al caso Seseña

Desde esta mañana, publicada por diversos medios de comunicación, estaba circulando la noticia de que IU votaría en el Congreso a favor de la resolución propuesta por el PSOE sobre el Informe del Tribunal de Cuentas relativo al caso 

Seseña, resolución con la que se pretende cerrar cualquier investigación parlamentaria relativa al caso de El Pocero. La noticia es falsa y así lo ha desmentido IU en el comunicado de prensa que se reproduce a continuación:

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COMUNICADO DE PRENSA IZQUIERDA UNIDA

Tras darse a conocer en diversos medios de comunicación la existencia de un acuerdo de varias fuerzas políticas, entre ellas IU, representadas en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas y en referencia al informe sobre el Ayuntamiento de Seseña, desde Izquierda Unida:

1º.- Desmentimos rotundamente nuestra participación en acuerdo alguno en el Congreso para dar carpetazo al informe del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Seseña.

2º.- Consideramos que el asunto seguirá y debe seguir vivo mientras no se delimiten las responsabilidades correspondientes en torno a las graves irregularidades urbanísticas cometidas y los enriquecimientos sospechosos relacionados con el mismo.

3º.- Más allá de las posibles recomendaciones que se aprueben en la citada Comisión, el informe de fiscalización de la gestión urbanística del Ayuntamiento de Seseña elaborado por el Tribunal de Cuentas, ya definitivo y aprobado, viene a concluir que de haberse ejercitado por parte de la Junta de Comunidades las funciones de ordenación, control, inspección y sanción podrían haberse impedido parte de las irregularidades y modificaciones del planeamiento no justificadas en el interés general.

4º.- Izquierda Unida continuará exigiendo la depuración de responsabilidades, tanto políticas como penales, por la actuación en torno al Quiñón de Seseña. Igualmente no participará en ningún tipo de acuerdo que pretenda cerrar en falso o dar carpetazo al caso.

 

Toledo, 20 de septiembre 2011

Continúan las noticias sobre las intenciones de colocar a Tofiño, junto a Fernández Vaquero, en alguna de las listas electorales del PSOE

Bono, Emiliano García Paje y el ex alcalde del PP de Toledo José Manuel Molina, en la boda de la hija de éste

Si el pasado día 13 Notitia Criminis daba la noticia de movimientos en el PSOE toledano y en las cercanías de Emiliano García Paje, encaminados a sentar a Tofiño (ex presidente de la Diputación de Toledo y ex alcalde de Illescas) en un escaño del Senado; dos días después ABC venía a confirmar esas mismas intrigas, relacionadas con el intento de García Paje de alcanzar un escaño en las Cortes españolas, intento que, finalmente, parece concretarse en su desembarco en el Senado por la vía de la designación autonómica y no de las elecciones.

Según ABC: “Sin embargo, resuelto el problema de los líderes, queda ahora el capítulo de la lista al Congreso y al Senado en la provincia de Toledo. Un nuevo terreno abonado hasta la decisión definitiva a las especulaciones. No obstante, y salvo la opción de un «paracidista» que encabece la lista, todo apunta a la alternativa más probable de personas de la confianza de García-Page. En este apartado se barajan los nombres del diputado regional Jesús Fernández Vaquero, el ex alcalde de Illescas José Manuel Tofiño o el actual diputado nacional Alejandro Alonso.

¿Por qué Tofiño y Fernández Vaquero son hombres de confianza de Emiliano García Paje?. Habrá muchas razones, pero esta, probablemente, será una de ellas: Seseña. Los tres nombres que ahora parecen copar las posiciones de poder en el PSOE toledano han estado vinculados al caso de “El Pocero” desde sus inicios.

Las salpicaduras de los negocios del Pocero en Seseña sobre el entorno de Bono y sus consiglieri se puso de manifiesto muy pronto. La pista más clara fue, sin duda, la grabación de las máquinas de ONDE-2000, la empresa insignia de Francisco Hernando, trabajando en las instalaciones de HÍPICA ALMENARA, el muy próspero negocio de Bono, pero fue, precisamente ese descubrimiento el que hizo entrar en escena a un belicoso Emiliano García Paje.

Una reunión el el hotel Beatriz en la que García Paje hace una oferta que “no se puede rechazar”

En el libro de Alejandra Ramón y Ruth Ugalde “El Pocero de Seseña”, bajo el título “Promesas para tapar un escándalo” se cuenta la reunión habida entre Manuel Fuentes y Cayo Lara, por parte de IU; y José Manuel Tofiño y Emiliano García Paje por parte del PSOE. La reunión tuvo lugar después de que IU hiciera pública la relación entre El Pocero y Bono y sobre ella se dice lo siguiente:

“El encuentro con Barreda marcó un antes y un después en las relaciones de IU con el ejecutivo manchego. Inquietos por el escándalo latente, los máximos responsables de la Comunidad pusieron en marcha un calendario de reuniones, dirigido a conocer las reivindicaciones de IU e intentar satisfacerlas en la medida de lo posible a cambio de enterrar la polémica. Con este objetivo, José Manuel Tofiño, presidente de la Diputación de Toledo y Emiliano García Paje, secretario provincial del PSOE y responsable institucional del gobierno regional, se citaron el el toledano hotel Beatriz con Cayo lara y Manuel Fuentes. Este encuentro tuvo lugar apenas once días después de la entrevista con Barreda y, durante toda la reunión, los militantes de IU volvieron a insistir en la necesidad de regenerar la corporación municipal socialista de Seseña, desvinculándola de Hernando, y propusieron un pacto de izquierdas en defensa del urbanismo sostenible en la región. Un acuerdo que requería, por parte del ejecutivo manchego, terminar con el trato de favor que estaba recibiendo el Pocero”.

Lo que ocurrió después, según los hechos documentados en la denuncia que IU presentó ante la Fiscalía Anticorrupción y que ha dado origen al caso Seseña, se parece mucho a algún capítulo de la novela de Mario Puzo, El Padrino, en la que los Corleone hacían esas “ofertas que no se pueden rechazar”.

Los hombres del PSOE toledano, insistimos que se trataba de García Paje y de Tofiño, contestaron de la siguiente forma, según se recoge en el texto de la denuncia de IU y en el citado libro sobre el Pocero:

“1.- No controla el grupo municipal del PSOE de Seseña. Se ha disuelto la agrupación local.

2.- El gobierno no quiere escándalos. Si sacamos a relucir la relación entre Bono y Francisco Hernando Contreras, se acaba cualquier negociación.

3.- Pide que se negocie con Francisco Hernando Contreras para sacar adelante el PAU de El Quiñón y, a cambio, el ayuntamiento de Seseña tendrá «tratamiento de ayuntamiento socialista» es decir, los privilegios económicos y administrativos que el gobierno regional otorga a las corporaciones dominadas por su partido.

4.- Acaba mostrando su admiración por Francisco Hernando Contreras y dice, literalmente, «Vosotros no sabéis con quién estáis tratando, tiene más de tres millones de metros cuadrados de suelo»”

En este punto, Tofiño abandonó la reunión y dejó solo a García Paje. Su intervención en ella, se diría, había sido la de un subordinado que estaba allí para ver y aprender, sin mucho más que hacer que servir de edecán al delfín de Bono. No obstante sí dejó oír su voz. Mientras García Paje amenazaba con romper negociaciones si IU hacía pública la relación entre Bono y El Pocero, Tofiño, a modo de interrogador bueno, se permitía dar un consejo a Manuel Fuentes y Cayo Lara: Lo que había que hacer con los constructores era “sacarles –sic– polideportivos e infraestructuras para el pueblo”.

Poco más dio de sí la reunión del hotel Beatriz, pero después de ella quedó meridianamente claro el apoyo incondicional del PSOE toledano al PAU del Quiñón, la exigencia de omertà con respecto a las turbias relaciones entre el Pocero y Bono y la exigencia de “sacar también adelante el PAU de Los Albañales (1.500.000 m2 para zona industrial) y el de Casa Postas, ambos promovidos por Francisco Hernando”, y todo ello a cambio de favorecer, con una más que dudosa utilización de las potestades públicas, económica y administrativamente a la corporación que entonces presidía Manuel Fuentes.

Es decir, y siempre según la narración de hechos contenida en la denuncia de IU, lo que García Paje hizo ese día fue ofrecer dinero y ventajas administrativas que favorecieran la reelección de Fuentes a cambio de lubricar en el ayuntamiento los intereses y planes del Pocero y de silenciar la relación de éste con Bono.

La pregunta, ahora, es ¿qué hacía Tofiño en esa reunión? ¿Acompañaba a su jefe para que no se sintiera desamparado en presencia de los dos peligrosos bolcheviques o, por el contrario, tenía asignados cometidos y funciones más importantes en todo el asunto de Seseña y el Pocero? La respuesta a esta pregunta, seguramente, nunca se llegue a publicar –nótese que digo publicar, no saber– salvo que las cuchilladas florentinas que se empiezan a repartir en los subterráneos del PSOE toledano tras el fiasco de las elecciones municipales haga surgir a algún pajarito que más que piar, cante; pero lo cierto es que hay un episodio posterior que induce a sospechar, vehementemente, que Tofiño aquel día no fue un mero convidado de piedra. Me estoy refiriendo al fax remitido al expulsado Felipe Sancho, concejal de hacienda de Seseña, cuando ésta era gobernada por el ahora imputado José Luis Martín.

Un fax que da instrucciones a unos “expulsados” por corrupción.

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El 7 de febrero de 2005, a las 13:35 horas, llegó al ayuntamiento de Seseña un fax que acabó en manos inesperadas, las de Notitia Criminis, entre otras. Se remitía al teléfono 918936265 y a la atención de “D. Felipe Sancho”. El remitente era “D. Jesús Fernández Vaquero” y el teléfono desde el que se hacía el envío, el 925257657. En dicho fax se daban detalladas instrucciones al referido Felipe Sancho, concejal en Seseña y miembro de una supuestamente disuelta agrupación socialista –el PSOE había dado orden, un año antes, de disolverla cuando aparecieron las primeras noticias sobre la corrupción en ese ayuntamiento– sobre la forma en que éste y los demás concejales “expulsados” del PSOE debían oponerse a la aprobación del presupuesto municipal presentado por el equipo de gobierno de IU.

En la cabecera del fax no solamente aparecen el nombre y apellidos de Fernández Vaquero, sino que el número desde el que se envía es el del despacho de Vaquero en el Parlamento regional, es decir, el que éste tenía asignado como Secretario Primero de las Cortes de Castilla la Mancha.

Pero el documento guardaba aún más sorpresas pues Vaquero no era el origen del texto, sino que, a su vez, se lo habían remitido a él, un día antes, desde otro teléfono: el 925216916 que, curiosamente, es el correspondiente a la presidencia de la Diputación de Toledo, presidencia que, en esos momentos, ocupaba José Manuel Tofiño Pérez.

Como los conocimientos jurídico-administrativos de Tofiño son los que son, es evidente que el contenido del Fax no era obra suya y probablemente éste habría sido redactado por los servicios técnicos de la Diputación, pero lo que ahora importa es el hecho acreditado de que, desde el despacho de presidencia de la Diputación sale un fax con instrucciones para unos expulsados por presunta corrupción, que ese fax llega al despacho institucional de Fernández Vaquero en las Cortes regionales y que, desde ahí se envía, con el mencionado Vaquero como remitente, al también mencionado Felipe Sancho; y este hecho acreditado confirma, como ya he dicho, la vehemente sospecha de que José Manuel Tofiño y, desde luego, Fernández Vaquero, tenían atribuciones, cometidos, misiones y encargos estrechamente relacionados con el caso Seseña y que, por tanto, la presencia de Tofiño en la reunión del hotel Beatriz no era irrelevante ni casual.

He aquí, pues, al séquito del que Emiliano García Paje pretende hacerse acompañar hasta la Carrera de San Jerónimo o hasta la Plaza de la Marina, y si el asunto de Seseña es grave, naturalmente no nos podemos olvidar de la estrecha relación de Tofiño con la constructora PEYBER, de la concesión de la redacción del POM de Illescas a una empresa domiciliada en una barriada chabolista de la localidad que, además, tenía vínculos con los “malayos” Carlos Sánchez y Andrés Lietor; del más reciente caso de la contratación, in articulo mortis del hijo de Fernández Vaquero en la Diputación de Toledo; o de la presencia en Illescas, como agente urbanizador del PAU de la vía férrea, de Aurelio González Villarejo, uno de los proveedores de inmuebles de la familia Bono, uno de los principales deudores de CCM, uno de los presentes en el caso del aeropuerto de Ciudad Real; y ahora uno de los implicados en el caso Brugal.

Así pues, estos son los nombres que se consideran para encabezar las listas electorales del PSOE por Toledo, los hombres de confianza de Emiliano García Paje y los hombres que, les guste o no, llevarán consigo a Madrid, si finalmente tuvieran la fortuna de ser elegidos en las próximas Generales, las oscuras sombras de Seseña, del Pocero y de algo más preocupante, más siniestro incluso, que la investigación del caso Seseña está poniendo o va a poner en breve, sobre la mesa de jueces y fiscales.

Tofiño pretende presentarse en las listas del PSOE para el Senado

Tofiño, en la más pura tradición "bonista"

Según ha podido saber Notitia Criminis de fuentes solventes próximas a José Manuel Tofiño, ex presidente de la Diputación de Toledo y ex alcalde de Illescas, como parte de las maniobras desplegadas en la trastienda del PSOE toledano para hacer diputado a Emiliano García Paje, también se estarían moviendo hilos con el fin de introducir al propio Tofiño en el Senado.

De confirmarse esta bachillería, habría que concluir, al menos, dos cosas. La primera que el PSOE de Castilla la Mancha se ha convertido ya en una organización irrecuperable, incapaz de ninguna renovación política o ética. La segunda que, como era de prever, Bono está desplegando peones en el tablero, con vistas a los tiempos que vendrán tras el fiasco electoral de Rubalcaba.

Por otro lado, esta colocación estratégica de famuli de probada lealtad, seguro que trae cuenta de los cálculos hechos por el próspero empresario hípico sobre las consecuencias que para él podría tener la pérdida del aforamiento en el caso de que, finalmente, se confirme que no concurrirá en las listas electorales del PSOE.

Del atrabiliario cinismo de Tofiño. Acusa a IU de “pactar con el PP para llevarse el dinero”

Recientemente el PSOE de Illescas (Toledo) ha repartido un libelo volandero en el que, quien todavía tenga estómago para leer lo que estos escriben, encontrará la siguiente frase: “El acuerdo de Izquierda Unida + Partido Popular unidos en un objetivo común: cómo repartirse el dinero”.

IU de Illescas ha contestado, dando más merecimientos a los autores del bilioso panfleto del que se merecen, que tal pacto no existe pero que lo que sí existió fue el frenético despliegue de ofertas hechas por parte de José Manuel Tofiño Pérez durante la noche previa a la votación de investidura en el ayuntamiento.

Esa noche, el teléfono de Tofiño, un caprichoso Iphone pagado con dinero público, recalentó todos sus circuitos en un patético intento de evitar que sus posaderas fueran despegadas del sillón de la alcaldía.

“Nos llegasteis a ofrecer hasta tres concejalías –se lee en el comunicado hecho público por IU– para pactar con vosotros y evitar que el PP gobernase. La pena es que como buenos supuestos mafiosos la oferta fue sin pruebas ni escritos que se puedan demostrar, por lo cual quedara todo como una suposición. Pero ese era el precio que creíais que el grupo compuesto por IU Illescas valía, sorpresa la que os llevasteis cuando se os dijo que ni por esas”.

En realidad, a medida que la desesperación crecía, Tofiño llegó a ofertar más cosas, naturalmente, sin otra garantía, crédito o aval, que su palabra de hombre de honor. A cambio de que le dejaran seguir siendo alcalde, estaba dispuesto, incluso, a retirar el Plan de Ordenación Urbana del municipio; pero ante su amargada incredulidad, se le dijo que no y se le dijo que no porque, como él mejor que nadie sabe, sobre su cabeza pesan demasiadas sospechas de corrupción, tantas y tan sólidas que IU no podía llegar a ningún acuerdo con su persona o con aquellos que él había incluido en su lista de concejales, sin hacerse cómplice de hechos que la misma organización había denunciado a la Fiscalía.

La última conversación, bien entrada la madrugada, no parece que convenciera al ex alcalde de Illescas y ex presidente de la Diputación de Toledo, de que sus actos y nada más que sus propios actos, le estaban arrojando lejos de las canonjías y sinecuras políticas de las que llevaba años disfrutando. Tras la votación de investidura, desechado sin contemplaciones al montón de residuos del bonismo manchego, Tofiño se abrazaba sentidamente, en la plaza del Ayuntamiento, a parientes y arrimados, y hacía pucheros, atónito, tratando de contener las incontenibles lágrimas que le asomaban a los ojos.

Nómina, como presidente de la Diputación, de 90.000 euros, coche oficial, chófer, fastuoso despacho en el palacio de la plaza de la Merced, entrañable amistad con constructores poseedores de yate y caserón en Ibiza como es el caso de Carlos Durán, trato con presidentes, magistrados y fiscales y poder; todo ello y más cosas se le escaparon de entre los dedos ese día de mayo a Tofiño y por todo ello gimoteaba en la plaza, pensando, seguramente, que de sus labios ya no podrían volver a salir frases como la de “policía, proceda” con la que solía dar la orden de desalojar el pleno del ayuntamiento.

Ahora, este hombre, que de tan alto ha venido otra vez a tan bajo, no halla consuelo ni resignación y él –o sus secuaces, que quiere decir aquellos que le secundan o siguen– con agrio abatimiento acusa a IU de Illescas de pactar con el PP para llevarse el dinero.

Pues no, honesto maestro de escuela. IU de Illescas no ha pactado con el PP, ni para llevarse el dinero ni para ninguna otra cosa. Ha pactado con la decencia para expulsarte a ti de la Res Publica, pero ese es un compromiso para cuyo entendimiento los adeptos al bonismo toledano no parecen estar dotados de órgano adecuado.

Contente, Tofiño, y no trates de emular a tu untuoso consiliario, que para eso te falta verbo y astucia, y mejor da respuesta, de una vez, a estas sencillas preguntas:

¿Qué relaciones, vínculos o afectos le unen a los Díaz Bermejo, propietarios de la constructora PEYBER?.

¿Está o ha estado trabajando su señor hijo en la filial que la constructora PEYBER tiene en Rumanía o para alguno de los socios en el negocio rumano de esa misma constructora?.

¿Cuál ha sido la constructora encargada de levantar la comisaría de policía local de Illesca, cuál el sistema de contratación y cuáles los criterios de licitación de esa contrata?.

¿Cuáles son las causas y criterios que justificaron, por mercantil interpuesta, la adjudicación de la redacción del POM de Illescas a Miguel Angel López Toledano?

¿Qué criterios han justificado la atribución de agente urbanizador en el PAU de la vía férrea a Aurelio González Villarejo –uno de los principales deudores de CCM y proveedor de inmuebles para los Bono– ahora acusado por Anticorrupción de una cumplida lista de presuntos delitos en el caso Brugal?.

Para ir empezando, contesta a esto y déjate de pactos con el PP, que no te conviene alardear de tan consumado cinismo en unos días en que tu padrino –político, claro está– el eximio José Bono acaba de remitir una viscosa carta a Fraga Iribarne, ese vetusto ex ministro de gobernación que hizo suyas las calles, las de Vitoria y las de otros sitios, a base de plomo y gas lacrimógeno; y entérate de una vez que, como ya he dicho hace poco, en este mundo malo, mezquino y lastrado, aún hay hombres sin miedo y sin precio, que valen más que tú y todos juntos harto más que tú.

Con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el Gobierno blinda la corrupción contra la acción ciudadana

Hoy está prevista la aprobación de una nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, uno de los últimos estertores del cadavérico gobierno de Zapatero y en ella se consuma una vieja pretensión que el Felipe González de los tiempos del GAL no tuvo valor para perpetrar: La instrucción, es decir, la investigación de las causas criminales pasa a manos de la Fiscalía, pero no sólo esto. En congruencia con lo anterior la Acción Popular, un derecho establecido por la Constitución pero no determinado en ella, desaparece de facto en todos aquellos tipos penales cuyo bien jurídico protegido no corresponda a derechos personalísimos o a personas físicas determinadas. Así ocurrirá, por ejemplo, con el Título de los delitos contra la Administración Pública o con el de los delitos contra la Administración de Justicia o con la mayor parte de aquellos relativos a organizaciones criminales o a delitos contra la Hacienda Pública tal cual es el de blanqueo de capitales.

Según la reforma que se aprobará hoy, los partidos políticos, los sindicatos y las Administraciones Públicas son definitivamente privados, en todos los supuestos, del derecho a personarse en una causa criminal como Acusación Popular. En el resto de los caso, también será arrojado fuera del proceso quien se haya personado como tal Acusación, sea persona física o jurídica, si la víctima del delito –de haberla– y el Fiscal piden el sobreseimiento de la causa.

A esto, se añade un reforzamiento del secreto de las actuaciones cuyo principal efecto es hurtar a la opinión pública el conocimiento sobre las circunstancias y presuntos autores de los delitos investigados. Con el aparente propósito de proteger al “investigado” de la llamada “pena de telediario”, lo cual parece loable a primera vista, la nueva Ley prohíbe que durante la instrucción se hagan públicas la identidad o imágenes de los investigados –antes imputados– cosa que, en la práctica, dificulta, si es que no impide, que otras investigaciones no judiciales, como las periodísticas, desvelen hechos y datos que no se investiguen en la instrucción, es decir, que el Fiscal no quiera o no sepa investigar.

La consecuencia inevitable de todo ello es que el Ejecutivo pasa a controlar y monopolizar discrecionalmente la persecución de la corrupción político-económica. ¿Por qué? Pues porque, en nuestro Ordenamiento Jurídico, la Fiscalía es un apéndice del poder Ejecutivo y no porque una Ley así lo diga, sino porque lo dice la propia Constitución. Según el artículo 124.2 CE “El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”; y según el 124.4 “El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”.

Con otras palabras, el Gobierno tiene el control inmediato y pleno de la actuación de la Fiscalía por el evidente, flagrante y manifiesto hecho de que a él le corresponde, a discreción, el nombramiento y el cese del Fiscal General del Estado y porque el resto de los miembros del Ministerio Fiscal están sujetos a los principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, cosa que no se nubla en absoluto aunque ese Ministerio también deba atenerse a los principios de legalidad e imparcialidad, por cierto, igual que le pasa a todas las demás Administraciones Públicas, las cuales, no por eso, dejan de ser órganos dependientes y sujetos a la voluntad gubernativa.

Y si esto es así, y así es, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se va a aprobar hoy –seguro que con aplastante apoyo parlamentario– significa, ni más ni menos, que a partir de ahora la impunidad o el castigo de los delitos de corrupción queda al libre albedrío, al antojo, del presidente del Gobierno.

Con lo que está sucediendo en este día, nuestra narcotizada segunda Restauración se adentra profundamente en la mutación del Estado en Hampa organizada, y con ello enuncia nuevamente unas viejas palabras y reclama del Ciudadano, del Cives, que las reconsidere otra vez:

Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad.

Castilla la Mancha en quiebra. No es mala gestión, es pillaje

Bono y Barreda

Ya es un hecho consumado. Según informa hoy el diario Expansión, el Gobierno regional, a 30 de junio, tenía un saldo disponible en cuentas bancarias de 36,8 millones de euros y unos pagos pendientes de 2.606,7 millones. La situación, por tanto, es de quiebra y salvo que el Estado se haga cargo de tales pagos, ni médicos, ni maestros, ni profesores de instituto, ni enfermeras, ni barrenderos ni nadie podrá cobrar sus nóminas de funcionarios en el próximo mes.

Desde hace cinco años, en este blog se están sacando a relucir tramas que revelan una sistemática estructura de saqueo público. Aquí se ha echado luz sobre la presencia en la región de capos del caso Malaya y del caso Astapa, incluso de individuos que constan en las bases policiales como pertenecientes a la mafia calabresa. Dentro de no mucho, ya lo adelanto, veremos a la mafia, no en sentido lato, sino estricto, agazapada tras el fabuloso proyecto de un parque temático y no es necesario insistir en otras cosas como la operación del aeropuerto de ciudad real consistente en cambiar millones de billetes de curso legar por estampitas que llevaban impresa la leyenda “acción al portador”.

De lo investigado aquí, ha ido surgiendo una sistemática constante que, necesariamente, tiene que obedecer a un plan jerarquizado y sometido a una cadena de mando que, obligatoriamente, acaba o comienza en la cúpula del régimen instaurado por José Bono y continuado por Barreda. En toda la región, al menos en todas las partes de la región en las que el “negocio” inmobiliario lo permitía, mediante la generación de plusvalías fraudulentas basadas en la recalificación y control del suelo, en la confiscación de éste a labradores indefensos y en la utilización arbitraria del crédito a través de CCM; se ha instaurado la misma maquinaria de pillaje: un ayuntamiento, un alcalde adicto y protegido por el régimen y un constructor o un número limitado de constructores que, contando con la complicidad política, monopolizaban, al margen de la Ley unas veces y en contra de ella otras, el mercado inmobiliario del lugar.

Así, se ha ido dibujando una línea que comenzando en Aranjuez, continuaba por Borox, Seseña, Illescas, Ugena, Carranque, El Alamo, Valmojado y Casarrubios del Monte, ha establecido, al sur de Madrid, las fronteras de una corrupción que, en demasiadas ocasiones, ha llegado a la más desvergonzada obscenidad.

Hoy la prensa publica también el descubrimiento de un coche blindado encargado por Barreda que llegó a costar en el año 2007, 377.749 euros y cuyo cuentakilómetros marca 53.000. El vehículo fue comprado mediante un contrato negociado y sin publicidad, pero lo que calla la prensa, lo fundamental, es a quién fue comprado ese automóvil. El hecho, comparado, por ejemplo, con los 200 millones de euros prestados por CCM a Roca y a otros dos cabecillas del caso Malaya, no deja de ser anecdótico pero, no obstante, ejemplifica, perfectamente, la operativa puesta en práctica para vaciar los fondos de una de las comunidades autónomas más extensas del Estado español.

Y sobre todo esto, la Fiscalía ha venido callando y los Tribunales inhibiéndose. Sin embargo, a matacaballo y sin entrar en detalles técnicos, se me vienen a la cabeza unos cuantos tipos penales que pueden y deben ser aplicados: Malversación propia e impropia, falsedad en documento público, falsedad contable, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, cohecho, inhibición del deber de perseguir delitos… y todo ello aderezado con los correspondientes fraudes de ley y abusos de derecho.

Es falso que el Código Penal no disponga de instrumentos para hacer frente a tales delitos, tan falso como la impostura de llamar a esto “mala gestión” o “despilfarro”. Aquí no se ha despilfarrado, se ha robado, se ha robado en una escala desconocida hasta ahora y las víctimas son unos ciudadanos que, sin darse cuenta, hace tiempo que devinieron en súbditos, si es que no en siervos y en pecheros, unos ciudadanos a los que hay que preguntar sin van a hacer algo al respecto o si, por el contrario, son idiotas.

Tofiño hace “fijo” en la Diputación de Toledo al hijo de Jesús Gregorio Fernández Vaquero

Gregorio Fernández Vaquero

La denuncia presentada por UPyD contra José Manuel Tofiño Pérez, ex alcalde de Illescas y ex presidente de la Diputación Provincial de Toledo, por presunta prevaricación cometida al “regularizar” la situación laboral de varios contratados por la Diputación, está revelando datos interesantes.

