El “oasis” manchego. El Pocero aún sin declarar y Manuel Fuentes condenado

El Pocero declarando en el juicio contra Manuel Fuentes

Hoy se ha hecho pública la noticia. El juzgado nº 1 de Toledo ha condenado –la Sentencia se puede descargar desde aquí– en primera instancia a Manuel Fuentes, alcalde de Seseña y a otros cuatro concejales de IU por unas supuestas calumnias al Pocero. La frase, la única frase que el juzgado en cuestión ha considerado calumniosa es la siguiente: “En Seseña compra los votos más fáciles: dos concejales y un familiar directo del portavoz de una parte de la oposición están en la nómina de ONDE-2000, su empresa de construcción”.

La Sentencia considera que lo afirmado en esa frase reúne todos los elementos del tipo de cohecho; que por lo tanto supone la imputación de un delito perseguible de oficio, condición necesaria para que se aprecie el delito de calumnias; y que, además, la citada frase “no responde a la verdad, al menos parcialmente”.

El tipo penal del cohecho como por cierto muy bien dice la Sentencia, configura un “delito de resultado cortado”, es decir, se consuma con la entrega o promesa de la dádiva por parte del corruptor, que lo hace con la intención de corromper, independientemente de que su propósito tenga éxito o no. Así, a partir de aquí, la Sentencia se centra en dilucidar si es verdad o no que el Pocero ofreció como dádiva un puesto de trabajo a los concejales en cuestión con la intención de moldear la voluntad de estos a favor de sus intereses.

Pues bien, en la página 19 de la Sentencia se lee, textualmente, que: “es verdad que dos concejales están contratados por ONDE-2000 SL, es relativamente cierto que otro concejal presta su trabajo para ONDE-2000 SL, pero mediante otra empresa contratada por ésta”. Sin embargo, el Ilmo Sr Magistrado-Juez, considera que “no es verdad que sus votos estén comprados”.

Esta es la base de la condena de Manuel Fuentes y sus compañeros y, por eso, en mi muy modesta pero indignada opinión, la sentencia resulta contradictoria y yerra gravemente. Como ya se ha dicho, la modalidad de cohecho en la que se puede subsumir la frase del artículo “El Mago del Ladrillo” configura un delito de resultado cortado. Por lo tanto, para que se comenta y, consecuentemente, para que no sea punible la imputación de su comisión, los concejales que reciben las dádivas, no tienen por qué haberse corrompido. Basta con que el Pocero haya hecho esas dádivas y que las haya hecho con el objeto de volver obedientes a sus intereses las voluntades de esos concejales.

No voy a entrar a dilucidar cuál era la voluntad del Pocero al dar trabajo a unos concejales de un Ayuntamiento que tenían un poder decisivo sobre la tramitación administrativa de su PAU y que, por eso, podían influir favorable o desfavorablemente en el éxito de su multimillonario negocio, pero el propio Magistrado D. Eduardo Luis Gonzáles del Campillo-Cruz afirma en su Sentencia que es cierto que esas relaciones laborales existen, es decir, que la dádiva existió.

Si los concejales, a pesar de eso, no torcieron la rectitud de sus actuaciones, la cuestión resulta irrelevante para la existencia o no del presunto cohecho cometido por el Pocero, porque ya hemos repetido que ese es un delito de resultado cortado, un tipo que adelanta las barreras penales al momento de la tentativa y si en el artículo del boletín de IU de Seseña se afirma que esos concejales estaban “comprados”, la supuesta “calumnia”, de no ser eso así, les afectaría a ellos, que no eran querellantes ni partes en el proceso, y no al Pocero, que sí está probado, según la sentencia, que les contrató laboralmente a unos o les favoreció económicamente a otros.

Ahora bien, incidiendo en su tesis, la Sentencia argumenta que los votos de los concejales Felipe Sancho Ricoy –a quien el PSOE de Madrid, no de Toledo, expulsó del partido al tiempo que disolvió la agrupación socialista de Seseña a causa de las intensas sospechas de corrupción que pesan sobre sus miembros– Catalina Murillo Rodríguez, Tomás García Félix y Cándido Mejía; no estaban comprados, porque Felipe Sancho siempre votó a favor de los proyectos del Pocero aún antes de entrar a su servicio y porque el resto de los aludidos o no habían hecho lo propio a fecha de publicación del artículo o porque la vinculación con el Pocero estaba establecida a través de un familiar directo o mediada por intereses urbanísticos.

En este punto la Sentencia olvida que la dádiva no tiene por qué ser coetánea a los hechos, ni ser para quien la recibe, sino que también puede ser para un tercero, y que igualmente basta, para consumar el delito, la promesa de ésta: El artículo 420 dice que “la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicite o reciba, por sí o por persona interpuesta, dádiva o promesa…”; el 421 ser refiere a “la dádiva solicitada, recibida o prometida” y el 423 CP dice que “los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos serán castigados…”.

Botadura del Clarena II, el nuevo Titanic del Pocero, que no llega a fin de mes porque da el dinero a los pobres

Por otra parte, que la voluntad de Felipe Sancho ya se hubiera manifestado a favor del Pocero antes de entrar a trabajar bajo sus órdenes, no quiere decir que las voluntades no sean mudables como plumas al viento y que el Pocero no se viera obligado a continuar cultivando de forma sostenida en el tiempo las buenas inclinaciones de Felipe Sancho y de otros hacia sus intereses.

En conclusión, que siendo verdad la vinculación laboral o económica de los concejales citados, por sí o por familiar interpuesto, con el éxito del negocio del Pocero; que siendo cierto o “relativamente cierto”, al decir de la Sentencia, que existe remuneración dineraria del Pocero a estos; y siendo más cierto aún que el delito de cohecho se consuma con dádiva entregada u ofrecida o con promesa de ésta, independientemente de que el propósito corruptor se vea coronado o no por el éxito; se me hace imposible entender –a salvo de que se den si se dan los elementos subjetivos del tipo– que la frase que ha llevado a la condena de Manuel Fuentes y de sus compañeros no esté sobradamente amparada por el derecho fundamental a la libertad de información.

Pero si esta sentencia en sí misma ya es preocupante, también tiene la virtud de hacer que el contexto en el que se produce adquiera tintes sobrecogedores. En Castilla-La Mancha las únicas autoridades públicas condenadas son Manuel Fuentes y los concejales de IU de Seseña.

Es decir, esa condena se produce en una comunidad autónoma en la que CCM ha financiado a la trama delictiva –uso la expresión del auto de imputación del Juzgado nº 5 de Marbella en el Caso Malaya y a él me remito– de Roca con no menos de 200 Millones de Euros y ha sido llevada a la quiebra, en muy buena parte, a causa de inversiones generosísimas hechas en los negocios de un ínfimo grupo de constructores pública y estrechamente vinculados a Bono y Barreda.

Esa condena se produce en la misma región en la que se ha descubierto a un presunto miembro de la mafia calabresa –Giovanni Piero Montaldo– vinculado, según la policía, al narcotráfico y al tráfico ilegal de armas, pagando más de 700.000 € al que fuera alcalde de Seseña cuando con una celeridad inaudita se aprobó el PAU del Pocero.

Esa condena se produce en un lugar en el que se ha documentado al Pocero haciendo trabajos en el hipódromo de José Bono, entonces presidente regional, sobre los cuales el mismo Pocero ha declarado que no se los pagó Bono, sino las empresas anunciantes del hipódromo, entre las que está IBERDROLA, la misma que había nombrado al citado “malayo” y presunto mafioso Giovanni Piero Montaldo como su apoderado en Marbella.

Esa Sentencia se dicta en la misma región en la que un tribunal consideró la forma en que el Pocero se hizo con el Quiñón como una “estafa procesal” y en la que la empresa utilizada para dicha adquisición, PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE, tuvo como primer administrador a un tal Luis Simarro Belmonte, implicado en la estafa multimillonaria –15.775.000 $– del caso KHEMA TRADING Ltd., embrollo del que salió bien parado con la ayuda de los buenos oficios del abogado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas.

Se dicta en una región donde la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de haber instado la acción judicial contra José Luis Martín, el anterior alcalde de Seseña ahora imputado por corrupción, no ha considerado oportuno llamar a declarar al Pocero, ni siquiera como testigo.

Se dicta en la misma región en la que se ha descubierto una finca –cuyo proyecto urbanístico había sido considerado por la propia Junta como “inviable”– adquirida por el “malayo” Pedro Román mediante un crédito de 30 Millones de € concedido por la CCM de Hernández Moltó y renovado in extremis días antes de la intervención de la Caja.

Se produce en la misma región donde otros casos, de menor repercusión mediática, pero no por ello menos significativos, como son los de Carranque, Chozas de Canales o el de la propia Diputación de Toledo, o bien están llevando una existencia vegetal en los Juzgados o bien se han considerado de tan “escaso contenido penal” que no han merecido la menor diligencia de investigación por parte de la Fiscalía.

Esto ocurre, en definitiva, en una región en la que ha tenido que ser un Juzgado de Marbella, el número 5, el que diera orden a la UDYCO para que investigara las actividades y vinculaciones de las tramas urbanísticas toledanas con la delincuencia del Caso Malaya.

Y en esta doliente región, en este “oasis” de la calamidad, es donde Manuel Fuentes y sus compañeros tienen el honor –y digo bien: el honor– de haber sido condenados por denunciar las actuaciones del Pocero, que dice no llegar a fin de mes porque le “da el dinero a los pobres”. No sé si esa será la explicación de porqué el ex alcalde de Seseña José Luis Martín antes era pobre y ahora es rico.

La trama vasco-malaya pagó, presuntamente, las clases de golf a la mujer de José Bono

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Según publica hoy “La Gaceta” Antonio Barrientos, ex alcalde de Estepona, hecho preso durante la Operación Astapa, el mismo al que José Bono atribuyó “bolsillos de cristal”, se encargó de proporcionar gratuitamente un coche oficial y un chofer a Ana Rodríguez Mosquera –cuya sobrina carnal fue parte del equipo de gobierno de Barrientos– esposa de Bono. También hizo las gestiones oportunas para que la señora Rodríguez Mosquera recibiera clases de golf en el campo “Valle Romano” a cargo, presuntamente, de sociedades de la trama vasco-malaya.

Tal y como consta en el sumario Astapa “en conversación mantenida entre Antonio Barrientos y Ana –esposa de Bono– Antonio le comenta que al final le van a dar clases de golf en el campo de Valle Romano; que cuando venga que le llame y que él manda a alguien a recogerla… Al día siguiente, Antonio realiza una llamada a uno de sus escoltas, a las 10:33;26 y le dice que vaya a buscar a Ana y que la lleve a Valle Romano, que una vez allí pregunte por Juan Carlos Piñero, que es profesor de golf y la está esperando”.

Los informes policiales que obran en el sumario continúan diciendo que “se tiene conocimiento de que a través de esta sociedad –J. C. PIÑERO SL, empresa del mencionado Piñero– numerosas personas del entorno del Ayuntamiento de Estepona, están recibiendo clases de golf. Esta mercantil recibe pagos del entorno de Valle Romano, por lo que se podría concluir que VALLE ROMANO podría estar financiando las clases de golf de todas estas personas”.

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La Trama Vasca en Estepona

Valle Romano es una promoción inmobiliaria de lujo que, en la actualidad, pertenece plenamente a la KUTXA, pero que desde su inicio estuvo directamente ligada con algunos de los cabecillas de la llamada Trama Vasca de la Operación Malaya, los cuales también fueron detenidos durante la Operación Astapa.

Uno de esos detenidos fue Luis Fernando Linares Torres, del despacho de abogados LINARES & KINKEL, el cual, como su propio nombre indica, comparte con Maria Eugenia Yeregui Kinkel, otra de las personas que habitualmente aparecen asociadas al “malayo” Javier Arteche Tarascón, a Luis María Maya Galarraga, a Aguirre Iguíñiz y a los demás miembros de la trama vasco-malaya.

Linares Torres fue consejero delegado de VALLE ROMANO hasta marzo de 2008, fecha en que la KUTXA, una vez destapada su asociación con estos individuos en Murcia –fincas de Lo Poyo y La Cerrichera– inició varios movimientos de aparente desvinculación de la “Trama Vasca”.

Por su parte, María Eugenia Yeregui Kinkel, que desempeñó el cargo de presidenta de VALLE ROMANO, también fue consejera de OBARINSA, sociedad investigada en la Operación Malaya y presidida por el imputado Francisco Javier Arteche Tarascón.

Según las investigaciones policiales que obran en el Sumario Astapa, las dádivas hechas a personas ligadas al Ayuntamiento de Estepona provenientes del entramado societario de “Luisfer” Linares Torres y de Eugenia Yeregui, eran habituales.

Así, por ejemplo, en el Tomo VI, pag 54 de las previas 1030/2007, es decir, del citado sumario se lee lo siguiente: “En relación a los regalos que Daniel, supuestamente en representación del entorno de Valle Romano (y mas concretamente del entramado societario ligado a Luis Fernando LINARES TORRES, Meyluna SL ( CIF B20859476), Linares and Kinkel SL(CIF B83071381), etc, está encargado de repartir y distribuir, se ha observado lo siguiente:

En llamada del 13.12.07 a las 18:05, Daniel conversa con José Ignacio SÁNCHEZ BARANDA, el cual ocupa diversos cargos en sociedades vinculadas a Luis Fernando LINARES TORRES, acerca de las personas del Ayuntamiento y en general de la vida Esteponera a las que se les va a hacer un ‘regalo navideño’.

Además de hacer un listado de los beneficiados comentan, supuestamente en relación a lo ‘buenas ó malas‘ que han sido esas personas, si este año los regalos van a ser al alza o la baja.

Es de suponer que los criterios utilizados para realizar esta ‘calificación’, estarán basados en lo proclives o reluctantes que hayan podido estar hacia los intereses empresariales de Valle Romano, las personas que aparecen en la lista”.

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La conexión toledana

De la presencia de la Trama Vasca en Toledo ya se ha hablado aquí detenidamente. En la localidad de Layos, en una finca propiedad del arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra, se ha desarrollado un ambicioso proyecto inmobiliario con el inevitable campo de golf. La sociedad responsable de este proyecto es la mercantil LAYOS CASA CAMPO en cuyo consejo de administración aparecen, entre otros, además de Miguel de Oriol e Ybarra y de su hijo, Miguel de Oriol e Icaza –el arquitecto que firmó el proyecto del campo de golf de Carranque a causa del cual el alcalde de esta localidad está imputado por varios delitos de corrupción– el mismísimo Javier Arteche Tarascón.

Pero también, como apoderado de esa sociedad, consta el nombre de Julio Rodríguez Arauzo, que además de haber sido Delegado Provincial Obras Públicas de Toledo durante los gobiernos de José Bono y bajo la correspondiente consejería ocupada primero por Emiliano García Paje y, después, por Alejandro Gil, ha trabajado o realizado funciones de representación para la contratista catalana COPCISA, empresa que junto a la constructora del aparejador –en excedencia ahora– del Ayuntamiento de Carranque, se alzó con la adjudicación del mantenimiento de las carreteras de Toledo por más de 27 millones de €.

Antonio Antúnez, ex alcalde de Chozas de Canales (Toledo) y su constructor adjunto, Felipe Barbarroja, imputados por corrupción

Citación como imputados a Antúnez, Martín y Barbarroja

Entre ayer y hoy se han producido dos nuevas redadas en los ayuntamientos de Castro de Rey (Lugo) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) que han acabado con sus respectivos alcaldes presos en compañía de nutridos grupos de presuntos cómplices, pero también esta semana ha saltado a la luz pública un nuevo caso de corrupción en Toledo.

El Juzgado de instrucción nº 5 de Illescas, en providencia dictada el día 20 de octubre del presente año, ha citado a declarar como imputados a Antonio Antúnez, a Tomás Martín Bargueño y a Felipe Barbarroja.

El primero es quien fuera alcalde de la localidad –de obediencia bonista– durante 24 años hasta que resultó condenado a inhabilitación tras una denuncia en la que se le acusaba de prevaricador. El segundo, que atiende al nombre de Tomás Martín Bargueño, fue el teniente de alcalde y tesorero del Ayuntamiento durante la etapa de Antúnez y el tercero, el de apellido de bucanero, es el constructor de referencia en la localidad desde finales de los años 90.

El caso de Chozas ha sido objeto, esta semana, de un amplio reportaje en la revista Interviú. Según la revista, la situación de las urbanizaciones del lugar, todas obra de Barbarroja, es de ruina manifiesta y, en conjunto, la acumulación de “irregularidades” conforma un escenario de presunta estafa inmobiliaria desplegada con la complicidad, consentimiento o beneplácito del ex alcalde Antúnez.

Según Interviú, “el regidor estuvo a punto de llegar a las manos con el abogado de un vecino que denunció la tramitación de uno de los PAUs. Como represalia, el entonces alcalde ordenó en el ayuntamiento que no se admitiera ningún escrito de dicho letrado” por lo que fue condenado por un delito de prevaricación a causa de lo cual fue inhabilitado para el ejercicio de cargo público en vísperas de las elecciones de 2007.

El actual alcalde, Julián Aguado, a quien le quemaron el coche aparcado a la puerta de su casa poco después de ganar las elecciones, ya presentó denuncia por delitos urbanísticos ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo, la cual fue inadmitida posiblemente ante el “escaso contenido penal” de los hechos denunciados. No obstante, esos mismos hechos, al igual que ocurrió con el caso del campo de golf de Carranque, han motivado la apertura de diligencias previas en los Juzgados de Illescas y la imputación por presuntos delitos de corrupción urbanística a los citados Antonio Antúnez, Tomás Martín y Felipe Barbarroja.

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Interviú

La Pulcra Podredumbre

Página del sumario Gürtel

El goteo no cesa y, aún así, es insuficiente pues tiene que llover, digo más, tienen que abrirse los cielos y diluviar para que la vida pública española deje de despedir el hedor que ahora despide. En la casta política española se han alcanzado tales niveles de putrefacción, se ha producido tan nauseabunda gusanera, que se diría que la situación ya es irreversible y no sólo de “corrupción endémica” como sentenció el Parlamento Europeo al aprobar el Informe Auken.

El último caso, el del pueblo almeriense del Ejido, ya no es más que otro incidente en la rutina habitual. Otro caso más en el que los mismos mecanismos que en Malaya, Gúrtel, Ninette, Jade-Limusina, Totem, Astapa, que en el caso de la presidenta del parlamento balear, en el del ex presidente del mismo gobierno regional, en el del Palau de la Música Catalana… se han estado desplegando durante lustros a la vista y paciencia de todos, esperando que un juez con dignidad y el valor suficiente como para arriesgar en el envite su carrera, tomara la decisión de intervenir comunicaciones, ordenar registros y, en consecuencia, llevar presas a unas cuantas alimañas.

Y aún así el Estado de Derecho fracasa y se muestra como un alfeñique penoso, porque esta miasma, esta gusanera, esta descomposición escatológica, tiene la cualidad de la pulcritud. Alrededor de los secuaces locales, bohemios del despojo y la usurpación, bestias de vientre dos veces insaciable, pingajos fungibles venidos a mejor fortuna con el rapto de lo ajeno; siempre gravita la “Pulcra Podredumbre”.

Los serviles y desechables, los que despuntan en este ayuntamiento, en aquella diputación, en no sé qué mancomunidad, en esta o en la otra entidad pública, trabajan siempre para causas de mayor calado. Financian a sus partidos, garantizan los votos a sus jefes, infectan la res publica de devoción lacayuna, garantizan la madeja de adjudicaciones públicas a corporaciones que de temblar harían resquebrajarse los cimientos económicos del Estado y, a cambio, no sólo obtienen su parte en el botín, sino la protección de unos elementos que han descubierto que el poder les nutre generosamente de alpaca, tafilete y corbatas de seda con nudo windsord que no deshacen cuando se las quitan porque serían incapaces de volverlas a anudar igual.

La Pulcra Podredumbre legisla, por eso la Ley es magra y endeble contra la putrefacción. La Pulcra Podredumbre integra el círculo de fuerzas vivas de la nación y no sólo altera el poder de los jueces, sino que a fuerza de adulaciones y lisonjas de especie diversa, traban entrañables amistades en los Tribunales Superiores, de forma que si llega el caso, quienes juzgan y ejecutan sentencias tengan que elegir entre hacer violencia a un amigo mandándolo preso o hacérsela a sí mismos dando carpetazo a la causa.

Y si todo eso falla, la Pulcra Podredumbre tiene medios y botín suficiente como para poner a su servicio a las más distinguidas firmas de leguleyos, mercenarios virtuosos en el arte de enredar y dilatar los procedimientos hasta que mueren de senectud; y si aún así, también esto fracasa, a la Pulcra Podredumbre todavía le queda el silencio del sicario prescindible.

Ninguno de ellos ha “cantado”, ninguno “ha tirado de la manta”, todos han guardado reverencial discreción porque en caso contrario se incriminan más y porque saben que cuando se vuelvan a abrir las puertas de la ergástula, más temprano que tarde, los despojos de sus saqueos o la mayor parte de estos, les estarán esperando en alguna zahúrda financiera de la Isla de Man, de Gibraltar o de las Antillas Holandesas.

Sólo la judicatura resiste ya a esta embestida, débilmente, pero resiste. La sociedad civil hace tiempo que se disolvió en el cinismo y en el gusto por la limosna. Por no quitar, la corrupción no quita ni votos.

El Ayuntamiento de Ugena (Toledo) rechaza por “abusivo” y “confiscatorio” un PAU de PEYBER. Pretendían apropiarse el 75% del suelo edificable

De izquierda a derecha, Jesús Mª G. Peinado "vicepresidente" de Peyber, el entonces ministro Jordi Sevilla y Ricardo D. Bermejo "consejero delegado" de Peyber

Aunque resulte insólito e incalificable, así queda acreditado en el oportuno expediente administrativo. En su propio pueblo natal, Ugena, los hermanos Díaz Bermejo ―más conocidos en ese lugar como “los Abubillos”― y su socio el aparejador municipal de Carranque ―pueblo vecino― imputado por el caso del campo de golf de esta última localidad; pretendían apoderarse, a través de la mercantil PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL, del 75% del aprovechamiento privativo del PAU que presentaron sobre el llamado “Paraje de Diana”, dejando un 25% a los propietarios afectados.

Esta pretensión inicial se vio relativamente morigerada ante la resistencia del Ayuntamiento, de los agricultores afectados y ante los informes de los servicios jurídicos de la Corporación, cuando el día 14 de septiembre de 2009 mediante fax y fuera de los horarios de oficina, PEYBER hizo una nueva propuesta reduciendo la “retribución al urbanizador” del 75% al 60% del aprovechamiento patrimonializable del PAU, es decir, del suelo que les queda a los afectados una vez deducido el correspondiente al Ayuntamiento por participación en plusvalías, el suelo dotacional, viales, zonas verdes, etc. No obstante, también modificaban al alza los gastos globales de urbanización.

Tras este fax, el Ayuntamiento de Ugena, según dictamen de la asesoría urbanística, consideró que la constructora había hecho caso omiso de los reiterados requerimientos que se le hicieron para que subsanara la documentación presentada, razón por la cual el equipo de gobierno municipal propuso al Pleno celebrado el 17 de septiembre del mismo año, la aprobación del acuerdo cuyo texto se puede descargar íntegro desde aquí y que en su parte más significativa dice los siguiente:

Ayuntamiento de Ugena. Acuerdo de reprobación del PAU de Peyber

«De acuerdo con las facultades previstas en el art. 122,4 del TRLOTAU, Rechazar el PAU rústico del Paraje de Diana presentado por la comercial PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL por no haberse atendido, en tiempo, a la subsanación de la documentación según lo requerido por la J.G.L de fecha 21 -07-09 y muy especialmente la falta de aquilatación de la oferta jurídico económica, en el modo de retribución al agente urbanizador, por entender abusiva la misma y que atenta contra el derecho de propiedad de los interesados, por entender que son confiscatorios al asignar un porcentaje de cesión de aprovechamiento urbanístico a favor del agente urbanizador del 75% (ahora 60) por el susceptible de apropiación, resultando para los propietarios el 25% (ahora 40) restante. Por no haber tenido en cuenta los posibles coeficientes de homogeneización para los diferentes usos y tipologías edificatorias, como dispone el TRLOTAU a la hora de calcular el aprovechamiento tipo. Por no haber tenido en cuenta en la proposición jurídico económica la totalidad de los gastos de urbanización (una estimación de los gastos de conexión a las redes y la suplementación de las mismas, como la EDAR) como disponen los artículos 110 y 115 del TRLOTAU, lo que supone una falta de seguridad jurídica para los propietarios del suelo»

Esta propuesta de la Alcaldía fue aprobada con 10 votos a favor, 6 del grupo Popular y 4 del grupo Socialista, y una abstención; unanimidad que da idea de hasta qué punto la pretensión de “Los Abubillos” y de su socio carranqueño superaba ―a juicio de los miembros de la Corporación y de sus servicios jurídicos― lo tolerable y se adentraba en los terrenos de la usurpación o, si se quiere, de la confiscación contraria a Derecho.

La aprobación del acuerdo debió producir cierta perplejidad en los Díaz Bermejo, acostumbrados como están a que las cosas en Toledo discurran por raíles muy bien engrasados y, sobre todo, porque había sido el propio Ayuntamiento de Ugena el que se había dirigido a PEYBER para pedirles la presentación del PAU.

Pero a la vista está que Ugena no es Carranque y que en Ugena, pueblo situado a escaso kilómetro y medio de Carranque, el Estado de Derecho, tambaleándose o no, resiste mejor a la marejada ladrillesca, cosa que también digo en favor de los concejales del PSOE de la localidad, los cuales sospecho que habrán sido víctimas de no pocas ni débiles “sugerencias”.

“Seseña, Seseña; que bien tu nombre suena”

No voy a escribir nada ahora sobre esta torcedura de la ley, de su letra y de su espíritu, que significa ver a Manuel Fuentes como acusado y al Pocero como acusador. La escena me repugna demasiado, pero hoy Seseña sí ha sido “rompeolas de todas las Españas”.

No diré, tampoco, de qué sustancia es la marejada que rompe en ese espigón.

Crnnica del juicio celebrado hoy en Toledo contra Manuel Fuentes, Alcalde de Seseña

Ana Guarinos exige que se investiguen con el mismo rigor que Gürtel, los casos de presunta corrupción de Carranque, Seseña y CCM

El pasado día 8 el informativo regional del canal 1 de Televisión Española se hacía eco de unas declaraciones en las que Ana Guarinos exigía que se investigaran con rigor los casos de presunta corrupción en Carranque, Illescas, Seseña, todas localidades de Toledo, así como los hechos que llevaron a la quiebra de Caja Castilla-La Mancha.

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Previamente, Jesús Gregorio Fernández Vaquero, se había apresurado, tras el levantamiento del secreto del sumario, a afirmar que “ocho folios del sumario Gürtel se han escrito en Castilla-La Mancha”. No es cierto, hay más folios en el sumario Gürtel ―al que ha tenido acceso Notitia Criminis― que afectan a Toledo, aunque como se irá viendo, no en el sentido que más le gustaría al «bonismo» manchego.

De todas formas, lo que parece poco discutible es que Fernández Vaquero no era el hombre más adecuado para dar inicio a las hostilidades y eso que quedó claro cuando el PP toledano emitió un comunicado en el que «se mostró sorprendido en concreto de la “desvergüenza” del vicesecretario provincial del PSOE, Jesús Fernández Vaquero, que ―en su opinión― antes de hablar “debería mirarse en el espejo, porque todavía la sociedad se pregunta que ocurrió en el escándalo urbanístico de Seseña, donde su papel fue esencial”»

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El otro caso de corrupción o de presunta corrupción al que se refería Ana Guarinos es el de Carranque (Toledo) el cual sigue su curso en los colapsados juzgados de Illescas. Los hechos que han acabado con el alcalde de Carranque, Alejandro Pompa Mingo, con varios concejales de su equipo de gobierno y con el que ahora se titula pomposamente «vicepresidente» del Grupo PEYBER, el aparejador municipal honorario del Ayuntamiento, Jesús María G. Peinado; imputados por diversos delitos de corrupción, comenzó a salir a la luz a principios de 2007 con una denuncia relativa a la permuta de un terreno entre el Ayuntamiento y una empresa del auxiliar administrativo de la Corporación y “amigo íntimo” del alcalde Pompa, Ernesto Rodríguez Cubas.

Sin embargo, la situación alcanzó una dimensión superior cuando a mediados de marzo de 2007 IU de Toledo convocó un rueda de prensa en la que hizo pública su intención de denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción, una trama urbanística que afectaba a la Diputación de Toledo, a los Ayuntamientos de Carranque e Illescas y al grupo inmobiliario PEYBER.

Los hechos más relevantes que se incluían en esa denuncia ―cuyo texto se puede descargar desde aquí ― eran los relativos a la concesión del PAU del campo de golf de Carranque a una empresa formada por PEYBER y por CCM; a la concesión a PEYBER de la construcción de una casa de la cultura en Carranque cuyo presupuesto inicial de 3.594.900 €, se aumentó luego ―según estimación de los denunciantes, en contra de los límites legales y sin licitación pública― en 1.577.129,49€; a la participación en estos hechos de Ernesto Rodríguez Cubas, “funcionario de confianza” y, como afirmó en documento oficial el Secretario del Ayuntamiento, “amigo íntimo” del alcalde Pompa; y a la adjudicación hecha por la Diputación de Toledo de una contrata superior a los 27 Millones de € a CONCESIONARIA BERVIA, una empresa formada por COPCISA y por los propietarios de PEYBER, socios del hijo del presidente de esa Diputación, José Manuel Tofiño Pérez.

La denuncia, presentada la semana siguiente a la celebración de la citada rueda de prensa, fue archivada con una considerable celeridad. El día 10 de mayo de 2007, es decir poco más de un mes después de su presentación, la Fiscalía de Toledo hacía pública una escueta nota ―que se puede descargar desde aquí― dando por cerrado el caso.

Según el mencionado escrito, la denuncia se archivaba porque contenía “imputaciones poco concretas y de escaso contenido penal”, lo cual es una afirmación que no puede dejar de sorprender ya que lo que se pedía a la Fiscalía era la investigación de unos hechos que ella misma reconocía que tenían “contenido penal”, fuera este abundante o escaso, y aunque fuera cierto que ese contenido penal era “escaso” a priori, tras la investigación ―que nunca se hizo― éste bien podría haber llegado a ser abundante o incluso, muy abundante.

Nota de la Fiscalía de Toledo

La denuncia no tenía por qué aportar pruebas de cargo suficientes para fundamentar una condena ―porque la Fiscalía no sentencia, sólo investiga y en su caso, acusa― sino indicios de posibles delitos y eso sí que lo hacía como reconoce el propio escrito del Fiscal al asumir que los hechos denunciados tenían “contenido penal”, aunque inicialmente éste pudiera parecer “escaso”.

En el punto 4º del escrito también se hace referencia a las “supuestas incompatibilidades de antiguos funcionarios del Ayuntamiento de Carranque”, las cuales no se investigaron porque éstas “yan han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía y del Juzgado de instrucción nº 2 de Illescas (previas 2094/2006 en las que este Mº Fiscal recurrió el Auto de inadmisión de la querella).

Esto es absolutamente cierto, pero en este punto la Fiscalía olvidaba que la participación presuntamente delictiva de esos funcionarios denunciada por IU se refería a hechos distintos e incluso a sujetos distintos a los incluidos en las diligencias que instruía el Juzgado nº 2 de Illescas.

Ese Juzgado veía y ve la causa relativa a la permuta de unas parcelas entre el Ayuntamiento de Carranque y una de las empresas de su funcionario Ernesto Rodríguez Cubas. Por el contrario, en la denuncia de IU se incluía a Ernesto Rodríguez Cubas por su participación en los presuntos delitos cometidos durante la tramitación y adjudicación del PAU del campo de golf de Carranque y, además, a Jesús María Gallego Peinado, aparejador municipal del Ayuntamiento y socio de PEYBER, adjudicataria junto a CCM del citado PAU, que nada tenía que ver con las diligencias instruidas en el Juzgado nº 2 de Illescas.

En el punto 5 de la nota de la Fiscalía y refiriéndose a la relación entre el presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño Pérez con BERVIA, la empresa a la que esta Diputación adjudicó un contrato de más de 27 Millones de €, se dice que “ni se ofrecen datos concretos de conductas ilícitas, ni de porqué se debe relacionar el hijo del Sr. Tofiño con la empresa concesionaria”.

El País, 17 de marzo de 2007

Sin embargo, en la denuncia de IU quedaba sobradamente documentado y acreditado que la Diputación que preside José Manuel Tofiño Pérez había adjudicado un contrato de más de 27 Millones de € a una empresa ―CONCESIONARIA BERVIA― propiedad de los socios de su hijo, el joven con los estudios recién acabados entonces, José Manuel Tofiño Arrogante.

En este hecho, no cuestionable porque como he dicho está acreditado por los boletines oficiales y por el Registro mercantil, la Fiscalía no consiguió ver ninguna relación entre la concesionaria y el presidente de la institución concedente, pues a su parecer un hijo no es eslabón lo bastante sólido como para relacionar ambos extremos.

Posiblemente, por ese mismo motivo, consideró que no se especificaba ninguna conducta presuntamente delictiva, pero lo cierto es que los dueños del Grupo PEYBER crearon, coincidiendo en el tiempo con la tramitación de la contrata que luego les fue adjudicada a través de una de sus personalidades jurídicas; la mercantil SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS, en la que estos participaban con un 50% y el hijo del Presidente Tofiño, con un 40%.

A juicio de los denunciantes ―y al mio también― estos datos eran intensamente sospechosos y podían constituir un delito de tráfico de influencias, pues qué duda cabe de que un hijo tiene una poderosa influencia sobre un padre y viceversa, pero también debían ser investigados porque podrían ser constitutivos de otro delito de cohecho ya que el hijo del Presidente Tofiño se asocia, nada más acabar sus estudios de arquitectura, a un grupo inmobiliario consolidado ―PEYBER― y eso bien podría ser una dádiva en especie aún en el caso de que la mercantil SISTEMAS etc. no hubiera llegado a tener actividad como aseguraban sus socios y el propio Tofiño, pues en sí mismo representa una enorme ventaja que además constituye un concepto contable al que en los balances se le asigna valor monetario: el llamado “fondo de comercio”.

Por otro lado, en el punto 6º de la Nota de la Fiscalía se lee que “en cuanto a supuestas irregularidades administrativas” se considera que éstas no han superado la frontera que separa la jurisdicción Contencioso-Administrativa de la Penal ya que el delito de prevaricación “exige no una mera infracción, sino una actuación de voluntad consciente de menospreciar la Ley a costa de cualquier propósito”.

Así, por ejemplo, el Fiscal no apreció voluntad consciente de menospreciar la Ley cuando el Alcalde Pompa, consciente de lo que decía y advertido de la ilicitud por el Secretario del Ayuntamiento, respondió a la denuncia de la situación de incompatibilidad del funcionario Ernesto Rodríguez Cubas hecha en el Pleno del Ayuntamiento, diciendo que éste “fuera de las horas de trabajo podía hacer lo que quisiera”.

Tampoco se percibió voluntad consciente de menospreciar la Ley en el acto de apertura de plicas del PAU del campo de golf de Carranque, a pesar de que esa ilicitud había sido advertida formalmente al alcalde por el Secretario del Ayuntamiento y denunciada por la oposición; ni en la falta de notificación a propietarios afectados; ni en el hecho de que la operación se enmascarara mediante una sociedad con nombre equívoco ―AGRICOLA SAGRA-MANCHEGA― y objeto social falso ―el de las actividades agrícolas― cuando consta documentalmente que tanto el alcalde como los concesionarios del PAU tenían ciencia sobrada de cuál era el destino de ese suelo y la finalidad de esa mercantil.

El "dimitido" director del CNI, Bono y García Paje

Tampoco se consideraron hechos dignos de ser investigados el enriquecimiento inexplicable del funcionario Rodríguez Cubas que con un sueldo de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Carranque, consiguió acumular en las seis sociedades que constaban a su nombre no menos de 65 propiedades inmuebles ―la lista se puede descargar desde aquí― que juntas sumaban más de 43.000 m², en su práctica totalidad de suelo ya urbanizado; ni en el no menos sorprendente enriquecimiento del actual “vicepresidente” del Grupo PEYBER, que con la nómina de “aparejador municipal honorario” del citado Ayuntamiento ha llegado a convertirse en el propietario de PEYBER en pie de igualdad con los otros dueños, los Díaz Bermejo.

En ninguna de estas cosas ni de las demás mencionadas en la denuncia, se percibió voluntad consciente de menospreciar la Ley o indicio alguno de delito, pero todas ellas tenían una virtud común: siempre, la “irregularidad” administrativa favorecía manifiestamente a la empresa del aparejador municipal, “íntimo amigo” de Pompa, al funcionario Rodríguez Cubas, también amigo íntimo de Pompa, y a CCM.

Por esto, desde aquí sólo puedo sumarme a la exigencia de Ana Guarinos, aunque ésta llegue tarde, de que la Fiscalía despliegue en Castilla-La Mancha el mismo celo investigador que en el caso Gürtel, más cuanto que hay que recordar que la operación Gürtel comenzó a partir de unos hechos de relevancia no muy distinta a los de Carranque o Illescas.

Pero es que además, desde que IU presentó su denuncia, lo que se ha conocido de la provincia de Toledo es realmente preocupante: tenemos aquí a los principales protagonistas de la operación Malaya (caso de la finca de Bargas); tenemos al malayo Javier Arteche (caso del campo de golf de Layos); sabemos que CCM financió con no menos de 200 Millones de € a la organización criminal de Roca; sabemos que al menos dos altos cargos de los gobiernos de Bono (Juan Tomás Vidal y Julio Rodríguez Arauzo) aparecen relacionados con presuntos delincuentes imputados en el caso Malaya, el primero además, en representación de CCM; sabemos que un imputado en la operación Malaya y presunto miembro de la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más pujantes en el continente europeo, pagó más de 700.000 € al ex alcalde de Seseña que aprobó el PAU del Pocero; sabemos que varios de los socios de CCM, que a su vez son sus mayores deudores y no poco responsables de su quiebra, están imputados a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla; sabemos que la empresa adjudicataria de la redacción del POM de Illescas, domiciliada en una barriada chabolista de esa localidad, está relacionada con CCF-21, la empresa de los “malayos” Carlos Sánchez y Andrés Lietor…

Sabemos, en definitiva, demasiadas cosas y todas ellas escalofriantes, pero lo que no sabemos es de ninguna iniciativa de la Fiscalía en Castilla-La Mancha, que impulse la investigación de hechos tan preocupantes como estos. Es más, ha tenido que ser el Juzgado de instrucción nº 5 de Marbella, el que instruye las diligencias del caso Malaya, el que diera orden a la UDYCO para que investigara las conexiones de las tramas castellano-manchegas con la corrupción marbellí.

No obstante, puede que me equivoque, puede que esa investigación sí exista y se esté desarrollando con la discreción que la gravedad del caso requiere. Espero que sea así, porque ya es imprescindible para la salud de la cosa pública descubrir qué hay bajo la sonriente realidad oficial de Castilla-La Mancha.

La trama valenciana del caso Gürtel salpica a Peyber y a Aurelio González Villarejo

Jesús Mª G. Peinado, socio de PEYBER y aparejador del Ayuntamiento de Carranque

Las últimas noticias que se han hecho públicas en relación con empresas implicadas en las presuntas tramas de corrupción y sobornos de Francisco Correa y Alvaro Pérez “El Bigotes” en Valencia, destapan la cercanía de PEYBER y González Villarejo con los protagonistas de estos hechos. Tanto PEYBER, la empresa del aparejador municipal (en excedencia) de Carranque (Toledo) como el constructor Aurelio González Villarejo, amigo personal de Bono y Barreda, uno de los principales deudores de CAJA CASTILLA-LA MANCHA y parte en el fiasco del aeropuerto de Ciudad Real, así como protagonista destacado en el desastre de INMOBILIARIA COLONIAL, llevada a la quiebra por Luis Portillo; mantienen una estrecha asociación con SEDESA y con ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS.

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Peyber y la trama de Alvaro Pérez “El Bigotes” en Valencia.

El pasado día 25 de septiembre, El Mundo titulaba: «El PP de Valencia montó su “Filesa”», por su parte, el 22 de septiembre El País habría su primera página con este otro titular: «Seis constructoras financiaron al PP valenciano a través de la red “Gürtel”». La información procedía de un dossier elaborado por la Brigada de Blanqueo de la policía judicial. En el se analizaban conversaciones grabadas a los imputados y una extensa documentación intervenida en los distintos registros.

El funcionamiento de la trama, según el citado informe, era el rutinario en estos casos. Dicho de forma esquemática: órganos del PP valenciano contrataban diversos servicios con ORANGE MARKET, la empresa del ahora preso Francisco Correa y gestionada por su hombre en la región, Alvaro Pérez “El Bigotes”. Los gastos ocasionados por tales servicios eran, luego, compensados con adjudicaciones dadas por el Gobierno regional o por órganos dependientes de ese Gobierno. En otros casos, la empresa de “El Bigotes”, y esto es lo que ahora más interesa, giraba las facturas de los contratos hechos con el PP regional a varias empresas constructoras que, a su vez, veían compensada su generosidad mediante adjudicaciones públicas. Es decir, que el dinero, en realidad y última instancia, de donde salía no era de las constructoras, sino de las arcas públicas, lo cual es relevante a efectos penales, pero en cualquier caso veamos qué constructoras eran esas: SEDESA, presidida por Vicente Cotino Escrivá; LUBASA, propiedad de Luis Batalla Romero; ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, perteneciente a Enrique Ortiz Selfa; FACSA, de Enrique Gimeno Escrivá; y PIAF, de Antonio Pons Dols.

La constructora SEDESA, como acabo de decir, es propiedad de Vicente Cotino, el sobrino de Juan Cotino que fue vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, pero eso no quiere decir que sólo haga jugosos negocios en Valencia. También los hace en Castilla-La Mancha y, más en concreto, en Guadalajara, donde en unión temporal de empresas ha resultado agraciada con la adjudicación de una contrata de 27.134.466,59 € licitada por la Diputación Provincial, para el mantenimiento y reparación de las carreteras de la Zona 2 de la provincia. Dicha UTE está formada por PYEBER HISPANIA SL; por SEDESA, por TECNIVIAL; por ASFALTOS VICÁLVARO; y por CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES Y ACABADOS SA.

Se da la circunstancia de que este proyecto o esta privatización del mantenimiento de las carreteras provinciales, prácticamente idéntico incluso en su precio, al impulsado por José Manuel Tofiño en Toledo ―donde también resultó adjudicataria una UTE formada por COPCISA y PEYBER, luego denominada CONCESIONARIA BERVIA, cuyos dueños a su vez habían creado una sociedad con el hijo de Tofiño― se inició bajo la competencia del Diputado Delegado de Vías y Carreteras de Guadalajara, y alcalde de Almoguera, un tal Luis Padrino, al que ya conocemos aquí.

Este sujeto fue suspendido de militancia por el PSOE de Castilla-La Mancha, después de que se le grabara con una cámara oculta haciendo de “agente inmobiliario” del “malayo” Emilio Rodríguez Bugallo.

El tal Luis Padrino pretendió venderle a la periodista que publicó el reportaje una finca del citado Rodríguez Bugallo situada en su pueblo, Almoguera, con las correspondientes promesas de recalificaciones, suministros de aguas y la gestión de compra de terrenos adyacentes mediante engaños a sus propietarios.

Al margen de que en esa finca se ocultaba al menos un caballo de la yeguada de Juan Antonio Roca, se da la notable coincidencia ―más notable si cabe después de las ultimas informaciones― de que Emilio Rodríguez Bugallo, ya fallecido, era el padre de Carmen Rodríguez Quijano, la señora esposa de Francisco Correa, esto es, del que dicen ser el cabecilla de la trama Gürtel.

Por otro lado, PEYBER la constructora del “amigo íntimo” del alcalde de Carranque, Alejandro Pompa ―a decir del propio secretario de ese ayuntamiento― tampoco anda muy lejos de la empresa de Luis Batalla. LUBASA, además de en Valencia, ha hecho negocios en Madrid junto a la ahora quebrada SEOP DE OBRAS Y SERVICIOS propiedad del cántabro Javier Montalvo, es decir, la empresa de Luis Batalla formó una UTE con SEOP DE OBRAS Y SERVICIOS constituida el 15 de diciembre de 2004 y domiciliada en la C/ Bausa, 13 ―Edificio Silver Eagle, 15―, por cierto, al lado de las oficinas de VEMUSA, la mercantil del “malayo” Enrique Ventero.

Por su parte PEYBER también tiene una UTE con SEOP, que concierne al negocio de los desperdicios en el que PEYBER entró con la escombrera de Pantoja (Toledo) y con la fracasada escombrera de Villaverde. Mediante esta UTE, las constructoras SEOP y PEYBER HISPÁNICA explotan una planta de tratamiento de basuras bautizada pomposamente como Centro de Clasificación y Transferencia de RCD de Moralzarzal, en la localidad madrileña del mismo nombre, claro está.

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La estrecha vinculación de SEDESA a la trama corrupta de El Bigotes.

Las informaciones que se suceden, casi torrencialmente, en los últimos días están poniendo de manifiesto el hecho de que, entre ORANGE MARKET ―la empresa de Correa regentada por Pérez “El Bigotes” en Valencia― y SEDESA, existía una relación estructural más allá de puntuales pagos.

Según publicaba El Mundo el pasado día 29, el Grupo SEDESA ―que como ya se ha dicho, tiene como socio al sobrino del Vicepresidente del Gobierno valenciano― intentó comprar EASY CONCEPT, corazón de la trama Gürtel. Para ello, Vicente Cotino en representación de SEDESA, entró en conversaciones con El Bigotes. Sin embargo, los implicados llegaron a la conclusión de que “lo mejor sería indicar a Cotino que creara una empresa totalmente nueva” ya que tenían la sospecha de que EASY CONCEPT estaba siendo seguida de cerca por la Agencia Tributaria.

El Mundo añade que, “entre los años 2007 y 2009, las distintas empresas ligadas a la familia Cotino, fueron beneficiarias de numerosos contratos públicos en la Comunidad Valenciana. En total el Grupo SEDESA consiguió adjudicaciones por más de 500 Millones de €”.

Naturalmente, que en el caso Gürtel exista documentación, conversaciones grabadas y, en definitiva, un profuso material probatorio que induce a la muy viva sospecha de que en el funcionamiento de SEDESA, el soborno, el tráfico de influencias, la financiación ilegal del partido político en el Gobierno y la adjudicación directa o mediante licitaciones amañadas de contratos públicos, eran prácticas conocidas; no quiere decir que en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Castilla-La Mancha, el funcionamiento de las empresas de Vicente Cotino sea igual de sospechoso, pero tampoco, el mero cambio de contexto geográfico, prueba lo contrario.

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Enrique Ortiz Selfa y Aurelio González Villarejo

Otra de las empresas que según la policía habría participado de pleno en la trama de corrupción valenciana es ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, propiedad de Enrique Ortiz Selfa. Así, por ejemplo, según el diario Público, “varios correos electrónicos intervenidos por la Policía a Orange Market… constatan que la trama Gürtel falsificó facturas en beneficio de la formación conservadora… en uno de esos correos un empleado de Orange Market se dirige a un subordinado de José Ramón Blanco Balín, blanqueador de la red corrupta, y le da instrucciones sobre dos facturas. Tras especificar el número de cada una de ellas y el importe superior a 30.000 euros en un caso y a 80.000 en el otro, le comunica que ambas deben ponerse a nombre de la empresa Ortiz e Hijos”.

Pues teniendo esto en cuenta, resulta que de algunos de los negocios que este importante constructor valenciano mantenía con el no menos importante constructor conquense Aurelio González Villarejo, dueño del GRUPO G.V., ya hablamos aquí hace tiempo y bastante antes de que el caso Gürtel saliera a la luz. De tales negocios, los que más notoriedad pública han alcanzado son los relacionados con el Plan Rabasa y con el caso de los aparcamientos de Alicante.

En cuanto al Plan Rabasa (15.000 viviendas sobre un suelo de 4,2 millones de m²) El País del día 30 de marzo de 2008 titulaba: “Un dictamen concluye que Alperi ―el alcalde de Alicante en esas fechas― benefició al promotor Ortiz al modificar el plan Rabasa”. En ese dictamen se decía que “la mercantil seleccionada ―VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO SL― ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia… El propio ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor”.

Es decir, con la modificación introducida por Alperi, que según algunos departamentos administrativos del propio ayuntamiento producían cambios económicos sustanciales, la empresa de Ortiz Selfa podía obtener, con un porcentaje de permuta del 53%, suelo destinado a renta libre al precio de suelo para vivienda protegida, por lo tanto, mucho más barato.

Lo que ocurre es que Enrique Ortiz Selfa no era el único que se beneficiaba de estos favorables cambios introducidos por el alcalde Alperi. Si bien es cierto que el administrador único de VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO es el propio Enrique Ortiz, en esa sociedad hay más accionistas. Además están Aurelio González Villarejo, la CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO ―la misma que financió al Pocero en Seseña― y SACYR-VALLEHERMOSO ―como se ha visto aquí, estrechamente asociada con los “malayos” Roca y Pedro Román― además de algún otro socio minoritario.

El otro de los asuntos de Ortiz Selfa que salpicó a Aurelio González Villarejo ―el propietario de URBAPLANING a través de la cual el constructor está presente en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas y en los PAUs de “Las Montanillas” en Carranque (Toledo)― fue el del “Caso de los Aparcamientos” a causa del cual fue llamado a declarar ante los Juzgados de Alicante.

La Fiscalía Anticorrupción denunció al entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, a la concejal Sonia Castedo, que ahora ocupa la alcaldía, y a Enrique Ortiz Selfa, entre otros. Los hechos se remontaban al pleno del Ayuntamiento de Alicante del día 17 de enero de 2003. En esa fecha se adjudicó a ORTIZ E HIJOS SA, único licitador, un contrato de construcción y explotación de tres aparcamientos en la ciudad. Inmediatamente después de conseguida la adjudicación, la empresa de Ortiz Selfa presentó una solicitud de modificación, por circunstancias imprevistas, que suponía un incremento del precio de licitación de 3.341.291 €.

Los técnicos competentes del Ayuntamiento, así como el jefe del Servicio de economía y Hacienda y el de Contratación y Patrimonio rechazaron estos cambios. Ante esta situación ―o coincidiendo con ella en el tiempo― Díaz Alperi firmó un decreto de alcaldía, de fecha 14 de enero de 2004 por el que sustituía en la dirección del contrato a los ingenieros de Urbanismo, nombrando en su lugar al Jefe del Departamento Técnico de Tráfico, el también denunciado Antonio Escobedo.

Según consta en la denuncia elevada por la Fiscalía, Antonio Escobedo “en cumplimiento de instrucciones verbales” de su concejal, Luis Concepción, autorizó el 28 de febrero de 2005 el sobrecoste de más de tres millones de Euros, citado antes.

Simultáneamente a estos hechos, se descubrió que los tres hijos de Alperi estaban ocupando sendas viviendas en la urbanización de Playa de San Juan, que eran propiedad de la constructora VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO.

El constructor Ortiz, en el marco de las actuaciones judiciales por el caso de los aparcamientos, declaró que tales viviendas las había cedido a su socio Aurelio González Villarejo y que éste habría hecho con ellas lo que le conviniera.

Los detalles de estas circunstancias, publicada en el diario Información por Mercedes Gallego, ya fueron incluidos aquí y están puntualmente precisadas en el recurso que la Fiscalía ―que se puede descargar íntegro desde aquí― presentó contra el Auto de archivo evacuado por el TSJ de Valencia; pero conviene recordar alguna cosa. El traspaso de esas viviendas sólo se produjo tras la imputación de Ortiz Selfa en el “Caso Aparcamientos” y se inscribió en el Registro de la Propiedad a nombre de una sociedad de González Villarejo (JACOBRIZ SL) un día antes de que Ortiz declarara ante el Juez. La venta se había acordado sólo 25 días después de que le fuera notificada su condición de imputado al citado Ortiz.

Con la instrucción del caso iniciada por el Juzgado competente de Alicante, Aperi, es de suponer que buscando el amparo que proporciona la condición de aforado, fue incluido en las listas electorales de su partido al Parlamento Autonómico, siendo elegido como diputado regional.

En esa situación, el Juzgado de primera instancia remitió las actuaciones al TSJ valenciano pero con la advertencia de que “en el estado procesal en que se encuentra la causa no pueden desestimarse de forma razonada e inequívoca las hipótesis acusatorias sostenidas pro el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares personadas, único supuesto en el que procedería el archivo de estimarse que los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna”.

Sin embargo, esto fue, precisamente, lo que hizo el alto Tribunal valenciano. En expresión de la Fiscalía, el Magistrado Instructor, al sobreseer la causa, realizó sin contradicción alguna una valoración de las pruebas de cargo y de descargo, llegando a la conclusión de que Alperi, Sonia Castedo y los demás imputados, habían actuado sin dolo, con lo que invadía las competencias del órgano encargado del enjuiciamiento y fallo.

El Tribunal Superior de Justicia rechazó también el recurso de la Fiscalía y Alperi se apresuró a declarar que todo había sido “un montaje”. Después, el mismo Tribunal Superior, negó el recurso de casación de la Fiscalía, por entender que su Auto era irrecurrible y, finalmente, el Tribunal Supremo, volvió a rechazar el recurso de queja que contra esta última decisión también presentó el Fiscal.

Con ese último trámite, el “caso de los aparcamientos” quedó definitivamente cerrado, pero ahora no solamente ORTIZ E HIJOS vuelve a cobrar relevancia pública a causa de la trama Gürtel. La actual Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, concejal de urbanismo de ese mismo Ayuntamiento hasta la dimisión, sorpresiva, de Alperi el 11 de septiembre de 2008 e imputada en el caso de los aparcamientos; también aparece en la documentación incautada al Bigotes.

Según publicó El Mundo el pasado 26 de septiembre “en el periodo de tiempo comprendido entre enero y noviembre de 2007 la Caja B de la empresa que comandaba Alvaro Pérez El Bigotes ingresó 2.856.000 € del PP mientras que en 2008 la suma ascendió a 3.446.985 €… La contabilidad de 2007 procede de un archivo informático incautado por la Policía donde se reflejan distintas sumas… Con la fecha, el concepto y el nombre de la persona o la organización que realiza la entrega… Algunas son especialmente significativas… Aparece un ingreso de Alicante Sonia de 24.000 €”. El Mundo puntualiza que Sonia Castedo es la Alcaldesa de esa ciudad.

Fernando Agulló Díaz-Varela, un eslabón político en los negocios toledanos de los “malayos” Román, Arteche y el presunto mafioso Gianni Montaldo

Conexión Astapa-Malaya

Los negocios de los “malayos” descubiertos hasta la fecha en Toledo tienen, no podía ser de otra manera, muchas cosas en común. Una de esas cosas, además de CCM, es el letrado y militante del PSOE Fernando Agulló Díaz-Varela, en su momento primer teniente de alcalde de la localidad madrileña de Majadahonda.

Este abogado en ejercicio, con despacho en la C/ Doctor Toledo, 20, 2º, C de Las Rozas y empresario del gremio de la construción, estrechamente ligado a la FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO (FUHEM) en la que aparece en el “Consejo Institucional” y a su red de empresas inmobiliarias, ha sido socio, consejero, administrador o apoderado de, al menos, 45 sociedades, la mayoría dedicadas a la cosa inmobiliaria y algunas de ellas sumamente interesantes.

Leer el resto del artículo.

El Fiscal General del Estado afirma, en presencia de Bono, que “hay que erradicar las conductas corruptas”

José María Barreda arropando al imputado Pompa en Carranque (Toledo)

Hoy ha tenido lugar la apertura del año judicial. Con ese motivo el Fiscal General ha asegurado que “se van a erradicar las conductas corruptas”. Esta afirmación trae a la memoria las promesas solemnes de las pasadas elecciones. El PSOE no presentaría en sus listas a ningún candidato imputado por corrupción. El propio José Blanco, entonces secretario de organización del PSOE, llegó a asegurar que “no era consentible” (sic) que ningún imputado permaneciera en su cargo.

Sin embargo varios imputados del PSOE fueron presentados en las listas y varios imputados continúan en sus cargos y no sólo ante la pasividad de los responsables y dignatarios del partido, sino con su manifiesto apoyo, como se puede comprobar en la fotografía adjunta donde Alejandro Pompa Mingo ―alcalde de Carranque al que en ese momento ya se le imputaban, y se le siguen imputando, una veintena larga de delitos relacionados con la corrupción a causa del caso de la permuta, del caso del campo de golf de Carranque y del caso de las cartas PIP, además de estar condenado en firme por golpear a un anciano de 82 años― camina codo con codo junto a José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha.

En estas circunstancias sólo puedo acoger la afirmación de hoy del Sr. Fiscal General con un intenso escepticismo, aunque hay algo que me hace, sancta simplicitas, concebir una frágil esperanza. Llamo la atención del lector sobre la expresión y gestos de uno de los asistentes al acto: el Presidente del Congreso y antes ministro de defensa y antes presidente de Castilla-La Mancha, José Bono Martínez. El rictus, desde luego, es expresivo.

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Por otro lado, hoy El Mundo se refería a un dossier con el que el PP pretende probar el trato desigual que recibe por parte de la fiscalía, cuando el corrupto o el presunto corrupto es de su partido. Me ha alegrado ver que en la noticia se hace referencia al caso de Petra Mateos Aparicio Morales, presidenta de HISPASAT, presidenta de TELECOM CASTILLA LA MANCA y administradora única de ALTKOCA, sociedad que participa en ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, una compañía en la que aparece el socio de los “malayos” Roca y Pedro Román, el salmantino Juan María López Alvarez, investigado en su día por su actuación en los hechos del caso Malaya y que lo continúa siendo con respecto a sus negocios junto al “malayo” Pedro Román, en Toledo. Sin duda es reconfortante comprobar que la información de Notitia Criminis ―véase este artículo― no cae en saco roto.

Julio Rodríguez Arauzo, alto cargo de Obras Públicas en los gobiernos de Bono, implicado en los negocios de la “trama vasco-malaya” en Toledo

Julio Rodríguez Arauzo junto a Alejandro Gil, Consejero de urbanismo de Bono y uno de los protagonistas en los hechos de Seseña

Al paso que vamos, incluso Sauron, el “Señor Oscuro” de las sagas de John Ronald Reuel Tolkien, va a tener algo que ver en las tramas inmobiliarias toledanas. Digo esto porque Julio Rodríguez Arauzo ha tenido la humorada de denominar a una de las sociedades en las que aparece como administrador único: TRANCOS CONSULTING SL, y a otra de ellas: MONTARAZ CONSULTING S.L.

Del gobierno de Castilla-La Mancha a la Trama Vasca.

Pero ¿quién es este Rodríguez Arauzo que tan dudosamente homenajea a la novela de Tolkien?. Pues para lo que aquí interesa es quien desde el 25 de julio de 1997 hasta el 8 de marzo del 2001 desempeñó el cargo de Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas de Toledo, para tras una corta estancia en COPCISA ir a zambullirse en el entramado vasco-malayo.