A pesar de la reacción de Tofiño, que rápidamente se ha apresurado a declarar que tal denuncia supone “un insulto a los trabajadores” y a alegar que la información desvelada viola la Ley de Protección de Datos, en un patético intento de silenciar la información; hoy el Digital de Castilla la Mancha hace públicos algunos de los nombres favorecidos por la citada “regularización”. Entre ellos destaca el del hijo de Jesús Gregorio Fernández Vaquero: Ignacio Fernández Maqueda. Pero también aparecen otros de familiares y cargos del PSOE toledano:

• Ignacio Fernández Maqueda: Hijo de Jesús Fernández Vaquero, vicesecretario Provincial del PSOE y Secretario de las Cortes de Castilla La Mancha.
• Anastasio Arevalillo Martín: Nº 2 del PSOE de Torrijos.
• Sonia Cebadera Cabo: Hija del ex diputado del PSOE José Luis Cebadera.
• Raúl Escudero Aparicio: Hijo del ex alcalde del PSOE de Villaluenga.
• Francisca Meseguer Nicolau: Esposa del Delegado Provincial de Bienestar Social.
• Maria Angustias Ortega Fernández: Hermana del ex alcalde del PSOE de Cobisa. Dir. General de Ordenación Territorial.
• Javier Sánchez Salas: Concejal del PSOE en Yeles.
• Cristina Escalante Rodríguez: Cuñada del representante sindical de UGT.
• Juan Carlos Hernández Morin: Cuñado de la Jefa de personal.
• Junquera Medina Pablo José: Sobrino político de la Jefa de Personal.
• Antonio Largo Rodríguez: Ex alcalde de Cobeja por el PSOE.
• Ángel de Paredes Alonso: Alcalde de Borox.

¿Quién es Jesús Gregorio Fernández Vaquero? Desde luego un peso pesado del bonismo toledano y uno de los integrantes, junto a Tofiño, del aparato político que tiene en su cúpula, por supuesto a Bono y a Barreda, pero de forma más concreta a Emiliano García Paje.

Ya se ha dicho que este personaje, igual que Tofiño maestro de escuela, ocupa los puestos de vicesecretario Provincial del PSOE y, hasta el fiasco electoral del PSOE, el de secretario de las Cortes de Castilla La Mancha, pero su curriculum tiene más hitos y así aparece en la ficha personal de la página web de las Cortes de Castilla la Mancha:

• Diputado Regional por la provincia de Toledo (desde el 19-06-2007).
• Miembro del Grupo Parlamentario Socialista.
• Vicepresidente 1º de la Mesa (desde el 19-06-2007).
• Vicepresidente 1º de la Diputación Permanente (desde el 26-06-2007).
• Vocal de la Comisión de Reglamento y Estatuto del Diputado (desde el 25-06-2007).
• Vocal de la Comisión de Salud y Bienestar Social (desde el 02-10-2008).
• Vocal de la Comisión de Bienestar Social [Suprimida] (desde el 09-07-2007 hasta el 25-09-2008).
• Vocal de la Comisión de Sanidad [Suprimida] (desde el 09-07-2007 hasta el 25-09-2008).
• Vocal de la Comisión de Mujer (desde el 09-07-2007 hasta el 26-10-2009).
• Vocal de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo (desde el 02-10-2008 hasta el 21-06-2010).
• Maestro.

Lo que no aparece en esa ficha es el incidente del “Fax de Seseña”, un documento remitido desde el despacho de Fernández al concejal de Seseña Felipe Sancho dándole instrucciones para oponerse a los presupuestos presentados por el alcalde Manuel Fuentes, cosa que tenía relevancia porque tanto Felipe Sancho como el resto de la agrupación del PSOE en Seseña habían sido aparentemente expulsados del partido a causa de las sólidas sospechas de corrupción que pesaban sobre ellos a cuenta del caso del Pocero.

Vaquero también fue quien acompañó en rueda de prensa a Tofiño cuando éste intentó dar respuesta a la denuncia presentada contra él por IU ante la Fiscalía Anticorrupción, relativa a la concesión de una contrata de 27 millones de euros a un grupo constructor (PEYBER) del que su hijo era socio; y también fue Vaquero el que tachó de “cuadrilla de bandoleros” a los militantes de IU a causa de aquella denuncia; el que se refirió a uno de los diputados regionales de la oposición con el calificativo de “buitre de Sevilleja”; o quien, junto a Tofiño, contrató los servicios del bufete Garrigues para intentar silenciar este blog, como a la vista está, con inútiles resultados.

Ahora su nombre vuelve a aparecer vinculado al escándalo de las contrataciones en la Diputación pero, seguramente, en esta ocasión el señor Vaquero se cuidará de declarar que los militantes de UPyD son una “cuadrilla de bandoleros”.

Tofiño trata de borrar el rastro de sus actos en el Ayuntamiento de Illescas

José Manuel Tofiño, ex alcalde de Illescas

Si a principios de este mes de julio se conocía que UpyD había presentado denuncia –ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Toledo– contra José Manuel Tofiño Pérez, ex alcalde de Illescas y pronto ex presidente de la Diputación Provincial, por un presunto delito de prevaricación que éste habría cometido al “regularizar” fraudulentamente la situación laboral de varias personas, entre las que se encuentran familiares suyos a más de varios ex cargos públicos del PSOE; hoy se ha conocido también que los ordenadores de varias concejalías sensibles del Ayuntamiento de Illescas, como la de Obras Públicas y Urbanismo, han sido “formateados”, es decir, que el contenido de sus discos duros y el sistema operativo han sido borrados. La cercanía del ex alcalde o de su familiares a ciertas constructoras como PEYBER o el Grupo GV, propiedad de Aurelio González Villarejo; el sospechoso secreto que ha rodeado la construcción de la comisaría de la policía local de Illescas, realizada por la citada constructora PEYBER pero con ausencia de carteles, banderines o de cualquier otro signo distintivo de la identidad del concesionario; el truculento episodio de la redacción del POM, supuestamente concedido a una empresa domiciliada en una barriada chabolista de la localidad, de la que ya se informó aquí que tenía vínculos con CCF 21, mercantil que la UDYCO atribuye al “malayo” Juan Antonio Roca Nicolás; el hecho de que, poco después, se supiera que el verdadero artífice de la redacción de ese POM fuera el ingeniero Miguel Angel López Toledano, cuyo nombre aparece en el sumario Astapa y que está estrechamente relacionado en Aranjuez con la Fundación Metrópoli, a su vez vinculada a la trama vasco-malaya; etc. etc. etc. bien pueden ser causas que expliquen la orden de “formatear” los discos duros de los ordenadores del Ayuntamiento. Ahora bien, podría ser que el desconocimiento y las prisas hayan traicionado a Tofiño puesto que formatear un disco duro no borra, ni mucho menos, la información contenida en él, sólo registra como espacio libre para nuevas grabaciones el lugar que antes ocupaba el contenido de los viejos archivos y programas, y ocurre que recuperar esa información, casi completamente indemne, es fácil, barato y rápido, así que el futuro de José Manuel Tofiño Pérez, hombre de gran poder en Toledo hasta hace poco, depende en estos momentos de que haya caído o no en la cuenta de que para hacer desaparecer la información contenida en un disco duro es necesario bastante más que el elemental comando “format c:/”.

José Bono brama ante el desmantelamiento de su tinglado manchego

A la misma hora en que José Manuel Tofiñó era desalojado de la alcaldía de Illescas, Bono, viendo impotente el colapso de su régimen en Castilla la Mancha, no ha podido contener al jesuita iracundo que lleva en si.

Refiriéndose a los acontecimientos de Illescas ha declarado a la prensa “que Izquierda Unida va a quedar reducida ‘a lo más sectario del Partido Comunista’ y, además, sin disciplina porque ‘el caso que le hacen a Cayo Lara -ha añadido- es el mismo que hacen en mi pueblo a la Cipriana en los títeres’.

Esto lo dice el individuo de la Hípica Almenara; el de la floreciente red de empresas familiares; el de las obras hechas por El Pocero y pagadas aún no sabe nadie por quién; el del caso Seseña; el de la permuta de los apartamentos de lujo en Estepona; el del fabuloso patrimonio inmobiliario; el que alegremente recibe regalos de su amigo el constructor Rafael Santamaría; el amigo íntimo del detenido en la operación Astapa Antonio Barrientos; el que puso al frente de CCM a Hernández Moltó; el que no ha evitado y quizás haya instigado, el préstamo de más de 200 millones de € a los “malayos” Roca, Pedro Román y Enrique Ventero; el del aeropuerto de Ciudad Real; el del Reino de Don Quijote; el postulante a ingresar en la “Guardia de Franco”; el que besuquea manos de cardenales y obispos cuando le conviene; el…

¿Le duele a Bono la “pinza”? Pues suponiendo que haya “pinza”, que no la hay, deberá saber este Lerroux moderno que puesto que la corrupción es, además de repugnante, una intolerable sobreexplotación del pueblo del que él se alimenta, si fuera necesario, contra ésta, contra la corrupción, no pinzas, sino tenazas se habrán de utilizar.

Izquierda Unida desaloja a Tofiño del Ayuntamiento de Illescas

Barreda, Tofiño y una maqueta

Así son las cosas y así debían ser, pues ninguna otra alternativa, consistente con la decencia, se presentaba a Izquierda Unida en la localidad toledana de Illescas, sino esta de arrojar sin contemplaciones fuera de la alcaldía a José Manuel Tofiño Pérez.

Quién quiera saber las razones y aún no las sepa, tiene en este blog detalladas muchas y muy cualificadas, pero lo que hoy le ha pasado al que fuera alcalde de Illescas y en breve también, ex presidente de la diputación de Toledo, trae causa de lo descubierto en el año 2007 cuando se desveló la vinculación de su hijo con la constructora PEYBER, hecho que originó la denuncia presentada por IU contra él por la presunta comisión de varios delitos relacionados con la corrupción.

Aquellas primeras sospechas que llevaron a IU a reclamar la intervención de la Fiscalía Anticorrupción fueron luego remachadas por nuevos hechos de los cuales el PAU de la vía férrea y la redacción del POM (Plan de Ordenación Municipal) han sido las gotas que han hecho imposible seguir tolerando lo intolerable.

Como héroe de tragedias antiguas –que no lo es– Tofiño ha sido víctima de la soberbia –ὕϐρις lo llamaban los griegos– de la desmesura y de la codicia. De la soberbia por creerse más poderoso de lo que le corresponde al maestro de escuela que en realidad es; de la desmesura, por despreciar la tenacidad y el esfuerzo de quienes no usan doblegarse y allanarse al arbitrio de caciques y tiranos; y de la codicia, por no ser capaz de resistirse a la tentación de buscar la fortuna de su hijo –y quién sabe de quién más– en los brazos de unos constructores agradecidos.

Hoy, cuando congestionado y medio paralizado por la incredulidad que su desventura le provoca, abandonaba el Ayuntamiento de Illescas y en la plaza se abrazaba efusivamente a familiares y deudos –más deudos que familiares– copiosas lágrimas han rodado por su mejillas.

No es para menos. ¿Dónde está ahora el rico y su poderío? ¿Dónde la vanagloria? ¿Dónde la briosa altanería? ¿Dónde están las caobas de los despachos, los cueros de los asientos, los lustres de los palacios, las armas de los pretorianos y las reverencias de los secretarios? ¿Qué ha sido del chófer y su auto, del lacayo y su bandeja, del adulador y sus zalemas, del cobarde y sus cobardías?.

Lloraba Tofiño esta mañana todo lo perdido, que es mucho y muy querido, viendo perplejo cómo pasan las glorias del mundo. Memento homine quia pulvis es et in pulvis reverteris y también recuerda, no lo olvides, honrado maestro de escuela, que en este mundo malo, mezquino y lastrado, aún hay hombres sin miedo y sin precio, que valen más que tú y todos juntos harto más que tú.

COMUNICADO DE IU, ASAMBLEA LOCAL DE ILLESCAS

ANTE LA CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN ILLESCAS

Tofiño jurando el cargo de concejal

Las elecciones municipales celebradas el pasado 22 de mayo han configurado una nueva corporación con 10 concejales del P.P., 10 concejales del PSOE y 1 concejal de I.U., siendo el P.P. la lista más votada. Esta configuración, resultado de las urnas, hace que algunos de manera interesada pretendieran que Izquierda Unida tuviera que elegir entre dos opciones que no nos gustan, renunciando a nuestros principios e ignorando lo que los electores nos han dicho en las urnas a los tres grupos políticos.

Es sabido que I.U. y P.P. tenemos formas distintas de entender la actuación de las instituciones y administraciones públicas. Nuestras diferencias de criterio en cuanto a la gestión de servicios públicos, de la economía y del reparto de la riqueza, de los derechos sociales y libertades públicas, son cuestiones que explican la ausencia de pactos de gobierno entre Izquierda Unida y el P.P.

Por otra parte, si bien la distancia entre I.U. y PSOE es mas corta que la distancia que nos separa del P.P., también es verdad que la política desarrollada en los últimos años por el PSOE, tanto a nivel del estado como en nuestra comunidad y ayuntamiento, sitúan al PSOE mas cerca del P.P. que de I.U. En Izquierda Unida no compartimos el modelo de ciudad para Illescas que J.M. Tofiño y el PSOE han plasmado en el Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.) y que siguen empeñados en sacar adelante. Desde I.U. hemos denunciado el P.O.M. por considerarlo disparatado en sus dimensiones, siendo el fiel reflejo local del urbanismo salvaje tan alegremente practicado en muchos lugares de nuestro país con las desastrosas consecuencias conocidas. Todas las alegaciones al P.O.M. presentadas por Izquierda Unida, así como las presentadas por las asociaciones ecologistas y ciudadanas, han sido sistemáticamente ignoradas y desatendidas. Desde I.U. hemos denunciado de manera reiterada y pública actuaciones urbanísticas promovidas por el gobierno de J.M. Tofiño/PSOE que entendíamos respondían a un interés de sus promotores y no al interés general. Incluso la llegada del Tren de Cercanías se ha visto contaminada por el empeño del gobierno local de condicionarla a actuaciones urbanística ligadas al soterramiento de la vía.

Las formas de gobernar de J.M. Tofiño y su equipo han suscitado rechazo en amplios sectores de la población, consideramos que en los últimos años no ha existido la transparencia necesaria en la gestión municipal. Nuestros votantes nos piden congruencia: No podemos otorgar nuestra confianza a un gobierno de J.M. Tofiño/PSOE para que siga desarrollando el modelo urbanístico que ha puesto en marcha, ello sería incongruente.

En Izquierda Unida no renunciamos a nuestros principios y no vamos a regalar nuestro voto para investir una Alcaldía, ni vamos a pactar el gobierno local ni con el P.P. ni con el PSOE. Asumimos el resultado de las urnas y, desde la posición en que nos han colocado los ciudadanos, aspiramos a ejercer una oposición responsable en defensa de los servicios públicos, luchando contra la especulación urbanística, exigiendo transparencia en la gestión municipal, en defensa de políticas de empleo y de la implicación municipal a favor de los desempleados que han agotado las prestaciones.

Sin ataduras, apoyaremos las propuestas que vengan desde el gobierno o desde otros grupos municipales cuando consideremos que son necesarias y positivas para el pueblo, y denunciaremos públicamente las actuaciones del gobierno cuando las consideremos contrarias al interés general. Con estas premisas, tendemos la mano a los grupos municipales del PSOE y del P.P. para alcanzar el máximo consenso posible que nos permita trabajar durante los próximos 4 años a favor de la ciudadanía de Illescas.

Gracias a todos los que nos han votado, esperamos no defraudar a nuestros votantes y servir bien desde la oposición a los intereses generales de Illescas.

Tofiño se muestra dispuesto a gobernar Illescas con una “cuadrilla de bandoleros”

El hijo de Tofiño declara estar trabajando en Bucarest, donde la constructora Peyber también tiene proyectos en marcha

El honor del señor José Manuel Tofiño Pérez va camino de convertirse en una materia más líquida que plástica. En declaraciones hechas el pasado 24 de mayo a la Tribuna de Toledo, periódico de uno de los constructores más adictos al bonismo toledano: Antonio Miguel Méndez Pozo; el alcalde en funciones de Illescas y también presidente de la Diputación de Toledo, igualmente en funciones, dijo alegremente que «Vamos a tratar de gobernar con Izquierda Unida. Si eso es posible, se dará y, si no, gobernará el Partido Popular».

Sin embargo, a principios de 2007, la ahora cortejada IU era vista por Tofiño y su adláter, Jesús Gregorio Fernández Vaquero, en términos muy distintos. Antes de las elecciones municipales y autonómicas que se celebraron aquel año IU presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el citado Tofiño. Tal denuncia se basaba en la concesión a una sociedad del grupo constructor PEYBER del mantenimiento de las carreteras de Toledo por un montante superior a los 27 Millones de €, hecho que coincidía con la constitución de la mercantil SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS, S.L. en la que participaban los hermanos Díaz Bermejo, propietarios de PEYBER y el hijo de Tofiño: José Manuel Tofiño Arrogante, un joven con los estudios de arquitectura recién terminados y sin más fama, renombre y prestigio profesional que el que lucía en su apellido.

La revelación de estos hechos, acreditados por las certificaciones del Registro Mercantil, hecha por Notitia Criminis y recogida en la denuncia de IU, supuso la convocatoria de una rueda de prensa en la que comparecieron Tofiño y Fernández Vaquero para anunciar la inmediata presentación de una «querella criminal» contra los firmantes de la denuncia: José Esteban Chozas y Sonsoles Arnau. Respecto a esa rueda de prensa El Digital de Castilla la Mancha publicó lo siguiente:

«El anuncio lo hizo este jueves… el vicesecretario general del PSOE provincial de Toledo, Jesús Fernández Vaquero, quien afirmó que se ha visto en la “obligación de comparecer” ante la prensa ante la pretensión de algunos, a los que tachó de “cuadrilla de bandoleros”, de convertir la comarca de La Sagra “en un programa de salsa rosa”».

A eso, Tofiño añadió «que su familia “ha sido injuriada” y que “no se puede mancillar el honor de mi hijo”, quien tal como recordó, es aparejador y arquitecto y nada tiene que ver con las acusaciones lanzadas por IU».

La cacareada “querella” no pasó de acto de conciliación malogrado. Celebradas las elecciones resultó que el PSOE necesitaba los votos de los concejales de IU en el Ayuntamiento de Toledo para que Emiliano García Paje fuera nombrado alcalde, de modo que Tofiño, donde había dicho digo, es decir, “no se puede mancillar el honor de mi hijo”, debió añadir para su coleto Diego, esto es, “salvo que el precio sea la alcaldía de Toledo”.

Ahora, una legislatura después, Fortuna, imperatrix mundi, se vuelve a cebar con José Manuel Tofiño Pérez y pone su amada alcaldía de Illescas en manos de los concejales de IU, es decir, en manos de unos integrantes de la misma “cuadrilla de bandoleros” a la que se refería Fernández Vaquero y que en 2007 le denunció por presunto corrupto; y ahora, como entonces, el flexible honor del señor Tofiño se vuelve a inclinar ante el viento desfavorable y declara, con gran desenvoltura, que procurará gobernar en Illescas con IU, es decir, con aquella “cuadrilla de bandoleros” a la que sus abogados del bufete Garrigues iban a devorar despiadadamente.

No digo yo que la decisión que tome IU en Illescas sea fácil, rehén del nomen iuris “socialista” que encubre los verdaderos entresijos del PSOE toledano, pero hacer alcalde a un personaje como Tofiño va a crear en ese pueblo unos lodos cuyos futuros cienos pueden enterrar demasiadas cosas, entre ellas a la propia IU, pues no se me ocurre explicación posible al hecho de dar el gobierno municipal a un individuo al que se ha denunciado por corrupto, presunto, naturalmente, a no ser que si la corrupción es calificada de “socialista” resulte tolerable, cosa que me consta, no es la política de IU de Castilla la Mancha, como sobradamente ésta lo tiene demostrado en la batalla de Seseña.

El dilema Illescas. Tofiño debe desaparecer de la vida pública

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La situación creada después de las elecciones en Castilla la Mancha tiene un efecto incontestable. El “bonismo” ha sido desmantelado. Que ello se haya producido mediante la irrupción de una marejada de votos del PP es irrelevante en términos políticos porque en esos términos, los tradicionales de la oposición entre los conceptos de izquierda y derecha, no existe diferencia entre el PSOE y el PP y mucho menos entre el “bonismo” y el PP.

La estructura de infiltración en las instituciones públicas y financieras de la región puesta en marcha por José Bono –antiguo falangista y postulante a la Guardia de Franco, la organización de élite de la Falange, no lo olvidemos– no tiene nada que ver con principios y mucho menos con el posicionamiento junto a una clase social.

El “bonismo” sólo y exclusivamente ha sido un mecanismo de apoderamiento de los presupuestos públicos y del crédito y, a día de hoy, los hechos conocidos: Seseña, CCM, aeropuerto de Ciudad Real, Reino de Don quijote, créditos de CCM a las tramas de la operación Malaya, etc. etc. etc.; no dejan ninguna duda al respecto. Sólo los consumidos por la devotio iberica lo pueden negar, bien porque son incapaces de ver más allá del nomen iuris “socialista” que acompaña a lo que quiera que sea el PSOE, bien porque han visto hipertrofiarse su panza llenándola con los manjares del saqueo.

El PP, posiblemente o con toda seguridad, no hará otra cosa muy distinta. En eso se ha convertido la política, el gobierno de la cosa pública, en España, pero hoy por hoy lo previsible es un acto en potencia, lo del “bonismo” ejemplificado magistralmente en el florecimiento de Hípica Almenara y del entramado empresarial de José Bono y su familia, es un acto real.

Así las cosas, igual que en Extremadura, cuyos tentáculos manchegos ya se apuntaban en el artículo publicado en este blog y titulado “Tofiño y la urdimbre de las carreteras de Toledo”; en Illescas (Toledo) Izquierda Unida se enfrenta a un dilema tramposo y acuciante: apoyar a un, sólo nominalmente, partido de izquierda: el PSOE; o desmantelar un poder deleznable a sabiendas de que pueda estar abriendo paso a otro potencial de similar condición y naturaleza.

Este dilema, digo, es tramposo porque en realidad no existe. El PSOE no es un partido de izquierda, si acaso lo son sus bases sociales, las cuales, por cierto, han derivado claramente hacia el PP o se han quedado, asqueadas, en su casa; pero el candidato del PSOE a la alcaldía de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez, además, es un individuo al que en 2007 Izquierda Unida denunció ante la Fiscalía Anticorrupción como presunto autor de varios delitos relacionados con la corrupción; cuyo apoyo a la especulación urbanística más descarnada ha sido reiteradamente denunciado por IU; cuyos amigos constructores: Carlos Durán, Aurelio González Villarejo, Román Conde o los hermanos Díaz Bermejo propietarios de la constructora PEYBER, entre algunos otros, han determinado, a la pacífica ciencia de quien haya querido mirar, la política y el desarrollo urbanístico del pueblo; cuyo hijo entró a formar parte de una de las empresas del grupo PEYBER, cuyo hijo, coincidencias tiene la vida, se va a trabajar a Bucarest al mismo tiempo que allí se asienta esa misma constructora PEYBER –por cierto, asociada a uno de los principales protagonistas del caso Gescartera–; Tofiño es el hombre bajo cuyo mandato la redacción del Plan de Ordenación Urbana se adjudica a una empresa domiciliada en una barriada chabolista de Illescas que, por cierto, ha resultado tener vículos con CCF 21, una sociedad de los testaferros de Roca, Carlos Sánchez y Adrés Lietor… Y así podríamos seguir narrando la adjudicación a PEYBER de la construcción de la comisaría de policía local del pueblo, la notable coincidencia que llevó a Tofiño a estrenar un carísimo Lexus 640 al tiempo que el Ayuntamiento que presidía firmaba con TOYOTA un convenio muy ventajoso para la multinacional, etc. etc.

Por tanto, como estos hechos y otros de igual naturaleza, niegan y contradicen los más elementales principios éticos, pasan más allá del tolerable cinismo que se puede consentir a un gobernante, la alternativa de Izquierda Unida en Illescas no puede plantearse entre acreditar un mal cierto para impedir un mal probable que, además, no sería mayor, sino igual que el otro.

Si izquierda Unida se niega a llevar imputados por corrupción en sus listas electorales a mayor razón tendrá que negarse a dar poder político a imputados de otros partidos y, aún a mayor razón, deberá negarse a dar poder político a aquellos que la propia Organización ha denunciado como presuntos corruptos, caso, precisamente, en el que se inscribe José Manuel Tofiño Pérez y, por extensión su equipo de concejales, sin cuyos votos en los Plenos municipales, los propósitos del tal Tofiño no habrían llegado a ninguna parte.

No veo, pues, que en Illescas IU se enfrente a ningún dilema. La única postura que le cabe es mantenerse ajena a la pugna por la alcaldía del lugar entre PSOE y PP y con el mismo rigor, vigilar y, en su caso denunciar, cualquier acto, cualquier política, cualquier decisión contraria a los principios que defiende o sobre la que recaigan sospechas de delito, ya haya alcanzado la alcaldía Tofiño o el candidato del PP.

Si acaso, cabe una segunda alternativa. IU puede acordar un pacto con el PSOE, pero en ningún modo con Tofiño o con quienes más claramente se han significado en su círculo íntimo de poder. Si el PSOE, como partido, quiere el apoyo de IU para hacerse con la alcaldía de Illescas debe mandar antes a José Manuel Tofiño, a Elvira Manzaneque y a algún otro, a consolar y a asistir en su duelo a Alejandro Pompa y a los hermanos Díaz Bermejo, y proponer como alcalde a algún miembro aceptable de la lista de electos.

De otro modo, la credibilidad de IU se volverá más que discutible pero, sobre todo, su razón de ser saltará por los aires. Si por un automatismo ciego, pendiente sólo del nombre de las cosas y no de su sustancia real, los votos que IU logra en las elecciones son entregados sistemáticamente al PSOE, porque en él, como un andrajo de su historia aún cuelga el calificativo, hueco y seco, de “socialista”, al margen de programa político y de ética pública, IU no tiene motivos para seguir existiendo y, como mucho, le cabría integrarse, a modo de corriente política, tal y como hace “Izquierda Socialista”, en el PSOE.

En definitiva, que demasiadas cosas impiden que IU suscriba y convalide lo hecho por Tofiño en Illescas y en la Diputación Provincial de Toledo y que se haga cómplice de lo que pueda hacer en el futuro, y sólo una argumenta a favor de lo contrario, a saber: el falso, vano y aparente izquierdismo de un partido político que, desde hace demasiado tiempo, no es más que una maquinaria hueca de mercadotecnia electoral y de apoderamiento de lo público.

Izquierda Unida no debe, aunque puede, dar la alcaldía de Illescas a un hombre como Tofiño. Este personaje, que sin ningún rubor juraba que ni él ni su hijo tenían o habían tenido nunca nada que ver con ninguna empresa, ni de la construcción ni de ningún otro ramo, al mismo tiempo que el Registro Mercantil le desmentía flagrantemente, debe desaparecer de la vida pública; y si por razones obvias IU tampoco puede optar por el candidato del PP, que no opte, que se vote a sí misma y, luego, haga lo que debe: vigilar, controlar y, en su caso denunciar corruptelas, corrupciones o delitos.

Indicios de “pucherazo” en Toledo. Denuncian a un asesor de Fernández Vaquero por tener empadronadas a 19 personas en su domicilio

De izquierda a Derecha, Tofiño, Pompa y Jesús Fernández Vaquero

Todo régimen caciquil tiene por condición necesaria el fraude electoral y en Castilla-La Mancha, al parecer, ese fraude no sólo se consuma a través de una Ley Electoral aprobada unilateralmente por el PSOE de Barreda y cuyo efecto más evidente es hacer imposible una representación parlamentaria que no se reparta entre PSOE y PP.

Según se ha sabido hoy, varios altos cargos del barredismo toledano han convertido su casa en algo parecido a la Posada del Peine, censando en sus domicilios a un número insólito de personas.

Copio a continuación la noticia aparecida hoy en La Comarca de Puerto Llano:

El Partido Popular de Toledo ha denunciado a destacados dirigentes socialistas por tener empadronados indebidamente en sus domicilios a decenas de personas.
El PP de Toledo se ha dirigido a la Junta Electoral de Zona, demostrando con los documentos pertinentes que Diego Marín Corroto, asesor del secretario de Organización del PSOE de Toledo, diputado regional y vicepresidente de las Cortes Regionales, Jesús Fernández Vaquero, tiene empadronados en su domicilio de la Avenida de Portugal de Toledo, a un total de diecinueve personas.