Su nombramiento, publicado en la citada fecha, fue firmado por José Bono Martínez y se hizo a propuesta del Consejero del ramo en esos momentos, Emiliano García Page, a día de hoy, Alcalde de Toledo y en su momento, “plenipotenciario” del PSOE manchego para los asuntos de Seseña, detalle que, como se verá luego, no es irrelevante.

Tras su cese, en las postrimeras de la legislatura, la pista de Rodríguez se perdió o mejor dicho, se habría perdido de no ser por su furtiva aparición en Santa Cruz de la Zarza (Toledo). En esa localidad, la entonces alcaldesa Amanda Amparo García Carrillo (de obediencia bonista) había licitado la construcción de un auditorio, escuela de música, museo y centro social. La única plica presentada para la obra fue la de COPCISA y, por tanto, también fue esa empresa la que se alzó con la adjudicación por un total de 2.404.048,42 €.

Precisamente, cuando el proyecto de obra fue presentado por COPCISA ante la mesa de contratación del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, quien acudió a esa reunión en representación de la mercantil fue Julio Rodríguez Arauzo, el mismo que había sido cesado como Delegado de Obras Públicas apenas tres meses antes.

Como hecho coincidente con lo anterior, conviene recordar que COPCISA y PEYBER, la empresa del aparejador municipal de Carranque (Toledo) constituyeron una unión temporal que se alzó con la concesión de la Zona 2 de las carreteras de la provincia de Toledo por un importe superior a los 27 millones de €, circunstancia que coincidía en el tiempo con la existencia de otra empresa: SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS, cuya propiedad estaba compartida entre los dueños de PEYBER y José Manuel Tofiño Arrogante, hijo del presidente de la Diputación toledana, José Manuel Tofiño Pérez, que había impulsado y adjudicado la contrata de los 27 millones a la UTE PEYBER-COPCISA, luego convertida en sociedad mercantil con la denominación de CONCESIONARIA BERVIA.

Tras la relacionada con la constructora COPCISA, la siguiente aparición de Rodríguez Arauzo ya le sitúa en el centro mismo de la trama vasco-malaya. El 24 de mayo de 2002 es nombrado apoderado de la mercantil L.C. RES. El 27 del mismo mes y año, consta su nombramiento como apoderado de LAS ERAS DE LAYOS y el 2 de noviembre de 2004, también se le nombra apoderado de LAYOS CASA CAMPO SA, que luego se extinguió dando lugar a otra entidad de idéntico nombre pero resultante de la fusión entre LC RES y la original LAYOS CASA CAMPO.

Julio Rodríguez Arauzo no es el primer alto cargo que pasa de las instituciones públicas al negocio inmobiliario ni será el último, pero lo peculiar en su caso es que esas sociedades forman la estructura administrativa de una de las primeras y más importantes incursiones de los “malayos” en Toledo.

Este hecho ya se puso de manifiesto en Notitia Criminis cuando informé sobre la asociación entre el arquitecto que firmó el proyecto del campo de golf de Carranque (Toledo) perteneciente a PEYBER-CCM, y alguno de los miembros más destacados de la “Trama Vasca”, entre ellos, el propio Francisco Javier Arteche Tarascón ―imputado en pieza separada del caso Malaya― y uno de sus socios habituales, Luis Maya Galarraga.

Resumiendo los datos ya publicados aquí, LAYOS CASA CAMPO, la empresa mediante la cual se desarrolló el campo de golf de Layos (Toledo) está presidida por Miguel de Oriol e Ybarra, tiene como consejeros a dos de sus hijos y, además, a Javier Arteche Tarascón junto con Luis Emilio María Araluce López. Secretario y vicesecretario de la entidad son Inmanol Ansoalde Astiazarán y Elena Prota Villacañas, respectivamente, la cual además era apoderada junto con Julio Rodríguez Arauzo de la original LAYOS CASA CAMPO, luego fusionada con LC RES.

LC RES, por su parte, era otra sociedad compartida entre Miguel de Oriol e Ybarra y la “Trama Vasca”, pues si el arquitecto Oriol e Ybarra la presidía desde 1999, en su consejo también estaban, además del hijo de éste, Miguel de Oriol e Icaza ―precisamente el que firmó el proyecto del campo de golf de PEYBER-CCM en Carranque― Arteche Tarascón y Maya Galarraga. En esta mercantil Julio Rodríguez Arauzo, el ex Delegado de Obras Públicas de Toledo, nombrado por Bono a propuesta de Emiliano García Page, compartía la condición de apoderado con Luis María Maya Galarraga.

Pero además, como ya vimos en su momento, LAYOS CASA CAMPO también está vinculada a ALT ASESORES porque el secretario de la primera, Inmanol Ansoalde Astiazarán, pertenece a la segunda que, a su vez, está igualmente vinculada a la “Trama Vasca”. Hasta el 26 de febrero de 2004 consta como administrador, consejero delegado y presidente de ALT ASESORES, la entidad LINARES & KINKEL, controlada por Luis Fernando Linares Torres y María Eugenia Yeregui Kinkel, ambos pertenecientes a la “Trama Vasca” o si se quiere, al entramado de sociedades de, entre otros, Arteche, Maya Galarraga y Aguirre Iguiñiz, una de cuyas empresas, AGUIRENE, cargaba con los gastos de la visa oro utilizada por la testaferro de Roca, Montserrat Corulla Castro.

Luis Fernando Linares Torres durante su detención en el transcurso de la operación Astapa

Luis Fernando Linares Torres ―junto a su socia, Eugenia Yeregui― es uno de los principales protagonistas del caso Astapa, la trama de corrupción de Estepona, a causa del cual este letrado especializado en negocios inmobiliarios, fue detenido y conoció el frío tacto de los grilletes en sus muñecas, al igual que lo conoció Antonio Barrientos, el que fuera alcalde de la localidad durante los hechos de autos, además de gran amigo de José Bono el cual dijo de él que tenía “los bolsillos de cristal”.

Por otra parte, según se vio aquí, ALT ASESORES también tiene como administrador a Iñaki Ansoatigui Fernández de Arroyabe, técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y administrador de EUSMA GESTIÓN, entidad implicada en el caso de la estafa a la Hacienda Foral de Guipúzcoa; y a Jesús María Jiménez Oruna quien además de haber sido Jefe de Sección de Impuestos sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, también fue administrador único de la mercantil PROMONAGÜELES. El administrador anterior de esa sociedad fue Manuel González Sánchez-Dalp, según el sumario Malaya, presunto testaferro de Roca, quien por otro lado, y según un informe de la UDYCO que consta en el citado sumario, sería el auténtico propietario de PROMONAGÜELES.

En conclusión: Julio Rodríguez Arauzo, alto cargo del gobierno de José Bono en Castilla-La Mancha, deja la administración pública de la región ―sin explicaciones ni causa conocida― para aparecer, primero en COPCISA ―la cual junto a PEYBER resultó agraciada por una contrata de más de 27 millones de € adjudicada por la Diputación de Toledo― y luego, en medio de una estructura de sociedades mercantiles fuertemente ligadas a los casos Malaya y Astapa así como al de la estafa a la Hacienda Foral de Guipúcoa y en las que los apellidos Oriol e Ybarra y Oriol y López Montenegro se mezclan estrechamente con implicados en el caso “malaya”.

Los Oriol, Iberdrola y el presunto mafioso Giovanni Piero Montaldo.

Iñigo de Oriol e Ybarra junto a Ignacio Sánchez Galán, actual presidente de Iberdrola

Para comprender porqué los Oriol aparecen asociados a sujetos inmediatamente vinculados con el hampa marbellí, como es el caso de Arteche Tarascón, creo que es imprescindible leer cuidadosamente “Los Tentáculos de la Trama Vasca”, publicado en “Ciudadanos de Espartinas”, pero de cualquier forma, lo que los Registros Públicos ponen de manifiesto es que esa asociación es antigua.

En 1999 ya aparece Miguel de Oriol e Ybarra junto a Maya Galarraga y Arteche en LC RES. En el mismo año, en LAYOS CASA CAMPO, junto a Miguel de Oriol y su hija Carmen de Oriol e Icaza, están Maya Galarraga y Elena Prota Villacañas. En noviembre de 1997, el consejo de administración de LAS ERAS DE LAYOS estaba formado por la mercantil PROMOCIÓN DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES SA, por SANTA MARIA DEL CARMEN SA y por ORYBAR S.A. además de por Carmelo Echezarreta Lerchundi, que tiene el cargo de secretario.

La sociedad PROMOCIÓN DE EDIFICACIONES etc. se disolvió el 29 de junio de 1999 repartiéndose su patrimonio entre OBARINSA, JARDINES DE PROINSA, OBAREGUI y CONSTRUCCIONES OLATEGUI, todas ellas propiedad de Arteche y sus otros socios de la trama vasco-malaya.

Por su parte, la entidad SANTA MARÍA DEL CARMEN, constituida en 1969, está administrada hoy por Miguel de Oriol e Ybarra y por su hija María de Gracia de Oriol e Icaza, pero el 28 de abril de 2008 se nombró apoderada a Elena Prota Villacañas. Finalmente, ORYBAR, ya extinguida, siempre tuvo como administrador único a Miguel de Oriol.

Ahora bien, Miguel de Oriol e Ybarra no es el único miembro de la familia relacionado con Arteche y sus socios. Su primo hermano, Lucas María de Oriol y López Montenegro también conoce a estos individuos.

En diciembre de 1994 se constituyó la mercantil GUADALPILAR SL, ahora en extinción. Esta sociedad reunió a varias de las ramas de la familia Oriol. En concreto, en su consejo de administración aparecen Miguel de Oriol e Ybarra, Lucas María de Oriol y López Montenegro, José Felipe de oriol y Díaz bustamante, Francisco Javier Oriol Muñoz y Francisco de Borja Oriol Muñoz, pero como secretaria de la entidad, consta la ya conocida Elena Prota Villacañas y, además, en 1997 está registrado como vocal de esta empresa la entidad PROMOCIÓN DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES SA, que acabamos de ver que pertenecía a Arteche y sus socios y, con un cargo no definido, el propio Francisco Javier Arteche Tarascón. En 2001 consta como apoderado Luis María Maya Galarraga y en julio de 2001 quien aparece como administrador único es Agustín Aguirre Iguiñiz.

Pues bien, hasta hace muy poco tiempo, primavera de 2006, IBERDROLA y los Oriol, mejor dicho, los hijos de José María de Oriol y Urquijo venían a ser la misma cosa. Esa rama de la familia había mandado en la eléctrica y en muchas más cosas desde hace cien años. Tras la retirada de Oriol y Urquijo, los dos negocios básicos del clan, Talgo e Iberdrola ―antes Hidrola― pasaron, respectivamente, a José Luis de Oriol e Ybarra y a su hermano, Iñigo de Oriol.

A día de hoy, tras ser sustituido José Luis de Oriol por su primo, Lucas Maria de Oriol y López Montenegro al frente de PATENTES TALGO, la participación de los Oriol en la compañía, está en venta. Por lo que respecta a Iberdrola, pocos restos quedan en la hidroeléctrica de la familia que la dominó desde su origen y, seguramente el propio Iñigo de Oriol esté pensando aún cómo pudo ser el derrotado en la guerra que protagonizaron Endesa, Gas Natural y la propia Iberdrola o, mejor dicho, en cómo es posible que él haya resultado perdedor en el duelo sostenido contra Rodolfo Martín Villa y, en definitiva, contra los gobiernos de Aznar; pero esto no es lo que interesa ahora. Lo relevante es que hasta hace muy poco tiempo, IBERDROLA era de los Oriol e Ybarra y estos eran IBERDROLA. También importa que de las pasadas glorias, como un residuo testimonial, Lucas María de Oriol y López Montenegro aún mantiene un puesto en el consejo de administración. Otro hecho más a tener en cuenta es la presencia, hasta recientes fechas, de Jesús Trillo Figueroa Conde, como jefe del gabinete jurídico de la eléctrica.

Por otra parte, IBERDROLA es la propietaria en un 100% de IBERDROLA INMOBILIARIA, una de cuyas marcas registradas es APEX 2000. En su consejo no hay presencia inmediata de Iñigo de Oriol o de Lucas María de Oriol, al margen de que, evidentemente, quien manda en la matriz, manda en la filial. Los que sí aparecen en ese consejo son Ignacio Sánchez Galán, desde 2006 presidente de Iberdrola y número dos de Lucas María de Oriol; Rafael Santamaría Trigo (apoderado) presidente de REYAL URBIS, el mismo que construyó la casa de Bono en Olías del Rey (Toledo) y el mismo que colocó en el consejo de REYAL a la jovencísima Ana Bono Rodríguez; el citado Jesús Trillo Figueroa Conde, ex consejero; y como ex administrador único de APEX, el ya difunto Eduardo Prota Barradas, padre de Elena Prota Villacañas.

Relación entre Roca y Gianni Montaldo en el sumario Malaya

Ahora hay que dar un salto desde Vizcaya hasta hasta Seseña y, luego hasta Málaga y en concreto, hasta Marbella. El pasado día 5 de Agosto El Mundo titulaba en primera página: “un mafioso pagó 700.000 € al edil que ayudó a El Pocero”. La noticia se refería al pago de esa cantidad al ex alcalde de Seseña José Luis Martín, hecho por dos sociedades del italiano Giovanni Piero Montaldo, afincado en Marbella ya desde antiguo y procesado en los caso Malaya y Astapa.

Según un informe de la UDYCO-COSTA DEL SOL que obra en el sumario de la operación Malaya ―Tomo LIX, folio 17.304 , “Giovanni Piero Montaldo (en adelante MONTALDO) según la información obrante en las bases de datos policiales figura como presuntamente vinculado a la Mafia Calabresa denominada N’Drangheta (CNP-Brigada de Delitos Monetarios – Oficio de 30/10/02, referencia APB 1557/00/CC). Montaldo y su esposa TATIANA ANETA EUGENIA TRIACCA (nacida en Lugano el 01.01.1949 con NIE X013881…) dominan y controlan una estructura mercantil de considerables proporciones que se dedican básicamente a los negocios inmobiliarios y hosteleros. Se tiene constancia de ingresos de grandes sumas de dinero metálico, seguidos de rápidos traspasos entre cuentas del grupo de empresas regido por ellos”.

En nota a pie de página del mismo informe se lee: “En la estructura societaria vinculada a Montaldo juegan un papel esencial las hermanas Ana Carlota e Inmaculada Fernández Duarte… quienes desde su despacho profesional gestionan como Administradoras o Apoderadas gran parte de las entidades que la componen”.

Por su parte, El País de 17 de noviembre de 2006 se refería a Montaldo en estos términos: “Un empresario italiano fue investigado por blanqueo para la Mafia: El empresario italiano detenido en la tercera fase de la Operación Malaya, Giovanni Piero Montaldo, ya fue investigado por sus delitos de blanqueo de dinero procedente de la mafia. Un informe elaborado por agentes de la Udyco relacionaba a Montaldo con un grupo mafioso liderado por Gianni Meninno, detenido en 2002 en Málaga… El grupo mafioso desarticulado traficaba con cocaína desde Sudamérica a Europa y estaba inmerso en el tráfico internacional de armas, así como en empresas del juego ilegal”

De hecho, su vinculación a miembros de Cosa Nostra en Marbella está documentada en los registros públicos. Así, por ejemplo y sin entrar de momento en más detalles, en la ahora extinguida AUTOCROSIO MARBELLA aparece como administradora única la citada por la UDYCO como “testaferro” de Montaldo, Ana Carlota Fernández Duarte, pero el 5 de abril de 1994 había sido nombrado apoderado Ugo Giovanni Giannino y el 22 de abril de ese mismo año, también consta el nombramiento como apoderados de Annetta Tatiana Eugenia Triacca y de Giovanni Piero Montaldo.

El tal Ugo Giovanni Gianino es uno de los hermanos Gianino que junto al fugado y al parecer muerto en extrañas circunstancias, Gianni Menino y al también reclamado por la policía italiana Felice Cultrera (por cierto, cuñado de la actual alcaldesa de Marbella) formaban en Marbella un círculo de miembros pertenecientes o relacionados ―siempre presuntamente, faltaría más― con Cosa Nostra y con la familia Rodríguez Balboteo.

Pues bien, entre las actividades de Gianni Montaldo estaba la de ser representante o apoderado de APEX 2000. De hecho, entre las actividades presuntamente delictivas de Montaldo o, en todo caso, dirigidas a encubrir la realidad de esas actividades, el informe de la Udyco citado antes dice lo siguiente: “En la misma línea de lo hasta aquí expuesto, interesa destacar la estrategia seguida por Montaldo consistente en la solicitud a los órganos de gobierno municipal del cambio en la titularidad de las licencias de obras concedidas traspasándoselas entre las diversas mercantiles por él controladas, solicitudes que son sistemáticamente concedidas por la Junta de Gobierno Local a pesar de estar recurridas judicialmente las licencias de obra por los órganos de la administración regional. Los cambios de titularidad de licencias de obras dentro del grupo de empresas relacionadas con Montaldo de los que se tiene constancia son: Expte: 1342/02. Titular: APEX 2000 SAU. Cesión a SUR INVERSIONES SEMA SL ―una de las empresas a través de las que se hicieron pagos a José Luis Martín―. Construcción conjunto residencial Santa María III. Acto Municipal CG de 27.11.03 …”

Ya hemos visto que APEX 2000 es una de las marcas a través de las cuales gira IBERDROLA INMOBILIARIA pero es que Montaldo, además de tener la condición de representante o apoderado de esta empresa en Marbella, tiene otros nexos significativos con la entidad y uno de esos hechos relevantes es la presencia de Jesús Trillo Figueroa Conde, es decir, del que hasta recientes fechas era jefe del gabinete jurídico de IBERDROLA, en al menos una de las sociedades de Gianni Montaldo: FULICA ATRAS SL en la que Trillo es nombrado consejero en 2006 y en la que Montaldo cesa, también como consejero, en 2008.

Por supuesto, ni que decir tiene que Giovanni Piero Montaldo conoce a Javier Arteche Tarascón. En la declaración prestada ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella el 17 de noviembre de 2006, folios 18.156 y siguientes del sumario Malaya, el presunto mafioso, asistido por el letrado Juan Carlos Ramírez Balboteo, declaró lo siguiente: “La sociedad PROMOCIONES ALMENACIR también es del declarante, tenía una parcela en Manilva que estaba interesado en vender. El Sr Roca se ofreció para hacer de intermediario pero quería tener la exclusiva en la intermediación pero el declarante nunca se la dio. El Sr Roca le presento a personas interesadas como un tal Arteche y también unos empresarios de Sevilla, pero finalmente le vendió la parcela a unas personas distintas de las que le había presentado el Sr Roca y a las que éste no le había presentado”.

Para finalizar ya, hay que recordar que el 14 de septiembre de 2008 El Mundo publicó una entrevista con Francisco Hernando “El Pocero”. Según el constructor, las obras que éste hizo en el hipódromo de José Bono ―Hipica Almenara― las pagaron sus patrocinadores y según ese mismo artículo “Los patrocinadores más presentes en las instalaciones son Porcelanosa -de las familias Colonques y Soriano-, Iberdrola -que preside Ignacio Galán-, Endesa -que preside ahora José Manuel Entrecanales y antes Manuel Pizarro- y Medio Ambiente Gestión Castilla-La Mancha SL”.

Vive Dios si no está resultando largo y estirado el hilo que empecé a seguir en el verano de 2006 desde el vetusto Ayuntamiento de Carranque… y aún no se vislumbra el ovillo… ¿o sí?

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, condenado por agredir a una concejal, cobra más de 7 millones de pesetas como asesor de Barreda

El alcalde Agustín Jiménez (en la foto) antiguo parlamentario regional; amigo personal de José Bono; relacionado en su condición de munícipe con ciertos negocios, por ahora frustrados, vinculados a Miguel Antonio Méndez Pozo ―otro amigo personal de Barreda― y como veremos en breve, también a gente estrechamente relacionada con la trama vasco-malaya; condenado como autor de una agresión contra la concejal de su propio partido, Belén Gutierrez, a la que propinó varios puñetazos delante de las cámaras de seguridad del Ayuntamiento, no sólo no ha sido reprobado por su partido, el PSOE de Castilla-La Mancha, sino que, además, ostenta el cargo de “Asesor de Presidencia” en la Junta de Comunidades, cargo por el que recibe 44.199 € anuales en concepto de retribución.

En otras palabras, este individuo cuyo destino lógico ―atendiendo a la más elemental ética, a la presunta postura de su partido y a la, no menos presunta, del propio Barreda― habría sido la expulsión inmediata; no solamente no ha sufrido ningún tipo de sanción, ni ha sido expulsado, ni ha recibido ninguna reprobación pública, sino que disfruta de la condición de “asesor” directo de José María Barreda, lo que le reporta, según su propia “declaración de actividades, bienes y rentas” de 2008, año en en fue condenado ―y en la que, por cierto, no se recoge ni un sólo céntimo de sus ingresos como alcalde de Noblejas― la sabrosa cantidad de más de 7 Millones de Pts. Anuales.

La enormidad de este cinismo y en general de la hipocresía que informa la política institucional en Toledo, se puede atisbar con cierta claridad comparando estos hechos con una de las últimas declaraciones de Barreda relativas a la violencia de género, incluidas en su blog personal, porque Barreda también tiene un blog:

«La violencia de género es una lacra a la que todos, hombres y mujeres, debemos plantar cara. Es inaceptable que en pleno siglo XXI sigan existiendo seres humanos que quieren abusar de otros seres humanos, que se creen en el derecho de poner la mano de encima, de lanzar un puñetazo contra alguien, sea hombre o sea mujer»

Fdo. José María Barreda, magister dixit et non facit y, además, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, personalmente asesorado por Agustín Jiménez, condenado por golpear a una mujer.

El Tribunal de Cuentas acredita 27 violaciones de la ley en la aprobación del PAU del Pocero en Seseña

El Mundo

La “Tombovskaya”, mafia rusa, podría haber financiado al Pocero

Tras la noticia dada el pasado día 5 de agosto por El Mundo, según la cual la empresa de un individuo relacionado con la mafia calabresa e imputado en el caso Malaya, pagó más de 700.000 € al ex alcalde que aprobó el PAU del Pocero en Seseña; nuevas noticias relacionadas con el crimen internacional, esta vez con la mafia rusa, vuelven a vincular la delincuencia internacional con la provincia de Toledo y, en concreto, con Seseña.

Ahora resulta que la Audiencia Nacional investiga si la truculenta tentativa de secuestro de que fue objeto el hijo mayor de Francisco Hernando “El Pocero”, estuvo relacionada con un préstamo de 30 Millones de Dólares que la Tombovskaya, una de las más importantes y sanguinarias organizaciones criminales de Rusia, habría hecho al Pocero a través de dos entidades bancarias situadas, respectivamente, en las Islas Vírgenes británicas y en el emirato de Dubai.

En la segunda fase de la Operación Troika fueron detenidos en Málaga y Marbella tres abogados acusados de blanqueo de capitales y de pertenencia a esta organización criminal. Se trata de Kiril Illine Yudasehev, Francisco Eloy Ocaña y Antonio de Fortuny Maines. Igualmente, llama la atención que las empresas del ex alcalde de Seseña, José Luis Martín ―una de las cuales fue la que facturó los 700.000 € a la sociedad del presunto miembro de la ‘Ndrangheta, Giovanni Piero Montaldo― estén administradas desde una gestoría de Málaga ―que como todo el mudo sabe, está a tiro de piedra de Seseña― denominada Cruces & Asociados, cuyo administrador único es el letrado malagueño Alvaro Cruces Navarro. Esta gestoría presenta notables características que, con toda seguridad, protagonizarán alguna noticia de calado durante el mes de septiembre. Entre tanto, reproduzco el artículo publicado hoy por El Mundo, que se puede descargar íntegramente, pulsando sobre la imagen:

El Mundo

Fernando Lázaro | Joaquín Manso | Madrid

“El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha interrogado al conocido delincuente Luis Rodríguez Pueyo, cabecilla de la banda que en abril de 2008 intentó secuestrar al hijo mayor de ‘Paco el Pocero’, para averiguar si es cierto, como él asegura, que actuó por encargo de la mafia rusa Tambovskaya, a la que el constructor debería 30 millones de dólares, según esa versión.

Fuentes jurídicas informaron a EL MUNDO de que Rodríguez Pueyo, condenado en el ‘caso Arny’, reconoció al juez que él mismo organizó el rapto, y afirmó que lo hizo por encargo de Vladislav Reznik, diputado del partido de Vladimir Putin y presidente de la Comisión del Mercado Financiero de la Duma, contra el que pesa una orden de busca y captura internacional dictada por Garzón por sus presuntos vínculos con el capo de Tambovskaya, Gennadios Petrov, encarcelado en España por el mismo juez.

El magistrado de la Audiencia Nacional dirigió en junio de 2008 una gran operación que desarticuló el complejo Tambovskaya-Malisevskaya, que actuaba desde España blanqueando dinero y del que se sospecha que ordenaba decenas de extorsiones, secuestros y asesinatos.

La Policía investiga ahora si existió esa relación entre la mafia rusa y la banda de Rodríguez Pueyo -en la que estaba integrado Raúl Brey, primo de Mariano Rajoy-, que cayó cuando fue liberada por los GEO en Almonte (Huelva) otra de sus víctimas: el empresario Rafael Ávila”.

Aparecen nuevas anotaciones con el nombre de José Luis Sanz Arribas, abogado y socio del Pocero, en las agendas de Roca

José Luis Sanz Arribas, socio y abogado del Pocero

Tras la noticia publicada ayer por El Mundo, según la cual Giovanni Piero Montaldo, un presunto capo de la mafia calabresa denominada ‘Ndrangheta, habría pagado más de 700.000 € al procesado ex alcalde de Seseña José Luis Martín en vísperas de la precipitada aprobación del PAU del Quiñón, los vínculos entre “Malaya” y Toledo en general y entre “Malaya” y el Pocero en particular, dan un giro imprevisto que se refuerza con la aparición de nuevos datos y documentos.

En el artículo citado arriba, El Mundo, bajo el título “el vínculo con Marbella”, se refería al hecho de que José Luis Sanz Arribas tiene despacho abierto en esa ciudad malagueña junto a su hijo, José Luis Sanz Cid y añadía que Sanz Arribas presidió hasta hace poco “el lujoso club de golf Las Brisas”, también de Marbella, claro está.

Estos datos ya aparecieron en Notitia Criminis, donde además se hacía referencia a la hipotética presencia del nombre del letrado Sanz Arribas en las agendas de Roca. Aquella información publicada inicialmente en el libro de Cristobal Toro “El Saqueo de Marbella” y repetida en un artículo publicado por Pedro Aparicio en “PR Noticias” ―artículo que desapareció tras el brusco giro editorial del periodista en relación con el Pocero, pero cuya copia íntegra se puede descargar desde aquí―, se refería a dos anotaciones encontradas en la agenda de Roca del año 95. La primera, correspondiente al día 5 de abril, tiene escrito lo siguiente: “10′30, Cea Bermúdez 51 2º E, José Luis Sanz”. En la segunda, del día 8 de mayo, Roca escribió: “José Luis Sanz 908600678”.

Agenda de Roca de 1005

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El letrado José Luis Sanz Arribas tiene despacho en la calle Cea Bermúdez de Madrid, pero no en el número 51, sino en el portal contiguo, en el número 53. Por otro lado, el teléfono de la segunda anotación ya no está operativo, de forma que, al margen de lo que determinen posibles investigaciones judiciales o policiales, no se puede afirmar que perteneciera a Sanz Arribas.

En consecuencia, los datos conocidos hasta el momento, si bien inducían la vehemente sospecha de que el “José Luis Sanz” de la agenda de Roca y el abogado y socio del Pocero, eran la misma persona, no permitían afirmar tal cosa de forma categórica.

Sin embargo, los documentos que publico hoy parecen lo suficientemente sólidos como para alejar cualquier duda razonable sobre la relación entre el “malayo” Juan Antonio Roca y José Luis Sanz Arribas.

Agenda de Roca, 1995

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Se trata de dos nuevos apuntes de la agenda de 1995 que hasta el momento han pasado desapercibidos. El primero ―que se puede descargar desde aquí― corresponde al día 2 de marzo de ese año. En esa página, en la línea de las 11 horas, se lee con claridad “José Luis Sanz Arribas”, es decir, el nombre compuesto y los dos apellidos del letrado y socio del Pocero. La segunda anotación ―que también se puede descargar desde este enlace― es del día 2 de mayo. Igual que antes, en la línea de las 11 horas, se lee: “J. L. Sanz Arribas”.

José Luis Sanz Arribas, como es sabido, fue el abogado defensor del traficante de armas Sirio Monzer Al-Kassar, el cual por otra parte, según la Fiscalía Anticorrupción de Málaga y la UDYCO, mantenía estrechas relaciones, al menos comerciales, con Felice Cultrera, Giovanni Meninno y Ugo Giovanni Gianino, los tres investigados por su pertenencia a Cosa Nostra y los tres, a su vez, asociados con Giovanni Piero Montaldo, ligado según varios informes policiales, a la ‘Ndrangheta, es decir, a la mafia calabresa, una de las más potentes organizaciones criminales de la actualidad, estrechamente asociada con Cosa Nostra.

La Mafia y los “malayos” aparecen en el caso Seseña. El ex alcalde José Luis Martín cobró 700.000 € de un capo de la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa

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El Mundo

Joaquín Manso | Madrid

Actualizado miércoles 05/08/2009 05:56 horas

Hay un camino que va de Marbella a Seseña. Dos empresas controladas por Gianni Montaldo, amigo de Juan Antonio Roca, pagaron más de 700.000 euros a José Luis Martín, el ex alcalde socialista que adjudicó al constructor Francisco Hernando, ‘El Pocero’, una urbanización de 13.000 viviendas.