Otro tanto ocurre con el ex alcalde socialista de la ciudad, Joaquín Sánchez Garrido, que tiene empadronado en su casa a Rafael Baillo, jefe de la Sección de Higiene Industrial en la Dirección General de la Función Pública de la Junta de Castilla-La Mancha.
Asimismo, la concejal socialista de Toledo, Ana Isabel Verdú, tiene empadronada en su domicilio de la Calle Río Boladíez a Caridad Pérez, con domicilio habitual en Orgaz (Toledo) y a Lara Vadillo, con domicilio habitual en Talavera de la Reina (Toledo).

Según afirma el departamento jurídico del PP de Toledo en su denuncia, se da por probado el uso fraudulento del censo electoral en la ciudad. De esta forma, se insta a la Junta Electoral a que anule dichas inscripciones, suspendiendo entre tanto y de forma cautelar el ejercicio del derecho de voto, al menos por parte de personas que aparecen inscritas en los documentos que prueban la referida irregularidad”.

Castilla la Mancha, el reino del obsceno saqueo

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Hoy El Mundo publica una noticia, acompañada de la correspondiente factura, que no por esperada, deja de arrojar luz sobre el obsceno saqueo que ha sido practicado sistemáticamente a la sombra de los gobiernos de Bono y Barreda en Castilla la Mancha.

Caja Castilla la Mancha, regida por el ahora imputado Juan Pedro Hernández Moltó, amigo de Bono desde los tiempos del colegio de jesuitas, organizaba viajes de lujo, gratia et amore, para sus consejeros, directivos y políticos de cobertura, como el propio José María Barreda. Ahora, una de las facturas de esos viajes ha salido a la luz.

En 2001 unos 144 directivos y consejeros de la Caja fueron agasajados con un viaje a Egipto. Dicho viaje, de cinco días de duración, costó 54 Millones de Pts. y en “extras”, sobre todo anotados a la cuenta de restaurantes de lujo, la quebrada CCM pagó más de tres millones y medio de Pts., de las cuales un millón setecientas mil pesetas fueron en bebidas.

Dado que de los invitados al viaje, “sólo los consejeros y un reducido grupo de gestores tenía permiso para ‘pasar’ a la caja la factura de los gastos extras realizados durante el viaje”, la insultante procacidad adquiere proporciones de acto propio de canallas.

El hecho o el conjunto de hechos similares no son nada comparados con los cientos de millones de Euros “perdidos” en el aeropuerto de Ciudad Real; o en la financiación al “malayo” Luis Portillo, a Aurelio González Villarejo, a Domingo Díaz de Mera, etc. en su asalto a Inmobiliaria Colonial; o a los doscientos millones prestados a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo o a Enrique Ventero Terleira, todos ellos estrellas que brillan con luz propia en el caso Malaya, pero da idea de la calaña de quienes, con vientre diez veces insaciable, gustan de lo mucho con tanta voracidad como de lo poco.

No obstante, insulta a la razón, la atropella, el silencio que se guarda, precisamente, sobre los cientos de millones con los que CCM ha financiado a la “organización criminal” –cito textualmente el auto de imputación del Juzgado nº 5 de Marbella– de Juan Antonio Roca Nicolás y sus secuaces.

Uno de los episodios, no el menos lacerante, es el de la finca Alcalvín de Bargas (Toledo). Adquirida en extrañas circunstancias a un argentino –Juan Francisco Lata Ríos, primero señorito de compañía de una adinerada y anciana viuda, propietaria de la finca, y luego su marido– por Pedro Román, Juan María López Alvarez y por una sociedad del prestigioso bufete Cuatrecasas.

Como ya se ha dicho aquí, CCM concedió a PUERTA ORO TOLEDO, sociedad participada por todos esos, un crédito de 200 Millones de Euros garantizados con una finca cuyo proyecto de urbanización ya había sido calificado por Medio Ambiente como “inviable”. Ese crédito se renovó, sin que se hubiera liquidado un céntimo de él, en dos ocasiones, la última días antes de la intervención de la Caja.

La operación es en sí misma tan aberrante que una vez que el Juzgado nº 5 de Marbella tuvo conocimiento de ella, dio orden a la UDYCO de investigar los tentáculos del caso Malaya en Toledo. Dicha investigación, no obstante, se ha ahogado debido a la falta de jurisdicción del citado Juzgado en Castilla la Mancha. Sin embargo, ahora que Hernández Moltó está siendo investigado por la Audiencia Nacional cabría esperar que estos hechos volvieran, con carácter prioritario, a la mesa del Juez Instructor.

No parece que sea así. Según las noticias que se conocen, la investigación del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional se está centrando en el caso del aeropuerto de ciudad real, de El Reino de Don Quijote o de las operaciones financiadas a gente como Luis Portillo o los Sanahuja.

Bien, es posible que ninguna de las acusaciones haya reparado o tenga interés en remover este tentáculo del caso CCM y es posible que la documentación relativa a estos hechos no obre en las diligencias que se siguen contra Moltó. Habrá que poner remedio a eso. Digo más, se pondrá remedio a eso.

Pompa, alcalde de Carranque, confiesa la realidad de su campaña electoral: “aquí de lo que se trata es de vivir de lo que ganamos”

Pompa, Tofiño y Fernández Vaquero arreglándose los pantalones, en la presentación de la campaña en Carranque

Alejandro Pompa, el hombre que llegó a la alcaldía de Carranque (Toledo) después de ser beneficiario de los efectos provocados por un tránsfuga del que se dice que tampoco salió trasquilado del negocio, ha comenzado su campaña electoral. Lo hizo bajo el cobijo de José Manuel Tofiño, que además de alcalde de Illescas preside la Diputación de Toledo y de uno de los pesos pesados del bonismo Toledano: Jesús Gregorio Fernández Vaquero.

El primero, como ya se destapó aquí al principio de la pasada legislatura, tiene muchas cosas en común con Pompa y la declarada amistad con los socios de la constructora PEYBER, los hermanos D. Bermejo y G. Peinado, no es la menos significativa, puesto que no sólo se dio entonces la coincidencia de que el hijo del presidente de la Diputación apareciera asociado al Grupo PEYBER al tiempo que su padre ideaba e impulsaba la privatización del mantenimiento de las carreteras de la provincia, de la cual resultó concesionaria otra de las compañías PEYBER por una cuantía de más de 27 Millones de €; sino que las coincidencias han continuado después, como por ejemplo, que asentada PEYBER en Rumanía, el hijo de Tofiño hiciera lo propio y también emigrara a Bucarest; o que la construcción de la nueva comisaría de policía municipal de Illescas haya sido encargada a la constructora PEYBER, la cual la ha llevado a cabo con tanta reserva y sigilo que nadie ha podido ver un sólo cartel publicitario de la empresa en esa obra.

Las inversiones hechas por el grupo PEYBER en Rumanía tienen relevancia informativa propia, sobre todo porque en varios de los instrumentos societarios creados por los Díaz Bermejo y los G. Peinado en ese país, aparece un individuo llamado José Villarig Lou, uno de los principales implicados en el caso GESCARTERA y vinculado por la policía a la trama que, a través del HSBC y de los buenos oficios de Salvador Pastor, permitieron el vaciamiento y blanqueo de los fondos de esa entidad de inversión. Sin olvidar que, además, José Villarig Lou también aparece vinculado a RIOFISA, a PROCAM y a Eduardo Aznar Berruezo, relacionado con el caso Pretoria.

Por su parte, Jesús Gregorio Fernández Vaquero es un hombre que ya se mostró sumamente belicoso en la defensa de Pompa y Tofiño. Cuando en 2007 Izquierda Unida denunció a Anticorrupción a los citados, a causa del asunto de las carreteras provinciales y de la gestación y tramitación del PAU del campo de golf de Carranque (concedido a PEYBER y CCM, claro está) Fernández Vaquero apareció junto a Tofiño en rueda de prensa y con atronadora indignación llamó “bandoleros” a los denunciantes al tiempo que daba inicio a las gestiones necesarias para presentar contra ellos querella por calumnias e injurias.

No obstante, como la mala fortuna quiso que el PSOE toledano necesitara los votos de IU para nombrar a Emiliano García Paje alcalde de Toledo, tal querella se ahogó antes de nacer, una vez celebrado el preceptivo acto de conciliación, pues parece que la honra y buen nombre de los querellantes resultó menos valiosa que la alcaldía de Toledo, o dicho al modo Enrique IV rey de Francia, resultó que Toledo bien valía una injuria, o las que hicieran falta.

Ahora, después de haber sido cobijado en la presentación de su candidatura por estas dos personas, Pompa continúa su campaña electoral enviando una carta a sus vecinos. Redactada con la zalamera y risueña banalidad que es consustancial a estos documentos –por supuesto no por Pompa, que no sabe, sino por los empleados del departamento de mercadotecnia del PSOE– en ella se leen cosas como las siguientes:

“Nuestro equipo de Gobierno ha trabajado con rigor, entusiasmo, imaginación, interés y cercanía… Tenemos confianza y esperanza en el futuro… Nuestro municipio es algo vivo, dinámico y tenemos que afrontar los nuevos retos… Tenemos suficiente experiencia para afrontar los nuevos retos, para diseñar y desarrollar políticas que nos permitan seguir avanzando… Estoy seguro de que con el esfuerzo y el empuje de todos, con vuestro apoyo, con la ilusión y las ganas de trabajar que nos caracterizan… etc. etc. etc.”.

Es cierto que todas estas zalemas viscosas, toda esta futilidad inane, carece por completo de relevancia y no es más que la costra de apariencia y simulacro en que se ha convertido el acto político en España, la cáscara hueca de una pupa cuyo insecto hace mucho que la abandonó. Sin embargo, en Carranque, el hecho adquiere importancia gracias a los usos y costumbres de su alcalde.

Pompa es un hombre que, al filo del medio día, por virtud de vaya usted a saber qué brebaje, comienza a padecer una incontinente sinceridad, insólita en su gremio. Debido a eso, estos meses atrás hizo unas declaraciones a la COPE en las que con descarnado desparpajo aseguró, hablando de sus concejales y de él mismo, que en el Ayuntamiento “de lo que se trata es de vivir de lo que ganamos”.

Se buscará en vano confesión más cruda sobre lo que es la realidad política de España. No se encontrará por ninguna parte tan sincera desnudez, ni tan abierta y peregrina desenvoltura. En ningún otro sitio se exhibirá con tan desvergonzado descaro esta “vidriera irrespetuosa de los cambalaches” políticos españoles, como se está haciendo en este calamitoso pueblo de Toledo.

Escúchese, por tanto, a Pompa desmentir con aguardentosa simpleza, su propia campaña electoral y de paso la del barredismo toledano:

La Fiscalía Anticorrupción denuncia al alcalde de Aranjuez Jesús Dionisio Ballesteros

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Hay demasiadas trazas ya que apuntan a que Aranjuez se ha convertido, en los pocos años que ocupan las legislaturas ominosas del urbanismo español, en una sentina en la que abundan y se propagan todos los vicios propios de las conjuras entre ayuntamientos y tramas urbanísticas.

Tan es así que, finalmente, la Fiscalía Anticorrupción, por decreto firmado por la fiscal Dª Adela Prieto Alonso, ha remitido al Juzgado Decano de Aranjuez denuncia contra el alcalde Jesús Dionisio Ballesteros y otros por la comisión de presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias.

Tales imputaciones están relacionadas, principalmente, con el PAU de las cabezadas –que implica a la difunta CCM, y por tanto, a Hernández Moltó, y a ISOLUX CORSAN, es decir, a Luis Delso sobre quien concurren sospechas de estar implicado en el caso Gürtel– y con los terrenos de la fábrica AGFA.

¿Quién es Jesús Miguel Dionisio Ballesteros?

Jesús Dionisio, natural de Noblejas (Toledo) y buen amigo del alcalde de este pueblo, Agustín Jiménez Crespo –el condenado por golpear a una de sus propias concejales y el mismo que se hizo enterrar en vida, pero sólo iocandi causa– es, sin duda, un personaje relevante del PSOE de Madrid. Ocupa el cargo Secretario General de la Agrupación Socialista de Aranjuez desde 2001. Fue concejal de Juventud y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de dicha localidad (1987-1991) y portavoz del Grupo de Concejales del PSOE en el periodo 1999-2003. En la legistatura 2003-2007 se convirtió en alcalde del lugar y ahora lo gobierna con mayoría absoluta.

En julio de 2007 entró a formar parte de la ejecutiva regional del Partido Socialista de Madrid como secretario de Vivienda y Política Territorial. Actualmente ocupa el cargo de secretario de Política Municipal en dicha ejecutiva regional, es presidente de ARACOVE (Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca de Las Vegas), presidente de la Fundación Aranjuez Natural y vicepresidente de la Fundación Felipe II.

Intentó los estudios de bellas artes y arquitectura, fracasando en ambos, pese a lo cual ha sido profesor de Diseño en la Universidad Popular de Aranjuez hasta 1987 y ha colaborado como diseñador en distintos estudios de Arquitectura.

El caso Aranjuez en Notitia Criminis

Las cabezadas de Aranjuez

Jesús Dionisio Ballesteros

El sofocante fumus malus iuris que se eleva desde las riveras del Tajo a su paso por Aranjuez ya fue objeto de atención en esta página hace tiempo. Al respecto, escribí aquí que “posiblemente, el negocio más importante de CCM en Aranjuez es el PAU de Las Cabezadas, con unas 7.000 viviendas previstas por el momento. Uno de los consejeros de la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ es Alejandro López Hernández, Secretario General de CCM. Además de este cargo en la Caja de Hernández Moltó, el Sr. López también es, salvo cambios de última hora claro está; consejero de DICO HARINSA OBRUM SL; apoderado del quebrado GRUPO DICO OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA.; Secretario de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, entidad presidida –hasta hace muy poco– por Petra Mateos-Aparicio Morales y participada, mayoritariamente, no sólo por CCM, sino por la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, por el Gobierno de José María Barreda; y también preside, lo que en este momento interesa más, la mercantil H2 PUENTE LARGO, la cual opera en Aranjuez, en el PAU Puente Largo, que comprende unas 6.800 viviendas”.

Junto a López Hernández, otro de los hombres colocados por Moltó al frente de la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ es José Luis Rodríguez Romo que ocupaba hasta el óbito de CCM, el cargo de Director General Adjunto de la Caja, y que a su vez sirve de enlace con el caso Malaya a través de las sociedades CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22 SL.

Sobre CLAUDIA ZAHARA 22 escribí que estuvo domiciliada hasta enero del 2006 en la C/ Príncipe de Vergara 15 (idéntica dirección que la de MOLA-15, donde ya hemos visto “trabajando” juntos a los “malayos” Juan Antonio Roca, a Pedro Román, a Bruno Baumann y a Juan Herman Hoffmann). Está participada, en un 40% por SACYR-VALLEHERMOSO y en un 30% por PLANES E INVERSIONES CASTILLA-LA MANCHA (PLAINSA), es decir, por CCM. Dispone de un notable capital social de 6 Millones de Euros y no está presidida por ninguno de los representantes de SACYR o de CCM, sino por ECOYESO INTERNACIONAL (desde el 2005 denominada ECO PROYECT 22 S.L.) empresa de Juan María López Alvarez que, como se sabe, era socio de Juan Antonio Roca y Pedro Román en EL ANGEL DE TEPA y en MOLA-15.

En esta entidad, José Luis Rodríguez Romo es, salvo cambios debidos a la defunción de CCM, el Vicepresidente y entre los Administradores, además de VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, esto es, de Luis del Ribero, también está ECOVILLAS 22 SA (igualmente propiedad de López Alvarez) y Florencio Fernández Gutierrez, alcalde “bonista” de Urda (Toledo) y vocal del Consejo de Administración de CCM, insisto, salvo los cambios que se hayan derivado de la intervención por el Banco de España de la Caja manchega.

En una situación similar está CORTIJO DEL MORO, donde también participaba la Caja de Hernández Moltó y el socio del “malayo” Juan Antonio Roca, Juan María López Alvarez.

Sin embargo, si esta información ya era en sí de interés, ocupándome de la presencia en la ciudad del Tajo de una extraña empresa durmiente: ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, y de la asociación ahí entre Petra Mateos Aparicio –de quién se puede leer un extenso curriculum aquí– y el citado Juan María López Alvarez, puse de relieve la frenética actuación en esa ciudad de miembros del consejo de administración de la mencionada entidad, tales como los hermanos José Antonio y Eduardo Alonso Conesa; el patrono de la Fundación Metrópoli, Alfonso Vegara Gómez, hombre estrechamente asociado a Javier Arteche Tarascón, Luis María Maya Galarraga, etc.; es decir, a la denominada “Trama Vasca” del caso Malaya, así como al también procesado en el mismo caso, José María del Nido; o del ingeniero de caminos Miguel Angel López Toledano, vinculado a la redacción del POM de Illescas (Toledo) a la redacción del proyecto del aeropuerto de Ciudad Real y, posiblemente también, implicado, a través de la sociedad URBANIZADORA SEVINOVA, con el caso Astapa.

Teniendo en cuenta que Las Cabezadas es botín privativo de CCM (o lo era hasta la defenestración de Hernández Moltó) y de ISOLUX CORSAN (Luis Delso, para entendernos) aliados en Aranjuez en la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ SL y que la participación de CCM ahí se hizo a través de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN en cuyo consejo de administración está Petra Mateos Aparicio; es prudente considerar a ésta como el nexo entra el PAU de las Cabezadas, ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE y los personajes citados más arriba.

Los terrenos de la fábrica AGFA y la trama Vasco-Malaya

Volviendo a recordar lo dicho en el artículo dedicado a ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, ya dije que “relacionada con los terrenos de la antigua fábrica de AGFA es donde, inicialmente, aparece YEREGUI DESARROLLOS SL y por tanto PROINSA, la empresa del imputado en la Operación Malaya, Francisco Javier Arteche Tarascón. YEREGUI DESARROLLOS es posteriormente sustituida por AGFA ARANJUEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS, un mero cambio de nomen iuris, menos llamativo y conocido por la prensa, porque ésta sigue perteneciendo en un 100% a PROINSA.

Arteche y los demás miembros de la llamada “Trama Vasca” salen pronto de los terrenos de Agfa –no de Aranjuez, donde se les localiza, por ejemplo, en el negocio del Hospital del Tajo– mediante una permuta de suelo hecha a la sombra de los acuerdos de recolocación de los ex trabajadores de Agfa y del asentamiento en el municipio de un centro logístico de CORTEFIEL. A partir de ahí lo que se produce es la asignación de las parcelas de esos terrenos a una serie de empresas y cooperativas, tras las cuales, reiteradamente, aparece ATALIA y personajes ligados al PSOE de Aranjuez y al Ayuntamiento gobernado por Jesús Dionisio Ballesteros”.

De las nueve empresas o cooperativas que se hicieron con los terrenos adquiridos inicialmente por los “vasco-malayos”, al menos cuatro están relacionadas directamente con ATALIA y, por tanto, con David Marjaliza Villaseñor y con los hermanos Alonso Conesa: Sol Naciente, Rivereña de Vivienda Social, Extrabajadores de Agfa y Vancouver Gestión.

Así pues, las dos actuaciones urbanísticas afectadas por la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción: Las Cabezadas y los solares de la Fábrica AGFA, están unidas por una red de intereses que apuntan a un monopolio del negocio urbanístico en Aranjuez crecido a la sombra de personas vinculadas al gobierno de Castilla La Mancha o a algunos de los más importantes casos de corrupción descubiertos hasta la fecha.

El ingeniero Miguel Angel López Toledano, Las Cabezadas y la Fundación Metrópoli

Miguel Angel López Toledano

Pero no terminan aquí los vínculos entre Las Cabezadas, la permuta de la que resultó beneficiaria la trama empresarial Vasco-Malaya y los socios de la empresa fantasma ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE.

Otro hombre de notabilísima relevancia, el ingeniero Miguel Angel López Toledano, apoya a modo de coloso de Rodas, sus pies en ambas orillas: una la de los adláteres de José María Barreda en el círculo de CCM y otra la del “malayo” Javier Arteche y sus socios.

Si Alfonso Vegara Gómez y su Fundación Metrópoli, aparece por un lado, habitual y estrechamente asociado a la trama Vasco-Malaya; López Toledano, como ya se ha dicho, redactor del POM de Illescas –asunto al que el caso Malaya también salpica a través de CCF-21, empresa de Andrés Lietor y Carlos Sánchez–, redactor del proyecto del aeropuerto de Ciudad Real y cuyo nombre consta en el sumario de la operación Astapa, también une a la mencionada Fundación, es decir, a Alfonso Vegara, con el PAU de las Cabezadas.

Al respecto, existe documentación que acredita la actuación de la Fundación de Alfonso Vegara Gómez en el negocio de Las Cabezadas y de ella es necesario subrayar una adenda al proyecto presentada en febrero de 2009, en la que aparece la Fundación Metrópoli junto a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez y junto a la mercantil EQUIPO REDACTOR MALT SL.

La sociedad EQUIPO REDACTOR MALT SL pertenece a Miguel Angel López Toledano pero, además, hasta el día 26 de junio del 2008 el administrador único de EQUIPO REDACTOR MALT no era López Toledano, sino José Luis Zaldúa Azurmendi. Ese día el Sr. Zaldúa desaparece del órgano de administración de MALT y en su lugar ocupa el puesto de administrador único Miguel Angel López Toledano que hasta esa fecha había sido apoderado de la sociedad.

Paralelamente nos encontramos a José Luis Zaldúa con el cargo de apoderado de LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ. El nombramiento se produce el 23 de julio del 2007 donde con anterioridad, también había desempeñado los de Consejero y Secretario.

En resumen pues, con este escenario y con los actores que trasiegan en él, la apertura de diligencias penales relacionadas con Las Cabezadas, la permuta de los terrenos de la fábrica AGFA y el papel jugado ahí por Jesús Dionisio Ballesteros, alcalde de Aranjuez; puede muy bien ser el inicio de una investigación que destape una de las más importantes tramas de corrupción de los últimos años. Demasiado poder, demasiados sospechosos y demasiados tentáculos, confluyen en esa ciudad, así que, no cabe duda de que las presiones por sofocar la investigación serán proporcionales a todo eso y, sin embargo, la verdad se abre paso.

El alcalde de Carranque, Alejandro Pompa, perdona cerca de tres millones a la constructora Peyber

Bajo palio, Pompa, Fernández Retana y la Martínez Aboín

El aberrante estado de corrupción endémica del Estado español progresa, a la vista ciencia y paciencia de quienes pongan una poca atención en ello, especialmente en los ayuntamientos. El fenómeno no es casual. El tratamiento constitucional y legislativo de las corporaciones municipales convierte a éstas en dominios de quienes las gobiernen y lo único que separa a un alcalde de un tiranuelo de horca y espada es su propia voluntad, una voluntad que ante tanta y tan atractiva tentación, hace exclamar a demasiados de ellos, a los alcaldes me refiero, que si bien la carne es grávida, la andorga clama por sus rellenos, y embutir en ella solomillos nunca vistos, centollos inimaginados, cochinillos crujientes, lustrosos capones, inocentes lechales, soberbios jamones, jugosos cabritos y otras cosas todas ellas muy gratas y caras al mondongo, más que mojadas, ahogadas en zumos de uva ingeniosamente fermentados de los que vienen a costar uno o dos Potosíes; bien merece bailarle el agua a algún constructor de bolsa afín y sobre el filo de la navaja, quiero decir, sobre el filo del delito, hacerse práctico en el fraude de ley, el abuso de derecho, la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias o el blanqueo de capitales.

Tan es así la cosa, tan elevados a la condición de señores de vidas y haciendas están los alcaldes de hoy en día, que en un pueblecito de Toledo, Carranque, asediado por dos constructoras de cercano trato con su primer munícipe –PEYBER y una de las sociedades de Aurelio González Villarejo – éste, Alejandro Pompa Mingo, que ya se coronó a sí mismo como “ingeniero naval privado no homologado”, título que en realidad corresponde a un curso caritativo de delineación organizado en sus tiempos mozos por los salesianos de Atocha; éste decía, desfila bajo palio, ornato y distinción que si en Franco ya era risible, en este personaje sirve para dar idea cierta de a qué se ha llegado en las dolientes tierras del norte de Toledo, tierras en las que los viejos y no tan viejos llaman al alcalde y a los concejales que le secundan “la Justicia”, de modo que uno está a favor de “la Justicia” o en contra de “la Justicia” así soporte paciente o impacientemente las cadenas municipales.

Sin embargo, tras esta grotesca pompa y circunstancia que hace salir en Carranque, bajo palio y con sacras maneras a “la Justicia”, es decir, a Pompa, a Fernández y a la Martínez, hay aspectos más prácticos y modernos. Uno de ellos forma parte de los varios delitos que se imputan al tal Pompa a instancias de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y del que se sigue procedimiento en uno de los Juzgados de Instrucción de Illescas.

Según el escrito del Fiscal del Tribunal de Cuentas, D. Olayo E. González Soler, fechado el 21 de septiembre de 2010, Fundamento de Derecho A) El Ayuntamiento de Carranque “dejó de ingresar indebidamente en las arcas municipales el importe de los derechos reconocidos en las liquidaciones tributarias revocadas, revocación que entraña la vulneración de las disposiciones reguladoras de la revisión de los actos en vía administrativa contenidas en el Titulo VII de la LRJ-PAC, que es de aplicación en virtud de lo dispuesto en el art. 146 Primero del RD 2568/1986, de 28 de noviembre. Y como de tal revocación, promovida por el Sr. Alcalde de Carranque e ilegalmente aprobada con los votos de los seis concejales que se citan, resultan perjuicios para los intereses del Ayuntamiento porque, se reitera, dejó de ingresar en su caja el importe de las liquidaciones revocadas, se cumplen, en principio, los requisitos exigidos por el art. 38.1 LOTCu para el nacimiento de la responsabilidad contable, por lo que resulta procedente promover su depuración”.

Las tasas a las que se refiere la Fiscalía del Tribunal de Cuentas son las correspondientes a la aprobación definitiva del PAU del campo de golf de Carranque. Dichas tasas, cuyo importe asciende a 2.780.099,25 €, giradas a la mercantil VILLA ROMANA GOLF, es decir, a la constructora PEYBER, y puestas en vía ejecutiva ante el impago de ésta, fueron anuladas, con gran prodigalidad y desprendimiento de lo ajeno, a iniciativa e impulso de Pompa, cosa que se entiende mal en un Ayuntamiento con una de las mayores deudas por habitante de la provincia de Toledo, si no se considera la “cercanía de trato” –así denominaba a esa afinidad el Secretario municipal– entre el tal Pompa y los principales socios de la constructora: los hermanos Díaz Bermejo y el que hasta hace poco era el aparejador municipal, Jesús María Gallego Peinado.

Al respecto, el Secretario-Interventor del Ayuntamiento, en un informe fechado el 27 de noviembre de 2008 calificaba la mencionada revocación en los siguientes términos:

“Supone una absoluta contradicción con los acuerdos plenarios adoptados desestimando los recursos de reposición que interpuso la misma entidad mercantil y ratificando cada una de las liquidaciones que ahora se propone REVOCAR por entender están viciadas de nulidad… La propuesta planteada deja al Ayuntamiento EN PRECARIO, es decir, le desapodera de sus derechos legales al dejar pendientes las liquidaciones futuras que han de sustituir a las que ahora se propone revocar (ANULAR) a como pronto, el primer trimestre del año 2010… La citada propuesta vulnera la normativa urbanística, porque supone incumplimiento del convenio urbanístico de gestión aprobado y suscrito por el Ayuntamiento y la promotora, vulnera la normativa de derecho administrativo y la tributaria”.

Según la mercantil VILLA ROMANA GOLF –esto es, PEYBER– y el alcalde Pompa, su decisión de privar al Ayuntamiento de cerca de tres millones de Euros se debía a que todos ellos consideraban que esas liquidaciones eran impertinentes porque el PAU, si bien aprobado definitivamente, aún no estaba publicado, cosa esta muy interesante porque dado que, como acredita el Secretario municipal, “la tramitación del PAU fue asumida por la entidad promotora” y, por tanto, a ésta corresponde su publicación oficial; mientras la deudora no tenga a bien cumplir con ese trámite, quedaría a salvo de saldar sus deudas. En otras palabras, que para Pompa y para los socios de PEYBER, el cumplimiento de la obligación queda sujeto a una condición suspensiva cuyo cumplimiento depende, íntegramente, de la voluntad del deudor, por cierto, un tipo de condición que el Código Civil considera nula de pleno derecho.

Se diría, no obstante, que Alejandro Pompa también es “jurista privado no homologado” porque pese a las rotundas advertencias del Secretario-Interventor, en el pleno municipal del 27 de noviembre de 2008 él y sus concejales, todos adscritos al Bonismo-Barredismo toledano, acordaron revocar y dejar sin efecto las liquidaciones tributarias adeudadas por VILLA ROMANA GOLF, esto es, por el agente urbanizador del PAU del campo de golf, a cambio de lo cual ésta aceptaba realizar un pago a cuenta de 300.000 €, pago que, por cierto, también ha incumplido.

Ahora que este, entre otros asuntos, le han vuelto a valer, a él y a sus secuaces –que para que no se sientan zaheridos les advertiré que secuaz es aquel que sigue el partido, doctrina u opinión de otro– nuevas imputaciones a cuenta de la denuncia de la Fiscalía de Toledo; Pompa dirá que no tenía conciencia ni voluntad de violar la ley, bien que de tan forzada como está, de ella quepa decir lo mismo que Don Luis Mejía le dijera a Don Juan Tenorio: “Con lo que en ella habéis osado, imposible la hais dejado para vos y para mi”.

¿BURBUJA INMOBILIARIA O MACROESTAFA PLANETARIA? Segunda Parte. Por “Ciudadanos de Espartinas”

Juan Germán Hoffmann durante el juicio Malaya

Esta es la segunda parte del anterior trabajo publicado por Ciudadanos de Espartinas. Debería leerse con lápiz y papel, haciendo esquemas y trazando las líneas que conectan cada trama. Si se hace así, el resultado será un plano extremadamente exacto del territorio español. Quien lea con atención este texto descubrirá nombres, que si bien han adquirido protagonismo en Málaga y sus cercanías, aparecen también en lugares tan alejados como un pequeño pueblo de Toledo llamado Layos o en otro pueblo de la misma provincia llamado Bargas o en la más conocida localidad de Aranjuez y, por supuesto, también en Seseña.

La telaraña sorprende por su solidez, por su inmediatez al poder político y por su repugnante plasticidad y condición proteica. En no poca medida, se ampara en su capacidad de centralizar y unificar lo disperso, es decir, de servirse de peones locales, como el citado “Viruelas” al que su abuelo le recomendaba robar mucho para poder meter en la cárcel a quienes le denunciaran, y a la vez fragmentar la organización para que la hipotética caída de alguna de sus partes, nunca suponga la caída del Todo.

¿Tanto cuesta poner atención en estas cosas? Españoles ¿sois imbéciles? Vuestro Estado ya no existe. Ha sido sustituido por el Hampa. ¿Seguiréis callando ante eso? Llenáis los comedores de beneficencia, colapsáis los Juzgados con vuestros desahucios hipotecarios, abandonáis a vuestros hijos a una desesperanza cierta y os dejáis ordeñar como terneros mansos. ¿Será verdad que sois idiotas?.

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¿Burbuja Inmobiliaria o Macroestafa Planetaria? (II)

3.- CÁRTELES Y MAFIAS DE LA VIVIENDA

Miloon Khotari Relator de la ONU (2000-2008) y autor del informe sobre el problema del acceso a la vivienda en España declaraba recientemente que “En España han existido cárteles y mafias de la vivienda que actuaban con absoluta impunidad“.

“Estos cárteles tenían muy buenas conexiones con los políticos y era evidente que todo ello desembocaría en una crisis muy importante”.

“Resulta muy sorprendente que en España haya una serie de familias poderosísimas que controlan el mercado inmobiliario. Y no hablo sólo de la vivienda, me refiero también al control del suelo”.

Veamos algunos ejemplos concretos de esos entramados de poder y sus relaciones.

3.1.- PALOMARES DEL RÍO

Septiembre de 2006. Los Verdes del Aljarafe, Aljarafe Habitable, Palomares Habitable y ADTA (Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe) denunciaron la convocatoria de pleno extraordinario por parte del Ayuntamiento de Palomares para aprobar un Convenio Urbanístico firmado con Urbis S.A y con Rochduero S.L por el que se pretendía clasificar como urbanizables 180 hectáreas y construir más de 2.700 viviendas. El suelo que se pretendía clasificar está protegido por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla, como Paisaje Sobresaliente y con el nombre de Cornisa Este del Aljarafe.

La Fiscalia de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Historico admitió a trámite, por un presunto delito contra la Ordenacion del Territorio, una denuncia de ADTA contra dicho convenio urbanistico.

Por esas fechas el grupo inmobiliario Urbis estaba participado por Banesto y ACS. En el consejo de administración de la INMOBILIARIA URBIS, S.A. se sentaban, en calidad de presidente, Antonio Trueba Bustamante (hasta hace unos días vicepresidente de Parquesol), en calidad de vicepresidente, Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea, presidenta de Banesto e hija de Emilio Botín, presidente del Banco Santander, y entre los vocales Su Alteza Real D. Carlos de Borbón Dos Sicilias y Borbón-Parma, primo del rey Juan Carlos I.

Por su parte, Rochduero es una empresa participada al 40% por Caja Duero. La Secretaria del consejo de administración de Rochduero, Elena Collado Pérez, es a su vez administradora de GESTION RAINBOW FUND, un fondo de inversión de Caja Duero domiciliado en Luxemburgo.

3.2.- ESTEPONA – SEVILLA – TRAMA VASCA – MALAYA

Veamos como el entramado es tan poderoso que desde un pequeño pueblo del área metropolitana de Sevilla como es Palomares del Río, se puede reconstruir una red nacional que llega a Estepona, Espartinas, Marbella, las Minas de Río Tinto y el País Vasco. Todo a través del despacho de economistas de Sevilla Severiano López y José Luis Gónzalez-Palomino, S.C.

En la operación Astapa contra la corrupción urbanística desarrollada en Estepona, la principal empresa implicada es Valle Romano.

No en vano, su ex-consejero Luis Fernando Linares ha tenido que pagar 500.000 euros, la fianza más alta de las impuestas por la juez del caso, para recuperar la libertad.

Pero Valle Romano no es sino la denominación comercial de una promoción urbanística que desarrolla la sociedad “Compañía Promotora y del Comercio del Estrecho, S.L.”

Esta sociedad se constituye a finales del año 2002 en la Avda. Blas Infante nº 6 de Sevilla.

Dicho domicilio es el mismo que el de la sociedad unipersonal Servicios Agropecuarios Avecilla S.L., constituida en el año 2004 por el concejal de urbanismo de Espartinas Antonio Javier Jiménez Rodríguez en pleno proceso de firmas de convenios urbanísticos a incluir en el nuevo PGOU.

Severiano López Martin administra en solitario la Compañía Promotora y del Comercio del Estrecho, S.L. desde su constitución hasta abril de 2004.

A partir de esa fecha le acompañan en el consejo de administración:

1.- José Manuel Martín Santonja, miembro del despacho “Severiano López y José Luis Gónzalez-Palomino, S.C.”.

2.- Antonio Salas Bayon, administrador único de Rumbo 5 Cero S.L. y de Via del Atlantico S.L., presentes en recalificaciones urbanísticas en Palomares del Río (Sector SUZ-PP-08 «El Zorrero») y en una macro operación prevista en Riotinto (1.200 has).

3.- Manuel Salinero González Piñero, letrado de los hermanos Ignacio y Manuel González Sánchez-Dalp, detenidos en la operación Malaya, también abogado del alcalde de Espartinas, Domingo Salado, en el caso Guardiola (trama vasco malaya). En la misma causa, la defensa del concejal de urbanismo (Antonio Javier Jiménez Rodríguez) corrió a cargo de Jerónimo Zamora, socio de Salinero en RZS Abogados (Romero, Zamora, Salinero Abogados SC).

Manuel Salinero intervino además en la defensa del técnico de la Gerencia de Urbanismo, imputado en el Caso Bazar España (derrumbe de un muro que mató a cinco personas el 31 de diciembre de 1998) en el que estaban implicados la Inmobiliaria Osuna y el arquitecto Luis Recuenco.

Recuenco es el arquitecto redactor de numerosos planes urbanísticos en localidades especialmente propensas a la especulación. En Espartinas es, desde hace años, el responsable del planeamiento local.

4.- La Kutxa (Caja de ahorros de San Sebastián) representada por Rafael Salsamendi Iruretagoyena y Juan Manuel Garmendia Goicoechea, presidente del Grupo Inmobiliario Inverlur, investigado en la operación Astapa.

5.- Los socios de Linares & Abogados: José Ignacio Sánchez Baranda, Mª Eugenia Yeregui Kinkel y Luis Fernando Linares Torres (detenido en la operación Astapa y en libertad bajo fianza).

Resulta sorprendente que José Antonio Linares Torres, Director de comunicación de Valle Romano y hermano de Luis Fernando Linares Torres, sea Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, y que haya desarrollado su actividad profesional, entre otros puestos, en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, como Jefe de la Oficina de Prensa, Divulgación y Relaciones Públicas de la Dirección General de Policía, Gobernador Civil de Córdoba y Coordinador en materia de extranjería de Andalucía.

6.- Ramón Miguel Valencia Pastor y Adolfo Ladrón De Guevara Sánchez. Como administradores de Idisa, aparecían junto a las Cajas de Ahorros sevillanas en la mayor operación especulativa de Sevilla, la operación de Tablada. El entonces presidente de Caja San Fernando era Juan Manuel López Benjumea, hermano del arquitecto Miguel López Benjumea detenido en la operación Malaya.

En la operación intervenía un consorcio de grandes compañías inmobiliarias como Osuna, Prasa, Sando, el Grupo de Luis Alarcón de la Oliva, Idisa y Construcciones San José.

Según publicaba El País, El Monte y San Fernando, a través del Consorcio Tablada, propiedad de ambas entidades, firmaron un contrato de gestión con la empresa Idisa por la que ésta cobraría 787 millones de pesetas fijos y unos honorarios variables que podrían llegar a 520 millones. Para lograr esta plusvalía, próxima al 130%, los terrenos debían haber sido recalificados.

El 11 de noviembre de 1997, Ramón Valencia firmó un contrato de gestión con Juan Manuel López Benjumea, presidente de Caja San Fernando y vicepresidente del Consorcio Tablada, empresa propiedad de las dos cajas a partes iguales, que se había hecho con la propiedad de los terrenos inundables y no urbanizables de la antigua dehesa sevillana en subasta pública en 1999. Por este compromiso Idisa entró en el Consorcio con un 5% del capital, sus gestores se comprometían a no realizar operaciones particulares en Tablada, y se garantizaban unos honorarios fijos hasta el año 2011 de 652 millones de pesetas y unos variables hasta un máximo de 520 millones. Además, recibían 135 millones por aportación de negocio y asesoramiento. Todas estas partidas hacen un total de 1.307 millones. Además de estos ingresos, los promotores de Idisa se reservaron un 5% del beneficio bruto que consiguieran superior a los 13.169,8 millones de pesetas fijados como mínimo en el contrato.

La idea de la operación surgió de unos gestores inmobiliarios que, cuando Defensa cerró la base aérea en 1989, empezaron aglutinar a los propietarios con derechos de reversión del suelo, expropiado para crear el aeródromo militar en 1917. Estos gestores constituyeron la empresa Idisa, con un capital de 10 millones de pesetas y dos administradores, Ramón Valencia y Adolfo Ladrón de Guevara.

La primera de las funciones que las cajas encomendaron a Idisa fue la ‘recalificación del suelo’, aunque en la estipulación quinta se daba por hecho que ‘las 320 hectáreas se van a urbanizar y comercializar’. Una de las empresas interesadas en comprar parte del terreno era la Inmobiliaria Osuna, con la que Isidoro Beneroso, presidente de El Monte y del Consorcio, contrajo un compromiso personal que fue validado por el consejo de administración de esta sociedad el 30 de marzo de 1999.

Pero demos un salto más para comprobar cómo las conexiones no son sólo locales o nacionales y que, como la economía, también están globalizadas.

3.3.- OPERACIÓN MALAYA: TARODO HOFFMANN, FAES Y EL NARCO PARAMILITARISMO

Hitler saludando al general Emilio Esteban Infantes, comandante de la División Azul. En el centro, como intérprete, Hans Hoffmann, padre del letrado Juan Germán Hoffmann

El despacho Tarodo Hoffmann Abogados aparece relacionado en 3 grandes operaciones contra la corrupción: Malaya, Ninette y Ballena Blanca.

El 6 de febrero de 2007, en una nueva fase de la operación Malaya, en presencia del juez instructor, la policía registró el bufete de Tarodo Hoffmann en Marbella durante más de 11 horas y detuvo a dos abogados del despacho: Juan Germán Hoffmann, supuesto testaferro inmobiliario de Juan Antonio Roca, y su socio José Arteaga Pardo.

Juan Germán Hoffmann (del que ya hablamos aquí), hijo del ex cónsul honorario alemán en Málaga Hans Hoffmann, es quien estaba al frente de este despacho, especializado en inversiones extranjeras.

Según publicaba El Mundo en el año 1998, Hans Hoffmann, apodado “El Rey de Marbella” tenía a sus espaldas un oscuro pasado nazi como miembro de la GESTAPO, habiendo formado parte de la Legión Condor que bombardeó Guernica.

Como administradores de TARODO-HOFFMANN ABOGADOS SL figuran José Arteaga Pardo y Erhard Rudolf Zurawka.

José Arteaga Pardo representa a la “Compañía Inmobiliaria Masdevallía, S.L.”, una de las sociedades utilizada por Roca, mediante escrito con entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia), con fecha 4 de Julio de 2005 (número 5.343)

La sede de este ayuntamiento ha sido recientemente registrada por la policía en el marco de la Operación Ninette, directamente vinculada con la trama malaya.

Por su parte, Erhard Rudolf Zurawka es el abogado de “Corona de los Hidalgos”, una promoción de EURACO Investors Service España S.L. en Manilva, localidad cuyo alcalde fue detenido en el caso Ballena Blanca.

Euraco tiene por administrador único a Gabriele Heinl y por apoderado a Tarodo Hoffmann Molina S.L.

ERHARD ZURAWKA, LA FUNDACIÓN HANNS SEIDEL Y LA ULTRADERECHA ESPAÑOLA

Además de pertenecer al despacho Tarodo Hoffmann, Erhard Zurawka es el representante en Colombia de la fundación Hanns Seidel.

Según un artículo de El País de 12 de noviembre de 1984, la Fundación Seidel, de la RFA, apoyó a la ultraderecha española.

COLOMBIA, URIBE, FAES Y LA FUNDACIÓN HANNS SEIDEL

Las relaciones de la Fundación Seidel con el expresidente de Colombia son también muy fluidas, tal y como se desprende de la propia web del Partido Conservador Colombiano.

En dicha web se recoge explícitamente la presencia de Erhard Zurawka, representante de la Fundación Hanns Seidel de Alemania en el Encuentro Internacional Unión de Partidos Latinoamericanos -UPLA – Zona Norte, organizado por la Secretaría Alterna del Directorio Nacional Conservador, en el que el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, invitó a los delegados internacionales del encuentro, a una cena en el Palacio de Nariño.

La Fundación Hanns Seidel de Alemania también aparece junto a FAES de España como “Aliados” de la Secretaría Alterna del Partido Conservador Colombiano.

URIBE Y SUS CONEXIONES NARCO-PARAMILITARES

Según la revista Newsweek Internacional, en los años 90, el departamento estadounidense de defensa elaboró una lista de individuos asociados con el cartel colombiano de la droga de Medellín de Pablo Escobar.

Según publicaba la Red Voltaire, en el apartado nº 82 del documento de inteligencia ya desclasificado se puede leer lo siguiente : “Álvaro Uribe político colombiano y senador dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno.

Uribe se vinculó a un negocio involucrado en las actividades de los narcóticos en los Estados Unidos…. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y ha sido un amigo íntimo de Pablo Escobar Gaviria“.

Este mismo año Sergio Camargo presentaba en Madrid el libro “El Narcotraficante Nº 82. Álvaro Uribe Vélez” en el que da cuenta del entramado de políticos, mafiosos, clérigos, paramilitares y narcotraficantes que controla el poder en Colombia.

Las cifras del negocio de la droga que aporta el columnista Pablo Siris Seade merecen ser tenidas muy en cuenta:

“Colombia produce el 60% de toda la cocaína que se produce en el mundo. EEUU interviene en este país desde hace nueve años con el Plan Colombia y ha invertido en la “guerra contra las drogas” más de 5 mil 600 millones de dólares. Sin embargo, el año pasado creció en el país neogranadino más de 27% la superficie cultivada con hoja de coca. Afganistán produce el 92% de todos los opiáceos en el planeta, especialmente, heroína. EEUU está presente allí desde el año 2001, cuando inició la “guerra contra el terrorismo”, y tiene acantonados a más de 35.000 efectivos militares.

Obviamente, el negocio de las drogas no está en las selvas de la Orinoquia colombiana o en las montañas de Afganistán, sino en las calles de Nueva York, Washington (donde se asientan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial estadounidenses), San Francisco y Miami. Estas cuatro ciudades se encuentran dentro de las veinte ciudades con más consumo de cocaína y heroína en el mundo, aunque Nueva York se destaca lejos de sus seguidoras con un consumo de 134 líneas de cocaína por cada mil habitantes cada día.

Así mismo, es principal mercado donde se producen las mayores operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, con una inyección de capital -cada año- de 500 mil millones de dólares. En el reciente trabajo del periodista Hernán Carrera, explica que cada dólar que se imputa a ganancias de una transnacional, representa automáticamente, un incremento de seis dólares en el valor de sus acciones.

Los 500.000 millones obtenidos por del narcotráfico, multiplicados por seis, resulta la abrumadora cifra de 300 billones de dólares anuales.”

¿BURBUJA INMOBILIARIA O MACROESTAFA PLANETARIA? Por Ciudadanos de Espartinas

Uno de tantos Sumarios

Con el confesado y manifiesto propósito de dar la mayor difusión posible a este trabajo –brillante, como siempre– de “Ciudadanos de Espartinas”, lo reproduzco aquí.

Sólo hay que añadir una cosa. El obsceno mecanismo que describe este artículo funciona mediante “tracción animal”. Tiene nombres y apellidos, quiero decir, y es obligación cívica sacarlos de la sombra y arrojarlos a la fama pública.

El esfuerzo es considerable y no exento de peligros. “El Viruelas”, uno de los protagonistas locales de este aparato de producción en masa de podredumbre, solía citar un consejo de su abuelo: “hijos, no robéis, pero si robáis, robad mucho para que podáis meter en la cárcel a los que os denuncien”. Como cave imaginar “El Viruelas” ha seguido la segunda parte del consejo de su abuelo.

1.- ¿ BURBUJA INMOBILIARIA O MACROESTAFA PLANETARIA ?

1.1. – CRIMEN FINANCIERO CONTRA LA HUMANIDAD

Son los trabajadores del mundo los que pagarán la deuda del sistema político-mafioso financiero.

Crimen contra la humanidad es el que los poderes financieros y económicos de Estados Unidos, con la complicidad efectiva o tácita de su gobierno, fríamente han perpetrado contra millones de personas en todo el mundo, amenazadas de perder el dinero que les queda después de, en muchísimos casos (no dudo de que sean millones), haber perdido su única y cuántas veces escasa fuente de rendimiento, es decir, su trabajo.

Los criminales son conocidos, tienen nombre y apellidos, se trasladan en limusinas cuando van a jugar al golf, y tan seguros están de sí mismos que ni siquiera piensan en esconderse.

Son fáciles de sorprender. ¿Quién se atreve a llevar a este gang ante los tribunales? Todos le quedaríamos agradecidos. Sería la señal de que no todo está perdido para las personas honestas.

José Saramago, Premio Nobel de Literatura.

1.2.- VÍDEO SOUTHERN CALIFORNIA SHANTY TOWN / TENT CITY (4:17)

1.3.- LA BURBUJA INMOBILIARIA EN EL CONTEXTO ECONÓMICO MUNDIAL

Hace diez años, Arturo Pérez Reverte escribía un artículo demoledor publicado en ‘El Semanal’ el 15 de noviembre de 1998, adelantándose a las imágenes del vídeo anterior.

Entresacamos algunos párrafos:

LOS AMOS DEL MUNDO

Usted no lo sabe, pero depende de ellos. Usted no los conoce ni se los cruzará en su vida, pero esos hijos de la gran puta tienen en las manos, en la agenda electrónica, en la tecla intro del computador, su futuro y el de sus hijos.

Usted no los conoce ni en pintura, pero esos conductores suicidas que circulan a doscientos por hora en un furgón cargado de dinero van a atropellarlo el día menos pensado, y ni siquiera le quedará el consuelo de ir en la silla de ruedas con una recortada a volarles los huevos, porque no tienen rostro público, pese a ser reputados analistas, tiburones de las finanzas, prestigiosos expertos en el dinero de otros. Tan expertos que siempre terminan por hacerlo suyo. Porque siempre ganan ellos, cuando ganan; y nunca pierden ellos, cuando pierden.

No crean riqueza, sino que especulan.

Esto no puede fallar, dicen. Aquí nadie va a perder. El riesgo es mínimo.

Y en cuanto sale bien la primera operación ya están arriesgando más en la segunda, que el chollo es el chollo, e intereses de un tropecientos por ciento no se encuentran todos los días. Y esto, señores, es Jauja.

Y de pronto resulta que no. De pronto resulta que el invento tenía sus fallos, y que lo de alto riesgo no era una frase sino exactamente eso: alto riesgo de verdad.

Y entonces todo el tinglado se va a tomar por el saco. Y esos fondos especiales, peligrosos, que cada vez tienen más peso en la economía mundial, muestran su lado negro. Y entonces, ¡oh, prodigio!, mientras que los beneficios eran para los tiburones que controlaban el cotarro y para los que especulaban con dinero de otros, resulta que las pérdidas, no.

Las pérdidas, el mordisco financiero, el pago de los errores de esos pijolandios que juegan con la economía internacional como si jugaran al Monopoly, recaen directamente sobre las espaldas de todos nosotros.

Entonces resulta que mientras el beneficio era privado, los errores son colectivos, y las pérdidas hay que socializarlas, acudiendo con medidas de emergencia y con fondos de salvación para evitar efectos dominó y chichis de la Bernarda.

Eso es lo que viene, me temo. Nadie perdonará un duro de la deuda externa de países pobres, pero nunca faltarán fondos para tapar agujeros de especuladores y canallas que juegan a la ruleta rusa en cabeza ajena. Así que podemos ir amarrándonos los machos. Ése es el panorama que los amos de la economía mundial nos deparan, con el cuento de tanto neoliberalismo económico y tanta mierda, de tanta especulación y de tanta poca vergüenza.

Es en ese contexto de neoliberalismo descrito por Pérez Reverte en el que tiene lugar el fenómeno de la Burbuja Inmobiliaria que trataremos de explicar a continuación.

1.4.- EL CASO DE E.E.U.U.

En Estados Unidos el proceso que origina la crisis inmobiliaria y su efecto dominó podría resumirse de la siguiente forma:

1.- Las entidades bancarias conceden hipotecas subprime o hipotecas-basura a personas de baja solvencia.

2.- Se titulizan o empaquetan esas hipotecas-basura mezcladas con otras “sanas” en lotes, llamados CDO (Collateralized Debt Obligations -obligaciones con garantía colateral-) unos instrumentos teóricamente de alta calidad crediticia.

3.- Se ponen en circulación esos títulos o paquetes tóxicos en el mercado.

4.- Los paquetes son comprados por fondos de inversión de alto riesgo, los llamados hedge funds, unos instrumentos de inversión privada (inversores individuales, bancos privados, fondos de pensiones y compañías de seguros).

5.- El producto se dispersa y el riesgo de cada hipoteca subprime pasa de residir en una única entidad a contaminar virtualmente a millones de pequeños inversores, ya sea a través de su plan de pensiones o de un fondo de ahorro más o menos conservador.

Veamos de cerca cómo funcionan algunos de los agentes financieros responsables de la Burbuja:

Fannie Mae y Freddie Mac

Son las dos grandes instituciones americanas que se dedican a comprar, titulizar y garantizar préstamos hipotecarios de alta calidad. Estos dos gigantes del crédito hipotecario controlan casi la mitad de los 12 billones de dólares de la deuda hipotecaria vigente en Estados Unidos.

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) fue fundada en 1938 para rescatar el mercado hipotecario hundido durante la crisis económica de 1929. Fannie Mae, como banco hipotecario público, tenía como objetivo encontrar el dinero para ponerlo a disposición de los bancos regionales y locales de USA. En 1968, Lyndon B. Johnson privatizó el banco y sus acciones fueron vendidas en bolsa. En 1970 se funda Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation), gemela de Fannie Mae. Los dos bancos hipotecarios continuaron recibiendo el apoyo del Estado pese a que eran sociedades privadas. Podían recurrir al Estado pidiendo préstamos, estaban eximidos de pagar impuestos y la supervisión del gobierno sobre su gestión era más laxa que con la de otras entidades. Eso hizo circular la falsa idea de que sus deudas estaban garantizadas explícitamente por el Estado.

Fannie y Freddie comenzaron a principios de la década del 90 a “titulizar” las hipotecas, lo que permitía multiplicar la capacidad de crear nuevas hipotecas que a su vez eran empaquetadas y vendidas a entidades financieras de todo el mundo, generando grandes beneficios a corto plazo. En 1990 una acción de Fannie costaba 10 dólares. En el 2000 costaba 100 dólares (10 veces mas). Este año las acciones valían sólo unos centavos. El Departamento del Tesoro y la Reserva Federal (banco central) anunciaron la puesta en marcha de un plan para rescatar a las dos entidades del colapso. El plan pasa por la compra y el saneamiento de los activos dudosos de estas sociedades y supone, en la práctica, la nacionalización de títulos por un valor estimado en torno 5,3 billones de dólares.

Los Hedge Funds

Son unos fondos de inversión de alto riesgo destinados a la especulación agresiva, muy poco controlados por las autoridades financieras y con capacidad para llevar la economía mundial al borde del colapso.

La crisis de 1998 ya reveló los efectos desestabilizadores de los hedge funds en la economía. Sin embargo no fueron prohibidos y hoy hay unos 9.000 fondos de alto riesgo que gestionan en torno a los 2 billones de dólares.

España ha sido el último país de Europa Occidental en autorizar estos productos y, según previsiones de fuentes de la CNMV, el mercado español de hedge fund podría alcanzar unos 10.000 millones de patrimonio en los próximos años.

En la década de los Noventa el hedge fund LTCM (Long-Term Capital Management) llegó a controlar el 5% de la renta fija mundial, gestionaba 1.000 millones de dólares pero contaba con una deuda de 100.000 millones de dólares (100 veces mayor). Su quiebra en Septiembre de 1998, obligó a la Reserva Federal a intervenir, inyectando 3.600 millones de dólares financiados por un sindicato de 14 bancos de inversión.

Veamos un ejemplo del impacto de los hedge funds en la Burbuja Inmobiliaria:

En 2007, Bear Stearns, el quinto banco de inversión estadounidense, declaraba en quiebra dos de sus fondos especulativos (Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Master Fund Ltd., y Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Enhanced Leverage Master Ltd).