Giovanni (Gianni) Piero Montaldo aparece como actor destacado en el sumario del ‘caso Malaya’ y, según el juez Miguel Ángel Torres, está vinculado a la mafia de Calabria llamada ‘Ndraghetta’. La Policía lo investigó a principios de esta década por su supuesta relación con una red de blanqueo vinculada al tráfico de cocaína que lideraría el capo Gianni Meninno.

EL MUNDO ha tenido acceso a las facturas que demuestran los pagos a José Luis Martín por una “intermediación” inmobiliaria, que se produjeron justo en las fechas en que se tramitaba el plan de ‘El Pocero’ y que han sido incorporadas por la Fiscalía Anticorrupción a las diligencias que se siguen en un juzgado de Illescas (Toledo) contra el ex alcalde.

De momento, José Luis Martín es el único imputado por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de la urbanización.

José Luis Martín no tiene estudios y, hasta que en 1987 accedió a la Alcaldía de Seseña, era el taxista del pueblo. Conducía un R-12. Cuando declaró ante la fiscal Belén Suárez a principios de 2008, Martín -que cobraba menos de 1.800 euros al mes como edil- intentó justificar el origen de su fortuna en un golpe de suerte: aseguró que le había tocado el cupón y presentó una fotocopia de cinco billetes de la ONCE premiados.

Lo que no dijo a la fiscal es que, a través de una empresa llamada Servicios y Desarrollos Culturales Norte, había facturado 702.342,20 euros entre diciembre de 2002 y octubre de 2003 a las sociedades Inverespaña Sema y Sur Inversiones Sema, domiciliadas en la lujosa urbanización Las Lomas de Arroyo Judío, en Estepona, y apoderadas por Gianni Montaldo y su esposa, Tatiana Annetta Eugenia Triacca. Por ahora, un representante de Inverespaña Sema tendrá que declarar ante la juez.

“Malaya” y Toledo, un buen ejemplo de omertà

Hernández Moltó el día de su destitución

Bargas, Layos, Arges, Aranjuez, Carranque… Esta es una lista, en absoluto cerrada, de las localidades Toledanas o próximas a Toledo, como es el caso de Aranjuez, en las que han aparecido negocios relacionados, de una manera u otra, con la delincuencia organizada que en 2006 se destapó oficialmente en Marbella bajo la etiqueta de “Operación Malaya”.

La presencia en Toledo de los saqueadores de Marbella, de Estepona, de Rincón de la Victoria, de Espartinas, etc, contrariamente a lo que se pudiera suponer, no es reciente. Algunos de los casos detectados se remontan a finales de los noventa y la mayoría se centra entorno al año 2003, comienzo de la Ominosa Legislatura durante la cual la criminalidad político-urbanística se convirtió en un hecho cotidiano, tan cotidiano que el Parlamento Europeo se ha visto obligado a calificar la situación española como de “corrupción endémica”.

En consecuencia, la tesis de que los hombres de la trama “malaya” se hayan desplazado hasta el centro de la Península huyendo de la presión judicial y policial en la costa, no se sostiene. Tampoco es sostenible esta hipótesis si recordamos el papel central que Caja Castilla-La Mancha ha tenido ―y aún tiene, pese al discreto silencio de la prensa― en la financiación y protección de los negocios que sociedades y personajes “malayos” emprendieron en las provincias de Madrid y Toledo, sin olvidarnos, claro está, de Murcia. En este sentido, el caso de la finca Alcalvín, en Bargas es, con toda seguridad, el más manifiesto e hiriente de los conocidos… Hasta ahora.

Decididamente, Toledo fue desde el principio un territorio hospitalario en el que los “malayos” pudieron llevar a cabo o planear algunos de sus más grandes “golpes” inmobiliarios, y en ese benévolo recibimiento, por necesidad lógica y por sentido común, cierto papel habrá tenido y tiene que jugar la estructura política de la región.

Estos hechos y otros nuevos a los que apunta la investigación, hacen que el artículo publicado en El Mundo que reproduzco a continuación, cobre no sólo actualidad, sino que se convierta en una herramienta de análisis utilísima, especialmente atendiendo a lo que en él se dice sobre el indulto que benefició al difunto Jesús Gil, favorecido y promocionado en su día por Juan Alberto Belloch y por María Teresa Fernández de la Vega; y por supuesto también en lo relativo al papel de “agente del CNI” que Jorge Dezcallar asignó, durante los gobiernos de José María Aznar, al ahora preso Juan Antonio Roca Nicolás.

Ya es innegable que Gil y Roca fueron unos “protegidos” del poder político desde los tiempos del “felipismo” lo que es consistente con la actual presencia de nombres que adquirieron fama entonces junto a otros que la han adquirido ahora por su relevancia y significación en el caso “Malaya”; pero la cuestión de actualidad está en si Roca, Ventero, Arteche, Pedro Román y algún otro cuyo nombre por ahora me reservo, también han sido o son “protegidos” de José Bono y del silente José María Barreda.

Cabe preguntarse, además, si las estructuras de criminalidad urbanística que apuntan en los barbechos toledanos podrán llegar a dibujarse con mayor nitidez de la que hasta ahora se ha logrado y si las trazas de esta afectio societatis que une a hampones, desclasados y bohemios rapaces, con las grandes corporaciones y con los despachos políticos, acabará desvelándose con la suficiente consistencia inculpatoria.

Los datos van a aparecer, de eso que no le quepa duda a nadie, pero el alcance que esa información tenga para la salud de la res publica, sí es una incógnita. La “corrupción endémica” de la que acusaba a España el Parlamento Europeo germina sobre una gruesa capa de estiércol pragmático y cínico. Al corrupto que reparta pan no le faltarán votos y con esos votos no habrá Estado o judicatura que pueda o pretenda poner freno al fraude de ley, al abuso de derecho o al puro y simple saqueo.

Eso es la “mafia”, una muy amplia y ecléctica societas delicti con dos extremos: uno en el gobierno y el otro en el hampa de los barrios chinos, y entre esos dos extremos, una estructura social paralela y decisiva que suplanta y hace del Estado de Derecho una vana apariencia, una formidable impostura.

La rapidez con que la corrupción se ha expandido por toda la Península durante la execrable legislatura 2003-07, ha hecho que las cosas en España tomen un color muy parecido al que tuvieron en Italia desde la posguerra hasta los tiempos en que los corleoneses del palurdo en armas Salvatore Riina, hicieron saltar por los aires el pacto secular que el hampa había establecido con los padrinos Giulio Andreotti y Bettino Craxi.

De hecho, Cosa Nostra, recompuesta con los despojos de los secuaces de Riina ―los Santapaola, los Cultrera, los Menino o los Greco― vueltos nuevamente hacia la mafia imprenditoriale (mafia empresarial) hacia el padrinazgo político del deplorable Berlusconi y hacia provechosas alianzas con la ‘Ndrangheta y los narcos sudamericanos; enseñó muy pronto las orejas entre los más destacados “malayos”, así que no me sorprendería descubrir a alguno de estos ciudadanos italianos paseando por la plaza de Zocodover o merodeando alrededor del palacio de Fuensalida. No señor, no me sorprendería nada.

Doce años de cohecho, malversación y blanqueo

DESDE HACE MAS DE UNA DÉCADA, LA CIUDAD HA VISTO UNIDO SU NOMBRE A LA LACRA DE LA CORRUPCION. ESTE AÑO, UN JUEZ ENVIO A LA CARCEL A SUS EDILES Y EXPUSO A LA MIRADA PUBLICA LO QUE TODOS SOSPECHABAN

El Mundo.

POR ANTONIO RUBIO

La corrupción de Marbella es una crónica anunciada donde han ido participando o consintiendo todos los poderes, tanto autonómicos como estatales. Hace 12 años, el alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, fue indultado por Felipe González porque amenazó con tirar de la manta sobre unas comisiones pagadas a políticos socialistas de la Junta de Andalucía.

Tiempo después, el hombre de confianza de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, se puso a trabajar para los servicios secretos españoles (Centro Nacional de Inteligencia), creyendo que así tenía un seguro para seguir metiendo mano en la caja municipal. Corría el año 1999 y José María Aznar era presidente del Gobierno.

Al final, un juez, con la ayuda de un grupo de honestos policías, ha puesto las cosas en su sitio y ha demostrado que la corrupción de Marbella era algo que todos sabían y que todos asumían.

El magistrado Miguel Angel Torres, con la operación Malaya, ha puesto en marcha el trabajo que hace años comenzaron los jueces Blanca Esther Díez y Santiago Torres y ha detenido, procesado o imputado a casi un centenar de personas entre concejales, empresarios, constructores, testaferros y otros.

Ésta es la crónica de esa corrupción anunciada que arranca, de forma oficial, hace 12 años: en marzo de 1994.

17 de marzo de 1994. Jueves. Consejo de Ministros presidido por Felipe González. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, presenta un informe elaborado por la subsecretaria de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, en el que se solicita un indulto para Jesús Gil, alcalde de Marbella. El ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, que es amigo de Gil, también apoya y defiende la medida de gracia para el polémico primer edil marbellí.

Jesús Gil había sido condenado a dos meses de arresto mayor e inhabilitación de cargo público por estafar a un portero de un inmueble al que le había vendido una parcela en Los Angeles de San Rafael (Segovia) que previamente estaba embargada judicialmente.

Isabel García Marcos, representante del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, pide explicaciones porque esa decisión del Consejo de Ministros va en contra de los intereses del grupo socialista en la Costa del Sol. La respuesta del jefe de gabinete de Presidencia es una misiva protocolaria y en ella no se concreta ni explica el motivo real por el que Gil, sorprendentemente, ha conseguido la medida de gracia. Al final, todo se queda en una «larga cambiada» del jefe de gabinete.

Poco después, los socialistas malagueños aprovechan la visita de la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, a la provincia para pedir, de nuevo, explicaciones sobre lo acontecido en el Consejo de Ministros. Alberdi aclara que el indulto de Gil fue defendido con vehemencia por la subsecretaria de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, siguiendo las instrucciones directas del ministro Belloch.

5 de mayo de 1994. Juan Alberto Belloch Julbe es nombrado biministro.Su segunda cartera es la del Ministerio del Interior. Interpol Italia requiere a Interpol España, a través de Interior, información sobre las actividades «extrapolíticas» del alcalde de Marbella.

Interpol España, siguiendo instrucciones superiores, aplica el «silencio administrativo» a la petición de sus colegas italianos.Se da la circunstancia de que en esas mismas fechas la juez de Marbella, Blanca Esther Díez, ya ha relacionado a Gil con miembros de la mafia italiana que residen en la Costa del Sol.

Entre los años 1993 y 1996, el PSOE está acosado por múltiples escándalos de corrupción: Filesa, Roldán, Fondos Reservados, AVE, etc. En 1994, Jesús Gil y Gil se plantea ser un problema más para el PSOE y amenaza con «tirar de la manta» contando que en 1986 tuvo que abonar al PSOE de Andalucía una comisión de 220 millones de las antiguas pesetas. El alcalde marbellí, finalmente, no denuncia el pago de la comisión, y el 17 de marzo de 1994 consigue del Consejo de Ministro su apreciado indulto.

Gil sigue de alcalde de Marbella gracias al ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, de la subsecretaria de ese Departamento, Teresa Fernández de la Vega, y de su amigo y ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro. Todo esos afectos sirven para que el primer edil marbellí siga recalificando terrenos a su antojo y que su mano derecha, Juan Antonio Roca, continúe ejerciendo de «recaudador de impuestos» ante los constructores e inmobiliarios de la zona y de cajero de La banda de Jesús Gil.

Marzo de 1996. Tan sólo han pasado dos años desde que Jesús Gil consiguió el indulto socialista. Los problemas del alcalde de Marbella con la Justicia, continúan. Ahora, Gil da un paso adelante y se convierte en «arrepentido». Sabe que la Fiscalía Anticorrupción va tras sus pasos y se aprovecha del nuevo Código Penal, promovido por el ministro Juan Alberto Belloch, para autoinculparse de un delito, convertirse en «arrepentido» y con esa argucia legal evitar las acciones de la Justicia contra su persona.

Gil declara y revela que en 1986 pagó comisiones a varios miembros de la Junta de Andalucía para que le concedieran la licencia de obras definitiva de la urbanización marbellí Los Cipreses del Mar. Cuando Gil es citado por un juzgado de Sevilla para que ratifique su denuncia y presente los correspondientes documentos que acreditan los pagos a los dirigentes socialistas de la Junta, da un paso atrás y todo queda en un escándalo político, sin consecuencias judiciales.

Octubre de 1999. EL MUNDO revela que Jesús Gil y Juan Antonio Roca han llevado a cabo un continúo saqueo de las arcas del Ayuntamiento de Marbella desde que en 1991 fuera nombrado alcalde el presidente del Atlético de Madrid. El montante del primer saqueo de Marbella asciende a 4.442 millones de pesetas. El segundo saqueo de Marbella sale a la luz pública en octubre de 2003 -también lo descubre EL MUNDO- y el montante es de 6.900 millones de pesetas.

El caso saqueo de Marbella se encuentra en la actualidad en la Audiencia Nacional, lo instruye el juez Juan Del Olmo y Roca está en libertad mediante el pago de una fianza de 459.000 euros.

Ese mismo año Juan Antonio Roca llega a un acuerdo con los servicios secretos españoles, el Centro Nacional de Inteligencia que dirige Jorge Dezcallar por designación de José María Aznar. El acuerdo entre Roca y el CNI consiste en que el primero tiene que informar de todos los movimientos del Grupo Independiente Liberal (GIL), que dirige el propio Jesús Gil para saber cuáles son las intenciones y movimientos de ese grupo político en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Jesús Gil, agobiado por múltiples procesos judiciales, reconoce entre sus íntimos que Juan Antonio Roca se ha convertido en el auténtico jefe de Marbella.

Abril de 2002. Inhabilitación de Gil. Jesús Gil, finalmente, es condenado en firme por el caso Camisetas y es apartado de la alcaldía de Marbella por inhabilitación judicial. Recoge el bastón de mando su fiel Julián Muñoz. El ex camarero, con la ayuda de José María del Nido, abogado y asesor del Ayuntamiento de Marbella, intenta llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía y dejar fuera de juego a Juan Antonio Roca.

El jefe de Marbella, como ya conocen a Roca en la Costa del Sol, con la ayuda del empresario británico Judah Binstock, contrarresta la jugada de Muñoz y consigue comprar la voluntad de la mayoría de los concejales marbellíes con importantes cantidades económicas.

En agosto de 2003 Roca coloca, mediante una moción de censura contra Muñoz, a Marisol Yagüe como alcaldesa y a Isabel García Marcos, hasta entonces miembro del PSOE, como primer teniente de alcalde.

Diciembre de 2004. Juan Antonio Roca y algunos concejales de Marbella dirigidos hábilmente por Marisol Yagüe recaudan importantes cantidades económicas que van directamente a sus bolsillos. Roca se mueve mejor que nunca y el juez Del Olmo no avanza en el caso saqueo de Marbella.

Pero en diciembre de 2004 se produce una partida de póquer en la finca El Río de Badajoz. En esa partida se ponen sobre el tapete de juego hasta tres millones de euros. Y en ella participan los más íntimos de Roca. Uno de ellos, que pierde una importante cantidad, se considera estafado y como venganza se acerca a la Policía.

Las confidencias entre el jugador estafado y la Policía permiten que los agentes descubran todo el entramado financiero de Roca y sus testaferros. La operación Malaya, que va a dirigir el juez Miguel Angel Torres, se pone en marcha.

Marzo-Junio 2006. El juez Miguel Angel Torres, siguiendo los pasos de sus predecesores en el cargo, los magistrados Blanca Esther Díez y Santiago Torres, logra acabar el trabajo que estaba pendiente desde hacía más de una década: levantar la cloaca de la corrupción urbanística en Marbella.

Juan Antonio Roca, el auténtico alcalde de Marbella; Marisol Yagüe, la alcaldesa títere de El jefe; Isabel García Marcos, primer teniente de alcalde, y hasta un total de 28 personas son detenidas en marzo de 2006 por cohecho, blanqueo y malversación de caudales públicos.

7 de abril de 2006. Viernes. Nueva fecha. Nuevos tiempos. Nuevo Gobierno. El mismo problema: corrupción urbanística. Han pasado doce años desde que Jesús Gil consiguiera su indulto. El alcalde falleció en 2004, pero el que fuera su segundo, Juan Antonio Roca, sigue controlando el Ayuntamiento de Marbella de la misma forma que ya lo hacía en 1994.

Los socialistas han vuelto a recuperar el poder a nivel estatal -marzo de 2004- y se celebra un nuevo Consejo de Ministros presidido por Rodríguez Zapatero. En ese Consejo ya no está Juan Alberto Belloch, que ahora es el alcalde de Zaragoza, tampoco el amigo de Gil, Javier Gómez Navarro, que es presidente de las Cámaras de Comercio, pero sí está Teresa Fernández de la Vega.

La que fuera subsecretaria de Justicia y defendiera con vehemencia el indulto de Jesús Gil se ha convertido, en el plazo de 12 años, en vicepresidenta del Gobierno y ahora tiene que sancionar la decisión de disolver el Ayuntamiento de Marbella por «gestión gravemente dañosa para los intereses generales». El Consejo de Ministros, finalmente, opta por disolver el Ayuntamiento de Marbella y crear una comisión gestora.

Hoy, tras judicializarse los casos saqueo I y II de Marbella y las operaciones Ballena Blanca -por blanqueo de dinero- y Malaya, son casi 100 las personas -entre concejales, constructores, empresarios, abogados y testaferros- que han pasado por la cárcel, están imputadas o acusadas de blanqueo, cohecho y malversación de caudales públicos.

Y todas ellas coinciden en una misma cuestión: «Con Gil llegó la corrupción total y Roca era el verdadero alcalde de Marbella desde hace muchos años». El patrimonio actual de Roca asciende a 120 millones de euros, incluida una cuadra de caballos finos.

El balance final de estos últimos 12 años en Marbella se podría resumir en dos partes: el juez Torres y los agentes de la UDYCO (Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado) han formalizado la lucha contra la corrupción en la Costa del Sol, pero todavía quedan algunos políticos aforados y grandes empresas por investigar.

Y el juez Torres deja el juzgado de Marbella de forma definitiva en enero de 2007 y los agentes de la UDYCO comienzan a tener auténticos problemas para llegar hasta el final de las cloacas marbellíes.

El pliego de cargos del Banco de España contra Hernández Moltó podría suponer el inicio de las acciones penales en el caso CCM

El Mundo, 27 de julio de 2009

Hoy El Mundo publica (el artículo se puede descargar pulsando sobre la imagen) algunos de los datos revelados por el pliego de cargos elaborado por el Banco de España en relación con la quiebra de CCM.

Ese informe pone claramente de manifiesto el control absoluto de Hernández Moltó sobre la operativa de la Caja, yendo para ello mucho más allá de las competencias que le asignaban sus estatutos: «El presidente de CCM se integra de facto en el Comité de Dirección… Realiza funciones de gestión de forma directa con los ejecutivos de la entidad, reuniéndose frecuente y directamente con los directivos de las unidades operativas de CCM y su grupo, incluyendo responsables territoriales y de zona y asistiendo a comités comerciales… Se ha extralimitado en sus funciones».

Con ese control inmediato como premisa, el pliego de cargos, continúa añadiendo, entre otras cosas, que en CCM «se han tomado decisiones de inversión sin el conocimiento de la Comisión de Inversiones, ni del Consejo de Administración de CCM, ni siquiera del Consejo de Administración de CCM Corporación». Algunas de esas operaciones tomadas al amparo de la noche y la niebla son las relativas a las tres ampliaciones de capital de CR Aeropuertos, de tal forma que, también según el citado pliego de cargos, el riesgo asumido en esta entidad dominada por personas que se declaran públicamente «amigos» del silente Barreda, supone 336,9 millones de Euros, es decir, el 100% de la financiación obtenida por el fracasado proyecto, ahora en medio de un turbio concurso de acreedores solicitado por una compañía dominada por Díaz de Mera, también uno de los principales accionistas del aeropuerto.

Igualmente, «alguien» tomó la decisión de acudir a una OPA parcial sobre METROVACESA, una operación Román Sanahuja ―socio de Díaz de Mera y junto a él acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla en relación con el caso El Monte― contra Joaquín Rivero, entonces primer accionista de la empresa. La operación terminó eludiendo, por muy poco, el concurso necesario de acreedores mediante la cesión del 54% de la empresa al Santander, al BBVA, a Banesto, a la Caixa, a Caja Madrid y al Banco Popular.

Los activos de 35 de las 45 sociedades de CCM Corporación, han sufrido un deterioro, es decir, una minusvalía, de 417,2 Millones de €. El crédito concedido a las empresas participadas por la Caja era del 150% de todos sus recursos propios. Igualmente la caja entró de lleno en el fiasco de Inmobiliaria Colonial, una operación protagonizada por Luis Portillo, un personaje con documentadas relaciones con el caso Malaya, por Aurelio González Villarejo, Juan Gracia Jiménez ―propietario de Peinsa-97 y también protagonista de alguno de los hechos relacionados con la Operación Ninette― Por el ubicuo Domingo Díaz de Mera o por la no menos ubicua Esther Koplowitz, algunos de cuyos ejecutivos acabaron presos durante las distintas fases de la Operación Malaya.

La disponibilidad ad libitum de los fondos de CCM para aquellos personajes habituales del palacio de Fuensalida parece innegablemente acreditada por el pliego de cargos. Según este documento, la Caja también participaba en Global Cartera de Valores, una sociedad instrumental en la que aparecen Domingo Díaz de Mera y Luis Delso, presidente de Isolux, sociedad estrechamente ligada a la Caja por ejemplo en sus dudosas operaciones en Aranjuez, y que actualmente ha adquirido notoriedad pública después de que Luis Bárcenas, el imputado en la operación Gürtel haya afirmado ante el juez que Delso era el «Luis el Cabrón» que aparece en la contabilidad B de las sociedades de Francisco Correa. Además, Díaz de Mera, sus socios habituales los hermanos Barco Fernández y Miguel Antonio Méndez Pozo, todos ellos personajes cercanos a José María Barreda, habrían recibido en préstamos un total de 459 Millones de Euros.

Hay, para ir terminando ya, 125 titulares de créditos superiores a 16 Millones de € y de ellos, según el Banco de España, el 82,4 % están relacionados con la construcción. No obstante, lo que el pliego de cargos calla, oportunamente, es que en esas cantidades están los 40 Millones de € concedidos a Juan Antonio Roca el «malayo» o los 30 Millones de € prestados a Puerta Oro Toledo, compañía propiedad del «malayo» Pedro Román, de su socio y de Roca, Juan María López Alvarez, de Sacyr y, cosa no tan asombrosa como podría parecer, al distinguidísimo despacho de abogados Cuatrecasas. Ahí también están las cantidades invertidas en las sociedades del «malayo» Enrique Ventero y, en definitiva, los más de 200 Millones de € con que la Caja ha financiado a detenidos e imputados en el uno de los más paradigmáticos y tentaculares casos de corrupción destapados hasta la fehca.

Operaciones de menor calado, como la del campo de golf de Carranque, no parece que sean mencionadas en el pliego de cargos aunque no por ello son menos significativas. Ahí, Hernández Moltó puso a dos hombres de su máxima confianza: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, a juzgar por los consejos de administración en los que están presentes, ambos especializados en hacer negocios con los «malayos»; y ahí también puso un crédito de 10 Millones de € que Villa Romana Golf ―la mercantil de PEYBER-CCM― ya ha consumido íntegramente hace tiempo.

Ahora, esa entidad no paga. No ha pagado las cantidades adeudadas al Ayuntamiento de Carranque, cuyo cobro ejecutivo fue anulado generosamente por Alejandro Pompa, el alcalde; y no está pagando los plazos vencidos de los terrenos que compró en el PAU del campo de golf.

La situación despide un intenso aroma a concurso voluntario de acreedores. Con CCM imposibilitada, por ahora y por mucho tiempo, para añadir más capital al tinglado golfista y con la amenaza pendiente de una andanada masiva de acciones de rescisión de contrato protagonizada por los vendedores de terrenos en el PAU, que ante el incumplimiento de Villa Romana Golf muy bien podrían recuperar sus fincas y quedarse con los dineros cobrados a cuenta, cabe conjeturar sólidamente que los hermanos Díaz Bermejo y el aparejador Peinado, estén contemplando el concurso de acreedores como una buena forma de blindarse contra esas acciones y de retrasar indefinidamente las obligaciones de pago contraídas, dejando con dos palmos de narices a sus acreedores, al menos por una larga temporada.

Pero, volviendo a CCM y para terminar: ¿Qué piensa de todo esto la Fiscalía Anticorrupción?

Los alcaldes del PP de La Sagra (Toledo) se sublevan contra Pompa y Tofiño

TOLEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) –

Reportaje de Epoca sobre la identificación policial de Alejandro Pompa

Los alcaldes y portavoces del Partido Popular de los municipios integrados en la Mancomunidad de la Sagra Alta de Toledo mostraron hoy su profundo descontento ante el “uso partidista” que el PSOE está haciendo de esta institución para “tapar las vergüenzas” del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, “que no quiere invertir los recursos que le corresponden a esta comarca”.

Así lo manifestaron hoy en rueda de prensa el alcalde de Yuncos, Gregorio Rodríguez, el de Cobeja, Antonio Fernández, y el vicepresidente de la Mancomunidad de La Sagra Alta, Félix Conde, que destacaron que tanto el presidente de la Mancomunidad, Alejandro Pompa, como el presidente de la Diputación y alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, “lo que están haciendo es sacar de la Mancomunidad los recursos que no se atreven a exigir a Barreda, y que corresponden al Gobierno regional“, argumentaron.

En este sentido, Fernández destacó que la Mancomunidad está siendo “un instrumento” para los “fines políticos” del Barreda y de Tofiño, ya que está “dando servicios impropios de la misma, que corresponden a la Junta de Comunidades en unos casos y, en otros, al Ayuntamiento de Illescas, al que se está beneficiando por encima de otros Ayuntamientos, olvidando que la mancomunidad debe servir por igual a todas las localidades que la integran”, según informó el PP en nota de prensa.

De este modo, el alcalde ‘popular’ de Cobeja recordó que los Presupuesto de la Mancomunidad de la Sagra Alta deberían aprobarse por unanimidad y, sin embargo, no ha sido así ya que los representantes del PP han tenido que votar en contra de los mismos “porque no sólo no han sido consensuados, sino que ni siquiera se ha consultado a los representantes del Partido Popular para su confección, y además son injustos y poco austeros”, agregó.

“Hemos votado en contra del presupuesto porque no es austero, aumenta un 23 por ciento, incrementa el precio del agua un 13 por ciento, contrata personal exclusivamente para Illescas, incrementa la partida de altos cargos así como el sueldo del presidente en un 29,25 por ciento, incluye partidas ilógicas de gastos incrementadas en más del 350 por ciento respecto a 2008; amplia servicios como el SAMI, PRIS, OMIC y Centro de Atención Temprana de Illescas, que debería asumir la Junta, y obliga a pueblos a pagar servicios que no usan“, apostilló.

En este sentido, aclaró que “hemos presentado alegaciones al Presupuesto y, en otro acto de prepotencia y totalmente antidemocrático, no han considerado ninguna de nuestras sugerencias”, algo que ocurre porque “el señor Pompa se encuentra bajo la presión política de Tofiño y Barreda y de ahí que antes de los plenos todos salgan del Ayuntamiento de Illescas ya con la tarea hecha debajo del brazo“, lamentó el alcalde de Cobeja.

Para los alcaldes y portavoces del Partido Popular en los municipios integrados en la Mancomunidad de la Sagra Alta “esta situación es insostenible y no estamos dispuestos a permitirla, por lo que nos estamos replanteando nuestra relación con la mancomunidad y estamos estudiando distintas alternativas sin excluir ninguna“, advirtió Fernández.

BENEFICIA A UNOS PUEBLOS EN DETRIMENTO DE OTROS

Alejandro Pompa respaldado por Barreda

Por su parte, Rodríguez recordó que la mancomunidad se creó para unos fines concretos referidos al abastecimiento de agua y saneamiento y que, con el tiempo, ha ido asumiendo cada vez más competencias y servicios que, hasta ahora iban en beneficio del conjunto de los municipios que la integran.

“En los últimos tiempos estamos viendo una serie de acuerdos que se están adoptando sin la unanimidad que sería deseable en una mancomunidad y con los que no estamos de acuerdo, porque solo benefician a algún municipio y no a los 14 mancomunados”, argumentó.

El alcalde de Yuncos se refirió al caso concreto de un punto que se propone en el Orden del Día para el pleno que tendrá lugar mañana para suscribir un convenio con el Ayuntamiento de Illescas que sólo beneficia a este municipio y que, “curiosamente”, el Consistorio illescano ya ha aprobado en su pleno municipal, dando por hecho que la Mancomunidad va a suscribir el convenio sin antes consultar a nadie, y “esto es al gota que colma el vaso”, aseguró.

Según explicó Rodríguez, se trata de un programa de acceso a la vivienda en Illescas que se incluye dentro de un Convenio del Ayuntamiento con la Junta, en el que el Consistorio quiere que el mediador necesario para este proyecto de acceso a la vivienda corra a cargo de la Mancomunidad, transmitiendo una cuestión meramente municipal para que se haga a través de esta institución y con los medios de la misma.

“El asumir esas competencias que son de la Junta y que se financian con recursos de la mancomunidad esta haciendo que los ayuntamientos seamos cada vez más deficitarios en esas partidas del agua, lo que nos obliga a subir la presión fiscal por el consumo a todos nuestros vecinos”, resaltó Rodríguez, quien criticó la “irresponsabilidad” que exhibe el Partido Socialista con estas actitudes, que no hacen más que agravar la ya difícil situación de los municipios de esta comarca a causa de la crisis económica.

PREPOTENCIA

Por último, el vicepresidente de la Mancomunidad de La Sagra Alta, Félix Conde, criticó la actitud “prepotente y chulesca” que mantiene el presidente de la Mancomunidad, Alejandro Pompa, que “no consulta ni pide opinión para ninguna de las actuaciones que se llevan a cabo desde esta institución, ni siquiera para la elaboración de los presupuestos, cuando en una mancomunidad las cosas deberían consensuarse entre todos”, afirmó.

“No se debate nada, se imponen las cosas y en esas condiciones estamos siempre en un tira y afloja que no conduce a ningún sitio”, lamentó Conde, quien se mostró muy descontento por la marcha de la Mancomunidad y pidió al PSOE que recapacite, porque lo que hay que hacer es “sentarnos, hablar y consensuar las cosas como debe hacerse en una mancomunidad”, concluyó.

¿Por qué “La Tribuna de Toledo” publica informaciones sobre la vida privada de la concejal agredida por Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas?

Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas

Haciéndose eco de la agresión perpetrada por Agustín Jiménez Crespo (en la foto) a una concejal de su grupo en el Ayuntamiento de Noblejas, La Tribuna de Toledo, en un artículo titulado «El PP reclama al PSOE que actúe contra el alcalde si no dimite» daba datos sobre aspectos privados de la vida de dicha concejal y de una de sus amigas, la cual fue inmediatamente despedida por el tal Jiménez tras ocurrir los hechos que le han llevado a ser condenado.

Esos datos, que carecen absolutamente de ninguna relevancia respecto a la información publicada, parecen ocultar, tras una aparente redacción aséptica, un tortuoso intento de desprestigiar públicamente a la víctima de la agresión y una no menos tortuosa pretensión de sostener al agresor, resaltando que si bien ha sido condenado, no lo ha sido por violencia de género, sino por lesiones.

Independientemente de que la concejal agredida muy bien podría emprender acciones legales contra La Tribuna de Toledo y de que el alcalde Agustín Jiménez Crespo no haya sido condenado por un delito de violencia de género porque ahí falta la convivencia familiar o la relación afectiva, lo cierto es que la maniobra de La Tribuna es reveladora.

Como es sobradamente conocido, La Tribuna es una cabecera perteneciente a Antonio Miguel Méndez Pozo. También es sobradamente conocida la pública amistad que une a este constructor, encarcelado en su día por el caso de “la construción de Burgos”, con el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.

Por otro lado, Méndez Pozo es uno de los mayores deudores de la intervenida CAJA CASTILLA-LA MANCHA y uno de los principales “inversores” ―con dinero de CCM― en los ruinosos proyectos del Aeropuerto de Ciudad Real y del Reino de Don Quijote, por no citar ahora otros negocios inmobiliarios que este importante empresario tiene en la región.

Pues bien, Méndez Pozo también tiene señalados intereses en la localidad toledana de Noblejas, escenario de la agresión del alcalde Agustín Jiménez, intereses que penden de un hilo el cual, a su vez, pende de la “voluntad” del alcalde Jiménez.

En Noblejas, el ahora condenado en firme Agustín Jiménez Crespo, impulsó un proyecto que pretendía alcanzar la condición de polígono dedicado a la alta tecnología. Su denominación: Parque Tecnológico Lineal. Para ello el Ayuntamiento de Noblejas presidido por Jiménez compró unos tres millones de metros cuadrados al precio de 250 Pts/m^2.. Esos terrenos fueron vendidos, posteriormente, a un consorcio formado por CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN, CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, DESARROLLOS INDUSTRIALES GRAN EUROPA XXI y MGB CASTILLA-LA MANCHA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. El precio de venta fue de 10 €/m².

Sentencia por la que se condena a Agustín Jiménez

En esta compraventa el Ayuntamiento incluyó una cláusula de reversión. Si pasado determinado plazo las obras de urbanización no se habían terminado, los terrenos debería revertir al Ayuntamiento. La corporación, de darse este caso, pagaría dichos terrenos al 75% del precio inicial, es decir, a 7,50 €/m².

En la actualidad, el fabuloso parque de alta tecnología es otro de los muchos fiascos en los que CCM fue embarcada por Juan Pedro Hernández Moltó y su equipo de dirección. La previsión inicial de que BMW se instalara en Noblejas fracasó y los trabajos de urbanización han sido abandonados, lo que pone en vigor la cláusula de reversión de esos terrenos al Ayuntamiento, cosa que el alcalde Jiménez se ha guardado de exigir hasta el momento.

Las razones de esa pasividad muy bien podrían obedecer a la presencia de CCM CORPORACIÓN, pero no sólo a eso porque resulta que la mercantil MGB CASTILLA-LA MANCHA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, es una empresa de Antonio Miguel Méndez Pozo, que tiene por administrador único a su hijo Miguel Méndez Ordóñez y cuyas participaciones pertenecen un el 100% a la sociedad GRUPO RIO VENA GESTIÓN DE CARTERA que, a su vez, pertenece a RIO DE LOS AUSINES, por supuesto, también propiedad de Méndez Pozo.

No acaban aquí las cosas interesantes que están sucediendo en Noblejas (Toledo) ni la presencia de interesantes empresas y no menos interesantes apellidos en el asunto del puntero, a la par que fracasado, parque de alta tecnología, pero de momento baste con señalar esto para dar una plausible explicación al equilibradamente maligno artículo que La Tribuna de Toledo ha dedicado a la agresión que sufrió la concejal Belén Gutierrez a manos del alcalde Jiménez.

Entre tanto, según informan vecinos de Noblejas, Agustín Jiménez se ha dedicado estos días ha hacer varias visitas al Congreso de los Diputados, lo cual es lógico porque durante las “jornadas de puertas abiertas” el lugar está muy masificado y no se puede apreciar bien la belleza de sus dependencias.

Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas (Toledo) condenado por agredir a la concejal de su propio grupo, Belén Gutiérrez, compró terrenos por 5 millones y los vendió por 37

Interviu, 29 de junio a 5 de julio

Según Interviu ―el artículo completo se puede descargar desde aquí o pulsando sobre las imágenes― la concejal del ayuntamiento de Noblejas (Toledo) Belén Gutierrez «acudió… Al ayuntamiento para hacer una gestión sin demasiada importancia, pero salió de allí con un brazo retorcido y un puñetazo en el rostro» como resultado de la agresión del alcalde Agustín Jiménez.

Lo cierto es que la reacción del individuo que está al frente del ayuntamiento de Noblejas desde 1983, el tal Agustín Jiménez, no refuerza la teoría de que la gestión careciera de importancia. Siempre según los hechos declarados probados por la sentencia, Belén Gutierrez pretendía fotocopiar unos documentos relacionados con una subvención a una ONG. La funcionaria encargada consultó con el secretario que exigió que se hiciera la petición por escrito. La concejal insistió en que como edil podía obtener copias de los documentos sin más formalismos. A partir de ahí, tanto la funcionaria como la concejal, se dirigen al despacho del alcalde, que salió a su encuentro prohibiendo a Belén Gutierrez acceder a la documentación.

En ese punto, continúa el relato de los hechos de la sentencia, la concejal «le arrebata el documento a la administrativa y de manera inmediata Agustín Jiménez Crespo acorrala literalmente a María Belén Gutiérrez Zamorano contra una pared, le retuerce la mano y le da un puñetazo, quitándole de manera violenta los documentos… Que la actitud del mencionado Agustín Jiménez fue violenta resulta del parte de lesiones que consta en las actuaciones».

Interviu, 29 de junio a 5 de julio

Al referido Agustín Jiménez le sirvieron de poco los testigos aportados a la causa. Todos ellos declararon que no hubo agresión. Sin embargo la sentencia, dando primacía a la contundencia probatoria de las imágenes de la cámara de seguridad y al parte médico de lesiones, afirma que «todos los testigos que han declarado en el acto del juicio son empleados del Ayuntamiento de Noblejas, y por tanto, trabajan para el Alcalde»

Según declaraciones recogidas por Interviu, el dicho Jiménez, tiene una ecléctica trayectoria política. Primero probó suerte en las juventudes de Falange y pasando por el PCE para terminar bajo la buena sombra del PSOE de Castilla-La Mancha, el cual usó como plataforma para ganar la alcaldía. A partir de ese momento «aquí el que quier algo, ya sea trabajo para un hijo o una licencia de obra, tiene que ir al ayuntamiento y pedírselo al alcalde como si fuera un favor. Ha creado una red clientelar que le permite seguir ganando elecciones porque todo el mundo le debe algo. Tiene a los empleados del ayuntamiento con contratos eventuales para poder hacer lo que quiera con ellos».

Los tentáculos de la Caja Castilla-La Mancha que dirigía Hernández Moltó, como cabía esperar, tampoco están muy lejos de Noblejas. Los recursos con los que el agresor de la concejal Belén Gutierrez mantiene una red de servicios municipales que, según Interviu, le sirven para favorecer su reelección como alcalde, derivan de la venta por 30 Millones de €, de unos terrenos de uso industrial a un conglomerado de empresas encabezado por CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN.

La revista no precisa qué otras empresas participaron en esa compraventa, pero como el dato parece relevante y también parece probable encontrar allí nombres conocidos, en Noblejas pueden dar por seguro que Notitia Criminis ofrecerá pronto y con detalle esa información.

Entre tanto, y con el PSOE de Toledo silente como de costumbre, el citado Jiménez ya se enfrenta a cuatro denuncias por prevaricación y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ocaña (Toledo) le investiga por una venta de terrenos que Jiménez compró por cinco millones y medio de € y vendió por 37 millones, a todas luces un negocio bastante redondo.

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La precipitada “dimisión” de Saiz deja al frente del CNI a otro hombre cercano a José Bono

José Bono

Ya es pública la «dimisión» de Alberto Saiz, el hombre puesto al frente del CNI por su primo putativo y padrino político, José Bono. Con el cese de este perito agrónomo, estoqueado por un pez espada y rematado por una granizada de patatas gallegas, el Estado recupera la normalidad, pero es más dudoso que en Moncloa se comprenda el alcance del acontecimiento o, mejor dicho, el alcance de lo que el acontecimiento enseña.

Esta es la tercera vez que el Gobierno de España tropieza en la piedra toledana. En la primera de ellas, Rodríguez Zapatero tuvo que «dimitir» a Bono poco después de haberle nombrado Ministro de Defensa. Sus lazos con el Pocero eran ya demasiado manifiestos, igual que manifiesto era el fumus malus iuris que desprendía el escándalo de Seseña, un asunto que se disputa el título de paradigma de la corrupción política, con el caso Malaya.

Cuando aún no habían terminado, ni mucho menos, las consecuencias de la aparición del Pocero en Seseña ―donde hay un imputado por corrupción y ninguno por corruptor― otro de los hombres de confianza de José Bono y consejero de sus gobiernos manchegos, Juan Pedro Hernández Moltó, llevaba a la quiebra a Caja Castilla-La Mancha y se descubría que en ese fiasco tenían un considerable papel la financiación de CCM a sociedades y personajes del hampa marbellí.

Ahora, lejos aún de que los asuntos de Seseña y de CCM estén resueltos, el grotesco episodio de Alberto Saiz tiene que liquidarse a mano airada sin poder esperar, ni siquiera, a agosto como esta misma mañana decía un medio de comunicación que iba a ocurrir.

Sin embargo este apresuramiento es delator y huele a componenda. El País publica esta tarde que el sustituto de Saiz, el general Sanz Roldán, es un «hombre de Bono y del respeto de Zapatero» lo cual es decir mucho sin decir nada.

Las cabezas trocadas. El día de pesca de Alberto Saiz

Otra vez, como ya ocurrió tras la primera dimisión de Bono, Zapatero se ve obligado a suministrar oxígeno a su enemigo. El leal Saiz «dimite» antes de lo previsto pero, a cambio, José Bono no se queda completamente «sordo», no pierde por completo su influencia en los servicios secretos. La ve debilitada ―porque no me imagino al general Sanz asumiendo la servicial actitud del primo político― pero no destruida.

El miedo, una vez más, ha hecho temblar la mano de Zapatero frente a Bono y con ese temor y temblor incuba gravísimos problemas; lo mismo que hace María Dolores de Cospedal, a quien el sentido común le está pidiendo a gritos que depure urgentemente su partido en Castilla-La Mancha mientras el temor o la prudencia la tienen paralizada.

Los dos, Zapatero y Cospedal tienen un trabajo pendiente en Toledo. Allá ellos si se empeñan en dilatar lo inevitable. De momento el Tomo VI del sumario del Caso Astapa, el primero del que se levanta el secreto, parece traer interesantes revelaciones. Estudiaremos ese sumario con detenimiento.

Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas, Toledo, fue grabado mientras agredía a una de las concejales de su equipo de gobierno

Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas, Toledo

Esta semana la revista Interviú pone al día la noticia de unos hechos ocurridos en diciembre de 2008, los cuales pasaron desapercibidos en Castilla-La Mancha y no sin la inapreciable ayuda del gobierno de Barreda y del propio PSOE regional, que cada día que pasa demuestra más tener sus propias reglas.

Como digo, en diciembre de 2008 un individuo que atiende al nombre de Agustín Jiménez Crespo, alcalde de la localidad toledana de Noblejas desde 1983 hasta la fecha y que, además, ha desempeñado diversos cargos en la Administración regional bajo los gobiernos de José Bono y del propio Barreda; empujó, retorció un brazo y propinó un puñetazo en la cara ―según informa Interviú― a la concejal de su propio partido Belén Gutierrez.

La agresión, miserable añado yo, fue recogida por las cámaras de seguridad del Ayuntamiento y, a pesar de la mala calidad del video, ésta se puede apreciar claramente. Sucede al fondo de la imagen, hacia la mitad de la grabación, junto a la columna amarilla que se aprecia en la sala. En principio el tal Agustín Jiménez entra, con camisa blanca, seguido de varias personas, entre ellas Belén Gutierrez. En un momento dado, el alcalde se vuelve, empuja violentamente a la concejal hasta un rincón y allí consuma la agresión.

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Poco después, durante un acto celebrado en la localidad, la propia Belén Gutierrez puso los hechos en conocimiento del consejero del gobierno de Barreda, Fernando Lamata. Lamata, a quien también se le conoce en Carranque por respaldar públicamente al imputado por corrupción Alejandro Pompa, continuó el acto junto al alcalde Agustín Jiménez reiterando “el compromiso del gobierno de Barreda” con los pueblos de la región.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Noblejas tiene cierta tradición en organizar actos contra la violencia de género. Así, por ejemplo, en noviembre de 2006, este pueblo toledano acogió los actos del Día Internacional Contra la Violencia de Género. En esos actos intervinieron José María Barreda y el propio Agustín Jiménez.

Barreda, fiel a su estilo pastoril, dijo que “es inaceptable que un hombre abuse de una mujer”, que “un maltratador es un tirano y hay que censurarlo cuando utiliza la fuerza desde su posición superior” o que los malos tratos “no son un asunto privado. Nos incumbe a todos. No podemos dejar indefensa a la víctima”.

A continuación tomó la palabra Agustín Jiménez, el ahora condenado por agredir a Belén Gutiérrez, y mostró su satisfacción “porque hoy esta localidad sea referencia de igualdad entre hombre y mujeres y de lucha contra los malos tratos”.

Con este, que se sepa, ya son dos los alcaldes de Toledo condenados por agredir a personas indefensas o en situación de inferioridad. Agustín Jiménez Crespo, que según sentencia de primera instancia es culpable por golpear a una mujer, y Alejandro Pompa, condenado en firme ―la noticia se puede descargar desde aquí― por abofetear a un anciano de 82 años.

Sin duda, el gobierno de Barreda parece estar muy comprometido en “censurar” a aquellos individuos que utilizan la fuerza “desde su posición superior” y a los que el propio Barreda tacha de “tiranos”, pero como las cosas de este mundo tienen que ser consistentes, podemos apostar a que en Noblejas hay importantes intereses que, a la vista de los responsables del PSOE toledano y del presidente Barreda, justifican sobradamente que individuos como Agustín Jiménez o Alejandro Pompa no hayan sido “censurados”, sino que por el contrario, sigan disfrutando de la protección del partido, de sus responsables y del propio Gobierno de Castilla-La Mancha.

Un portavoz de Caja Castilla-La Mancha considera “normal” que la entidad esté investigada por su implicación en la operación Malaya

Hoy, día en el que se celebra la primera asamblea general de CCM después de la intervención del Banco de España, el diario El Economista publica la siguiente noticia en primera plana. La reproduzco íntegramente:

El Economista. Javier Romera/Alejandra Ramón

«La entidad concedió préstamos por más de 200 millones a los cerebros de la trama marbellí. Dos semanas antes de ser intervenida renovó un préstamo de 30 millones a un testaferro de Roca.

El caso Malaya puede costarle un nuevo disgusto a Juan Pedro Hernández Moltó, destituido el pasado mes de marzo como presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM). El juez Oscar Pérez está investigando los créditos que la entidad concedió bajo su gestión a los principales imputados en la trama de corrupción marbellí y que, según las primeras estimaciones, superarían los 200 millones de euros.

Fuentes judiciales han confirmado a elEconomista que la investigación se ha abierto después de que hace un año el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, recibiera un escrito anónimo y un CD en el que se vinculaba a varios malayos con casos de corrupción en Castilla-La Mancha.

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Petición del fiscal

El fiscal pidió entonces al grupo III de blanqueo de la Udyco que estudiara el caso y es ahí cuando se detectan los créditos que está investigando ahora el juez. Un portavoz de la caja insistió ayer en que la entidad está tranquila. “Es normal que el juez investigue todos los negocios y relaciones de las personas que estén involucradas en la operación, pero nosotros no hemos cometido ninguna irregularidad y los créditos están adecuadamente supervisados y garantizados“, aseguró.

CCM, que tiene varias empresas y negocios conjuntos con los imputados en la Operación Malaya, prestó 40 millones de euros a One Properties y Masdevallía, dos de las sociedades más importantes del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Además, según las fuentes consultadas, la entidad podría haberle facilitado también la financiación para adquirir el Palacio de Saldaña, en Madrid, tal y como declaró una de sus testaferros, Monteserrat Corulla.

Pero la relación de la caja con el caso no se limita sólo al jefe de los malayos. El 13 de marzo de este mismo año, apenas dos semanas antes de que la entidad fuera intervenida por el Banco de España, CCM renovó una hipoteca por valor de 30 millones de euros a la sociedad Puerta Oro Toledo.

Esta firma, en la que también aparece otra de las personas investigadas por la Udyco, Juan María López Álvarez, es propietaria de un solar de 324 hectáreas en la localidad de Bargas (Toledo), pero no puede construir porque Medio Ambiente decidió considerar “ambientalmente inviable el proyecto”. El alcalde de Bargas es Gustavo Figueroa Cid, vicepresidente de la diputación provincial de Toledo y mano derecha de José Manuel Tofiño, presidente de la misma.

El juez Pérez está investigando ahora porque, pese a conocer los problemas para edificar en esta localidad, y en lugar de pedir la ejecución de la hipoteca para librarse de una partida del pasivo tan arriesgada, CCM decidió renovar el préstamo, en vísperas además de la intervención.

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El más favorecido

El mayor beneficiado por los préstamos de la caja es, en cualquier caso, el empresario Enrique Ventero Terleira, que recibió más de 100 millones y que está acusado de pagar comisiones a Roca. El cerebro de la trama ha declarado ya en los juzgados que ambos hicieron negocios juntos en Los Alcázares (Murcia), junto al Mar Menor.

En los últimos meses, la Udyco ha estado investigando a la sociedad Las Lomas de Pozuelo, que tiene importantes extensiones de terreno en esta localidad. Ventero Terleira ha declarado ante el juez Torres que Caja Castilla-La Mancha participaba también en el accionariado. Las fuentes judiciales consultadas aseguran que en Los Alcázares, la caja podría haber facilitado también financiación a Montserrat Corulla, ligada también a Roca.

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Asamblea

CCM cerró el año pasado con unas pérdidas de 740 millones de euros debido, entre otras cosas, a su alta exposición al sector inmobiliario. Y ahora, todas las cajas de ahorros van a financiar a fondo perdido el rescate de la entidad. Su hucha para garantizar los depósitos de los clientes ha adquirido la emisión de participaciones preferentes de la firma manchega por importe de 1.300 millones de euros. Este producto tiene una rentabilidad cero durante los cinco primeros años, frente al 6 ó 7 por ciento de operaciones similares que se colocan entre los inversores privados.

Caja Castilla-La Mancha celebrará hoy en Cuenca la primera asamblea general ordinaria tras ser intervenida por el Banco de España, en la que se abordará la ratificación de los nombramientos de los directores generales de la entidad y del Grupo CCM y la aprobación de las cuentas de 2008.

En el orden del día, figura la ratificación de los nombramientos del director general de la entidad financiera, Gorka Barrondo, y del director general del grupo, Xabier Alkorta. Varios ex consejeros de la entidad, que fueron cesados, acudirán a la asamblea para exponer su “verdad” de lo que ocurrió en la gestión de la caja».

El entorno de Bono continúa desmoronándose. Las empresas de Aurelio González Villarejo podrían estar al borde de la quiebra

Diario Negocio

Hoy el diario NEGOCIO dedica un amplio artículo a lo que, a todas luces, parecen ser las vísperas de la quiebra ―actualmente se llama concurso de acreedores― del GRUPO G.V., es decir, de la trama, tejido o urdimbre empresarial creada por Aurelio González Villarejo, hombre de orígenes similares a los del Pocero, pero que al contrario de éste, está generosamente adornado por la virtud de la discreción.

Al constructor, fiel amigo de José Bono, las cosas se le están poniendo realmente difíciles y no sólo por el fiasco de su participación, junto a Luis Portillo, en el asalto y posterior demolición de INMOBILIARIA COLONIAL, sino porque también está siendo arrastrado por el fracaso de su aventura ciudadrealeña en el aeropuerto de esa capital y en el complejo residencial aledaño: El Reino de Don Quijote.

Estos, no obstante, no son los únicos negocios del empresario conquense que amenazan ruina. Otros de menor volumen, como el PAU de Las Montanillas en Carranque (Toledo) ya están en situación de semiabandono o de abandono completo, lo cual no es raro teniendo presente el endeudamiento insostenible que reflejan las cuentas de DESARROLLOS URBAPLANING, la sociedad de González Villarejo con la que éste actúa en el citado PAU y también, con la que pretendía trabajar en el de las 24.000 viviendas de Illescas, también en Toledo.

Los propietarios de terrenos afectados por los PAUs de González Villarejo en Carranque deberían ir preocupándose seriamente de su situación si es que aún no han cobrado íntegramente el precio de los suelos que le vendieron. Las fauces de los bancos acreedores ya están abiertas y si, según informa NEGOCIO, el propio González Villarejo no contempla la inmediata presentación del concurso de acreedores, muy bien pudiera pasar que un tercero sí lo presentara.

De paso, también deberían hacer lo propio aquellos otros labradores que vendieron suelo en el campo de golf de PEYBER y que acordaron el aplazamiento de pagos, porque ese PAU hace tiempo que fue aprobado definitivamente y, por lo tanto, está cumplida la condición que dejaba en suspenso los últimos plazos de las compraventas acordadas con VILLA ROMANA GOF la cual, si aún no ha liquidado esas deudas, podría estar violando sus obligaciones contractuales.

En cualquier caso, lo que esta noticia pone de manifiesto es el rápido resquebrajamiento de la maquinaria de poder económico y político construida por, o en torno a, José Bono. La dentellada de los acreedores no sólo amenaza a González Villarejo. Méndez Pozo, Díaz de Mera, los Nozaleda… Están sufriendo la misma maldición causada por las aventuras megalómanas, dicen que de Luis Portillo, aunque no tengo para mí que sea Luis Portillo el cerebro de tales aventuras, sino tal vez, su instrumento.

En el terreno político la situación no es mejor y hoy mismo El País publica el acta de defunción ―en sentido figurado, se entiende― del director del CNI. Como sabemos, Alberto Saiz es un leal hombre de Bono, puesto al frente de los servicios de espionaje españoles por el propio Bono y que, además, tiene lazos familiares con él.

Desolación en el PAU de González Villarejo en Carranque (Toledo)

Si algo proporciona poder en este mundo, eso es la información y más aún, la información confidencial o secreta. Bono, que será lo que sea, pero en modo alguno una persona corta de entendederas, sino todo lo contrario, más listo, muy de largo, que el hambre; según llegó a Madrid y ocupó el Ministerio de Defensa, se apresuró a tomar posiciones en cotas estratégicas. HISPASAT, ahora presidida por Petra Mateos, fue una, pero sobre todo, ante todas las cosas, se enseñoreó del CNI poniendo allá, no sólo a un familiar, sino a quien le debía todo, a quien había pasado desde la gris existencia de un perito agrónomo hasta una de las consejerías del gobierno de Castilla-La Mancha y eso gracias a la decisión de su primo político.

Como ya he dicho, cuando Bono se cayó del Ministerio de Defensa, empujado por el ímpetu arrollador del Pocero, consiguió salvar los bártulos en su práctica totalidad. Su primo político continuó al frente del CNI; el satélite de comunicaciones español, en las diestras manos de Petra Mateos; y las fastuosas tajadas urbanísticas de Castilla-La Mancha, firmemente aferradas por el estrecho círculo de sus amigos constructores: Díaz de Mera, Méndez Pozo, Barco Fernández y Aurelio González Villarejo, todos ellos subvencionados o financiados, con generosidad autodestructiva, a costa de los dineros de CAJA CASTILLA LA MANCHA, ésta también en manos de otro leal de Bono: Juan Pedro Hernández Moltó.

Pero he aquí que de repente Hernández Moltó ha sido puesto de patitas en la calle por el Banco de España; los constructores aúlicos de Castilla-La Mancha parecen deambular cual almas enajenadas sin acabar de comprender lo que les está pasando; al Director del CNI, al primo político, le hacen pasar por la plancha y ahora, en el agua, chapotea un poco antes de hundirse. Para colmo, se ha sabido de las extrañas asociaciones mercantiles de Petra Mateos Aparicio-Morales con un socio de Juan Antonio Roca Nicolás, el paradigma de la delincuencia económica española y aunque es cierto que nadie parece reparar en la presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, tampoco nadie debería apostar a que en ese cielo, no truene en cualquier momento.

Todos estos y algunos otros, seguro que en su día pensaron, muy satisfechos de sí mismos, que quien tiene padrino se bautiza. La cosa, ahora, está en saber qué piensa hacer ese padrino. Aún no se le ha oído «ni mu» en relación con el asunto de Alberto Saiz, pero del Pocero sí tiene declarado que no le conoce.

La Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad, CCM y su vecino dedicado a los servicios fiduciarios en paraísos fiscales

Domicilio de la IFQA y de Camaller 2010 SL

En el término municipal de Calviá, a unos ocho kilómetros del núcleo urbano, en una discreta y diminuta playa de la isla de Mallorca, está domiciliada la IFQA, la Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad. Concretamente, la dirección de esta entidad «sin ánimo de lucro» es Pº Illetes, número 60, local 1.

Se trata de un modesto edificio de apartamentos a pie de playa y construido en 1960, pero a pesar de lo discreto del lugar y de lo inapropiado de éste atendiendo a criterios comerciales, en la misma dirección, Pº Illetes, 60, apartamento 102 A (escalera 1, planta 02, puerta 1) está domiciliada una inmobiliaria llamada CAMALLER 2010 S.L. (CIF: B63038244) propiedad, en el 100% de sus participaciones, de un individuo llamado Brian Sean Padgett, perteneciente a un grupo dedicado a la prestación de servicios de fiducia e inversión activa desde lugares tan interesantes como la isla de Man, Luxemburgo, Suiza o las islas Caimán.

Las dos entidades por sí solas presentan notables características pero juntas, coincidiendo en tan apartado lugar, se convierten en un punto que atrae, poderosamente, la atención.

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La IFQA y sus fundadores.

Fernando Monar Rubia

La Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad fue constituida en Palma de Mallorca el 19 de diciembre de 2002. Su domicilio inicial estuvo en la C/ Soldat Arrom Quart 1, 2 de Palma de Mallorca, fue dotada con la magra cantidad de 30.000 € y, no obstante, declara perseguir unos ambiciosos fines: «añadir valor al ámbito de la Gestión de Calidad mediante la evaluación externa e independiente y el reconocimiento a las mejores prácticas de los Compromisos de Servicio… La continua promoción y extensión de la cultura y principios de la calidad y sus sistemas de gestión… Fomentar dicha cultura de calidad en la sociedad… Etc. etc. etc.». Sus fundadores y patronos iniciales son:

• Presidente: Alfredo Arija Hernández.
• Vicepresidente: José Luis Rodríguez Holgado.
• Secretario: Fernando Monar Rubia.

A José Luis Rodríguez Holgado ya le conocemos bastante bien. Es directivo de CCM ―a día de hoy, que se sepa, no apartado de su cargo tras la intervención de la Caja― Se sienta en el consejo de administración de LAS LOMAS DEL POZUELO, sociedad que CCM comparte en Los Alcázares (Murcia) ―en la inmediata vecindad de las propiedades que Juan Antonio Roca tiene allí― con el imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira. También aparece en el consejo de GESTIONES HERVEMU, empresa del mismo Ventero Terleira. Es consejero de la mercantil TRANVÍA DE PARLA. Es administrador de DESARROLLOS URBANÍSTICOS VENECIOLA, sociedad participada por Domingo Díaz de Mera. Fue consejero de TINSA, la sociedad de tasaciones de CCM que tan alegremente ha estado valorando los activos de la Caja quebrada. Finalmente, entre un considerable número de otras mercantiles, es consejero de VILLA ROMANA GOLF, la concesionaria del PAU del campo de golf de Carranque, a causa del cual el alcalde Alejandro Pompa y el aparejador municipal de ese mismo ayuntamiento y socio del grupo PEYBER han acabado ante los tribunales en un caso que continúa abierto.