Estos fondos eran dos “letterbox companies”, dos compañías materializadas por un simple buzón de correos en las Islas Caimán.

Bear Stearns tuvo que ser rescatado por Wall Street, con el apoyo explícito de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, que asumía una garantía de 29.000 millones de dólares de su cartera de valores.

En Noviembre de 2008, el Gobierno de EEUU recompensa a uno de los principales culpables de la peor crisis crediticia de la historia. La Reserva Federal (Fed) de Nueva York decide nombrar al ex jefe de riesgos de Bear Stearns (Michael Alix), vicepresidente en la sección de control bancario, o lo que es lo mismo, responsable de la supervisión de bancos en Nueva York.

Las Agencias de Rating

Las tres principales empresas de rating del mundo son las estadounidenses Standard and Poor´s (S&P), Moody´s y Fitch Ratings.

Estas agencias se dedican a medir el riesgo de invertir en bonos de empresas y en los nuevos instrumentos financieros.

Con sus calificaciones falsas, fueron los agentes necesarios para expandir los activos tóxicos de derivados de deuda hipotecaria en los que iban las hipotecas subprime calificadas como de alta rentabilidad y bajo riesgo (AAA++).

1.5.- LA BURBUJA EN ESPAÑA

El fenómeno de la Burbuja en España, aunque responde a los mismos principios de especulación que Estados Unidos, tiene un desarrollo muy diferente.

El arquitecto y economista Ricardo Vergés define el fenómeno como un antimercado, caso extremo de burbuja donde precios y cantidades de vivienda nueva están en relación directa y no inversa, como indica la ley de la oferta y la demanda. Las cifras de la Burbuja española hablan por sí solas:

- 10 millones de familias hipotecadas entre 1997 y 2012, que habrán de devolver la friolera de 3,25 billones de euros, de los cuales las entidades apenas habían recuperado en 2007 un cuarto de billón, intereses incluidos.

Para Vergés, todo empezó en 1997 con el retorno de capitales evadidos y su entrada en forma de inversión en el mercado inmobiliario, después de que en Europa se decidiera que un euro equivalía a 166,38 pesetas.

Bancos, cajas de ahorro, inmobiliarios y políticos vieron que había una demanda formidable e hicieron acopio de suelo.

Con la entrada en vigor del euro, el 1 de enero de 2002, comenzó a funcionar la campaña de ‘los precios nunca bajan’ y de ‘no hay burbuja’ que arrastró a todo tipo de inversores y compradores.

Entre 2003 y 2007 se construyeron casi cuatro millones de viviendas nuevas con un coste de 562.000 millones de euros y un precio de venta de 877.000 millones.

315.000 millones de beneficios cuyo paradero se desconoce.

Al comparar la evolución del mercado inmobiliario de EEUU con el de España se pone de manifiesto la dimensión de nuestra burbuja.

En EEUU nunca se llegó a construir más de 9 viviendas por mil habitantes y se vendieron a precios equivalentes, como mucho a 3,5 rentas familiares media. En España, se ha llegado a las 22 nuevas viviendas por mil habitantes, con precios que todavía superan las 6,5 rentas familiares medias. El esfuerzo inversor en nueva vivienda en España ha llegado a ser cuatro veces y media el de EEUU.

Pero aún queda un factor diferencial que agrava más todavía la situación en España. En EEUU si un comprador no puede hacer frente a la hipoteca, devuelve la vivienda al Banco y queda saldada su deuda. En España no. Aquí el Banco saca a subasta la vivienda y si la cantidad obtenida es menor que la deuda pendiente, el comprador inicial, además de perder la vivienda y las cantidades ya pagadas al banco, debe asumir la diferencia. Es lo que se conoce como la esclavitud de la deuda.

El panorama que se presenta en España no puede ser más negro:

.- La dependencia del sector inmobiliario como motor económico.

.- Un stock de viviendas para 4 años de 700.000 viviendas invendidas que obligará a una fuerte bajada de precios.

.- Una tasa de paro en aumento, que se traducirá en morosidad, impagos y ejecuciones de préstamos hipotecarios que dejarían a miles de familias en la calle.

.- Préstamos que, en la mayoría de casos, se concedieron con una sobretasación del valor de la vivienda, y que por tanto obligarían a esos miles de familias en la calle a seguir pagando la deuda restante al banco.

En España, tal y como señala José Manuel Naredo (Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente en el año 2000 y Premio Internacional Geocrítica 2008), “La gran irresponsabilidad de los gobiernos no solo estriba en haber negado o soslayado la burbuja inmobiliaria, sino en haberla seguido alimentando hasta el final con potentes desgravaciones fiscales y ocultaciones consentidas de plusvalías, que desembocaron en casos tan sonados como el de Marbella, forzando así el lamentable monocultivo inmobiliario de este país”.

2.- CORRUPCIÓN INTERNACIONAL Y CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

2.1.- CORRUPCIÓN BANCARIA Y PARAÍSOS FISCALES

Los paraísos fiscales constituyen uno de los pilares de la globalización económica. En ellos reside un poder económico tan elevado que influye y domina al poder político. El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que por las cuentas de los paraísos fiscales pasa la mitad de los flujos financieros internacionales y que en estos territorios se esconde la cuarta parte de la riqueza privada mundial. En su conjunto acumulan entre 11 y 13 billones de euros.

La concentración de poder en los paraísos fiscales es tal que el cuarto centro financiero mundial se sitúa en las Islas Caimán.

En las Islas Vírgenes Británicas, con una población de 22.000 habitantes, hay registradas más de 500.000 empresas extranjeras y operan 450 bancos.

En Luxemburgo están domiciliadas 12.000 sociedades pantalla y 210 entidades bancarias que manejan 600.000 millones de euros en activos

Liechtenstein, con 35.000 habitantes, acumula depósitos por valor de unos 150.000 millones de dólares. La inteligencia alemana reveló que un sólo abogado gestionaba 10.000 fundaciones y empresas tapadera de negocios opacos.

Gibraltar, con 30.000 habitantes, tiene más de 70.000 sociedades.

Según denuncia Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción, los dos principales bancos españoles, Santander y BBVA tienen 80 filiales domiciliadas en paraísos fiscales.

Jiménez Villarejo va más lejos y desvela que “entre 1997 y 2001, ambos inclusive, prácticamente todo el sistema financiero –bancos y cajas– emitió un producto, denominado “participaciones preferentes”, para captar ahorro en el mercado español. La finalidad del mismo era obtener financiación para sus operaciones fortaleciendo sus recursos propios. Con una particularidad, el producto fue emitido por sociedades filiales de dichas entidades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Así se recaudaron, según el Banco de España, 15.000 millones de euros (15.104.544.378). Todo con el conocimiento y aquiescencia de dicha entidad y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Dada las características de la operación, resultó de extrema dificultad calcular el enorme alcance del fraude fiscal cometido por las entidades de crédito en la tributación del Impuesto de Sociedades. Lo cierto es que cuando trascendió públicamente esta forma de proceder, conscientes todos de su evidente ilicitud, se reformó precipitadamente la ley prohibiendo que dichas operaciones se hicieran desde paraísos fiscales”.

Sirva como ejemplo de lo apuntado por Jiménez Villarejo la utilización por parte de buena parte de Bancos y Cajas españoles de la misma sede de Maples and Calder en las Islas Cayman (Ugland House, South Church Street PO Box 309 GT) que, en palabras del presidente Obama, es el mayor edificio del mundo o la mayor estafa impositiva del mundo. Allí encontramos a Caja Madrid, la CAM, Bancaja. El Banco Popular, Caja España, Sa Nostra, CajaMurcia, Unicaja, CajaCanarias, el Banco Sabadell, La Caixa, El Monte, o el Banco Santander.

2.2.- ESPAÑA, PARAÍSO DE LA CORRUPCIÓN

La corrupción que asola el territorio español ha quedado evidenciada por las múltiples operaciones judiciales desarrolladas en estos últimos 4 años, que han acabado con la detención de decenas de representantes políticos, alcaldes y concejales de todo signo, secretarios de ayuntamientos, promotores inmobiliarios, titulares de prestigiosos bufetes de abogados, algún que otro notario, miembros de la policía, incluidos varios inspectores de la UDYCO (Unidad del Crimen Organizado) y un Juez.

No en vano, las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, al tráfico de armas, a la explotación de la prostitución, a estafas internacionales, etc… han encontrado en España un paraíso para el desarrollo de sus actividades y el blanqueo de sus ganancias.

En sólo un año (de Semana Santa de 2005 -operación Ballena Blanca- a la de 2006 -Malaya-), la incautación de bienes y dinero rondaba los 4.800 millones de euros (unos 800.000 millones de pesetas), una cifra 100 veces superior a la registrada en el año 2000.

A raíz de las operaciones Malaya y Ballena Blanca, el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín explicaba que lo que ha sucedido en la Costa del Sol ha sido blanqueo de dinero a gran escala procedente de la mafia internacional.

En el año 2006 tanto The Washington Post (25 de octubre) como El País (3 de octubre) asociaban la construcción con las mafias internacionales. Ambos diarios recogían afirmaciones de Alejandra Gómez-Céspedes, profesora en el Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga, que relacionaba directamente la construcción con el narcotráfico:

“Básicamente, los traficantes de drogas en el sur de España tienen inversiones en los sectores inmobiliario y de la construcción, por la facilidad que estos ofrecen para el blanqueo de dinero negro sin ningún tipo de preguntas”.

“Cuando la mafia entra en el tráfico de cocaína, elige a la construcción como el sector ideal de blanqueo”.

El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Verchet, revelaba que más de una veintena de narcotraficantes detenidos en los últimos tiempos contaba con sus propias agencias inmobiliarias.

Si añadimos que en España hay censadas más de 45.000 empresas inmobiliarias, de las cuáles sólo el 10% tiene más de 3 empleados, aumenta notablemente la sospecha de que la construcción es una gran tapadera para el blanqueo.

En nuestro país hay abiertas más de 130 operaciones policiales que investigan al lavado de dinero negro, y ya han sido imputados más de 60 abogados y 5 notarios en relación con alguna de esas operaciones.

El nombre de España como único centro de blanqueo en Europa viene recogido en un reciente informe sobre el impacto de las sanciones económicas contra los carteles colombianos de la droga realizado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La CIA también lo corrobora. Pero hay más datos que dan una idea de la magnitud del problema:

- España es el país de la Comunidad Económica Europea en que circulan más billetes de 500 Euros (1/3 del total)

- España es la puerta de entrada a Europa del tráfico de cocaína, y es el país con mayor consumo de esa sustancia.

• España es el país con mayor número de viviendas construidas, más de 800.000 en el año 2007 según los datos de visado de los Colegios de Arquitectos.

2.3.- LOS BENEFICIOS DE LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Es en ese marco de corrupción generalizada donde tiene lugar el boom inmobiliario apuntado anteriormente.

Los elevados beneficios generados por el sector de la construcción y la opacidad de sus transacciones han alimentado la espiral de crecimiento de las inversiones inmobiliarias.

La fiebre del ladrillo alcanzó a toda suerte de promotores, pequeños inversores privados, políticos, bancos, cajas de ahorros y organizaciones criminales internacionales.

Los planes urbanísticos, concebidos para regular la ordenación del territorio y racionalizar el crecimiento, pasaron a convertirse en meras herramientas al servicio de la especulación, o lo que es peor, de las mafias internacionales del blanqueo de capitales.

Este modelo de urbanismo especulativo, oportunista y capitalista, diseñado a imagen y semejanza del modelo de libre mercado, apenas encontró resistencia entre los principales partidos políticos del arco parlamentario.

Dejando al margen a partidos minoritarios, ONGs y colectivos ciudadanos, nadie ha cuestionado el expolio al que hemos asistido en todo el territorio español.

2.4.- EL PAPEL DE LAS CAJAS DE AHORRO

En España, la banca española tiene alrededor del 65% de sus créditos relacionados con el ladrillo.

Las Cajas de Ahorro lideran el mercado de hipotecas aglutinando el 57% de todos los préstamos a la vivienda. Pero las Cajas de Ahorro no se han limitado a vender hipotecas, sino que, lejos del fin social para el que fueron creadas, han financiado generosamente grandes promociones, algunas de las cuales están siendo investigadas en los juzgados.

Por su naturaleza jurídica, en los consejos de administración de las Cajas de Ahorro el poder político tiene una representación de aproximadamente el 50 %. El negocio hipotecario se nutre obviamente de la construcción de viviendas, y ésta a su vez de las recalificaciones que aprueban los municipios. Huelga decir que para el desarrollo de cualquier promoción es necesaria la aprobación municipal (pleno municipal) y la autonómica (organismo urbanístico competente).

2.5.- MECANISMOS LEGALES, POLÍTICOS Y SOCIALES QUE FAVORECEN LA ESPECULACIÓN Y LA CORRUPCIÓN

a) El convenio urbanístico y la corrupción municipal

Un convenio urbanístico no es más que un acuerdo entre el ayuntamiento y un promotor para calificar o recalificar un suelo rústico y convertirlo en urbanizable. La legislación vigente ha dejado el negocio de los promotores en manos de la voluntad de unos alcaldes que, en la mayoría de los casos, carecen de cualquier tipo de formación urbanística. Las consecuencias son evidentes: un reciente informe de Greenpeace sobre la corrupción urbanística señalaba a 354 implicados en 89 casos de corrupción, de los cuales 55 eran alcaldes.

El nuevo fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo en Sevilla declaraba a su llegada que en la provincia existe un número «demasiado elevado» de alcaldes imputados, lo que «no es producto de la casualidad» y obliga a reforzar el control sobre ciertos «excesos en el urbanismo municipal». Manifestaba entonces que «en los casos de mayor entidad» puede haber una relación entre la delincuencia urbanística y el crimen organizado.

Transparencia Internacional, la organización no gubernamental pionera y más importante en la lucha contra la corrupción en el mundo, sitúa la acción de los ayuntamientos como el principal problema de España desde el punto de vista de la corrupción.

En su informe del año 2006, parte de la base de que “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (…) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con 30 estados miembros) “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.

Un informe del Defensor del Pueblo indica que los convenios urbanísticos permiten que el propietario de unos terrenos acuerde con el Ayuntamiento unas cesiones de suelo, independientemente de lo que exige la ley, o incluso pagar dinero, a cambio de la recalificación o el aumento de edificabilidad. Esta práctica ha hecho posible que en la actualidad “se estén generando situaciones de corrupción muy numerosas”.

b) Los partidos políticos y la ciudadanía apoyan la corrupción

Los casos de corrupción urbanística han afectado a casi todos los partidos del espectro político nacional. Lejos de sancionar o apartar a los imputados, los propios partidos volvieron a presentar a las pasadas elecciones municipales a alcaldes y concejales acusados de delitos de corrupción. Algunos de ellos no sólo no fueron castigados en las urnas por el electorado sino que reforzaron su mayoría.

Un documento interno del Ayuntamiento de Carranque delata el urbanismo de Alejandro Pompa

Alejandro Pompa

Ha llegado a manos de Notitia Criminis un documento que dormía su sueño eterno en los sótanos del Ayuntamiento de Carranque. Es obra del anterior secretario de la Corporación, Juan Francisco Bravo Collantes y está dirigido al alcalde Alejandro Pompa, que al parecer, había pedido opinión a aquél sobre cierto desarrollo urbanístico.

Su importancia local no presenta dudas pues delata en qué ha consistido la acción pública de un personaje que hasta ahora ha salido bien librado de sus citas con los tribunales penales salvo en una ocasión, cuando fue condenado en 1998 por agredir y lesionar a un anciano octogenario.

Sin embargo la relevancia del texto que hago público aquí supera, con mucho, los límites de un pueblo cuyo término municipal ha quedado monopolizado de facto por dos constructoras y un funcionario municipal venido a muy próspero empresario de la construcción: PEYBER, el Grupo GONZÁLEZ VILLAREJO y el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas.

Lo que el que fuera hasta hace muy poco Secretario-Interventor del ayuntamiento de Carranque denuncia en su “Documento Interno” es la sustancia de la nueva Corrupción, una aberración en los fines de la acción política que ha dejado obsoleto el Código Penal y su definición de cohecho, es decir, de soborno.

Las viejas formas de podredumbre pública en las que el corrupto reclama su soborno y el corruptor se lo paga, han dado paso a un esquema infinitamente más eficaz, lícito o de ilicitud imposible de probar sin registros domiciliarios e intervención de las comunicaciones, y no obstante, de una simpleza insultante.

El corrupto ya no actúa aisladamente. Entra a formar parte de la única organización que puede garantizarle una aceptable impunidad: el partido político. De esta manera, la corrupción se confunde con el propio aparato del Estado. El territorio es “repartido” entre alcaldes, los alcaldes garantizan, puesto que la Ley les faculta para ello, el monopolio en sus feudos, de un constructor o de un número muy reducido de ellos. La política urbanística del municipio desaparece y es sustituida por los negocios de estos a los que, por otro lado, mediante la perversión del sistema de Cajas de Ahorro, la cúpula política del poder autonómico o regional, garantiza un acceso ilimitado al crédito, sin garantías o sólo con garantías aparentes. Finalmente, la figura jurídica del “Agente Urbanizador” –surgida en Valencia y que se ha extendido como ponzoña imparable por todas las legislaciones autonómicas– hace posible el expolio, la confiscación y el saqueo del suelo.

El resultado de todo esto es que el Legislador, el Constructor y el Corrupto –que ya no es tal, sino un honrado empresario de la construcción– se unifican en una sola organización que es capaz de eludir las limitaciones de la Ley, porque es esa misma organización la que legisla y, por tanto, decreta su impunidad extendiendo, vertiginosamente, por todo el país, una situación de podredumbre endémica.

Pero ¿qué es lo que dice el “Documento Interno” del Ayuntamiento de Carranque? Dice lo siguiente:

“Atendiendo a tu solicitud de opinión sobre la propuesta de desarrollo de referencia… te comunico que para mi se trata de una aberración urbanística que sólo se justifica desde los intereses de los promotores… El planeamiento que se analiza es similar a otros propuestos y lamentablemente ejecutados a instancia del Arquitecto Municipal en su otra faceta de Arquitecto de los promotores, y como el resto de los citados, se caracteriza por contemplar aprovechamientos del suelo que buscan fundamentalmente la rentabilidad de los promotores a cambio de dar gusto a alguna de las iniciativas del Alcalde, aprovechando la confianza y proximidad de trato”.

Violación de las incompatibilidades, normativa municipal allanada a los intereses de los “promotores”, funcionarios municipales que, sin vergüenza, trabajan al servicio de aquellos a quienes deben controlar, plusvalías descomunales que garantiza la condición de sátrapa que la legislación española concede a los alcaldes, saqueo del suelo, soborno de los votantes mediante obras públicas que, sistemáticamente, son adjudicadas a los mismos “constructores” y “confianza y proximidad de trato” de estos con el alcalde de quien ya no se puede decir con seguridad si preside el consejo de administración de la constructora o la corporación municipal o las dos cosas, lo que es más probable. Este es el escenario de la nueva tiranía blanda que impera en España. Repugna ¿no?.

El Tribunal de Cuentas solicita a Anticorrupción que considere la reapertura del caso del campo de golf de Carranque, denunciado por IU

Alejandro Pompa

Como se viene informando aquí, la Fiscalía Anticorrupción de Toledo ha presentado denuncia –el texto íntegro de ella se puede descargar desde este enlace– por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos contra el alcalde de Carranque, Alejandro Pompa y contra los demás concejales de su grupo.

La iniciativa, no obstante, ha partido de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que, por su parte, también ha abierto diligencias propias para depurar la “responsabilidad contable” en la que haya incurrido Pompa y su equipo de gobierno.

Los hechos, como ya es conocido, se refieren a la revocación de ciertas liquidaciones tributarias correspondientes al PAU del campo de golf, promovido por PEYBER, constructora del que, a fecha de tramitación del PAU, era aparejador municipal del ayuntamiento, Jesús María Gallego Peinado, y de CCM, entonces dirigida con mano firme hacia el precipicio por el ahora imputado Juan Pedro Hernández Moltó.

Dichas liquidaciones millonarias ya estaban en vía ejecutiva cuando fueron revocadas por Pompa con el voto de sus concejales y de ellas la Fiscalía del Tribunal de Cuentas dice que “se dejó de ingresar indebidamente en las arcas municipales el importe de los derechos reconocidos en las liquidaciones tributarias revocadas, revocación que entraña la vulneración de las disposiciones reguladoras de la revisión de los actos en vía administrativa”.

Además de eso, la misma Fiscalía, añade que “no consta justificado el destino dado a las subvenciones otorgadas al Club Deportivo Carranque; lo que entraña la vulneración de lo dispuesto en el art. 177 e) LGP”. En el mismo orden, también el escrito citado se refiere a la orden dada por Pompa para que se paguen servicios no realizados a la empresa contratista de la limpieza viaria del pueblo.

Finalmente, en el Fundamento de Derecho III de ese escrito se dice, textualmente que “dada la relación que se advierte entre los hechos que constituyen el objeto de las presentes Diligencias Preprocesales y los que fueron objeto de investigación en las Diligencias de Investigación 30 bis/07 de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Toledo, remítase una copia del presente Decreto al Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo por si, a la vista del mismo, considera procedente la reapertura de las mencionadas Diligencias y, en tal caso, para que indique la documentación cuya remisión le interesa”.

Estas Diligencias de la Fiscalía de Toledo son, precisamente, las abiertas a causa de la denuncia presentada por Izquierda Unida a principios de 2007 contra Alejandro Pompa, el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas, el concejal de urbanismo Antonio Fernández Retana y otros, por la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas a funcionarios, durante la tramitación del PAU del campo de golf y la licitación y adjudicación a la constructora PEYBER de la construcción de una casa de la cultura, entre otros hechos no menos relevantes.

Si bien en aquella ocasión D. Javier Polo archivó pronto el caso y emitió una “nota informativa” en la que se leía textualmente que la investigación se cerraba por tratarse de “imputaciones poco concretas y de escaso contenido penal”; el actual decreto de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas arroja nueva luz sobre los hechos denunciados entonces por Izquierda Unida y sobre el presunto trato de favor dispensado por Pompa, contra legem y en lesión del erario y los intereses públicos, a la empresa del que entonces era aparejador municipal honorario a más de su amigo personal.

Pero si a principios de 2007 ya llamó poderosamente la atención el Decreto de archivo de la Fiscalía de Toledo, más cuando reconocía la existencia de “contenido penal” en lo denunciado, por escaso que éste fuera a limine litis; ahora sería causa de profunda perplejidad que tras el Decreto del Tribunal de Cuentas, Anticorrupción no reabriera aquellas diligencias para investigar en profundidad lo sucedido durante la tramitación y aprobación del PAU del campo de golf de Carranque.

Esperaremos y veremos, pues suele ocurrir que la pesada maquinaria de la justicia, en depende qué casos, sufre hasta conseguir romper la inercia que atempera su movimiento.

 

Documentación relacionada:

Decreto del Excmo. Sr. Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas de 21 de septiembre de 2010 por el que se abren diligencias contra Alejandro Pompa y su equipo de gobierno.

Denuncia del Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, de 29 de diciembre de 2010 contra Alejandro Pompa y los concejales de su equipo de gobierno.

Texto de la denuncia presentada por Izquierda Unida ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo en 2007 contra Alejandro Pompa, José Manuel Tofiño Pérez y otros.

Nota informativa del Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo dando cuenta del archivo de las diligencias abiertas por la anterior denuncia.

La sombra de viejos y nuevos escándalos tras la dimisión de Petra Mateos como presidenta de Telecom CLM

Petra Mateos

Hoy se ha sabido que Petra Mateos Aparicio-Morales, natural de La Solana, mujer de confianza, primero de Miguel Boyer y luego de José Bono, quien la colocó al frente de HISPASAT cuando era ministro de defensa, ha dimitido como presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, una empresa de telecomunicaciones participada por la Junta de Comunidades y por la quebrada CCM.

Las noticias de prensa que se conocen atribuyen dicha dimisión a la utilización de medios técnicos de la compañía para bloquear la señal de Telemadrid en el territorio gobernado por Barreda. Sin embargo hay otros datos que convierten a esta señora y a su dilatada trayectoria en una bomba orsini mal ensamblada.

No se trata sólo de que la Audiencia Nacional esté investigando la comisión de graves delitos cometidos durante el “vaciamiento” de Caja Castilla-La Mancha y de que Petra Mateos haya tenido un puesto en el Consejo de esa entidad, sino de que también, como se reveló aquí ya hace algún tiempo, aparece en Aranjuez asociada con dudosos personajes, entre ellos Juan María López Alvarez, socio de los “archimalayos” Juan Antonio Roca y de Pedro Román; sino de que la señora Mateos acumula un denso currículum que la vincula con los más sonados casos de corrupción que se han conocido en España desde la década de los ochenta.

Así, como ya se dijo en Notitia Criminis, si alguien en los círculos de poder oscuro de España ha sabido ceñirse a la catástrofe personal y escurrir el bulto en el último momento, esa ha sido Petra Mateos. Su nombre apareció, aunque de soslayo, en todos los escándalos de cierto volumen de los 90. Surgió a la vida pública como mujer de confianza de Miguel Boyer quien la hizo jefa de su gabinete en el Ministerio de Economía, y tan cercana fue su relación que, como la misma Petra ha reconocido en alguna entrevista, no resultaron completamente ajenas a sus tareas de entonces, ciertas funciones de “celestina” entre el Sr. Boyer y la ex esposa del Marqués de Griñón. Boyer y su segunda esposa acabaron imputados en el caso IBERCORP, pero nadie se acordó de su mano derecha, Petra Mateos.

Como ya hemos visto, también formaba parte del Consejo de Administración que Mario Conde puso al frente de Banesto, pero pese a que no pocos de aquel Consejo acabaron presos y pese a su evidente posición intermedia entre Mario Conde, Marc Rich, y Jacques Hacuel, en el caso “Belleuve“, nadie entonces se percató de que Petra Mateos estaba allí.

También anduvo en medio del “Caso AFISA” y del feo y siniestro “Caso Alfaro“. Anduvo mezclada con Ramón Mendoza y con quien entonces era uno de sus directivos en el club “Real Madrid”, Lorenzo Sanz, imputado ante la Audiencia Nacional por un delito de estafa y falsificación de documentos; pero Petra abandonó pronto su relación institucional con Mendoza y Sanz, aunque no tanto a estos y a su círculo personal.

El nombre de Petra Mateos no salió a relucir en el “Caso Casino de Alicante“, parte del complejo entramado de financiación ilegal del PSOE que se conoce como “Caso Filesa“; pero aunque aquella sombra rozó y no toco a Petra, como veremos, no estaba, ni mucho menos, lejos del lugar de los hechos.

También estuvo en el entorno del “Caso Fondos Reservados” y fue, a través de AFISA y su inseparable Luis García Cereceda, parte del eslabón que relacionaba los casos de financiación ilegal de su partido con el saqueo del Ministerio del Interior en los tiempos de González, Barrionuevo, Roldán, Corcuera y Sancristobal; pero si la propia secretaria de Felipe González tuvo que sentarse en el banquillo y declarar sobre el caso, nadie fijó su atención en Petra Mateos.

Cuando se produjo el derrumbamiento de lo que entonces se llamó el felipismo, el brillo público de Petra Mateos se apagó y si antes pocos habían reparado en ella al margen de su inevitable presencia en las múltiples soirées que se celebraban en no importa qué lugar; desde ese momento se le perdió la pista o, si no, se perdió el interés en ella, de forma que pasaron años hasta que se la vio reaparecer, modestamente, en la sociedad de provincias.

Igual que, inicialmente, había ligado su destino al de Miguel Boyer, lo que hizo entonces fue buscarse otros protectores que le proporcionaran cobijo y cercanía al poder, aunque fuera un poder de segunda fila y periférico.