Por su parte, Alfredo Arija Hernández tampoco es una persona irrelevante. A principios de los ochenta fue Director del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, director del Gabinete de José Bono. Fue durante varias legislaturas senador por Toledo. En el 84, mientras Juan Pedro Hernández Moltó era consejero de Economía y Hacienda, Arija Hernández lo era de Transportes y Comunicaciones y también, durante el 83 fue portavoz del gobierno manchego.

Junto al político, el señor Arija Hernández no ha descuidado el mundo empresarial. Aparece como ex administrador de PRECAMA CONSULTORÍA S.L. domiciliada en Toledo y administrada actualmente por su hijo, Diego Arija Blázquez quien además es el titular del 100% de las participaciones de la empresa. También fue consejero de MBO COMUNICACIÓN S.A. y consejero de SERVICES QUALITY AGREEMENTS S.L., hoy extinguida o, mejor dicho, sustituida, como ahora se verá, por la fundación «sin ánimo de lucro» IFQA.

Margarita Nájera, ex alcaldesa de Calviá

El último de estos fundadores, Fernado Monar Rubia también es una persona de gran interés, estrechamente ligado al municipio de Calviá, al menos mientras Margarita Nájera fue su alcaldesa. Fue uno de los 18 asesores que la entonces alcaldesa tenía contratados por un conste anual de 620.000 €, algo más de 100 millones de Pts. Monar también es presidente del Observatorio para la Calidad de los Servicios Públicos, Director General de Calidad de los Servicios del actual Gobierno Balear, órgano directamente dependiente de la Presidencia de dicho Gobierno, y consejero de la empresa pública GESTIÓ D’EMERGENCIES DE LES ILLES BALEARS S.A.

Su hijo, Fernando Monar Lora que fuera, si es que aún no lo es, miembro de la Unió d’Estudiants Progressistes y que en el año 2001 aún tenía esa condición, la de estudiante; en el 2002 ya fue nombrado consejero de la mercantil SERVICES QUALITY AGREEMENTS S.L. junto a José Luis Rodríguez Holgado, Alfredo Arija Hernández, Joaquín García Martínez y Luis Moya Antón.

Igualmente fue el administrador único de la sociedad GRUPO SEIS Y SEIS dedicada a la fabricación y comercialización de juegos de mesa y al alquiler, reparación y venta de yates de recreo, sociedad que, en este momento, tiene como administradora única a su hermana María Monar Lora.

Por otro lado, el señor Fernando Monar Rubia, como decía, tiene documentadas estrechas relaciones con la ex alcaldesa de Calviá, Margarita Nájera, que tras su salida del ayuntamiento fue consejera de trabajo del Gobierno Balear y actualmente ocupa el puesto de gerente del Consorcio de la Playa de Palma, y por hija interpuesta, es probable que también sea «consultora» en materia de «calidad» y gestión.

De hecho, una vez fuera de la alcaldía, Nájera constituyó dos sociedades dedicadas al «asesoramiento y gestión»: INNOVA XXI S.L. ―por cierto que lo del siglo XXI ya empieza a ser muy reiterativo en todas estas tramas empresariales donde siempre se acaba encontrando alguna sociedad llamada «lo-que-sea» XXI o Siglo XXI― e INNOVA GESTIÓN DE PROYECTOS, actualmente extinguida.

La ex alcaldesa de Calviá fue sustituida como administradora única de INNOVA XXI por su hija Ainnhoa Barajas Nájera el 7 de noviembre de 2007. Hasta entonces la empresa experimentó un vertiginoso ascenso en su facturación. En 2004 declaró 100.258,58 € y ya en 2006 duplicaba la cifra de negocio al alcanzar los 214.637,82 €.

Albert Calderó Cabré

No obstante, lo que ahora importa es la coincidencia entre INNOVA XXI, Fernando Monar Rubia y una empresa, ESTRATEGIA LOCAL S.A., que alcanzó renombre al aparecer ligada a uno de los 11 procedimientos penales a los que se enfrentó Margarita Nájera, el del llamado «Informe Maquiavelo».

El caso «Estrategia Local» o «Informe Maquiavelo» concernía a la aparición de un documento en el ordenador personal Antonio Manchado, a fecha de los hechos teniente de alcalde de Calviá, presuntamente elaborado para el equipo de gobierno de la corporación por la empresa ESTRATEGIA LOCAL S.A. En dicho documento se decían cosas tan brillantes como que era necesario distinguir entre mallorquines conservadores e inmigrantes progresistas, que los candidatos del PSOE de Calviá tenían que «aprender a no decir la verdad a la gente, sino lo que convenga en cada momento» o que era necesario mantener «un control permanente del censo… hay que frenar la tendencia demográfica actual; frenar la llegada de nuevos residentes MC y potenciar 3.000 viviendas sociales».

El caso fue archivado por la Audiencia Provincial de Palma al considerar que la total falta de medidas de seguridad en la red informática del Ayuntamiento no permitía probar el origen del informe en cuestión y porque, en todo caso, su contenido se consideró intelectualmente paupérrimo.

Independientemente de esto, lo cierto es que la alcaldesa Nájera, que tenía a Fernando Monar Rubia como asesor, sí había contratado los servicios de ESTRATEGIA LOCAL, entonces presidida por Albert Calderó Cabré ―que ahora aparece como director financiero de la entidad― y que entre los años 1994 y 2001 el ayuntamiento de Calviá pagó no menos de 600.000 € (100 Millones de Pts.) a esa misma empresa.

Igualmente es cierto, porque los datos han sido publicados por la propia mercantil ESTRATEGIA LOCAL S.A., que la entidad ha prestado servicios de asesoría, entre otros, a los ayuntamientos de Marbella, Getafe, Pozuelo o Boadilla del Monte, todos ellos relacionados con alguna causa abierta por presuntos delitos de corrupción.

Finalmente, también, los nombres de Margarita Nájera y de Fernando Monar Rubia aparecen conectados, desde el principio de la actividad profesional de aquélla, en relación con un seminario contratado por esta Federación Española de Municipios a INNOVA XXI titulado « La Agenda 21 para los Municipios Turísticos» y en cuyo folleto informativo aparecen como ponentes el citado Fernando Monar y Antonio Manchado, el que fuera teniente de alcalde de la propia Margarita Nájera.

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La sombra de Hernández Moltó tras la IFQA

La sociedad de CCM en las Islas Caimán

La fundación Internacional para los Compromisos de Calidad tiene un origen más mercantil del que inicialmente se pudiera pensar. Como se ha visto, los fundadores y patronos iniciales de la IFQA, José Luis Rodríguez Holgado y Alfredo Arija Hernández tuvieron el cargo de consejeros, junto a Fernando Monar Lora, hijo del otro fundador, Fernando Monar Rubia, en la sociedad SERVICES QUALITY AGREEMENTS S.L., extinguida desde el 26 de diciembre de 2006 y cuyo objeto social era «promocionar metodología y asesoramiento a las Administraciones Públicas, empresas o entidades clientes sobre el desarrollo e implantación de técnicas y herramientas para la administración de las organizaciones» es decir, algo muy similar, si es que no idéntico, a lo que hacen ESTRATEGIA LOCAL o INNOVA XXI y algo también prácticamente idéntico a los fines que declara la IFQA.

Pero la continuidad entre SERVICES etc. y la IFQA no sólo se queda en la coincidencia de administradores de una y de fundadores de la otra y del objeto social de una y de los fines de la otra. La Fundación no sólo heredó esto, sino incluso, la dirección en la que estaba domiciliada SERVICES QUALITY AGREEMENTS, es decir, la calle Soldado Arrom Cuart, de Palma de Mallorca, que fue el domicilio en el que inicialmente, antes de trasladarse hasta la apartada playa de Calviá, se inscribió la IFQA.

Ahora bien, la presencia de José Luis Rodríguez Holgado ―hombre del equipo de confianza de Juan Pedro Hernández Moltó donde los hubiera… hasta la intervención y el expediente sancionador abierto a éste por el Banco de España― en SERVICES etc. no es casual como se puede uno imaginar, porque esta empresa pertenecía a CCM CORPORACIÓN en un 35%.

Tanto la fundación como la empresa, que de una manera tan clara duplicaban sus funciones, convivieron durante casi tres años. La inscripción de la IFQA se publicó en el BOE de 13 de agosto de 2003 y la disolución de SERVICES etc. se produjo el 3 de febrero de 2006, aunque lo cierto es que la empresa precedió a la fundación. SERVICES se había inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de junio de 2002 y además, según los datos publicados en el Informe Anual de CCM de 2005, también parece cierto que la empresa hacía poca competencia a la fundación. Según dichos datos SERVICES QUALITY AGREEMENTS tuvo un beneficio neto en 2005 de cero Euros y, por consiguiente, el beneficio atribuido ese ejercicio a CCM CORPORACIÓN fue, igualmente, de nada.

Por supuesto, como también cabe esperar, una de las instituciones que contaron con el asesoramiento de la IFQA fue el ayuntamiento de Calviá, el mismo ayuntamiento que tuvo contratado como asesor a Fernando Monar Rubia y el mismo que también contrató los servicios de ESTRATEGIA LOCAL S.A.

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El vecino suizo de la Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad, y sus socios.

Los documentos de The Guardian

Como he dicho al principio, en el número 60 del Pª Illetes de Calviá, es decir, en el mismo edificio de apartamentos en el que está domiciliada la IFQA y una planta por encima, tiene su sede social una empresa llamada CAMALLER 2010 S.L. que se dedica a la construcción, la promoción, la compraventa y el tráfico inmobiliario «en su más amplio sentido».

Lo poco comercial del barrio en el que está situada esta promotora, constructora, etc. no es lo único relevante en ella. Su propietario y administrador único lo es más todavía. Se trata de un tal Brian Sean Padgett, residente en Ginebra, Suiza y miembro de una entidad llamada PRINCIPLE CAPITAL, una empresa dedicada a la gestión de fondos de inversión «activa» y a la prestación de servicios fiduciarios internacionales e inscrita en el paraíso fiscal de Luxemburgo ―L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont. R.C. Luxembourg B 89.730― aunque sus administradores se reparten estratégiamente por distintos lugares de Europa. Estos administradores son:

• Brian Alan Myerson, con domicilio en 9, Savoy Street, de Londres.
• Brian Sean Padgett, domiciliado en 6, rue Kléberg, de Ginebra.
• Leonard Joseph O’Brien, con domicilio en la misma calle Kléberg de Ginebra
• David John Cooley, que comparte oficina con Myerson en la calle Savoy de Londres.

El «comisario de cuentas» es la entidad SILEX ADMINISTRATION S.A. Cuyas oficinas están sitas en la mencionada calle Kléberg de Ginebra y como directivos de la empresa también constan David John Cooley, George May, James Peggie y Richard Bolton.

Sin menospreciar a ninguna de estas personas, de todas ellas los que más interés despiertan en este momento son el propio Brian Sean Padgett, Leonard Joseph O’Brien y Richard Bolton.

Según la propia información suministrada por PRINCIPLE CAPITAL, Brian Sean Padgett, con base de operaciones, como he dicho, en Ginebra, suministra sus servicios a la sociedad a través de SILEX HOLDINGS Ltd.

Esta mercantil «suiza» está especializada en la administración de fondos de inversión activa y, lo que es más significativo, en la prestación de servicios fiduciarios. El «Activist Investment» consiste, como su propio nombre indica, en usar el capital concentrado en fondos de inversión para alcanzar posiciones decisorias en consejos de administración de distintas compañías y, de esa manera, determinar o forzar actuaciones en ellas, por lo general, meramente especulativas y dirigidas a obtener el máximo beneficio posible a corto plazo para los inversores del fondo.

La otra especialidad de SILEX HOLDINGS Ltd es todavía más reseñable. Se trata de la prestación de servicios fiduciarios internacionales. El contrato de fiducia o de fideicomiso podría muy bien llamarse «contrato de testaferría». No es otra cosa que el traspaso de la propiedad sobre determinados bienes con obligación de reintegro o de entrega a tercero, una vez cumplidas ciertas obligaciones pactadas o simplemente, una vez cumplida la condición establecida para dar por finalizado el plazo en el que el fiduciario aparece ante el mundo como propietario de la cosa.

Las características de este negocio jurídico lo han convertido, junto al «vendí» ―otro instrumento que normalmente acredita la venta de una cosa o de participaciones de una sociedad a una entidad o individuo que no aparece en los Registros― en una herramienta idónea para las tramas de corrupción y blanqueo puesto que permite, como ningún otro, ocultar al auténtico propietario y volver opacos los patrimonios de estas tramas.

En este sentido ―el de la fiducia, no el de las tramas de corrupción― el mencionado Brian Sean Padgett tiene un curriculum muy cualificado. Fue director financiero, concretamente «chief financial officer», del ABSA FINANCIAL SERVICES Ltd. la división offshore del sudafricano ABSA BANK Ltd, domiciliada en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.

Por su parte, Richard Bolton tampoco se queda atrás y, repito, según los datos suministrados por la propia PRINCIPLE CAPITAL, es un especialista en asentar empresas de administración de fondos en la Isla de Man, otro selecto paraíso fiscal.

Richar Bolton trabaja para PRINCIPLE CAPITAL en la citada isla pero antes, en 1993 lo hizo para MEES PIERSON (ahora el quebrado banco FORTIS) organizando y poniendo en marcha la unidad de administración de fondos de FORTIS en este paraíso fiscal. Posteriormente, en 1998, trabajó para el BANK OF BERMUDA en una operación similar, también en la isla de Man.

Finalmente, Leonard Joseph O’Brien es otro miembro del grupo SILEX, que trabaja para PRINCIPLE CAPITAL. Radicado en Ginebra, junto a Brian Sean Padgett, es decir, en el paradigma de la fiscalidad opaca y de las cuentas numeradas, este personaje fue uno de los directivos del grupo CHESTERFIELD, ejerció como «director on the boards» del REGAL TRUSTEES LIMITED en la isla de Jersey y del AEGIS TRUST COMPANY LIMITED en las islas Caimán. También perteneció a la directiva del BARCLAYS BANK de Suiza.

En los últimos tiempos las prácticas de este banco teóricamente británico están adquiriendo cierta notoriedad. Recientemente El País, citando como fuente a la organización internacional Global Witness, se refería a los más de 6 millones de € que «Teodorín» Nguema Obiang, el hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, se había gastado en una flota de Ferrari, Maserati y Rolls Royce, mientras el 80% de los guineanos sobrevive con menos de 200 € mensuales ―aunque esta situación seguramente cambie ahora que El Pocero va a construir pisos allí― y añadía que «al menos hasta noviembre de 2007, el hijo de Teodoro Obiang… despilfarró millones desde una cuenta en París del banco británico BARCLAYS, que obstaculizó las investigaciones de Estados Unidos sobre el origen de las cuentas de la familia presidencial pese a las “claras evidencias de que su familia está profundamente implicada en el saqueo de fondos estatales procedentes del petróleo”».

Pero Teodoro Obiang y su familia no son los únicos sujetos de similar condición que aparecen en la selecta lista de clientes del BARCLAYS BANK. Según la misma fuente, los servicios de esta entidad bancaria los comparten «el hijo del presidente del Congo, Denis Christel Sassou Nguesso; los saqueadores de los recursos naturales de Liberia, entre ellos el señor de la guerra Charles Taylor, reo de crímenes contra la humanidad en La Haya; el fallecido ex presidente Saparmurat Niyazov, violador de los derechos fundamentales en Turkmenistán, o los funcionarios adueñados del petróleo de angola»

Naturalmente BARCLAYS no es la única entidad financiera que hace este tipo de negocios. El mismo artículo de El País se refiere a la negativa del BANCO DE SANTANDER a facilitar datos sobre una cuenta abierta por una empresa guineana asociada a la familia Obiang, y el mismo informe de Global Witness menciona también a CITIBANK, a DEUTSCHE BANK, a HSBC, etc.

Ahora bien, hace escasamente dos meses, el 16 de marzo de este 2009, BARCLAYS BANK ha vuelto a ser protagonista de una oscura noticia relacionada con el blanqueo y la evasión de impuestos. Ese día el periódico británico The Guardian publicaba la noticia de que el Partido Liberal Demócrata había recibido unos documentos internos del propio banco que ponían de manifiesto los mecanismos utilizados por la entidad ―que por cierto, está negociando con el Gobierno un plan de ayudas públicas― para evadir al fisco no menos de 1.100 Millones de € al año, a través de las islas Caimán y de Luxemburgo.

Volviendo a PRINCIPLE CAPITAL y a SILEX HOLDINGS Ltd. hay que advertir, para terminar, que la presencia de uno de los individuos pertenecientes a estas sociedades en una oscura inmobiliaria de Calvía, no debe confundir sobre la importancia y volumen de sus operaciones. Según la información contable disponible de PRINCIPLE CAPITAL HOLDINGS S.A., SILEX HOLDINGS Ltd. provee servicios de administración a activos por valor de más de 1.700 Millones de $ a más de tener intereses, por ejemplo, con la EPICURE QATAR EQUITY OPPORTUNITIES Plc. domiciliada en la Isla de Man y en las Islas Vírgenes Británicas, o en la SPEYMILL DEUTSCHE IMMOBILIEN COMPANY plc.

Demasiado volumen de negocio, sin duda, para interesarse por un «kiosko» inmobiliario en Calviá pero ¿Tiene esto algo que ver con CCM, con la IFQA, con Margarita Nájera, con Fernando Monar, con Alfredo Arija, con José Luis Rodríguez Holgado o con ESTRATEGIA LOCAL? No lo sé. Lo único que sabemos es que la IFQA y la inmobiliaria de Brian Sean Padgett comparten dirección postal en una apartada playita de Calviá; que CCM tiene documentados demasiados negocios con miembros de la trama «malaya» que habían tejido una compleja trama de blanqueo a través del suizo Bruno Baumann y del oriundo alemán Juan Germán Hoffmann; que CCM había constituido una sociedad en las Islas Caimán que fue repatriada inmediatamente después de la intervención de la Caja; que José Luis Rodríguez Holgado y Juan Tomás Vidal fueron los hombres designados por Hernández Moltó para representar a CCM en las sociedades del «malayo» Enrique Ventero; que se han descubierto propiedades del «malayo Pedro Román Zurdo» en la localidad toledana de Bargas; o que el negocio de vender a las instituciones públicas «informes» de pura tramoya es un clásico desde los ya lejanos tiempos del caso FILESA; pero esto no quiere decir nada más que lo que quiere decir, y que la IFQA y el suizo Brian Sean Padgett coincidan en tan extraño lugar puede, perfectamente, ser una simple casualidad.

El hijo de Méndez Pozo: “volveremos a invitar a aquellos políticos y técnicos municipales que nos han demostrado colaboración leal”

Miguel Antonio Méndez Pozo

Ayer, Periodista Digital, publicaba que el Grupo Promecal, es decir, el buen amigo de Bono y Barreda, «Michel» Méndez Pozo, cerraba sus cabeceras de La Tribuna de Cuenca y Guadalajara y ponía en la calle, de momento, a 90 trabajadores.

Con esta medida, Méndez Pozo dice que «intenta consolidar la actividad y el compromiso adquirido con Castilla-La Mancha ―l’État c’est moi, que dirían Bono o Barreda― manteniendo el mayor número posible de puestos de trabajo en esta Comunidad Autónoma».

Miguel Antonio Méndez Pozo, es un conocido empresario de la construcción en las dos Castillas desde que, condenado en 1992 ―un auténtico pionero, en esto― por el «caso de la construcción» de Burgos, ingresó en prisión.

En los últimos tiempos, tras resurgir espectacularmente de las cenizas del presidio, ha adquirido notoriedad en Castilla-La Mancha, no sólo por su estrecha relación con Barreda y con el propio José Bono, quien llegó a decir, según publicó El Semanal Digital, «que le hubiese gustado conocerle de niño para jugar a las canicas con él», sino por su presencia en los negocios del aeropuerto de Ciudad Real y de «El Reino de Don Quijote» y por dominar, junto a sus socios Domingo Díaz de Mera y Aurelio González Villarejo, buena parte de los medios regionales de información.

José Luis Ulibarri, imputado en la Operación Gürtel

Sin embargo, desde aquel 1992, sus actuaciones han venido rayando lo discutible, lo muy discutible e, incluso, los sospechoso. Con los pies firmemente apoyados en las dos orillas de la política española, en Burgos, bajo la autoridad regional del PP, ha resultado adjudicatario de la concesión de televisión digital de Castilla y León asociado con José Luis Ulibarri, el imputado en la Operación Gürtel.

En Castilla-La Mancha, con un gobierno de aparente signo contrario, a más de optar también a la concesión de una televisión digital y de mantener, como vengo diciendo, una pública y notoria cercanía a José María Barreda, se acaba de ver favorecido por una modificación ad hoc de la Ley del Suelo regional que le permitirá convertir ―a él y a sus socios― el «Proyecto de Singular Interés» del aeropuerto de Ciudad Real en un saneado negocio de venta de parcelas industriales, previamente expropiadas a los labradores del lugar al atractivo precio de 54 céntimos el metro cuadrado.

Ahora, la recesión y el fiasco inmobiliario están poniendo en peligro la buena fortuna conseguida por Méndez Pozo tras su salida de prisión. Sin embargo no hay que confiar mucho en el efecto profiláctico de la crisis. El favor político puede, muy bien, invertir el proceso de «selección natural» que desde los tiempos de Adam Smith se atribuyen a aquélla, pues no tienen por qué sobrevivir los más aptos, sino lo más protegidos y Méndez Pozo sabe cómo buscar el cobijo necesario o, al menos, eso parece desprenderse de los siguientes hechos.

El 6 de agosto de 2006 El Semanal Digital se hacía eco de unas declaraciones de Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Méndez Pozo. Durante la inauguración de un tramo de la circuvalación de Burgos adjudicado a una UTE en la que participaba una de las empresas de su padre, el hijo tomó la palabra y declaró:

«El próximo año yo calculo que por el mes de marzo o mes de abril nueve amigos de esta ciudad y empresarios nos volveremos a marchar de viaje aprovechando como disculpa una Feria de Construcción, un algo de Urbanismo, alguna cosa, y si Dios quiere volveremos a invitar a aquellos políticos y técnicos municipales que nos han demostrado colaboración leal y honestidad hasta… hasta el infinito, porque además las empresas que participamos en estas UTES no sabemos agradecerles su dedicación de otra forma».

Dos meses antes, eso mismo, «agradecerles su dedicación» es lo que este grupo de empresarios, incluido Miguel Méndez Pozo, había hecho al invitar al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Javier Lacalle, y a los técnicos de su departamento a pasar, gratia et amore, tres días en la Riviera francesa.

Inmediatamente después de este viaje, los generosos empresarios tuvieron la suerte de resultar adjudicatarios de la construcción de un túnel en la calle Islas Baleares, de Burgos. La oferta, aún siendo la más cara, fue informada favorablemente en tanto que incluía una alternativa de tráfico durante la construcción. No obstante, concedida ya la obra, los adjudicatarios presentaron una modificación del proyecto, que les fue aprobada, en la que esta ventaja, decisiva para la adjudicación, fue suprimida.

Hernández Moltó acusa a los directivos de CCM de “engaño” y “falsedad contable” y amenaza con una querella criminal

Diario El Mundo, 25 de mayo de 2009

Cosas veredes, amigo Sancho, que harán fablar las piedras, pero esta les hace clamar. Según informa hoy El Mundo, Juan Pedro Hernández Moltó, no sólo encabeza el recurso que los consejeros han presentado ante el Ministerio de Economía asegurando que son inocentes de todo y que el equipo directivo de CCM les engañó falseando sostenidamente la contabilidad de la Caja, sino que prepara contra ellos una querella criminal.

El Mundo entrecomilla varios párrafos del recurso presentado por Moltó y los demás consejeros que merecen ser resaltados aquí:

Los directivos «engañaron y falsearon las cuentas de la caja».

«El Banco de España ha procedido con la resolución impugnada a premiar a los directivos expertos en engañar y falsear las cuentas de CCM, a sabiendas del propio Banco de España de la comisión de ese engaño o fraude contable a lo largo de de todo el ejercicio 2008»

«La lógica del Banco de España para la sociedad es clara. Si usted es un directivo de una caja de ahorros y falsea la contabilidad y engaña a su consejo de administración, no se preocupe… pues aunque el Banco de España esté supervisando la caja y las actas de los órganos de gobierno y por tanto sea consciente de esa falsedad documental, el supervisor cesará al consejo engañado y les mantendrá en sus puestos de trabajo y dirección, e incluso les confirmará en ellos».

En esta línea, los consejeros de CCM, con Hernández Moltó a la cabeza, preparan una querella criminal que, dicen, presentarán ante los tribunales próximamente, aunque advierten ―esto no es una amenaza― que antes tratarán que la ministra de Economía «conozca su versión de los hechos».

Finalmente responsabilizan del «engaño» y la «falsedad contable» al equipo directivo capitaneado por el destituido Ildefonso Ortega, señalando especialmente a:

1. José Luis Rodríguez Romo.
2. Juan Tomás Vidal.
3. Francisco Hernánz Manzano.
4. Alejandro López Hernández.
5. Francisco Javier Saiz.
6. Miguel Angel Martínez.
7. Juan Manuel Díaz Crespo.

Independientemente de que es incomprensible, si no intolerable, que todas esas personas y algunas otras que faltan en la lista, como José Luis Rodríguez Holgado, José Miguel Físico Cabañas o Florencio Fernández Gutiérrez, continúen en sus puestos y no hayan sido fulminantemente cesados, ya que no denunciados inmediatamente ante la Fiscalía; resulta realmente sarcástico que el consejo de administración en pleno y el propio presidente de la entidad, Hernández Moltó ―que ahora dice que era «presidente no ejecutivo»― pretendan haber vivido engañados durante más de una año.

¿No leían estos señores la prensa? ¿No les habían llegado noticias de que el desastre se estaba precipitando? ¿No se habían enterado de que la Caja estaba «haciendo negocios» con gente poco recomendable y muy sospechosa como varios imputados en la Operación Malaya e, incluso, con el propio Juan Antonio Roca?

Bueno, admitamos que en los despachos de CCM no se leen los periódicos, pero ―permítaseme la vanidad― lo que me consta que sí se lee asidua y atentamente, es Notitia Criminis. Demasiada atención han prestado a mi modesta persona estos honorables caballeros, legos en contabilidad financiera, para vivir tan engañados como dicen que vivían.

Y la Fiscalía Anticorrupción ¿qué opina de todo esto?

La oposición exigirá en el Senado que Fernández Ordóñez explique por qué ha prohibido a CCM ejecutar los créditos vencidos de CR Aeropuertos

El Mundo, 18 de mayo de 2009

Pese a la dimisión como consejeros de CR AEROPUERTOS de Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo y los Barco Fernández ―según manifestaciones del propio Díaz de Mera, para que su presencia no perjudique el proyecto― la modificación de la LOTAU aprobada por Barreda y su partido para posibilitar la venta de los suelos del Aeropuerto de Ciudad Real, sigue atrayendo la atención sobre Castilla-La Mancha.

Mientras, como se puede comprobar en la siguiente grabación, Domingo Díaz de Mera continúa manteniendo su tesis, coincidente con la de Barreda, de que tras las noticias que están apareciendo sobre el aeropuerto de Ciudad Real sólo hay una campaña orquestada por Dolores de Cospedal, por El Mundo y por una de sus periodistas en particular, Cristina Caballero, a la que sutilmente advierte que sabe que es natural de Albacete.

Sin embargo, a pesar de las explicaciones dadas por el importante empresario manchego, el senador del PP Agustín Conde ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia del gobernador del Banco de España para que explique por qué se ha dado orden a la nueva dirección de CCM de no ejecutar los créditos vencidos que le adeudan los socios del aeropuerto.

Ahora bien, puestos a exigir explicaciones, el grupo popular del Senado también debería exigir a Miguel Angel Fernández Ordóñez que haga pública, de una vez por todas, la lista de créditos de riesgo concedidos por Hernández Moltó y su equipo.

Debería exigirle que explique en qué situación se encuentra el crédito de 30.000.000 € concedido a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del «malayo» Pedro Román Zurdo y del socio de Roca, Juan María López Alvarez, que la Caja renovó dos días antes de su vencimiento y apenas una semana antes de la intervención.

José María Barreda

Debería pedir explicaciones al gobernador del Banco de España sobre la cantidad exacta de dinero prestado a imputados en la trama de corrupción marbellí y que la prensa ha cifrado en 200 Millones de Euros. Debería pedir explicaciones sobre la situación de las sociedades que CCM comparte con detenidos e imputados en la Operación Malaya o con personajes cercanos y asociados a estos, como es el caso de Enrique Ventero o Juan María López Alvarez, sobre el dinero invertido en esas sociedades y, sobre todo, debería exigir explicaciones de por qué continúan en su puesto directivos como Juan Tomás Vidal o José Luis Rodríguez Holgado, que han compartido y comparten asiento en distintos consejos de administración con estos personajes.

Tampoco estaría de más preguntar qué sabía de la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, el alcalde de Bargas (Toledo) que, además, es vicepresidente de la Diputación Provincial, Gustavo Figueroa Cid; y si en el «campo de golf de Layos (Toledo) donde han aparecido el «malayo» Javier Arteche Tarascón y el letrado detenido e imputado en la Operación Astapa, Luis Fernando Linares Torres, están o han estado comprometidos préstamos o inversiones de CCM.

A dos meses de la intervención de la Caja, la oscuridad sigue reinando sobre todas estas cuestiones y todo apunta a que el Bando de España no tiene ninguna intención de encender la luz.

TOLEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Hernández Moltó, la noche de la intervención de CCM

El portavoz del Grupo Territorial de Senadores del PP, Agustín Conde, anunció hoy que su grupo va a pedir la comparencia en la Cámara Alta del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, «ante la sorpresa inaudita de que los nuevos gestores de CCM han decidido no ejecutar los préstamos impagados que tienen en relación con el aeropuerto de Ciudad Real, para permitir que sus propietarios puedan venderlo y terminar de hacer negocio».

Así lo adelantó el senador ‘popular’ en la rueda de prensa que ofreció hoy en Toledo, en la que se preguntó si la nueva dirección de Caja Castilla La Mancha «va a tener esta actitud con todo el mundo, o es que hay ciudadanos de primera y de segunda».

Según defendió Conde, «hay empresarios que deben cientos de millones de euros a CCM, y que probablemente han causado el mayor quebranto patrimonial que ha tenido la caja y su falta de solvencia, que no ejecutan los préstamos. Pero la caja sí que embarga a pequeños ahorradores y clientes», criticó.

Aludió en su comparecencia a los cientos de pequeños propietarios a los que se les expropiaron sus tierras «pagándoles medio euro por metro para construir un aeropuerto, cuyos dueños, ahora, lo van a revender haciéndose multimillonarios a costa de las tierras que por cuatro duros obtuvieron de los pequeños agricultores de la comarca», algo que calificó de «intolerable».

Dicho esto, el portavoz del Grupo Territorial de Senadores del PP aseveró que lo natural es que los pequeños propietarios que fueron expropiados empiecen a agruparse como afectados e inicien el procedimiento de reversión de terrenos contra la Junta, apostillando que con este tipo de actitud, «se está creando una inseguridad jurídica tremenda en relación con el aeropuerto, porque ¿quién va a correr el riesgo de comprarlo sabiendo que cientos de propietarios pueden reclamar su parte?».

Asimismo, Agustín Conde defendió que el PP «ha sido un gran defensor del aeropuerto, pues desde su inicio, hemos creído que esta infraestructuras en Ciudad Real contribuiría al desarrollo de la provincia y de la región. Pero nos duele ver que aquello que fue una buena idea y un proyecto ilusionante, se va a convertir en un pelotazo que van a pegar unos cuantos con la inestimable ayuda que la Junta».

Por último, el senador toledano recordó que acompañó al presidente regional, José María Barrera y a los consejeros del ramo, cuando era ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos, para que desbloqueara determinados aspectos de ese aeropuerto, «pero jamás pude imaginar que iba a convertirme en pretexto para que unos cuantos amigos del poder dieran el pelotazo de su vida».

Por ello, apuntó que la administración pública ha de atender los intereses generales, «y no facilitar negocios particulares para que algunos salven de la quema de su ruina algunos de los activos que tienen gracias a la actuación del poder público», finalizó.

Plusvalías multimillonarias para los socios del aeropuerto de Ciudad Real tras la modificación de la LOTAU impulsada por Barreda

Domingo Díaz de Mera

El pasado 14 de mayo de este singular 2009, el parlamento regional de Castilla-La Mancha votó y aprobó, con los exclusivos votos del partido del presidente Barreda, la modificación de la ley del suelo regional (LOTAU). El día 15 “El Mundo” titulaba la noticia de la siguiente forma: «La Junta manchega remata el “pelotazo” del aeropuerto».

Este titular se refiere a las sospechas de lex in privos lata (ley promulgada a favor de determinado o determinados individuos) que pesan sobre esta modificación legal. Ella fue solicitada por los promotores del Aeropuerto de Ciudad Real ―entre los que brillan con capital propio Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo, los hermanos Barco Fernández y CCM― y apoyada inmediatamente por Barreda, unido a estos empresarios o a algunos de ellos por una conocida y pública amistad.

La situación ha hecho que se levante el tono por parte de la oposición en Castilla-La Mancha. En este sentido el diputado regional Leandro Esteban aseguró el pasado 15 de mayo que «no todo el PSOE de la región piensa como sus dirigentes y no todo el PSOE está de acuerdo con la actitud de golfería y chulería política que ayer protagonizaron sus dirigentes en las Cortes» y acusó a Barreda también de mantener una actitud «favorecedora de un interés y para unas personas muy concretas».

Naturalmente, los protagonistas del negocio del Aeropuerto de Ciudad Real, inevitablemente ligado a la otra gran actuación urbanística en la provincia, tanto por su dependencia funcional, como por los propietarios de los capitales invertidos, el Reino de Don Quijote; niegan rotundamente toda posibilidad de trato de favor e incluso niegan su propio protagonismo y niegan más rotundamente aún que el asunto sea un «pelotazo».

En una reciente entrevista (de la que a continuación inserto varios fragmentos y que se puede escuchar íntegra desde este enlace) concedida por Domingo Díaz de Mera a la Ser de Ciudad Real, este importante empresario de la región reconocía sin ningún empacho ser buen amigo del presidente de Castilla-La Mancha al igual que lo era de varios dirigentes del PP regional, de lo cual estaba orgulloso. Añadía que el aeropuerto de Ciudad Real no es ningún «pelotazo», que él únicamente es propietario «directamente» del 2,99% del capital y que la modificación de la LOTAU sólo implicaba que las empresas que se instalaran en los más de 12 millones de metros cuadrados que ocupa el aeropuerto, podrían a partir de ahora tener «su propia escritura».

Para reforzar estas afirmaciones, el mismo día en que se aprobaba la modificación de la LOTAU, que permitirá a los propietarios del aeropuerto segregar suelo y venderlo como parcelas industriales ―un negocio que según El Mundo reportaría unas plusvalías cercanas a los 3000 Millones de Euros (medio billón de Pts.)― Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo y Antonio Barco Fernández, hicieron pública su dimisión como consejeros de CR AEROPUERTOS.

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El 2.99% de Domingo Díaz de Mera.

Campaña a favor del aeropuerto en un periódico de Díaz de Mera

Como hemos visto, en la entrevista concedida a Ser Ciudad Real, Domingo Díaz de Mera asegura ser el propietario «directamente» de sólo el 2,99% del capital del aeropuerto. Por lo tanto, se trataría exclusivamente de un socio minoritario entre tantos otros y en esa situación el «favor» del presidente Barreda, de haber existido, sería irrelevante y lo verdaderamente decisivo estaría en la significación del proyecto para los intereses regionales.

Seguramente Domingo Díaz de Mera no falta a la verdad al decir esto porque advierte que ese es el porcentaje del que es propietario «directamente». La cuestión, por tanto está en determinar de qué porcentaje es propietario «indirectamente» esto es, a través de persona jurídica interpuesta.

La estructuración del capital del aeropuerto de Ciudad Real es compleja y se difumina entre varias sociedades. La principal, no obstante, es CR AEROPUERTOS. Los accionistas de esta empresa son:

INVERSIONES AEROPORTUARIAS DEL CENTRO SA, con un 43,78% del capital.

CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN, con un 25,72%

IBERDROLA, con un 9,22%

AEROPUERTO DE CIUDAD REAL SA, con 7,84%

RIO DE LOS AUSINES, con el 5,14%

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA, con el 5,00%

En consecuencia, los mayores accionistas de CR AEROPUERTOS son, con ventaja CCM e INVERSIONES AEROPORTUARIAS DEL CENTRO. Ahora bien, el capital de esta última sociedad está repartido de la siguiente forma:

DOMINTO DÍAZ DE MERA LOZANO, tiene el 48,93%

GLOBAL CONSULTING PARTNERS es propietaria del 39,92%

PROMOCIONES GONZÁLEZ (Aurelio González Villarejo) tiene el 11,11%

ASAVINE y GRUPO EMPRESARIAL HC, tienen un porcentaje indeterminado.

Tengo para mí que el 48,93% de un 43,78% es más que el 2,99% pero es que, también, GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL es una empresa que Díaz de Mera comparte con los Sanahuja y algunos otros empresarios. Así, a través de COPORACIÓN INDO MA SL, Díaz de Mera tiene el 19,58% de GLOBAL. Por su parte GRUPO EMPRESARIAL HC también pertenece a Díaz de Mera y de ella este «buen amigo» de Barreda posee un 30,00%.

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La repentina dimisión.

Terminal del aeropuerto, un día cualquiera

Con lo dicho anteriormente, la noticia de la dimisión de Díaz de Mera, Méndez Pozo y Barco Fernández de sus puestos en el consejo de CR AEROPUERTOS alcanza su auténtica dimensión. En lo que se refiere al control de la empresa es completamente irrelevante porque dicho control no depende de los órganos de administración, sino de la propiedad del capital y, que se sepa, las distintas participaciones de estos empresarios en el negocio no han sido vendidas ni donadas.

Por el contrario, la dimisión parece obedecer a una mera actuación propagandista con la que se intenta dejar sin argumentos a las noticias que la prensa estatal viene publicando desde hace tiempo y que en conjunto hacen que el proyecto del aeropuerto desprenda un intenso fumus malus iuris, cosa que con su dimisión vienen a reconocer estos empresarios, o dicho de otra manera ―véanse aquí las últimas declaraciones de Díaz de Mera― lo que reconocen es que su presencia en él cuestiona el proyecto y la propia actuación de Barreda.

Además, como he dicho más arriba, no sólo la prensa está levantando la voz contra la modificación de la LOTAU solicitada por los accionistas del aeropuerto y prontamente hecha suya por Barreda. Dolores de Cospedal acusó el pasado día 14 a Barreda de «amparar, impulsar y proteger, y defender la tropelía cometida hoy en la región». La viceportavoz del Grupo Popular, Carmen Casero, por su parte, calificó la modificación de la Ley del Suelo regional como «perversión legislativa y golfería política». Hoy el tono, con las declaraciones de Leandro Esteban, sube aún más y, lo que resulta más importante, conecta el asunto de la modificación de la LOTAU, del aeropuerto y de la cercanía personal de sus accionistas a Barreda, con el caso CCM.

Todo esto, en conjunto, debe preocupar a Barreda que hasta el último momento ha intentado conseguir el apoyo del PP para la reforma de la LOTAU. Es lógico que le preocupe. Desde hace mucho el PP de Castilla-La Mancha parecía una sección política de los gobiernos de Bono y de Barreda. El cambio de política introducido por Dolores de Cospedal le debe tener perplejo pues no está acostumbrado a que en Castilla-La Mancha exista oposición.

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La modificación de la LOTAU no es un «pelotazo» de los socios del aeropuerto.

José María Barreda

Otra de las cosas que niegan, no sólo Díaz de Mera, sino los demás socios del aeropuerto y el propio presidente Barreda, a través de sus portavoces, es que la modificación de la Ley del Suelo sea un «pelotazo» para esos socios.

En este sentido, El Mundo, en su edición del 21 de abril de 2009 titulaba la noticia sobre este asunto de la siguiente forma: «’Pelotazo’ en el Aeropuerto de Ciudad Real. El PSOE manchego cambiará la ley del suelo para propiciar la venta del aeródromo. La modificación legal multiplicará el valor de los terrenos hasta 3.000 millones de Euros».

El día 15 de mayo, uno después de que el parlamento regional aprobara la modificación de la ley, ese mismo periódico decía: «la Junta manchega remata el ‘pelotazo’ del aeropuerto. El Gobierno de Castilla-La Mancha cambia la ley del suelo para propiciar la venta del aeródromo con plusvalías multimillonarias».

El diccionario de la Real Academia no recoge ninguna acepción del término «pelotazo» relacionada con el mundo de los negocios. No sé, por tanto, si este vocablo de germanía moderna es aplicable o no al asunto del aeropuerto pero si con él se quiere significar la obtención de una fabulosa diferencia entre precio de adquisición y precio de venta propiciada mediante maniobras oscuras o actividades meramente especulativas, puede que la palabreja no esté mal elegida.

Las plusvalías a las que se refería el diario El Mundo, el medio billón de Pts. traen causa del tratamiento legal que la LOTAU daba a los «proyectos de singular interés regional». Básicamente, esa figura jurídica propiciaba tres grandes ventajas, en este caso, para los promotores del aeropuerto.

En primer lugar dejaba al margen a los ayuntamientos afectados, de manera que los promotores se ahorraban cantidades millonarias en tasas y cesiones a estos. En segundo lugar, el monopolio sobre el negocio quedaba garantizado para los promotores que por mandato legal. Eran estos los únicos que podían explotar directamente el proyecto. En tercer lugar, la adquisición del terreno podía hacerse de forma inmediata por vía de expropiación forzosa y urgente sin tener que afrontar molestas e interminables negociaciones con los agricultores afectados. Todo ello sin olvidar las cuantiosas ayudas con dinero público que de suyo acompañan a la declaración de «singular interés».

De todas estas ventajas aprovechadas en su día por Díaz de Mera y los demás socios del aeropuerto, la de la expropiación es la más hiriente y nos retrotrae a las «desamortizaciones» del XIX, un pasaje bastante desconocido de nuestra historia que llenó los montes de partidas de bandoleros y los frentes de batalla de carlistas rebeldes.

El Mundo ya publicó en su edición del día 13 de mayo pasado que, como consecuencia de la condición de «singular interés» del proyecto, los terrenos ocupados por éste fueron expropiados forzosamente y que la cantidad pagada por metro cuadrado osciló entre los 54 céntimos de euro para el suelo de secano y el euro con veinte céntimos para las parcelas de regadío. El detalle de esos pagos se puede ver en el blog «Modus Tolens» del periodista Carlos Otto.

Es verdad que no todo el suelo ocupado por el aeropuerto fue expropiado. Su centro gravitacional, la finca de los Barco Fernández, fue comprada por la propia sociedad en la que éstos participan, pero lo que en definitiva tenemos aquí es un suelo adquirido a 54 céntimos el metro, que después de la modificación de la LOTAU solicitada por los socios del aeropuerto y defendida y aprobada por Barreda y su partido, pasa a tener un valor estimado de 600 € el metro.

Ahora bien, esta modificación era absolutamente necesaria para que esas plusvalías pudieran materializarse. Como he dicho, una de las grandes ventajas de los proyectos de «singular interés» era el blindaje monopolístico del negocio, pero para ello la ley impedía la segregación de parcelas en los suelos incluidos en tales proyectos. Nadie, sólo los promotores, podían explotar el negocio directamente a cambio, naturalmente, adquirían la obligación de realizarlo y explotarlo.

Sin embargo, la gran ventaja, tras el fiasco inmobiliario español y el desmoronamiento de los tinglados finacieros mundiales, se había convertido en una losa que asfixiaba a Díaz de Mera, a CCM y a sus demás socios.

Si querían deshacerse del proyecto ―y querían― tenían que hacerlo en su totalidad. Debían encontrar un comprador que se hiciera cargo, por completo, de un negocio ruinoso, de un aeródromo en el que ni los grajos toman tierra. El comprador se ha buscado pero no se ha encontrado, así que la solución parecía sólo estar en la posibilidad de parcelar el suelo y venderlo, recalificado de facto para usos industriales, zonas de ocio y actividades hoteleras. Eso, precisamente, es lo que Barreda, a través de la modificación de la LOTAU, ha hecho en favor de las sociedades del aeropuerto.

Con esto, lo que pretendía ser un negocio dedicado al tráfico aeroportuario, cosa que había servido para justificar el «singular interés» y las expropiaciones de los terrenos, se vuelve, esencialmente, mera actividad especulativa de venta de suelo adquirido ―por no decir arrebatado― a 54 céntimos y vendido a 600 €. El asunto, desde luego, parece rentable.

Los consejeros expedientados acusan a la dirección de “falsedad contable” y el Banco de España pone al frente del Grupo CCM al que fuera director general de la Kutxa cuando ésta hacía negocios con la trama vasco-malaya

El País, 6 de mayo de 2009

Mientras los consejeros destituidos y expedientados presentan recursos acusando a la dirección de CCM de presuntos delitos de falsedad, la parte más oscura de los negocios de CCM, los que la relacionan con algunos de los protagonistas de los casos de corrupción de Marbella, parece estar obteniendo el nihil obstat del Banco de España. En esa línea marcha el nombramiento de Xabier Alkorta, uno de los dos directores generales que tenía la KUTXA en la época en la que estructuró su participación en las sociedades de la «trama vasco-malaya»

Si el día 1 de abril, a poco más de una semana de la intervención de CCM, eran “fuentes cercanas” al Gobierno de Castilla-La Mancha quienes aseguraban que Hernández Moltó ocultó información vital al ejecutivo de Barreda, que de haber sido conocida hubiera impedido la concesión de los créditos de alto riesgo que han llevado a la Caja a donde ahora está; el pasado día 6 de mayo eran los consejeros expedientados de la entidad los que se descolgaban con la misma cantinela.

Según publicó El País, en el recurso de alzada presentado por los consejeros de CCM, destituidos y expedientados por el Banco de España, se acusa al equipo directivo de Hernández Moltó de «falsedad contable y engaño» y consecuentemente, según cita el mismo periódico, dichos consejeros estudian la posibilidad de interponer acciones penales contra los mencionados directivos, empezando por el también destituido Ildefonso Ortega.

No sería para menos, si lo que dicen es cierto. Según el recurso de alzada citado, «resulta acreditado que el Director General y el Comité de Dirección de CCM han venido ―a lo largo de 2008 y hasta el día de la sustitución provisional del Consejo― falseando aquellos datos, cifras y porcentajes con la finalidad de hacer creer al Consejo, que no somos ni tenemos obligación de ser expertos en contabilidad financiera, que la evolución de la caja era positiva y con la finalidad añadida de ocultar que la Caja se hallaba en una situación económica de excepcional gravedad para su propia estabilidad, su liquidez o su solvencia».

Xabier Alkorta, ex director general de la Kutxa

Los Consejeros recurrentes, también según El País, aseguran que «nunca antes del 27 de noviembre de 2008 fueron informados sobre la presencia del Supervisor en la entidad» Se refieren con esto a la presencia de un equipo de inspectores del Banco de España en las oficinas centrales de la Caja; y al mantener tal cosa los consejeros en cuestión si no mienten, al menos sí que utilizan un concepto demasiado formal del término «información». Aunque puede que sea cierto que Moltó les ocultó que los inspectores del Banco de España le estaban levantando las alfombras, la prensa dio cumplida noticia de esto antes de esa fecha.

De hecho, El Confidencial ya dijo el día 7 de noviembre del 2008 que desde principios de esa primera semana de noviembre, «un equipo de cinco inspectores del organismo supervisor ha desembarcado en el seno de la entidad presidida por Juan Pedro Hernández Moltó. De acuerdo con las fuentes consultadas, se trata de una actuación preventiva que pretende mantener un acceso directo, casi en tiempo real, a la operativa diaria de la Caja»

El Confidencial continuaba añadiendo que «según han reconocido fuentes de la propia entidad ―la presencia de los inspectores― forma parte de la política iniciada por el Banco de España a comienzos de año, tras decidir intensificar las tareas de supervisión y fiscalización de las cuentas de las entidades de ahorro».

No parece muy creíble la ignorancia que los expedientados pretenden alegar para evitar las sanciones y para ―cosa bastante cómica― que se les reponga en sus puestos y funciones. Asunto distinto es el hecho objetivo de que las cuentas de la Caja no reflejaran la imagen fiel de su situación como ha puesto de manifiesto el Banco de España, y las responsabilidades que de ello se derivan, desde luego penales si como dicen los consejeros, tienen documentos que acreditan que Moltó y sus directivos, falsearon la documentación contable.

Son muchos y muy cualificados los que ya han acusado a Moltó y a sus hombres de «engaño y falsedad», empezando por el Gobierno de Barreda, pero es mayor aún la tardanza de la Fiscalía Anticorrupción ―a la que de sobra le ha llegado la «notitia criminis»― en iniciar la investigación de los hechos.

José Luis Rodríguez Romo, en primer plano

Esta parsimonia resulta especialmente preocupante porque si bien Hernández Moltó ya no está en la Caja, el equipo directivo que él nombró y con el que ha llevado a la entidad a tan altas cotas de calamidad, sí que está y sí que domina el escenario del presunto delito y sí que puede estar comprometiendo, gravísimamente, las pruebas de éste.

Es cierto que ha habido cambios en el Comité de Dirección de CCM, pero no especialmente tranquilizadores. Para empezar, Xavier Alkorta, el nuevo Director General del Grupo CCM, nombrado tras la destitución de Ildefonso Ortega, desempeñó anteriormente el cargo de Director General de la KUTXA junto a Jesús Maria Iturrioz, y esto no es irrelevante porque fue en el periodo en el que ambos ocupaban estas direcciones generales en la caja vasca, cuando la entidad materializó sus negocios con la denominada «trama vasco-malaya».

Es más, el propio Jesús María Iturrioz ―como he dicho, director general de la KUTXA junto a Alkorta― se reunió al menos en dos ocasiones con el propio Juan Antonio Roca, tal y como informó en su momento El Confidencial. El mediador de esas reuniones, según el citado periódico, no fue otro que Javier Arteche Tarascón, también imputado en una pieza separada del Caso Malaya y que aparece relacionado con Roca en los negocios que éste tenía en murcia, así como con Montserrat Corulla, quien presuntamente era la principal testaferro de Roca tanto en Madrid como en Los Alcázares.

Arteche y otros miembros de la «trama vasca» tampoco son ajenos a la provincia de Toledo y a sus alrededores. Sabemos de su presencia, como socio del arquitecto Miguel de Oriol e Ibarra, en el campo de golf de Layos (Toledo) y también está documentada la actividad de empresas relacionadas con la citada «trama» en las proximidades de Argés (Toledo) y en Aranjuez.

Cuando la relación entre la KUTXA y los implicados en el Caso Malaya saltó a la prensa, la caja donostiarra escindió alguna de las sociedades que mantenía con Arteche, Maya Galarraga, Aguirre Iguiniz, etc. y trató de borrar las huellas de la estrecha relación que le unía a estos individuos, entre otras cosas, abandonando el proyecto de la finca murciana de Lo Poyo.

Xabier Alkorta y Jesús María Iturrioz

Sin embargo, esa ruptura nunca fue completa como demostró Patricia López en uno de sus artículos publicado en el diario Negocio. Lo que sí coincidió en el tiempo con la aparente separación entre la KUTXA y los hombres de la «trama vasca» fue la salida de los que hasta entonces habían sido sus directores generales, a saber: Xabier Alkorta y Jesús María Iturrioz, quienes probablemente pagaron con su puesto el lavado de imagen de la KUTXA, ahora decidida a renegar de las operaciones realizadas con Roca o, mejor dicho, con elementos cercanos a Roca.

Los antecedentes, pues, inspiran intensas sospechas en lo que se refiere al nombramiento de Alkorta como director general de una Caja ―CCM― que ha resultado estar, también, estrechamente implicada en los intereses de la ―cito textualmente el Auto de imputación del Caso Malaya, de 18 de julio de 2007― «organización criminal de Juan Antonio Roca».

Los datos preocupantes no acaban aquí. Al margen del nombramiento de Gorka Barrondo como director general de la Caja, es decir, del ascenso del hombre que hasta la intervención había sido el responsable del control de riesgos de CCM, lo cual resulta un poco demasiado grotesco teniendo en cuenta a dónde han llevado a la entidad los «riesgos» asumidos; la intervención parece estar consolidando en la dirección de CCM a personas que han aparecido demasiado relacionadas con el Caso Malaya.

Así, Juan Tomás Vidal, que además de ser vicepresidente de VILLA ROMANA GOLF en Carranque (Toledo) y ex alto cargo de los gobiernos de José Bono en la consejería que entonces ocupaba Hernández Moltó, se sienta también en el consejo de administración de LAS LOMAS DEL POZUELO y de GESTIONES HERVEMU, empresas ambas del «malayo» Enrique Ventero; ha sido confirmado en la Dirección de Administración y Control de Gestión de CCM.

Vista de la finca Alcalvín, en Bargas (Toledo) propiedad del "malayo" Pedro Román y de Juan Mª López Alvarez

Me consta que en los despachos de CCM, durante los últimos meses, ha existido una viva preocupación ante la posibilidad de que aparecieran noticias que relacionaran a Juan Tomás Vidal con la Operación Malaya, pero su caso no es el único que debería preocupar y mucho a Miguel Angel Fernández Ordóñez.

En sus cargo continúa José Luis Rodríguez Holgado, también miembro de varios consejos de administración de empresas del citado Enrique Ventero y consejero ―ya lo voy adelantando― de otra sociedad estrechamente relacionada con el Caso Malaya: TRANVÍA DE PARLA S.A., pero quizás más preocupante que lo anterior es la permanencia como director de organización y sistemas de José Luis Rodríguez Romo.

Rodríguez Romo preside la sociedad LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ en un contexto en el que coinciden Juan María López Alvarez, el socio de Roca y de Pedro Román, y Javier Arteche y otros miembros de la «trama vasca», y donde ―también lo adelanto― vuelven a aparecer juntos el Caso Gürtel, el Caso Malaya y las inversiones de CCM― pero, sobre todo, comparte consejo de administración con ese mismo Juan María López Alvarez en las mercantiles CLAUDIA ZAHARA 22 y CORTIJO DEL MORO; y esto por no hacer referencia a su relación societaria con David Marjaliza (IZEN INNOVACIÓN y ATALIA INICIATIVAS) y con el imputado tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, Domingo Díaz de Mera.

En definitiva, que la política de Fernández Ordoñez en el caso CCM tiene todos los visos de pretender pararse en el saneamiento económico de la entidad ―con dinero público, claro está― y paralelamente ensombrecer todo lo posible aquellos elementos o indicios que llaman a escena al Código Penal.

Los consejeros de la caja ―a los que no hace ninguna gracia que se les haya señalado como los chivos expiatorios de la situación― lo saben y de ahí que astutamente adviertan al Gobernador del Banco de España y al Ministerio de Economía que la falsedad contable bien puede ser un delito, y que en los artículos 290 y siguientes de ese mismo código hay descritas conductas que deberían preocupar mucho a los directivos de la Caja, y que ellos están estudiando la interposición de acciones penales.

En el caso de Caja Castilla-La Mancha, decididamente, hay un auténtico estruendo. Por todas partes resuenan voces que repiten lo mismo: «si me hundo yo, nos hundimos todos». Entre tanto, los clientes siguen sacando sus «perras» de la Caja. Desde el 1 hasta el 21 de abril se han esfumado depósitos por valor de 519 Millones de Euros (86.354.334.000 Pts.) pero esto no es sorprendente, lo sorprendente es que aún haya alguien que tenga una cuenta en CCM.

¿Pretende el Banco de España volver a poner Caja Castilla-La Mancha en manos de Barreda cuando quede saneada la entidad?

José María Barreda

El pasado día 30 de abril Cayo Lara, coordinador de IU, reclamó que la Fiscalía Anticorrupción investigue los posibles “indicios delictivos” que están sacando a la luz la prensa y la intervención de CCM por parte del Banco de España.

Lara se refirió, específicamente, a la concesión por parte de CCM de un crédito de 30 millones de € (5.000 Millones de Pts.) sobre unas garantías de 5, a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, propiedad, entre algunos otros, del “malayo” Pedro Román Zurdo y de su socio y también de Roca, el salmantino Juan María López Alvarez.

Ese crédito, correspondiente a una finca ―Alcalvín Bajo― situada en la localidad toledana de Bargas cuyo alcalde, Gustavo Figueroa Cid, es también vicepresidente de la Diputación Provincial de Toledo, fue renovado íntegramente por Hernández Moltó y por su equipo directivo días antes de su vencimiento y apenas dos semanas antes de la intervención de la Caja, en una operación cuyo apresuramiento y protagonistas hacen, cuando menos, sospechosa.

No es este, sin embargo, el único vínculo que une la gestión de Hernández Moltó y su equipo directivo con varios de los más significativos imputados en la Operación Malaya, una trama de corrupción cuyos hilos superan, con mucho, los límites locales y políticos de Málaga.

Sabemos, por las noticias que en su momento publicó El Economista, que el capital prestado por CCM a Juan Antonio Roca, a Pedro Román y a Enrique Ventero Terleira ―a sus sociedades, se entiende― está próximo, si es que no supera, los 200 Millones de € (unos 34 mil millones de Pts.) una cantidad fabulosa que hace muy difícil creer que, en este caso, no estemos ante una “colaboración” sistemática, consciente, planificada y sostenida en el tiempo entre estos individuos y la dirección de CCM.

Ahora, el informe de la Inspección del Banco de España no viene, precisamente, a despejar las sombras de sospecha sobre actuaciones peor que negligentes en la gestión de CCM. Según El País, en su edición de este 1 de mayo de 2009, dicho Informe es “demoledor”. En él se ponen de manifiesto “graves errores y carencias” tales como:

1. Una estructura organizativa sin “líneas de responsabilidad claras y definidas”.
2. Carencia de política de seguimiento de las inversiones.
3. Concentración de riesgos en el sector inmobiliario.
4. Superación de la inversión crediticia del límite del 35% marcado por el propio Consejo de CCM en el 2005.
5. Identidad o confusión de intereses los responsables del “análisis de riesgos” y la sociedad solicitante, destacando, dice El País, “operaciones en las que se financia la práctica totalidad de la inversión para adquirir participaciones en sociedades relacionadas con la entidad y operaciones concedidas a personas vinculadas con la entidad en otros proyectos por un importe de riesgo elevado en relación con su capacidad de devolución”.
6. Seguimiento de la inversión crediticia hecho con retraso y sin profundidad: desatención de la auditoría interna; etc. etc.

Mucho más grave que esto, es el hecho puesto de manifiesto por la Inspección del Banco de España, de que los clientes de CCM con créditos de más de 16 Millones de € eran, solamente, 125 y que de estos créditos, entre los que, como he dicho, están los concedidos a Roca, Pedro Román y Ventero, el 30% se consideran dudosos, el 34% están calificados como “subestándar” y el otro 20% son tan sospechosos que el Banco de España considera que requieren “un seguimiento especial”.