Volvió a La Mancha, de donde había salido, a refugiarse en el regazo de José Bono y de su Consejero de Hacienda, Juan Pedro Hernández Moltó, ahora indiscutido presidente de CCM. No fue una mala elección porque, a día de hoy, Petra Mateos-Aparicio Morales es presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, sociedad cuyo control se reparten la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, Barreda; y Caja Castilla-La Mancha o, si se quiere, Hernández Moltó. También forma parte del Consejo de Administración de CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN y es vocal de la propia CCM, además de aparecer en un nutrido conjunto de sociedades como consejera o como administradora única.

Tampoco fue mala elección teniendo en cuenta que su cercanía y fidelidad a José Bono le permitieron lanzarse, nuevamente, a la conquista de Madrid y de un lugar en la política y la economía nacional, pues fue Bono, en su condición de Ministro de Defensa, quien impuso su nombramiento como presidenta de HISPASAT, empresa estratégica y con institucionales y evidentes implicaciones militares.

Ahora, a los cargos anteriores, la Sª Mateos suma los de presidenta de HISPASAT; presidenta de HISPASAT CANARIAS, donde, casualidades de la vida, tuvo el cargo de apoderado, hasta julio del 2004, José María Olarreaga Yeregui, de los Yeregui de toda la vida ; presidenta de HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS; y como no podía faltar algo relacionado con la Junta de Andalucía, también ocupa el puesto de Consejera de RED DE BANDA ANCHA DE ANDALUCÍA.

Todo esto, siendo mucho, no da una completa idea del papel que Petra, natural de La Solana, Ciudad Real, juega en Castilla-La Mancha y en el entorno de José Bono, que es lo mismo que decir, en el entorno de Barreda; pero una escueta noticia perdida en la maraña de información diaria que apareció en Diario Crítico en julio de 2007 y titulada “Algo pasa con Bono“, puede que dibuje mejor al personaje.

Cuando ya se le había hecho el ofrecimiento de encabezar la lista electoral por Toledo y de ocupar, después, la presidencia del Congreso de los Diputados, el jueves 12 de julio de 200, José Bono se reunió a cenar con unos amigos, como dice el diario, “muy interesantes“. En aquella cena estaban, entre otros pocos, Francisco Pardo, actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha; Juan Pedro Hernández Moltó el presidente de CCM y como tal socio de PEYBER en Carranque y de Enrique Ventero en Los Alcázares y Fernándo Lamata, consejero del gobierno de Barreda y personaje que inauguró la “casa de la cultura” que fue adjudicada a PEYBER, también en Carranque, Toledo. La cena, como se puede comprobar en la noticia, fue organizada por José Luis Rodríguez, responsable de FORUM NUEVA ECONOMÍA y por Petra Mateos. El encuentro se pretendió “secreto” al decir de “Diario Crítico” y lo cierto es que tras él, Bono aceptó la propuesta que se le había hecho y, a día de hoy, preside el Congreso de los Diputados.

No hay que ser muy suspicaz, por tanto, para maliciarse que en aquella cena se reunió el Estado Mayor de José Bono y que en ese círculo de intimidad y confianza, Petra Mateos tiene un lugar privilegiado.

Así pues, ha sido mucho el camino que esta mujer ha recorrido desde La Solana hasta el despacho de Marc Rich, hasta el de Miguel Boyer, hasta el de Mario Conde, hasta el de Benedicto Alfaro, hasta el de Luis García Cereceda, hasta los de Manuel de la Concha y Jaime Soto y hasta el de Juan Pedro Hernández Moltó y como no ha terminado de andar y aún guarda sorpresas, merece la pena hacer un recorrido, tan breve como sea posible, por cada uno de esos episodios, sobre todo para tener a mano los datos cuando llegue el momento.

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El alcalde Alejandro Pompa vuelve a poner a Carranque en el mapa de la corrupción

Quien tenga interés en hacerse una idea de los casos de corrupción documentada que adoquinan el mapa de España puede dirigirse, desde este enlace, a “Google Maps”. En ese mapa de la podredumbre político económica de España hay un sitio para la localidad toledana de Carranque y para su alcalde, Alejandro Pompa.

Los hechos traen cuenta de un decreto –el documento se puede descargar íntegro desde aquí– del Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas D. Olayo E. González Soler, que comienza diciendo que “las presentes diligencias preprocesales fueron incoadas el 31 de agosto de 2010 en virtud del escrito presentado en esta Fiscalía por D. Marco Antonio Caballero Rodríguez, en su condición de portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Carranque (Toledo), al que acompañaba la documentación que consideró pertinente. El análisis del mencionado escrito y del conjunto documental que le acompañaba arroja la existencia, indiciariamente al menos, de los siguientes hechos” y a partir de ahí sigue la relación de hechos que la Fiscalía considera causa del nacimiento de responsabilida contable:

Así ocurre con el acuerdo de revocación de determinadas liquidaciones tributarias conrrespondientes al PAU CAMPO DE GOLF. Dicho acuerdo revocaba liquidaciones que la fiscalía considera “firmes y ajustadas a derecho, según la normativa reguladora y la ordenanza del consistorio aplicable” y que se adoptó sin haber promovido procedimiento de lesividad respecto de las mismas.

Hay que recordar que el mencionado PAU del campo de golf está promovido por la constructora PEYBER y por la extinta CCM presidida por Moltó y que en el consejo de la primera, además de sentarse el que a fechas de su aprobación era aparejador municipal y señalado miembro del círculo de amistades de Pompa: Jesús María Gallego Peinado –PEYBER recibe su nombre de este Peinado y de los hermanos Díaz Bermejo–, también lo hace José Luis Rodríguez Holgado, que en nombre de CCM comparte silla de consejo con el procesado por el caso Malaya Enrique Ventero Terleira en Los Alcázares, Murcia.

También hay que subrayar que a principios de 2007 IU presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo denuncia contra Pompa y otros concejales de Carranque por las “irregularidades” conocidas en la tramitación del PAU en cuestión, además de contra José Manue Tofiño Pérez, alcalde de Illescas y presidente de la Diputación de Toledo, en este caso por la adjudicación de una contrata de 27 millones de euros a la citada PEYBER cuyos socios acababan de crear una empresa constructora junto al hijo de Tofiño. Dicha denuncia fue archivada mediante un beligerante decreto de D. Javier Polo, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, que apreció en los hechos “escaso contenido penal”.

Otro de los puntos por los que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas deduce el nacimiento de “responsabilidad contable” es el de las subvenciones al Club Deportivo Carranque. Según el Decreto de la Fiscalía “consta en la documentación aportada la existencia de subvenciones por importes elevados concedidas al Club Deportivo Carranque, que en el reparo 9/2008 alcanza a la cantidad de 100.000 Euros para la temporada 2008/2009, así como que, a su vez, el Alcalde gestionaba importantes donativos realizados por agentes urbanizadores –PEYBER y la constructora de Aurelio González Villarejo, investigado ahora por la Audiencia Nacional en relación con la quiebra de CCM– que fueron aplicados al citado Club Deportivo (supuesto de sobrefinanciación), cuyo Presidente manifiesta que la ‘discreción que ha de aplicarse al funcionamiento del club hace imposible que pueda presentarse recibo alguno de las cantidades entregadas a los jugadores…, siendo necesario mencionar, además, existencia de un reparo de la Intervención respecto de la subvención entregada para el periodo, al no quedar justificada la subvención en una cantidad de 90.000 Euros”.

Finalmente, la Fiscalía también se refiere al pago a la empresa de limpieza viaria contratada por Pompa, de 15.337,79 Euros cada mes, “porque durante los meses de octubre, noviembre y diciembre no se realizó dicho servicio, pese a lo cual se ordenó el pago de dicha cantidad sin ser levantado el reparo”.

Además de esto, el Fiscal del Tribunal de Cuentas, consideró en los hechos la existencia de presuntos delitos de prevaricación y malversación cometidos por Alejandro Pompa y los demás concejales de su Grupo, razón por la cual fue remitido escrito al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo por si procediera la apertura de diligencias penales contra Pompa y los demás, cosa que éste ha hecho presentando denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Illescas, el cual ha citado a declarar como imputados a Pompa y a los demás concejales de su grupo para el próximo día 13 de abril de este 2011. En ese escrito, por cierto, se hace notar al Fiscal de la Audiencia Provincial que el contenido de la actual denuncia tiene conexión directa con la presentada por IU en el 2007, que fue archivada, por lo que advierte al Fiscal de Toledo que podría ser procedente la reapertura de aquellas diligencias.

Viene siendo un hecho habitual que las imputaciones por corrupción causen un inmediato y poderoso efecto narcótico y sedante en los corruptos, ya sean presuntos o convictos, y ese efecto lo debe estar sufriendo Pompa, que se ha apresurado a declarar que “no tiene ningún temor” a la citación judicial que pesa sobre él porque todo es una conjura urdida por un tal Terrón, alcalde del pueblo hace veinte años y que desde entonces constituye una monomanía obsesiva del munícipe carranqueño que le avinagra, sin remedio, el zumo de uva de cada día.

El Juzgado de Instrucció nº 6 de Toledo investiga a Bono por falsedad contable y delito societario

La noticia ha aparecido en ABC:

El Auto del Juzgado nº 6 de Toledo se puede descargar desde aquí.

Un juez de toledo ha admitido a trámite una querella por delito societario y falseamiento de cuentas anuales contra cuatro administradores de la mercantil Hípica Almenara, de la que el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, es accionista mayoritario. En el auto explica que es necesario abrir una investigación para «verificar» los hechos denunciados, pues «a priori no se puede excluir el carácter delictivo de las conductas atribuidas a los querellados».

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo admite la querella en contra del criterio de la Fiscalía, que rechaza que los hechos sean constitutivos de delito así como que pueda existir un perjuicio para «el interés generál», pues el socio mayoritario de Hípica Almenara (con un 80 por ciento de las acciones) es «una sola persona física». Es decir, José Bono.

En contra del fiscal, el juez asegura que este caso, aparte del perjuicio que el presunto falseamiento de las cuentas haya podido causar a los socios, «atañe a la transparencia que debe imperar en toda sociedad democrática en tanto en cuanto el socio mayoritario de Hípica Almenara es actualmente un alto dignatario de Estado». Esta circunstancia no es «baladí», añade el auto, pues se trata de «la actividad privada de un gestor público».

Nuevo fracaso judicial de El Pocero. La Audiencia Provincial de Toledo declara lícito el artículo “El Mago del Ladrillo”

La Audiencia Provincial de Toledo acaba de absolver a Manuel Fuentes, alcalde de Seseña, y a los concejales de IU David García Contreras, Nuria Muñoz, Mercedes Urosa y Mercedes González de la condena que habían sufrido en primera instancia como responsables de un delito de calumnias contra Francisco Hernando “El Pocero”, a consecuencia de la publicación del artículo “El Mago del Ladrillo”.

La sentencia de la Audiencia Provincial (que se puede descargar desde aquí) absuelve sin paliativos a los recurrentes, declara lícito y amparado por los derechos a la libertad de expresión e información lo publicado en el mencionado artículo y, de facto, demuestra al Pocero y a otros que como El Pocero pretenden convertir el Título XI del Libro II del Código Penal en mordaza y garantía de secreto de sus andanzas; que la prepotencia de sus bufetes y de sus abogados, por mucho traje de alpaca que se gasten y por mucho edecán del que se hagan acompañar a las vistas, no basta para torcer la verdad de las cosas.

Gástese El Pocero, y otros de similar condición a la suya, cuantos millones quieran en azuzar a los letrados de Gómez-Acebo & Pombo, de Garrigues o de no importa qué prestigioso y arrogante bufete, contra la libertad de expresión e información. Gástense lo que quieran, pero no pasarán.

Este es el artículo objeto de la querella. Esto es lo que se ha querido silenciar:

 

EL MAGO DEL LADRILLO

A semejanza de lo que ocurre en el resto de España, donde se está construyendo un tercio de toda la vivienda nueva de Europa, en Seseña ha fijado sus ojos de águila un mago del ladrillo.

Y tiene explicación si convenimos que Seseña posee una buena comunicación por carretera, un amplio término municipal y un pequeño grupo de políticos de principios débiles y moldeables. Características todas ellas que, en conjunto, reproducen el hábitat ideal para llevar a cabo negocios inmobiliarios en breves plazos de ejecución, Dinero rápido en sencilla mezcla con ningún escrúpulo y apoyo de altas instancias políticas y financieras.

El esquema de trabajo de estos magos del ladrillo empieza a ser conocido con asuntos tales como el caso Marbella; buscan suelo barato, rústico o zona verde, controlan los poderes políticos para que aprueben y recalifiquen según sus necesidades, compran voluntades ofreciendo mucho trabajo en el entorno y cuando terminan, más pronto que tarde, se marchan a la búsqueda de un nuevo lugar, dejando en su camino: un ingente cúmulo de despropósitos urbanísticos, medioambientales, sociales, de resolución costosa y difícil que siempre corresponde a otros gestionar y a los nuevos vecinos padecer; La corrupción política y personal que genera desconfianza en el futuro, el trabajo en precario y temporal que deja un grosero rastro de accidentes laborales, el negocio inmobiliario que facilita el mercado de dinero negro, la falta de servicios, la desestructuración social de los pueblos, entre otros.

Ese panorama se repite allí donde estos virtuosos magos del ladrillo ponen su objetivo y Seseña ha sido seleccionado: El Quiñón, Residencial Francisco Hernando, núcleo separado por cuatro kilómetros del casco urbano y con 13.000 viviendas en altura de 10 pisos, 75 viviendas por hectárea cuando nuestra media es de 30, sin compromisos firmes de la Administración Regional para dotaciones y equipamientos, es prueba fehaciente de lo que decimos.

Pero se ha encontrado el mago resistencias en Sesefia y por serie inesperadas, de más difícil resolución. Su primer problema es el gobierno municipal, y reconocemos que sabe cómo manejarse utilizando dos métodos familiares en su trayectoria empresarial: la compra de votos, de voluntades políticas y la utilización descarada de sus medios de comunicación particulares. Los políticos y vecinos de Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón saben a qué nos referimos.

En Seseña compra los votos más fáciles: dos concejales y un familiar directo del portavoz de una parte de la oposición están en la nómina de ONDE 2000, su Empresa de construcción. Al resto les apoya con descaro en su camino hacia las próximas elecciones. Reconozcamos también su falta de imaginación.

En los medios de comunicación tiene planes de futuro: radio y televisión y realidades que ya utiliza: su periódico La Voz de La Sagra, en el que podemos comprobar que no existe la voz del Alcalde o del gobierno municipal en las crónicas de los plenos o en las entrevistas a políticos locales, simplemente se excluye por censura interesada.

Y su segundo problema es el grupo político que forma el gobierno municipal: Izquierda Unida, a quienes sabe que no es posible comprar o moldear. Desconoce este mago del ladrillo la realidad de nuestro grupo político y cabe hoy descubrirle, para que se instruya, que nuestro método de funcionamiento interno impide a ningún cargo de Izquierda Unida decidir distinto a lo que acuerda la Asamblea, cabe decirle que las decisiones (acertadas o no) se toman por el colectivo y que no sirve acosar a nuestros alcaldes y concejales en la búsqueda de su mejor manejo, simplemente porque los cargas públicos de Izquierda Unida sólo son manejados por las Asambleas de Izquierda Unida y no caben por tanto compras ni oscuros tratos en su recorrido y su gestión.

Y nos quiere convencer con su prensa interesada, su Voz en La Sagra, que nuestro alcalde en Seseña engaña a su Asamblea al votar en contra del desarrollo urbanístico del Quiñón y acto seguido, dice su Voz, agiliza su gestión en la Consejería correspondiente. El Quiñón se aprobó, esto si lo sabe, con los votos sumados del PP y PSOE, felizmente ahora en la oposición.

Y hay que decir que la apuesta urbanística del gobierno municipal de Izquierda Unida en Seseña sigue siendo firme, hasta ahora, en esta legislatura no se ha recalificado ni un solo metro de suelo en todo el término de Seseña y los planes, las directrices urbanísticas en las que estamos trabajando, habran de servir para contener, más que para crecer, con el objetivo conocido de unir todas las áreas urbanas ahora dispersas, Seseña, Seseña Nueva, Vallegrande,…

Y ahora, además, gracias al abracadabra del mago del ladrillo y sus colaboradores, habrá que contar con los nuevos vecinos del Quiñón. Bienvenidos todos. ¡El mago, no!

La Fiscalía Anticorrupción presenta denuncia por prevaricación y malversación contra Alejandro Pompa, alcalde de Carranque, Toledo

En su último número el semanario toledano Ecos publica un suelto titulado “Pompa gana por 12-0 a sus denunciantes”. En dicho texto se dice que “cuando Ecos llamó al alcalde de Carranque, Alejandro Pompa (PSOE) le pilló en plena celebración”. Según Pompa, le acababan de archivar la duodécima denuncia presentada contra él.

No parece que los periodistas hayan comprobado mucho la información porque a Pompa no le han archivado ni la duodécima, ni la undécima, ni la décima ni ninguna otra nueva denuncia. Las causas penales a las que este “ingeniero naval privado no homologado” –así se titulaba él mismo en una de sus declaraciones ante los Juzgados– ha tenido que hacer frente no han sido doce, sino tres, de las cuales una, el caso de los llamados “papeles PIP” acaba de ser reabierta por Auto de la Audiencia Provincial de Toledo, y a esas tres se suma la nueva denuncia presentada contra su persona por la Fiscalía Anticorrupción de Toledo.

Así que, bien sea por la euforia de la celebración, bien porque sus asesores de imagen le hayan recomendado cargar las tintas hasta ponerlas de color vino burdeos, se diría que el alcalde de Carranque ve los documentos que le conciernen por cuadruplicado ejemplar.

Sin embargo, lejos de tener nada que celebrar, Pompa lo que debía estar haciendo es poner al corriente a su notable equipo de abogados de la nueva situación que le afecta, pues la FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE TOLEDO, como ya he dicho, con fecha de 18 de enero de este año que corre ha presentado contra él y contra los concejales de su grupo de gobierno una denuncia por prevaricación y malversación de fondos públicos ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Illescas y, como ha podido saber Notitia Criminis, a instancias del Tribunal de Cuentas.

Estos son los datos que constan en el Libro de Registros de esos Juzgados:

Registro General: 101

Diligencias Previas: 65/2011

Fecha: 18 de enero de 2011

Delito: Prevaricación, Malversación de fondos públicos

Denunciante: Ministerio Fiscal

Denunciados: Alejandro Pompa de Mingo y otros.

Como siempre, seguiremos informando.

El País remacha los clavos del cadalso preparado para Hernández Moltó y calla sobre la conexión “malaya”

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Hoy el diario El País publica un largo y documentado artículo sobre CCM y el papel de Juan Pedro Hernández Moltó en el fiasco de la Caja Manchega o quizás habría que decir mejor, en el saqueo de CCM.

La dureza de los términos de ese artículo no es lo sorprendente, es la que corresponde y es consustancial a los hechos ocurridos y a su insultante gravedad, lo sorprendente es que sea El País quien de esta manera y a escasos días de que Moltó comparezca ante la Audiencia Nacional para declarar como imputado por delitos de estafa, falsedad documental, falsedad contable, etc., adorne con alfombra roja la escalinata del patíbulo que ya está preparado para el amigo de Bono, el consigliere de su Gobierno regional, el autócrata de CCM, el antaño inquisidor de corruptos enquistados en el Banco de España, el arrogante –aunque puede que ya no tanto– Juan Pedro Hernández Moltó.

Es muy probable que a lo largo de esta mañana de domingo, a Moltó le empieze a resultar molesta la presión que ejerce el nudo de la corbata y sienta la necesidad de ahuecarse el cuello de la camisa con el dedo índice de su mano derecha o de su mano izquierda, pues el artículo de El País suena a sentencia inapelable, a condena a infamia y muerte civil, a abandono del hasta ahora protegido Moltó –recordemos que cuando ya se sabía de su imputación, hace escasas semanas, Bono aún se dejaba fotografiar saludándole efusivamente– ante las consecuencias de sus actos.

Moltó no cantará, no lo hará como no lo ha hecho ninguno de los hasta ahora cogidos en flagrante delito. Siempre hay más que perder que ganar si se delata a los poderosos por mucho que ante el recuerdo de las favores hechos y las órdenes cumplidas estos, con el cinismo que corresponde a su condición, salgan con eso de que Roma non solvet proditoribus.

Sin embargo, no es la suerte que aguarde a Moltó, ni los motivos por los que El País publica su artículo de hoy, ni la duda sobre si Moltó hablará o no hablará ante el Juez y el Fiscal de lo que sabe y de lo que ha hecho y de por orden de quién lo ha hecho, lo que llama la atención.

Lo que asombra del artículo de hoy es algo que ya viene siendo habitual desde que estalló el caso CCM. El silencio unánime de políticos y periodistas sobre el papel jugado por CCM y por Moltó en la trama de la Operación Malaya.

Nuevamente, en la relación de hechos a los que se refiere hoy El País, no hay la menor referencia a financiación con no menos de 200 Millones de Euros prestada por CCM a sujetos como Juan Antonio Roca Nicolás, Pedro Román Zurdo o Enrique Ventero Terleira.

Es cierto que en el citado artículo sí aparece una referencia al procesado en la Operación Malaya Enrique Ventero. De él se dice que ha habido “avales cruzados con la Caja de Ahorros de la Inmaculada a favor del grupo Ventero Muñoz –Ventero Muñoz, son los hijos de Ventero Terleira– que ha supuesto un fallido de 13 millones”.

Sin embargo, nadie encontrará ni una palabra sobre el procesamiento por graves delitos de corrupción presuntamente cometidos por el tal Ventero Terleira en Marbella; nadie encontrará ni una palabra de los negocios de este Ventero en Los Alcázares (Murcia) en la vecindad más estrecha de otros negocios que el “malayo” Roca también tenía en esa localidad; nadie encontrará una palabra sobre las sospechas que la UDYCO tenía de que en esos asuntos de Los Alcázares, Ventero pudiera estar actuando como testaferro de Roca; nadie encontrará una palabra sobre el hecho de que en LAS LOMAS DEL POZUELO, sociedad de Ventero con la que éste actuaba en el citado pueblo murciano, también participaba como socio CCM, representada por José Luis Rodríguez Holgado y por Juan Tomás Vidal, antiguo alto cargo de los gobiernos de Bono; nadie encontrará una palabra sobre el Palacio de Saldaña, adquirido por Roca con dinero de CCM; o sobre los préstamos a MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, empresas de Roca; nadie podrá enterarse de nada de lo relativo a la finca Alcalvín de Bargas y al préstamo inexplicable en términos lícitos, de 30 Millones de Euros concedido ahí por CCM al “malayo” Pedro Román; etc. etc.

El PSOE toledano guarda silencio sobre todos estos hechos, es lógico, pero también permanece mudo el PP. ¿También es lógico su silencio?. Las dimensiones de lo “malayo” no están ni mínimamente establecidas aún, pero esta omertà que se extiende sobre sus ramificaciones toledanas da cierta idea de cuáles son.

Por cierto, no sólo se guarda silencio sobre la implicación de CCM en las tramas “malayas”. Hay otra cosa que no se menciona –puede que porque no esté muy alejada de tales tramas– la financiación de CCM a El Pocero de Seseña.

Por supuesto, tampoco encontrará nadie ahí información sobre otro crédito fallido de no menos de 10 Millones de Euros en el campo de golf de Carranque (Toledo) donde también participaba CCM, representada por los citados José Luis Rodríguez Holgado y Juan Tomás Vidal, junto al grupo local PEYBER.

Carranque no es un lugar señalado y, además, un Juzgado de Illescas ya cerró las actuaciones seguidas por ese asunto contra el alcalde Alejandro Pompa y otros porque ninguno de ellos había tenido “conciencia y voluntad” de cometer las ilicitudes que el Juzgado no negó que existieran.

La imputación de Hernández Moltó, las zonas oscuras de CCM y las nuevas formas de corrupción

Barreda, la consejera Araujo y el imputado Moltó

Finalmente, Hernández Moltó, el “inquisidor” de Mariano Rubio, el recto hombre político que podía sostener la mirada a cualquiera, el amigo íntimo de José Bono, el ex diputado, el ex consejero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el destituido presidente de CCM; está imputado a causa de los presuntos delitos cometidos durante lo que bien se puede llamar el saco de la caja de ahorros manchega.

Esta imputación trae cuenta del informe elaborado por los inspectores del Banco de España y remitido hace algunos meses a la Fiscalía Anticorrupción. Parte de ese informe –que se puede descargar desde este enlace– se ha filtrado a la prensa y en él tienen protagonismo muy señalado los habituales nombres que llevan años merodeando por los pasillos del palacio de Fuensalida: Domingo Díaz de Mera, los hermanos Barco Fernández, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo e incluso la laureada Petra Mateos Aparicio.

Simplificando las cosas, lo que en el citado documento se destapa es la servidumbre sistemática del aparato financiero dominado por la Junta de Bono y Barreda –es decir, de CCM– hacia las operaciones de esos personajes, todos los cuales mantienen una pública, manifiesta y reconocida cercanía personal a los citados Bono y Barreda.

Coincidiendo con eso, la atención de la política regional, ante el fiasco de la Caja, se ha centrado en asuntos tan turbios como el demencial aeropuerto de Ciudad Real o el misterioso agujero de la Fundación Virtus. En menor medida y sólo debido al impulso dado a la causa por IU y especialmente por Cayo Lara, también en el caso del Pocero de Seseña, donde por no faltar, no falta ni la mafia calabresa, la ‘Ndrhangheta.

Sin embargo son más las cosas destapadas en Castilla-La Mancha y más concretamente en Toledo, que provocan una acuciante preocupación. Recordemos algunos de las más señaladas.

Allá por las postrimerías de 2006 Notitia Criminis reveló que el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, José Manuel Tofiño Pérez había impulsado un proyecto de privatización del mantenimiento de las carreteras de la provincia, del cual había resultado la concesión a una de las empresas del grupo PEYBER de una contrata de 27 millones de €. Al mismo tiempo, los propietarios del mencionado grupo crearon otra empresa –SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS– en la que participaba como socio el hijo del señor Tofiño, un joven con los estudios de arquitectura recién terminados. Denunciado el caso por IU, la Fiscalía de Toledo consideró que no había nada que investigar en este asunto. Por su parte, Tofiño y Gregorio Fernández Vaquero, otro alto cargo del PSOE toledano, se apresuraron a contratar los servicios del bufete Garrigues para intentar –inútilmente, a la vista está– silenciar a este modesto blog.

También se ha revelado aquí otro hecho que induce, inevitablemente, una viva sospecha. Se trata de la presencia en el pueblo toledano de Layos de la llamada “Trama Vasca” o “Trama Vasco-Malaya”, un enrevesado y complejísimo entramado empresarial en el cual relumbran nombres como el de Javier Arteche Tarascón –presunto testaferro de Juan Antonio Roca e imputado en piezas separadas del caso Malaya– Luis Maya Galarraga, Maria Eugenia Yeregui Kinkel, Ignacio Lasa Georgas, etc. En este caso, no sólo la Fiscalía ha considerado irrelevante el asunto, sino que toda, repito, toda la prensa, ha guardado un reverencial silencio, pudiera ser porque asociado con esos personajes aparece ahí –concretamente en la mercantil LAYOS CASA CAMPO– el apellido Oriol e Ibarra.

La generosa financiación dada por la Caja capitaneada por Hernández Moltó a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo y a Enrique Ventero Terleira, es otro de los hechos escalofriantes acaecidos en el entorno político-económico de la Junta manchega. Ya dije aquí que CCM, según documentación que consta en el sumario del caso Malaya, había financiado a Roca la compra del palacio de Saldaña en Madrid, pero también, como en su día revelaron Alejandra Ramón y Javier Romera en El Economista, CCM ha prestado a algunos de los cabecillas de la trama Malaya –entre ellos al propio Roca– no menos de 200 Millones de €. Esta circunstancia no ha merecido la atención de la Fiscalía y, parece ser, tampoco de la inspección del Banco de España o, lo que es más sorprendente, de la oposición regional.