No conocemos aún la lista de esos 125 clientes en su totalidad, pero sí algunos de los nombres más significativos cuyas sociedades están incluidas en ella: Domingo Díaz de Mera, Antonio e Ignacio Barco Fernández, Antonio Miguel Méndez Pozo, Román Sanahuja, Enrique Ventero, Pedro Román Zurdo o Juan Antonio Roca.

Dolores de Cospedal y Barreda

Con independencia de las relaciones que puedan conectar a Moltó y sus hombres con el entramado “malayo”, sí es conocida y pública la estrecha relación personal que une a Domingo Díaz de Mera y a Antonio Miguel Méndez Pozo con José María Barreda, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y con esto llegamos al meollo de la cuestión, pues el Gobierno de Barreda ahora y el de Bono antes, no sólo estaban obligados por ley a controlar lo que sucedía en la Caja, sino que colocaron en ella a Hernández Moltó como hombre de confianza y le mantuvieron al frente de la entidad aún cuando era vox populi la inminencia del desastre, precisamente como garantía de docilidad y control de CCM.

En definitiva, que si Moltó mandaba en la Caja, Bono primero y Barreda después, mandaban en Moltó y parece inimaginable que Hernández Moltó actuara por cuenta propia, sin las órdenes o al menos el consentimiento de quienes le habían puesto donde estaban y de quienes, de un plumazo, le podían quitar de ahí.

Por eso tiene razón Cayo Lara cuando responsabiliza a Bono y a Barreda de lo ocurrido y no como últimos responsables, sino como responsables inmediatos, tan inmediatos como lo es el propio Moltó, y también tiene razón al extender esa responsabilidad a los dirigentes del PP en la región, que durante décadas han guardado un discreto y cómplice silencio, no sé si bien alimentado por la Caja y por la propia Junta, aunque casos como los del consejero de CCM, Germán Chamón, (a una de cuyas sociedades ―que, por cierto, comparte con Méndez Pozo― CCM le concedió un crédito de 9 Millones de €) proporcionan ciertas pistas sobre las razones de ese silencio.

Durante lustros, en Castilla-La Mancha no ha habido oposición al Gobierno. Las modificaciones introducidas por Bono en la Ley electoral de la región eliminaron toda posibilidad de que IU tuviera representación parlamentaria y, por otro lado, los hombres del PP en Toledo fueron tratados con mimo maternal, tanto que, por ejemplo, Arturo García Tizón fue puesto al frente del “Comité para el Buen Gobierno y la Responsabilidad Social Corporativa de CCM”.

Las infiltración del bonismo, a lo largo de las últimas décadas, ha fermentado tanto en el PP de Toledo (y en el de la región en general) que si ahora Cospedal quiere recuperar el control de su partido en la región, es más que posible que necesite recurrir a medidas draconianas y ya veremos si está en condiciones de hacerlo. Barreda lo sabe y sus mensajes advirtiendo que si él se hunde, se hunden todos, son constantes.

Estando así las cosas, la pregunta ahora es simple ¿piensa el Bando de España devolver CCM a las mismas manos que han provocado su quiebra y han utilizado la entidad de una forma que desprende un intenso olor a delito? Vamos todos listos si cuando se llene el agujero provocado en la Caja se devuelve el control de ésta a Barreda. La ratificación en sus puestos de hombres como Juan Tomás Vidal, Físico Cabañas o José Luis Rodríguez Holgado y el nombramiento como director general de un ex directivo de la Kutxa, estrechamente relacionada, también, con el Caso Malaya; no son datos que produzcan mucha tranquilidad

Tras la epidemia de los campos de golf, la pandemia de los aeropuertos. García Page, plenipotenciario del PSOE para el caso de “El Pocero”, impulsará “sigilosamente” uno en Toledo

Bono, Barreda y García Page

No hay límites para los hombres que piensan en términos de continentes. Los campos de golf se han convertido ya en una minucia irrelevante y ahora, de lo que se trata es de sembrar el suelo de aeropuertos.

La aventura parece descabellada pero a diferencia de los desheredados segundones y bastardos que en el siglo XV se adueñaron de mundos nuevos y viejos poniendo en el envite vidas, ya que no haciendas; los tahúres de la modernidad juegan con las cartas políticas marcadas. No hay “aventura”, es decir, empresa de final incierto, sino confusión entre la Ley y el negocio y entre el Legislador y los limitados protagonistas del favor político.

En fin, a lo que iba, que para los próximos años, en un radio escaso de treinta kilómetros a partir de Madrid, están previstos o se pretenden tres nuevos aeropuertos. El pasado día 22 “El Mundo” daba la noticia de que el de El Alamo-Casarrubios comenzará a construirse en el 2010 y eso una vez que José Blanco, el nuevo Ministro de Fomento haya desbloqueado los proyectos de Esperanza Aguirre.

En la misma noticia también se hace referencia a la intención de la Comunidad de Madrid de tener preparado y en marcha el aeropuerto de Campo Real, a unos cuantos kilómetros al sur de Alcalá de Henares, para el 2020

Por otra parte ABC, hoy mismo, recoge unas declaraciones de Emiliano García Page (con ge, lo cual no es puntualización baladí, porque como él muy bien sabe, en su familia existe cierta polémica con la ge y con la jota que se viene arrastrando desde hace tiempo por los registros civiles) Precedidas por otras de José Manuel Tofiño, alcalde de Illescas y presidente de la Diputación de Toledo -que parece estar perdiendo la fe en Rumanía- Según las cuales él, Page, no sólo apoyará, sino que intentará “alentar” la construcción de otro aeropuerto en Toledo, inicialmente en el ya castigado triángulo que forman Illescas, Carranque y El Viso de San Juan.

Al respecto, las declaraciones de este hombre, que en su día fue designado plenipotenciario del PSOE toledano para el caso de “El Pocero“, son un ejemplo magistral, no sé si de amenaza, de coacción o de la más descarnada sinceridad.

Dice Page, hablando de su apoyo y aliento a este nuevo proyecto: “No sólo apoyo un aeropuerto para la provincia de Toledo, sino que lo voy a intentar alentar. Pero con mucho sigilo, porque ahora los aviones ya no hacen ruido, ni al despegar ni al aterrizar. Desde luego sobra ruido en esto, porque no ayuda. Vamos a intentar que el procedimiento sea como un vuelo sin motor, silencioso, sigiloso…”

No sé, tampoco, si la metáfora del vuelo sin motor es la más apropiada a la vista de lo que está sucediendo con el Aeropuerto de Ciudad Real. Puede que más exacto sea decir que va a intentar que el procedimiento sea como una alimaña que acecha a su presa “silenciosa, sigilosa…”

En cualquier caso, pocas veces un “responsable político” alcanza cotas tan altas de desabrida franqueza porque lo que Page está diciendo es que el derecho fundamental a la libre información, a la participación en los asuntos públicos y a la publicidad de la actuación de las Administraciones, no ayuda, sino que estorba y que, por eso, aunque la Ley obligue a esas Administraciones a respetar en sus relaciones con los ciudadanos los principios jurídicos de transparencia y de participación, él va a procurar que todo el procedimiento transcurra “sigilosamente” es decir, a oscuras, sin publicidad y sin participación.

Como Emiliano García Page no ha sido obligado a dimitir fulminantemente de todos sus cargos políticos y públicos, ni lo va a ser, debo concluir que hombres de su talla son los que estos tiempos de oscuridad demandan y merecen.

“Tierra Comunera” presenta ante la Fiscalía Anticorrupción otra denuncia contra Hernández Moltó, Barreda y María Luisa Araujo

Hernández Moltó tras ser destituido de su cargo

Anticorrupción estudiará la denuncia contra el ex presidente de CCM por múltiples delitos económicos. Así titula hoy la agencia Europa Press el despacho que puede leerse desde este enlace. La agencia de noticias se hace eco de la aparecida hoy en El Economista bajo el titular «Anticorrupción sigue los pasos de Hernández Moltó, ex presidente de CCM» y que se refiere a la denuncia interpuesta contra el citado Hernández Moltó por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, tal y como adelanté en Notitia Criminis el pasado 20 de abril.

Pero esta no es la única denuncia que tendrá que estudiar la Fiscalía Anticorrupción y que deberá afrontar Hernández Moltó. Hoy mismo el diario digital SOITU, citando a la Agencia EFE, publica que el PCAS (Partido Castellano) Antiguo “Tierras Comuneras“, ha presentado, también, otra denuncia en Anticorrupción contra Hernández Moltó. Por su evidente interés, reproduzco el texto del citado artículo a continuación:

«Toledo.- El Partido Castellano (PCAS), antigua Tierra Comunera, ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia para que investigue si los anteriores gestores de Caja Castilla La Mancha (CCM) o los políticos responsables de controlar las actuaciones de la entidad han cometido algún delito.

Así lo ha explicado a Efe el coordinador del PCAS en Castilla-La Mancha, Pedro Manuel Soriano, quien ha apuntado la posible comisión de ocho delitos por los gestores de la Caja, los miembros de su Consejo de Administración y otros órganos de la entidad, el presidente regional, José María Barreda, y la responsable de Economía del Gobierno, María Luisa Araújo.

El PCAS ha tomado esta medida al considerar que las explicaciones del Banco de España sobre los motivos de la intervención de la entidad no son suficientes y que el Gobierno de Castilla-La Mancha no asume su responsabilidad en lo ocurrido.

En concreto, Soriano ha indicado que los gestores de la entidad podrían ser responsables de delitos de estafa, apropiación indebida, delito societario, insolvencia punible o manipulación contable en las cuentas de 2008.

También ha manifestado que María Luisa Araújo podría haber incumplido la responsabilidad de control e inspección de la caja que le atribuye la legislación autonómica.

“Queremos que la Fiscalía aclare qué ha ocurrido”, ha dicho a Efe Soriano, quien ha advertido que esas investigaciones también deben afectar a los miembros del Consejo de Administración durante los últimos cinco años, incluidos los propuestos por el PP que presentaron su dimisión en febrero de este año.

El coordinador del PCAS ha criticado que el Ejecutivo regional aún no haya dado explicaciones sobre lo ocurrido y que aún no haya sido cesado el director general de Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM), Jordi García Candau, por ocultar 24 horas la intervención del Banco de España.

También ha reprochado al PP que no haya tenido el “valor y el coraje” de llevar a la Fiscalía este caso y ha recalcado su apoyo a los trabajadores de la entidad, verdaderos perjudicados por “este embrollo político-financiero”.

En cuanto al futuro de la entidad, ha confiado en que no se lleve a cabo su liquidación y subasta y ha propuesto que, en el caso de que no posible su saneamiento y funcionamiento independiente, sea absorbida por Caja Madrid, la entidad que más relación tiene con Castilla-La Mancha».

Los sindicatos de Caja Castilla-La Mancha piden que se cese, se expediente y se sancione a Juan Tomás Vidal, José Luis Rodríguez Holgado y al resto de la directiva

Hernández Moltó, sonriente tras serle notificada su destitución

Según un despacho de la Agencia EFE, los cuatro sindicatos con representación en Caja Castilla-La Mancha piden que se cese y se expediente a los directivos cuya ratificación en el cargo se ha conocido hoy. Entre tales directivos se cita a Juan Tomás Vidal, José Luis Rodríguez Holgado -quienes comparten consejo de administración con el imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira en Los Alcázares (Murcia) y con los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado en Carranque (Toledo)- y también a José Luis Rodríguez Romo, José Miguel Físico Cabañas y Alejandro López Hernández, entre otros. Se olvidan, sin embargo, de Petra Mateos Aparicio-Morales, miembro del Consejo de Buen Gobierno de CCM y consejera de CCM CORPORACIóN.

Reproduzco a continuación el despacho citado:

«Toledo.- Los cuatro sindicatos representados en Caja Castilla-La Mancha (CCM) piden que “se cese, se expediente y se sancione” al comité de dirección de la entidad, ratificado por los administradores del Banco de España tras su intervención en la Caja y que han conocido a través de la intranet de CCM.

En una comunicación interna dirigida a los tres mil empleados de CCM, y a la que ha tenido acceso EFE, los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF y CSICA enumeran a la decena de directivos que siguen formando parte del comité de dirección de la entidad y a los que consideran también responsables de la situación de “desequilibrio financiero” de CCM.

En dicho escrito, en el que no se critica el nombramiento de Gorka Barrondo como director general de la entidad en sustitución de Ildefonso Ortega, que cesó en pasado día 16, se cita, en cambio, a José Luis Rodríguez Romo (director de Organización y Sistemas), Francisco Javier Sáiz Alonso (Riesgos y Operaciones).

Los sindicatos también piden el cese de Miguel Ángel Martínez Ortega (Relaciones Institucionales), Juan Tomás Vidal (Administración y Control del Gasto), Juan Manuel Díaz Crespo (Contabilidad y Control), Alejandro López Hernández (secretaría general), Francisco Hernanz Manzano (CCM Corporación).

También se incluye en esta relación a Juan Ávila, apoderado de CCM Corporación, además de los directores de Inversiones y Financiero de CCM Corporación, José Miguel Físico Cabañas y José Luis Rodríguez Holgado.

Para todos ellos los sindicatos piden su cese, que se les abra expediente y se les sancione, pues, “nadie entendería lo contrario” y los representantes legales de los trabajadores “no vamos a renunciar a este empeño“.

Además, tampoco van a permitir que CCM sea “liquidada, troceada y subastada al mejor postor”, afirman en su escrito a los empleados los sindicatos de CCM, que también critican al gobernador del Banco de España por sus “salidas de caballo y paradas de burro”, dicen apelando a un dicho popular de “estas tierras castellanomanchegas”.

Barreda, sonriendo afectuosamente a Hernández Moltó

Y por si a Fernández Ordoñez “se le ocurre” la idea de proponer “nuestra liquidación”, anuncian que han iniciado contactos con el Gobierno de Castilla-La Mancha y con el Gobierno Central, a través de los responsables federales de estos sindicatos, para que CCM no sea liquidada, troceada y subastada al mejor postor”.

Los sindicatos también piden “rigor y responsabilidad” a los periodistas a la hora de informar sobre CCM y se refieren en concreto a las informaciones relativas a la posible liquidación de la entidad, que ha dañado el “ánimo” de los trabajadores de la caja castellano manchega.

El Banco de España decidió el pasado 28 de marzo intervenir CCM al considerar que su “deficiente gobernanza socavó de forma muy grave la solvencia y la viabilidad de la entidad”.

El Banco de España responsabiliza al equipo directivo de sobrevalorar el ciclo expansivo con un exceso de posicionamiento en el sector inmobiliario tanto a través de financiación directa como de participaciones en empresas del sector».

Barreda modifica la Ley del Suelo a petición de Díaz de Mera y de sus socios. La operación les reportará más de 3.000 Millones en plusvalías

El Mundo, 21 de abril del 2009

Hoy El Mundo publica que la modificación solicitada -y concedida o en proceso de concederse- por los socios del aeropuerto de Ciudad Real, entre los que están los amigos de Barreda, Domingo Díaz de Mera y “Michel” Méndez Pozo además de CCM, les reportará a estos plusvalías superiores a los 3.000 Millones de €. La reacción de la oposición regional no se ha hecho esperar y como la verdad es la verdad, la digan Agamenón o su porquero, o el Gobierno o la oposición, reproduzco aquí el siguiente despacho de Europa Press:

TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

«El secretario de Acción Parlamentaria del Grupo Popular, Leandro Esteban, pidió hoy al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que explique urgentemente cuánto dinero público se ha invertido en el aeropuerto de Ciudad Real, “y que hoy algunos califican de proyecto de auténtico pelotazo“.

El diputado regional del PP se hizo eco de la información publicada hoy por el diario El Mundo, que indica que el PSOE de Castilla-La Mancha cambiará la ley del suelo para propiciar la venta del aeródromo y que la modificación legal multiplicará el valor de los terrenos hasta 3.000 millones de euros.

En este sentido, Esteban fue contundente y aseguró que el presidente regional “debe explicar lo que sabe, hasta dónde llega esta situación, y debe explicar cuánto dinero público se ha invertido en lo que al parecer, y algunos hoy califican, como un proyecto no de ley sino de proyecto de auténtico pelotazo”.

A renglón seguido, el parlamentario tachó de “intolerable” que el Gobierno regional se niegue a dar explicaciones y que presione con la ley del suelo y calificó de “abyecto” que se utilice esta norma “que dice pretender dar vivienda a quienes lo necesitan para proporcionar lo que algunos hoy califican como pelotazo”.

José María Barreda y Domingo Díaz de Mera en entusiasta camaradería

“Nos gustaría que el Gobierno regional hubiera tenido la decencia política de dar explicaciones a todos los ciudadanos”, indicó el diputado ‘popular’, quien aseveró que si él fuese gobierno en Castilla-La Mancha “ya estaría dando hoy explicaciones claras sobre el particular, si es que las tengo”.

El Gobierno regional, destacó, debe dar muchas explicaciones en relación con este asunto, y debe explicar por qué hay que cambiar una ley para que funcione un aeropuerto que ya funciona. Asimismo, le pidió que explique por qué se quiere vender un aeródromo que en su día fue declarado de utilidad pública.

Según afirmó, “parece ser, presuntamente, que detrás de esto hay intereses poco claros, intereses que no son del beneficio de la región y, que sin embargo, pueden estar centrados en el beneficio de unos pocos”. Por ello, insistió en que los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen derecho a conocer qué hay detrás de este proyecto.

El diputado dudó de cuáles son los verdaderos intereses del PSOE en este proyecto y destacó que el Gobierno regional “tiene mucha prisa en permitir que por medio de un instrumento legal, la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), se puedan permitir operaciones como las que hoy se denuncian”.

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INTERESES TURBIOS

Barreda y Antonio Miguel Méndez Poxo

“Me parece que el Gobierno de Castilla-La Mancha no quiere contestar y, si no quiere contestar, es porque tiene mucho que callar y, si tiene mucho que callar, los demás tenemos derecho a dudar de su rectitud en este asunto, y de que no haya más que intereses turbios alrededor del aeropuerto de Ciudad Real”, subrayó.

El secretario de Acción Parlamentaria del Grupo Popular recalcó que la noticia publicada hoy en “El Mundo” no contribuye a generar confianza en un momento de crisis y “revelan la verdadera cara de un gobierno, que tiene mucha preocupación por algunas cosas, y muy pocas por algunas otras”, indicó.

“Hoy más que nunca -dijo- es necesario investigar la trama de Caja Castilla La Mancha, ya que hoy son nuevos interrogantes que plantean muchos millones de euros en relación con este asunto”. Además, apuntó que “en un momento de crisis vemos la auténtica cara del Gobierno regional, cuyas recetas contra la crisis consisten en liquidar la caja para beneficiar a unos pocos privilegiados”.

Así, retó al presidente de Castilla-La Mancha y al PSOE a calificar lo que hoy aparece publicado en relación al aeropuerto. “¿Lo calificaría como intolerable, como falso, hipócrita, como corrupción en todos los sentidos?, se preguntó el diputado, quien señaló que “hoy algunos están empezando a quedar en su lugar”.

“Resulta paradójico como algunos ante estas situaciones con el beneplácito del Gobierno utilizan los puestos de trabajo y las inversiones en nuestra región como auténticos escudos humanos, no para generar bienestar y riqueza, sino para protegerse a sí mismos, utilizando actitudes que con el beneplácito del Gobierno resultan mezquinas“, remachó.»

Me imagino que Barreda y Bono, tras décadas de gobierno sin oposición, deben estar preguntándose qué diablos ha pasado aquí y lamentando tanta ingratitud, pero los portavoces de la recién nacida oposición en Castilla-La Mancha tienen más preguntas que hacer y sobre ellas han pasado de puntillas.

Barreda también debe dar explicaciones de por qué tres de los principales imputados en la Operación Malaya, el caso más paradigmático de corrupción en España -concretamente Juan Antonio Roca, Pedro Román Zurdo y Enrique Ventero Terleira- han recibido más de 200 Millones de Euros en créditos de CCM, créditos autorizados por Hernández Moltó pero también consentidos, si es que no propiciados, por Barreda.

La Audiencia Nacional remite la denuncia contra Juan Pedro Hernández Moltó, ex presidente de CCM, a la Fiscalía Anticorrupción

Escrito del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional

Según nota a la que ha tenido acceso Notitia Criminis, como se suele decir en estas ocasiones, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier A. Zaragoza Aguado, ha remitido la denuncia presentada por Manos Limpias contra Hernández Moltó a la Fiscalía Anticorrupción.

El pasado día 2 de abril del 2009 el sindicato de funcionarios presentó denuncia contra el citado Hernández Moltó ante la Audiencia Nacional e igualmente lo hizo ante el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En ella se reclamaba que se investigue la concesión de créditos multimillonarios a proyectos inviables, a empresas que han acabado en concurso de acreedores y a sociedades cuyos dueños están procesados o imputados en diversos caso de corrupción, incluido el Caso Malaya, como ya informaron El Mundo y El Economista.

La denuncia presentada subraya “la absoluta opacidad en la gestión económica de CCM, actuando el denunciado casi con total impunidad y al margen de los miembros del Consejo de Administración… Se ha constatado y acreditado que CCM declaró ganancias pese a que perdía millones, que el Banco de España cuestionó las cuentas de la entidad y que Hernández Moltó ocultó la situación real a sus consejeros… Presuntamente se ha falseado el balance y se ha dado una información social falsa sobre la situación jurídica o económica de la sociedad”, por todo lo cual el destituido presidente de Caja Castilla-La Mancha podría haber incurrido en varios delitos societarios como estafa, apropiación indebida, falsedad documental y mercantil y evasión de capitales.

Con la nota, de fecha de salida de 16 de abril del 2009, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional se inhibe de la investigación por ser ésta competencia de la Fiscalía Anticorrupción, le remite la denuncia y la documentación presentada.

Ha sido destituido Ildefonso Ortega, hasta hoy director general de Caja Castilla-La Mancha

Ildefonso Ortega, ya ex director general de CCM

TOLEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

“El director general de Caja Castilla La Mancha (CCM), Ildefonso Ortega (en la foto) cesó hoy de sus funciones, asumiendo su cargo Gorka Barrondo Agudín, quien hasta la fecha ocupaba el puesto de subdirector general de Finanzas y de Gestión de Activos en la caja.

Así lo confirmaron a Europa Press fuentes cercanas a la entidad, que también precisaron que ha sido admitida, al cumplir los requisitos de la normativa, la jubilación parcial de Ildefonso Ortega en la categoría previa a su nombramiento como director general.

Ortega se marcha de la caja sin percibir ninguna indemnización dineraria en especie o derivada de su cese. Los trabajadores de Caja Castilla La Mancha ya han recibido la noticia, precisaron, finalmente, las mismas fuentes”.

No es suficiente. Ad cautelam deben ser cesados de todas sus responsabilidades en CCM o en cualquiera de las sociedades participadas, fulminantemente y sin esperar ni un día más, José Luis Rodríguez Romo, Florencio Fernández Gutierrez, Petra Mateos Aparicio Morales, José Miguel Físico Cabañas, Alejandro López Hernández, Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado. No son los únicos, pero sí aquellos a los que más urge apartar de sus puestos.

Por otro lado, que el sustituto de Ildefonso Ortega sea quien hasta ahora ha gestionado los “activos” de CAJA CASTILLA-LA MANCHA, resulta un poco demasiado sarcástico.

Emilio Sanz y Rosa Romero, ex consejeros de CCM, dispuestos a denunciar a Hernández Moltó ante la Fiscalía

Los ex consejeros de CCM con Hernández Moltó al frente

El diario El Mundo publica hoy la noticia del envío de una carta al Banco de España por parte de los ex consejeros de CCM, Emilio Sanz y Rosa Romero (en la foto junto a Moltó y los demás) en la que aseguran que Hernández Moltó y los directivos de la Caja les ocultaron información esencial o, en términos más coloquiales, les engañaron.

En concreto, se refieren a la documentación enviada a dichos consejeros por los directivos de CCM con ocasión de la celebración del Consejo de Administración de 28 de enero pasado, según la cual la entidad habría obtenido en el ejercicio 2008 unos beneficios de 92,07 millones de Euros. Al respecto aseguran que esos datos, que se han demostrado falsos tras la intervención, fueron corroborados por el equipo directivo y que, contrariamente a lo habitual, en la documentación remitida faltaban información sobre los recursos propios y, consecuentemente, sobre el ratio de solvencia de la entidad.

Además, tanto Emilio Sanz como Rosa Romero, por cierto, alcaldesa de Ciudad Real, han asegurado que están dispuestos «a enviar al Banco de España toda la documentación que obra en su poder “para que se depuren todo tipo de responsabilidades”. Así mismo aseguran que están dispuestos a acudir a la Fiscalía para que investigue los hechos».

El periódico citado añade que «aunque hasta ahora sólo estos dos ex consejeros han hecho denuncias abiertamente, los demás miembros del consejo están igualmente indignados y molestos con el proceder de los directivos» especialmente «después de que el Banco de España decidiera expedientar a los 15 miembros como corresponsables de la gestión irregular que llevó a la intervención de la entidad».

En esta teoría del falseamiento de la información o de la ocultación de datos esenciales sobre la situación de CCM, los consejeros expedientados coinciden con «fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha» que, como publicó El Economista, también aseguraron que Moltó les engañó o les ocultó información esencial.

Diario El Mundo de 15 de abril del 2009

En el caso del Gobierno de Barreda la excusa es inútil porque la Ley de Cajas de Castilla-La Mancha obligaba a éste a supervisar la actuación de Moltó, de los consejeros y de los directivos de la entidad. La Consejería de Economía debía exigir cuantos datos considerada relevantes y relevantes parecían muchos datos cuando la agonía de CCM era vox populi desde hacía, al menos, un año.

La posición de los consejeros no parece mucho mejor, incluida la de Jesús Bárcenas, el primero de los miembros del Consejo que dimitió y que se negó a firmar las cuentas de la Caja; y no parece mucho mejor porque si Hernández Moltó les ocultaba información tan evidente como la del ratio de solvencia, estaban obligados a exigirla y si se les negaba, estaban obligados a presentar denuncia o querella porque el artículo 293 del Código Penal dice que «los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán castigados con la pena de multa de seis a doce meses» y ello sin olvidarnos de lo dispuesto en los artículos 290, 291, 295, etc. etc. del mismo Código.

Esto lo sabe Barreda y, por eso, su letanía y la de sus portavoces en las últimas semanas consiste en recordar a los potenciales denunciantes, es decir, a los consejeros de la Caja, que ellos votaron afirmativamente los acuerdos tomados en ese Consejo y que -esto no lo dicen, pero lo dejan entender- con esas premisas “si me hundo yo, nos hundimos todos”.

La tesis de Barreda parece plausible, desde luego, pero para tener éxito, para forzar el silencio o la complicidad por omisión de aquellos que saben y que hasta ahora han callado, se encuentra con un grave inconveniente. Resulta que los consejeros de la Caja ya están expedientados y al margen de las posibles multas, se enfrentan a 10 años de inhabilitación y eso suponiendo que los instructores del expediente, como manda la ley, no se vean obligados a trasladar a los tribunales el tanto de culpa que aprecien en los hechos que investigan.

En definitiva, que si alguna salida les queda a Emilio Sanz, a Rosa Romero y al resto de los miembros del Consejo de Administración de Caja Castilla-La Mancha, es precisamente la que están intentando tomar: o cantan cuanto saben o están hundidos.

Petra Mateos, persona de confianza de Bono, acerca el Caso Malaya hasta las puertas del despacho de José María Barreda

Petra Mateos

La presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, de HISPASAT, consejera de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN y miembro del Consejo de Buen Gobierno de CCM, Petra Mateos Aparicio, participa en la mercantil ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE junto a Juan María López Alvarez -socio de Juan Antonio Roca y de Pedro Román Zurdo- al que ya hemos visto en Bargas (Toledo) con el citado Pedro Román, recibiendo un dudoso crédito de 30 millones de Euros de manos de Hernández Moltó, renovado in extremis cuando apenas faltaba una semana para la intervención de la Caja.

Pero la presencia de Petra Mateos, persona de la máxima confianza de José Bono (quien, por otro lado, la impuso al frente de HISPASAT desde el Ministerio de Defensa) sólo es un elemento más de los extraños negocios que se están desarrollando en Aranjuez, relacionados con CCM y con algunos sospechosos constructores, como es el caso de Javier Arteche Tarascón, imputado en una de las piezas separadas del Caso Malaya y uno de los miembros más conocido de la llamada Trama Vasca.

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Petra Mateos y la sociedad durmiente de Aranjuez

Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez

Petra Mateos Aparicio-Morales, natural de La Solana, es una mujer con un alarmante pasado. Tan es así que cuando José Bono, entonces Ministro de Defensa, se empeñó en colocarla como presidenta de HISPASAT, una empresa estratégica y de interés militar, los periódicos se hicieron eco de ciertas reservas en el interior del PSOE, donde destacados personajes se sintieron preocupados por las futuras consecuencias de tal nombramiento.

Ese inquietante pasado tiene que ver con el prófugo indultado Marc Rich, con Jacques Hachuel, con el Caso Banesto y Mario Conde, con el Caso Ibercorp, con el Caso Fondos Reservados, con el Caso Casino Costa Blanca, con el Caso Alfaro y con el Caso Atocha que implicó directamente a Virgilio Cano, figura que ha vuelto a cobrar relevancia con el caso de los espías de la CAM.

De hecho, supone una notable ironía que Petra Mateos, clienta privilegiada de Ibercorp y por tanto beneficiaria, en lo que cabe presumir, de la estrecha relación que unía a Manuel de la Concha con Mariano Rubio, haya encontrado cobijo al amparo de Juan Pedro Hernández Moltó, el mismo que adquirió fama tras el gratuito, feroz e histriónico interrogatorio al