Así mismo, y relacionado con lo anterior, ha sido mínimo el revuelo levantado por el descubrimiento de que CCM participaba en varias sociedades con el imputado en Malaya, Enrique Ventero Terleira y con el también imputado en pieza separada del caso, Luis Portillo, el artífice de la quiebra de Inmobiliaria Colonial.

No obstante, si hay un caso flagrante en relación con esta vinculación de CCM con las tramas de corrupción marbellíes, es el de la finca Alcalvín de Bargas, tres millones de metros cuadrados adquiridos en sospechosas circunstancias por la mercantil PUERTA ORO TOLEDO y recalificada parcialmente bajo la autoridad del alcalde de la localidad, Gustavo Figueroa Cid, vicepresidente de la Diputación toledana y mano derecha e izquierda de su presidente, José Manuel Tofiño.

Sobre la mitad de esta finca, cuyo proyecto de urbanización está calificado como “medioambientalmente inviable” se constituyó una primera hipoteca a favor de CCM por valor de unos 30 millones de €. El plazo era de dos años. Transcurrido dicho plazo sin que PUERTA ORO TOLEDO hubiera pagado a CCM ni un céntimo del capital o los intereses del crédito, la Caja de Hernández Moltó lo renovó el 15 de mayo de 2007 en las mismas condiciones y por otros dos años. Esos dos años volvieron a transcurrir sin que los propietarios de la finca pagaran absolutamente nada del crédito recibido y así, el 13 de mayo de 2009, dos días antes del nuevo vencimiento y con CCM manifiestamente en quiebra, la Caja presidida por Moltó volvió a renovar el crédito de 30 millones en idénticas condiciones y sin ninguna penalización o ampliación de garantías.

Pero si esta operación en sí misma es turbia, el hecho adquiere un significado preciso cuando sabemos que los propietarios de PUERTA ORO TOLEDO son, ni más ni menos, que el “malayo” Pedro Román Zurdo, el socio de Roca y del citado Román, Juan María López Alvarez, la constructora SACYR y uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Europa, el bufete Cuatrecasas.

El caso mereció un amplio artículo en El Mundo firmado por Cristina Caballero, pero ni la Fiscalía, ni la oposición ni –por lo que se sabe hasta ahora– la Inspección del Banco de España, han considerado la cosa digna de investigación.

Esta no es una relación exhaustiva. Existen otros hechos que ensombrecen toda la política urbanística de Castilla-La Mancha y, especialmente, de la comarca toledana de La Sagra, fronteriza con la provincia de Madrid; hechos que atañen a Illescas, a Carranque, a Borox, a Chozas de Canales, a Casarrubios del Monte, por supuesto a Seseña, etc. etc., ninguno de los cuales parece tener la suficiente relevancia penal ni reclamar una investigación judicial o policial.

Pedro Román esposado a Roca

No obstante, para quienes consideran –y yo lo considero así– que la situación española ha alcanzado un estado de “corrupción endémica” tal y como la ha definido el Parlamento Europeo en el Informe Auken y que, por lo tanto, es obligación cívica sospechar, investigar y denunciar; lo conocido hasta ahora en Castilla-La Mancha –aunque no sólo ahí– dibuja una evolución preocupante en las estructuras de corrupción política. Si habitualmente se identifica corrupción con cohecho, es decir, con soborno, los datos disponibles pergeñan un esquema sustancialmente distinto y mucho más perfeccionado.

Ya no se trata de que un constructor tenga que pagar un soborno a un alcalde o a un responsable político dentro de su ámbito de poder, sino de la creación de zonas geográficas de monopolio a favor de determinadas empresas o grupos empresariales vinculados más o menos abiertamente a los poderes políticos de esos territorios. Tales grupos no solamente se benefician de su privilegio monopolístico, sino de la disponibilidad incondicional e ilimitada del crédito por parte de los gobernantes regionales a través de las cajas de ahorro y, si llega el caso y así es necesario, de la potestad de estos para modificar la legislación aplicable y convertir en jurídicamente viable lo ilícito, si es que no lo decididamente delictivo.

La crisis y el fiasco ladrillesco, además de haber puesto al país al borde de la intervención y de la liquidación del Estado Social, también han enervado estos nuevos esquemas de corrupción que amenazan con barrer el Estado de Derecho porque parten, precisamente, del mismo poder legislativo que los debería combatir; pero no los han hecho desaparecer. Permanecen donde estaban, a la espera de que vuelvan los buenos viejos tiempos, y sólo una más que improbable reacción civil podrá estorbar el desmoronamiento definitivo de la más elemental decencia pública.

Entre tanto, el actual alcalde de Toledo, eterno delfín de Bono, Emiliano García Paje, ha asegurado a la prensa que Hernández Moltó “no está imputado por corrupción”. ¿No?.

La Audiencia Nacional cita a Hernández Moltó como imputado por los presuntos delitos cometidos al frente de CCM

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado Central de Instrucción número 5 la Audiencia Nacional ha citado a declarar al ex presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y ex diputado socialista, Juan Pedro Hernández Moltó, el próximo 1 de febrero como imputado por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la caja, según confirmaron fuentes jurídicas.

El juez Pablo Ruz también ha pedido la comparecencia, el mismo día, del ex director general de CCM, Ildefonso Ortega. Ambas citaciones se producen a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la entidad.

El pasado 3 de diciembre, Ruz aceptó su competencia para investigar a los antiguos directivos de CCM, ante la inhibición presentada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cuenca donde había recaído la denuncia presentada por seis consejeros de la caja pertenecientes al Partido Popular.

En su auto de admisión de competencias, Ruz concluyó que la cuantía de 7.100 millones de euros que la entidad necesitó para ser rescatada evidencia “de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”.

Además, el juez considera que existen suficientes indicios para investigar un presunto delito defraudatorio contra una “generalidad de personas” afectadas por el “perjuicio patrimonial”, como son “los depositantes y los acreedores” de la caja de ahorros.

Los antiguos directivos de la caja manchega están acusados de presuntos delitos de administración desleal, negativa o impedimento a los socios del ejercicio de sus derechos, falsedad contable y falsedad en documento mercantil.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción remitió a la Audiencia Nacional las conclusiones sobre la investigación abierta contra Moltó y los antiguos gestores de la entidad manchega, a petición del Banco de España.

Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España tras la intervención de la entidad que tuvo lugar el 29 de marzo de 2009 y al advertir las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.

El auto del juez recuerda cómo el domingo 29 de marzo de 2009 el Consejo de Ministros se reunió de urgencia para ordenar la intervención de CCM y que, dadas las circunstancias “extraordinarias”, avaló su rescate con 9.000 millones de euros de dinero público.

Además, añade, que el Banco de España tuvo que aportar 1.300 millones de euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos y otros 1.150 millones de euros con garantía de un aval del Estado.

El pasado mes de julio, el Ministerio de Economía y Hacienda ratificó la sanción impuesta por el Banco de España a Moltó de 155.000 euros y cinco años de inhabilitación. El organismo también multó e inhabilitó al ex director general de CCM, Ildefonso Ortega.

Los denunciantes, todos ellos antiguos representantes del PP en el consejo de administración de CCM, son Constatino Berruga, José Miguel Imedio, Juan José Alcalá, José Aceituno, Jaime Ramos y Fernando Torres.

Bono se reúne secretamente en el Congreso con “un emisario de El Pocero”

José Bono

La reunión no ha tenido lugar en restaurante exquisito o en oficina privada o en sórdido tugurio de los frecuentados por hampones poco amantes de la publicidad, sino en el propio Congreso de los Diputados. Así, tal y como informa El Confidencial:

“José Bono abandonó el martes (21 de diciembre de 2010) el hemiciclo del Congreso durante más de media hora, tras levantarse el veto del Senado a los Presupuestos Generales de 2011 y mientras se debatía la nueva ley antitabaco, para reunirse en su despacho oficial de la Cámara Baja con un emisario del promotor Francisco Hernando, El Pocero, que realizó obras de mejora en la hípica propiedad de Bono –pagadas por la firma Porcelanosa– y fue presuntamente favorecido por éste, durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha, para construir un polémico macrocomplejo urbanístico en Seseña (Toledo).

Un portavoz oficial de Bono ni confirmó ni desmintió a El Confidencial el encuentro del presidente del Congreso con el periodista Alfredo Urdaci, responsable de comunicación e imagen de El Pocero y mano derecha del constructor. Urdaci, sin embargo, admitió, en conversación telefónica con este periódico, que Bono le recibió en su despacho, pero rehusó precisar qué asuntos abordaron. ‘Fue personal‘, se limitó a señalar. Y ante la insistencia para que aclarase lo tratado durante la reunión, añadió: ‘Personal, sin más‘”.

El hecho coincide con unas semanas pródigas –o más pródigas– en declaraciones de Bono. Durante una fiesta organizada por los periodistas parlamentarios, el Presidente del Congreso, además de hablar de liebres, dedicó encendidos elogios a Gaspar Llamazares: “eres de los políticos más honrados y mejores que yo me he encontrado en mi vida” para añadir luego, refiriéndose a Cayo Lara, que de él “no diría lo mismo que de tí” lo cual, lo digo sin la menor ironía, enaltece mucho a Cayo Lara y debería preocupar seriamente a Llamazares.

Poco después, el 16 de diciembre de este mismo año, Bono, ante la noticia de que el Tribunal Supremo había archivado a limine las dos querellas presentadas contra él por presuntos delitos de corrupción, se declaraba “muy contento” –de todos es sabido que las querellas y denuncias presentadas contra políticos presuntamente corruptos siempre tienen un efecto ciclotímico: primero producen una gran tranquilidad. Todos los afectados declaran: “estoy muy tranquilo”; para luego ser causa de extraordinaria euforia si la suerte les acompaña– porque el Supremo le había puesto a salvo de un grupo de “delincuentes y calumniadores”.

No determinó Bono, en este punto, si los “delincuentes” y “calumniadores” eran los responsables de la presentación de la querella, el diario La Gaceta o el diario Público o todos juntos incluyendo a este modesto blog que tanto interés despierta entre sus seguidores. Tampoco explicó que el Auto del Supremo rechazaba las querellas por dos motivos: uno formal pues, se decía, no se especificaba en ellas qué actos administrativos ilícitos se podrían corresponder con el presunto soborno recibido. El otro, más de fondo, mantenía que no era aplicable a la decoración de las habitaciones de la casa de Olías del Rey y a la reforma de la casa de Salobre –pagadas por el constructor Rafael Santamaría– la figura del cohecho impropio puesto que para que eso sea así es necesario que la única causa eficiente de la dádiva –que el Tribunal no niega que exista, porque existe– sea la condición de autoridad o funcionario público del presuntamente sobornado, y en el caso de Bono, además de esta posibilidad, las dádivas en cuestión también podrían traer causa de la relación de amistad entre el constructor y Bono o, incluso, de la relación de madrinazgo entre la esposa de Santamaría y una de las hijas del de Salobre.

Pues bien, así las cosas y sin una sentencia firme que haga efecto de cosa juzgada este hombre, que se relame ya viendo el cadáver de Zapatero pasar por delante de su puerta, se permite el arrogante lujo de entrevistarse con “un emisario del Pocero” en su despacho oficial del Congreso de los Diputados. Ya me dirán si no es “problemático y febril” este siglo XXI.

La Audiencia Nacional investigará los presuntos delitos cometidos por Juan Pedro Hernández Moltó

José Bono muestra su apoyo a Moltó el pasado 16 de octubre

El cerco judicial se estrecha sobre Juan Pedro Hernández Moltó, el que fuera presidente de la quebrada CCM, ahora destituído e investigado por Anticorrupción y por la Audiencia Nacional.

Ha llovido mucho desde que, a finales del 2006, Notitia Criminis empezó a revelar sospechosas vinculaciones entre CCM y determinadas operaciones inmobiliarias –como la del campo de golf de Carranque o la de la finca Alcalvín de Bargas, ambas localidades toledanas– algunas de ellas realizadas en Madrid, Toledo y Murcia por los procesados en la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, Pedro Román o Enrique Ventero.

Los hechos, sin embargo, han comenzado a precipitarse a partir del 8 de septiembre del corriente año cuando el diario “El Mundo” publicó que el Banco de España había remitido un voluminoso informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre los hechos detectados durante la intervención de la Caja.

En dicho informe, al que ha tenido acceso Notitia Criminis –cuya parte filtrada a la prensa se puede descargar desde aquí– aparecen nombres habituales en esta página: Petra Mateos Aparicio-Morales, Domingo Díaz de Mera, Luis Portillo, los hermanos Barco Fernández, Juan María López Alvarez, etc. y además se describe concienzudamente lo que bien podría llamarse “el saco” de CCM consumado durante los meses previos a su intervención por parte del Banco de España.

Posteriormente, el 22 de septiembre apareció la noticia de la apertura de diligencias contra Moltó y otros miembros del Consejo de la difunta Caja por parte de la Fiscalía Anticorrupción; y el día 17 de octubre de este mismo año el diario digital “Noticias de Castilla-La Mancha” informó sobre una reunión de importantes dirigentes del PSOE toledano, encabezados por José Bono, con Hernández Moltó en lo que fue una manifiesta muestra pública de apoyo dada a un hombre al que seguramente se le deba mucho y que, sin duda, también sabe mucho.

En la mencionada reunión Bono fue sorprendido, como se puede apreciar en la fotografía que acompaña a este artículo, saludando efusivamente a Moltó, pero el próspero Presidente del Congreso de los Diputados y atinado empresario hípico, no fue el único asistente. Otros personajes cuyos nombres no sorprenderán a quien haya seguido las informaciones publicadas aquí, acompañaron ese día Moltó. Tal es el caso de José Manuel Tofiño, presidente de la Diputación Provincial de Toledo y alcalde de Illescas, Emiliano García Paje, actual alcalde de Toledo y eterno delfín de Bono, o Antonio Guijarro, diputado regional y secretario general del PSOE de Toledo.

No obstante, este despliegue de públicas amistades no ha impedido que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 asuma la competencia para investigar los posibles delitos cometidos por Moltó y otros consejeros y directivos de la quebrada Caja Castilla-La Mancha.

Según el Auto dictado por el Juez Pablo Ruz, los 7.100 Millones de € que ha necesitado CCM para paliar los efectos de su quiebra “evidencia de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”, razón por la cual se deducen suficientes indicios como para investigar presuntos delitos defraudatorios cometidos contra una “generalidad de personas” afectadas por el perjuicio patrimonial y que serían “los depositantes y acreedores” de la Caja.

Sigue, pues, de esta manera, desvelándose lenta pero inevitablemente, la verdad de lo ocurrido en Castilla-La Mancha, primero bajo el cetro de José Bono y ahora bajo el de José María Barreda.

La Gaceta vincula a Bono con una mansión en Somosaguas y un piso de lujo en Rosales

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En la memorable fecha del 13 de abril de 2010, con número de registro 201000008899 tenía entrada en la Fiscalía General del Estado una denuncia de José Bono contra el grupo Intereconomía.

En el párrafo segundo del escrito el de Salobre informa al Fiscal que “no es la primera vez que el Grupo Intereconomía ha iniciado campañas difamatorias contra su persona. Por poner sólo un ejemplo, baste citar la Revista EPOCA de fecha 2004-09-24. en la que decían: ‘Bono Ricachón… El Ministro de Defensa se ha comprado un piso de 300 metros cuadrados en Pintor Rosales… más de un millón de pesetas el metro cuadrado… Pagará más de tres millones de euros…’

Luego continuaba: “Ni el dicente (dígase Bono) ni ningún miembro de su familia cercana o lejana jamás han sido propietarios o arrendatarios de un piso en el mencionado Paseo de Rosales”.

Bono no mentía si nos atenemos a los datos públicos. Sin embargo, el tracto registral de la vivienda en cuestión, situada en el número 38 del Pº Pintror Rosales de Madrid es, cuando menos, singular y si no nos creemos sin más las protestas de aquilatada honradez de quienes manejan el poder y los presupuestos públicos, sospechoso.

La información la daba el 26 de abril de este año El Extraconfidencial y hoy la repite, con más detalle, La Gaceta. La vivienda de Rosales fue adquirida en 2004, pocas semanas después de que Bono llegara a Defensa, por la mercantil SADEPROM, propiedad de Aurelio González Villarejo, conocido por formar parte de la dotación de presa que acompañó a Luis Portillo en su abordaje de Inmobiliaria Colonial, por ser el constructor del chalet de Bargas puesto a nombre de una de las sociedades de los Bono, por su actividad inmobiliaria en Bargas y en Carranque, por ser uno de los principales deudores de la quebrada CCM, y por el uso habitual de botines de tacón cubano que le elevan varios centímetros sobre el suelo.

En octubre de 2005, González Villarejo, a través de SADEPRON, vendió esa misma vivienda a la mercantil INDO MA RENTA, controlada por otro príncipe manchego, Domingo Díaz de Mera, hombre que ha recibido especial atención en el informe que el Banco de España ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción al hilo de los presuntos delitos cometidos por Juan Pedro Hernández Moltó y otros directivos de CCM. Finalmente, la vivienda ha acabado escriturada a nombre de la señora esposa de Domingo Díaz de Mera, Inmaculada Lamarca Maján.

Nada pues, relaciona a Bono con esa vivienda salvo las informaciones aparecidas sobre las declaraciones del portero de la finca y de distintos vecinos que, según la prensa, veían a Bono ocupándose habitualmente de las obras de reforma y de la decoración de la casa.

Sin embargo, hoy La Gaceta añade un nuevo dato especialmente significativo: “La Comisaría General de Seguridad Ciudadana realizó el informe de seguridad de la calle donde se ubica, ante la llegada de José Bono y de su familia como nuevos inquilinos de la casa de Pintor Rosales. Lo hizo a instancias del Ministerio del Interior, una vez que Defensa comunicó la intención de José Bono de trasladarse”.

En consecuencia, de confirmarse estos datos, los reiterados indicios que vinculan a Bono con la vivienda de Pintor Rosales adquieren una nueva dimensión, porque en tan temprana fecha como 2004, los Bono ya disponían de no menos de 3 millones de € para adquirir el inmueble y eso, teniendo en cuenta las declaraciones de bienes rentas y patrimonio que constan, era mucho dinero.

No menos significativo que la disponibilidad de esa cantidad de efectivo en fecha tan temprana es la presencia de los dos constructores áulicos más destacados de la región que fue gobernada por Bono hasta el 2004. Ambos, Aurelio González Villarejo y Domingo Díaz de Mera parecen cumplir siempre con la condición de satélites en órbita al rededor del complejo de poder formado por Bono y Barreda y su brillo sólo lo empaña la preeminencia del otro constructor de probada prodigalidad en lo que a los Bono se refiere: Rafael Santamaría.

A propósito de Santamaría, mayor importancia que lo anterior puede tener las informaciones relativas a una mansión de 5.000 metros cuadrados situada en Somosaguas, que aún constando en los Registros a nombre de una de las sociedades de éste, era reformada y decorada bajo la estrecha supervisión y órdenes directas, siempre según el diario citado, del actual presidente del Congreso de los Diputados.

Digo que mayor importancia tiene esto, porque la situación deja pocas alternativas: o Bono trabaja como decorador e interiorista de sus poderosos amigos o la mansión en conflicto le pertenecía, le iba a pertenecer o le pertenece, razón por la cual estaba en condiciones de realizar actos dispositivos sobre la ella.

El contrato de fiducia se remonta hasta el Derecho romano, pero por Dios que desde entonces ha tapado cosas y cosas habrá de tapar que harían hablar a las piedras.

El Extraconfidencial: “Bono defraudó casi 25.000 euros en impuestos por las obras de Hípica Almenara”

Solicitud de licencia de obras para Hípica Almenara

El Extraconfidencial publica hoy la noticia que se reproduce a continuación. Los documentos, a los que ha tenido acceso Notitia Criminis, parecen dejar poco lugar a las dudas y salvo que el “entorno de Bono” o el propio Bono presenten prueba documental de la existencia de autoliquidaciones complementarias que desmientan el fraude denunciado por el Extraconfidencial, el hecho resulta claramente definidor de lo que ha sido el bonismo en Castilla-La Mancha.

Como detalle a tener en cuenta, la solicitud de obras está firmada por Francisco Javier Montalvo, hombre que además de aparecer como administrador en varias de las mercantiles que componen el complejo empresarial de los Bono, ya se publicó que aparece ligado a los negocios de otro amigo de la familia: Rafael Santamaría Trigo, presidente de Reyal-Urbis.

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Al Presidente del Congreso se le perdieron por el camino 20.806,44 euros que dejó de abonar en concepto de impuestos

El Ayuntamiento de Toledo tendría que haber percibido 25.061,44, euros por lo que dejó de ingresar 24.848,69 euros

Ha saltado a la luz pública casi cada detalle de las famosas obras que el constructor Francisco Hernando, alias El Pocero, realizó para la hípica de José Bono, Presidente del Congreso. Sin embargo, existe un detalle, que, aunque menor, no deja de ser un auténtico escándalo de cara a los contribuyentes y a la situación de sequía económica que viven actualmente Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Casi 25.000 euros dejó de pagar Bono al Ayuntamiento de Toledo en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y tasas por licencia urbanística.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, el Presidente del Congreso, solicitó al Ayuntamiento de Toledo una licencia menor para “instalar gradas prefabricadas, asfaltar el aparcamiento y vallado de madera”. El coste de esas obras, que pagaron los patrocinadores de Hípica Almenara y que ejecutó El Pocero, fue declarado por la sociedad en 29.960,45 euros y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), a facturar por el consistorio ascendió a 1.093,56 euros. Hasta ahí todo correcto. El problema es que esos datos no eran del todo ciertos.

Una jugada maestra

La multitud de noticias que ha provocado la relación, ahora inexistente, entre Bono y El Pocero, ha supuesto también una fuente de información. Gracias a ello, toda España sabe que las obras de la famosa Hípica rondaron los 600.000 euros y, por tanto, el impuesto que Bono tendría que haber abonado al Consistorio, ascendería a 21.900 euros, el 3,65 por ciento del importe total. Es decir, al ex presidente de Castilla La Mancha se le perdieron por el camino 20.806,44 euros que dejó abonar en concepto de impuestos.

La licencia fue emitida en febrero de 2004, por tanto, el posible delito de defraudación ya está prescrito. Sin embargo, según las fuentes consultadas por este periódico, podría haber sido detectado y evitado por el Ayuntamiento si el Ayuntamiento hubiese realizado una inspección de las obras que se estaban realizando. Todos los constructores de la zona consultados aseguran que el presupuesto que se declaró “era imposible ante la transformación que sufrió la Hípica”. Por otro lado, si las auténticas cantidades se hubiesen dado a conocer con anterioridad el Consistorio podría haber solicitado otra autoliquidación e imponer una sanción a la compañía. Pero nada de eso sucedió.

Todo un ejemplo

A la cantidad ya analizada, hay que añadir la tasa por licencia urbanística. Según consta en la solicitud de la licencia, la tasa se calculaba en 2004 en función del número de veces que la cantidad de 6.010,12 euros se encontraba en el presupuesto total y el resultado se multiplicaba por 42,55 euros. Por los 29.960,45 euros que se declararon en el Ayuntamiento de Toledo como “coste estimado de las obras”, Hípica Almenara abonó 212,75 euros en concepto de “tasa por licencia urbanística”; sin embargo, por los 600.000 euros que Bono aseguró que habían costado las obras, se tendrían que haber pagado 4.255 euros. En este caso, por el camino se quedaron 4.042,25 que el Presidente del Congreso dejó de abonar.

Por lo tanto, la cuantía total que, tanto por tasas como por ICIO, tendría que haber sido satisfecha al Consistorio suma 25.061,44 euros. Si a esta cantidad le restamos lo que realmente fue entregado al Ayuntamiento, éste dejó de percibir casi 25.000 euros, concretamente, 24.848,69 euros. Y aunque se trate de una cantidad pequeña, lo cierto es que con la situación actual de asfixia financiera que sufren los Ayuntamientos, en la que cualquier cantidad es bienvenida para invertir en servicios públicos, sienta mal que la posición de un ciudadano -en aquellas fechas Bono era presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha-, sirva para ir, poco a poco, disminuyendo las arcas públicas. Todo un ejemplo.

La oposición de Alcobendas denuncia posible prevaricación en un intento de adjudicación de obra a la constructora Peyber

Se trata de la adjudicación del contrato de obra del centro de salud Valdelasfuentes, en Alcobendas. La noticia fue dada por la Cadena Ser, el 13 de abril de este año y, finalmente, la denuncia pública hecha tanto por la concejal de IU de la localidad, como por los ediles del PSOE, frustró el intento de seleccionar a la constructora PEYBER HISPÁNICA, la cual había obtenido el segundo puesto en la licitación.

Previamente, PEYBER ya se había alzado con la construcción de otro centro de salud, el de Arroyo de la Vega, por un importe cercano a los tres millones de Euros. En esa ocasión El País, aseguró que la obra fue financiada con los fondos del Plan E, a pesar de que la materia era competencia de la Comunidad de Madrid.

A continuación, declaraciones del concejal Angel Sánchez Sanguino y la noticia tal y como aparece en la página de la Cadena Ser:

Los socialistas de Alcobendas afirman que los tenientes de alcalde del ayuntamiento, Mónica Sánchez y Agustín Martín y la concejala de Obras, Paloma Cano, podrían haber incurrido en una ilegalidad al proponer y votar a favor de la adjudicación de las obras del centro de salud de Valdelasfuentes a la constructora que consiguió la segunda puntuación del concurso.

Esta empresa, Peyber Hispánica, consiguió una puntación de 65,14 frente a BM3 Obras y Servicios que obtuvo 68,70 puntos. Según el concejal socialista presente en la mesa de adjudicación, Ángel Sánchez Sanguino, los ediles populares argumentaron su desconocimiento de la empresa con mayor puntuación y su miedo a encargar la obra a esta constructora.

Según el PSOE, Sánchez Sanguino, la concejal de IU, María Benito Durango, la interventora municipal y el director general de la asesoría jurídica municipal votaron en contra de la propuesta de los ediles.

Sánchez Sanguino afirma que la arbitrariedad de los concejales populares frente a una resolución clara del informe técnico podría ser constitutiva de delito.

Desde el equipo de gobierno afirman que los tres ediles presentes en la mesa de adjudicación consideraron más favorable, para los intereses del ayuntamiento y el cumplimiento de las obras, la segunda empresa mejor valorada por los técnicos. Ante esta situación, que según el gobierno municipal se produce habitualmente en la administración local, se encargó un informe jurídico cuya resolución terminó adjudicando la obra a BM3 Obras y Servicios, la empresa con mayor puntuación en el concurso.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo de gobierno insiste en que cualquier mala interpretación de este tema no es más que un afán de la oposición de encontrar algo turbio en un ayuntamiento que ha recibido el Primer Premio en Transparencia en materia de contratación.

Así mismo, se anima al grupo socialista, a que si consideran que se ha producido alguna irregularidad “acudan a la Fiscalía en lugar de tratar de empañar en los medios de comunicación la imagen de la ciudad”.

El Tribunal de Cuentas traslada su informe sobre Seseña a Anticorrupción y pide que se reactive el caso de las cartas de pago falsas

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Hoy se ha hecho pública la noticia de que el Tribunal de Cuentas traslada sus conclusiones sobre Seseña y la urbanización de El Pocero, a la Fiscalía Anticorrupción, por considerar que lo descubierto por el organismo fiscalizador presenta indicios serios de delito.

Según informa hoy El Mundo, el Tribunal de Cuentas, además, insta a la Fiscalía Anticorrupción a que reactive la denuncia presentada por Manuel Fuentes en 2003 relativa a cinco cartas de pago presuntamente falsas, con las que ONDE 2000 pretendió acreditar que había saldado con el ayuntamiento de Seseña una deuda de 1,29 Millones de €.

El episodio de las cinco cartas de pago –presuntamente– falsas lo narran detalladamente Ruth Ugalde y Alejandra Ramón en su libro “El Pocero de Seseña”.

En 2003, cuando IU ganó a la alcaldía, las primeras pesquisas de Manuel Fuentes y su equipo de gobierno en las cuentas del Ayuntamiento, desvelaron varios apuntes contables pendientes de cobro relativos a cesiones de aprovechamientos y licencias de urbanización. Según esa documentación ONDE-2000 adeudaba al Ayuntamiento de Seseña 1.29 Millones de €.

Cuando se reclamó el dinero al Pocero, éste presentó cinco cartas de pago, supuestamente acreditativas de tener saldada esa deuda, pero firmadas por un “tesorero” que en aquella época no existía. La contabilidad del Ayuntamiento se llevaba en “Papelería Escribano”, la cual, a petición de Manuel Fuentes, certificó que “una vez revisada la contabilidad de ingresos de 2002, no aparece ninguno de los conceptos, cantidades y fechas anteriormente citadas”.

Esta fue la causa de que IU solicitara la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento al Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha. Pese a la gravedad del hecho, la Sidicatura de Cuentas, dependiente del Gobierno de Bono, dio carpetazo al asunto. Este organismo no vio “ningún motivo para realizar la fiscalización”.

Cartas de pago presuntamente falsas

Manuel Fuentes llevó el caso ante los juzgados: “Dos semanas después –continua el libro citado– el 27 de octubre de 2003, Fuentes llevó ante la justicia a Francisco Hernando del Saz, hijo del Pocero y administrador de ONDE 2000, a Felipe Sancho Ricoy, concejal de Hacienda del ayuntamiento de Seseña entre 1999 y 2003, y a Fermín Martín Carrillo, ex secretario-interventor del consistorio, por impago y por un posible delito de falsificación de documento público. Ese mismo día, el portavoz de la corporación municipal socialista, Carlos Aguilar Sandoval, presentó su renuncia como concejal alegando ‘razones personales y de conciencia‘, y fue sustituido, precisamente, por Felipe Sancho Ricoy, el hombre que mandó al secretario-interventor del ayuntamiento elaborar las cinco cartas de pago falsas y rubricarlas con un garabato donde debería aparecer la firma del tesorero. Al menos, eso fue lo que confesó Fermín Martín Carrillo a Fuentes, según aparece en la denuncia presentada en Anticorrupción”.

Ante esa denuncia Francisco Hernando respondió, según su acostumbrada rutina, asegurando que denunciaría a Fuentas como autor de un delito de denuncia falsa. No obstante, las pruebas eran irrefutables: “Esta vez, las amenazas de Hernando cayeron en saco roto –escriben Alejandra Ramón y Ruth Ugalde– Fuentes le había ganado la mano, tras constatar que no existía registro alguno del pago en la contabilidad municipal, el empresario terminó reconociendo la deuda, a cambio de que el alcalde retirase la denuncia contra su hijo. Un movimiento que, de facto, significaba reconocer que las cartas de pago presentadas ante el ayuntamiento eran falsas. Sin embargo, en el escrito donde se comprometía a saldar la deuda, Francisco Hernando del Saz apuntaba hacia errores contables como fuente de todo el conflicto”.

Llegados a este acuerdo y hecho el pago, Manuel Fuentes retiró la denuncia y la fiscalía tampoco acusó, de modo que sin acusación, ni pública ni privada, el Juzgado de Illescas tuvo que archivar las diligencias.

Pues bien, este episodio de la larga batalla de Seseña, es el que ahora resucita el Tribunal de Cuentas al remitir su informe a la Fiscalía Anticorrupción y advertirla que los delitos denunciados entonces, especialmente los de malversación de fondos públicos y de falsedad de documento público, son delitos perseguibles de oficio, de modo que llegada la notitia criminis a los órganos obligados a actuar, estos deben dar cumplimiento a esa obligación con independencia de que el denunciante mantenga o retire su denuncia.

El hecho tiene una importancia trascendental y la primera consecuencia, salvo que la Fiscalía Anticorrupción persista en su teoría de que Francisco Hernando es ajeno al caso, podría ser la inmediata imputación del famoso constructor, conocido por todo lo descubierto como El Pocero.

El Banco de España denuncia a Hernández Moltó ante la Fiscalía

Molstó y Barreda

La institución que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez aprecia indicios de delito en la actuación de Juan Pedro Hernánde Moltó al frente de CCM y trasladará a la Fiscalía el tanto de culpa. La noticia la hace pública hoy El Mundo.

Lo que, en atención al contenido del Pliego de Cargos redactado por el Banco de España, parecía inevitable o, al menos, legalmente exigible, se ha producido, pero 16 meses después de aquella intervención. Esto no es cosa vana puesto que en ese casi año y medio los presuntos responsables de los delitos detectados han contado con un tiempo inestimable para alterar pruebas, para difuminarlas o para dificultar en extremo la investigación judicial. A pesar de ello, el material recopilado por los Inspectores y el aportado por investigaciones periodísticas no deja de ser abrumador.

Al hilo de esto, hay que recordar que el 24 de octubre de 2008, bastante antes de la intervención, El Confidencial publicó un artículo titulado “Los Agujeros de Caja Castilla la Mancha”. Ahí se decía lo siguiente:

“Entre sus actuaciones –las de CCM– se incluyen el aeropuerto de Ciudad Real, necesitado de socios financieros a una semana de su inauguración, a proyectos inmobiliarios con conocidos imputados en operaciones contra la corrupción como Malaya”.

A esas afirmaciones, “un portavoz de la entidad”, contestó diciendo: “Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocida… Nadie de esta casa está imputado… Somos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”.

Ese “portavoz” también recordará –permítaseme la pedantería– un comentario hecho ese día a la periodista que le había telefoneado: eso son calumnias esparcidas por un blog, pero “ya le hemos denunciado”.

Pues bien, señor “Portavoz” de la ahora desaparecida CCM, hasta aquí hemos llegado y ya veremos hasta dónde llegamos en el futuro.

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El PP presenta denuncia contra Hernández Moltó por estafa, falsedad mercantil y delito societario

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Según informa hoy El Mundo, el que fuera fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, en nombre y representación de 6 de los representantes del PP en Caja Castilla-La Mancha, presentó ayer en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cuenca una denuncia por estafa, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito societario, contra Juan Pedro Hernández Moltó y contra otras personas que puedan aparecer como responsables en el curso de la investigación, lo que podría acabar enredando en el caso a José Bono y a José María Barreda, al menos, por el incumplimiento de las obligaciones de control, inspección y sanción que competen al Gobierno manchego.

Aunque a esta hora, desconozco si en esa denuncia se hace mención de la participación de CCM en en las mercantiles LAS LOMAS DEL POZUELO y PROMOCIONES MIRALSUR, donde la Caja presidida por Moltó se asoció con el detenido y procesado en el caso Malaya, Enrique Ventero Terleira; o si se hace referencia a los créditos –40 Millones de €, según informaciones aparecidas hasta ahora– concedidos por esa misma Caja a empresas de la cabeza más visible del caso Malaya, Juan Antonio Roca; o si entre los presuntos delitos imputados a Moltó por el PP se incluyen datos sobre el asombroso crédito de 30.000.000 € –novado por dos veces, la última en vísperas de la intervención– concedido a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO –propiedad del procesado en el caso Malaya, Pedro Román Zurdo y del investigado en esas mismas actuaciones Juan María López Alvarez– para una promoción, declarada “inviable”, en la finca Alcalvín de Bargas… Aunque desconozco esto, decía, puede que la denuncia presentada ayer por el PP tenga la virtud de dar acceso a sótano en el que Barreda custodia ferozmente la realidad de lo sucedido en CCM.

La presión del PP, no sin motivo, se ha centrado en el caso del aeropuerto de Ciudad Real y los multimillonarios créditos dados a CR AEROPUERTOS, propiedad de Domingo Díaz de Mera, de Aurelio González Villarejo y de Antonio Miguel Méndez Pozo, entre algunos otros; pero las zonas oscuras de CCM no terminan ahí, como acabo de decir, y no deja de ser muy preocupante que el PP ignore, si así es el caso, que la Caja presidida por Moltó se convirtió en una generosa fuente de financiación para la trama –presuntamente, que no se me olvide– delictiva de Roca.

De todas maneras, la investigación está ahora en manos del Juzgado nº 2 de Cuenca y, por supuesto, de la Fiscalía. En consecuencia, ya veremos si lo sucedido alcanza relevancia penal o si, por el contrario, no se ve en ello otra cosa que no sean infracciones administrativas más o menos graves.

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Socios del constructor Aurelio González Villarejo implicados en las últimas operaciones anticorrupción de Alicante y Murcia

El pasado 29 de junio el alcalde de San Javier (Murcia) José Hernández fue detenido por agentes de la UCO, junto a los constructores Santiago Martínez Esparza (URDEMASA) Jaime Navarro Aparicio (GRIMANGA) y Antonio Javier Sánchez Reyes (LADERA DOS MARES).

Según ha informado El País, estas detenciones traen cuenta de las investigaciones iniciadas en 2008 en relación con el presunto trato de favor dispensado por el alcalde Hernández a dos empresarios: Santiago Martínez Esparza, uno de los ahora detenidos, y Juan Gracia Jiménez.

Ocho días después, este martes día 6 de julio, la policía ha detenido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll y al constructor Enrique Ortiz Selfa, y ha realizado registros en el ayuntamiento de Orihuela y en la sede de la empresa ORTIZ E HIJOS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, propiedad del citado Ortiz.

La Fiscalía investiga el Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero del año 2008. La aprobación –según el diario Público– “se produjo por unanimidad por los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por Ripoll y que recayó en la UTE CESPA-ORTIZ”.

La empresa CESPA, asociada con Ortiz en este caso, es muy conocida. Se dedica al negocio de la basura, pertenece en un 99,99 % a FERROVIAL SERVICIOS y tiene participación, entre otras muchas sociedades, en GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE TOLEDO. También, según el “plan de saneamiento financiero” propuesto por el Ayuntamiento de Aranjuez el 22 de julio de 2009, esta entidad es una de las principales acreedoras de esa Corporación (la deuda, en esa fecha, ascendía a 5.237.520,96 €) y, además, aparece mencionada en los Tomos VI, VII y XI del sumario del caso Astapa, relativo a la operación contra la corrupción en Estepona.

Para resumir la mucha y detallada información que obra en el sumario Astapa sobre la mercantil CESPA, puede citarse lo dicho en el informe de la UDEF CENTRAL incluido en el Tomo VII de las diligencias, folio 3.126:

Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2007, se producen comunicaciones telefónicas entre algunos funcionarios con gran poder decisorio dentro del Ayuntamiento de Estepona, como es el caso de José FLORES SIMÓN, Jefe de Gabinete de Alcaldía, y responsables de la mercantil CESPA, representada en las conversaciones por Antonio LÓPEZ SOTO (Delegado de Andalucía Oriental) y Manuel MEDINA MURILLO, con el objeto de obtener, por parte de estos últimos, la adjudicación del servicio de limpieza del municipio. Las conversaciones telefónicas pusieron de manifiesto que CESPA habría pagado alguna deuda municipal y que personas como Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ, Concejal de Hacienda y Personal, habría podido exigir algún tipo de contraprestación económica a los responsables de la mercantil concursante, a cambio de favorecer la concesión del servicio.

El día siete de abril de dos mil ocho, la empresa CESPA, filial del GRUPO FERROVIAL, resultó concesionaria de la gestión de los servicios de recogida y transporte de los residuos urbanos, suministro, colocación, mantenimiento y lavado de los contenedores para dichos residuos y limpieza viaria de Estepona… La aprobación de la concesión del servicio de limpieza se habría producido en una Junta de Gobierno extraordinaria, precedida por una Comisión Informativa, presidida por Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ, concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Estepona y en la que habrían figurado como vocales y otros, personas como Rafael Antonio DUARTE MARTÍNEZ, Manuel REINA CONTRERAS, Ricardo GALEOTE QUECEDO o María Luisa RODRÍGUEZ PINO SÁNCHEZ.

Estas últimas detenciones practicadas en San Javier (Murcia) y en Alicante –en este caso, en relación con la llamada “mafia de las basuras”– podrían acabar teniendo ramificaciones en Castilla-La Mancha y, concretamente, salpicando a Aurelio González Villarejo, asociado con algunos de los detenidos e investigados.

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Aurelio González Villarejo y Juan Gracia Jiménez

Tomo VII del sumario Astapa

Ya se dijo en Notitia Criminis hace tiempo. Aurelio González Villarejo es socio, tanto de Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-07, como de Enrique Ortiz Selfa.

El primero, Juan Gracia Jiménez aparecía vinculado –en el ámbito del Plan Parcial Torre del Rame de los Alcázares (Murcia)– con un grupo de empresarios, todos también del gremio de la construcción, investigados o imputados en el curso de la Operación Ninette; así como al arquitecto municipal de esa localidad, Mariano Ayuso, detenido durante la citada operación; y a Enrique Ventero Terleira, uno de los principales imputados en la Operación Malaya.

El mismo Juan Gracia Jiménez es uno de los constructores que acompañaron, junto al propio Aurelio González Villarejo, a Luis Portillo –también socio del imputado en Malaya, Enrique Ventero– en la OPA que permitió a éste hacerse con el control de COLONIAL, luego llevada a la quiebra en uno de los primeros episodios del fiasco inmobiliario español

Por otro lado, este empresario levantino ya se ha visto implicado en varios casos de presunta corrupción. Como ya dije aquí, la Fiscalía del TSJ de Murcia abrió diligencias contra el alcalde de San Javier, José Hernández por posibles tratos de favor a los constructores Santiago Martinez Esparza y Juan Gracia Jiménez, de los cuales, además, es socio en la mercantil NUEVA VALENCIA AL MAR S.L.

En la misma localidad, la Fiscalía también abrió investigaciones sobre PEINSA-97 a causa de la urbanización denominada “Señorío de Roda” que, según denuncia presentada por el Grupo Independiente de San Javier, se inició sin ningún tipo de permiso y si que estuviera aprobado el plan parcial necesario para iniciar los trabajos.

Lo mismo ocurre en el caso del Plan Parcial “Roda Golf” que supone la recalificación de un millón de metros cuadrados de suelo rústico de interés agrícola, a favor de URDEMASA, la empresa de Martínez Esparza, socio del alcalde de San Javier y de Juan Gracia Jiménez.

PEINSA-97, también está relacionada con el caso del puerto deportivo de San Pedro del Pinatar. Se da la circunstancia de que aquí, PEINSA-97 participa junto a la empresa de Félix Marín García, INVERSIONES HIPOTECARIAS DEL MEDITERRÁNEO S.L.

En la localidad de Mula, el Fiscal Jefe, abrió diligencias contra el concejal de urbanismo Leandro Pérez Cobos, por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, relacionados con la compra, por parte del tal Leandro junto con otros socios, de casi dos millones de metros cuadrados al precio de 55.000 € que después vendió, siendo concejal, en 2004 por 1.162 millones de Euros a las empresas ARTECONS MAR MENOR S.L., URBICOSTA S.L. y GALBA INVERSIONES S.L., todas propiedad de Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-97.

En La Unión, PEINSA-97 ha estado implicada en el caso de “La Casa del Piñón”, edificio que fue objeto de un convenio denunciado en su día por presunto tráfico de influencias y prevaricación.

El caso de Pilar de la Horadada tiene, si cabe, mayor importancia. En esta localidad el alcalde Ignacio Ramos fue depuesto mediante moción de censura y con la ayuda de una concejal trásfuga, debido a su oposición al Plan de Actuación Integrada (PAI) de Pinar de lo Romero en el que está prevista la construcción de 5.200 viviendas y el imprescindible campo de golf. El proyecto urbanístico había sido presentado por las mercantiles METROPOL DESARROLLOS URBANÍSTICOS S.L y PEINSA-97 S.L.

Precisamente, la mercantil METROPOL es una de las que Juan Gracia Jiménez comparte con Aurelio González Villarejo. Su capital está repartido entre PEINSA 97, CONSTRUCCIONES VILLAREJO y PROMOCIONES GONZÁLEZ, las dos últimas del citado Aurelio González Villarejo.

Otra de las sociedades que González Villarejo comparte con Juan Gracia es NUEVOS ENTORNOS URBANOS, en cuyo consejo de administración, aparecen el citado Juan Gracia, Alberto González Tostado, hijo de Aurelio González y Román Conde Alonso, este último también presente en URBAPLANING, la empresa del grupo de González Villarejo que actúa en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas (Toledo) y en los PAUs de las Montanillas en Carranque (Toledo).

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Aurelio González Villarejo y Enrique Ortiz Selfa

Enrique Ortiz

González Villarejo, promotor en Bargas de uno de los chalets adquiridos últimamente por las empresas de la familia Bono, también es socio de Enrique Ortiz Selfa en la mercantil VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO. Esa asociación provocó que Aurelio González tuviera que declarar como testigo en las diligencias seguidas en Alicante contra el citado Enrique Ortiz por el “Caso de los Aparcamientos”, un enrevesado asunto en el que también estuvieron implicados el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi y la actual alcaldesa, Sonia Castedo. Los detalles del caso se pueden consultar aquí, pero de cualquier forma, tanto Ortiz como González Villarejo salieron bien librados de este asunto, archivado, finalmente, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.

Otro de los asuntos importantes en el que se vio implicado Enrique Ortiz, y que aún colea, fue el del Plan Rabasa (15.000 viviendas sobre un suelo de 4,2 millones de m2) El País del día 30 de marzo de 2008 titulaba: “Un dictamen concluye que Alperi ―el alcalde de Alicante en esas fechas― benefició al promotor Ortiz al modificar el plan Rabasa”. En ese dictamen se decía que “la mercantil seleccionada ―VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO SL― ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia… El propio ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor”. Por supuesto, como acabamos de decir, en esa empresa también participa Aurelio González Villarejo.

Sin embargo, hasta ahora, el caso de corrupción de mayor alcance que salpica a Enrique Ortiz es en la Operación Gürtel.

Como ya dije, el pasado día 25 de septiembre de 2009, El Mundo titulaba: «El PP de Valencia montó su “Filesa”», por su parte, el 22 de septiembre El País habría su primera página con este otro titular: «Seis constructoras financiaron al PP valenciano a través de la red “Gürtel”». La información procedía de un dossier elaborado por la Brigada de Blanqueo de la policía judicial. En él se analizaban conversaciones grabadas a los imputados y una extensa documentación intervenida en los distintos registros.

Según esa investigación, la Brigada de Blanqueo considera una de las empresas que habría participado de pleno en la trama de corrupción valenciana es ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, propiedad de Enrique Ortiz Selfa. Así, por ejemplo, según el diario Público, “varios correos electrónicos intervenidos por la Policía a Orange Market… constatan que la trama Gürtel falsificó facturas en beneficio de la formación conservadora… en uno de esos correos un empleado de Orange Market se dirige a un subordinado de José Ramón Blanco Balín, blanqueador de la red corrupta, y le da instrucciones sobre dos facturas. Tras especificar el número de cada una de ellas y el importe superior a 30.000 euros en un caso y a 80.000 en el otro, le comunica que ambas deben ponerse a nombre de la empresa Ortiz e Hijos”.

Caso del Pocero: “O grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos” por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha

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La información que publica hoy El Mundo –que se puede descargar íntegramente pulsando sobre la imagen– hace entrar el caso del Pocero de Seseña en un nuevo estado, cualitativamente distinto y de alcance aún difícil de calcular.

El citado periódico desvela un “informe confidencial” fechado el 11 de mayo de 2007 y remitido por la Intervención General del Estado a la teniente fiscal Belén González Patín, quien actúa ahora como acusación pública contra José Luis Martín, alcalde de Seseña durante la aprobación del PAU del Pocero.

Para la Intervención General del Estado, la actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sólo puede explicarse como “grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos” y eso sitúa al que entonces era Consejero del ramo, Alejandro Gil al borde del precipicio y a punto de dar un gran paso al frente; pero no sólo a Gil, sino también a quienes, por encima de él presidían el Gobierno regional del que formaba parte: José Bono y José María Barreda sucesivamente.

Únase a esta información, un presunto miembro de la mafia calabresa –Giovanni Piero Montaldo– detenido durante la operación Malaya y también imputado en la operación Astapa, pagando al ex alcalde José Luis Martín 700.000 € por razones que todavía se desconocen.

Únase a ambas cosas, que ese presunto mafioso actuaba en Marbella como apoderado de APEX 2000 (Iberdrola Inmobiliaria) en cuyo consejo de administración aparece Rafael Santamaría Trigo, gran amigo de Bono y benefactor, según las últimas informaciones de prensa, de aquél y su familia con diversas dádivas de muy considerable cuantía.

Añádase que el mismo Rafael Santamaría compartió sociedad (Royal Mediterránea) con con el abogado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas.

Finalmente, téngase muy presente el artículo que Enrique Gimbernat –un penalista sobresaliente y, sin duda, un sabio de rango europeo en materia de dogmática penal– publica hoy, también, en El Mundo, sobre el cohecho impropio.

El Tribunal de Cuentas desmonta la estrategia de Bono y Barreda en el caso del Pocero

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Hace ya tiempo que la estrategia seguida por el PSOE toledano en el caso del Pocero pasó del manifiesto apoyo a un aparente repudio.

En 2004 la Ejecutiva Federal del PSOE, para entendernos, Ferráz, no Toledo, forzó la disolución de la agrupación socialista de Seseña, a todas luces ya entonces, demasiado sospechosa.

En noviembre de 2007 Hernández Moltó, refiriéndose a la retirada del crédito que CCM venía proveyendo al Pocero, hizo unas notablemente indiscretas declaraciones recogidas por el diario Las Provincias: “el que la hace que la pague y que la pague rápido y suficientemente. Considera que al negocio no le van bien los exhibicionistas, la ostentación es un mal aliado del empresario”.

Esto no siempre ha sido así. En julio de 2006, apenas unas horas antes de que se hiciera pública que la Fiscalía Anticorrupción abría diligencias de investigación sobre el asunto del Pocero, Barreda aseguró en rueda de prensa que El Quiñón era “transparente, legal e impecable”.

Ahora, en 2010 parece que ya no está dispuesto a repetir esas declaraciones, pero hay un incidente en la ya larga historia del PAU del Pocero que hace sospechar seriamente sobre la sinceridad de Barreda en aquel momento.

Según describen detalladamente Alejandra Ramón y Ruth Ugalde en “El Pocero de Seseña”, corriendo el otoño de 2003, con el ahora imputado José Luis Martín de alcalde, “Ante la gravedad de los acontecimientos IU decidió convocar un pleno para solicitar una fiscalización de las cuentas del consistorio desde el año 1990. El grupo municipal del PSOE… votó a favor, mientras que el PP se abstuvo. La decisión socialista sorprendió a todos los presentes y entre los militantes de IU empezaron a temer que los socialistas hubiesen actuado así porque tenían la seguridad de que la Junta rechazaría la petición. Y los malos augurios se cumplieron. Pasados unos meses, el síndico de cuentas de Castilla-La Mancha dio carpetazo al asunto tras alegar que “no ve ningún ningún motivo para realizar la fiscalización”.

Siete años después, el Tribunal de Cuentas, una de las pocas instituciones españolas en las que aún se puede confiar, desmiente al Síndico de CASTILLA-LA MANCHA, desmiente a Barreda e, igualmente, desmiente a Bono, todos los cuales han insistido e insisten en la absoluta legalidad de la tramitación del PAU del Pocero o, en todo caso, en la absoluta legalidad de su propia actuación.

Pero, además, ese mismo informe, que pone de manifiesto la evidente omisión de las obligaciones de inspección y control que la Ley imponía a los gobiernos de Bono y Barreda y que, dependiendo de hasta dónde lleguen las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas, bien podría hacer entrar en juego al artículo 11 del Código Penal; desmiente la fatigosa estrategia defensiva de José Bono, él sí, incansable a la hora de denunciar la “campaña de difamación de que es víctima”.

Si alguien difama a Bono, son los hechos y lo malo para él, es que son sus hechos y los hechos de su sucesor, Barreda. En fin, léase con atención el artículo que publica hoy Carlos Segovia en El Mundo. Se puede descargar pulsando sobre la imagen.

El ex director general de CCM, Ildefonso Ortega, acusa a Hernández Moltó

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Entre el oficio periodístico circula habitualmente un dicho: “perro no come perro”. Falso de toda falsedad. Desde los griegos y en realidad desde mucho antes, el perro es símbolo de la incapacidad para discriminar, entre otras cosas, el alimento. Por eso Antístenes o Diógenes de Sinope se tenían por “cínicos”, es decir, por enemigos de las distinciones de la Polis y partidarios de la confusión, que más allá de los muros de la Ciudad, imperaba en la selva.

Yo no he sido, ha sido ese

Si a día de hoy algo ilustra con nitidez esta verdad: que “perro sí come perro”, es la estrategia defensiva que están utilizando Juan Pedro Hernández Moltó y los que fueran sus hombres de confianza en CCM y en CCM CORPORACIÓN.

Según informa hoy El Mundo, Ildefonso Ortega, ex director general de la Caja, ha declarado en el Juzgado de lo Social nº 1 de Cuenca que “Moltó estaba allí presente, conocía la operación y salió que sí”. Por su lado, otro testigo, el actual secretario general de la Caja corroboró esta declaración.

Ambos se referían a la concesión de un aval “irregular” de más de 10 Millones de € a la quebrada DHO, cuando la constructora ya estaba en situación preconcursal. El mencionado aval se enmascaró con la denominación de confort letter o “carta de patrocinio”, pero sus efectos, devenida finalmente la quiebra de DHO son los mismos. El crédito que esta constructora formalizó con Banco Espírito Santo gracias al aval de CCM, tendrá ahora que ser pagado por la Caja.

Frente a esto, dando una clara idea, que no hace falta calificar, del tipo de personajes de los que se han rodeando José Bono primero y Barreda después, lo que Hernández Moltó ha venido afirmando es que “su cargo no era ejecutivo” y que fue víctima de “engaños” de sus directivos que son los que cometieron las “irregularidades”. Curiosamente, esta misma argumentación fue la esgrimida por el propio Barreda y por su Consejera de economía tras la intervención de la Caja, sólo que ellos cargaban el engaño sobre el propio Hernández Moltó, cuya actuación al frente de CCM, decían, permaneció desconocida por el Gobierno manchego.

El revelador silencio sobre la financiación a las tramas delictivas de Marbella

Tal y como afirma El Mundo, y así consta en el pliego de cargos del Banco de España contra los consejeros de CCM, una de las operaciones “más turbias” de las ejecutadas por Moltó y su equipo directivo fue la concesión del mencionado aval a DHO. Sin embargo, las hay más turbias, más sospechosas y más inquietantes.

Voy a citar sólo algunas de las ya mencionadas aquí: 1.- Crédito a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del malayo Pedro Román Zurdo, de 30 Millones de € (no de 10, como en el caso DHO) renovado por Moltó días antes de la intervención. 2.- Crédito a la trama empresarial del malayo Juan Antonio Roca para la adquisición del palacio de Villa Gonzalo, en Madrid. 3.- Participación y financiación a una de las empresas del malayo Enrique Ventero, en Los Alcázares, Murcia. 4.- Financiación con, al menos, 40 millones de € a las empresas de Roca, ONE PROPERTIES y MASDEVALLIA…

Sobre estas operaciones de Hernández Moltó y sus consejeros no consta ni una sola palabra en el pliego de cargos del Banco de España; no consta, tampoco, que exista la menor actividad judicial o fiscal, a parte de la iniciada, tras recibir cierta información, por el Juzgado nº 5 de Marbella el cual, por otro lado, carece de jurisdicción en Castilla-La Mancha; y no consta, tampoco, que exista el menor propósito de investigar esta financiación, que según El Economista, alcanza una cuantía no inferior a 200 Millones de €, financiación concedida a una trama calificada por el Juez instructor del caso Malaya, como “organización criminal”.

¿Por qué no se investiga esto? ¿Tampoco hay aquí suficientes indicios de relevancia penal? ¿Quizás, por el contrario, es que hay indicios de demasiada relevancia penal?